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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 155 | Diciembre 1994
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Honduras

El nuevo rostro del "paquetazo rojo"

¿Maquillaje? ¿Parches sociales? ¿Algo más? El plan económico neoliberal, "el paquetazo rojo", sufrió modificaciones en el Congreso después de una larga polémica. Ahora viene la prueba: pasar del papel a la vida real.

Mario Posas

En la madrugada del 12 de octubre el Congreso Nacional aprobó el polémico paquete de medidas económicas neoliberales conocido popularmente como el "paquetazo rojo". La elaboración y la apasionada discusión de este paquete dominó el debate nacional durante casi todo 1994.

Un gran desafío para el Presidente del Congreso

Tal y como se esperaba, el "paquetazo rojo" fue modificado por los diputados del partido de gobierno que controlan, con mayoría simple, las decisiones fundamentales del Poder Legislativo. La aprobación del "paquetazo", tal y como había sido enviado por el gabinete económico, era una prueba de fuego para Carlos Flores Facussé, Presidente del Congreso, y el más fuerte aspirante a candidato del gobernante Partido Liberal a las elecciones de noviembre/97. Haberlo aprobado sin cambios habría sido para Flores Facussé una derrota política prematura, al aparecer vinculado a la implementación de medidas antipopulares.

La aprobación del "paquetazo" se volvió para él un asunto de la más alta política. Lo abordó básicamente con dos acciones. Se embarcó en una campaña publicitaria en la que se presentaba al Congreso Nacional como un poder estatal autónomo, deliberante e independiente del gabinete gubernamental del Presidente Reina. E inició una amplia concertación social con los representantes de los sectores sociales opuestos al "paquetazo" para eliminar de él los aspectos más cuestionados y agregarle algunas medidas adicionales que minimizaran su negativo impacto social. Argumentando que el "paquetazo rojo" era básicamente una iniciativa de carácter fiscal, el Congreso Nacional, bajo la dirección de Flores Facussé, se dedicó a crearle un nuevo rostro a la propuesta gubernamental.

¿Cuáles impuestos?

El Congreso dio el visto bueno a la propuesta gubernamental de liberalizar el Factor de Valoración Aduanera (FVA) - valor oficial del lempira frente al dólar utilizado para gravar las mercancías importadas que entran por las aduanas -. El FVA era de 7.30 lempiras en momentos en que el dólar se cotizaba ya a 9.25. Con las medidas, el FVA será igual al valor que el Banco Central de Honduras establece diariamente para el dólar. El Congreso sancionó los impuestos al consumo sugeridos por la propuesta gubernamental, pero decidió quitar esos impuestos a un buen número de mercancías, entre ellas los electrodomésticos. Y rechazó el gravar con impuestos las cuentas de ahorro de menos de 50 mil lempiras. Rechazó también la propuesta gubernamental de establecer peaje en las carreteras del país y de aplicar el impuesto de ventas a los combustibles y a los servicios públicos.

Aprobó el impuesto del 1% a los activos netos de los empresarios, pero decidió subir el límite mínimo de estos activos a 750 mil lempiras. En la propuesta gubernamental, el límite era de 500 mil. Finalmente, el Congreso aprobó el gravar con el 10% de impuesto el consumo de cervezas, aguardientes, licores y tabaco. Después de abordar la propuesta fiscal, el Congreso Nacional decidió enriquecer el "paquetazo" agregándole tres capítulos adicionales. El primero contiene un conjunto de "medidas de contención del gasto". El segundo, un conjunto de "medidas de fomento a la producción". Y el tercero, un conjunto de "medidas de compensación social".

Más allá del "paquetazo"

Para la contención del gasto, el Congreso aprobó resoluciones orientadas a reducir el gasto del Estado en un 10%, a reducir el aparato burocrático estatal en un 10% para 1995, a regular los viajes al exterior de los funcionarios públicos y el uso de los vehículos de lujo del Estado y a prohibir la compra de vehículos nuevos en 1995. Entre las "medidas de fomento a la producción", aprobó resoluciones orientadas a estimular la producción del banano y el desarrollo de la industria de maquila y a crear un programa de apoyo a los pequeños productores agrícolas brindándoles titulación, capacitación, crédito y comercialización.

Entre las denominadas "medidas de compensación social", el Congreso aprobó el décimo cuarto mes de salario para todos los trabajadores del país, que deberá ser pagado en el mes de junio de cada año. Otra medida importante fue el congelamiento de los precios de los principales productos de consumo popular durante los últimos meses de 1994.

