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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 144 | Diciembre 1993
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El Salvador

Tras la pista de los escuadrones

12 mil documentos secretos sobre las relaciones USA-El Salvador durante la guerra fueron hechos públicos en Estados Unidos. Demuestran la complicidad de los gobiernos Reagan y Bush con los crímenes de la derecha y dan pistas para identificar a los criminales.

Equipo Envío

Por primera vez, en sus varias visitas, el Secretario General Adjunto de Naciones Unidas, Marrack Goulding, regresó de San Salvador a Nueva York sin anunciar resultados sobre la gestión más prolongada que ha llevado a cabo en el país para superar la última crisis del proceso, provocada por los asesinatos de dirigentes del FMLN a manos de los escuadrones de la muerte.

De los tres objetivos de la visita de Goulding -establecer mecanismos para investigar los escuadrones, recalendarizar los puntos pendientes de cumplimiento de los acuerdos de paz y fortalecer ONUSAL-, parece que sólo avanzó en el último, relacionado con la propia misión de la institución a la que pertenece.

¿Quién controla la investigación?

El obstáculo principal y el más importante es, sin duda, el mecanismo para investigar los escuadrones de la muerte. La discusión se concentra en quién debe controlar esa investigación. Por supuesto, el gobierno quiere hacerlo, pero el FMLN no acepta esto y, a cambio, propone que la investigación esté en manos de instituciones independientes de los organismos gubernamentales. El gobierno argumenta que es a él a quien corresponde controlar, según las leyes. El FMLN alega que el gobierno no puede ser juez y parte al mismo tiempo.

En realidad, la investigación de los escuadrones de la muerte debiera ser llevada a cabo por instituciones y/o s independientes de ambas partes, aunque ambas partes deberían participar y colaborar activamente. El gobierno actual no tiene ninguna credibilidad ni solvencia moral ni política para dirigir investigaciones. Sus intereses son tan claros, sus procedimientos tan poco transparentes, su capacidad investigativa tan deficiente y su inclinación al encubrimiento de los autores intelectuales tan notoria que no se puede esperar nada positivo de una investigación gubernamental. Por otra parte, el FMLN será más libre si deja la responsabilidad de la investigación en manos independientes.

El punto clave para una investigación como la que el país está necesitando y reclamando requiere de un organismo que tenga credibilidad ante la población y genere confianza para que los testigos aparezcan y hablen, así como lo hicieron antes las dos comisiones que se integraron a partir de los acuerdos. Los testigos no aparecerán ni hablarán ante instituciones desprestigiadas y poco confiables. Si no se crean estas dos condiciones básicas, el apoyo que pudieran dar los organismos investigativos internacionales tendrá un alcance muy reducido.

Documentos escondidos

Reproducimos a continuación el artículo de Clifford Kraussen en The New York Times del 8 de noviembre sobre los 12 mil documentos secretos que el gobierno de Estados Unidos había hecho públicos unos días antes y en los que se aborda el tema de los escuadrones, dando evidentes pistas para, al menos empezar la investigación:

"Informes de inteligencia, dados a conocer en Estados Unidos, prueban con evidente contundencia que las administraciones de Reagan y Bush recibieron información detallada sobre asesinatos cometidos por dirigentes derechistas de El Salvador en los años 80 y que, a pesar de eso, continuaron apoyándolos.

Los informes van más allá de un recuento esquemático de las posibles conexiones entre los asesinatos políticos y líderes como Roberto D'Aubuisson, recuento que fue facilitado al Congreso en su momento por funcionarios de la administración, los que repetidamente describieron aquella información como "limitada e incompleta".

Más de 12 mil documentos han sido desclasificados ahora por el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por presiones del Congreso. Los documentos revelan que las administraciones de Reagan y Bush recibieron informes de inteligencia que demuestran que la fuerza armada salvadoreña - que entre 1980 y 1991 recibió mil millones de dólares en ayuda militar para luchar contra la guerrilla izquierdista - estuvo dominada durante esa década por oficiales que en algún momento de su carrera ordenaron o tomaron parte en las actividades de escuadrones de la muerte."

