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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 202 | Enero 1999
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Honduras

Una organización naciente y un huracán de contradicciones

Los damnificados temen trasladarse a los macroalbergues. Las municipalidades no tienen terrenos para viviendas. Los damnificados reclaman al gobierno y a las alcaldías. Los no damnificados no quieren vivir cerca de quienes todo lo perdieron. Los pobres, los damnificados de siempre, emigran al Norte. Crecen pandillas y secuestros. A pesar de todo esto, el dolor está siendo oportunidad para sembrar organización.

Ricardo Falla

Qué se está haciendo? ¿cómo están los damnificados? ¿Les está llegando ayuda? ¿Cómo están los hondureños utilizando la ayuda que se les envía? Estas son preguntas que constantemente nos llegan de fuera y de dentro.

Empezaré a responder por El Progreso, el lugar donde vivo, uno de los municipios más herido por el huracán Mitch. El río Ulúa inundó el valle, las crecientes del río Pelo destruyeron muchas casas de la ciudad y las crecientes que bajan de los cerros acabaron con otras aldeas. El Progreso es el tercer municipio en importancia del país, después de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y la cuarta ciudad en número de habitantes después de esas mismas dos ciudades y La Ceiba. Como municipio incluye a la ciudad -de más de 100 mil habitantes- y un área rural de 50 ó 60 mil habitantes, agrupados en campos bananeros, aldeas independientes del valle, aldeas de los cerros y comunidades semiurbanas ubicadas a lo largo de la carretera pavimentada que une a San Pedro Sula con La Ceiba y que pasa por la ciudad de Progreso. Tenemos aquí unas 60 mil personas damnificadas.


Navidad: nueva etapa

Con las fiestas de Navidad y de fin de año sentimos que se inició una nueva etapa en la rehabilitación del municipio. El corte en las actividades ayudó a la gente a reflexionar más sobre su futuro y a tomar conciencia del contraste entre los que celebraban y los que no tenían ni para comprar un cohetillo. Las fiestas también abrieron espacios para sentir la contradicción entre la normalización y el desastre: en febrero debían comenzar las clases en todo el país y los padres de familia -con los maestros y las autoridades de educación- presionaban para que las escuelas, convertidas en albergues para damnificados, fueran desalojadas y sus hijos pudieran "comer el pan del saber".

A la vez, en el valle rural, los campesinos y los trabajadores del campo, comenzaban a sentir la urgencia impostergable de sembrar granos básicos, para no extender la posible hambruna hasta que salga la cosecha de primera. Pero la naturaleza impone sus exigencias, y según la voz de los técnicos agrícolas, la sequía de abril haría fracasar la milpa. Así, tanto en el sector urbano, como en el rural, los damnificados sienten vivamente la presión: los de la ciudad por una casa donde vivir y los del campo por poder sembrar.


Municipalidad: no podemos

Ante las quejas y protestas de la gente -especialmente de la ciudad-, a través de la radio y directamente ante el alcalde, el gobierno municipal respondió con un comunicado de prensa el 14 enero del nuevo año, en el que únicamente hacía referencia al problema urbano. El comunicado afirmaba que la corporación municipal experimenta la misma iliquidez económica del país. No tienen dinero -dicen- porque el sector agrícola fue destruido y de ese sector le vienen sus ingresos, a través del impuesto a los comercios donde compran los trabajadores del campo, y hacen referencia a la suspensión de operaciones de la transnacional bananera. La Tela Railroad Company, subsidiaria de la Chiquita Brands, suspendió a 7 mil 300 empleados y despidió a 1 mil 200 trabajadores temporales. La municipalidad informó que sólo había recibido ayudas del gobierno central -a través del FHIS, para el dragado del río Pelo- y de un par de instituciones más. El gobierno central no le había dado un sólo lempira.

La ciudad de El Progreso se encuentra en un estado lamentable. La municipalidad menciona los siguientes problemas, que directa o indirectamente afectan a toda la población urbana: las calles, los damnificados -ubicados en albergues-, el dragado del río Pelo -que destruyó cerca de 300 casas- y las instalaciones deportivas -el estadio-. Pero sólo propone solución al problema de las calles con la compra de dos patroles.

