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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 209 | Agosto 1999
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Honduras

Los tigres y el viejo: crisis entre los militares

"Aquí no ha habido intento de golpe de Estado. En todo momento, el Presidente ha estado en control de la situación. Y con los cambios se ha fortalecido el poder del Presidente y el de la sociedad civil". Esta fue la versión oficial de los hechos. Pero, ¿qué fue en realidad lo que pasó? ¿Cómo se tejió esta crisis? ¿A quién fortaleció realmente?

Ricardo Falla

La noticia de un cuasi golpe de estado en Honduras circuló por todo el mundo. Aunque no fue exactamente eso, no deja de tener interés conocer algo de los trasfondos de este incidente entre "los tigres", como se les llama caricaturizadamente a los militares hondureños.

¿Golpe de Estado?

Estábamos reunidos en la tarde del viernes 30 de julio hablando de otras cosas cuando irrumpió en la sala un buen amigo con su transistor de baterías en la mano. "(Oigan, oigan, parece que algo está sucediendo!". En cadena estaban todas las radiodifusoras y canales de televisión del país con una música marcial que a los más viejos recordaban los días de la ya lejana guerra con El Salvador o aciagas jornadas de golpes de Estado.

En los días previos habían abundado noticias sobre las pugnas entre las promociones militares y sobre la rebeldía de algunos oficiales del alto mando ante el Ministro de la Defensa, un hombre anciano que necesita un bastón para caminar, el abogado Edgardo Dumas, "el viejo". Lo primero que se nos vino a la mente fue que el gobierno atravesaba por un momento de seria inestabilidad. No podíamos creer que se tratara de un golpe de Estado, tan anacrónico como suicida.
Tres horas duró la cadena de música militar hasta que se hicieron públicos los decretos que anunciaban cambios en la cúpula militar decididos por el Presidente Carlos Roberto Flores, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Armadas, después de reunirse durante varias horas con el Ministro y Viceministro de la Defensa, con la Junta de Comandantes, y con algunos otros asesores.

Cambios: un rompecabezas

De arriba para abajo, los cambios fueron éstos. El general retirado Roberto Lázarus Lozano fue depuesto como Viceministro de la Defensa. Lo sustituyó el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el coronel Eugenio Romero Euceda. A éste lo sustituyó en su cargo el coronel Daniel Augusto López Carballo, de la doceava promoción, que hasta ese momento era el Jefe del Estado Mayor Presidencial, un hombre de confianza del Presidente. Como la jerarquía militar exige que el Jefe del Estado Mayor Conjunto tiene que pertenecer a la Junta de Comandantes, se cumplió con la formalidad nombrándolo cinco minutos antes en el cargo de Inspector General.

Para el cargo de subjefe del Estado Mayor Conjunto fue nombrado el coronel Julián Arístides Irías y para el de Inspector General, el coronel Manuel de Jesús Luna Gutiérrez, ambos de la doceava promoción, destituyendo en estos cargos a los coroneles Guillermo Linares y Jorge Alberto Puerto Martínez.

Los comandantes de las tres ramas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Ejército quedaron en sus puestos. El más fuerte y renombrado de estos tres es el coronel Rodolfo Interiano Portillo, Comandante en Jefe del Ejército, perteneciente a la treceava promoción, a quien se le atribuye ser quien en el fondo manipulaba al Viceministro y al Jefe del Estado Mayor Conjunto. El antiguo Jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Raúl Hung Pacheco había dejado en este cargo a Interiano con el fin de que ascendiera en sólo un año a Jefe del Estado Mayor Conjunto. Un salto mortal demasiado vertiginoso.

Lucha entre promociones

Entre tantos nombres de militares totalmente desconocidos fuera de Honduras tal vez resulte difícil entender cuál fue la clave de poder que estuvo en juego en este rompecabezas de cambios. Fundamentalmente, fueron dos los factores. Uno más superficial -la pugna entre dos promociones, la 12 contra la 13-, y otro más profundo: la pugna entre el Ministerio de la Defensa y detrás de él, el Presidente de la República, con la Junta de Comandantes, una pugna entre la autoridad civil y la militar, entre un nuevo modo y un modo antiguo de articular a las Fuerzas Armadas dentro del Estado.

Antes de los cambios la promoción 12 no tenía representación en la Junta de Comandantes. Sus miembros habían sido excluidos de la cúpula militar en contra de los principios de jerarquía. Ahora, el Jefe del Estado Mayor Conjunto es un coronel que pertenece a esa promoción.

Antes de los cambios el Jefe del Estado Mayor Conjunto era un hombre más fiel al antiguo Jefe de las Fuerzas Armadas, Hung Pacheco, que al Presidente de la República. Era socio en los negocios de Hung Pacheco y había sido su cercano subalterno. Ahora, el Jefe del Estado Mayor Conjunto es un hombre cercano al Presidente: el Jefe de su Estado Mayor Presidencial.