Evidencias abrumadoras

Muchos de los documentos hechos públicos se refieren a evaluaciones y a contactos norteamericanos con Roberto D'Aubuisson, líder derechista, a quien la Agencia Central de Inteligencia describió en un informe hecho para la administración Reagan en sus primeros días, como "el principal secuaz de los terratenientes derechistas y coordinador de los escuadrones de la muerte derechistas que asesinaron a miles de izquierdistas y sospechosos de simpatizar con la izquierda durante el año pasado".

El señor D'Aubuisson murió de cáncer en 1992. Los documentos identifican también al actual Vicepresidente, Francisco Merino, como organizador de escuadrones de la muerte y afirman que en 1981 "se planificó un secuestro en la casa de Armando Calderón Sol, actual alcalde de San Salvador y candidato presidencial de ARENA". Los documentos demuestran también que Estados Unidos sabía que el recientemente retirado Ministro de Defensa, General René Emilio Ponce, trabajó a comienzos de los 80 con los escuadrones de la muerte dirigidos por D'Aubuisson, mientras fue jefe de la policía de tránsito y oficial de inteligencia.

Durante años se ha argumentado que la administración Reagan encubrió al señor D'Aubuisson y a la fuerza armada y mintió al Congreso para burlar las restricciones a la ayuda militar basadas en que se respetaran en El Salvador los derechos humanos. Estos alegatos resurgieron en marzo de 1993, cuando el informe de la Comisión de la Verdad, patrocinado por las Naciones Unidas, documentó ampliamente los abusos cometidos por oficiales salvadoreños que fueron ampliamente protegidos por Washington durante mucho tiempo. A raíz de este informe, líderes del Congreso exigieron que la administración Clinton desclasificara los documentos para poder conocer con mayor amplitud esta historia.

Los documentos entregados en respuesta a estas demandas ofrecen evidencias abrumadoras de que las administraciones de Reagan y Bush, aunque no aprobaron las actividades del señor D'Aubuisson, trabajaron con él como parte de una estrategia destinada a mantener cohesionada a una fuerza armada fraccionada para que pudiera vencer a la guerrilla.

Roberto D'Aubuisson

"D'Aubuisson es egocéntrico, temerario y, tal vez, mentalmente inestable", concluía un memorándum de marzo de 1981 elaborado por la CIA para Richard Allen, asesor nacional de seguridad del Presidente Reagan. Otros documentos de la CIA informaban que D'Aubuisson traficó con drogas, contrabandeó armas y dirigió la reunión donde se planificó en 1980 el asesinato de Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador.

Los documentos indican que las administraciones de Reagan y Bush buscaban, sin embargo, mantener buenas relaciones con el señor D'Aubuisson, un ex-mayor de la Guardia Nacional, que llegó a Presidente de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, en 1983, durante una visita a San Salvador de la representante norteamericana ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, el embajador Deane Hinton invitó al señor D'Aubuisson y a sus principales asesores a un almuerzo en la residencia del embajador. Seis años después, poco antes de que la CIA informara que el círculo de s más cercanas a D'Aubuisson había planificado asesinar al Presidente Alfredo Cristiani, el embajador William Walker lo invitó a la fiesta del 4 de julio en la embajada. "Teníamos que tratar con D'Aubuisson - dijo Walker, enviado por la administración Bush a San Salvador y que prestó servicio como Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos durante la administración Reagan - El presidía el Congreso, fue elegido para ese cargo y era claramente líder de un ala del partido en el gobierno."

Los documentos indican que en 1991, el Secretario de Defensa, Richard Cheney, se opuso con fuerza a las sugerencias del embajador Walker y de otros funcionarios del Departamento de Estado para que la ayuda militar fuera retenida a causa de los retrasos en las investigaciones de los asesinatos de seis sacerdotes jesuítas. En contra de los objeciones de la administración Bush, el Congreso retuvo más de 40 millones de dólares en ayuda militar para El Salvador en 1991.