Sobre los damnificados (800 familias), prometía el 14 de enero la municipalidad que nadie sería desalojado de los albergues antes de construir uno o dos macroalbergues, patrocinados por Naciones Unidas en predios prestados por un diputado. Cuando se obtuviera un predio -dentro de unos cuatro meses- se reubicaría en él a la gente damnificada y habría la oportunidad de pensar en un proyecto de vivienda, porque -decía el comunicado- "en este momento ni el Gobierno Central, ni las Municipalidades están capacitadas para dotar de terreno alguno para la construcción de viviendas".

Como por arte de magia

Esta era la posición pública de la municipalidad de El Progreso a mediados de enero. Muy similar a la de otras ciudades: desalojar las escuelas ocupadas por damnificados a macroalbergues hasta pasar a la población damnificada sin vivienda a un terreno definitivo. Las presiones de la población damnificada, en El Progreso y en otras ciudades del país, provocaron un cambio: a la semana y media del comunicado el alcalde recibió como por arte de magia -no ha querido identificar al futuro donante para que no se suba el precio de la tierra- una promesa para financiar la compra de un terreno donde construir directamente "microalbergues": viviendas provisionales para cada familia, dándole a cada una un solar en posesión. Con este anuncio se abrió una nueva etapa en la rehabilitación del municipio.

Otra forma de hacer política

Coincidió esta promesa con el término del acuerdo firmado entre la municipalidad y la Iglesia católica el 18 de noviembre. Por ese acuerdo, la Iglesia se había comprometido a distribuir toda la ayuda que el municipio recibiera, y la corporación se comprometía a dar exclusivamente toda la ayuda a la Iglesia -a su Comité de Repartos- y a financiar el transporte necesario para la distribución. Terminado el acuerdo entre la municipalidad y la Iglesia existía el deseo de mantener cierta coordinación, porque aunque no faltaron tensiones durante esos dos meses, ambas partes juzgaban que el reparto de la ayuda se había realizado de forma transparente y equitativa.

Teniendo la municipalidad capacidad de comprar un terreno -aunque el 14 de enero hubiera dicho lo contrario- se celebró el 25 de enero una reunión cuatripartita entre la municipalidad, los representantes de los damnificados, la Iglesia y los maestros. El alcalde propuso que se formaran tres comisiones, integradas cada una por un representante de cada sector. La comisión de estadística verificaría exactamente el número de familias damnificadas y su situación respecto a la vivienda -si alquilaban o no la casa que perdieron- y en general su situación socioeconómica -clase media o clase popular-. La comisión de tierras se encargaría de buscar los terrenos. Y la comisión de reubicación se responsabilizaría del traslado de los albergues a los futuros terrenos.

Esta forma de actuar del gobierno municipal no es la habitual en el tradicional estilo de los políticos hondureños. El alcalde -sólo por reconocer oficialmente a los representantes de la gente damnificada- hizo a un lado a los representantes de los patronatos, organizaciones locales politizadas que sirven de correa de transmisión a los partidos políticos de turno. Y al integrar las tres comisiones de trabajo tomó en cuenta a "las fuerzas vivas", pero dando a este término un significado diferente. Ordinariamente, las fuerzas vivas están encabezadas por los empresarios ricos de la localidad. Aquí brillaron por su ausencia. Como resultado de tan gran novedad, las comisiones salieron de la reunión con gran ánimo para trabajar.

