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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 209 | Agosto 1999
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México

Un gobierno blindado ante ciudadanos que despiertan

La política financiera del gobierno ha sido puesta en el banquillo como nunca antes en la auditoría del FOBAPROA. Los estudiantes continúan desafiando al sistema. El Subcomandante Marcos cuestionó duramente a la ONU. Y el PRI podría perder las elecciones presidenciales. Son procesos en marcha novedosos, esperanzadores, de finales imprevisibles.

Jorge Alonso

En los meses de junio y julio la sociedad mexicana ha vivido varios importantes procesos interconectados. En primer lugar, la sociedad sigue siendo expoliada por el PRI, el partido de Estado. A pesar de que el gobierno dijo que el FOBAPROA serviría para sanear el sistema bancario, todavía no se acababan de examinar sus irregularidades cuando ya se salía al rescate de otro banco, el SERFIN, institución financiera que entre 1992 y 1994 entregó ilegalmente miles de tarjetas de crédito internacionales a militantes y simpatizantes del PRI. El rescate bancario sumó 85 mil 500 millones de dólares. El presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es menos de la mitad de lo que se decidió invertir para salvar al SERFIN.

El robo del siglo

En el verano del 99 tuvo lugar otro episodio que reveló que detrás de las operaciones del FOBAPROA se ha querido esconder una gran confabulación entre banqueros y funcionarios en detrimento de los intereses de la nación. En el curso de la auditoría al FOBAPROA solicitada por los diputados, el PAN retomó las acusaciones que hacía un año había hecho el PRD sobre donativos irregulares hechos al PRI. Y con documentos salió a la luz el fraude que el PRI y el gobierno habían cometido con el FOBAPROA. Está ya probado que en las elecciones de 1994 no sólo hubo inequidad -como reconoció Zedillo- sino estafa. Se estima que sólo el Banco Unión aportó ilegalmente entre 30 y 70 millones de dólares a la campaña priísta de 1994.

Lo peor es que, ante estas revelaciones, el grupo en el poder se comportó como mafia. El gobierno reaccionó amenazando al legislador informante -un miembro del PAN- con encarcelarlo. Ocho partidos -cuatro con viejo registro (PAN, PRD, PT y PVEM) más cuatro de nueva creación- se unieron para repudiar esta amenaza y la estrategia inmoral e ilegal con que las Secretarías de Hacienda y de Gobernación tratan de encubrir al Presidente Zedillo para mantener en la impunidad un saqueo sin precedentes.

El PRD y el PAN han coincidido en denunciar que el gobierno y su partido, el PRI, recibieron dinero ilegal en la campaña presidencial de 1994. Hay también evidencias de nexos del narcotráfico en los recursos de la campaña del PRI. Los partidos opositores han demandado que el partido de estado devuelva el dinero mal habido, pero el PRI se ha negado. El caso sigue.

Política equivocada y aventurera

El informe del auditor de FOBAPROA concluyó que el rescate bancario en México se había convertido en una de las operaciones de salvamento financiero más caras del mundo, lo que atribuyó a errores de las instancias gubernamentales encargadas del proceso, que aplicaron una política equivocada al mantener en operación instituciones de crédito inviables. La auditoría duró seis meses y costó 20 millones de dólares. La quiebra del sistema financiero se atribuye a la aplicación de una política basada en la venta apresurada de los bancos con fines políticos, a la ausencia de vigilancia oficial sobre el funcionamiento de la banca, y a la crisis financiera del 95, producto de una política aventurera del gobierno. La banca fue entregada a grupos ligados al PRI con el propósito de crear un sistema financiero que sostuviera las actividades políticas. El resultado es abusivo: grandes deudores beneficiados, y una gran cantidad de gente encadenada a deudas, que inicialmente pequeñas, se han ido haciendo impagables con el paso del tiempo.

El auditor, el canadiense Mackey, aceptó que el informe no llegaba a tocar fondo porque no hubo cooperación oficial en proporcionar los datos requeridos. Las restricciones fueron mucho más graves de lo que en un principio se había imaginado. El gobierno se cerró para evitar que salieran a la luz sus chapucerías.

Populismo al revés

Un gobierno que obstaculizó la auditoría hasta el último momento revela que falla a lo principal de una democracia: rendir cuentas. Pese a los obstáculos, en el informe queda claro que las más altas autoridades incurrieron en errores graves, al querer meter a toda prisa a la economía mexicana a las reglas del mercado internacional sin quitar antes dos grandes obstáculos para hacer adecuadamente esta inserción: la corrupción y el autoritarismo. Se trató de un populismo al revés, que sólo benefició a unos cuantos ricos.
La primera nacionalización de la banca quedó mal hecha. La privatización bancaria fue aún peor, llena de corrupción: se vendieron los bancos a individuos sin experiencia y sin garantías. El gobierno -que a toda hora receta a la sociedad el sometimiento a la economía de mercado- protegió de las inclemencias del mercado a sujetos ineptos y voraces, porque eran sus cómplices.