Monseñor Romero

Bajo interrogatorio de miembros del Congreso sobre el señor D'Aubuisson, indagando si él era el autor intelectual del asesinato del arzobispo Romero, funcionarios de la administración Reagan no dijeron que numerosos informes de inteligencia, ahora desclasificados, tenían informaciones detalladas sobre el rol que tuvo D'Aubuisson al dirigir la reunión en que se planificó ese asesinato.

Durante las audiencias sobre la certificación de la ayuda militar para El Salvador, en febrero de 1982, el senador Charles Percy, republicano por Illinois, solicitó una respuesta de la administración a los alegatos sobre la participación de D'Aubuisson en el asesinato de Romero. La respuesta oficial del Departamento de Estados decía: "En relación a D'Aubuisson y al asesinato del arzobispo Romero, hemos recibido alguna información que pudiera ser interpretada como indicador de una posible vinculación. Sin embargo, esta información es limitada e incompleta y no pueden sacarse conclusiones de ella".

En una carta a un congresista republicano, del 11 de abril de 1984, W. Tapley Bennett Jr., Subsecretario de Estado para asuntos legislativos, declaró que las evidencias que vinculaban al señor D'Aubuisson con actividades de los escuadrones de la muerte, eran "limitadas e incompletas". Y añadía: "Hemos recibido otros informes sobre el asesinato de Romero que contradicen las acusaciones".

Pero los documentos ahora desclasificados cuentan la historia de otra manera. Un informe preparado por la CIA para el entonces Vicepresidente George Bush, tres semanas antes de que la carta de Bennett fuera escrita, caracterizaba los alegatos que relacionaban a D'Aubuisson con el asesinato de Romero como "creíbles". Mencionaba también informaciones sobre una reunión en la que "a los que estaban presentes se les solicitó participar en una rifa para determinar quién llevaría a cabo la acción".

Bustillo y los jesuítas

Funcionarios de la administración Reagan indicaron que en dos ocasiones ayudaron a impedir que Roberto D'Aubuisson llegara a la Presidencia de El Salvador. En una de ellas, en 1984, facilitando financiamiento secreto de la CIA para la campaña presidencial de José Napoleón Duarte. El documento sugiere que D'Aubuisson entendía que los funcionarios americanos no insistieron en que los militares o la policía lo arrestaran, pues temían que eso podría provocar un golpe de Estado o dividir a la fuerza armada.

Para adular a los americanos, el señor D'Aubuisson les ofrecía información de inteligencia sobre l del Ejército y de la Policía salvadoreñas. De acuerdo a un mermorandum secreto, fue D'Aubuisson quien primero informó a la embajada americana que el Comandante de la Fuerza Aérea, General Juan Rafael Bustillo, era el probable autor intelectual de la masacre de seis sacerdotes jesuítas en 1989. La información de D'Aubuisson fue desestimada y el General Bustillo negó esas acusaciones, pero dos años después, un informe del Congreso indicaba que el General Bustillo estaba totalmente involucrado en la planificación de este crimen.

Investigación en USA

Un informe de inteligencia del ejército norteamericano, de diciembre de 1992, expresaba preocupación por informaciones sobre un golpe de Estado contra el Presidente Cristiani, que estaban planificando oficiales de la fuerza armada descontentos en unión con "ricos conservadores". Uno de los líderes de esta conspiración es identificado: el Coronel Roberto Pineda Guerra, un alto oficial de inteligencia militar.

Un memorándum de 1990 del embajador Walker, dirigido al Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, decía que D'Aubuisson planificó en 1981 el secuestro del Presidente de la Asociación Salvadoreña de Futbol en una reunión en la casa del señor Armando Calderón Sol, ex-Alcalde de San Salvador y principal candidato presidencial de ARENA para las elecciones de marzo en 1994. Sin embargo, no se ofrecen pruebas contundentes de que Calderón Sol hubiera tomado parte en la confabulación.