Monotonía y símbolos

La Iglesia católica continúa siendo la encargada de la complicada tarea de alimentar a las familias damnificadas, ya no dentro de un acuerdo con la corporación -que apenas la proveyó de alimentos-, sino dentro de un arreglo directo con el PMA (Programa Mundial de Alimentos) de las Naciones Unidas. Según las listas más recientes, la Iglesia está repartiendo 9 mil 900 raciones familiares. El PMA da arroz, maíz, frijol o latas de pescado y aceite. El arroz y el maíz -según la información escrita con letras rojas en los sacos- son donación de los Estados Unidos, las sardinas son regalo del Japón y el aceite de la Unión Europea. La Iglesia complementa esta monotonísima dieta con otros alimentos -café, azúcar...- comprados con ayudas de la solidaridad internacional, con latas de comida, con ropa y otras cosas que llegan en contenedores, especialmente de Estados Unidos. La ropa -aunque no es tan necesaria- parece tener un carácter simbólico que la hace sumamente apetecible. Damnificados y no damnificados, damnificadas y no damnificadas, se pelean por un vestido, por una camisa extranjera, por un pantalón de marca...

¿Sembramos? ¿Con químicos?

El reparto se ha combinado con el trabajo. Dada la abundancia de alimentos que hay en las bodegas del PMA, sus agentes han insistido en que la entrega de alimentos se libere de las trabas burocráticas de las planillas de un estricto APT (alimento por trabajo). La Iglesia -con financiamiento de otras Iglesias del mundo y de ONGs- ha optado por otra vía: ha comenzado a apoyar, con la entrega de semilla e insumos, una siembra de emergencia en el valle: unas 3 mil manzanas de maíz y 500 de frijol. Las comunidades se han comprometido a devolver el 15% de esa cosecha -en especie o en dinero- no al Comité de Reconstrucción de la Iglesia, sino a la comunidad, para apoyar a viudas o madres solteras que no han podido sembrar o a campesinos sin tierra. Con esta medida se espera fortalecer los comités de emergencia locales, que son los que exigirán esos pagos dentro de tres meses.

El proceso de siembras ya ha comenzado y aunque hubo muchas dilaciones y dubitaciones por el temor de que todo fracasara, la opinión-consejo del campesinado fue que se podía sembrar. Los técnicos temían que los suelos estuvieran excesivamente empapados de agua -"la tierra está muy fría", dicen los mismos campesinos- y reconocen todos, técnicos y campesinos, que, tras las lluvias, las plagas son un enemigo muy poderoso. Por esto, hubo demanda de plaguicidas que son, y con razón, el tormento de la agricultura orgánica. Sin ninguna otra posibilidad de reactivar de manera rápida y masiva la producción inmediatamente se optó por la compra de los químicos, a pesar de los daños que causan. Lo mejor es enemigo de lo bueno. No sabemos aún si habremos acertado.

Las redes dentro de la ciudad

En la ciudad, la Iglesia también está repartiendo alimentos con un espíritu organizativo y de trabajo. Existen tres parroquias urbanas y cada una funciona como centro de acopio y de repartición adonde se transportan los víveres en pequeños camiones desde la bodega central -ubicada en el gimnasio del Instituto Técnico Loyola (INTELO) y en el del Colegio San José-. En el INTELO no se da ninguna ración a ningún damnificado personalmente, ni se embolsa la comida, como se hizo inmediatamente después del huracán. Tampoco se ocupa la palomilla de voluntarios y voluntarias que se encargaban del menudeo. En el INTELO sólo están los cargadores -pagados en dinero y especie-, el encargado de la bodega -pagado por la Iglesia- y el representante de la Contraloría -pagado por el gobierno-. Estos dos últimos llevan controles diferentes de lo que entra en las rastras desde Puerto Cortés y de lo que sale a las bodegas de los sectores rurales y urbanos -los de las parroquias-. Un equipo de informática de la Iglesia es el que da la orden a los sectores para sacar los alimentos en cantidades que estén de acuerdo con las listas que los mismos sectores han presentado y que el equipo de informática -junto con los organizadores que salen al campo- han detallado. En los sectores, se embolsa en raciones acomodadas al número de personas de cada familia damnificada. No es lo mismo una ración familiar para una familia de tres que para una de once personas. Esta mejor distribución sólo se ha logrado a través de la sectorización. Algunos sectores, incluso, tienen subsectores, donde se hace el embolsado, que es el trabajo más fino.

