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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 135 | Marzo 1993
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Nicaragua

Los rearmados del Norte

Al no poder desmontar desde arriba los logros de la revolución, la ultraderecha no da la batalla desde abajo, sino desde el Norte.

Equipo Envío

La guerra que la administración Reagan desató contra la revolución nicaragüense fue dirigida desde Washington, que capitalizó e instrumentalizó el descontento de los campesinos nicaragüenses, especialmente los de la zona Norte del país. El Norte, una región de miles de kilómetros cuadrados, escasamente poblada, mal comunicada, donde predominaban los campesinos pequeños productores, los trabajadores rurales sin tierra y los grandes terratenientes, fue el escenario más cruento de la guerra en los 80.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos supo aprovechar bien las contradicciones generadas por una verdadera revolución y los errores y limitaciones propios de una revolución imperfecta y asediada. La vieja dicotomía política liberales-conservadores, impuesta históricamente al campesinado desde Managua, fue sustituida por otra: sandinistas-antisandinistas.

En ese complejo estrato social que es el campesinado, del que se alimentó tanto el Ejército de Sandino como la Guardia Nacional y tanto el Ejército Popular Sandinista como la misma contra -con diversos niveles de conciencia- la nueva dicotomía política tuvo un arraigo mucho mayor y más auténtico.

Una situación histórica

La disposición a la violencia parece ser el único común denominador y la contribución específica de nuestro aguerrido campesinado del Norte a la historia nacional. Pero no son ni los factores culturales ni un salvajismo congénito los que explican este fenómeno, sino los niveles de opresión histórica.

El esfuerzo del sandinismo para poner fin a esta opresión y con ella a la violencia, se estrelló tanto contra el empeño contrarrevolucionario de mantener en el campo las viejas estructuras, como contra la misma impaciencia revolucionaria de hacerlas desaparecer de un tajo. Y a lo largo de diez años de guerra, ni los unos ni los otros pudieron establecer su hegemonía político-militar o ideológica en ese difícil Norte.

Independientemente de lo que ocurría a nivel nacional, siempre había carnicería en el Norte: el campesinado sandinista contra el campesinado antisandinista. La misma guerra y la forma en que finalizó generó nuevos odios que lo tiñeron todo, de tal manera que ningún campesino se salva de ser catalogado con una u otra etiqueta y ninguno se libra de que unos u otros le demanden, bajo amenaza, incorporación o al menos colaboración. Todos han repartido "castigos" a todos, sin hacer diferencias.

El cambio de gobierno en 1990 no cambió la situación. Quedaban aún muchas cuentas por saldar, particularmente para los antisandinistas, respaldados desde el triunfo de la UNO por antiguos terratenientes. La falta de seguridad física y económica - y también una tradición histórica y una cultura -llevó a la gran mayoría de la población campesina a guardar sus armas, a pesar de los ingentes llamados hechos desde Managua y desde el ámbito internacional al desarme generalizado. Los sandinistas no confiaban en el nuevo gobierno y los ex-contras no confiaban ni en el Ejército ni en la Policía.

¿Violencia generalizada?

Las masacres en el campo, las venganzas, la sangre, no empezaron en estos últimos meses ni se inauguraron con en el cruel crimen de Waslala, condenado hasta por el Departamento de Estado norteamericano. Y aunque los últimos acontecimientos sangrientos son motivo de preocupación y tristeza generalizada, es exagerado proclamar que a partir de esta situación en el Norte el país se encuentra de nuevo al borde de una violencia generalizada. La realidad es que la violencia en el Norte parece ser tan consustancial al cuadro político-cultural del país que no llega a afectar los vaivenes y luchas de la sociedad política y urbana.

El estado de guerra sólo sería latente si existiera también una crisis significativa en la superestructura política o si llegara a materializarse una voluntad y capacidad externa de profundizar la violencia norteña. En estas condiciones, el país y sus instituciones podrían ser sacudidos en su totalidad. Pero a diferencia de lo que ocurrió en 1981, no existe ahora ninguna evidencia clara de que el gobierno de Estados Unidos y el de Honduras tengan algún empeño en derrocar al gobierno chamorrista. Y a diferencia de los tiempos de Sandino, tampoco los sectores revolucionarios quieren terminar con el actual gobierno pro-norteamericano.

Los que están dispuestos ahora a alimentar el fuego en el Norte para obligar al gobierno, a los Estados Unidos y al sandinismo a una diferente redistribución del poder político y económico son los partidos de extrema derecha que en 1990 llevaron al poder a Violeta Chamorro.

