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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 205 | Abril 1999
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Nicaragua

Larga marcha contra la corrupción

En vísperas de la reunión de Estocolmo, la comunidad internacional asiste desconcertada a la crisis institucional provocada por el Presidente de la República. Mientras, la marcha contra la corrupción del 25 de marzo es una prometedora reacción de la sociedad. De espectadora, comienza a ser protagonista.

Equipo Nitlápan-Envío

En vísperas de la reunión de Estocolmo, donde la comunidad internacional concretará su apoyo a los proyectos de reconstrucción post-Mitch, la estrategia de los gobiernos de Centroamérica resulta decepcionante. Se han opuesto a dos de los aspectos que Europa consideraba centrales en la reunión: el enfoque regional de los proyectos y el protagonismo de la sociedad civil en el encuentro.

Mientras, en Nicaragua, la comunidad internacional asiste desconcertada a la crisis institucional provocada por el Presidente de la República. Teme por la viabilidad del marco institucional que garantice el buen uso de la cooperación externa, en un país al que ven fragmentado e incapaz de los consensos mínimos que hagan más eficaz la ayuda destinada a la reconstrucción.

Nicaragua sigue azotada por los vientos huracanados de la corrupción gubernamental y de la lucha por controlarla. Dos hechos -acción y reacción- pueden empezar a modificar la correlación de fuerzas: la última y lamentable trama presidencial contra la Contraloría General de la República y la primera y alentadora reacción de la sociedad ante esta trama.


Ni integración regional ni sociedad civil

Los daños causados a la región centroamericana por el huracán Mitch fueron valorados desde el primer momento por muy diferentes actores y observadores como una inesperada oportunidad para rectificar modelos vigentes en la región y en cada uno de los países. La devastación del Mitch -así se consideró- abría, entre otras muchas, la oportunidad de impulsar la necesaria integración regional. También abría la oportunidad de lograr un consenso, dentro de cada país, entre los gobiernos y sus sociedades civiles. En vísperas de Estocolmo no parece que las cosas vayan a ir por ninguno de estos dos rumbos.

Integración: al más bajo nivel

A pesar del énfasis regional que los gobiernos europeos -y el gobierno sueco como anfitrión- quisieron imprimir a la cita y a los proyectos a presentarse en ella, cada gobierno llegará al encuentro buscando halar la mayor cantidad de agua para su propio molino. Más allá de los discursos retóricos sobre la fraternidad centroamericana y los ideales integracionistas, la realidad es que la competencia se ha impuesto sobre la cooperación y que la mayoría de los principales proyectos económicos y sociales serán presentados por cada país de forma individual, reduciéndose así la participación de la aún débil Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) a algún que otro proyecto -prevención de desastres, principalmente-. La diferenciada devastación que el Mitch provocó en cada uno de los países de la región -es obvio que no todos fueron igualmente dañados- sirve de justificante para este "nacionalismo" competitivo.

No es hora de este tipo de nacionalismos. En el punto al que ha llegado el globalizado mundo actual, los pequeños países centroamericanos no tienen ni salida ni viabilidad en competencia los unos con los otros. Por otro lado, tal vez no exista una región en todo el planeta más naturalmente integrable que Centroamérica. Sin embargo, el cortoplacismo de los gobernantes de la región y la inmadurez institucional de las tan alabadas democracias de mercado y de post-guerra de los años 90 no logran dar respuestas a lo obvio.

Tras los acuerdos comerciales de 1994 apenas se ha avanzado en la integración, al no existir voluntad de empezar a construir una verdadera institucionalidad regional. Ahora, tras el Mitch, el estancamiento se ha convertido en retroceso. Preocupados observadores de los preparativos de la reunión de Estocolmo comentaron a envío que en el post-Mitch el "nacionalismo" se ha exacerbado tanto que "la integración centroamericana está hoy a los bajísimos, por no decir inexistentes, niveles que tenía en la década de los 80, cuando en la región cada uno tiraba por su lado y las convergencias eran casi imposibles".

