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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 212 | Noviembre 1999
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Nicaragua

El fondo de la presión del Fondo

Nicaragua padece de ingobernabilidad, de corrupción y de extrema pobreza. El gobierno de Nicaragua, con la complicidad de la cúpula del FSLN, está agravando estas epidemias históricas. ¿Qué pueden lograr las presiones internacionales, la inesperada presión del FMI, en este escenario?

Equipo Nitlápan-Envío

En 1998, el huracán Mitch expuso ante la comunidad internacional, de forma trágica, la miseria y el atraso en que vive la mayoría de los nicaragüenses y las profundas limitaciones que la historia del país en los últimos 25 años ha ido creando para superar tanta inequidad. Se evidenciaron en aquellos dolorosos días -visitas internacionales, reportajes, entrevistas que daban la vuelta al mundo- las características más negativas del actual gobierno de Nicaragua. A un año del Mitch, cuando las huellas de aquella catástrofe siguen casi todas ahí -casi ninguna cicatrizada-, el gobierno de Nicaragua recibió una inesperada advertencia de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Inesperada y sólo formal y, por tanto, estéril? Los hechos posteriores al reclamo permiten sospecharlo.

El día después de la fiesta: reclamo inesperado

Por primera vez, el FMI no le planteaba únicamente un tema macroeconómico: déficit fiscal, balanza comercial, reservas internacionales. Por primera vez, le interpelaba -y le condicionaba- con el tema de la gobernabilidad, el de la transparencia y el de la erradicación de la pobreza. El FMI devolvió el memorandum de políticas financieras y económicas que el gobierno de Nicaragua le había enviado, al detectar vacíos en estos temas fundamentales, condicionando el apoyo para la condonación de la deuda externa a que el gobierno garantice instituciones independientes, freno a la corrupción y más equidad. Se trata de una situación coyuntural positiva y novedosa, pero para que esta presión internacional se traduzca realmente en avances positivos grandes obstáculos deberán ser sorteados en el escenario nacional.

Leonardo Cardemil, el más alto representante del FMI para América Latina, llegó a Nicaragua con una misión del Fondo a finales de septiembre. Reciente estaba el olor de los cohetes de la insensata fiesta con que el gobierno celebró que el FMI hubiera admitido a Nicaragua en el club de los países muy pobres y muy endeudados para la condonación de una parte de nuestra deuda externa en los próximos años dentro de la iniciativa HIPC.

Escenario crítico, pero no nuevo

Para las fechas de la visita de Cardemil, la Corte Suprema de Justicia llevaba dos semanas paralizada, polarizada y sin directiva por las burdas presiones -públicas a través de los medios y privadas a través de otros medios- que el Presidente de la República estaba ejerciendo para lograr una directiva de su agrado. Para esas fechas, la Superintendencia de Bancos permanecía desde hacía tres meses sin dirección. Para esas fechas, la Contraloría General de la República continuaba bajo asedio, en los tribunales y en los medios. En los tribunales, un error del Contralor Agustín Jarquín era usado desde abril por la Presidencia para desprestigiar a la Contraloría y lograr la destitución y hasta el encarcelamiento del Contralor. En la campaña radial y televisiva pagada por el partido gobernante con estos mismos fines se había gastado ya más de medio millón de dólares.

Para las mismas fechas de la llegada de la misión del FMI, el gobierno de Nicaragua continuaba sin presentar -sin siquiera diseñar- una estrategia detallada y concretada en programas destinada a erradicar la pobreza que padece la mayoría de la población. Para esas fechas, un ex-militar sandinista -desmovilizado en 1990, rearmado en 1994 y re-desmovilizado en 1997- mantenía secuestrado en Bonanza a un ingeniero canadiense de una empresa minera del Canadá, reclamando al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que condujeron a la desmovilización.

Aunque el escenario era convulso, ninguna de las situaciones era totalmente nueva o excepcional. La abierta injerencia del Presidente en otros poderes del Estado, su guerra contra la Contraloría, y la falta de una política social eficiente que, entre otras muchas metas, permita superar las ya viejas pero aún abiertas heridas de la guerra de los 80, han sido constantes en los tres años del gobierno del PLC. Lo nuevo fue el reclamo del FMI en temas no estrictamente económicos.

