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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 202 | Enero 1999
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Guatemala

Desde los barrancos: clamor sobre aguas turbulentas

El diluvio del Mitch reveló lo que Guatemala esconde: la miseria de sus barrancos, la vida indigna de los miles y miles de mujeres y hombres, de niñas y niños que en ellos sobreviven. Para que haya reconstrucción, la capital, el país, el campo y las ciudades tienen que contar con los pobres, tienen que cambiar.

Juan Hernández Pico, SJ

En esa "integración en la catástrofe" que los pueblos de Centroamérica sufrieron a fines de 1998 con el atroz embate del huracán Mitch, a Guatemala no le tocó la peor parte. Al lado de los tremendos destrozos que sufrieron Honduras y Nicaragua, los daños sufridos en Guatemala quedan muy abajo en este tan triste palmarés, equiparán con los sufridos por El Salvador.

En Guatemala, los más tocados fueron los departamentos norteños y atlánticos de Izabal y Alta Verapaz, y algunos puntos de El Petén, los orientales de Zacapa, El Progreso, Jalapa y Chiquimula, los sureños de Escuintla y Santa Rosa, unos pocos lugares del altiplano occidental en Chimaltenango y El Quiché, y algunas zonas de barranco de las ciudades de Guatemala, Mixco y Villanueva. De alguna manera, lo principal de la cuenca del río Motagua -al igual que en el terremoto de 1976- fue con el Mitch, 22 años más tarde, el territorio más afectado por la catástrofe.

Las víctimas humanas fueron relativamente pocas. Hubo daños en la infraestructura, en carreteras, puentes y caminos rurales, pero los desastres mayores se produjeron en las cosechas: plantaciones de cebolla, tomate, café, granos básicos y hortalizas de exportación se perdieron.


Escondiendo "sus vergüenzas"

Veamos un caso de desastre urbano: el del barranco bajo el Puente de Belize -sobre el río de Las Vacas-, en una de las zonas norteñas de la capital, por donde pasa la carretera al Atlántico hasta Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Este "asentamiento" dista apenas cuatro kilómetros de la Plaza de la Constitución, con la Catedral y el Palacio Nacional.

A pesar de la precariedad de esta barriada marginal, todavía la gente distingue en ella barrios y hasta sectores: Jesús de la Buena Esperanza, con 367 "casas" y Colonia de la Paz, con 55 "casas": En su mayor parte, la población es de aluvión: migrantes del interior del país, muchos indígenas de El Quiché y gente que llega de sitios más lejanos de la periferia de la capital.

Este barranco es típico de una de las situaciones más vergonzosas de Guatemala. El extenso y llano valle sobre el que se asienta la capital está surcado por innumerables barrancos del mismo tipo, casi invisibles para el turista que la visita. En las laderas de estos barrancos, de pendientes pronunciadas e inestables, se asienta más o menos la mitad de la población de la Ciudad de Guatemala, los más pobres entre los pobres que mayoritariamente la pueblan. La capital esconde así sus vergüenzas de forma muy efectiva. Los rascacielos, los grandes hoteles y restaurantes refinados de "la zona viva", las colonias de lujo con sus grandes y arboladas avenidas, sus altos pasos a desnivel y el centro colonial tienen en estos abismos de los barrancos -distorsionados en siluetas de ranchitos y covachas- un macabro reflejo.


Emergencia: primeros momentos

Debajo del Puente de Belize, sobre uno de estos barrancos de frágiles viviendas y callejones angostos que descienden ladera abajo como sierpes reptadoras, se abalanzaron las lluvias torrenciales del Mitch y, juntándose con la crecida inmensa del río de Las Vacas, arrancaron de cuajo las covachas, los muebles, los utensilios vitales de muchas familias. Hubo sólo dos muertas: dos de las mejores catequistas de la capilla del barranco.

Durante el primer mes después del Mitch, la parroquia de San Antonio de la Zona 6 de la Capital -dirigida por los jesuitas- se ocupó de la emergencia. 250 damnificados fueron ubicados en una escuela primaria. Los jóvenes de la parroquia y los líderes naturales del asentamiento se organizaron para la búsqueda de colchonetas, alimentos y medicinas y para la salud preventiva. Otras 50 personas encontraron refugio en los locales adyacentes a la propia parroquia. Los jesuitas se encargaron de canalizar fondos de solidaridad y sólo se dio un caso de cólera, que logró controlarse. A pesar de que lo peor de la emergencia se superó, para esos centenares de personas -sobre todo, gente que habitaba los sectores 3 y 4 de Jesús de la Buena Esperanza- la vida bajo el Puente de Belize había terminado, mientras la mayoría de las familias del barranco se pegaban como lapas a sus precarias viviendas -que habían resistido- en espera del próximo desastre.