Sociedad civil: cada uno por su lado

Miopía y subdesarrollo expresa también el rechazo de los gobiernos centroamericanos a adoptar en la dinámica de la reunión de Estocolmo el llamado "esquema de Copenhague". Según este esquema, nacido de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Naciones Unidas en Dinamarca 94, los gobiernos no deben entrar en competencia con las organizaciones de la sociedad civil, sino cooperar con ellas debatiendo las respectivas agendas hasta lograr consensos que permitan emprender proyectos conjuntos que garanticen un desarrollo más armónico, participativo, sostenible y equitativo.

Este esquema de trabajo no ha sido asumido por los gobiernos de Centroamérica, que se presentarán en Estocolmo con sus propios proyectos para debatirlos bilateralmente con la comunidad internacional, monopolizando así la representación de sus pueblos. Naturalmente, cumplirán con algunas formalidades, y tal vez lleguen a la cita acompañados de algún que otro organismo de sus respectivas sociedades civiles. También ONGs centroamericanas llegarán a Estocolmo y se sentarán con la comunidad internacional y recibirán recursos, pero lo harán de forma bilateral. De esta forma, privilegiando la competencia por sobre la cooperación estarán ausentes en Estocolmo el necesario consenso nacional y el urgente consenso centroamericano.

La comunidad internacional tiene -¿o quiere tener?- poca capacidad de presión sobre los gobiernos centroamericanos para que enfaticen lo regional y emprendan caminos de consenso con sus sociedades civiles. Por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -que se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para los países de Centroamérica y entre cuyos accionistas están los propios gobiernos del continente- no incluye en su agenda este tipo de presión sobre gobiernos. Por otro lado, no falta en la cita de Estocolmo un enraizado espíritu bilateral, también competitivo, que el país más poderoso de la tierra, Estados Unidos, introduce entre la comunidad cooperante.

No puede olvidarse que Estados Unidos mantiene en sus proyectos de cooperación un estilo y unos énfasis propios, muy diferentes de los habituales entre los gobiernos europeos. La ayuda que otorga Estados Unidos se decide siempre unilateralmente, y los mil millones de dólares para toda la región que prometió el Presidente Clinton en su gira centroamericana de marzo, busca promover, entre otros muchos objetivos, vínculos y percepciones bilaterales.

Coordinadora Civil: propuesta

En Nicaragua, la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción -que agrupa a más de 300 ONGs nacionales- planteó al gobierno ir como parte de la delegación oficial, e identificar previamente -gobierno y ONGs- los consensos, disensos y vacíos entre el documento oficial y el documento elaborado por las ONGs, con el objetivo de unificarlos en una sola propuesta conjunta. Aunque el gobierno no ha dado -ni seguramente dará- una negativa tajante, la Coordinadora no irá en la delegación oficial ni habrá propuesta conjunta, por más que hasta antes de tomar el avión para Suecia, los voceros de la Coordinadora se empeñen en afirmar -con el fin de no provocar rupturas- que esto signifique que no están "abriendo ventanas con el gobierno".

La Coordinadora Civil de Nicaragua tiene mucho que proponer y que decir en Estocolmo. Y en Nicaragua. La tragedia del Mitch fue la matriz de la que nació esta instancia, tercer intento en los últimos cinco años que hacen las ONGs nicaragüenses para trabajar coordinadas con "una sola visión de país".

En diciembre 98, para la reunión del Grupo Consultivo en Washington, la Coordinadora, aunque recién nacida, logró elaborar un documento importante, "Convirtiendo la tragedia en oportunidad", en el que por primera vez las ONGs -tan diversas y dispersas- hacían el esfuerzo de presentarse con un discurso unificado que incluía propuestas de corto, mediano y largo plazo. A pesar de esto, en Washington, el mismo diseño de la reunión y la actitud del gobierno nicaragüense redujeron la presencia de la Coordinadora a un hecho testimonial, incluso marginal.

Entre las muchas dificultades que explican la resistencia a la concertación entre el gobierno de Nicaragua y las ONGs nicaragüenses una de las más obvias es la filiación y orígenes sandinistas de gran número de ellas. Por otra parte, el que muchas de estas ONGs no tengan una representación real de las bases populares con las que trabajan, le facilita al gobierno el evadir la concertación con ellas.