El "caso Nicaragua"

Los resultados tan insuficientes de lo que Nicaragua ha conseguido con su ajuste económico a lo largo de los años 90, y las cantidades excepcionales de ayuda externa que ha recibido para que consiguiera mucho más, han ido llevando a los actores de la cooperación internacional -organismos financieros multilaterales, gobiernos y agencias de ayuda del Norte- a analizar a fondo lo que está fallando en este país.

Parten de la base de que lo que sucede en Nicaragua sucede por doquier. En muchos países de Africa y América Latina, donde los programas de ajuste se iniciaron antes que en Nicaragua, la situación -en cuanto al creciente empobrecimiento- es hoy igual o peor que antes del ajuste. Sin embargo, el caso de América Latina resulta relevante porque a la par del notable incremento de la pobreza ha aparecido en pocos años en la región una nueva casta de políticos-multimillonarios. América Latina mantiene su récord mundial: es la región del mundo con la más abismal desigualdad en la distribución de la riqueza.

En este preocupante contexto internacional, el comportamiento de Nicaragua, por su particular historia -dictadura militar, revolución "socialista", guerra civil, transición a la democracia, en apenas 20 años- interesa especialmente como "caso".

Países "ingobernables"

La persistencia de la extrema pobreza -y aun de su incremento- y la persistencia de comportamientos económicos poco satisfactorios en los países del Sur vienen siendo atribuidos desde hace algunos años por los analistas del Norte a la ingobernabilidad de nuestros países. La palabra es confusa y algo ambigua. La ingobernabilidad de un país no significa que tenga una sociedad incontrolable o en efervescencia. Significa que esa sociedad padece un gobierno incapaz de desarrollar bien la tarea de gobernar.

El Norte analiza que el problema del Sur es fundamentalmente un problema de malos gobiernos, con instituciones ineficientes y corruptas. En una situación así, no hay política económica adecuada ni flujos de ayuda suficientes que garanticen una mejoría en los índices de pobreza de estos países.

Es evidente que este análisis es limitado porque obvia otras vías que también explican nuestras crisis. Obvia, por ejemplo, el intercambio desigual que siempre ha prevalecido entre el Norte y el Sur, expresado, entre otros índices, en el deterioro de los precios internacionales de nuestros productos de exportación, realidad que nada tiene que ver con la corrupción de los gobiernos. En 1999 Nicaragua producirá casi el doble de café que hace tres años, pero va a recibir menos ingresos por café que hace tres años, porque el precio del café es en 1999 la mitad de lo que era hace tres años. Esta y otras secuencias de la película no las incorporan nunca los países del Norte en sus análisis sobre nuestras tragedias.

Cooperación: protagonismo USA

Un recorrido a grandes rasgos sobre la evolución de la cooperación internacional con Nicaragua en los últimos diez años establece el contexto en donde hay que ubicar la novedad que representa la nueva condicionalidad del FMI para Nicaragua.

En 1991 Nicaragua recibió un flujo excepcional de ayuda externa -más de mil millones de dólares-, equivalente al 75% del producto total del país. Después de Israel, Nicaragua fue ese año el país del mundo que recibió mayor cantidad de ayuda externa per cápita. Se iniciaba así la luna de miel de la cooperación internacional con el gobierno de Nicaragua. Parte de aquellos recursos fueron utilizados para estabilizar, con el llamado Plan Lacayo, una economía de post-guerra.

En los tres primeros años del gobierno Chamorro la AID de Estados Unidos jugó el papel protagónico en la cooperación con Nicaragua. La administración Bush aprobó 700-800 millones de dólares para Nicaragua, los que sumados a la condonación de la deuda que teníamos con Estados Unidos, supusieron un monto de casi mil millones de dólares en asistencia externa. En estos años, el papel de Estados Unidos en Nicaragua fue protagónico. Tanto el programa de estabilización económica como las negociaciones de paz del gobierno Chamorro con la Resistencia estuvieron dirigidas por la embajada de Estados Unidos, que influyó directamente en el rumbo económico y político del país.

