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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 141 | Septiembre 1993
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Guatemala

Ramiro De León: ¿la carta soñada por los militares?

La depuración de los serranistas que quedaron en el Congreso distrae y atrae. Pero Guatemala tiene problemas más candentes: la crisis económica y la guerra. El país necesita cambios de fondo y no maquillajes.

Emma G. Martínez

A casi tres meses del nuevo gobierno de Ramiro De León Carpio, corre un nuevo chiste en Guatemala: desde que es Presidente, De León cambió de nombre: antes se llamaba "Ramiro" y ahora "Ya-no-miro". El nuevo Presidente ha hecho cambios, como la depuración del gobierno a todos niveles, que podría tener trascendencia a largo plazo. Dentro de las fuerzas armadas también hizo cambios en la jerarquía y la línea mas pragmática está desplazando a la línea dura. Pero parece que el ex-Procurador de los Derechos Humanos ya no mira que las violaciones siguen dándose a ritmo alarmante e incluso se han incrementado desde que él asumió el poder. Tampoco mira que el ejército sigue hostigando a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) y que las patrullas civiles continúan amenazando y asesinando a la población en el campo.

Pasos adelante

En casi tres meses, De León ha logrado dar los primeros pasos en algunos cambios, empezando con su plan de gobierno de 180 días y con la prometida depuración del Estado. Su plan de gobierno, dado a conocer en junio, prioriza la salud, la educación y el desarrollo municipal. El ajuste estructural sigue, pero "con un rostro más humano", según De León. El Presidente también enfatizó la importancia de consolidar la democracia.

Casi todos los sectores de la sociedad elogiaron el plan, incluyendo el empresariado y las organizaciones populares. Rosalina Tuyuc, de la Comisión Nacional de Viudas (CONAVIGUA), lo valoró: así "Expresa una firme lucha contra la impunidad y la corrupción y es un esfuerzo real por comenzar a resolver los problemas de la pobreza", y señaló que las organizaciones populares presionarían para que el gobierno cumpliera con este plan.

El 1 de agosto, De León anunció la depuración de todos los serranistas que quedaban en la administración, incluyendo entre otros a todos los gobernadores departamentales, a los presidentes de comités de desarrollo locales, a los gerentes de bancos estatales, a los directores de la policía nacional y de la CEAR - instancia nacional que atiende a los refugiados -. Prometió "una profunda depuración" de la policía a todos niveles a causa de los abusos cometidos contra la ciudadanía. A finales el mes, el Presidente abrió una caja de Pandora al exigir públicamente la depuración del Congreso, un cuerpo legislativo totalmente desacreditado por sus increíbles niveles de corrupción.

Los refugiados que todavía quedan en México y los que ya retornaron podrían beneficiarse mucho de estos cambios. José Mauricio Rodríguez, el nuevo director de la CEAR nombrado por De León, tiene una actitud muy distinta a la de su antecesor, quien en enero y durante su primer retorno masivo, había acusado a los refugiados de ser "ladrones". Rodríguez prometió depurar la CEAR a todos sus niveles y agilizar las políticas de crédito para financiar la compra de tierras y proyectos agropecuarios.

La posibilidad de convertir la CEAR en una institución que realmente atienda a los refugiados y no los mire como subversivos es ya un avance considerable. Sin embargo, una institución no podrá cambiar una realidad tan desalentadora como es la Guatemala a la que los refugiados están retornando. En un país donde el término "reforma agraria" sigue siendo un tabú, estas familias regresan a interminables conflictos de tierras, a una miseria segura y a un ambiente de violencia rural, donde en muchos lugares las patrullas civiles siguen mandando.

"La diferencia entre antes y ahora es que ahora existe voluntad política de parte del gobierno para ayudar a los refugiados. Pero el Presidente tiene que enfrentar enormes obstáculos para poder hacer cambios", dijo Raúl Chacones, asesor de la Iglesia Católica, que trabaja en el retorno de los refugiados.