Una encuesta reveladora

El reto que se planteó la Coordinadora entre la reunión de Washington y la de Estocolmo fue ambicioso: pasar de un documento de intencionalidades a un documento de planificación, que incluya un modelo de reconstrucción para el país y un modelo de institucionalidad que lo haga posible. Con ese documento la Coordinadora llega a Estocolmo a una reunión que tendrá una dinámica más abierta que la de Washington

La Coordinadora lleva también a Estocolmo un valioso instrumento de diagnóstico y evaluación que no posee el gobierno: los resultados de una encuesta realizada a 10 mil 529 hogares de 152 comunidades de los más de 70 municipios afectados por el Mitch, y las perspectivas que ofrecen sobre la tragedia decenas de extensas entrevistas con dirigentes locales de esas comunidades. Con esta investigación, ha tratado de medir aspectos cualitativos del impacto del huracán: pérdidas sentidas, necesidades pendientes, afectaciones emocionales, grados de participación en la reconstrucción, percepciones sobre la ayuda... Todo ello, enfatizando la perspectiva que tienen mujeres, niñas, niños y jóvenes.

Humberto Abaunza, uno de los responsables de esta investigación, compartió con envío algunos de los resultados de esta encuesta, base para un original proyecto de auditoría social, que apenas comienza, y que entre sus valores tiene el de ser un potencial cemento que mantenga unida y viva a la Coordinadora.

Los resultados, aunque expresados en porcentajes cuantitativos, permiten entender mejor la tragedia post-Mitch. Algunos son elocuentes. El 52% de los encuestados a nivel nacional -todos habitantes de las zonas del desastre- sobrevive con actividades de "rebusca": subempleo, trabajos eventuales que apenas permiten comer. El 32% de los damnificados trabaja a cambio de comida. Ambos indicadores muestran la fragilidad de la situación y la ausencia de soluciones de fondo.

El 17% de quienes sufrieron la devastación del Mitch quiere abandonar el lugar donde vive. Indicador de desconfianza en el futuro y señal de potenciales migraciones sin control. En Estelí, Madriz y Nueva Segovia -departamentos con una histórica extrema pobreza- la cifra asciende al 27%. Entre quienes sufrieron pérdidas por el huracán (familiares, viviendas, cosechas), el 30% declaró no haber recibido ninguna ayuda. Extrañamente, un 62% de quienes en zonas de desastre no perdieron nada, sí recibieron ayuda. Este porcentaje sube hasta el 94% en Boaco. ¿Ayuda entregada no por causa del huracán, sino por el asistencialismo de orientación pre-electoral con que ya se venía moviendo el gobierno antes del Mitch en algunas zonas rurales?

El 56% de los damnificados declaró que la ayuda no les llegó hasta ocho días después del paso del huracán. Indicador de la ineficiencia y descoordinación estatal, que agravaron la tragedia. El 20% de los encuestados dijo que alguien en su familia ha quedado "muy afectado emocionalmente". Indicador de problemas de largo plazo que las cifras nunca logran reflejar. Un 42% de los encuestados considera que la ayuda se entregó "pareja", sin distingos de color político o ideológico, pero otro 42% dijo que no fue pareja. Expresión de la polarización existente, aun en las percepciones.

1998: ayuda externa

Según datos oficiales de la Secretaría de Cooperación Externa de diciembre 98, en los dos meses siguientes al paso del huracán, Nicaragua había recibido, en concepto de ayuda externa, 20.4 millones de dólares. De ellos, 5.3 millones otorgados por organismos multilaterales y 15.1 millones como donaciones bilaterales de distintos países. De los 20.4 millones, 17.5 llegaron en especie y 2.9 en efectivo, 11.2 millones fueron canalizados a través de entidades de la sociedad civil y 9.2 millones a través del gobierno.

Nicaragua ha visto declinar aceleradamente, en los últimos años, el flujo de donaciones multilaterales y bilaterales. En 1997, el total de la ayuda fue 416.5 millones de dólares, unos 200 millones menos de los recibidos en 1996. En 1998, el total recibido fue 428.6 millones de dólares, casi 200 millones menos de lo que el gobierno había programado recibir, sin contar con el desastre del Mitch. Las cifras indican que, de no ser por las donaciones extraordinarias que llegaron en ayuda de emergencia a causa del huracán, Nicaragua habría recibido en 1998 10 millones de dólares menos que en 1997, año que fue el de menor ingreso de ayuda externa desde 1990, cuando inició su gestión Violeta de Chamorro.