La condicionalidad USA

La estrategia de Estados Unidos era clara: reinsertar a Nicaragua en el circuito tradicional de los países del Sur, poniéndola bajo el tutelaje de los organismos multilaterales, Banco Mundial, FMI y BID. Para entrar a ese circuito, era necesario primero saldar la deuda que Nicaragua tenía con estas instituciones multilaterales. Y era también necesario -según la condicionalidad impuesta por Estados Unidos- que Nicaragua renunciara al fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 1986 ordenó a los Estados Unidos indemnizar a Nicaragua -se calcularon 17 mil millones de dólares- por los daños ocasionados en una guerra que libraron los nicaragüenses y que Estados Unidos financió.

Liberado de esa sentencia, que tenía consecuencias económicas, Estados Unidos y otros países -la cooperación bilateral- pusieron el dinero para saldar las deudas de Nicaragua con los organismos multilaterales y poner al día las cuentas del país. En 1991, concluido ese proceso, Nicaragua firmó el primer acuerdo con el FMI. En septiembre del 91 llegó al país el primer préstamo del Banco Mundial para la recuperación económica. Poco después llegó el primer préstamo del BID. En diciembre de 1991 se celebró la primera reunión del club de acreedores de Nicaragua, en París, para comenzar a discutir la renegociación de la deuda externa de Nicaragua.

Cuando Nicaragua quedó reinsertada, como cualquier otro país del Sur en el circuito económico y financiero internacional -poniendo así punto final a la "excepcionalidad" política y económica que representaron los años de revolución-, y en la medida en que la ayuda de Estados Unidos decidió menguar, comenzaron a emerger con creciente influencia los países europeos -además de Japón y después de Taiwan- como donantes y cooperantes bilaterales. Para entonces, los organismos multilaterales apenas estaban entrando a ese círculo de influencia.

Cooperación bilateral: hora de Europa

Retirados los Estados Unidos como protagonistas de la cooperación, comienza la época de oro de la ayuda bilateral, que puede fijarse entre 1994 y el fin del gobierno Chamorro, a inicios de 1997. En esos años los organismos bilaterales europeos tuvieron una gran influencia en el gobierno de Nicaragua. También comenzó a tenerla el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En 1994, Nicaragua firmó el primer acuerdo de ajuste con el FMI. Aquel ESAF fracasó porque Nicaragua incumplió desde el primer año con lo acordado. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que el FMI recomendara a la cooperación bilateral, al Banco Mundial y al BID, que siguieran respaldando financieramente a Nicaragua.

¿Cómo explicar esta "incondicionalidad" del FMI? En parte, la explica la crisis política que en 1995 enfrentaba al Ejecutivo con el Legislativo por la iniciativa de una mayoría de parlamentarios de hacerle a la Constitución reformas que restaban poderes al Ejecutivo y los trasladaban al Parlamento. Por otra parte, el FMI no estaba en condiciones de imponerle nada al gobierno de Nicaragua, consciente de que en el ESAF había establecido objetivos de reducción del déficit fiscal demasiado estrictos para un país como Nicaragua.

A esas alturas ya había plena conciencia de que el programa económico estaba mal diseñado. Si en 1995 el FMI hubiera dejado de apoyar financieramente a Nicaragua -como hubiera hecho con cualquier otro país incumplidor del Sur- la escasa estabilización macroeconómica lograda se hubiera perdido y el FMI hubiera cargado con la responsabilidad de las consecuencias de la crisis, en aquel momento impredecibles.

En tan frágil situación política fue la cooperación bilateral la que logró mediar y presionar, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, imponiendo condiciones para que llegaran a un arreglo, concretado en la llamada Ley Marco, que estableció una aplicación selectiva y retrasada en el tiempo de las reformas constitucionales.

En aquellos años creció la ayuda bilateral, que apoyó proyectos de desarrollo, de salud, de educación, mientras el FMI influía exclusivamente en el terreno de la política macroeconómica.

Gobierno liberal: otro protagonismo

Con la llegada al poder del gobierno liberal de Arnoldo Alemán la correlación de fuerzas entre los actores de la cooperación internacional cambió drásticamente. Durante toda su campaña electoral, Arnoldo Alemán mantuvo un discurso "nacionalista", criticando insistentemente que los países donantes estaban interviniendo excesivamente en la vida política nacional.

