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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 205 | Abril 1999
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Nicaragua

La Contraloría y la corrupción ¿Qué opina Managua?

Existe corrupción en Nicaragua? ¿Quiénes la protagonizan, quiénes la enfrentan, cómo se está luchando contra la corrupción?

Equipo Envío

Hablan los políticos, hablan los medios. Aunque la ciudadanía habla menos, tiene sus propias opiniones sobre la crisis que ha involucrado a la Presidencia de la República y a la Contraloría General de la República, institución que, por mandato constitucional, tiene el deber de velar por el buen uso de los bienes públicos.

Para recoger estas opiniones, el 27 y 28 de marzo IDESO, instituto de encuestas y sondeos de opinión de la revista envío, volvió a tocar las puertas de los hogares de potenciales votantes: profesionales, trabajadores por cuenta propia, comerciantes, amas de casa, desempleados, estudiantes, en busca de una voz bastante desoída por los gobernantes y no siempre oída por la "oposición".

Al igual que en las dos últimas encuestas realizadas por IDESO -septiembre y noviembre 98- entrevistamos a una muestra representativa -980 personas- de la población urbana de Managua, la cual representa el 41.8% de toda la población urbana del país, y el 21% del total de la población nacional. El margen de error de esta encuesta es del 5%.

¿Cuándo hubo más corrupción?

Los señalamientos sobre casos de corrupción han estado presentes en los titulares de los medios de comunicación desde hace meses. Y el tema de la corrupción y de las formas de enfrentarla se ha convertido en un asunto que ocupa el centro de la política nacional. La pregunta que se formuló a los entrevistados fue: "¿En qué época cree que ha habido más corrupción?", ofreciéndoles una lista de posibilidades, según varios períodos históricos.



La conclusión es contundente: un 45.2% cree que la corrupción ha sido mayor durante el actual gobierno liberal. Un distante 26.5% afirma que "en todos los gobiernos ha sido igual", un 16.8% sitúa en el gobierno sandinista la época de mayor corrupción y para un 3.4% la mayor corrupción se dio durante el gobierno de Somoza. El gobierno de Violeta de Chamorro es el que sale mejor valorado: sólo un 1.8% opina que su mandato fue el período de mayor corrupción. Entre los ciudadanos que opinan de modo tan desfavorable hacia el actual gobierno, el 62.8% es gente sin partido y el 34.9% tienen alguna simpatía partidaria. Un 80% de ellos se identifica con el FSLN, y un 12.8% son simpatizantes del liberalismo en el poder. Un 3.4% son simpatizantes del Partido Conservador y un 2.7% de Camino Cristiano.

¿Qué es corrupción?





¿Cuáles son los actos y las actitudes que la gente identifica como corrupción? Se formuló a los entrevistados esta pregunta: "A su juicio, ¿qué es corrupción?", leyéndoles una serie de afirmaciones que aluden a diferentes prácticas. Un 87.5% de los entrevistados identifica la primera afirmación de la lista -"aprovecharse de un cargo público para enriquecimiento

personal y familiar"- como una práctica corrupta, y sólo un 7.3% piensa que eso no es corrupción. El 5.2% prefirió reservarse la respuesta.

Afirmar o negar esta primera posibilidad varía en relación al nivel educativo de los entrevistados. Dentro del grupo con menor nivel de educación formal -analfabetas y primaria incompleta- hay cierta inclinación al "no responde", que llega a un 14% de respuestas evasivas. En este grupo social, las respuestas positivas son el 79.4%, un porcentaje menor que el promedio.

Mientras mayor nivel de educación formal existe, aumentan proporcionalmente las respuestas que identifican esta práctica con la corrupción. Entre quienes tienen instrucción secundaria, técnica, universitaria incompleta y completa, los porcentajes que identifican esta actitud con una forma de corrupción van aumentando: 91%, 93%, 89.5% y 96% respectivamente, todos por encima del promedio total.

También hay variaciones cruzando el dato con los niveles de ingreso y las simpatías partidarias. En general, todos los diferentes estratos de ingresos de hogares contemplados en la encuesta -ocho estratos- se inclinan a identificar la primera afirmación de la lista como un acto de corrupción. Pero los estratos con ingresos menores, entre 1,500 y menos de 500 córdobas mensuales (unos $100-40) están ligeramente por debajo del promedio de respuestas positivas: 86.1% y 82.1%. Los hogares con ingresos a partir de más de 1,500 córdobas se van ubicando, en progresivo aumento, por encima del promedio.