El Comité de Reconstrucción de la Iglesia no supervisa los trabajos que hacen los damnificados, hombres y mujeres, en la ciudad, limpiando calles, rellenando sus baches y abriendo zanjas. Esta supervisión la hace la municipalidad con los alimentos por trabajo que le da CARE -una organización norteamericana que los recibe de la AID-. Hasta ahora no ha habido buena coordinación en este aspecto entre la Iglesia y la corporación para que no se "dupletee" la ayuda.

Organización naciente

Dada la presencia de miembros del Comité de Reconstrucción en los albergues -el mismo coordinador, el padre Ismael Moreno, Melo, duerme en uno- y del vínculo que crea el reparto con los responsables de los albergues, la Iglesia ha fomentado una naciente organización de los damnificados urbanos. Sus representantes estuvieron presentes en la reunión convocada por la municipalidad. En una asamblea se juramentó a los elegidos por los sectores, y son estos representantes los que han discutido con la municipalidad los pasos a dar ante un eventual desalojo. Su voz y su presión fue escuchada tanto cuando el alcalde prometió no cumplir el decreto del Ministerio de Educación que ordenaba que para el 15 de enero las escuelas debían estar limpias, como cuando los reconoció el 25 de enero en la reunión de los cuatro sectores. Este tipo de presión no sólo se ha dado en El Progreso. También en otras ciudades. Y de hecho, el ciclo escolar se ha pospuesto para comenzar a más tardar el 1 de marzo. Sin embargo, hasta el momento, el Comité de Reconstrucción no se ha decidido por un proyecto de construcción de viviendas.

¿Construimos viviendas?

Por un lado, nos ha parecido que el gobierno y la municipalidad deben poner los terrenos para las viviendas. Eso no le toca a la Iglesia, que no tiene por qué sacarles las castañas del fuego. La Iglesia piensa que le toca apoyar las demandas de la gente damnificada para que el gobierno supere su lentitud y sus incapacidades. Por otro lado, en una Comisión de Proyectos -adjunta al Comité de Reconstrucción- hemos reflexionado sobre algunas líneas de consenso que debemos lograr antes de decidirnos a los proyectos de vivienda. Se ha analizado que la vivienda es algo que toca los sentimientos más profundos de la persona y que, por tanto, un proyecto de casas no debe consistir sólo en hacer paredes y techo. Cuando las mujeres damnificadas narran lo que sintieron al perder su casa dicen que fue como "perder parte de su corazón".

Es interesante comparar la experiencia de la ciudad de El Progreso con una experiencia rural de montaña adentro, como la vivida en la parroquia de Sulaco-Victoria. Allí los proyectos de reconstrucción no han acentuado la entrega de alimentos, como se ha hecho en El Progreso. La gente no los perdió tanto como en el valle. Allí se ha decidido más rápidamente la reconstrucción de la vivienda, después de hacer un censo de las casas donde ya no se puede vivir. Para un total de 243 casas -muchas de ellas dispersas- se ha donado madera, cemento, zinc y herramientas, dando también la libertad de escoger un material u otro, con tal de no pasarse de 3 mil 936 lempiras ($285). Tres aldeas indígenas de 90 casas han debido ser reubicadas. La municipalidad ha puesto el terreno, el FHIS hace la escuela, la Iglesia da el material de las casas -y el sistema de agua potable- y la gente pone su trabajo. En los municipios rurales es más fácil para la municipalidad conseguir el terreno que en las ciudades, es más fácil también que los proyectos se hagan con una organización fiable y comunal, también más fácil que la misma gente haga su casa -en la ciudad, se necesita un maestro de obra-. Es más fácil que la casa se pueda completar de muchas maneras -manaca, barro,..- y que salga más barata, pues no se exige ni el mismo nivel de seguridad -contra robos- que en la ciudad ni las mismas comodidades para vivir o trabajar en ella.