Sólo diez millones de dólares en ayuda en los dos primeros meses post-Mitch. Ante una cantidad tan exigua, es válido pensar que en estos dos meses no hubo prácticamente desembolso de nuevas ayudas, sino agilización de proyectos ya acordados, que estaban paralizados por conflictos entre la cooperación internacional y el gobierno. Ante el desastre, la comunidad internacional puso a un lado los conflictos y desembolsó fondos ya comprometidos. Al hacer las cuentas del año, éstos no se contabilizan como nueva ayuda. Esto, en lo referente a ayuda de emergencia. La ayuda para la reconstrucción es la que se va a concretar en Estocolmo.

Estocolmo: expectativas

El gobierno de Nicaragua llega a Estocolmo a pedir ayuda en nombre de miles de damnificados a los que ha abandonado a su suerte, como saben muy bien los que sobreviven en el olvidado Cayanlipe, de quienes hablamos en este mismo número de envío. O como conocen los mundialmente admirados damnificados del horror de Posoltega, quienes después de seis meses del huracán, siguen viviendo prácticamente igual que el primer día de la tragedia, sin presente y sin futuro.

El Presidente que viaja a Estocolmo a pedir ayuda llega de un "infierno" que ni conoce, ni comparte, ni combate. Viene, más bien, de jornadas de derroche y ostentación, como lo fue la fiesta de la boda civil de una de sus hijas en Quito el 27 de marzo. Es un "limosnero en limusina", como lo calificó acertadamente esos días un intelectual local.

No se trata sólo de debilidades éticas. También las hay técnicas. El gobierno no lleva a Estocolmo proyectos nuevos, en relación con los muy generales y poco articulados que ya presentó en la reunión de Washington. Esto permite calcular que Nicaragua recibirá en Suecia la reiteración de lo ya prometido y no nuevos recursos adicionales. De todas formas, las cantidades captadas serán suficientes como para que el gobierno regrese de la reunión a ritmo de marcha triunfal. Suficientes como para que cuando la ayuda empiece a fluir se note bastante en algunos sectores del país.

ONGs: auditoría financiera

Según los primeros balances globales, en los primeros tres meses post-Mitch, la ayuda -en dinero y en especie- que llegó al país fue captada en un 40% por el gobierno y en un 60% por las ONGs. La Coordinadora lleva también a Estocolmo otra iniciativa original: una auditoría financiera hecha a las ONGs que canalizaron ayuda a los damnificados entre noviembre 98 y enero 99, aquellas que aceptaron voluntariamente ser "controladas" en aras de la transparencia. La auditoría tiene como resultado tres productos. Un informe para cada ONG, que la ONG hace público si así lo decide. Un informe para las agencias de cooperación internacional con contrapartes nacionales que participan en la auditoría. Y un informe para la opinión pública nacional, con el total de recursos financieros y en especie que canalizaron las ONGs en los primeros tres meses post-Mitch, sus orígenes y sus destinos.

Según Abaunza, esta novedosa e inédita iniciativa de auditoría financiera entre las ONGs nicaragüenses -que naturalmente genera temores, dudas y resistencias entre algunas de ellas-, "es realmente un proceso más político que financiero, pues se trata de convencer a las ONGs que con este ejercicio de transparencia el país gana a largo plazo, aunque a corto plazo puedan perder algunas ONGs."

Una lucha inédita

Que los gobernantes y funcionarios acepten ser controlados cuando usan recursos públicos destinados al bien común supone en ellos no sólo honestidad, sino una visión de largo plazo. Controlar el uso de los bienes públicos para que no se abuse de ellos en beneficio privado supone en la sociedad un gran avance democrático. Permitir este control, y ejercerlo, son logros en un proceso político: tienen que ver con la forma de en- tender el poder, de participar en él y de compartirlo.

La conciencia sobre las consecuencias de la corrupción y la lucha por la transparencia se están volviendo centrales en el mundo. También en Nicaragua. La sociedad nicaragüense no estaba acostumbrada a este esfuerzo. No lo estaba siquiera a tener clara conciencia política sobre estos temas, que confinaba al campo de "lo moral". Hoy empieza a andar por estos caminos.