El auditor consideró que la crisis bancaria pudo haber sido menor, que el rescate instrumentado fue tardío e inoportuno, y que mantener con vida a bancos quebrados había resultado más costoso que cerrarlos. El informe hace una apreciación severa sobre el sistema bancario, su evolución y el papel del gobierno como expropiador, privatizador, vigilante y rescatador de bancos. Con este contenido, el documento se ha convertido en la punta de un iceberg al que la oposición intenta buscar su verdadera dimensión.

Banca: bomba de tiempo

¿Interpretación del gobierno sobre el informe Mackey? Que las irregularidades reportadas no son dignas de tomarse en cuenta. No obstante, la oposición, con base en el documento, sostiene que la cuantía de las operaciones irregulares reportadas es grave: mientras para el gobierno "lo sucio" en FOBAPROA sólo llega al 1%, para la oposición asciende al 35%. La oposición plantea también que una investigación a fondo arrojaría una proporción aún mayor de irregularidades.

Lo que ha quedado más claro es que el gobierno no quiere rendir cuentas. El PRD insiste en un juicio político en contra del Secretario de Hacienda y del Presidente del Banco de México por las irregularidades cometidas en el rescate bancario.

De forma nunca antes vista, la política financiera del gobierno -danza de millones, muchos beneficiados, y pocos castigados- ha sido puesta en el banquillo. La banca rescatada está actualmente en condiciones precarias y no es motor del desarrollo. Pese a todo lo que ha costado el rescate bancario, el sector financiero mexicano sigue siendo considerado de "alto riesgo" para la economía y se prevé que pueda volver a estallar pronto. The Wall Street Journal anota que la banca mexicana podría ser "una bomba de tiempo". Mientras el gobierno se esfuerza para que la nueva crisis no haga su aparición en medio del proceso electoral presidencial, el episodio ha revelado de manera trágica cómo el poder económico y el político se alimentan mutuamente.

Entre Labastida y Madrazo

En el partido de Estado han aparecido cuatro precandidatos que buscan la nominación de la candidatura priísta a la Presidencia de la República. The Washington Post considera que los comicios internos del PRI -para decidir entre estos cuatro hombres- serán una simulación de democracia con "más de lo mismo". El candidato oficial, el antiguo Secretario de Gobernación, Labastida, se ha encontrado con un retador sagaz: Madrazo. Empresarios y dirigentes priístas, prefieren prender velas a los dos "santos".

Entre los cuatro precandidatos, dos no tienen posibilidades: el ex-gobernador de Puebla Bartlett, y Roque Villanueva, quien, comandando la fracción priísta en la Cámara de Diputados, hizo un gesto obsceno cuando logró el incremento de un impuesto que afecta a toda la población. Con tal gesto indicó que había sometido machistamente al pueblo que se oponía al impuesto. Tres de los cuatro precandidatos del PRI han sido señalados por nexos con el narcotráfico.

Pese al apoyo oficialista, por sus errores, falta de carisma, y porque se la ha pasado a la defensiva, Labastida no ha podido lograr que su campaña crezca. Lo apoya la cúpula de su partido. Madrazo -corrupto y arrojado- ostenta como méritos el haberse opuesto al Presidente Zedillo y haberlo vencido en cuatro ocasiones: cuando lo quiso quitar de gobernador y no pudo, cuando quiso impedir que hiciera uso de recursos públicos para promoverse personalmente y tampoco lo logró, y cuando intentó obstaculizarle la precandidatura, cosa que tampoco consiguió. Su cuarta victoria la obtuvo cuando Zedillo intentó inútilmente quitarle su lema de campaña. Madrazo ha utilizado un lenguaje opositor, ha contado con el apoyo de importantes políticos mexicanos y con dineros de oscura procedencia, y tiene la simpatía de la base del partido. Se ha pronunciado en contra de los zapatistas y del movimiento universitario. En las encuestas ha mantenido la delantera frente a los otros tres precandidatos del PRI.

El asesinato de Stanley

La dos cadenas televisivas se han puesto al servicio de las candidaturas priístas, pues temen que un triunfo de la oposición haga salir a flote toda su corrupción. Aprovechando el asesinato de Stanley, un cómico del canal 13, montaron programas en los que intentaban linchar al gobierno del Distrito Federal encabezado por Cárdenas, dejando de lado a los responsables del gobierno federal. Pronto aparecieron los nexos del cómico con el narcotráfico, y la protección que recibía por parte de la Secretaría de Gobernación. El episodio reveló al menos dos cosas: las televisoras están dispuestas a impedir a toda costa que la oposición llegue al gobierno, y los medios no responden ante nadie por sus delitos.