Entre los simpatizantes del FSLN, un 92.3% identifica la práctica señalada en la primera afirmación como un acto de corrupción. Entre los liberales, el porcentaje que así lo identifica es el 79%. Un 10% de entrevistados liberales opina que aprovecharse del cargo público para enriquecerse personal o familiarmente no significa corrupción.

Un 74.1% de los entrevistados opinó que la segunda proposición de la lista -"decepcionar con su mal comportamiento a quienes le dieron su voto"- es corrupción. Un 18.9% no identifica esta actitud con una práctica corrupta y el 4.6% prefirió reservarse su opinión.

La tercera afirmación de la lista -"comprar bienes personales con dinero de la institución donde se trabaja"- obtuvo estas respuestas: el 86.9% identifica esa actitud con una práctica corrupta, el 8.5% no cree que lo sea y el 4.6% se reservó su opinión.

Ante la última actitud sugerida en la lista -"declarar inocentes a reconocidos transgresores de la Ley a cambio de dinero, prebendas, etc."-, el 83.7% de los entrevistados la identificó con una forma de corrupción, el 9.3% no opinó así y un 7% no contestó a la pregunta. Hay variaciones según los ingresos de los hogares entrevistados: los que tienen ingresos menores a 500 córdobas y hasta los 1,500 se inclinan al "no responde", que entre ellos llega al 11.5% y al 7.9% respectivamente. Los entrevistados en hogares con ingresos superiores a los 1,500 córdobas mensuales tienden a tener menor porcentaje de respuestas en el "no responde" y mayor porcentaje de respuestas positivas, que identifican la cuarta de las actitudes presentadas con una forma de corrupción.

La ya prolongada controversia entre la Presidencia de la República y la Contraloría y el cúmulo de casos de corrupción de los que hablan a diario los medios de comunicación provocan un constante "sube y baja" en la imagen pública de muchos políticos. En medio de la actual tempestad, ¿cómo son valorados algunos de ellos? Se presentó a los entrevistados una lista de nombres y se les sugirió valorarlos con esta propuesta: "En escala del uno al diez, califique a los siguientes personajes de la vida nacional por su grado de honestidad."

Personalidades políticas: ¿honestas o no?





Para leer los resultados, éstos se agruparon así: las puntuaciones de 1 a 4, en la categoría de "muy honesto". De 5 a 7, en la de "medianamente honesto". Y de 8 a 10, en la de "poco honesto".

La considerada como más honesta es Violeta de Chamorro, seguida a una distancia de 10.9 y de 17.4 puntos por Agustín Jarquín y Noel Vidaurre respectivamente. La calificación más negativa la recibe Arnoldo Alemán, siguiéndole a 3.5 puntos Daniel Ortega.

Tener o no tener simpatía partidaria no representa una gran diferencia a la hora de juzgar favorablemente a doña Violeta. El 41.9% de la gente sin partido y el 42% de los que tienen alguna simpatía partidaria coinciden en darle una puntuación que la califica como "muy honesta". Algo similar ocurre en el extremo de la calificación: como "poco honesta" la califica el 23% de quienes tienen alguna simpatía partidaria y el 20.4% de quienes no simpatizan con ningún partido.

Agustín Jarquín genera opiniones favorables entre quienes tienen alguna simpatía partidaria: en este grupo un 38% opina favorablemente del Contralor. Entre los entrevistados sin preferencias partidarias, un 28.7% le asigna opiniones muy favorables y otro 25.6% lo califica como "medianamente honesto". Sumando ambas categorías, el Contralor acumula un 54.3% de opiniones favorables entre el grupo de entrevistados sin simpatía política específica, y un 57.7% entre los que tienen alguna simpatía partidaria.

Arnoldo Alemán encabeza la lista de los más desfavorecidos con las calificaciones del público. Acumula el 56% de las puntuaciones que lo califican como "muy poco honesto". Un 77.6% de las opiniones desfavorables viene de simpatizantes del FSLN y un 15.5% de simpatizantes liberales, lo que muestra la erosión de la imagen del Presidente aun entre las bases del PLC.

¿El trabajo de la Contraloría es imparcial?





Las motivaciones del trabajo de la Contraloría han sido cuestionadas por la Presidencia de la República. En gran medida, el que esta institución del Estado apenas esté estrenándose como institución autónoma e independiente del poder Ejecutivo, favorece las dudas. Desde hace un año y medio, las investigaciones y resoluciones emanadas de la Contraloría General de la República, vienen generando polémica. Se formuló a los entrevistados esta pregunta: "¿Cree usted que el trabajo que hace la Contraloría es imparcial y parejo?"

