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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 145 | Enero 1994
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Honduras

Reina: "No prometo ríos de leche y miel"

"Honduras no es tanto un país pobre, sino un país mal administrado", dijo el nuevo Presidente, Carlos Roberto Reina, al iniciar, entre grandes expectativas, su administración.

Mario Posas

Una prolongada silbatina de más de 40 mil personas despidió al presidente callejas el 27 de enero, al tomar posesión de la presidencia de Honduras Carlos Roberto Reina. Fue tan enérgica la silbatina que los responsables del protocolo decidieron prescindir del discurso del Presidente saliente por temor a que el público no parase de gritar mientras hablaba. Tan masiva manifestación de rechazo popular al ajuste económico neoliberal no puede pasar desapercibida para el nuevo gobierno.

Rostros del nuevo gobierno

El nuevo Presidente, el abogado Carlos Roberto Reina, es un veterano político del Partido Liberal, de 67 años de edad. Sus compañeros de fórmula como Designados a la Presidencia de la República - o Vicepresidentes - son el General retirado Walter López Reyes, el veterano político Juan de la Cruz Avelar y Guadalupe Jerezano Mejía, primera mujer que alcanza esta posición en el Partido Liberal. A inicios de los años 70, otra mujer, Irma Acosta de Fortín, del Partido Nacional, ostentó también este cargo gubernamental.

El general en retiro Walter López Reyes fue el Jefe de las Fuerzas Armadas que encabezó el movimiento que hacia finales de marzo/84 detuvo, destituyó y expulsó del país al tristemente célebre General Gustavo Alvarez Martínez, principal líder e impulsor de la "guerra sucia" contra los simpatizantes de las luchas revolucionarias en la década del 80. Cruz Avelar es un político de provincia, con escasa relevancia nacional.

Los resultados electorales le dieron a los liberales una cómoda mayoría en el Congreso Nacional: 71 diputados. El Partido Nacional obtuvo 55 y el PINU 2. Tan amplia mayoría en el Congreso Nacional debe permitir al Presidente Reina gobernar sin dificultades legislativas.

Pero, dado el tradicional espíritu libertario de los diputados del Partido Liberal y las disputas internas de poder que lo han venido dividiendo, las sorpresas son previsibles. La imagen que ha proyectado históricamente el Partido Liberal contrasta con la forma disciplinada y monolítica con la que han actuado también históricamente los diputados del ahora opositor Partido Nacional. En la legislatura saliente, fue proverbial la "aplanadora" con la que los nacionales aprobaban las leyes más controversiales. El Partido Liberal ganó 176 de las 291 alcaldías del país. Las restantes quedaron en manos del Partido Nacional.

El gabinete económico

Carlos Roberto Reina tardó bastante tiempo en conformar su gabinete de gobierno, que fue anunciado sólo tres días antes de la toma de posesión. La opinión pública siguió con especial interés la selección de los miembros del llamado "gabinete económico": el Ministro de Economía y Comercio, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Planificación Económica y Social y el Presidente del Banco Central.

Reina nombró como Ministro de Economía y Comercio al banquero Delmer Urbizo Panting, que mantiene estrechas relaciones con la comunidad empresarial de la próspera ciudad norteña de San Pedro Sula. Urbizo Panting es un reconocido miembro del Partido Liberal. Como Ministro de Hacienda y Crédito Público fue nombrado el empresario Juan Ferrera, hasta hace poco Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), organismo de cúpula del sector empresarial. Ferrera, que ha sido militante del opositor Partido Nacional, es un respetado empresario, que se ha pronunciado en forma entusiasta a favor de "la revolución moral" anunciada por Reina.

El nuevo titular del Ministerio de Planificación Económica y Social es el sociólogo Guillermo Molina Chocano, que ha mantenido en los últimos años posiciones políticas moderadamente reformistas. Molina Chocano ha sido un intelectual orgánico del Movimiento Liberal Reinista (M-LIDER), una de las corrientes internas del Partido Liberal liderada por el hoy presidente y por su hermano, Jorge Arturo Reina, con reconocida trayectoria política como rector universitario y como político socialdemócrata.