PRI: no a reformas electorales

En la Cámara de Diputados, la mayoría opositora sacó adelante la aprobación de una reforma electoral que flexibilizaba las coaliciones, ponía más cuidado en la fiscalización de los dineros de los partidos, y permitía el voto de los mexicanos en el extranjero. No obstante, la mayoría priísta en la Cámara de Senadores echó atrás todos estos avances. Sin reformas electorales, el PRI podrá seguir haciendo gala de sus artes para gastar de más y para recibir dineros ilícitos. En cualquier país democrático, hacer alianzas y controlar los recursos son prácticas comunes, pero el PRI consideró que aceptar estas medidas atentaba en contra de su permanencia en el poder. No deja de tener razón: la democracia es veneno para un régimen de partido de Estado.

¿Coalición opositora?

Recientes elecciones locales han mostrado que la oposición unida consigue triunfos, y que dividida posibilita la victoria priísta. En las elecciones locales del estado de México la oposición no hizo alianza y perdió, en un proceso en el que el PRI echó mano del fraude y cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición. En Nayarit sí hizo alianza, hubo maniobras fraudulentas por parte del PRI, pero no fueron suficientes para impedir el triunfo opositor. Tanto Fox, el único precandidato del PAN a la presidencia, como Cárdenas -quien puede ganar internamente la nominación del PRD- han aceptado que la coalición opositora es necesaria para vencer al PRI, reconstruir el país y lograr la democracia.

Una encuesta dada a conocer el 30 de julio, realizada por Indemerc Louis Harris, muestra que más de la mitad de los ciudadanos quiere la coalición opositora para propiciar el cambio de régimen. Entre todos los precandidatos, Fox lleva la delantera en las preferencias y Cárdenas ha ido descendiendo.

¿Por primarias o por encuestas?

Un primer obstáculo para lograr la coalición opositora ha sido la definición del método para designar al candidato que tendría esta oposición unificada. El PRD ha sostenido que debe elegirse en elecciones primarias en las que intervengan los ciudadanos que quieran, tal como las que va a hacer el PRI. El PAN ha propuesto el método de encuestas. El PRD aduce que las encuestas son manipulables. Los panistas externan su miedo a las manipulaciones que puedan hacer los perredistas, como las ocurridas en las elecciones internas del PRD en marzo.

Después de varios jaloneos, el PAN, el PRD, el PT, el PVEM más cuatro de los seis nuevos partidos -el PCD comandado por Camacho Solís, Convergencia Democrática encabezada por Dante Delgado, el Partido de la Sociedad Nacionalista, y el Partido Alianza Social- acordaron buscar una tercera vía: una combinación de encuesta con elección primaria.

Se haría una muestra entre 400-500 ciudadanos en cada uno de los 300 distritos en los que está dividido el país, lo que conformaría una muestra total de 120-150 mil ciudadanos. La confiabilidad de tal muestra sería muy alta. Habría observadores que certificarían la votación y la coalición tendría su propia organización ciudadana para realizar y cuidar la limpieza de las elecciones. Además de las preferencias por candidatos, el sondeo arrojaría luz sobre el peso específico de cada uno de los partidos de la coalición en los 300 distritos.

La huelga estudiantil

El movimiento estudiantil iniciado en marzo, cuando el Consejo Universitario -mayoritariamente ligado a autoridades subordinadas al Estado-, aprobó cuotas obligatorias para los estudiantes de la UNAM, y que en abril extendió la huelga a todas las facultades de la UNAM, ha ido experimentando muchas etapas.

Por su conformación y la manera de comportarse, este movimiento se sale de los esquemas tradicionales tiene corte muy postmoderno. El movimiento continúa sin tener propiamente líderes, aunque haya algunos estudiantes que se destacan más. La toma de decisiones depende de una estructura de 40 asambleas, correspondientes a cada una de las facultades, escuelas, colegios, etc. En cada una de ellas se discute y se llega a acuerdos y cada una cuenta en el conjunto.

Los huelguistas han mantenido un pliego petitorio con estos puntos: abrogación del reglamento general de pagos -detonador del movimiento-; derogación de las reformas aprobadas en 1997, que tienen que ver con un examen único de ingreso a cargo de una institución privada ajena a la UNAM -se argumenta que eso atenta en contra de la autonomía universitaria, y que anula las evaluaciones que se hacen en la misma Universidad, para transitar de nivel a nivel-, y que también tiene que ver con el límite para permanecer en la UNAM -se aduce que hay quienes por tener que trabajar para costear sus estudios requieren más tiempo que el ahora establecido para terminar cada nivel-; cese de la represión y de las sanciones en contra de estudiantes, trabajadores y profesores; desmantelamiento del aparato policíaco creado por la Rectoría para vigilar, controlar y reprimir a los universitarios; recuperación del calendario escolar; establecimiento de un diálogo público, directo y resolutivo para resolver el conflicto y para examinar la problemática universitaria. En todos sus reclamos los estudiantes expresan estar hartos del autoritarismo y de la antidemocracia de las autoridades de la UNAM.