Cortina de humo

El 26 de agosto, la esperada y anunciada depuración empezó en serio. En un discurso televisado, De León declaró la guerra política al Congreso, exigiendo que todos los 116 diputados renunciaran y que también lo hicieran los integrantes de la Corte Suprema. Las dos instituciones son conocidas por los increíbles niveles de corrupción que ha alcanzado y son odiada por la población en general.

"Estoy enfrentando el reto de cambiar las estructuras políticas de este país. O se van ellos o me voy yo", dijo De León y amenazó con llamar a un referéndum popular si los congresistas no renunciaban voluntariamente. El Presidente ordenó también el congelamiento de los sueldos de los legisladores.

La mayoría de los congresistas respondieron de una manera virulenta, y esta guerra entre los poderes del Estado podría llegar a niveles difíciles de manejar para el nuevo Presidente, quien todavía no logra consolidar su base de poder. De León quiere depurar el Congreso antes de finales de septiembre, cuando este cuerpo tendrá que aprobar su presupuesto nacional.

Algunos congresistas anunciaron que en las próximas semanas aprobarían leyes progresistas, en una acción desesperada por tratar de ganar las simpatías del pueblo. Una de estas leyes - que es un anteproyecto sobre el - tapete es el "Convenio 169", un tratado internacional garantizando los derechos de los pueblos indígenas. El sector privado está en contra de este tratado por una cláusula que reconoce el derecho de los indígenas a tierras comunales. Por dos años el anteproyecto ha estado engavetado a pesar de una vigorosa campaña de las organizaciones mayas en favor de esta ley.

La gran mayoría de los guatemaltecos apoya la decisión de De León de depurar el Congreso. Pero los grupos populares que podrían beneficiarse del conflicto entre los poderes no están de acuerdo con la manera en que De León está llevando a cabo la depuración, de una manera parcial. Les parece una medida demagógica encaminada más a ganar popularidad para el Presidente que a resolver los serios problemas del país.

"Guatemala tiene problemas estructurales profundos, necesita cambios de fondo, no maquillaje. Y en eso, lamentablemente, es en lo que se está cayendo. No necesitamos una fachada para la exportación sino reformas internas que beneficien a la población. Hay muchas distracciones, cortinas de humo que hacen olvidar problemas tan candentes en el país como la guerra y la crisis económica", dijo Nineth Montenegro, líder popular del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo), una organización que agrupa a miles de familiares de los desaparecidos.

"La depuración debe representar sólo una parte en la discusión de estos grandes problemas. Pero parece que no se quieren resolver estos problemas. De repente, la depuración es un tema que le gusta al pueblo, le distrae, le atrae. Es cierto que las instituciones deben ser depuradas y reestructuradas para que trabajen con una función social, pero siempre y cuando no se haga utilización política de la depuración", añadió.

Una semana antes de que De León anunciara la guerra política, el Ministro de Defensa, General Mario Enríquez, respaldó públicamente al Presidente por querer seguir adelante con la depuración. Algunos analistas no ven con buenos ojos este espaldarazo abierto del ejército a De León, y lo interpretan como la continuación de la interferencia de las fuerzas armadas en los asuntos civiles.

"Ramiro igual que Cerezo y Serrano, ha caído en las manos del ejército. El ejército se siente con la libertad de interferir en la depuración de otros organismos del Estado, pero no permiten que los civiles interfieran en sus asuntos. Quieren llevar a cabo una auto-depuración y poner ellos sus propias reglas. Es la prueba de que siguen siendo una casta autónoma en Guatemala", opinó Helen Mack, hermana de la antropóloga Myrna Mack, asesinada en 1990 por el Estado Mayor Presidencial (EMP). A principios de septiembre, Helen empezó a recibir amenazas de muerte.

Mack señaló que el EMP, al igual que lo hizo con los anteriores presidentes civiles, está manejando la agenda presidencial y hasta los fondos de De León. Cree ella que el Presidente cayó en esta trampa por la ineficiencia de los burócratas estatales. Frustrado y ansioso por cumplir con tantos deberes, De León se habría hastiado ya de la ineptitud de los civiles. "Ahora los políticos van a hacer la guerra a Ramiro y cada vez va a tener que depender más del ejército para que le den apoyo. Pienso que estamos entrando a otro período de ingobernabilidad y caos", advirtió Helen Mack.