El somocismo fue un sistema estructuralmente corrupto, pero la sociedad lo enfrentó luchando por las libertades negadas. El sandinismo en el poder alzó las banderas de la justicia social y de la soberanía nacional, y aunque su modelo totalizante generó corrupción, un sector de la sociedad no lo enfrentó por eso, sino luchando por las libertades negadas. El chamorrismo concedió muchas de las libertades negadas pero, fomentando un mercado nada libre, toleró todo tipo de corrupciones. Sin embargo, la sociedad, agotada tras el trauma post-guerra, apenas enfrentó estos actos de corrupción, conformándose con que fueran denunciados.

El liberalismo alemanista empieza a ser enfrentado fundamentalmente por su creciente corrupción, y en forma acelerada la conciencia social comienza a vincular la corrupción en el gobierno con la postración económica en la que se encuentra el país y la mayoría de sus ciudadanos. Se trata de una situación inédita. Tan novedosa que de Arnoldo Alemán, cuando era el Alcalde de Managua, se decía tan sólo hace tres años: "Roba, pero hace cosas". Y se decía con aprecio, y por eso fueron miles los que votaron por él para Presidente. Hoy, ya empieza a decirse, con una ciertamente nueva intuición política: "Roba, y me está robando a mí". Un cambio notable. Inédito.

"La lucha es por la transparencia"

"Estoy dispuesto a ir a la cárcel por esta causa. Ya he estado en la cárcel. La lucha de hoy no es ya por la democracia ni por la libertad, como en los años pasados. La lucha hoy es por la transparencia en la gestión pública y contra la corrupción", afirmó el Contralor General de la República, Agustín Jarquín, el 17 de marzo, en una extensa conferencia de prensa, aún perplejo por el nuevo "golpe de efecto" con que horas antes el Presidente lo había agredido.

Tras la investigación iniciada por la Contraloría General de la República a mediados de febrero sobre el patrimonio de Arnoldo Alemán, que demostró un incremento del mismo en un 900%, la CGR solicitó al Presidente nuevas informaciones y aclaraciones sobre sus bienes patrimoniales, tanto personales como familiares, ya que él ha declarado que lo que es propiedad de sus hermanos es de él y viceversa. El Presidente se negó a cualquier aclaración con variados argumentos evasivos.

El 16 de marzo, en la noche, y en un clima de creciente expectativa de la opinión pública alentado por los medios, se iba a producir un encuentro entre el Presidente y el Contralor. Tres eran los temas a tratar entre la CGR y la Presidencia, según el Contralor: el presupuesto 99, el patrimonio presidencial y el proyecto centroamericano destinado a fiscalizar la ayuda que la comunidad internacional concrete en Estocolmo.

Los tres asuntos eran polémicos: la Presidencia insiste en mantener en el presupuesto partidas millonarias para usarlas a su entera discreción, el Presidente se niega a informar a la CGR sobre su patrimonio y el Presidente acababa de crear días antes una nueva instancia fiscalizadora de la ayuda internacional para presentarla en Estocolmo, en un nuevo intento de disponer de "otra" Contraloría.

Nueva trama presidencial

La reunión entre Jarquín y Alemán no se produjo. El Presidente esperaba a Jarquín con los funcionarios de su entorno más cercano, pero quería que el Contralor entrara a la reunión solo, sin su equipo. Jarquín no aceptó y abandonó el lugar. Todo indica que era uno sólo el tema que pondría sobre la mesa el Presidente: la trama que develó minutos después ante la opinión pública el asesor presidencial y padrino de Alemán, Jaime Morales Carazo. Este informó sobre un "descubrimiento" hecho por la Presidencia: contratos por múltiples y variados servicios que la CGR había firmado con personas y empresas durante todo el año 1998. Entre ellos, uno con una persona ficticia y, por lo tanto, la CGR había cometido una ilegalidad.