Una mayoría de los entrevistados (47.3%) respondió que le parecía imparcial y parejo, y una minoría muy significativa (36%) afirmó que no lo era. El 15.2%, un porcentaje relativamente alto -en relación con esta categoría en otras respuestas-, dijo que "no sabe, no responde". Entre quienes no responden pesa especialmente la opinión de los desempleados (61%), en contraste con la de quienes tienen empleo (39%).

El 45.6% de los entrevistados que no tienen simpatía partidaria piensa que el trabajo de la Contraloría es imparcial, frente a un 35.3% que piensa que no lo es. En este grupo, un 17.4% de entrevistados se reservó su opinión. En el caso de los entrevistados con alguna simpatía partidaria, un 52.2% afirma que el trabajo que se hace desde esta institución es imparcial, frente a un 37.1% que no lo considera así. Un 9.7% prefirió no opinar.

El tema de la imparcialidad del trabajo de la Contraloría divide algo las opiniones de los entrevistados con simpatía partidaria. En el caso de los simpatizantes del FSLN, un 59.5% afirma que el trabajo es imparcial, pero una minoría significativa (33.3%) afirma que no lo es. Un 6% prefirió no responder a la pregunta. En el caso de los simpatizantes del partido de gobierno, es notorio –a pesar de la tenaz campaña que en sentido contrario dirige desde hace meses la Presidencia de la República- que un 38.8% considere imparcial el trabajo de la Contraloría. Un 44.7% de los liberales piensa que no es parejo, y un alto porcentaje (15.5%) no quiso responder a la pregunta.

¿La actividad de la Contraloría es política?





de los managuas ante esta reiterada consigna oficial se formuló así: "¿Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: La actividad de la Contraloría es pura campaña política del Contralor?"

Un 44.7% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con esa afirmación, tantas veces escuchada, frente a un ajustado 41.5% que no está de acuerdo. Un significativo 12.2% de entrevistados prefirió reservarse la respuesta. Los resultados indican que la campaña que disemina esta percepción ha tenido efectos. ¿Sobre qué grupo especialmente? Entre los simpatizantes del FSLN, el 40% expresa acuerdo con esta afirmación, mientras el 53.3% no está de acuerdo. Entre los simpatizantes liberales, el 50% está de acuerdo con la afirmación, y un sector muy significativo (33.7%) no la respalda.

Tomando como referencia los grupos de edades, es entre quienes tienen entre 16-25 años y 56-60 años donde mayores proporciones de entrevistados consideran que el trabajo de la Contraloría responde a una campaña política de su titular. Entre quienes tienen entre 26-50 años se encuentran los mayores porcentajes de opiniones en des- acuerdo con la afirmación de la propaganda oficial.

En relación a los niveles de educación, entre quienes tienen nivel básico y nivel medio incompleto hay mayores porcentajes de opiniones que identifican el trabajo de la Contraloría como una proyección política del Contralor. El grupo de primaria incompleta, por ejemplo, se manifiesta de acuerdo con esta afirmación en un 42.8%, mientras el 33.3% de este grupo está en desacuerdo. En los niveles técnico y universitario estos porcentajes se invierten: se manifiesta de acuerdo con esta apreciación el 35% y 36%, mientras que el 56% y el 61% dice no estar de acuerdo.


¿El Contralor debe ser inhibido?





Con los vientos del pacto entre el PLC y el FSLN -los dos partidos con mayor caudal de votos en las últimas elecciones-, y con los fuertes rumores de una reforma constitucional acordada entre ambas fuerzas políticas, surgió el tema la inhibición para la candidatura presidencial de determinadas personas. Concretamente, se mencionó la posibilidad de inhibir al Contralor Agustín Jarquín para evitar que aspire a la Presidencia en las elecciones presidenciales del año 2001. ¿Qué opina la gente de esta inhibición? La pregunta se formuló así: "¿Está usted de acuerdo con que al Contralor se le prohiba ser candidato a la Presidencia?"

La respuesta es contundente. Un 65.1% no está de acuerdo con que el Contralor sea inhibido. Un 24.5% sí estaría de acuerdo con esta inhibición. El 8.4% prefirió reservarse su respuesta. Un 19% de los simpatizantes sandinistas está de acuerdo con la inhibición al Contralor y el 74.4% no está de acuerdo. En el caso de los simpatizantes liberales, un 37.1% respalda la inhibición, mientras una mayoría del 57.1% se manifiesta en contra de ella.


¿El Contralor debe ser destituido?