Adicionalmente, Carlos Flores Facussé presentó en el seno de la cámara legislativa cinco iniciativas de ley. La primera, orientada a reducir a 80 los 128 diputados al Congreso Nacional de la República. La segunda, a la creación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dependiente del Ministerio de Hacienda, y nacida de la unión de la Dirección General de Aduanas y la Dirección Nacional de Tributación, y de la Unidad de Fiscalización de Ingresos, dependiente del Congreso Nacional. La tercera iniciativa da vida al Foro Nacional de Convergencia (FONAC), como instancia nacional de diálogo para el análisis y discusión de los problemas nacionales y la decisión de acciones consensuadas.

La cuarta y quinta iniciativa están orientadas a hacer del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Programa de Asignación Familiar (PRAF) programas permanentes. El FHIS y el PRAF fueron creados por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) como programas temporales de compensación social.

Sesión maratónica

La sesión del Congreso en la que se aprobó por fin el "paquetazo rojo" modificado fue maratónica: 12 horas seguidas. de 4 de la tarde a 4 de la madrugada. Los diputados del gobernante Partido Liberal sólo tuvieron acceso al documento que contenía las medidas de política económica y social que debían aprobar unas horas antes de iniciarse la sesión. Parece que Carlos Flores Facussé no quiso darle tiempo al sector empresarial para que organizara un movimiento contra el impuesto al activo neto y el pago del décimo cuarto mes.

El "paquetazo" reformado fue aprobado por los 71 diputados del Partido Liberal y los 2 del Partido de Innovación y Unidad (PINU). Los 55 diputados del opositor Partido Nacional se retiraron de la cámara legislativa antes de la medianoche alegando razones de procedimiento.

Aparecido en el diario oficial La Gaceta el 28 de octubre, el "paquetazo rojo" modificado entró ya en vigencia. En algún momento, se temió que el Presidente Reina lo vetara, pero esto no ocurrió. El Presidente lo rubricó y lo presentó a la nación como fruto de un acuerdo logrado al interior del gobernante Partido Liberal.

La aprobación del "paquetazo" y sus modificaciones le han rendido muchos y buenos dividendos políticos a Carlos Flores Facussé. Una encuesta de opinión realizada en San Pedro Sula y Tegucigalpa lo ubicó como el dirigente político de mayor aceptación, no sólo entre los liberales sino a nivel nacional.

Aplausos de todos

La opinión pública nacional acogió muy favorablemente las modificaciones hechas por el Congreso al "paquetazo". Una de las muestras más entusiastas de apoyo vino de Eduardo Facussé, Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), que reconoció públicamente que "a pesar del corto tiempo que los diputados tuvieron para analizar el "paquetazo, lo modificaron a tal grado que hicieron de la propuesta fiscal algo mucho más congruente con la realidad nacional, porque refleja una serie de conceptos sociales que no contenía el propuesto por el Poder Ejecutivo".

Facussé reconoció que "la decisión del Congreso Nacional sorprendió a toda la población, porque demostró que no es un Congreso sumiso, sino beligerante, y está tratando de poner orden en casa". Y subrayó que aunque "se esperaba que se aprobaran las medidas fiscales, se les dio un cariz social que es aplaudido por todo el pueblo, y aunque se esperaban reacciones adversas de ciertos sectores, lo que ha recibido Carlos Flores Facussé son sólo aplausos". "Es la primera vez -resaltó - que la población aplaude este tipo de medidas".

En tono conciliador, reconoció que la liberalización del FVA, el pago del décimo cuarto mes de salario, el impuesto al activo neto y el congelamiento de precios afectarían los intereses de los empresarios, pero les hizo un llamado a que aceptaran estas decisiones del Congreso como contribución al desarrollo económico y social del país. Tal vez al dirigente empresarial le faltó añadir que en la realidad la mayoría de estas cargas pueden ser trasladadas a los consumidores finales, a los ciudadanos que vivimos permanentemente agobiados por la devaluación, la inflación, la especulación y el congelamiento salarial.

Los líderes de otros núcleos empresariales prefirieron referirse a los aspectos del "paquetazo" reformado con los que no estaban de acuerdo. El Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes se opuso - por cuestiones de principio según dijo - al décimo cuarto mes de salario. Lo mismo hizo un líder de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (ANMPIH), argumentando que la gran mayoría de los asociados de su organización no tendría la solvencia necesaria para pagar ese extra. Entretanto, Adolfo Facussé, Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), reconoció como justo el pago del décimo cuarto mes, pero señaló que el sector empresarial más afectado con esta medida sería la pequeña y mediana industria.