La Presidencia del Banco Central quedó bajo la responsabilidad del economista Hugo Noé Pino, que desde su posición como Presidente del Colegio de Economistas mantuvo una posición de crítica permanente en contra del programa de ajuste económico del gobierno Callejas. Durante la campaña presidencial, Noé Pino actuó como coordinador del denominado "gabinete en la sombra" de Reina, que preparó las propuestas del gobierno actual.

Como coordinador del gabinete económico fue nombrado el banquero Guillermo Bueso, durante muchos años Presidente del Banco Central. Reina nombró como su asesor económico al banquero y veterano político del Partido Liberal Jorge Bueso Arias.

Es poco lo que puede decirse por ahora de este equipo económico, pero se puede garantizar que ninguno de sus integrantes apoyó las ideas neoliberales y monetaristas que defendió Callejas y su gabinete económico. De Urbizo Panting, de Ferrera y de Bueso no puede afirmarse que sean Chicago boys. Esto no puede siquiera pensarse de Molina y de Noé Pino, que matuvieron indeclinables posturas críticas contra el programa de ajuste económico neoliberal del gobierno saliente.

Pleito en el Congreso

Un hecho demoró la selección del gabinete del nuevo Presidente de la República y dio la imagen de que el partido de gobierno estaba débil y fragmentado. Se trató de la pugna que mantuvieron por la presidencia del Congreso Nacional los dirigentes liberales Carlos Flores Facussé y Jorge Arturo Reina. Flores Facussé - que se consideró siempre a sí mismo como el candidato natural para ocupar ese puesto - levantó la tesis de que la titularidad del Congreso Nacional le correspondía por ser líder de una de las corrientes internas del Partido que contribuyó a la victoria electoral. Exigía por ello esta cuota de poder. Argumentó también que elegir a Jorge Arturo Reina daría al nuevo gobierno una imagen de nepotismo nada favorable. Facussé se embarcó en esta disputa porque de su resultado dependía su futuro político: aspira a ser el candidato del Partido Liberal en las elecciones de 1997.

Para evitar que a causa de esta ardorosa disputa interna, fueran los 55 diputados del opositor Partido Nacional quienes decidieran en la elección del Presidente del Congreso, pactando con una de las facciones en pugna, los liberales decidieron resolver sus diferencias por el voto secreto de sus 71 diputados. Flores Facussé obtuvo el favor de 40 de ellos. Jorge Arturo Reina tuvo que conformarse con la primera Vicepresidencia del Congreso.

Otros ministros

Reina despertó muchas expectativas al afirmar que nombraría a los "mejores hombres y mujeres" del país para ocupar posiciones de responsabilidad en su gabinete de gobierno. Los observadores políticos recibieron con relativo agrado el nombramiento de los miembros del gabinete económico, del Ministro de Gobernación y Justicia, el abogado Efraín Moncada Silva, del Ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Ernesto Paz Aguilar, del Ministro de Salud, el doctor Enrique Samayoa, del Ministro de Recursos Naturales, el veterinario y político liberal Ramón Villeda Bermúdez y del Ministro de Cultura, el historiador y joven político liberal Rodolfo Pastor Fasquelle.

Los sectores populares, que creyeron en las palabras de Reina de que sería tenido en cuenta su parecer para la selección de los titulares de los ministerios relacionados con sus intereses - consulta que no se hizo -, han cuestionado el nombramiento de la señora Zobeida Rodas de León Gómez para el Ministerio de Educación, de Cecilio Zelaya como Ministro de Trabajo y de Ubodoro Arriaga Iraeta como Director del Instituto Nacional Agrario (INA). Rodas es prácticamente desconocida entre los maestros organizados, igual que Zelaya entre los sindicatos. Arriaga Iraeta es un político de la vieja guardia, que fue Director de INA durante el gobierno conservador de Suazo Córdova (1982-1985), y la mayoría de los líderes campesinos tiene una pobre opinión de su desempeño.