Los valores democráticos y sociales impulsados por la cooperación europea contrastaban con el proyecto con el que aspiraba a llegar al poder el entonces Alcalde de Managua. En los primeros meses de su gobierno se hizo notorio que el énfasis no se pondría en la erradicación de la pobreza con programas sociales, sino en el crecimiento económico, considerando que eso bastaría para resolver los problemas sociales y para erradicar la pobreza. El nuevo gobierno mezclaba el más puro dogmatismo neoliberal con un populismo basado en el antisandinismo y destinado a aglutinar fuerzas disímiles y dispersas.

Desde el comienzo del nuevo gobierno quedó claro que éste consideraba los valores democráticos y de gobernabilidad, la institucionalidad y la transparencia -preocupación de los donantes bilaterales- como asuntos internos que no eran competencia de la comunidad internacional. Como fruto de la perspectiva y del proyecto del gobierno liberal, en sus dos primeros años, 1997 y 1998, se elevó la influencia de los organismos multilaterales y la ayuda bilateral se redujo consistentemente, a pesar incluso de los desastres causados por el huracán Mitch.

Después de la firma del segundo ESAF, en 1998, los organismos multilaterales elevaron más su perfil y su aporte financiero. La estrategia del gobierno Alemán tenía -y tiene- esta lógica: lo más ventajoso es negociar directamente con los organismos multilaterales, porque, entendiéndose con ellos, los bilaterales tienen que seguirlos en lo financiero, aunque en lo político mantengan reservas. Expresión de esta lógica es la presencia de Luis Durán como secretario técnico de la Presidencia. Durán es el funcionario que negocia con el FMI en nombre de Nicaragua, y es un funcionario del FMI -con el que ha trabajado durante décadas-, al que el Fondo le dio permiso para desempeñar esta tarea, designándolo para ella.

Mitch: un nuevo giro

El inesperado y devastador Mitch dio ocasión a la cooperación bilateral para empezar a contrarrestar la lógica liberal. Y en la reunión de Estocolmo -organizada para apoyar a Nicaragua y a Centroamérica, tras la tragedia- un grupo de países europeos y el PNUD propusieron condicionar la ayuda a una agenda de temas excluidos de la agenda del gobierno nicaragüense: gobernabilidad, transparencia, participación de la sociedad civil, descentralización, políticas sociales que garanticen la erradicación de la pobreza.

El gobierno de Arnoldo Alemán acogió la propuesta, pero sólo retóricamente, seguro de que si continuaba entendiéndose con el FMI y los organismos multilaterales, no habría ni presión ni boicot efectivos de parte de la cooperación bilateral.

Al regreso de Estocolmo, con una peligrosa mezcla de triunfalismo y arbitrariedad, el gobierno se sintió "seguro" en su lógica y continuó incumpliendo con la agenda bilateral, cada vez con mayor impunidad: continuaron los escándalos de corrupción, el marginamiento de la sociedad civil, el debilitamiento de las instituciones. Tuvo como abiertos cómplices en esta carrera antidemocrática a los miembros de la cúpula de dirigentes que hoy controla el FSLN, con quienes los liberales consumaron un pacto, que entre otros muchos significados, tiene el de ser una contra-agenda a la agenda de gobernabilidad propuesta en Estocolmo. Entre mayo y octubre se sucedieron hechos escandalosos en este sentido, y en esta etapa puede ubicarse un no declarado "reino de la impunidad" (en los de arriba) y "estado de impotencia" (en los de abajo).

Dos diagnósticos, dos agendas

Es en este contexto que el gobierno fue sorprendido por la inesperada novedad de que el Fondo Monetario Internacional comience a asumir la agenda más política de Estocolmo, una agenda hasta ahora abanderada por el PNUD y la cooperación bilateral.

En la nueva línea de acción asumida por el FMI coinciden, por un lado, dos diagnósticos: el que se viene haciendo sobre los problemas de pobreza y subdesarrollo del Sur y el que se ha hecho sobre el insuficiente éxito económico de Nicaragua a lo largo de esta década. Por otro lado, coinciden dos agendas: la de la cooperación bilateral, siempre más política y social, y la agenda de las propias sociedades del Norte, crecientemente sensibles a los problemas que genera el desequilibrio Norte-Sur.

En la reunión del Grupo de los Siete, en Colonia, Alemania, en el verano del 99, se inició el camino hacia una nueva "condicionalidad" en la ayuda a los países del Sur, y en el proceso de condonación de sus deudas externas. El Banco Mundial acaba de publicar un documento en el que tematiza el vínculo que debe existir en cada país entre la condonación de la deuda externa y la reducción de la pobreza.