Tres años después

A tres años de la elección de Violeta Barrios de Chamorro, la correlación de fuerzas políticas en Nicaragua no ha cambiado al grado esperado ni por el gobierno de los Estados Unidos ni por las fuerzas de derecha en Nicaragua. Una mayoría de los partidos que conformaron la alianza antisandinista Unión Nacional Opositora e importantes sectores del gobierno estadounidense acusan con persistencia y de forma creciente al Poder Ejecutivo de ser una continuación del gobierno del FSLN, a pesar del "mandato" recibido por el pueblo, "traicionando" así el programa de la UNO.

Técnicamente, el gobierno actual es una continuación del anterior, pues la Presidenta Chamorro resultó electa dentro del marco constitucional establecido en los años revolucionarios. Así lo dijo Antonio Lacayo en una ocasión: con la derrota electoral del FSLN, en Nicaragua se dio un "cambio de gobierno" y no una "revolución". Sin embargo, el programa del nuevo gobierno se ha venido implementando con el impulso de una ideología neoliberal que es incompatible con el espíritu de la Constitución pero que, por el carácter altamente "presidencialista" de ésta, ha permitido que el nuevo gobierno, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, articule a un sector económico, social y político capaz de arrollar al sandinismo.

Sin embargo, el gobierno no ha podido lograr la consolidación de este sector, aún cuando el sandinismo sufrió y sufre de una serie de desarticulaciones organizativas. En 1993 ya queda claro que es mayor el desgaste político de la derecha que el del sandinismo. Y aunque una derecha más moderada vinculada al gobierno se ha fortalecido económicamente, reconcentrando importantes cuotas de poder financiero, a diferencia de El Salvador, no tiene ni un partido ARENA ni un ejército que le imprima coherencia a sus capitales ni ejerza una defensa más decidida de sus intereses.

Los sectores populares se han ganado su espacio con lucha y organización, pero una buena parte de ese espacio se la deben a las vacilaciones y al provincianismo que a lo largo de la historia ha mostrado la derecha nicaragüense, mediocridad que ni los marines ni Somoza ni la CIA con la contra armada ni ahora la AID han sido capaces de reparar.

La carta de los campesinos

El sandinismo no ha logrado todavía el estatus de fuerza hegemónica y gran parte del campesinado continúa desafiliado de la sociedad política. El balance en la correlación de fuerzas dependerá de quién pueda atraer y organizar a este sector a su favor. En la década pasada la derecha logró esto, pero únicamente en el terreno militar, en ciertas zonas del país y cuando Washington asumió la dirección de la guerra.

A diferencia del FMLN en El Salvador, la derecha nicaragüense no pudo convertir su fuerza militar en fuerza política. Una vez desmovilizados los combatientes de la Resistencia, la derecha abandonó al gobierno en la implementación de su proyecto económico y volvió a sus querellas internas y desgastadoras.

Pero para viabilizar su plan económico, el gobierno necesitaba un entendimiento con la fuerza política más grande de Nicaragua, el sandinismo.

En el contexto histórico nicaragüense, el pacto político gobierno-sandinismo implicaba un peligro inmediato: que los políticos excluidos del mismo recurrieran al campesinado para "rectificar" la balanza de la distribución del poder político.

No es ninguna coincidencia que la virtual exclusión de la extrema derecha del poder gubernamental haya supuesto un recrudecimiento de la violencia en el campo y, sobre todo, un incremento de los intentos de organizar a los campesinos a favor del extremismo y contra el poder político del "chamorro-sandinismo".

Buscando una respuesta institucional

Desde hace ya varios meses se vienen multiplicando asaltos, crímenes y fechorías de los rearmados en el Norte. El Ejército y el Ejecutivo han tratado de actuar complementando pan y palo. En enero y febrero reiteraron su disposición a negociar el "pan" con los rearmados que se reconcentraran en determinadas zonas de enclave y a aplicar el "palo" contra todos los demás.

El objetivo es deslindar nítidamente a los rebeldes políticos de los delincuenciales. Pero esto es sumamente complejo, pues en este momento de crisis política, unos y otros coinciden en darle un cariz político a sus motivaciones. Y porque unos y otros surgen de una situación de pobreza y desesperación y son herederos de una cultura de guerra. La realidad ha sido un círculo vicioso: a la presencia y acción armada de los recontras, los campesinos sandinistas respondieron organizando unidades "recompas" y cuando las familias sandinistas eran asesinadas por los recontras, los medios de comunicación derechistas denunciaban la represión y el hostigamiento de la Policía y del Ejército en esas mismas zonas.