Tampoco ha gustado el nombramiento como Ministro de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, del ingeniero Germán Aparicio, que ocupó sin notoriedad esta cartera durante la década del 80.

Silbatina contra los militares

Lo que sí causó un profundo malestar fue el nombramiento del General Reinaldo Andino Flores como Ministro de Defensa. Jorge Arturo Reina, influyente hermano del nuevo Presidente, había asegurado que el nuevo Ministro de Defensa sería un civil. Los observadores vieron en estas declaraciones la señal de la voluntad política del nuevo mandatario de subordinar a los militares al poder civil.

Los militares hondureños ya estaban atravesando una situación difícil, al estar desde hacía semanas en el centro de una nueva tormenta política. Los empujó al ojo del huracán el valiente documento titulado "Los hechos hablan por sí solos", que en los últimos días de diciembre presentó a la opinión pública el Comisionado de los Derechos Humanos. En él se documenta la desaparición de hondureños y extranjeros durante la fatídica década de los años 80.

Era la primera vez que un funcionario estatal de alto nivel reconocía públicamente el espinoso asunto de los desaparecidos y exigía castigo para los culpables. El documento informa de 184 casos de desapariciones, debidamente documentadas, y de la existencia de 16 cementerios clandestinos. En la lista de los responsabilizados de la ejecución de esas desapariciones se encuentran 23 oficiales del ejército, actualmente en cargos de dirección. A la cabeza de los mismos se señala al propio General Luis Alonso Discua Elvir, actual Jefe de las Fuerzas Armadas.
Haciéndose eco de la valiente denuncia del Comisionado, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) presentó una petición al Congreso Nacional de la República para que suspendiera de su cargo a Discua Elvir mientras se investiga su participación en estos crímenes.

Discua Elvir fue el organizador y el primer jefe del Batallón 3-16, fundado en 1984 e identificado como el escuadrón de la muerte que desapareció y ejecutó a decenas de hondureños y extranjeros en los 80. La petición hecha al Congreso fue ignorada por los legisladores, pero motivó a Discua - que recibió el apoyo unánime del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas - a esconderse durante algunos días de los medios de comunicación para reaparecer finalmente en una comparecencia pública amañada en la que trató de explicar su participación en la creación y dirección del fatídico escuadrón como parte de una guerra inevitable, ya superada y que debe ser olvidada por los hondureños. Durante el acto de transmisión presidencial, Discua y el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas en pleno fueron tan ruidosamente silbados y abucheados como Callejas.

El asesinato de Cruz Laguna

También desnudó a los militares el asesinato del joven comerciante nicaragüense Juan Pablo Cruz Laguna, crimen en el que participaron 7 efectivos de la policía para robarle los 15 mil dólares que llevaba con él para hacer unos pagos. A algunos de los policías que asesinaron al muchacho - su cadáver lo enterraron en una fosa común, envuelto en unos cartones, como a un desconocido - se les vio cambiando dólares en la frontera honduro-nicaragüense, según la denuncia de Ramón Custodio López, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH) y según la hermana del comerciante asesinado, que viajó a Honduras para saber de su hermano desaparecido. Fueron las primeras pistas. Después vinieron muchas más. El 19 de enero, el alto mando de la policía se vio obligado a presentar ante los tribunales de justicia a los siete policías que mataron al nicaragüense.

El asesinato de Cruz Laguna y las valientes denuncias de Custodio y de la propia hermana del muchacho - "¡Aquí en Honduras hay más desaparecidos que mi hermano, búsquenlos!" , dijo ante las cámaras de la TV hondureña pusieron en evidencia cómo los altos mandos de la policía y el ejército encubren los crímenes de sus compañeros de armas y hundieron a la policía y al ejército en una nueva crisis de credibilidad, creando condiciones favorables para que se decida por fin que la policía - desde 1963 bajo la jurisdicción militar - pase por fin a jurisdicción civil.