La historia no fue presentada así, escuetamente, sino cuidadosamente distorsionada en las palabras del padrino del Presidente: la CGR, que decía luchar contra la corrupción y que solicitaba aumento de presupuesto para esta lucha, había derrochado nada menos que 17 millones de córdobas pagando a "fantasmas" y a profesionales de dudosa reputación, por lo tanto el Contralor no podía acusar a nadie y como "se olió" lo que le habían descubierto tuvo miedo de entrar solo a la reunión con el Presidente...

En horas se supo quién era la persona ficticia contratada por la CGR, en el único de los actos realmente cuestionable en la "revelación" hecha por el padrino presidencial. Nada menos que Danilo Lacayo, el popular presentador de "Buenos días", el programa matutino de opinión con más televidentes y con más consistente influencia entre los sectores de clase media y alta del país. Durante un año, Lacayo había realizado trabajos de propaganda y de publicidad -también de investigación- muy bien pagados por la CGR. El Canal 2, cercano a Alemán, clausuró en 48 horas un programa que tenía cinco años de éxito sostenido.

La inesperada alianza CGR-Lacayo, la irregularidad que supuso la filtración de documentos de la CGR a la Presidencia, y el justamente indignado reclamo de los periodistas y no periodistas que aparecieron en la lista "revelada" por el padrino hicieron que la trama presidencial escapara enseguida del control de quienes la armaron.

Tres procesos judiciales se pusieron en marcha. La CGR acusando a Morales Carazo, a Lacayo y a Néstor Abaunza -quien firmó el contrato a nombre de la CGR-. La Pro- curaduría de Justicia -dependiente de la Presidencia- acusando al Contralor y a su equipo más cercano por asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos, fraude, etc. Y la Policía -que hizo su propia investigación- acusando a Danilo Lacayo y a Abaunza por uso indebido del nombre y usurpación de funciones. El final -más político que jurídico- de esta trama no era fácilmente previsible al cierre de este número de envío.

Un presupuesto nada transparente

El objetivo de la trama presidencial era el mismo de las más recientes tramas: desviar la atención del debate sobre el presupuesto para 1999. Más específicamente, esta vez se trataba de "colar un mosquito para tragarse un camello", como dice el evangelio. Airear la ilegalidd del contrato con Lacayo buscaba cortar de raíz la investigación iniciada por la CGR sobre el notable incremento del patrimonio de Alemán, echarla al olvido.

En el caso del presupuesto, retrasadísimo en su aprobación, aparecen -según ha denunciado reiteradamente la CGR- 1 mil 600 millones de córdobas (unos $150 millones) -nada menos que el 20% del total del presupuesto- como partidas no especificadas, para ser manejadas a entera discreción de la Presidencia y del Banco Central.

Hay que reconocer que, antes de elecciones, cualquier partido en el gobierno en cualquier lugar del mundo utiliza el presupuesto nacional para incluir en él partidas que tienen fines electorales -como pueden ser aumentos de salarios a trabajadores estatales o inversiones públicas vistosas-. Sin embargo, lo menos que podría esperarse es que todas las partidas que tengan este objetivo aparezcan detalladamente especificadas, que estos justificables propósitos políticos se hagan explícitos. Nadie criticaría, por ejemplo, que en el presupuesto del 99, y pensando en ganar sus votos en las elecciones del 2000, el gobierno liberal aumentara a los maestros sus míseros salarios. Cualquier excusa sería válida para este justo incremento. Lo criticable no es tanto los objetivos electorales que puedan tener las partidas presupuestarias no especificadas, cuanto la total discrecionalidad de la que aparecen recubiertas.

Una trama nacida del temor

El objetivo de la enredada trama presidencial -inflada en torno a un solo hecho: el contrato "con el fantasma"- era también crear una colosal confusión en torno al trabajo de la Contraloría y a la figura del Contralor, sembrando así en la opinión pública dudas y sospechas que abonen el terreno para la destitución de Jarquín, para su sustitución, o para reformar la Ley Orgánica de la CGR. Esta reforma permitiría no tener que destituir al Contralor -lo que ha ido teniendo cada día mayor costo político-, sino sólo diluir su liderazgo dentro de una institución con nuevos "contralores" liberales y sandinistas que ya no realizarían un trabajo de fiscalización profesional y apartidista. De esta forma, la "institucionalidad" quedaría a salvo, pero con otras personas en la institución ésta resultaría totalmente inoperante.