35 mil damnificados en la capital

Lo que sucedió bajo el Puente de Belize es una profecía de lo que cualquier día puede pasar en otros muchos de los "asentamientos" marginales que se desparraman por los innumerables barrancos de la capital. En números absolutos, el número de estas personas es pequeño, pero como muestra del problema urbano que padece la capital, su peso es incalculable.

Según el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), desastres similares a los del Puente de Belize ocurrieron en otras zonas marginales de la capital: en MONAP, en varios sectores de la Zona 12, en La Verbena, en La Ruedita -junto al centro colonial- y en San José Buena Vista, afectando aproximadamente a 700 familias, unas 35 mil personas. Si los cálculos de FONAPAZ fueran correctos, los damnificados en el área metropolitana sólo serían el 3% de esa mitad de la población que malvive en los barrancos, y que suman en total 1 millón 250 mil personas.

Hace 23 años, en la otra gran "profecía" que sufrió la capital, el terremoto de 1976, la mayor parte de los daños y de las víctimas capitalinas se produjo en los barrancos. Cuando el terremoto -como ahora, tras las inundaciones y las avalanchas de lodo producidas por el Mitch- uno podía, al cabo de unos días, caminar por la capital sin ver apenas ningún daño. Sólo los derrumbes de taludes o los hundimientos de tramos de la carretera panamericana, tanto en la salida hacia México como en la salida hacia El Salvador, daban idea de la magnitud del desastre provocado por el huracán. Antes de un mes, todo esto ya estaba compuesto y el tráfico a las zonas altas de la capital completamente recuperado.


Clamor por un cambio

Con su precariedad estructural, los barrancos continuaron ahí y se multiplicaron después del terremoto. Y continúan ahí después del Mitch y con su fragilidad, su inestabilidad, su falta de salubridad y su hacinamiento, son prueba de la falta de adecuadas soluciones urbanísticas. Hoy fue damnificado el 3% de la mitad de la población "asentada" en barrancos. Mañana, como en "el terremoto de los pobres" de 1976, podría serlo la gran mayoría de la población marginal. Este es el clamor que nace hoy de los barrancos, el que surge de los otros "asentamientos" marginales golpeados brutalmente por Mitch. Es el clamor por una planificación de la capital que priorice a estos barrios y por una alcaldía que reconvierta sus prioridades. El clamor también por una planificación del país y de sus zonas rurales, que detenga eficazmente la continua migración a la capital con políticas de industrialización agrícola y pecuaria, de diseminación tecnológica, de democratización del crédito, de comunicaciones, de educación y capacitación humana, de salud pública y de seguridad ciudadana, que sean distintas a las actuales.

¿Qué soluciones?

En momentos de desastre brilla con fuerza la falsedad del postulado de que el Estado no debe intervenir en el Mercado, uno de los axiomas indiscutibles del neoliberalismo. En un país en vías de desarrollo -por decirlo con la suavidad de las definiciones al uso- el Mercado o no tiene intereses en la población marginada o los tiene perversos. ¿Qué soluciones se están proponiendo a los damnificados del barranco bajo el Puente de Belize?

Según FONAPAZ, en el primer momento de la emergencia, con ayuda de la Vicepresidencia de la República -a la cabeza del gabinete de emergencia- y del FIS, se habilitaron 27 albergues para los damnificados, definidos exclusivamente como quienes quedaron sin techo. A comienzos de diciembre, quedaban 21 albergues, 17 atendidos por el gobierno y 4 "informales", atendidos por sectores de la sociedad civil, entre los que se incluye a la Iglesia católica.

En el momento en que hablamos con personeros de FONAPAZ, éstos estaban tomando el relevo de la Iglesia en el albergue de San Antonio. Había entre ellos gente de buena voluntad, aunque también burócratas que no se dignaron ni preguntar a la parroquia cómo habían logrado enfrentar la emergencia durante un mes y se dedicaron a fotografiar a los damnificados para hacerles un carnet, decisión que evocó temidos controles "policiales".


¿Y el papel del Estado?