Otra pieza en el engranaje del pacto Gobierno-FSLN es la destitución de Agustín Jarquín como Contralor General de República. La destitución tendría que pasar, de previo, por la desaforación -pérdida de la inmunidad- de Jarquín, para la que son necesarios los votos de 48 de los 93 diputados a la Asamblea Nacional. Aún juntándolos, esto no bastaría para destituir al actual Contralor. ¿Qué piensan los ciudadanos sobre este objetivo, de curso político tan complejo y aún incierto legalmente?

El 61.2% de los entrevistados no está de acuerdo con que Agustín Jarquín sea destituido de su cargo. Un 24.3% sí lo está. El 11.7% no respondió a la pregunta. Tomando como referencia el nivel de educación formal, entrevistados de todos los niveles de instrucción se manifiestan de manera mayoritaria en contra de la destitución del Contralor, variando algo las proporciones en relación a cada nivel. Entre los entrevistados con educación primaria incompleta y completa, hay un 49.4% y un 57.5% de opiniones en desacuerdo con la destitución. Al pasar a niveles de educación técnica y superior incompleta, se obtienen resultados de 66.7% y 73.8% en desacuerdo con la iniciativa de destituir al Contralor. Entre la gente con menores niveles de educación formal el "no sabe, no responde" es mucho mayor, alcanzando hasta el 20% entre la población analfabeta.

Entre los simpatizantes del FSLN, sólo un 17.8% está de acuerdo con la destitución. Un 76.9% está en desacuerdo. Un 5.3% no respondió a la pregunta. En el caso de los simpatizantes del partido de gobierno, las opiniones están muy divididas: el 47.6% está en desacuerdo y el 41.9% está de acuerdo. Un dato que resulta especialmente relevante cuando es el propio Presidente Alemán, líder indiscutible del liberalismo, quien está personalmente empeñado en la destitución de Jarquín.

¿Una contraloría con varios contralores?





Otra de las vías que tiene el Ejecutivo para neutralizar el trabajo de la Contraloría -vía que también se discute en el pacto Gobierno-FSLN- es modificar la Ley Orgánica de esta institución estatal, con un objetivo: poner al frente de la Contraloría una dirección colegiada. A pesar de las sutilezas legales y políticas que implicaría modificar el trabajo de la Contraloría por esta vía -no siempre expuestas ni aclaradas a la opinión pública-, formulamos esta pregunta en la encuesta de una manera directa: "¿Está usted de acuerdo con la idea de crear una Contraloría conformada por varios contralores?"

El 46.3% manifestó su acuerdo con que exista una Contraloría con varios contralores y un 43.1% expresó desacuerdo. Un 8.6% de los entrevistados prefirió no responder a la pregunta y el 1.8% se mostró indiferente.

Conviene añadir, con el fin de interpretar mejor estos resultados, una información fuera del cuestionario. Este tipo de información extra nace de las percepciones que recogen los encuestadores, y que son producto del intercambio que se produce en cada entrevista, en donde, en una buena parte de los casos, el entrevistado se toma su tiempo para razonar su respuesta. Ante esta pregunta, la mayoría de los entrevistados que dijeron estar de acuerdo con una Contraloría con varios contralores dieron razones que pueden agruparse en dos "columnas". En una, por la razón de que una Contraloría con varios contralores podría mediar el conflicto entre las partes y entonces ya no habría justificación para acusar de parcialidad a nadie. En otra, por la razón de que resulta sano que todos estemos controlados, incluso la institución que controla, para que el control se ejerza en varias direcciones.


Probidad: ¿en qué tiempo informar?





La investigación iniciada en febrero por la Contraloría General de la República sobre la adquisición de propiedades hecha por el Presidente y sobre vacíos en su declaración patrimonial, generó una polémica pública y una controversia legal entre ambas instituciones del Estado. ¿Cuándo deben de informar sobre su patrimonio personal quienes tienen responsabilidades públicas? Según el Presidente, él sólo debe informar antes y después de asumir el cargo. La Contraloría sostiene que, según la Ley, debe hacerlo cuando el patrimonio aumente o disminuya y cuando la Contraloría lo solicite. ¿Qué piensa la ciudadanía? La pregunta se formuló así: "En su opinión, ¿cuándo el Presidente y los demás funcionarios deben declarar los bienes materiales que poseen?"

La mayoría de los entrevistados (63.5%) opina que la información sobre el patrimonio de los funcionarios no debe darse sólo al inicio y al fin de su gestión. Una mino- ría relativa (27.8%) está de acuerdo con que sea sólo en esos dos momentos. El 5.1% de los entrevistados no respondió a la pregunta y el 3.5% se manifestó indiferente.