La radio: apoyo a la organización

Para la complicada organización de todas estas tareas de reconstrucción en El Progreso, la Radio Progreso Voz de un Pueblo en Marcha, ha sido imprescindible. A diario, en el programa "Al calor de una tacita de café" se hace una lectura bíblica y luego un comentario con aplicación a los damnificados según la línea de trabajo que se esté impulsando en el momento. La estrategia se fundamenta en la inspiración de la Palabra de Dios. Después, se informa de los pasos concretos del Comité de Reconstrucción y se dan avisos a los sectores: "mañana es la asamblea en el sector Monterrey, no falte nadie", "preséntense con urgencia hoy a las 2 los del sector Mocula a recoger la semilla"... Como se trata de asuntos vitales, el programa tiene mucha audiencia y representa un soporte organizativo para la tarea de reconstrucción en todo el municipio.

Choluteca y Tegucigalpa: crisis

Dejemos ya El Progreso y volvamos los ojos al país en general. En El Progreso la problemática de la vivienda no ha estallado aún en manifestaciones organizadas y conflictos violentos por las calles. En Choluteca y en Tegucigalpa, las ciudades más golpeadas por el Mitch, sí. En Choluteca se dio el 19 de enero un enfrentamiento -"nunca visto" en esa ciudad sureña- entre 500 personas damnificadas y 70 policías antimotines durante una manifestación que se dirigía hacia el centro de la ciudad y que fue disuelta por la policía. Hubo palos y piedras. Hubo heridos de ambos lados. Por fin, se dio una negociación en el obispado, por la cual la alcaldía se comprometió a entregar predios de 300 varas cuadradas para que la gente construya ella misma sus microalbergues, y el FHIS a dar los materiales para la construcción. Durante las pláticas, el alcalde acusó a un misionero español de ser el instigador de la protesta y amenazó con acudir a Migración para que le investigue su estatus en el país. Se mencionan más de mil solicitudes de terrenos. Al final, la gente quedó satisfecha, porque lo principal es tener un solar.

En Tegucigalpa, días antes, se desató un revuelo en el que se vio implicada aun más gente, siempre alrededor del tema de la vivienda. 450 personas fueron desalojadas violentamente -con el saldo de 5 heridos- de un terreno en El Mogote, propiedad de una constructora. La violencia se desató a pesar de la intervención del párroco de San José El Pedregal, jurisdicción donde tuvo lugar el hecho.

A los pocos días (18 enero), los pobladores de la Colonia Amaya Amador de Tegucigalpa protestaron ante la Corte Suprema de Justicia exigiendo la legalización de sus terrenos -según ellos ejidales- que ocupaban desde hacía años y que un pariente del Presidente de la República, Mario Facussé decía le pertenecían, amenazaba con desalojarlos y promovía -con el mucho dinero que tiene- órdenes de captura. Ese mismo día, los vecinos de la Loarque se opusieron, con una manifestación que se tomó el puente de esta colonia de la capital, a que a un kilómetro de distancia, en terrenos del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, se construyera uno de los tres macroalbergues de la capital, con capacidad para 1 mil 500 personas, aduciendo que sería foco de delincuencia y de organización de maras. La protesta detuvo la construcción del macroalbergue.

Todas las contradicciones

Las personas damnificadas en los albergues de Tegucigalpa son muy contrarias a irse a vivir a macroalbergues, pues temen el vivir hacinadas entre gente que no conocen, gente de diversos barrios, gente de aluvión, y temen que una vez colocadas allí el gobierno se olvide de ellas, al no existir la premura que el año escolar imprime para desalojar los 167 centros que en la capital fueron transformados en refugios. "La palabra macroalbergue no se debería haber usado -dice la representante de Naciones Unidas encargada de su construcción- "Debería haberse dicho albergue temporal". Para no hacerle creer a la gente que se van a quedar a vivir para siempre en esos lugares.