Campaña millonaria y sostenida

A finales de julio el conflicto llevaba ya más de cien días. Para entender su prolongación hay que conocer a los actores. Rectoría pensó que podría doblegar a los estudiantes insumisos con una costosa campaña de medios en su contra. En dos meses gastó en esto más de un millón de dólares. La mayoría de los medios se sumaron a la cruzada de desinformación y hasta el Presidente de la República -atentando en contra de la autonomía- hizo pronunciamientos amenazadores. La Jerarquía católica también se unió a las descalificaciones. Entre los grandes empresarios, el dirigente de la COPARMEX insistió en que la UNAM fuera cerrada, mientras algunos intelectuales de derecha proponían que se crearan dos universidades: una de excelencia elitista, y otra para el pobrerío. El propio rector encabezó actos públicos, acompañado de su burocracia y de estudiantes contrarios a la huelga, aunque nunca superó el número de los participantes en los eventos de los huelguistas.

Entre las actividades organizadas para descalificar a los estudiantes, se convocó a los automovilistas a que en los trayectos del Periférico encendieran sus luces demandando a los huelguistas que devolvieran las instalaciones tomadas. El Colegio de Economistas propuso que el Rector y los estudiantes que no estuvieran de acuerdo con la huelga trataran de rescatarlas. El PRI intentó presionar para que el gobierno del Distrito Federal se metiera represivamente al conflicto, para así matar dos pájaros de un tiro: acabar con el movimiento y aumentar la campaña de desprestigio en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Dos abogados ligados al régimen llegaron al extremo de presentar una denuncia ante la Procuraduría en contra de los huelguistas, solicitando con argucias legaloides que les impusieran 11 años de cárcel sin posibilidad de libertad bajo fianza.

El mural de Siqueiros

Todo esto fue tensionando el ambiente y creando condiciones para la represión. Un acontecimiento fue utilizado al máximo en contra del movimiento. En el edificio de Rectoría hay un mural que elaboró el comunista Siqueiros. En él, el muralista escribió fechas simbólicas para la historia mexicana, dejando al final unas interrogaciones. Algunas manos borraron las interrogaciones y escribieron 1999, en alusión a la transcendencia del movimiento estudiantil. Esto fue considerado como un grave atentado en contra del patrimonio cultural. Y, si a finales de junio sólo un 20% de la ciudadanía respondía en una encuesta que estaba de acuerdo en el uso de la fuerza en contra de los estudiantes, a finales de julio la proporción había crecido hasta el 46%. Como en el caso chiapaneco, las autoridades aducen que quieren el diálogo, pero lo entorpecen para desgastar. Y consiguen desgastar.

Aprendiendo democracia

Los estudiantes han cuidado de no encerrarse en sus asambleas, y han tratado de conectarse con otros sectores populares. En la consulta que realizaron en la ciudad de México participaron 650 mil 935 ciudadanos. El 90% estuvo de acuerdo con la gratuidad de la educación superior, el 83% aceptó que el gobierno debería dar más presupuesto a la UNAM, el 71% desaprobó que el Centro Nacional de Evaluación -instancia privada y ajena a la UNAM- siguiera controlando el ingreso de los estudiantes, el 81% manifestó su apoyo a las demandas del movimiento.
Han organizado varias marchas, y hasta una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, han acudido a colonias populares a exponer sus razones y han realizado todo tipo de encuentros. En todos sus actos superan en número a los convocados por Rectoría.

No sin dificultades y grandes roces, los muchachos y muchachas han ido aprendiendo a dialogar, a discutir, a ser democráticos y tolerantes con las disidencias internas. Y si en sus reuniones hay gritos, presiones, descalificaciones y actitudes radicales, de todo esto también hay mucho, por ejemplo, en las sesiones de la Cámara de Diputados.

Pese a las tensiones internas, el movimiento no se ha roto, aunque ésta era la apuesta de sus enemigos. Los huelguistas no han dejado de plantear que no pretenden destruir la Universidad, sino buscar que se conduzca de una manera más democrática. Plantean, entre otras cosas, que el Rector y los directores sean elegidos por la comunidad, e introducir el plebiscito para decidir sobre los temas que queden entrampados en el Consejo General Universitario.

"Para nosotros nada"

Los estudiantes no están solos. Se han manifestado a su favor el sindicato de trabajadores de la UNAM y el de la UAM, electricistas, obreros de diversas fábricas, ejidatarios y comuneros del Valle de México, maestros, colonos, locatarios, transportistas, niños de la calle, y barzonistas (organizaciones de deudores). Han ido tejiendo redes sociales fuertes y nuevas, y aunque predominan las formas postmodernas -ni discurso unificado ni organización claramente consolidada- han experimentado lo que es la lucha de clases a finales del siglo XX: los beneficiados del sistema en contra de los excluidos. Dicen en sus mantas "No hay dinero para la educación y sí para la corrupción". Dicen también: "Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada".