Una pesada herencia

Es difícil la situación económica que el nuevo gobierno hereda. La deuda externa continúa pesando gravosamente sobre la economía del país: el servicio de la deuda representa un 40% de las exportaciones del país. A pesar de que a Honduras se le condonaron unos 700 millones de dólares, la deuda actual es mucho más alta que la que había a inicios de 1990. 3,283 millones de dólares entonces y ahora, 3,552. Para hacer más preocupante la situación, se rumora que debido a la demora en ciertos pagos, el país volverá a ser inelegible para nuevos préstamos internacionales, situación similar a la que se planteó en 1989.

El déficit fiscal sigue alentando las exigentes presiones del FMI para que se reduzca. El gobierno saliente se había comprometido a llevar el déficit fiscal a un 3.8% del PIB, pero éste oscilará entre un 9 - 10%. Para lograr la flexibilización de las medidas que el FMI ha "sugerido" al país para ponerse al día en el pago de la deuda y en la reducción del déficit, Reina y su gabinete económico viajaron a Washington unos días antes de la toma de posesión.

Reina se ha comprometido a darle un "rostro humano" al "inhumano" programa de ajuste estructural iniciado por el gobierno de Callejas. Para "humanizarlo", prometió en su discurso de toma de posesión elevar el gasto social recortando los gastos superfluos del Estado y adoptando un programa de austeridad financiera y habló de priorizar programas de seguridad alimentaria, atención primaria a la salud, educación básica, empleo productivo y asentamientos humanos. Existen serias dudas sobre el margen de maniobra que los organismos financieros internacionales concederán al nuevo Presidente Reina. Lo más probable es que tenga que continuar con la política de liberalización y plena apertura de la economía que le dejó en herencia el gobierno anterior.

Reina deberá responder a la expectativa de sus electores, que esperan una reducción y estabilización de los precios de los productos de la canasta básica y a la demanda de los asalariados, que esperan un reajuste general de salarios y la estabilización de la moneda local frente al dólar. Deberá también encontrar alternativas a la demanda de los sectores campesinos del país, que exigen tierra, crédito y apoyo estatal para la comercialización de sus productos. Los campesinos demandan también la derogación de la ley de modernización agrícola, que protege las tierras ociosas de los terratenientes y que auspició un masivo proceso de venta de tierras del sector reformado con grave perjuicio para el sector social de la economía en el agro hondureño.

Reina ha llamado a moderar las esperanzas: "Jamás he sido vendedor de ilusiones - dijo en su discurso inaugural -. No se me escapan la tenacidad, la complejidad ni la hondura de los viejos problemas de Honduras. Tampoco he sido un coleccionista de recriminaciones. El pueblo ya emitió su fallo sobre la gestión de mi distinguido antecesor, y el pueblo sabe cuán difíciles circunstancias económicas y sociales, fiscales y cambiarias, tiene que enfrentar el nuevo gobierno. No prometo ríos de leche y miel..."

La revolución moral

La posición titubeante que en materia económica tuvo su discurso de toma de posesión contrasta con la posición segura que tuvo al anunciar su cruzada para moralizar a Honduras. "Empeño mi palabra de honor dijo ante Dios, ante el pueblo y ante la historia, de que saldremos adelante en la empresa que nos hemos impuesto. Derrotaremos a la corrupción, pondremos en vigencia el liberalismo social. Llevaremos a cabo la revolución moral".

Entre las primeras medidas de esa revolución moral anunció el envío al Congreso de un Código de Etica del Funcionario Público. Reina confía en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República -figura surgida de la creación a fines de diciembre del Ministerio Público - lo apoyarán en su cruzada. Y la mayoría del pueblo confía en que la revolución moral conduzca también a la desmilitarización del Estado hondureño y a la eliminación - o al menos a la reducción - de los privilegios y de la impunidad de que gozan los militares.

La mayoría mira el compromiso moral del nuevo Presidente con una mezcla de esperanza y de incredulidad a la vez. ¿Habrá llegado el principio del fin del secular cáncer que corroe las entrañas del país, la corrupción? Quedan cuatro años para despejar la incógnita. Y la sociedad civil está alerta.

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