En general, tanto entre la gente sin partido como entre quienes se declaran afines a algún partido resulta mayoritaria la opinión de que el Presidente y los funcionarios declaren el incremento de bienes y propiedades si así lo requiere la Contraloría. Sin embargo, hay pequeñas diferencias. Entre la gente sin partido un 29.9% se identifica con la afirmación "sólo antes y después de desempeñar su cargo", mientras un 61.3% piensa que lo correcto es declarar "cada vez que la Contraloría lo solicite". Entre la gente con simpatía partidaria, opina a favor de la primera afirmación el 24.7%, mientras que un 69.4% dice que si la Contraloría lo solicita, el funcionario debe dar información.

Entre los simpatizantes del FSLN, un 78.8% opina que la información debe darse siempre que se solicite y un 16.5% opina que sólo al asumir y al abandonar el cargo. Entre los simpatizantes liberales, un muy significativo 55.2% está a favor de informar si así lo solicita la Contraloría, mientras que el 37.1% cree que sólo hay que informar antes y después de asumir el cargo.


¿Votaría por el Contralor?





Desde hace más de un año se menciona a Agustín Jarquín como "presidenciable". Reiteradamente, el Contralor ha negado que ésa sea su meta, insistiendo en que aspira y espera continuar al frente de la Contraloría hasta abril del año 2002, cuando concluye su mandato. A pesar de esto, hicimos una pregunta sobre la intención de voto por el Contralor, porque esta pregunta mide también la credibilidad que tiene. La pregunta fue: "Si fueran hoy las elecciones a Presidente, ¿votaría usted por el Contralor?"

Un 30.2% de los entrevistados respondió afirmativamente. El 50.6% dijo que no votaría por el Contralor. Un 14.7% no supo responder a esta pregunta y el 4.3% se manifestó indiferente. La intención de voto por el Contralor es hoy notablemente mayor que en la encuesta de IDESO publicada en envío de diciembre 98, cuando sólo un 7.9% expresó que votaría por Jarquín para Presidente. ¿A quién está perjudicando el conflicto Presidente-Contralor? La respuesta es obvia.

Entre quienes dicen que votarían por Agustín Jarquín hay gente con partido y también la hay sin afinidad política específica. El 61.7% de quienes afirman que votarían por Jarquín es gente sin partido y el 37.6% es gente con simpatías hacia alguna organización política.

Entre quienes tienen simpatía partidaria, un 36.5% afirma que votaría por Jarquín y un 53.6% dice que no votaría por él. Entre la gente sin partido, un 28.2% votaría por el Contralor, mientras un 48.9% no lo haría. En este grupo, el porcentaje que "no sabe, no responde" asciende al 17.6%.

Entre los simpatizantes del FSLN, un 44.7% afirma que votaría por el Contralor. Entre los liberales, nada menos que el 21.9% dice que votaría por él. Un 45.9% del total de sandinistas entrevistados y el 69.5% del total de liberales manifestaron que no votarían por Agustín Jarquín para Presidente de la República.


¿De qué se trata en el conflicto Presidente-Contralor?





Se pidió a los entrevistados que calificaran el conflicto entre el Presidente y el Contralor: "A su juicio, el conflicto entre Alemán y Jarquín se trata...", presentándoles tres alternativas. La respuesta mayoritaria (31.3%) considera que se trata de "un conflicto que traerá buenos resultados en la lucha contra la corrupción". Con una proporción muy cercana, el 30.9% afirma que se trata "de un pleito personal entre Alemán y Jarquín". El 20.8% califica el asunto como "un conflicto institucional entre la Presidencia y la Contraloría". El 17% se reservó la respuesta.

El 18.3% de los que no tienen ninguna afinidad partidaria se agrupa en el "no sabe, no responde". Esta categoría se reduce un poco entre los entrevistados con alguna simpatía política: 13.5%.

Entre los simpatizantes sandinistas, un 27.6% piensa que se trata de un pleito personal, un 24.1% afirma que es un conflicto institucional y el 38.8% cree que es un conflicto que traerá beneficios en la lucha contra la corrupción. En el caso de los simpatizantes liberales, un similar 27.6% caracteriza el conflicto como un pleito personal, el 20% afirma que es un conflicto institucional y el 32.4% cree que el conflicto traerá beneficios en la lucha contra la corrupción.


¿El Presidente dijo la verdad?