Nuevo plan o viejo juego

En julio, y a bombo y platillo, De León presentó su "nueva" propuesta de paz. Héctor Rosada, politólogo, que ha asesorado al ejército durante años y es ahora asesor del Presidente, fue quien la formuló. La médula de la propuesta es la creación de dos mesas dentro de las negociaciones: una mesa en México, donde el gobierno y la URNG acordarían el fin de la guerra con la mediación de la ONU y la OEA; y otra mesa dentro del país, donde los sectores cívicos discutirían los graves problemas socioeconómicos que causaron la guerra, con lo que en esencia se reactivaría el diálogo nacional.

Los sectores civiles que representan al movimiento popular -sector religioso, organizaciones mayas y otros- elogiaron esta iniciativa, destinada a reanudar las pláticas, estancadas desde hace meses. Sin embargo, criticaron la creación de dos mesas separadas, porque esto margina a la sociedad civil de las negociaciones de México, encaminadas a terminar la guerra y donde el ejército y la guerrilla discutirían la desmilitarización y otros temas de suma importancia para el pueblo que ha sido afectado por el conflicto. Aunque la participación en estas pláticas ha sido exigencia básica de los sectores civiles en los últimos años, esto no fue tenido en cuenta. También criticaron que no se especificara la relación entre las dos mesas y cómo se coordinarían.

"Si estos detalles no se incluyeron intencionalmente, la propuesta sería en el fondo la misma que la de Cerezo y Serrano: entrega incondicional de las armas por parte de la URNG", opinó Byron Morales, un dirigente del movimiento popular. La URNG criticó la propuesta por estas mismas razones.

Ahora con sonrisas

La institución armada no ha quedado al margen de los cambios recientes. El nuevo Ministro de Defensa, General Mario Enríquez, ha participado ya en las pláticas con la guerrilla y es un "moderado" dentro del ejército guatemalteco. En julio, Enríquez lanzó una ofensiva publicitaria para cambiar la imagen el ejército, conocido mundialmente por su saña en contra de la población civil. La campaña empezó con el cambio del vocero del ejército, Capitán Yon Rivera -de la línea dura-, por una mujer joven y atractiva, la Mayor Berta Edih Cerna. Es la primera vez en la historia del ejército guatemalteco que una mujer alcanza una posición tan alta. Según un analista militar, la preparación de Cerna para asumir esta nueva tarea se inició hace meses, cuando la enviaron a Washington para que se familiarizara con el funcionamiento de los lobbies y la prensa internacional.

Enríquez difiere mucho de su antecesor en la manera de relacionarse con el público y con la prensa. Nunca contesta las preguntas de los periodistas en tono amenazante, como hacía García Samayoa. Durante una de sus primeras conferencias de prensa, el General Enrique anunció que los futuros proyectos militares serían la construcción de carreteras, la continuación de la campaña de educación en derechos humanos dentro de la institución y la reforestación. En otro estilo, entre bromas y sonrisas, expresó las mismas opiniones negativas sobre las CPR y la guerrilla, y no admitió la reducción del ejército.

"No queremos hablar de reducción mientras persiste un enfrentamiento armado. Es seguro que una vez terminado, el esfuerzo contrainsurgente va a cesar. Habrá una reconversión, y eventualmente podría contemplarse la reducción. Pero cuando se ven los números, en comparación con los ejércitos de otros países de la región, uno se da cuenta que no hace falta una disminución, sino un aumento", dijo. También expresó bromeando cierta crítica al énfasis que algunos ponen en los derechos humanos. "Ahora nadie quiere ser policía en Guatemala: podrían quedar encarcelados por violar los derechos del delincuente".