Marcos: apoyo incondicional

Un apoyo a los estudiantes que el Estado quiso revertirles fue el del Subcomandante Marcos. En un momento, este apoyo fue una de las razones aducidas para reprimirlos. Marcos ha enfatizado que en el conflicto de la UNAM se está jugando el proyecto de nación ante el proyecto neoliberal. Y que, por eso, el gobierno apuesta a que los estudiantes se peleen entre sí, tal como intenta que los indígenas se peleen entre ellos.

En un comunicado a la prensa nacional e internacional, y aludiendo a quienes han encendido las luces de sus coches en el Periférico en contra de los estudiantes en huelga, Marcos dijo que los zapatistas no tenían automóviles, ni circulaban por el Periférico de la ciudad de México, pero que en la selva habían encendido velas para expresar apoyo al movimiento estudiantil.

Refiriéndose a lo que en estos momentos sufren las comunidades zapatistas, recalcó que no les importaba que los siguieran atacando con policías y soldados, que ocuparan poblados y que continuaran deteniendo arbitrariamente a indígenas, acusándolos de ser zapatistas, porque seguirían apoyando a los estudiantes universitarios simple y sencillamente porque les asiste la razón.

Marcos denunció que la renovación radical de la educación superior que propone el Banco Mundial tiene que responder a las demandas del mercado neoliberal: el Banco Mundial ve la educación como un bien privado, como un servicio mercantil, y por eso quiere convertir a las universidades públicas en empresas autofinanciables. Resulta obvia la coincidencia del planteamiento del Banco Mundial con la ofensiva privatizadora del gobierno de Zedillo. Marcos se alegra de que esta estrategia haya encontrado firmes resistencias en una parte importante del estudiantado. Analiza el Subcomandante cómo los medios se han unido al gobierno para acusar de "ultras" a los estudiantes en huelga, aunque esos "ultras" ni han violado ni golpeado ni encarcelado a ningún estudiante, ni han tratado de imponer un reglamento de pagos a espaldas de la comunidad. Finalmente, Marcos declaró que los zapatistas apoyaban al Consejo General de Huelga tanto si decidía seguir la huelga, como si decidía levantarla.

Propuesta de ocho eméritos

A finales de julio ocho profesores eméritos (Miguel León Portilla, Héctor Fiz Zamudio, Manuel Peimbert, Alejandro Rossi, Alfredo López Austin, Luis Esteva Maraboto, Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro), después de discutir con el personal académico de distintos colegios, con investigadores, académicos, autoridades universitarias, estudiantes miembros y no del movimiento estudiantil, plantearon una salida a la huelga, preocupados por los enormes daños causados a la universidad y al país por la prolongación del conflicto.

La propuesta de los eméritos salvaguarda lo esencial de las reivindicaciones del movimiento estudiantil: gratuidad, democratización y participación. Sus defensores hicieron ver que, aunque es cierto que la huelga se ha alargado por culpa de las autoridades, una huelga larga debilita al movimiento.

Tanto entre profesores como entre estudiantes hubo posiciones en contra de la iniciativa de los eméritos. De entrada, algunos consideraron que se trataba de una trampa de la Rectoría e insistieron en que había que defender en su integridad los puntos del pliego petitorio. No les gustaba la propuesta porque no tenía en cuenta todos los puntos, y algunos de ellos sólo eran tocados de manera parcial. Aceptar esa propuesta podía implicar una rendición incondicional, argumentaron.

Fricciones, no divisiones

El que las autoridades no hayan mostrado flexibilidad y disposición auténtica al diálogo ha ido propiciando el que entre los estudiantes empiecen a prevalecer posturas también maximalistas.

Mientras la propuesta entró a discusión y mientras abría una puerta de salida al conflicto, queda cada vez más claro que el movimiento estudiantil ha conseguido poner en jaque la intromisión en el orden universitario del presidencialismo autoritario, expresando una firme oposición a que se subordine la educación superior a las fuerzas del mercado, y mostrando que la universidad pública es patrimonio de los mexicanos y no de las multinacionales.


La amenaza de la represión persiste. El gobierno zedillista trata desigualmente a los diversos sectores de la sociedad. A los pillos que se han enriquecido ilegalmente como banqueros y constructores de carreteras, los salva económicamente y busca su impunidad. Y a los que protestan y reclaman, busca acabarlos.

Todo el presupuesto de la UNAM en 1999 representa sólo el 1% del dinero empleado en el rescate de los banqueros. El régimen ha considerado que puede doblegar al movimiento estudiantil. Las autoridades apuestan a su desgaste, a que se vayan dividiendo las escuelas.