El Presidente quiere "resolver" este caso antes de la reunión de Estocolmo, donde los temas de transparencia y gobernabilidad pueden pesar sobre la cantidad y los tipos de ayuda que reciba Nicaragua y cuenta para la "solución" con la complicidad del sector pactista del FSLN.

La prisa por resolver un problema -que no tiene otra solución que la disposición de los funcionarios del actual gobierno a dejar de ser "intocables"- puede explicar lo poco cuidado y burdo de la "trama del fantasma", características que no pasaron desapercibidas a la comunidad internacional, aunque el gobierno insistió en negarlo, afirmando que "no pasa nada" y "la confianza de los gobiernos amigos se mantiene".

No es cierto. Los representantes de la comunidad internacional saben bien lo que pasa y defienden las funciones del ente fiscalizador. El comportamiento presidencial ha dañado seriamente al gobierno de Nicaragua ante los embajadores de los países europeos que estarán en Estocolmo e incluso ante el BID, siempre sólido aliado del gobierno liberal.

Y no sólo hay costos internacionales. Los resultados en la opinión pública nacional de la guerra presidencial contra la Contraloría han contribuido también a cargar mucho el ambiente en los ámbitos gubernamentales, donde crece el temor por los resultados de las elecciones municipales del 2000. Tantos temores que hasta en los ministerios manejados por tecnócratas no liberales -como el de Salud, el de Fomento y Comercio o el Agropecuario- los comisarios políticos del partido del gobierno piden abiertamente contribuciones económicas para la campaña electoral, tanto a los funcionarios liberales como a los no liberales, incluso a los de alto rango, bajo amenazas de que pueden perder sus puestos. El PLC está nervioso y exige definiciones: o conmigo o contra mí.

De espectadores a protagonistas

El gobierno de Arnoldo Alemán nunca previó que el trabajo que desplegaría la CGR en la fiscalización de los recursos del Estado sería tan consistente. Desde 1997, desde su llegada al poder, el Presidente no ha dejado un solo momento de tratar de obstaculizarlo, mediatizarlo, desprestigiarlo y neutralizarlo a través de otras instituciones del Estado que controla -o soborna- desde el Ejecutivo. Proyectos en la Asamblea Legislativa, decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales, omisiones de la Procuraduría General de Justicia, presiones e iniciativas de empresas estatales y entes autónomos... Se trata de una guerra librada con empeño por el Presidente en todos los frentes.

La Contraloría ha trabajado cercada y bajo acecho. La sociedad ha asistido a todas estas complejas escaramuzas y batallas políticas -siempre revestidas de muy difícilmente comprensibles ropajes jurídicos-, informada a diario por los medios de comunicación, indignada, incómoda, indiferente, según los sectores. Sin una cultura política que asuma el valor de leyes y de instituciones, poco fogueada en la defensa de los derechos por medios cívicos, en la sociedad han predominado la pasividad y la impotencia.

Por esto, y por muchas razones más, la marcha de 15 mil nicaragüenses en la tarde del 25 de marzo por las calles de Managua en repudio a la corrupción gubernamental y en apoyo al Contralor y al trabajo que ha desarrollado con el equipo de la Contraloría establece una variable muy significativa en la correlación de fuerzas en la que el país vi- ve desde hace tanto tiempo. Por fin, un grupo de espectadores saltó al escenario.

Esta marcha fue un acontecimiento político y también simbólico que, como todos es- tos rituales, tenía de pasado, de presente y de futuro. Evocó un pasado apagado desde hace muchos años -la tradición de la movilización en las calles-, apuntó al futuro -la defensa, apenas estrenada, de la institucionalidad democrática- y reflejó el presente -donde se está forjando un creciente consenso a la lucha contra la corrupción gubernamental y en torno también a las personas concretas decididas a enfrentarla con su propio ejemplo y desde las instituciones.

Marcha: nuevos datos

Fue la radio La Primerísima -su director, William Grigsby y los oyentes de su programa nocturno "Sin fronteras"- quienes convocaron la marcha. Bastó una semana para hacer realidad la idea, que surgió colectivamente a través de la emisora. Se demostró así el poder que conserva la radio, cuestionando así esa confianza casi ciega y mecánica que las élites políticas conceden hoy al mundo de apariencias que crean las imágenes de la televisión.