Resultado: dos polos de poder

Con este nombramiento se le cerró al Jefe de Ejército, Interiano Portillo, el vertiginoso ascenso tan codiciado y la doceava promoción ganó por fin una lucha de meses reivindicando su derecho a estar por encima de la treceava promoción. El Presidente Flores pudo haber destituido a Interiano Portillo, pero no lo hizo, tal vez por mantener una actitud conciliadora o porque el coronel tiene un liderazgo que en este momento el Presidente no quiso o no pudo descabezar.

La Junta de Comandantes ha quedado recompuesta con dos polos de fuerza: la doceava promoción alrededor de López Carballo y la treceava promoción alrededor de Interiano Portillo. El primero de estos polos goza del apoyo de la estructura civil del Estado y del apoyo internacional de las embajadas. López Carballo tiene fama de ser un hombre de ideas abiertas. El segundo polo goza del apoyo -aunque no irrestricto- del Ejército, la mayor de las tres fuerzas armadas.

La sombra del "gran tigre"

El chivo expiatorio en toda esta movida fue el general retirado Roberto Lázarus, quien resultó defenestrado. En puente de plata se colocó al Coronel Euceda Romero, al "subirlo" al puesto de Viceministro, cargo bastante decorativo y en el que no casa por ser un militar en activo en medio de civiles. Todo indica que durará poco en este puesto. Con estos dos cambios se disminuye el influjo que el antiguo Jefe de las Fuerzas Armadas, Hung Pacheco, quiso mantener en la Junta. Lázarus era compañero de promoción de Hung Pacheco y se acababa de retirar después de 30 años de servicio. Euceda Romero era el único hombre de confianza de Hung Pacheco en la décima-onceava promoción, había sido fiel a él como pagador general del Ejército y de la Comandancia de las Fuerzas Armadas, y es socio suyo en varios negocios. Así, con los cambios del viernes 30 de julio la peligrosa sombra del "gran tigre" se ha alejado de Casa de Gobierno...

El helicóptero presidencial

La reunión donde se decidieron estos cambios fue rodeada de una aparatosa movilización de soldados desde tempranas horas de la mañana. Los alrededores del Palacio Presidencial fueron prácticamente militarizados con un nada habitual dispositivo de seguridad. Pasadas las tres de la tarde, y mientras los medios transmitían marchas militares, el helicóptero presidencial aterrizó en el aeródromo ubicado a un costado del Palacio. Muchos pensaron que su misión era llevarse al mandatario, derribado de su silla por los militares.

Poco a poco, y en los días que siguieron, se fueron aclarando las cosas. La idea de traer el helicóptero y mantenerlo con los motores encendidos al costado del Palacio Presidencial fue una táctica del mismo Presidente Flores para el caso de que los comandantes depuestos o trasladados no le obedecieran. En el helicóptero, Flores se retiraría no del país, sino a uno de los batallones cercanos a Tegucigalpa -como el de Támara- para desde allí proseguir las operaciones de destitución. Antes de la reunión, Flores se había comunicado con los comandantes de estos batallones, leales a él. Desde fines de 1998, y quizás pensando en estas contigencias, los colocó al mando de estas tropas.

Conocedores de las incertidumbres que encerraban las negociaciones del viernes 30 de julio, los asesores del Presidente tomaron la iniciativa de poner a todos los medios en cadena, para tenerlos así a disposición exclusiva de la voz presidencial, si es que se daba una sublevación militar.

Los tigres pierden

Todos estos cambios y las tensiones precedentes se inscriben dentro del proceso de desmilitarización de la sociedad hondureña, que ha hecho perder gradualmente poder a las Fuerzas Armadas frente al gobierno civil.
En el gobierno anterior del Presidente Reina se suprimió el servicio militar obligatorio y se convirtió a la Fuerza de Seguridad Pública -la famosa FUSEP, "los chepos"-, hasta entonces dependiente de las Fuerzas Armadas, en una Policía Nacional Civil, dependiente de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

En el gobierno del Presidente Flores se avanza en la desmilitarización. El 25 de enero de 1999 el Congreso ratificó el cambio constitucional que despoja a las Fuerzas Armadas de la autonomía de la que gozaron durante 40 años desde el régimen civilista de Villeda Morales. También se han dado otros cambios importantes. Se suprimió la figura del Jefe de las Fuerzas Armadas sustituyéndola por la del Ministro de la Defensa. Se eliminó el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, compuesto por 52 oficiales, y se creó una Junta de Comandantes, compuesta por el Jefe y el Subjefe del Estado Mayor Conjunto, el Inspector General y los tres Comandantes de tierra, aire y mar. Se quitó el privilegio de inmunidad a los comandantes. Se trasladó del Congreso al Presidente de la República la potestad de conferir ascensos militares: en adelante, el Presidente ejerce el mando directo de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto es sólo un órgano operativo, con lo que el Jefe del Estado Mayor Conjunto puede hacer cambios operativos pero no administrativos en las filas militares.