Duros y moderados

En agosto, De León anunció que el temido "archivo" - unidad de inteligencia dentro del Estado Mayor Presidencial (EMP) - sería desmantelado. El EMP, cuerpo encargado de la vigilancia y control de las actividades del Presidente, también sería reestructurado. El "archivo" ha sido implicado en varios asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Entre los casos más sonados, el de Myrna Mack.

Mientras varios sectores aplaudían lo que parecía una decisión audaz, la euforia duró poco. La medida no era más que un cambio cosmético. Una fuente anónima hizo pública la circular que el Jefe del EMP envió a todos los empleados de este cuerpo explicando la medida. Según el escrito, no se trataba de ninguna reducción o depuración. "Todas las funciones y misiones continúan", decía, añadiendo que el cambio "sólo persigue mejorar la imagen de dicha dependencia". Aunque el EMP fuera reestructurado -lo que no ocurrirá según indica la circular-, la G-2, la inteligencia militar, no se ha tocado. Este cuerpo continúa haciendo su trabajo.

Los recientes cambios en la jerarquía del ejército son el resultado de una década de luchas internas en las fuerzas armadas y no de la decisión de De León de imponer la autoridad civil sobre tan todopoderosa institución. La pugna ha sido y sigue siendo entre los representantes de diferentes estrategias militares: Básicamente, la pugna de los más guerreristas, que abogan por la seguridad nacional, y la de los que defienden lo que se conoce como la tesis de la estabilidad nacional.

Desde principios de los 80, un sector del ejército, liderado por el General retirado Héctor Gramajo, ha impulsado esta tesis como un camino para vencer a la guerrilla en todos los frentes y no sólo en el militar. La tesis es también una estrategia para garantizar la sobrevivencia de la institución armada en un ambiente cada vez más hostil, en el que existe tanta presión por la desmilitarización. Esta tesis fue ganando terreno en los 80, particularmente cuando Gramajo fue Ministro de Defensa, pero perdió espacio cuando Jorge Serrano ganó las elecciones den 1990 y se impuso otra vez la línea dura.

Una eficaz fachada civil

Con los cambios, vuelven al poder algunos de los militares que se formaron en esta escuela, también conocidos como "desarrollistas". Hoy en día, los oficiales en el poder son más sofisticados en el manejo de la imagen pública y más sensibles a las transformaciones mundiales. Los cambios que hoy impulsan prueban que aprendieron que también tienen que combatir en el frente político internacional, donde han estado perdiendo batallas, especialmente por las violaciones a los derechos humanos de la última década. Para este sector militar, más astuto, De León será una fachada civil mucho más efectiva para recobrar prestigio internacional que la que tuvieron con los dos presidentes civiles anteriores, Cerezo y Serrano.

"El ejército debe comprender que este Presidente es la carta que la institución nunca soñó tener, aun cuando muchos se hayan opuesto a su llegada", comentó el ex-militar Gustavo Díaz López al semanario Crónica, Díaz fue retirado de servicio después de participar en el fracasado golpe de 1989.

Parece que los sueños del ejército se están haciendo realidad. A finales de julio, el director de la AID, Brian Atwood, visitó Guatemala y declaró que la administración Clinton estaba "pensando" en reanudar la ayuda militar a Guatemala, cortada desde hace años por las violaciones a los derechos humanos. Días después, el Jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense y el Jefe del Comando Sur arribaron a Guatemala. Tras reuniones con el Presidente y con el Ministro de Defensa, los dos generales del Norte aseguraron que en el futuro se incrementarían las maniobras militares conjuntas entre los ejércitos de los dos países.

Violencia que no cesa

Cuando De León resultó elegido, algunos esperaban que al menos disminuiría la violencia en Guatemala. Pero sólo unos días después que el nuevo mandatario recibiera la banda presidencial, se desató otra ola de amenazas de muerte, asesinatos y secuestros de sindicalistas, estudiantes y miembros del movimiento popular. A algunos de los sindicalistas secuestrados, que fueron torturados y luego liberados, sus captores les preguntaron sobre vínculos con la guerrilla, al estilo de las operaciones contrainsurgentes. El 7 de julio se descubrieron nueve cadáveres en el Petén con señales de tortura. Cuatro eran de campesinos, víctimas de asesinatos en julio. Los otros cinco eran de personas que habían desaparecido en la zona hacía meses. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado informó las violaciones han aumentado que desde que De León asumió el poder.