Una de las responsables de FONAPAZ nos explicó su política. Atenderían únicamente a gente sin techo. Les buscarían terrenos hacia el norte de la periferia de la capital, por la carretera del Atlántico, más allá de San Pedro Ayampuc por Palencia. Para el traslado trabajarían con empresarios lotificadores. El gobierno pagaría tres cuartas partes del costo del lote, quedando una cuarta parte del costo a cargo de los desplazados. Cuando le preguntamos si no se había pensado en ubicarlos en terrenos del gobierno, nos respondió que la municipalidad de Guatemala no tiene terrenos propios y que sólo los municipios de Amatitlán y San Miguel Petapa, al sur de la capital, y el de Chinautla, al norte, poseen terrenos. Inevitablemente, piensa uno en los enormes terrenos baldíos a ambos lados de la gran Calzada de la Paz, que une al Puente de Belize con los barrios de Vista Hermosa (Zonas 15 y 16), al oriente de la ciudad, algunos de los más bellos y más ricos. Evidentemente, si ya no son de la municipalidad de Guatemala es porque están ahora en manos privadas, empresariales, que no los han de tener destinados para la población de las áreas marginales, porque la vivienda popular no es rentable en el Mercado y porque la vecindad de sectores populares haría disminuir los precios de la tierra -la plusvalía- en Vista Hermosa. Es evidente que en la distribución de tierras urbanas tiene el Estado un papel que desempeñar para corregir al Mercado. Otra cosa es que no tenga la voluntad, el coraje o la visión para asumir ese papel.

El camino de la reubicación

Los damnificados del albergue -y en concreto una de las lideresas de la comunidad, Helen Janette Martínez- nos iluminaron un poco más sobre el pasado y sobre las soluciones para el futuro. En el barranco bajo el Puente de Belize -nos dijo la señora- sólo se ha preocupado por sus problemas urbanísticos, en tiempos que podríamos llamar de "bonanza", la Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN). Sólo una muestra de estos problemas: el río de Las Vacas, que corre por el fondo del barranco lleva aguas negras, deshechos de hospitales, perros muertos... generando un constante problema de salud pública.

Nuestra informante identificó exactamente el lugar a donde FONAPAZ los iba a reubicar. Se trata de Azacualpía, a 23 kilómetros de la Plaza de la Constitución, 18 kilómetros más lejos de donde estaban. Sólo el transporte les va a costar 4 quetzales diarios, 2 de ida y 2 de vuelta, suponiendo que salgan a trabajar en la mañana y no regresen hasta la noche. Esta cantidad es bastante más del doble de lo que gastan ahora en un viaje similar al centro desde el Puente de Belize.

La impresión de los damnificados es que la municipalidad o FONAPAZ le hacía el juego a los empresarios lotificadores. Los terrenos relativamente decentes en Azacualpía estaban ya vendidos y los que les iban a entregar no estaban urbanizados: sin agua potable, sin electricidad, sin drenaje. Sólo la promesa de que instalarían esa infraestructura urbana. Les prometieron también láminas, madera, clavos y la plancha y taza necesarias para hacer una letrina. Existen lotes de 52.5 metros cuadrados cuyo precio será de 14 mil quetzales ($2 mil). El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) costeará 12 mil, y el resto, 2 mil, quedarán a cargo de los damnificados, en cuotas de 100 quetzales mensuales sin enganche. Otros lotes, de 96 metros cuadrados, tendrán un precio de 16 mil quetzales ($2,286). FONAVI costeará 12 mil y 4 mil quedarán a cargo de la familia reubicada, en cuotas de 100 quetzales y sin enganche.

Difíciles comienzos

A comienzos de enero del 99 los damnificados ya estaban en Azacualpía, trabajando en la construcción de sus viviendas. Sus temores se habían hecho realidad. El 12 de diciembre, FONAPAZ trasladó a la gente a su nueva ubicación. Sólo encontraron allí una carpa grande, penetrada por zancudos y otras alimañas. A los pocos días de llegar, se multiplicaron las enfermedades: granos en la piel, conjuntivitis, afecciones de garganta y de bronquios a causa del frío. Aunque FONAPAZ nos había dicho que el Seguro Social se iba a hacer cargo sólo de sus afiliados damnificados y que FONAPAZ se haría cargo de los problemas de salud, el abandono era total. Tampoco se hizo cargo FONAPAZ de la limpieza de los lotes, que fueron entregados cubiertos de piedras y sin trabajos de nivelación de terreno. A cada familia se le dieron 8 láminas de zinc y 13 tablones. Una semana después, siendo intenso el frío, les dieron piezas de nylon negro para tapar los espacios donde debería haber paredes, y les prometieron "torta" (cemento y arena) de 3 centímetros de espesor para un piso de 6 metros cuadrados.

Desafíos de FONAPAZ

Aparentemente, no estaba prevista ninguna escuela en el lugar. Es la parroquia de San Antonio la que está buscando maestros, y son las Hijas de la Caridad las que han destacado algunas hermanas a Azacualpía, una de ellas a tiempo completo viviendo allá. El sacerdote que los atendía en el Puente de Belize celebra la Misa a esas familias los domingos. Sólo dos ONGs ayudaron a esta gente. Una, Médicos para el Mundo sólo por tres semanas.