28 oficiales en discordia

El último Jefe de las Fuerzas Armadas, en el antiguo esquema, el general Mario Raúl Hung Pacheco, dejó nombrados en diciembre de 1998, antes de que se ratificara el cambio constitucional, a los seis comandantes de la Junta de Comandantes. Un grupo de 28 oficiales de la doceava promoción impugnó inmediatamente esos nombramientos, especialmente el del Jefe y Subjefe del Ejército, coronel Rodolfo Interiano Portillo y coronel Oscar Hernández Chávez, de la treceava promoción. Alegaron que con esos nombramientos Hung Pacheco marginaba del poder a la doceava promoción, e indirectamente forzaba a los oficiales de esa promoción que podían haber ocupado un puesto en la cúpula a solicitar su baja tres años antes de cumplir los 30 años de servicio. Los de la doceava promoción argumentaron que Hung Pacheco estaba violando los principios de la jerarquía y de la antigüedad, que tan sólidamente deben vertebrar a la institución militar. No aceptaban estar subordinados a quienes debían ser sus subalternos, no querían acatar esos nombramientos, no podían menos que impugnarlos.

Un entierro histórico

Las cosas no cambiaron y en esta tensión se llegó, a fines de enero, al día en que, después del cambio constitucional, el último Jefe de las Fuerzas Armadas, Hung Pacheco, entregó solemnemente el bastón de mando y el estandarte de ese cargo. De hecho, no se los entregó a ningún sucesor y ambos símbolos murieron en las instalaciones de la Academia Militar. Ese día, simplemente, quedó enterrado tan funesto cargo.
El "entierro", solemne e histórico, se convirtió en una celebración excepcionalmente concurrida por numerosos miembros de la oficialidad y del Estado civil. En cambio, la correspondiente juramentación del abogado y empresario Edgardo Dumas como primer ministro civil de la Defensa no se realizó en una instalación militar, sino en la Casa Presidencial. Dumas venía de Estados Unidos, donde se había desempeñado como embajador de Honduras. Como Viceministro fue nombrado el general Roberto Lázarus, quien acababa de causar baja y, por lo tanto, aunque era civil de vestido, su mente y su corazón seguían siendo militares. Con su nombramiento, el Presidente se congraciaba con los oficiales salientes y daba una fachada civil al Ministerio.

Pero como las cosas no cambiaban, tal como lo exigía la doceava promoción, un sector de los oficiales más combativos de este grupo siguieron impugnando los nombramientos de los comandantes del Ejército. El Viceministro -no el Ministro- terminó respondiéndoles públicamente que o se sometían a la ley o pedían su retiro. Someterse a la ley quería decir agachar la cabeza ante sus inferiores en jerarquía. Y pedir su retiro significaba abandonar el campo de batalla, tal vez con el honor de no haberse humillado, pero con el deshonor de haber perdido la guerra para siempre. Ninguna de las dos cosas hicieron.


La Ley contra la Constitución

Como la lucha no ha sido sólo entre promociones, sino entre dos maneras de concebir y de fraguar la articulación de las Fuerzas Armadas en su nuevo papel, era inevitable que se produjera una contradicción abierta entre la Junta de Comandantes y el mismo Ministro de la Defensa. La Junta intentó recuperar la autonomía perdida, instrumentalizando la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, que debía ser reformada o rehecha completamente, para adecuar los cambios constitucionales a la realidad concreta.
Romero Euceda, y sobre todo Interiano Portillo, a la cabeza de otros oficiales, iniciaron un cabildeo con diputados afines en el Congreso de la República presentando, a espaldas del Ministro de la Defensa, un proyecto de reformas a esta Ley. Según el proyecto, se le otorgaban facultades especiales al Jefe del Estado Mayor Conjunto -seguir controlando la Pagaduría y el Instituto de Previsión Militar-, se le concedía al Coronel Romero Euceda el grado de general, y se orillaba al Ministro de la Defensa convirtiéndolo en un funcionario meramente decorativo.

El Ministro Dumas, "el viejo", al enterarse de la maniobra, desautorizó públicamente a los miembros del Estado Mayor Conjunto para concertar con los diputados las reformas a la Ley, y declaró que el único canal legítimo para esas negociaciones era el Ministerio de la Defensa. A la vez, presentó un proyecto de una nueva ley -no sólo reformas- que concretizara los cambios constitucionales.