Esta situación ha puesto al gobierno, al ejército y al FSLN en apuros. Cada uno trata de poner de su parte para frenar la escalada de la violencia. El gobierno tiene su cuota de responsabilidad: ha cumplido únicamente un 40% de sus compromisos con los ex-desalzados ahora realzados. El FSLN ha tratado de convencer a sus cuadros y a sus simpatizantes para que no se rearmen. El Ejército y la Policía son criticados por todas las partes por su incapacidad para controlar la violencia delincuencial, por ser el Ejército un cuerpo dominado por los sandinistas que deja actuar impunemente a los recompas y por ser la Policía en el Norte un cuerpo dominado por los ex-RN que deja impunes a los recontras. Ambos cuerpos armados parecen no poder resguardar la seguridad de las cooperativas sandinistas ni las de los ex-miembros de la RN y dirigentes locales de ambos lados, a veces con sus propias familias, resultan asesinados.

El número de muertos civiles ha ido creciendo. Para la mayoría de los observadores, las estadísticas demuestran claramente que el número de muertos entre los cooperativistas sandinistas es mayor que el que se da entre los recontras. En algunas regiones del Norte los cuadros sandinistas no se atreven a salir del casco urbano de sus municipios e internarse en la montaña. Critican al gobierno y a la CIAV - OEA - aún presente en Nicaragua - y a veces al mismo FSLN, por haber insistido en el desarme de las cooperativas, lo que habría provocado el asesinato de más de 200 sandinistas, entre cooperativistas, ex-miembros del Ejército y del Ministerio del Interior.

Para los organismos de derechos humanos derechistas y para la misma CIAV - OEA, las principales víctimas están siendo los ex-RN y sus victimarios no son otros que ex-soldados sandinistas. Así, cada quien con su propia interpretación de los hechos, ha pronosticado una nueva guerra campesina.

Los dilemas del General Ortega

El Ejército no desea caer en la trampa política de emprender contra los rearmados acciones militares de envergadura, que terminarían elevando el perfil político y negociador de estas diversas y dispersas bandas. Pero ante el clamor de los productores, el Ejecutivo y el Ejército se han visto obligados a tomar cartas en el asunto. En una primera etapa, la posición del EPS era la misma que la del gobierno, preocupados ambos por los daños a la producción en el Norte y a la imagen del país en el extranjero, especialmente ante acreedores internacionales y potenciales inversores.

Gobierno y ejército buscaban cómo imprimirle un carácter eminentemente policial y no político al fenómeno de las bandas, desvinculando la situación de violencia en el Norte de la situación de crisis institucional en la Asamblea Legislativa. Por eso, Antonio Lacayo calificó a los rearmados como "asaltantes, civiles armados, que no son ni recontras ni recompas".

Cuando a finales de enero el ejército anunció un ultimátum para los rearmados, con amenazas de posterior aniquilación, algunos sandinistas criticaron al EPS. Afirmaban que el respaldo que el gobierno daba al ejército para esta opción politizaba aún más el problema, convirtiéndose para la ultraderecha en un nuevo ejemplo del contubernio chamorro-sandinismo. "Si se continúa con el discurso de que los grupos armados son delincuentes, más bien se facilitará su alzamiento", advirtió el responsable político del FSLN en Matagalpa.

Pero cuando el acribillamiento del padre y dos niñas de una familia campesina de Waslala, por el delito de ser sandinistas, ocupó las primeras planas de los diarios, el FSLN demandó justicia y el cese de la impunidad ante lo que calificó como una campaña de eliminación selectiva de dirigentes campesinos sandinistas orientada a favorecer los intereses de los ex-terratenientes y de los políticos de la extrema derecha. Los sandinistas demandaron la intervención del Ejército, ya que en muchos distritos del Norte la Policía está totalmente integrada por ex-miembros de la Resistencia que se hacen de la vista gorda ante las denuncias de robos, amenazas y crímenes que cometen sus antiguos compañeros, ahora rearmados.

El FSLN en la disyuntiva

El FSLN ha presionado también insistentemente por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno con los desmovilizados ahora rearmados y porque se les suministren tierras, títulos, créditos, asistencia técnica y empleo. La triste realidad es que con el tiempo la situación de los desmovilizados se le ha ido escapando de las manos tanto el gobierno como al FSLN e incluso a la misma ultraderecha, que le ha echado demasiada leña a un incendio difícilmente controlable.