Por una causa o por otra, se ven ya con mayor nitidez las contradicciones que han aflorado con el Mitch: la gente damnificada contra el gobierno y la alcaldía; la gente no damnificada contra la damnificada; la gente no damnificada por el Mitch -pero perennemente damnificada y sin seguridad sobre la tierra- contra los ricos; los representantes de la Iglesia al lado de los damnificados, frente a los órganos de gobierno y la policía. Todas estas contradicciones sacuden al mismo gobierno y hacen brotar diferencias dentro del mismo Gabinete de Reconstrucción. La renuncia forzada del Ministro de Relaciones Exteriores tiene que ver con estos mares de fondo que las aguas del Mitch trajeron.

Crimen organizado: secuestros

A la par de la oleada de movilizaciones -algunas con efectos violentos-, provocada por la falta de vivienda en las principales ciudades del país, se ha desatado la violencia del crimen organizado, particularmente en la figura que más amedrenta a la empresa privada: los secuestros. En enero se dieron tres. El primero, en San Pedro Sula: Ana Paola Castillo, esposa de un juez e hija de un bananero independiente. El segundo, en Tegucigalpa: un dueño de una empresa panadera (Bambino). El desenlace fue trágico: la muerte del secuestrado, después de que sus parientes pagaran un rescate de un millón de lempiras. El tercero, un comerciante de San Pedro Sula, que fue liberado el mismo día del secuestro en un arriesgado operativo de la Policía preventiva y de la Policía de Investigación. La empresa privada reaccionó ante estos secuestros organizando una marcha de súplica y solidaridad: unas 500 personas desfilaron por las calles de San Pedro Sula y terminaron celebrando una misa en la catedral pidiendo la libertad de Ana Paola.

Pandilleros y emigrantes

Ante la inflación (15.7% en el 98, 12.8% el 97), el desempleo, la falta de vivienda (800 mil faltaban en octubre 98, ahora son un millón), la escasez de dinero y la conmoción cultural causada por el desastre, se han acelerado dos procesos ilegales como alternativas económico-sociales: la actividad de las maras (pandillas) y la migración al Norte. Las maras se ven también estimuladas por la demanda con tendencia motinesca de viviendas y por el crimen organizado. La mara equidista de ambas formas de violencia, en las que tiene distintos referentes. Al exigir vivienda se enfrenta al gobierno, se lo desestabiliza y se lo amedrenta. El secuestro hiere directamente a la sociedad de los empresarios, los asusta, atemoriza la inversión. También desestabiliza al gobierno, pero indirectamente. Hoy, la violencia de las maras se está dando entre las mismas maras y en los barrios populares y está afectando a los sectores pobres.

La migración al Norte se ha acelerado (5 mil 900 capturados en México en diciembre de 1998 -fueron 2 mil 900 el mismo mes del 97- la mayoría hondureños). Son dos las razones principales de esta avalancha migratoria: Honduras expulsa a su gente al aumentarse el desempleo, y Estados Unidos la atrae con la suspensión de la deportación de hondureños decretada por el gobierno Clinton tras el huracán: "protección temporal" a 300 mil indocumentados centroamericanos durante 18 meses.


Críticas del Foro Ciudadano

La reacción del gobierno ante la catástrofe fue desde el primer momento, y ha seguido siendo, la de centralizar el poder. Agilizar la aprobación de leyes por un Congreso debilitado y somnoliento. Fundamentar en la legislación un Gabinete de Reconstrucción reducido y nombrar en él a personas de plena confianza del Presidente, todas de su misma línea, excluyendo incluso a otras líneas políticas del mismo Partido Liberal.

Después del huracán se dio la primera reflexión pública sobre el tema político institucional y sobre la reconstrucción nacional. Primero en Tegucigalpa y luego en San Pedro Sula, el Foro Ciudadano convocó a personalidades críticas del actual gobierno a exponer su pensamiento y publicó un comunicado final en el que se le hacen muy fuertes señalamientos al gobierno. Según el Foro, los riesgos del actual proceso político son, entre otros: "la restauración autoritaria propiciada por el estilo centralizador y concentrador del Poder Ejecutivo, la ausencia de capacidad propositiva, integradora y visionaria del Poder Ejecutivo para proponerle a la sociedad hondureña y a la cooperación internacional un Plan de Reconstrucción y Transformación del país, la disminución de la independencia del Poder Legislativo, la creciente exclusión de la sociedad civil, los indicios de disposición de la clase política a favor de reformas constitucionales que faciliten el continuismo o la reelección presidencial, la disminución alarmante de la capacidad crítica de los medios de comunicación por la vía de la cooptación directa o indirecta, abierta u oculta, por parte de los poderes del Estado, particularmente del Ejecutivo..." En el Foro de Tegucigalpa, Víctor Meza, anterior asesor muy cercano del actual Presidente Carlos Flores -en el anterior período de gobierno- recordó que "la reconstrucción sin la participación ciudadana no asegura la democratización del país, ni permite la transparencia".