Pros y contras

La posición asumida por la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) - organización sindical ubicada en la izquierda moderada - es bastante ilustrativa de la posición asumida por el movimiento sindical en su conjunto. En un comunicado público, la CUTH reconoció que las medidas económicas y sociales aprobadas por el Congreso recogían algunas demandas del movimiento popular hondureño. Expresó también su complacencia por la posición de autonomía e independencia mostrada por el Congreso ante el Ejecutivo, lo que - dicen - fortalece la democracia en el país.

La CUTH criticó el carácter coyuntural de las medidas, pues su único objetivo es la reducción del déficit fiscal, dejando sin resolver los grandes problemas nacionales: "el estancamiento de la producción nacional, la escasez de granos básicos, la crisis energética, la caótica situación de la pequeña y mediana industria, las devaluaciones periódicas, la inflación, el desempleo, el analfabetismo, la delincuencia, la violencia, etc., problemas que en la actualidad mantienen a la sociedad hondureña en un estado de zozobra, desconfianza e ingobernabilidad".

La CUTH mostró su apoyo al congelamiento de precios y lamentó que la medida fuera sólo de carácter temporal. Dio su visto bueno a las medidas orientadas a reducir el personal supernumerario del Estado, sobre todo las que afectarán a los "paracaidistas", los que reciben salario sin trabajar. Pero señaló que el despido de empleados estatales supernumerarios no debería servir de excusa para crear plazas vacantes en las que emplear a activistas del partido gobernante. Señaló finalmente la CUTH que la liberación del FVA no era otra cosa que una devaluación disfrazada que pronto desataría una nueva ola inflacionaria.

FMI: puertas abiertas

Otras organizaciones sindicales pusieron en duda la capacidad del Congreso para velar por el cumplimiento de algunas de las medidas que había aprobado, como el uso racional de los vehículos del Estado o el congelamiento temporal de precios. Y en la práctica, el congelamiento de precios ha sido hasta ahora la expresión de un deseo más que una realidad palpable, no sólo por la imparable especulación, sino también por el reciente aumento del precio de la gasolina decretado por el Ministerio de Economía y Comercio, sexto aumento en 1994.

Los funcionarios del gabinete económico del gobierno se mantuvieron expectantes ante lo que ocurría en el Congreso Nacional y asistieron a la prolongada reunión en la que se aprobaron las medidas. Reconocieron que aunque las modificaciones introducidas por los diputados reducirán los montos que esperaban obtener para reducir el déficit fiscal, lo básico del "paquetazo" original quedó aprobado.

Con el paquete neoliberal en marcha el gobierno tiene ya la solvencia que requería para negociar con el Fondo Monetario Internacional la carta de intenciones de la que se viene hablando desde que Reina ganó las elecciones en noviembre/93. Este acuerdo permitirá al país recibir unos 630 millones de lempiras para inversisones en el sector agrícola y energético y para corregir desajustes en la balanza de pagos.

El 18 de octubre se inició ya una nueva ronda de negociaciones con el FMI y el BID, que no vieron con buenos ojos el congelamiento temporal de precios acordado por el Congreso. Las conversaciones con los organismos internacionales debían haber concluido con la firma de la carta de intenciones el 15 de noviembre. Aunque hay retrasos, en los círculos del gabinete económico gubernamental se continúa insistiendo en que la firma es inminente.

¿Fin del racionamiento?

La crisis de la energía eléctrica, iniciada en los primeros meses del año, es otro gran tema de debate nacional. La crisis - resultado de la falta de planificación del Estado, del aumento creciente de la demanda de energía eléctrica por la industria maquiladora y de la escasez de agua en la central hidroeléctrica Francisco Morazán cuyas turbinas llegaron a paralizarse totalmente - ha castigado severamente la actividad productiva del país. Sólo en el rubro de exportaciones, éstas se redujeron en 36.7 millones de dólares en los 6 primeros meses del año.

La crisis ha transformado también el estilo de vida de los hondureños urbanos: han visto ruralizada su existencia cotidiana y han tenido que aprender a resistir estoicamente el insoportable ruido de los motores de generación de energía que se ven por doquier en restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales.