En estos últimos años -incluidos los años de revolución, tan plagados de manifestaciones callejeras- han sido escasísimas las movilizaciones que surgen y cuajan realmente en la base, no dependiendo para su realización y orientación de ninguna maquinaria partidaria. En este caso, funcionó la autoconvocación y en unos días "pasó la voz" y se reunieron miles. Es un claro índice del desgaste de las formas tradicionales de organización, de la crisis de los liderazgos tradicionales, y de la necesidad de hallar nuevas formas de expresión política colectiva.

La marcha congregó a un muy variado espectro de opositores al gobierno, de varios partidos y tendencias. La indignación contra la corrupción del gobierno, contra su ostentación e insensibilidad, fue lo que permitió reunir a un amplísimo espectro de vigores dispersos. Por esto, a juicio de muy diversos analistas, la marcha prefiguró la necesaria alianza nacional de oposición que debe enfrentar, por todas las formas cívicas, la corrupción del gobierno.

La marcha aglutinó a una variada gama de sandinistas, que representaban al sandinismo de base, al movimiento sandinista, no siempre identificable ya con el FSLN. Principalmente, marcharon esa tarde los descontentos con el pacto FSLN-Gobierno y los que anhelan una alternativa política y económica diferente a la que hoy se les ofrece. Nadie en el FSLN pudo impedir la movilización de miles de sandinistas de base, que mezclados con miles de no sandinistas repudiaron al gobierno y aplaudieron a Agustín Jarquín.

Un proceso largo, lento, doloroso

El gobierno ha entendido, equivocadamente, que "gobernabilidad" es cero organización social y cero protesta, y el Presidente Alemán ha tratado de cosechar esta "gobernabilidad" pactando con Ortega y un sector de la cúpula del FSLN. Pero la gobernabilidad es mucho más de lo que el gobierno quiere creer, y hacer creer. La corrupción puede ir creando una creciente ingobernabilidad, y la bandera de la lucha por la transparencia -que el 25 de marzo movilizó a tantos a las calles- puede gestar nuevas marchas cívicas y otras muchas iniciativas ciudadanas y no violentas. Es una bandera que se está estrenando, y que congrega y unifica. Es ésta una lección que la marcha le deja al gobierno y a sus asesores, empeñados desde hace más de dos años en jugar con un boomerang al querer destruir a la Contraloría General de la República.

Si la marcha del 25 de marzo es realmente un primer paso de la sociedad -más que organizada, organizándose- para defenderse de cúpulas políticas deshonestas e insensibles, algunas cosas podrían empezar a cambiar en Nicaragua. Siempre será en una larga, muy larga marcha. En un proceso que, como todos los procesos vitales, además de largo, será lento, difícil y doloroso.

La ciudadanía enseñoreada

Más allá del laberinto jurídico-legal con que la Presidencia ha querido encubrir ante la opinión pública su decisión de frenar a la Contraloría (proyectos de ley, comisiones, acusaciones, revelaciones) para garantizarse el seguir siendo intocable e impune, el problema de fondo es más político que estrictamente legal.

La marcha ciudadana del 25 de marzo representa el despertar de un factor político decisivo que puede ir alterando la actual correlación de fuerzas. Lo ocurrido en Paraguay sólo unos días después de la marcha de Managua, y lo que había sucedido en Ecuador unos meses antes, países donde escándalos por la corrupción oficial, crisis institucionales y movilizaciones sociales se combinaron para derrocar Presidentes electos en las urnas, planea en la atmósfera política latinoamericana.

"Vemos que hay un crecimiento del enseñoreo ciudadano": comentó así Agustín Jarquín los sucesos de Paraguay y los más cercanos, de Managua. Enseñorearse: versión castellana y sugerente del anglicismo empoderarse. Ambas expresiones expresan una novedad histórica, una coordenada en la que va inscribiéndose la realidad de nuestro tiempo, tanto en el poderoso Norte como en el debilitado Sur. Los vientos de esta nueva realidad empiezan a llegar hasta este pequeño rincón del continente, empujándonos a una larga marcha.

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