Gobierno: ni dinero ni tierras

La respuesta del gobierno no tardó en llegar. Primero fue la del coordinador del Gabinete de Reconstrucción y Ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro. Luego, la del mismo Presidente.

En una entrevista, Alfaro se refirió al cuello de botella más sensible del momento -la vivienda- y dijo que el Estado carece de dinero y de tierras. Afirmó que el gobierno sólo tiene la tierra donde están ubicados los edificios públicos y que la mayor parte de los ejidos o tierras de las municipalidades se ha vendido a particulares. Reconoció que la vivienda es prioritaria pero que, de acuerdo a la ley, el Estado sólo puede comprar terrenos a precio catastral y nadie está dispuesto a venderlos a esos precios. Reconociendo la inoperancia del poder judicial y su dependencia del capital dijo que, aunque se podría recurrir a la Ley de Expropiación Forzosa, esta experiencia es "malísima", porque los dueños acuden a todas las instancias de los juzgados, transcurre el tiempo y no se llega a nada. A su juicio, la gente no quiere ir a los macroalbergues, porque tiene la esperanza de que se le regale una vivienda.

Después de estos argumentos -interesantes para conocer la mentalidad del actual gobierno y sus debilidades-, Alfaro abordó desordenadamente el tema de las finanzas para la reconstrucción. Repitió lo que días antes había dicho el Presidente Flores: que el gobierno no tiene dinero y que la reconstrucción propiamente dicha todavía no ha comenzado, excepto en el caso de las escuelas reconstruidas por el FHIS a costa de abandonar otros programas. Puso como ejemplo que para comprar unos puentes Bailey, el gobierno desvió dineros de un préstamo del Banco Mundial destinados a la modernización del Estado y recalcó que el BM y el BID acababan de aprobar el primer crédito (de 45 millones de dólares) para la reconstrucción vial.

Flores: no estorben

Con estas informaciones y opiniones el Ministro de la Presidencia contestaba a las críticas por la ineficiencia y la lentitud del gobierno. Nada dijo de la centralización del poder y de la merma de la democracia. A eso no dio ninguna respuesta.

El Presidente, evidentemente molesto, aprovechó su discurso al inaugurar la segunda legislatura, el 25 de enero, para dar también su respuesta a las críticas. Dijo en esta ocasión: "En todo caso ayudaría más el que menos estorbe, ayudaría más el que menos confunda y agite a los demás, ayudaría más el que más oriente, ayudaría más el que hable menos y trabaje más, ayudaría más el que más entienda y sopese la inmensa dimensión de nuestra desgracia, que es apabullante y abarca todo el territorio nacional."

Cambios en el gobierno

El final de enero ha coincidido con el final del primer año de gobierno del Presidente Flores y la instalación de la segunda legislatura después de las vacaciones de fin de año. En el gobierno, se dieron en esta ocasión dos cambios: uno coyuntural y otro estructural. El primero, la renovación del gabinete con siete ministros nuevos -entre ellos dos mujeres- en los despachos de Relaciones Exteriores, Gobernación y Justicia, Salud, Recursos Naturales y Ambiente, Trabajo, Agricultura y Ganadería y Defensa. De estos siete, el primero en ser sustituido fue el Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Martínez, a inicios de enero. El Presidente le pidió la renuncia por disidencias internas que se venían dando casi desde el principio de su nombramiento y que estallaron por un conflicto interno entre el viceministro -apoyado directamente por Casa Presidencial- y el ministro, en torno a un comunicado frente al bombardeo de Estados Unidos contra Irak en diciembre. El último en ser sustituido, fue el Ministro de la Defensa, General Mario Hung Pacheco, después del cambio constitucional sobre las Fuerzas Armadas. Las razones que el gobierno ha ofrecido para explicar estos cambios se refieren a la necesidad de un equipo más eficiente y decidido en los momentos de reconstrucción.