"A un país que no busque la estabilidad no se le podrá ayudar -explicó Carmelo Angulo, representante de Naciones Unidas en Nicaragua-, pero la estabilidad tiene tres patas: una política, una económica y una social. E incluso tendría una cuarta: la medioambiental, porque es imposible avanzar con países que medioambientalmente sean insostenibles". Según Angulo, Nicaragua es el primer país de América Latina al que se le quiere aplicar la nueva condicionalidad. Hace ya dos años, en 1997, cuando Angulo sugirió públicamente que el apoyo destinado a los ajustes macroeconómicos fuera condicionado por el FMI a la priorización de políticas sociales -uno de los aspectos de esta nueva condicionalidad- estuvo a punto de ser expulsado del país por orden directa del Presidente Alemán.

Plan piloto: ¿con qué indicadores?

Las primeras reacciones oficiales a la presión del FMI fueron el silencio y el disgusto. El 24 de octubre, y en entrevista publicada por el diario La Prensa, el ex-Secretario de Cooperación Externa, David Robleto, afirmó que la gobernabilidad es "un tema que no forma parte del manejo profesional del FMI", en el que "no tiene ninguna experiencia" y que "alegar problemas de gobernabilidad para condicionar el acceso a la HIPC no afecta al gobierno, sino que lesiona los esfuerzos de la sociedad, que es quien ha asumido los efectos del programa de ajuste." Robleto criticó el "cambio de reglas del juego" del FMI y señaló que el Fondo carece de indicadores para medir la eficacia de las políticas sociales y la gobernabilidad de un país.

Es obvio que habrá que buscar esos indicadores y que Nicaragua parece apta para ese plan piloto. Según una encuesta realizada en septiembre por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), en Nicaragua la pobreza afecta a 86 de cada 100 nicaragüenses, la extrema pobreza a 57 de cada 100, y la indigencia a 29 de cada 100.

En Nicaragua existe una creciente falta de transparencia en toda la gestión del Estado. Encuesta tras encuesta demuestra que así lo percibe la población. Ya no se logra abarcar la envergadura de cada uno de los escándalos que en cadena se suceden y que son protagonizados por los más altos funcionarios del gobierno, decididos, sin escrúpulos y sin pudor, a hacer botín personal y familiar con los recursos del Estado.

Según el último informe de Transparencia Internacional, Nicaragua ocupa el octavo lugar en percepción de corrupción en América Latina y el 70 dentro de los 99 países estudiados, con un puntaje de 3 en una escala de 10. El país carece de leyes fundamentales para asegurar una eficiente y transparente gestión: no existe ley que regule el servicio civil, no existe ley de lo contencioso-administrativo que permita a los ciudadanos defenderse de las arbitrariedades del Estado, no existe código de ética de los funcionarios públicos, el código penal es más que obsoleto: en el actual impune reino del tráfico de influencias, este delito ni siquiera está tipificado. Son muchas las razones que indican que Nicaragua necesita construir las "tres patas" de la estabilidad que garantizan la gobernabilidad.

Una realidad con muchas aristas

No se puede entender la evolución en el FMI y en los organismos multilaterales olvidando la movilización de las sociedades civiles de los países del Norte reclamando, tanto la condonación de la deuda externa en los países del Sur como un giro en la política de los organismos multilaterales y de las agencias de desarrollo del Norte que actúan en el Sur. Esa presión ética ha sido sostenida y ha ido obligando a toda la cooperación internacional -también al FMI- a asumir en serio en sus agendas el tema de las políticas sociales, el de la erradicación de la pobreza y el del alivio de la deuda externa.

Ingenuo sería dejar de tener en cuenta que hacer estos énfasis también es expresión de una política inteligente de los gobiernos del Norte, que quieren eliminar los flujos incontrolados de emigrantes desde los países del Sur. Apoyar a estos países no sólo ajustando su macroeconomía -para abrir camino a los inversionistas del Norte-, sino haciéndolos más gobernables, más vivibles -para cerrar camino a sus emigrantes- resulta sensato desde sus propios intereses.