Después de que el asesor y padrino del Presidente Alemán, Jaime Morales Carazo, presentara públicamente documentos para incriminar al Contralor y a la Contraloría, creció la polémica sobre las razones de unos y de otros. Muchos medios de comunicación afirmaron que con la filtración de los documentos, la Presidencia buscaba desviar la atención de la opinión pública de la investigación en marcha sobre los bienes patrimoniales de Alemán. La ciudadanía, ¿ha olvidado esta investigación?

"¿Está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones...?" fue la pregunta que formulamos ante dos posibilidades. Un muy significativo 88.3% del total de entrevistados respaldó esta afirmación: "La Contraloría debe seguir investigando las propiedades del Presidente y la forma en que las adquirió". Sólo un 7.6% respondió negativamente a esta afirmación, y un 4% se reservó su opinión.

Entre los entrevistados con simpatía hacia el FSLN, el 97% opina que las investigaciones deben seguir. Entre los liberales, una notable mayoría (69%) está a favor de que las investigaciones continúen. En el caso de la gente sin partido, un 89.3% desea que las investigaciones sigan su curso.

La otra afirmación presentada a los entrevistados era: "El Presidente dijo la verdad cuando la Contraloría cuestionó sus propiedades y las de su familia". Sólo un 18.5% de los entrevistados respaldó esta afirmación. El 57.8% no cree que el Presidente haya dicho la verdad. Un 23.7% no respondió a la pregunta.

La gente sin partido aparece más orientada al "no responde": el 27.7% de quienes integran este grupo no respondió a la pregunta. Entre los entrevistados con simpatías partidarias, un 14.5% no respondió. Entre los entrevistados afines al FSLN, sólo un 8.8% cree lo que el Presidente ha dicho sobre sus propiedades y el 80% no lo cree. Entre los simpatizantes liberales, un 45% dijo creer al mandatario, pero un muy significativo 34.3% no lo cree, lo que demuestra la pérdida de credibilidad de Arnoldo Alemán entre sus propios simpatizantes.


¿La corrupción y la inversión?





Es abrumadora (86.5%) la respuesta de la gente que considera que una situación de corrupción aleja a los inversionistas extranjeros, afirmación que, por otra parte, han reiterado tanto la Presidencia como la Contraloría, y tanto quienes han tomado partido por una o por otra institución. Los resultados demuestran que ha sido plenamente asimilada.


¿Quitar la inmunidad a Jarquín?





Es alto el porcentaje (47.7%) de quienes no quieren que el Contralor sea despojado de su inmunidad para llevarlo a los tribunales. El 38.6% estaría de acuerdo con la desaforación del Contralor. Un 13.6% no responde a esta pregunta. En general, tanto los entrevistados con alguna simpatía partidaria como los sin partido se inclinan a rechazar la desaforación del Contralor. Entre los que no tienen partido hay mayor inclinación al "no sabe, no responde", llegando en este grupo esa categoría al 15.1%. Entre quienes tienen simpatía partidaria, son menos: 9.2% Entre quienes tienen partido, un 53.5% rechaza la desaforación, un porcentaje superior al promedio. Entre los sin partido, un 45.2% rechaza el que se despoje a Jarquín del privilegio de la inmunidad.

Entre quienes simpatizan con el FSLN, un 62.1% rechaza la desaforación de Jarquín y el 30.2% está de acuerdo con ella. Un 7.7% no respondió a la pregunta. Entre los simpatizantes con el liberalismo, este asunto divide: un 46.7% está a favor de la desaforación, un 40% en contra y el 13.3% no respondió a la pregunta.


¿Qué hacer con la corrupción?





¿Cómo se sitúan los ciudadanos ante el mal que representa la corrupción? ¿Es un mal erradicable, es inútil atacarlo, a quién corresponde esta tarea? Un 84.4% de los entrevistados respondió que la corrupción "debe ser atacada por todos los nicaragüenses". Un 7.3% afirma que la corrupción "debe ser combatida por la Contraloría". Sólo un 1.3% piensa que la corrupción es "un problema que no vale la pena atacar". Un 5.7% prefirió reservarse la opinión.


¿Uso discrecional del presupuesto?





Desde el inicio de su gestión, el Presidente ha incluido en el Presupuesto nacional grandes montos para "imprevistos" y transferencias con destinos no identificados específicamente, con el fin de manejar esas cantidades de forma discrecional. En el Presupuesto 99 estas cantidades, según los informes de la Contraloría, ascienden a unos 1,500 millones de córdobas, nada menos que una quinta parte del total del Presupuesto. Se preguntó a los ciudadanos: "¿Está usted de acuerdo con que el Presidente de la República pueda hacer uso del presupuesto de la nación, según él estime conveniente y sin control de ningún tipo?"