Poder militar y poder civil

El segundo cambio es más profundo y se venía preparando desde el período presidencial anterior: la supresión de la Jefatura de las Fuerzas Armadas. Este cambio supuso una modificación de la Constitución -que requiere de la aprobación de las dos terceras partes del Congreso en dos legislaturas-. Al sólo reunirse el Congreso a fines de enero 99 se ratificó la aprobación hecha en 1998 tras una negociación de cúpulas -siguiendo el estilo de la no participación- entre el Partido Nacional y el Liberal.

Con el cambio constitucional termina una historia de 41 años de dominio del poder militar sobre el civil, ya que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras era una figura paralela al Presidente de la República. Era nombrado por el Congreso de una terna propuesta por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, según lo establecía el artículo 279 de la Constitución. Con la reforma constitucional, se suprime esta figura y las Fuerzas Armadas se someten directamente al Presidente de la República, a través del Ministro de la Defensa, nombrado -como cualquier otro ministro- por el Presidente. Ahora, el Presidente -tan amigo de la buena imagen- nombró como Ministro de la Defensa a un civil, Edgard Dumas Rodríguez, que era embajador de Honduras en Washington.

Sistema centralista y personalista

Al ponerse fin a la autonomía de las Fuerzas Armadas -paso aplaudido por todo demócrata y considerado histórico por los representantes de la izquierda política- se fortalece el poder civil. Sin embargo, esta transformación no significa necesariamente un fortalecimiento de la sociedad civil. Y aunque el paso dado es una condición necesaria para la democracia, no es una condición suficiente, ya que si no se da la participación en las decisiones del gobierno de todos sus estamentos y si no se escuchan las críticas y las sugerencias de la sociedad civil -como las que hizo el Foro Ciudadano- y se le confiere poder a la sociedad, la disminución del poder de las Fuerzas Armadas sólo redundará en el fortalecimiento de un grupo de poder del Ejecutivo -con el Presidente a la cabeza- distanciado de su pueblo y de sus organizaciones civiles, a las que este grupo está interesado en quitar poder.

En los departamentos se nota mucho el sistema de gobierno centralista y personalista. El representante del Presidente se considera -como vemos en El Progreso- el único apto para tomar decisiones. Con su teléfono celular a la cintura, se puede comunicar con la máxima autoridad en cualquier momento y puede solucionar con un sí o un no los asuntos que antes discernían los militares. El militar ha quedado ahora en la sombra, y los que mandan son estos nudos civiles de la cadena de transmisión presidencialista, algunos de los cuales son también diputados cuasivitalicios. La cadena de mando continúa hasta los patronatos de barrio o de aldea, beneficiados, por ejemplo, con un tractor para que drague el cauce de una quebrada -si es que a ese diputado le interesa políticamente hacer ese favor- o para que arregle el entorno de una propiedad de tal o cual persona.

A pesar de todo, somos muchos los que seguimos haciendo esfuerzos para que las decisiones se tomen a nivel municipal, y no exclusivamente a través de una negociación de una o dos personas con el alcalde, sino teniendo en cuenta a los sectores de la sociedad civil, y para que en esta nueva manera de operar se haga a un lado a los líderes politizados tradicionales, ordinariamente corruptos e incapaces de velar por el interés de la colectividad. Esta hora de reconstrucción nos da una inesperada oportunidad. No pararemos de hacer esfuerzos para que se reconozca a los hombres y mujeres que, tras la tragedia, tienen la representación de miles y miles de damnificados.

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