Un segundo informe de la CIA, de 1990, describía los planes de s muy cercanas a D'Aubuisson para asesinar al Presidente Cristiani en agosto, con el objeto aparente de llevar al Vicepresidente Francisco Merino a la Presidencia. Un tercer informe de la CIA, también de 1990, indicaba que el Vicepresidente Merino estaba involucrado en una nueva red de escuadrones de la muerte. "Merino y otros salvadoreños adinerados pagarán a los miembros de estos escuadrones y cubrirán sus gastos. La lista de las víctimas será facilitada por un ex-Fiscal General, que dará información sobre supuestos izquierdistas a cambio de la ayuda que D'Aubuisson le dará para que se anulen las acusaciones de corrupción que hay contra él en la Asamblea Legislativa".

Los primeros informes sobre el contenido de los documentos desclasificados han desencadenado una firme reacción en el Congreso. El representante demócrata por New Jersey, Robert Torricelli, declaró: "Si Estados Unidos está dispuesto a favorecer actividades de este tipo para lograr objetivos políticos comunes, esto tendrá una influencia permanente en nuestras relaciones con El Salvador y más allá de ellas".

Torricelli, que dirige del Subcomité de Asuntos Exteriores el Hemisferio Occidental, afirmó que comenzará una investigación para saber si los funcionarios de la administración Reagan cometieron perjurio ante los Comités del Congreso y si dieron o no testimonios falsos sobre las actividades de los escuadrones de la muerte.

Los documentos revelados ofrecen también nuevos elementos para comprender lo que sucede hoy en El Salvador, que sufre el resurgimiento de asesinatos ejecutados por los escuadrones de la muerte, a pesar de los difíciles acuerdos de paz logrados entre el gobierno y la guerrilla.

Tres reacciones: Cristiani, Merino y Villalobos

Al conocer el contenido de los documentos desclasificados en Washington, el Presidente Cristiani dio todo su apoyo al Vicepresidente Francisco Merino, restando importancia a su contenido "No son investigaciones serias". -dijo- "Simplemente son informes que la embajada de Estados Unidos en El Salvador envía sobre diferentes aspectos que tengan que ver con ciertos temas, pero que son simples cosas que se escuchan, o rumores y realmente no son producto de investigaciones". Añadió que realizará un análisis jurídico, para comprobar si no existe violación de tratados internacionales en cuanto a espionaje se refiere.

El mismo día, el empresario Orlando De Sola demandó judicialmente al dirigente del FMLN, Joaquín Villalobos, para que responda por presunto delito de difamación. De Sola declaró que el 1 de noviembre, y aprovechando el funeral de Heleno Castro, asesinado por los escuadrones de la muerte, Joaquín Villalobos lanzó "serias acusaciones contra mi, difamándome inmerecidamente y poniendo en peligro mi seguridad y la de mi familia. Villalobos dijo que mi casa fue utilizada para torturar a sus compañeros, que financié escuadrones y que mandé a matar gente". Agregó que esos señalamientos son una falsedad, por lo que se considera gravemente ofendido.

Vísperas electorales

También en esos días el candidato a la Vicepresidencia por la coalición Convergencia-FMLN, Francisco Lima, informó que durante su viaje a los Estados Unidos junto a Rubén Zamora, candidato a Presidente, solicitaron al Congreso norteamericano no restablecer la ayuda a El Salvador mientras no se cumplan los acuerdos de paz aún pendientes. Durante su visita solicitaron también que los 12 mil documentos desclasificados que se entregaron al Congreso, puedan ser utilizados por una comisión que tendría bajo su cargo la investigación de los escuadrones de la muerte que han causado en el país el resurgimiento de la actividad de los escuadrones y estos documentos, que señalan a algunos escuadroneros.

Son muchas más las reacciones. Es este el paisaje político que en el que quedó inaugurada el 20 de noviembre la campaña electoral, que culminará el 20 de marzo de 1993 en las ya llamadas "elecciones del siglo" en El Salvador.

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