En este sentido, resulta chocante que la nación más poderosa del planeta, Estados Unidos, carezca de esa sensatez. El gobierno de Estados Unidos prácticamente ha hecho desaparecer su agencia oficial de desarrollo, la AID -cuenta ahora con un presupuesto mínimo- y airea como postulado básico de su política exterior que la única salida a la pobreza del Sur es la total apertura de sus mercados al comercio mundial. Tan lleno de contradicciones está este postulado de craso mercantilismo que ni siquiera a un país tan insignificante en la competencia mundial como es Nicaragua le abren los Estados Unidos sus mercados: no levantan las restricciones que imponen al azúcar, los textiles y la carne de Nicaragua, que siguen importando con cuotas restringidas, en un abierto proteccionismo a sus productores nacionales, y en una clara señal de que no quieren correr ningún riesgo dentro de sus fronteras.

Mientras los Estados Unidos ni ayudan ni abren sus mercados, los europeos son más consistentes: no abren sus mercados protegidos para no desestabilizar a sus sociedades, pero sí incrementan la ayuda para estabilizar las sociedades del Sur y aportar a su desarrollo, tanto por sus propios intereses como por los nuestros. Es tan sólo una de las muchas aristas contradictorias que hay que incorporar al análisis de la nueva realidad global. Una sola línea interpretativa no basta para entenderla.

Presión que pesa

Las consecuencias económicas inmediatas de la presión del FMI y de su crítica a las prioridades hasta ahora concertadas con el gobierno, serán nulas o mínimas, pero en términos simbólicos tendrán algún impacto. Si el reclamo sobre la gobernabilidad lo hubiera hecho un grupo de ciudadanos, de ONGs o los medios de comunicación, el gobierno no pondría ni un ápice de atención. Así lo ha demostrado con creces a lo largo de tres años. Si el reclamo lo hubiera hecho un gobierno europeo, al gobierno no le hubiera afectado. Ya han llovido los reclamos en este sentido y nunca pasó nada, todo siguió igual. Si el reclamo lo hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos al gobierno le afectaría algo. Viniendo el reclamo del Fondo Monetario le afecta, y no lo podrá esquivar tan fácilmente.

Ese reclamo empieza a cuestionar su estrategia macroeconómica, sobre la que incluso tiene montada su proyección electoral de corto plazo, que depende del apoyo de estos organismos multilaterales. Lo menos que el gobierno puede hacer de inmediato es responder con el diseño de una estrategia concreta y específica para la erradicación de la pobreza, estrategia que nunca ha tenido. Otra cosa será cómo pondrá en práctica ese diseño, que ya está elaborando, para tenerlo listo en diciembre.

Presión que puede quedar en nada

Tras la presión del FMI, el PLC suspendió la masiva propaganda de radio y TV contra el Contralor Agustín Jarquín y la Subcontralora Claudia Frixione, ordenó a sus diputados en el Parlamento aplaudir al Contralor cuando éste presentó su informe anual en el Legislativo, e inició reuniones de "acercamiento institucional" entre altos funcionarios del Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.

Tardía rectificación en la propaganda: es una realidad que la campaña ha surtido efectos y que la imagen de la Contraloría y del Contralor se han visto seriamente erosionadas por seis meses de guerra de desgaste y de calculada manipulación. Inútiles las reuniones entre Ejecutivo y Contraloría si lo único que el gobierno busca es mejorar su imagen, especialmente frente a la comunidad internacional, y en nombre del consenso, lo que pretende es cerrar casos en vez de abrirlos.

La presión del FMI puede acelerar también la aprobación en la Asamblea Nacional de algunas leyes referidas a la gobernabilidad y a la transparencia. Esfuerzos limitados si después esas leyes no se reglamentan, como ha pasado, una y otra vez, con leyes polémicas que no interesaban a los grupos de poder.

La presión del FMI tendría efectos más concretos si en Nicaragua existiera un Poder Legislativo independiente, una verdadera oposición política y una sociedad civil más organizada. No existen estas fuerzas. El Legislativo, hasta ahora sucursal del Ejecutivo a través de la mayoría relativa de los liberales, empieza a convertirse ya en el altavoz del pacto liberal-sandinista, con una mayoría cualificada al servicio de los intereses de dos caudillos. Es con ese "espíritu" que esa mayoría va a reformar la Ley Electoral y la Constitución.