Es otra de las respuestas de resultados contundentes: el 87.6% de los entrevistados dijo no estar de acuerdo con un manejo de este tipo, y sólo un 7.3% está de acuerdo. Un 3.9% no respondió a la pregunta, y el 1.2% se mostró indiferente. En general, tanto los entrevistados con simpatía partidaria como los que manifestaron no tenerla expresaron desacuerdo con un manejo discrecional del presupuesto. La gente con simpatía partidaria se inclina, aun- que ligeramente, a una posición menos crítica: un 11.9% está de acuerdo con el manejo discrecional del presupuesto, mientras que una mayoría del 85.5% está en desacuerdo. En el caso de la gente sin partido, un 5.1% está de acuerdo con este modo de manejar el presupuesto y el 89.3% no lo está.

Entre los simpatizantes del FSLN un altísimo 95.9% está en desacuerdo. En el caso de los simpatizantes con el partido de gobierno, un importante 65.7% se manifiesta en desacuerdo con el manejo discrecional del presupuesto, aunque un significativo 25.7% está de acuerdo en que el Presidente maneje el presupuesto de esa manera. De todos los entrevistados con simpatías partidarias que se manifiestan en desacuerdo con el manejo discrecional del presupuesto nacional, el 64.7% simpatiza con el FSLN, el 27.4% con el partido de gobierno, el 3.2% con el Partido Conservador, un 1.2% con el PSC, un 2% con el PRN y el 4% con Camino Cristiano.


¿Castigo para los corruptos?





Una inquietud que se percibe entre la población es lo que sucede después de descubrir un acto de corrupción, después de denunciarlo y más aún, después de investigarlo y comprobarlo. ¿Hay castigo... o todo sigue igual? ¿Crece sólo la conciencia o crece también la justicia? Preguntamos a los encuestados: "¿En su opinión, en el gobierno de Arnoldo Alemán se ha castigado verdaderamente a los funcionarios culpables de actos de corrupción?" Un 73.3% respondió con un NO, el 13.7% con un SI y el 13.0% prefirió no opinar.

Entre quienes piensan que el gobierno castiga a los corruptos, un 60.9% es gente sin partido y un 36.8% tiene simpatías específicas hacia alguna organización política. Entre los entrevistados con simpatía partidaria y con una opinión negativa sobre la voluntad de castigar la corrupción en el gobierno actual, 65.4% son sandinistas, 28% liberales, 2.3% conservadores, 1% del MRS, 1.4% del PSC, 2% del PRN, 4% de Camino Cristiano y 1% de la UNO.


¿Valen los documentos contra el Contralor?





Una serie de documentos –fotocopias, cheques, listas de pago- fueron presentados por la Presidencia el 16 de marzo para descalificar el trabajo de la Contraloría e iniciar la destitución del Contralor. El modus operandi de este entramado fue denunciado por los medios como una evidencia de que existe un aparato de seguridad al servicio de la Presidencia. Sobre esta nueva iniciativa contra el Contralor, se plantearon a los entrevistados dos alternativas con las que responder a una pregunta sobre la validez de "los nuevos documentos presentados por la Presidencia de la República para acusar al Contralor en los tribunales."

El 40.3% de los entrevistados afirmó que los documentos "no tienen validez porque fueron sustraídos ilegalmente de la Contraloría por funcionarios de la Presidencia", mientras que el 35.5% les concedió validez, "aunque hayan sido sustraídos ilegalmente de la Contraloría". Un 19.7% prefirió no responder a la pregunta o manifestó no saber qué responder. El 4.5% se declaró indiferente. Entre los sin partido, hay una ligera inclinación hacia el "no sabe, no responde" son un 22%, porcentaje mayor que el promedio. Entre los entrevistados con alguna afinidad partidaria el porcentaje es del 14.1%, por debajo del promedio. Las opiniones agrupadas en la categoría "las pruebas no tienen validez" son el 38% entre la gente sin partido y el 46.4% entre quienes tienen alguna simpatía partidaria.

¿Cree en las acusaciones viejas y nuevas contra el Contralor?





Es una pregunta conectada con la anterior, para calificar "las acusaciones del Presidente contra el Contralor". El 54.2% opinó que "son puras excusas del Presidente para distraer la atención". Una minoría relativa del 18.8% cree que el Contralor es culpable. Un muy significativo 27.0% no respondió a la pregunta, tal vez con- fundido por la complejidad de las últimas acusaciones contenidas en la última trama presidencial contra el Contralor. La gente sin partido es la que más se inclina a reservarse su opinión en este tema. El 29.7% de los entrevistados de este grupo -un porcentaje por encima del promedio- no dio su opinión. Entre los entrevistados con alguna simpatía partidaria, un 19.7%, porcentaje inferior al promedio, se reservó su opinión.