Según representantes de las CPR, también continúa la represión en su contra. "Nos cuesta creer que la represión es voluntad de Ramiro De León, pero si no es orden de él, el ejército no está acatando al poder civil. Donde vivimos se mantienen suspendidas las garantías constitucionales y la única autoridad es el ejército", afirma Nazaria Tum, de las CPR.

El Ministro de Defensa declaró que las CPR son una población "retenida" por la guerrilla, expresando así idéntica posición a la de su antecesor. Al mismo tiempo, De León parece estarse distanciando de esta población, a la que tanto defendía cuando era Procurador de los Derechos Humanos. Cuando se le preguntó al Presidente su opinión sobre las denuncias de las CPR, dijo que a veces "exageraban" y que "no todo lo que han dicho en el pasado es verdad". Desde que tomó el poder, la CPR exigieron una audiencia privada con el Presidente, pero siguen a la espera. A finales de julio denunciaron que el ejército estaba tratando de imponer al nuevo Presidente una política de represiva contra las CPR.

"Durante unos días después de su elección, hubo silencio. Pero después nuestros miembros y los de otras organizaciones campesinas en el Quiché y en otras áreas conflictivas empezaron a recibir de nuevo amenazas de muerte de parte de las patrullas civiles. Realmente nada ha cambiado. Los patrulleros no aceptan a Ramiro De León como Presidente. Dicen que él representa a los derechos humanos y que todos los que se involucran en eso son guerrilleros", declaró Rosalina Tuyuc a principios de julio.

Palabras proféticas. Días después, tres miembros de una familia fueron masacrados en Colotenango, Huehuetenango, en el nor-occidente del país. El padre de familia se había negado a patrullar en esta zona, donde los patrulleros son temidos por su fanatismo. Para protestar por este asesinato y por la negación de las autoridades locales a investigar el hecho, CONAVIGUA organizó una manifestación de la población local. El 3 de agosto, miles marcharon pacíficamente en la zona y se reunieron con el comandante militar para exigir la disolución de las patrullas. El comandante los despidió entre amenazas y tuvieron que volver a sus aldeas fracasados.

Cuando la marcha pasaba por un puente, la patrulla abrió fuego, matando a un anciano e hiriendo a varios a machetazos. El Presidente condenó el ataque y reiteró que no se podrían disolver las patrullas mientras existiera un conflicto interno, haciéndose así eco de la posición del ejército y negando que el tuvo cuando era Procurador. El Ministro de Defensa declaró que hubo provocación de parte de las manifestantes y éstos que estaban armados.

Dos semanas después, De León apareció en una manifestación en la zona, sonriendo entre los rifles y reiterando que no se podía disolver a las patrullas, dándoles así una muestra de apoyo. Esto sucedía mientras en varias zonas del país se registraban incidentes de intimidación de la patrullas a la población civil. Durante julio y agosto la Procuraduría de Derechos Humanos recibió por lo menos 80 denuncias de amenazas de las patrullas contra pobladores.

Uno de los manifestantes filmó un video de la marcha, pudiendo identificarse a 12 patrulleros que disparaban contra la gente. Sin embargo, tres semanas después del hecho, ninguno de los responsables habían sido capturados por las autoridades. "Los jueces no están haciendo nada, ni siquiera quieren escuchar a los testigos. No van a llevar a cabo ningún castigo porque tienen miedo", dijo Fernando López, del Arzobispado. A finales de agosto, 58 pobladores de Colotenango se habían refugiado en las oficinas de CONARIGUA porque eran amenazados por las patrullas.

A pesar de la insistencia del Presidente en que las patrullas de autodefensa civil no pueden disolverse hasta que termine la guerra, es obvio que el ejército no tiene ninguna intención de desmantelar nunca esta red paramilitar. Recientemente, la nueva vocera militar explicó que ya las patrullas se están convirtiendo en "comités de paz y desarrollo" en las zonas donde no existe presencia de la guerrilla.