La "gobernabilidad" del pacto

La oposición está dispersa, el sandinismo crítico -dentro o fuera del FSLN- va a la deriva y no logra aglutinarse y la sociedad permanece en una cierta expectativa que tiene mucho de inercia indignada, pero nada más. )Serán las elecciones municipales de noviembre del 2000 las que logren estructurar verdaderas alternativas en un escenario nacional que aparece bastante cerrado a la hora de esta "nueva condicionalidad"?

El pacto político y económico Alemán-Ortega, ya consumado, está orientado a engrosar las instituciones y a repartir sus más altos cargos, pero no a hacerlas más eficaces, mucho menos a garantizar transparencia en el gobierno. Está orientado a dominar bipartidistamente el marco electoral, a cerrar cauces democráticos recién abiertos y a alinear a la sociedad en dos únicos caminos bajo la égida de dos únicos caudillos y de sus impunes círculos de poder.

Sin embargo, este pacto se ha "vendido" a la población y a la comunidad internacional como un esfuerzo en nombre de la "gobernabilidad". Un sector de los nicaragüenses -dentro del sandinismo y fuera de él- ha sido engañado y ha "comprado" esta fruta envenenada. )La cooperación internacional se conformará con la "gobernabilidad" que promete el pacto y que se expresará en nuevos nombramientos, nuevas leyes, nuevas instituciones, como la recién creada -por presiones internacionales- Procuraduría de Derechos Humanos? Pudiera conformarse, sea por cinismo, sea por cansancio, sea por falta de experiencia, sea por carecer de indicadores de gobernabilidad apropiados y adaptados a una realidad tan particularmente ingobernable como es la de esta Nicaragua de post-guerra, de post-revolución y de pre-pacto.

Malos augurios

Mal augurio fue la "gobernabilidad" que, después de 50 días de crisis, se logró en la Corte Suprema de Justicia, donde los cargos electos y las jugadas de última hora llevadas a cabo bajo la presión externa del FMI quedaron selladas por el estilo indiscutible del pacto Alemán-Ortega. A pesar de que las elecciones de la directiva de la Corte permitieron superar la crisis en la cabeza del Poder Judicial, puesta de manifiesto tan claramente y durante tantos días, no parecen prometer una auténtica gobernabilidad. Sólo dentro de varios meses, y cuando el pacto añada otros nuevos cuatro magistrados a la Corte, podrá saberse cuán honda fue la herida que ha quedado abierta a pesar de la "solución" acelerada por la presión internacional.

El tema de la transparencia es el crucial, porque el desempeño institucional de la Contraloría ha sido lo más ejemplar que puede ser en un país como éste. )Con qué "transparencia" se conformará el FMI y la comunidad internacional, en un país donde el exceso de corrupción va acompañado de una endémica impunidad de la que han gozado y gozan los altos funcionarios de todos los gobiernos, independientemente de sus ideologías? El mismo día que se destrabó la crisis en la Corte se volvieron a reunir durante cuatro horas, y tras un trabón de más de dos meses, los negociantes del pacto Alemán-Ortega para concluir nuevos detalles, seguramente impulsados por la presión externa del FMI.

En el pacto, el FSLN nunca quiso pagar el muy alto costo político de destituir de sus cargos al Contralor y a la Subcontralora, como era el deseo sostenido del círculo presidencial. Meses después, esta prudencia fue desapareciendo. El desgaste premeditado con el que el gobierno ha logrado erosionar la imagen de Jarquín ante una sociedad -agotada de escándalos- ha rebajado ya el precio que el FSLN deberá de pagar por deshacerse del Contralor.

En el discurso del FSLN oficial, una Contraloría colegiada no sólo fortalecerá a la institución, sino que contribuirá a que sus resoluciones sean menos cuestionadas, ya que al quitarle protagonismo a Jarquín, perderán la imagen revanchista o de promoción política personal que les imprimió el Contralor, a quien la cúpula del FSLN ya había calificado públicamente como "enemigo político". Lograda con esta justificación la "gobernabilidad" y la "transparencia", quién garantizará que los nuevos cinco contralores "pactados" investiguen a fondo los hechos de corrupción puede no ser ya del interés de los funcionarios del FMI.