No obstante, éste es y ha sido un movimiento atípico: se fricciona al máximo, pero no se divide. Lo que lo hace intolerable para todos los poderes es que está cuestionando al sistema en su conjunto. Y éste es su gran logro, su triunfo ya logrado. Porque si el movimiento desaparece por la represión, no hay duda de que brotarán otras expresiones multiformes de inconformidad juvenil.

Chiapas: sigue la guerra

La guerra del régimen de Zedillo en contra de los indígenas zapatistas continúa incrementándose. El diálogo sigue interrumpido y el Ejército sigue incursionando en las comunidades zapatistas. Persisten el hostigamiento, las represalias, la persecución y el Ejército, las autoridades y los paramilitares siguen "fabricando" delitos en contra de los simpatizantes del zapatismo. En Chiapas se consolida la infraestructura militar: pistas aéreas, cuarteles, nuevas vías, etc. Y aunque la COCOPA insiste en todos los tonos en que el gobierno frene las incursiones policíaco-militares, el gobierno no deja de ensañarse contra los pacifistas.

Los grupos paramilitares operan con total impunidad. Han sembrado el terror en las comunidades indígenas: asesinatos, emboscadas, quema de poblados, expulsiones, robo de ganado, detenciones, tortura... Y está probado que los paramilitares operan en coordinación con las corporaciones de seguridad pública y reciben apoyo y entrenamiento del Ejército.

Llueven las denuncias

En su informe de 1998, Amnistía Internacional da cuenta de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y las fuerzas paramilitares vinculadas al gobierno mexicano. Para mediados de 1999 ascendía ya a 21 mil 159 el número de indígenas desplazados.
Un grupo internacionalista denominado Paz sin Fronteras -con miembros de Dinamarca, Suiza, Irlanda, Nicaragua, Francia, España, Argentina y otros países- hizo público en junio de 1999 un escrito en el que demandan poner un alto a la guerra en Chiapas.

A finales de junio de 1999 una delegación de observadores suizos aseguró que en Chiapas existe una grave profundización del conflicto y denunció la represión que padecen los pueblos indígenas.
A principios de julio diversas organizaciones de derechos humanos impulsaron una iniciativa denominada SOS por Chiapas ante el crecimiento de la violencia ejercida en contra de las comunidades indígenas. Plantearon llevar las denuncias hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 8 de julio, promotores de derechos humanos en el Senado de Estados Unidos incluyeron dentro de un documento sobre financiamiento al gobierno mexicano una sección en donde se condena la militarización de Chiapas.
Llueven las iniciativas y las denuncias, pero el gobierno parece convencido de que la única salida es la de la fuerza. Zedillo ha elegido los despliegues masivos de tropas y las incursiones militares en las comunidades en las que van juntos el ejército, la seguridad pública, la judicial federal, la policía municipal, los paramilitares y los militantes del PRI. Con esto, viola la ley del diálogo y conciliación en Chiapas, y pretende llevar al límite la capacidad de resistencia de los contingentes zapatistas.

Marcos denuncia a la ONU

En julio, la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir visitó México. El Subcomandante Marcos le envió un escrito en nombre de las mujeres, hombres, niños y ancianos del EZLN. Resaltó Marcos que la oportunidad política poco tenía que hacer frente a la ética política. Y por eso, prefirió desaprovechar la oportunidad de exhibir ante la relatora al gobierno mexicano por su política genocida contra los pueblos indios, y eligió hacer una crítica a la ONU.

Marcos subraya que no consideraba ético acudir a un organismo internacional que había perdido toda credibilidad y legitimidad y que había firmado su acta de defunción con los bombardeos de la OTAN a Kosovo, donde se quiso vender lo de "guerra humanitaria con errores de buena fe y daños colaterales". Marcos afirma que la complicidad de la ONU en la guerra fue evidente y que, si en Kosovo el silencio de la ONU fue cómplice del crimen y la destrucción, en México había tomado un papel más activo en la guerra que el gobierno mexicano lleva adelante en contra de los pueblos indígenas. Recordó Marcos que en mayo de 1998, y a solicitud de ACNUR (un organismo de la ONU), el gobierno atacó la comunidad de Amparo Aguatinta, golpeó a niños, encarceló a hombres y mujeres, y copó militarmente el lugar, por ser un "municipio autónomo".

En la lista de agravios, Marcos cita que el 19 de julio de 1999 el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, entregó el Premio Naciones Unidas Viena Sociedad Civil a la autodenominada Fundación Azteca, tan cuestionada en México por mucha gente honesta. Esto -dice Marcos- ha llevado a los zapatistas a desconfiar de la ONU, y no por chovinismo, pues los zapatistas reciben con gusto a los observadores internacionales, a diferencia de lo que hace el precandidato del PRI Labastida, que ha expulsado de México a observadores internacionales.