Ningún partido o fuerza política de Nicaragua está en capacidad de revertir de la noche a la mañana el hábito histórico que tiene el aguerrido campesino de la montaña de solventar sus problemas por las armas. Y las armas continúan sobrando en Nicaragua, probablemente el país más armado per cápita en el mundo. Cada fuerza política sí parece tener la capacidad de desarticular los ingentes esfuerzos realizados en favor de la reconciliación campesina.

A la confrontación está contribuyendo la inseguridad de los campesinos sandinistas. Algunos de ellos han llegado a la conclusión de que por sus propias razones políticas, ni el Ejército ni la Policía están en disposición de defenderlos, con lo que no les queda otra opción que la de rearmarse para defenderse ellos mismos de las bandas, sean políticas o delincuenciales.

Es un círculo vicioso que terminará por envolver al campesinado en su conjunto, pues las heridas de la guerra no terminan de cicatrizar y la desconfianza histórica del campesinado hacia las instituciones, y en particular hacia el FSLN, continúa dominando a los sectores campesinos más aislados del Norte.

Recontras políticos

Siguiendo la vieja tradición de los viejos partidos de Nicaragua, los políticos de la UNO excluidos del gobierno amenazaron con "enmontañarse" para reanudar la guerra y terminar así con el "cogobierno". La CIAV-OEA ha servido a estos políticos como canal de comunicación con los realzados, a través del cual han buscado influenciar su comportamiento, para que sea menos delincuencial y más político. Y no es casual que "terminada" la crisis en la Asamblea Nacional y perdido este espacio para la ultraderecha, hayan subido de tono las demandas políticas ultraderechistas del Frente "3-80", demandando la renuncia del gobierno con los mismos argumentos que lo hacen los parlamentarios UNO.

La derecha trata de contar con una retaguardia armada que mejore su posición negociadora con el gobierno y que capitalice el descontento popular hacia el gobierno por la crisis económica y la desconfianza campesina hacia el FSLN.

Lo más preocupante es la politización del discurso de los jefes recontras y el salto que han dado en el reagrupamiento organizativo en zonas como Quilalí, Río Blanco, Bocay, Waslala y toda la faja entre Jinotega y Estelí las que anteriormente eran sólo bandas dispersas. De la dispersión organizativa y de las demandas económicas, los líderes recontras han sido capaces de pasar al reagrupamiento y de presentar listas de demandas políticas, que coinciden plenamente con las de la extrema derecha, como fruto de las comunicaciones que se han ido afinando entre los sectores extremistas de la montaña y los de Managua.

El jefe recontra "Chacal" pidió abiertamente la destitución de Antonio Lacayo y de Humberto Ortega, la progresiva reducción del Ejército hasta su total desaparición y el reemplazo de la Policía en zonas conflictivas por ex-RN. Estas demandas son no sólo las de la ultraderecha, sino las de la CIAV-OEA, muy involucrada en el conflicto, que se jacta de mantener una comunicación constante con estos grupos, que acusa al Ejército de abusos de autoridad contra los ex-miembros de la Resistencia y que presiona al gobierno a negociar con este "Chacal".

El gobierno ha protestado ante la OEA por la actuación de la CIAV, pues sus interpretaciones han sido utilizadas por los sectores antisandinistas del Congreso de Washington, los que a cargos de corrupción que ya manejaban contra Lacayo, han añadido ahora la pasividad gubernamental ante quienes reprimen a los ex-miembros de la contra, pasividad que nacería de la supuesta hegemonía sandinista en el gobierno.

Mínimo y máximo para la ultraderecha

En el límite de sus aspiraciones, la ultraderecha busca "somalizar" a Nicaragua: provocar un estado de anarquía y beligerancia tales que conduzcan a una intervención militar y "humanitaria" internacional, que redefina desde afuera el marco político del país. Cuando menos, aspiran a caotizar la sociedad hasta el punto que haya que aceptar la "salida" que hoy ofrece la UNO: la renuncia de la Presidenta y la elección de una Asamblea Constituyente, para redistribuir las cuotas de poder en el país con el apoyo de la embajada de Estados Unidos. En este contexto, provocó preocupación un reportaje aparecido en The Miami Herald, ya a finales de noviembre, afirmando que desde Miami se suministraba dinero al "Chacal". El Ejército Sandinista también ha dado a conocer que los realzados reciben abastecimiento por aviones que utilizan pistas cuya ubicación el EPS no dio a conocer.