El racionamiento ha llegado a ser hasta de 14 horas diarias. Comprando energía a otros países del istmo centroamericano y nuevas plantas térmicas - el gobierno de México ha prestado dos, que todavía están en proceso de habilitación -, el gobierno ha podido reducir el racionamiento algunos días de la semana, pero en otros continúa siendo de 13 horas diarias. La mayoría de la población ha recibido con escepticismo la promesa de que el racionamiento terminará de forma definitiva el 15 de diciembre. Para esa fecha, el país dispondría de un excedente de 41 megavatios de energía eléctrica y para 1995 el excedente sería de 175 megavatios.

Las promesas de un luminoso 15 de diciembre vinieron acompañadas del anuncio de un incremento en el precio de la energía, para compensar el gasto de combustible requerido para operar las plantas térmicas que producirán a partir de ahora buena parte de la demanda nacional. El anuncio puso en guardia al COHEP, determinado a oponerse al aumento.

Reajuste salarial

Las centrales sindicales del país siguen exigiendo un reajuste general de salarios para compensar, aunque sea parcialmente, el deterioro que han sufrido los salarios reales de los trabajadores por el impacto combinado de la devaluación, la inflación y la especulación. El año concluye con una inflación de casi un 30%. En la lucha por el reajuste salarial se han unido la socialdemócrata Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la socialcristiana Central General de Trabajadores (CGT) y la moderadamente izquierdista Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).

En julio y en el marco de la huelga del sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Co. (SITRATERCO) con la poderosa empresa bananera, subsidiaria de la United Brands, el Presidente Reina se comprometió públicamente a ordenar en el menor tiempo posible un reajuste salarial para todos los trabajadores del país. Pero Reina olvidó muy pronto su promesa y el 21 de octubre renegó públicamente de ella al declarar que no tenía la potestad para ordenar ese reajuste, pues sería violatorio del principio constitucional de la contratación colectiva. Este era el argumento que ha mantenido el COHEP frente a las centrales sindicales.

En respuesta, éstas se han negado a integrar - junto a la empresa privada y al gobierno - una comisión que debe decidir sobre el incremento del salario mínimo. Aunque los dirigentes sindicales han dejado claro que no se oponen al aumento del salario mínimo, señalan que éste no es el problema principal. Lo principal - insisten - es un reajuste general de salarios que devuelva a los trabajadores hondureños organizados y no organizados parte del poder adquisitivo que han perdido a lo largo de los últimos cuatro años. Las centrales han anunciado acciones de presión para que el Presidente Reina o el Congreso Nacional - a quien visualizan hoy como la principal fuente de compensación social y de rostro humano del gobierno - ordenen por fin el reajuste salarial.

Dos grandes logros

A pesar del tono decididamente neoliberal de algunas importantes decisiones económicas del gabinete gubernamental y del propio Presidente Reina, hay hechos que sin duda prestigian al actual gobierno. Dos de ellos merecen especial mención.

El primero, el rechazo del gobierno a continuar con la tradicional política de dividir a las organizaciones populares, creando juntas directivas paralelas, sumisas al gobierno. En esta actividad se destacó el gobierno Callejas. El gobierno Reina no sólo ha renunciado a promover estas organizaciones paralelas. También se ha comprometido a crear condiciones favorables para la reunificación de organizaciones populares que se mantenían divididas. Es el caso del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH), que bajo los auspicios del gobierno reinista logró su unificación definitiva el 12 de octubre. Desde 1982 el COLPROSUMAH se mantenía dividido en dos alas rivales: la "auténtica" y la "democrática".

El otro hecho destacable es el reconocimiento legal del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH). El 8 de noviembre, Ramón Custodio, Presidente del CODEH, recibió de manos del Presidente Reina la personería jurídica que legaliza la existencia de esta prestigiosa institución. Desde su fundación, el 11 de mayo de 1981, el CODEH ha venido actuando con honestidad y beligerancia, pero sin reconocimiento legal. El Presidente Reina se confesó legítimamente conmovido y orgulloso de entregar la personería al CODEH. El Ministro de Gobernación declaró también su complacencia por esta decisión, afirmando que en sus años de existencia el CODEH ha dado una gran contribución al imperio de los derechos humanos. Las frases de encomio fueron también para Ramón Custodio, uno de los fundadores de esta organización, que tanta visibilidad social ha logrado desde el momento de su fundación. Y que tanto respeto ha sabido ganarse.

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