De todos los entrevistados que manifestaron tener alguna afinidad partidaria, los simpatizantes del FSLN se identificaron en un 77.1% con la idea de que las acusaciones son una maniobra destinada a distraer la atención. Un 12.4% opina que el Contralor es culpable y el 10.6% no opinó. Entre los liberales, un 37.1% piensa que el Contralor es culpable, un significativo 29.5% considera que se trata de excusas del Presidente y un aún más significativo porcentaje (31.4%) no respondió.


¿Es usted creyente de alguna religión?





Hay un alto nivel de religiosidad entre los entrevistados. El 56% son católicos. El 30% protestantes. Un 12.6% no se identifica con ninguna religión. Un 1.4% no respondió a la pregunta "¿Es usted creyente de alguna religión?" Los entrevistados de religión protestante tienden a expresar opiniones más negativas hacia el gobierno actual. Por ejemplo, a la pregunta que les pedía identificar la época de mayor corrupción, un 54.2% de los creyentes en las diferentes denominaciones evangélicas señala que el más corrupto es el gobierno de Arnoldo Alemán. Entre los católicos, es menor la proporción de quienes califican así al actual gobierno liberal (41.9%).


¿Tiene simpatía por algún partido político?





La simpatía partidaria es una característica importante para entender y evaluar mejor todas las respuestas de esta encuesta. Un 31.1% de los entrevistados expresó tener una simpatía definida hacia algún partido político. Es notable que la simpatía partidaria se redujo en relación a esta misma pregunta en la encuesta de IDESO de noviembre 98, cuando un 39.6% de los entrevistados dijo identificarse con algún partido, mientras un 60.3% no tenía preferencias políticas. Ahora, los sin partido ascienden al 66.2%, otro índice que lleva a pensar que la coyuntura de los últimos dos meses ha incrementado el desencanto entre la población en edad de votar.

¿Con qué partido tiene simpatía?





Un 56.9% de los entrevistados con preferencia partidaria dijo ser simpatizante del FSLN y el 35.0% del Partido Liberal. El 3% simpatiza con el Partido Conservador, el 2% con Camino Cristiano y el 1% con el PSC. Bajo la columna "absoluto" se incluyen los porcentajes sobre el total de los entrevistados. La columna "relativo" representa el porcentaje sobre los que expresaron simpatías partidarias.

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Lucha contra la corrupción: nuevas lecciones Nicaragua es una escuela, y estamos en tiempo de nuevas lecciones. O de asignaturas pendientes. La ciudadanía está identificando al gobierno actual como la época de mayor corrupción. ¿Estaban claras, en períodos anteriores, las nefastas consecuencias de la corrupción?

La controversia Presidencia-Contraloría ha desgastado principalmente al Presidente de la República, al que una mayoría no cree ni avala en sus decisiones relativas a la corrupción. ¿Qué consecuencias debe sacar la Presidencia: insistir en la misma política o rectificarla?

Las iniciativas tomadas por el Presidente para atacar a la Contraloría no son respaldadas por la mayoría de la población y es bastante alto el porcentaje de liberales que tampoco las aprueba. ¿El gobierno escucha a la opinión pública o lo único que tiene en cuenta son los resultados de las urnas?

La apatía política va en aumento, la actitud de los políticos no parece atraer sino alejar y desencantar. La actuación de los políticos en este dramático post-Mitch y la prolongada controversia de la Presidencia con la Contraloría parecen haber sumado apáticos a los muchos que ya existían. Si la política continúa enfocándose únicamente a la lucha por cargos y a resultados electorales, ¿podrá desbloquearse esta apatía?

Están en crisis los liderazgos políticos tradicionales y a la par, crece la conciencia de los males que carga en sus albardas la corrupción. ¿No indica esto que serán los candidatos con una reserva estratégica de capital ético quienes lograrán capitalizar las más importantes cuotas de respaldo en los próximos comicios?

Y, finalmente, ¿qué tipo de respaldo estarán dispuestos a otorgar en la reunión de Estocolmo los países donantes y los organismos multilaterales (FMI, BM, BID, etc.) al trabajo de la Contraloría y a las iniciativas de la sociedad civil nicaragüense en favor de un manejo honesto y transparente de la cosa pública?

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