Ciertamente, FONAPAZ, institución nacida de los Acuerdos de Paz de 1996, tiene en sus manos una tarea mayor que la de atender a los 35 mil damnificados de los barrios marginales de la capital. Le corresponde también encargarse de las consecuencias del Mitch en el campo, en donde el problema mayor no ha sido la pérdida de viviendas sino de cosechas. La mitad de los 350 funcionarios de FONAPAZ trabaja en zonas rurales.

Los funcionarios de la institución nos indicaron que el segundo paso, después de la reubicación de los damnificados sin techo -para los cuales cuentan también con la oferta de terrenos privados en Mixco y en Villa Canales-, sería poner en práctica una estrategia más de fondo para los barrancos de la capital: inhabilitar sus pendientes más agudas para efectos de vivienda por medio de la reforestación, para así desalentar nuevas migraciones de zonas rurales. Está por ver si esta estrategia se pone en marcha.


¿Ayuda "politizada"?

A juicio de los funcionarios gubernamentales, el gobierno no ha "politizado" -no ha utilizado electoralmente- las respuestas al desastre. Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales serán a fines de 1999. De politizar la ayuda acusan al gobierno los partidos de oposición. Las dificultades han venido -responde el gobierno- de algunas ONGs, que han sembrado desconfianza entre la gente, especialmente la de etnia maya, poniéndola así en peligro de no acceder ni a los lotes ni al reparto de láminas para reparar las "casas" no totalmente inhabilitadas por Mitch. También señala el gobierno a algunos políticos y los responsabiliza de impulsar a los damnificados a invadir tierras -en dos casos puntuales- o a presionar a FONAPAZ para que compre terrenos en malas condiciones, para después quejarse por ello.


Plan de 100 días

El gobierno de Guatemala diseñó un plan de 100 días para enfrentar la catástrofe y se permitió rechazar las ofertas de condonación de la deuda externa del país. Algo inexplicable, porque por pequeña que sea la deuda y por poco significativo que sea el porcentaje de las exportaciones que se usa para pagar sus intereses anuales -especialmente comparando estas cifras con las de Honduras y Nicaragua-, para Guatemala habría supuesto un alivio y una oportunidad de dedicar más recursos del Estado a necesidades urgentes de los pobres.

El problema de fondo no es salir al paso a la emergencia causada por el Mitch. Se trata de reconocer y de responder estructuralmente a la precariedad de la vida de los pobres urbanos y rurales de este país, que son la gran mayoría de su población. Esto requiere de enormes inversiones que, a su vez, dependen de una reconversión de las prioridades políticas del Estado en su relación con el Mercado.

Insolidaridad estructural

También en la sociedad civil han de ocurrir profundas transformaciones. Cuando uno escucha a los grandes empresarios del CACIF asegurar que el aumento en un 10% del salario mínimo -decretado por el gobierno ante la imposibilidad de lograr un acuerdo tripartito entre empresarios, sindicatos y gobierno- producirá desempleo, no puede pensarse más que en una total falta de solidaridad, de base estructural, que no presagia bonanzas para Guatemala. El Ministro de Trabajo ha tenido que reconocer que el aumento del 10% es sólo un paliativo. Y tiene razón, pues apenas alcanza para que el salario mínimo compre la cuarta parte del costo de una canasta básica y, escasamente, la mitad de una canasta básica de alimentos.

En ceremonias litúrgicas con guatemaltecos que tienen ingresos anuales que superan las decenas de miles de quetzales, la ayuda para los damnificados del Mitch, en promedio personal, no ha superado los diez quetzales. ¿Cuántas "profecías" más sobre la verdadera realidad de nuestro pueblo se necesitarán para que los que más tienen, los que lo tienen todo, entiendan la tradición cristiana, que señala que los bienes superfluos pertenecen a quienes los necesitan para tener una oportunidad de vivir con cierta dignidad? Mientras esa solidaridad no exista, el Estado debe insertarla en la sociedad a través de un sistema legal justo y eficaz. Por ejemplo, a través del sistema fiscal. El Estado debe asumir su papel redistributivo para frenar el egoísmo del Mercado. Tampoco pueden evadir su papel las fuerzas sociales especializadas en suscitar y canalizar la solidaridad en medio del pueblo.

La ayuda internacional que Centroamérica -también Guatemala- ha recibido a raíz del Mitch es de un significado histórico. Pero, sin la reconversión de la sociedad civil y del Estado hacia la solidaridad, no adquirirá el significado estructural que podría tener para impulsar un auténtico desarrollo en nuestros países.

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