Sentencia contra Jarquín

En este contexto de presiones que desembocan en decisiones que traen malos augurios, de pactos que maquillan la gobernabilidad en nombre de las presiones, y de aceleradas operaciones de imagen sólo para salir del paso, hay que situar lo ocurrido el 8 de noviembre, cuando, tras ocho meses de ires y venires, una jueza dictó sentencia de prisión contra el Contralor Agustín Jarquín, cumpliendo así uno de los deseos más publicitados del Presidente Alemán: que el Poder Judicial estableciera que Jarquín es un delincuente y, por tanto, sin autoridad para combatir institucional y legalmente la corrupción.

La sentencia vino precedida por los primeros fracasos en las reuniones entre Ejecutivo y Contraloría para el "acercamiento institucional" que ordenó el FMI. Los delegados del Ejecutivo pidieron que Jarquín no estuviera presente en los encuentros, no aceptaron consensuar con la Contraloría una agenda común, y la agenda que presentaron tenía como meta la revisión -y eventual rectificación- de las resoluciones de la Contraloría que han afectado a altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente Alemán. Después de esto llegó la sentencia de la jueza contra Jarquín.

Es evidente que el impulso presidencial para lograr esta sentencia viene desde mucho antes de que se hiciera pública la inesperada presión del FMI. Y es evidente la torpeza con que el Presidente ha manejado las relaciones internacionales de su gobierno, y la impunidad con que actúa ante la opinión nacional. Ambas tendencias explican la desafortunada sentencia contra el Contralor. Sin embargo, no deja de sorprender la "osadía" del Presidente al "meter las patas" de forma tan obvia estando tan recientes los reclamos internacionales.

Después de que el Contralor Jarquín fuera sentenciado a prisión, fue notorio que la jueza que lo sentenció no ordenara su captura, lo que ratificó el carácter político de la sentencia y el objetivo de los ocho meses de proceso judicial: desgastar a Jarquín, erosionar la imagen de la institución que preside, calificar "oficialmente" al Contralor como "delincuente" y preparar así el camino para su destitución en la Asamblea Nacional, bajo el supuesto de que carece de "calidad moral" para ejercer su cargo.

A ningún actor de la cooperación le queda duda de que, desde el primer momento, la trama que condujo a esta sentencia se fabricó día a día en el propio despacho presidencial. En este contexto, el futuro de la Contraloría -en peligro por el pacto que puede hacer del ente fiscalizador una "impunidad colegiada"- y el futuro del Contralor y de la Subcontralora -que podrían ser destituidos sin necesidad ya de colegiar la Contraloría- serán el test fundamental que nos permitirá conocer hasta dónde las presiones internacionales sobre el gobierno serán realmente "hechos y no palabras".

En manos nicaragüenses

¿Garantizan los permanentes rejuegos de poder en los que vive Nicaragua gobernabilidad y transparencia? )Cuál puede ser la incidencia de la cooperación internacional en la compleja y diaria cadena de decisiones y medidas, marcadas aún por la atrasada cultura política nacional, pero que deberían ser competencia estrictamente nacional? )Qué juicio sobre nuestra historia y sobre nuestras capacidades implican las condicionalidades que se imponen y las que se reducen a declaraciones de intenciones que quedan en meras formalidades?

Ya sin soberanía económica, como cualquier país del Sur en el nuevo mundo globalizado, )qué cuotas de "soberanía política" serán afectadas en este escenario de nuevas condicionalidades: las cuotas que deberían desaparecer u otras? No puede olvidarse que también existe falta de transparencia y de gobernabilidad en las poderosas instituciones internacionales que presionan a nuestros malos gobiernos, y que los funcionarios extranjeros encuentran entre los altos funcionarios de esos malos gobiernos cómplices y hasta secuaces....

Celebrar la nueva presión internacional es justo. Se trata de una novedad que puede tener consecuencias positivas. Pero confiarse a esta presión es irresponsable. El nada alentador escenario nacional puede reducir los resultados potencialmente positivos de cualquier presión internacional bien dirigida en una simple operación de imagen, de fachada, de maquillaje, a la vez que puede profundizar los aspectos más negativos de nuestra tradicional dependencia.

En fin de cuentas, hacer de Nicaragua una nación equitativa, gobernable y con una gestión transparente es responsabilidad de los nicaragüenses, y sólo se logrará con la voluntad de los nicaragüenses. Ese es el análisis más de fondo que exige la presión del Fondo.

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