Jorge Carpio: ¿Un asesinato que es un mensaje?

El asesinato que más tensionó al país y que puso en tela de juicio la vuelta a la constitucionalidad fue la muerte de Jorge Carpio, primo hermano del Presidente, el 3 de julio. Carpio era uno de los políticos más conocidos del país y editor de uno de los diarios más importantes. El asesinato ocurrió en una coyuntura muy compleja para el nuevo Presidente, que estaba tratando de consolidar su poder. Carpio fue asesinado días después de que De León había reemplazado sorpresivamente al anterior Ministro de Defensa, de línea dura, por un moderado. El hecho ocurrió dos días después del nombramiento del nuevo gabinete y del anuncio del plan de gobierno de 180 días. Cuatro días después del asesinato, De León tenía programado anunciar su nueva propuesta de paz.

La noche del 3 de julio, mientras viajaba por una carretera en el militarizado Departamento del Quiché, la caravana de Carpio, que andaba en una gira política, fue atacada por un grupo de 15 a 30 hombres enmascarados y fuertemente armados. La banda detuvo los vehículos y robó algunas pertenencias de sus ocupantes, en lo que parecía y pudo haber sido uno de los frecuentes casos de delincuencia común. Sin embargo, uno de los atacantes gritó después: "Es Jorge Carpio! !Mata a Jorge!", y abrieron fuego contra él y sus acompañantes. Su esposa y otros familiares sobrevivieron.

El ejército culpó inmediatamente a la URNG, lo que fue rechazado oficialmente por la Comandancia de la guerrilla y descartado por los analistas, pues ese crimen sólo hubiera perjudicado a los insurgentes. Después, el gobierno y la policía promovieron la tesis de que se trataba de un robo perpetrado por un grupo de asaltantes que operaba en la zona y atacaba con frecuencia a los turistas.

Según la viuda de Carpio, Marta Arrivillaga, fue un "crimen político". Arrivillaga rechazó la teoría del gobierno y de la policía, porque a los asaltantes no les interesaron joyas de valor y otras pertenencias que hubieran podido robar fácilmente. En lo que va del año y según indagaciones de la familia, los asaltantes no mataron a ninguna otra de las víctimas que fueron asaltadas en el mismo lugar. Arrivillaga también se preguntó por qué el ejército no estaba patrullando aquella área, como suele hacer los fines de semana por la noche.

El Presidente ordenó una investigación exhaustiva. Mil policías y especialistas del ejército rastrearon la zona, cateando casas sin orden judicial en muchos casos y cometiendo abusos contra la población local, según denuncias de organizaciones de derechos humanos. En un país donde estos casos casi nunca se resuelven, fue llamativo que a los cuatro días la policía presentara a once sospechosos, todos miembros de un grupo local de asaltantes, según las autoridades. Sin embargo, el ministerio público no tenía ninguna prueba que vinculara a ninguno de los once con el asesinato de Carpio.

El partido político de Carpio, la Unión de Centro Nacional, rechazó el informe preliminar de la policía por ser "contradictorio e incongruente" y declaró que los 11 podrían ser sólo "chivos expiatorios" Arrivillaga solicitó la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos de la ONTsos, todos miembros de un grupo local de asaltantes, según las autoridades. Sin embargo, el ministerio público no tenía ninguna prueba que vinculara a ninguno de los once con el asesinato de Carpio. El partido político de Carpio, la Unión de Centro Nacional, rechazó el informe preliminar de la policía por ser "contradictorio e incongruente" y declaró que los once podrían ser sólo "chivos expiatorios". Arrivillaga solicitó la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de investigadores extranjeros para llegar a los culpables, "sean quienes sean".

Dos meses después del crimen, la familia y diversos sectores siguen creyendo que el asesinato fue un mensaje enviado al nuevo Presidente por un sector de la línea dura del ejército.

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