El dinero y las armas

La lucha por una mayor autonomía de las Fuerzas Armadas no tiene sólo que ver con el honor entre promociones o con la ideología entre militares y civiles. Se trata de una pelea por controlar dinero y armas, como quedó patentizado a principios de julio en otra contradicción pública que se produjo entre el Ministro y los Comandantes. El Ministro de la Defensa, con una tenacidad y claridad propias de un hombre que cree en la fuerza de la ley, reclamó el control exclusivo de las armas y de su venta por parte de las Fuerzas Armadas. El Ministro atacaba así el negocio de la empresa La Armería, que desde hace años ha venido lucrándose con el pingüe negocio de la venta de armas en el país. Al año reporta ganancias de 20 a 30 millones de lempiras.

Esta empresa ha aparecido siempre como una empresa de las Fuerzas Armadas pero el Ministro aclaró que no lo era, sino del Instituto de Previsión Militar, (IPM), que por tener su propia personería, está fuera del control del Ministerio de la Defensa: "La Armería no es de las Fuerzas Armadas, es del IPM. Esta institución tiene personería jurídica propia. Por lo tanto, no está bajo el régimen del Ministerio de la Defensa. Entonces, se está violando el artículo 292 de la Constitución, que le da a las Fuerzas Armadas la potestad sobre todas las armas", explicó el abogado Dumas. Sus palabras fueron metralla pura para el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Romero Euceda, presidente del IPM.

En la actualidad, el IPM es un cartel de unas 20 empresas con activos de casi 100 millones de dólares, creado para financiar el retiro de los oficiales, que está siendo investigado por la Fiscalía contra la corrupción por presuntas irregularidades administrativas.

Rebelión frente a "el viejo"

Después del encontronazo por La Armería, el último choque entre el Ministro de la Defensa y la Junta de Comandantes se produjo a mediados de julio. Estando el Ministro en Estados Unidos, la Junta decidió un par de cambios sin mayor importancia. Para los comandantes, se trataba de cambios legales, porque la ley les faculta a hacer cambios operativos y ellos argumentaban que los traslados eran operativos, y no administrativos. Los traslados fueron también aprobados por el Viceministro, el general retirado Roberto Lázarus. Consistieron en pasar al Vocero de las Fuerzas Armadas a la jefatura de operaciones y adiestramientos del Estado Mayor Conjunto y al Jefe de Contrainteligencia a la dirección de Relaciones Públicas.

Cuando el Ministro Dumas regresó a Honduras, exigió a la Junta de Comandantes que anulara los cambios. En su opinión, le correspondía a él hacerlos o consentirlos. La Junta, en vez de acatar las órdenes de su superior, se resistió y no anuló los traslados, rompiendo el principio militar de que las órdenes no se discuten, se cumplen.

Interviene el hombre de Palacio

Fue entonces que entró en el juego la autoridad del Comandante General de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República. El Presidente fue informado de que los que se resistían a obedecer dentro de la Junta eran principalmente el Jefe del Estado Mayor Conjunto, coronel Romero Euceda, el Inspector General, coronel Puerto Martínez, y el Jefe del Ejército, coronel Interiano Portillo. Se resistía, sobre todo, Interiano Portillo, el destinado por Hung Pacheco para escalar pronto a la cúspide de la Junta, como Jefe del Estado Mayor Conjunto. En este tenso contexto, el Presidente convocó a la reunión del viernes 30 de julio, en la que logró hacer respetar su autoridad, aunque con hábiles y necesarias concesiones. La principal, la de mantener a Interiano Portillo en la Jefatura del Ejército.

¿Poder para la sociedad civil?

Una crisis momentánea fue resuelta, pero todavía existe un largo trecho por andar para reconvertir a las Fuerzas Armadas de Honduras en un ente obediente y no deliberante al servicio de la sociedad hondureña. El Presidente Flores ha salido fortalecido nacional e internacionalmente de este apuro. Sin embargo, esto no significa necesariamente -como algunas declaraciones oficiales quisieron hacer creer- que la sociedad civil haya salido fortalecida. Y esto, porque existe el gran peligro de que, a medida que se disminuya el poder vertical de los militares, se fortalezca el poder vertical de los funcionarios del Estado, el primero de ellos el del Presidente de la República. Por un contagio misterioso e invisible del militarismo que queda en el ambiente, existe el gran peligro de querer combatir el poder militar con el mismo estilo de los militares, con verticalismo, con la consigna de que "las órdenes se cumplen, no se discuten". Nada más extraño y alejado de ese objetivo estratégico que demanda una verdadera democracia: el fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado.

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