Zapatistas reconocen apoyos

Marcos recuerda que los zapatistas han reconocido el mérito en su labor por la paz a Amnistía Internacional, America's Watch, Global Exchange, Mexico Social Network, National Comision for Democracy in Mexico-USA, Pastores por la Paz, Humanitary Law Project, Médicos del Mundo, Pan para el Mundo, Médicos sin Fronteras, etc., y enfatiza que estos grupos tienen más autoridad moral y mucha más legitimidad que la ONU.

Marcos hizo una salvedad: los zapatistas tenían datos que les confirmaban que, como persona, la relatora de la ONU era una persona honesta. Por eso, no podían menos que manifestarle que tenían problemas con una organización que avala guerras y apoya y premia a quienes matan y humillan a los excluidos del mundo.

En México hay genocidio

Marcos afirma que los zapatistas son conscientes de que diversos poderes financieros internacionales acarician la idea de apropiarse, para su beneficio, de los ricos yacimientos de petróleo y uranio existentes bajo suelos zapatistas. Esos poderes abrigan la esperanza de que los zapatistas se dividan porque prefieren negociar con entidades pequeñas. Marcos reafirmó que los zapatistas son defensores del concepto de soberanía nacional y que el zapatismo seguiría dando la bienvenida a quienes apoyen verdaderamente la paz. En su carta Marcos precisa que no sólo la ONU colaboraba con la campaña contrainsurgente del gobierno. También la Cruz Roja, cuya delegación en San Cristóbal había declarado que los desplazados estaban fuera de sus hogares por ser flojos y porque preferían ser mantenidos por la Cruz Roja. Con esta clase de discursos, pretendían confirmar que los paramilitares eran un invento, producto de la histeria colectiva de miles de indígenas desplazados.

No obstante, Marcos no dejó escapar la ocasión de hacerle a la funcionaria de la ONU una relación detallada de zapatistas que habían sufrido ejecuciones sumarias desde 1994, recordando que los torturadores y los asesinos no han sido encarcelados y que últimamente el gobierno había reanudado choques armados contra las fuerzas zapatistas y que, mientras el Ejército declaraba que enviaba a Chiapas a 7 mil efectivos desarmados a sembrar árboles, éstos llegaban armados y en plan de ataque. Conclusión de Marcos: lo de Acteal y toda la política seguida por Zedillo no puede ser calificada más que como un "genocidio".

Exigir agua atenta contra la paz

Marcos ahondó aún más en sus análisis. Buscando mejorar la maltrecha imagen pública del Ejército, el gobierno ha activado a los escuadrones paramilitares, organizados por militares en activo, entrenados por militares, pertrechados por militares, protegidos por militares, dirigidos por militares, y en no pocos casos formados por militares. En todas las variantes de estos grupos se revelaba una constante: la presencia de militantes del PRI. El objetivo de la utilización de los paramilitares es tratar de dar un giro al conflicto y presentarlo como una guerra interétnica.

Continúa el análisis. La estrategia gubernamental utiliza todo tipo de maniobras para doblegar a las comunidades zapatistas. Así, por ejemplo, cuando en un ejido un grupo de familias zapatistas exigió que se les reinstalara el servicio de agua potable -que le había sido retirado por el PRI- en respuesta a esta manifestación civil se instrumentó una movilización de fuerza pública en la que los priístas arremetieron en contra de la gente a golpes y balazos. Dos zapatistas fueron heridos de gravedad y en lugar de aprehender a los agresores, la policía detuvo a zapatistas. Exigir agua se interpreta como un atentado contra la paz. Marcos comenta a la relatora que este caso y muchos otros similares no los vería ni en la prensa escrita ni en la TV, y le advertía que pusiera especial atención en torno a las ONGs que luchan por los derechos humanos, pues son objetivos prioritarios del Ejército.

Perdón no, justicia

Cuando la relatora de la ONU llegó a Chiapas, muchos indígenas le hicieron ver que el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés había provocado el incremento de la militarización de las comunidades, generalizando la violencia, las torturas, los desalojos, las desapariciones y el injusto encarcelamiento de muchos indígenas. La relatora respondió que tendría en cuenta toda la información que se le había dado, y que había escuchado el clamor de justicia y los testimonios de familiares y sobrevivientes de la matanza de Acteal. Pero les pidió perdonar. Los indígenas, agraviados, volvieron a tomar la palabra para subrayar que quieren justicia y que en México no la hay porque muchos asesinos andan sueltos.

La impunidad es una realidad

La relatora recibió también el informe especial redactado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el que se destaca que, a más de un año de la masacre de Acteal, los sobrevivientes y otros desplazados de Chenaló han continuado recibiendo amenazas de paramilitares que las autoridades niegan que existan, y que no todos los autores materiales, y ninguno de los autores intelectuales del crimen, han sido detenidos.

Dice el informe que las autoridades se han mostrado dispuestas a conceder alguna ayuda material, pero no a modificar su conducta en la administración de justicia, ni la garantía de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los indígenas no quieren dádivas sino respeto a la justicia y a su dignidad.

Antes de salir del país la relatora cuestionó la presencia del Ejército en Chiapas. Aseguró que si no había cambios políticos y legales continuaría la impunidad, y consideró que México se encontraba en un momento crítico, enfrentando varios retos su proceso hacia la democracia. Recomendó que en las elecciones del 2000 hubiera observadores internacionales. Puso especial acento en el hecho de que México había vivido la triste experiencia de ejecuciones individuales y masivas, las más notorias las de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y El Charco. No pudo menos que manifestar que le preocupaba, además de estas tragedias, la impunidad, una impunidad selectiva que era una realidad política en México. Se dolió porque los marginados continuaran viviendo una situación de conflicto armado en Chiapas y se pronunció por la desmilitarización.

Chiapas va a ser tema central en las campañas presidenciales. El gobierno ha optado por no resolver el conflicto y sólo administrarlo, dejando su solución como una herencia a la siguiente administración.

Zedillo: "blindaje" económico

Obcecación en todos los terrenos. Los estragos que la política neoliberal ha causado en la población mexicana son cada día más lacerantes. No obstante, Zedillo censuró a quienes, aun desde dentro de su mismo partido, afirman ya que la pobreza de hoy es el resultado de las políticas neoliberales. A capa y espada, de manera dogmática, Zedillo culpa a las políticas previas y continúa su cruzada en defensa del modelo neoliberal.

Como una medida que impida sobresaltos a los inversionistas en la coyuntura del cambio sexenal, el Presidente ideó lo que llamó un "blindaje" económico, y acordó con organismos internacionales un apoyo financiero al país por la suma de 23 mil 700 millones de dólares.

De inmediato, comentaristas críticos advirtieron que algo andaría mal en el modelo si necesitaba de semejante blindaje. Las condiciones para darle ese apoyo van en el sentido de las privatizaciones. En un discreto documento del Banco Mundial se insta al gobierno mexicano a privatizar el sector eléctrico y a acelerar el ritmo del capital privado en rubros como puertos, ferrocarriles, aeropuertos y comunicaciones. También se le insta a desincorporar la industria petrolera y persisten las exigencias en cuanto a la privatización de la educación superior. The Financial Times señaló que el blindaje era una medida exagerada. Pero el gobierno parece tener razones para este nuevo y colosal endeudamiento: quiere contar con dinero fresco para mantener al PRI en el poder.

País de siete super-millonarios

Los tecnócratas nunca se plantean que el blindaje que México necesita es el social. La desigualdad mundial es preocupante: un 20% de la población más rica del planeta consume un 86% de todos los bienes y servicios. En 1970 consumía el 70%. Esta desigualdad es aterradora en México: la fortuna de sólo siete mexicanos equivale al 5% del PIB nacional, alcanzando la cifra de 20 mil 400 millones de dólares. Esas fortunas son de reciente creación: se hicieron al amparo del salinismo. Datos oficiales del Banco Mundial y del FMI señalan que el porcentaje de mexicanos que vive en la pobreza se ha incrementado: más de la mitad de la población rural vive en la pobreza, cuatro de cada cinco indígenas son extremadamente pobres. Según cifras oficiales, en Chiapas dos terceras partes de la población indígena no tiene empleo. Y entre los que sí lo tienen, la mitad no percibe salario. Y los que reciben salario no llegan al salario mínimo.

El informe de desarrollo elaborado por la ONU indica que México se encuentra en el lugar 50 entre los países del mundo, por debajo de Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica. La mexicana es una economía que no crece, y concentra cada vez más recursos en menos manos.

Pese a tantos evidentes reveses, el discurso privatizador gubernamental no cede. Zedillo dijo que se vendían las empresas privadas para atender demandas sociales de la población, y lo que ha crecido es la pobreza. Casi la mitad de la población mexicana está sumida en la pobreza. Esos mexicanos se podrían preguntar si los enormes recursos que implicó el FOBAPROA atendieron algunas de sus demandas, o si el rescate carretero los alivió, o si la reducción del presupuesto educativo los beneficia en algo. No hallarán respuesta.

El blindaje de la impunidad

Crece la pobreza y crece la deuda social del gobierno. El Nobel de economía, Amartya Sen ha anunciado el fin de la estulticia del mercado y ha propuesto la necesidad de recurrir al componente social: educación, promoción del empleo, y prioridad en el desarrollo social. Para estas enseñanzas hay oídos sordos en el gobierno mexicano. Prosigue la terquedad en los intentos de privatizar la educación superior y en transferir la custodia del patrimonio cultural a sociedades anónimas. Se ha elegido el camino de la imposición autoritaria, que se quiere encubrir tanto en Chiapas como en la UNAM con una apariencia de un diálogo que dista mucho del significado de esa palabra.

El gobierno se blinda con gruesas capas de impunidad y apuesta al desgaste de toda resistencia popular. ¿Hasta cuándo? La irrenunciable dignidad de los excluidos va a responder.

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