Desestabilizar desde el Norte

Al no poder desmontar desde arriba los logros de la revolución, la ultraderecha no da la batalla desde abajo, sino desde el Norte. Pero los políticos extremistas ejecutan su plan orientado a la confrontación involucrando no sólo a los rearmados del Norte, sino también a los alcaldes, a las autoridades locales de la UNO, a la Asociación de Confiscados, a los medios de comunicación, recreando así la organización que armaron durante la campaña electoral, añadiéndole cada vez más el componente militar. Se trata de instrumentalizarlos a todos para llevarlos conjuntamente a un alzamiento o a un caos.

Virgilio Godoy y Alfredo César aparecen a la cabeza de esta campaña, que califica ya abiertamente a la Presidenta Chamorro de traidora sin legitimidad alguna. En febrero y para atizar el fuego, la extrema derecha corrió el rumor de que el gobierno restablecería el servicio militar obligatorio. Para una gran mayoría de familias campesinas, el reclutamiento fue el detonante de su rebelión y después, el motivo principal de su voto a favor de Violeta Chamorro.

El gobierno reaccionó a estas falsas informaciones con una enérgica campaña de propaganda para desmentirlas. Y el FSLN anunció que introduciría una iniciativa en la Asamblea Nacional para derogar el artículo constitucional que establece el servicio militar. Nadie subestima lo sensible del asunto. Una cosa es la confrontación entre políticos y otra, mucho más seria, es una confrontación entre campesinos y la desarticulación de los esfuerzos de pacificación cimentados en la creación de una sola conciencia campesina basada en la unidad de clase.

Respuesta militar o respuesta política

El Ejecutivo necesita asegurar mediante la negociación - y naturalmente, mediante las habituales prebendas - el desarme de las principales bandas que se han reagrupado con propósitos estratégicos. Aunque según el Ejército, a finales de enero se trataba sólo de unas 700 personas en decenas de grupos dispersos, el General Humberto Ortega afirmó posteriormente ante la Asamblea Nacional que del año 92 a estos primeros meses del 93, habían pasado de 600 a 2 mil rearmados "entre recontras, recompas y punitivos". Pero la violencia no depende del número de los alzados, depende de una situación económica y social de miseria generalizada, que es el mejor caldo de cultivo para que muchos vean en el alzamiento una vía de sobrevivencia. No todos los rearmados son antiguos combatientes, no todos son ex-contras, y es tal vez a esta realidad a la que se refería Santiago Murray, representante de la CIAV-OEA en Nicaragua, cuando les llamó "tercera generación" de alzados en las montañas del Norte.

Si bien algunos rearmados han adoptado el discurso de la ultraderecha, no dejan por eso de demandar un diálogo directo con el gobierno. De producirse éste, tal vez dejarían de repetir las exigencias que escucharon en boca de los diputados de la UNO y plantearían otras demandas, materiales e inmediatas: prestaciones sociales, flexibilidad en los créditos, obras municipales de desarrollo. Al insistir el gobierno en que no habría diálogo con los grupos que no entraran a los enclaves de seguridad designados, está reconociendo que entre los rearmados hay quienes tienen planteamientos político-militares. Esto es tan cierto como que muchos campesinos en el Norte continúan desconfiando del EPS y esto los lleva a armarse y que los dirigentes de la ex-contra dejaron cantidades de armas "embuzonadas". La espiral de violencia puede tener su origen y punto de partida en diversos factores, pero el resultado de violencia generalizada es el mismo.

El tiempo está contra el gobierno y contra la estabilidad. Tal como lo señalaron ex-dirigentes de la ex-Resistencia, 1993 es la última oportunidad para resolver el problema de la tierra y de la extrema miseria en el Norte y en todo el país. En 1994 los partidos políticos, al lanzar sus candidatos, programas y campañas electorales, polarizarán aún más la situación en el campo.

Un análisis frío de todo este complejo problema tampoco es factible dentro de un medio político tan convulsionado como el nicaragüense. Los adjetivos para calificar a los realzados son de toda índole: patriotas, delincuentes, desamparados sociales, aberrados, audaces, oportunistas... Todo dependiendo de la perspectiva particular de los grupos urbanos que de ellos hablan.

Lo cierto es que los partidos de la UNO excluidos del gobierno han atizado políticamente el conflicto en el Norte y que las políticas económicas del gobierno - o la ausencia de las mismas - lo han atizado socialmente. Le toca al Ejército y al FSLN apagar militar y políticamente estos fuegos.

Responsabilidad campesina

Mucha responsabilidad está en manos del propio campesinado y en su capacidad de organizar cívica y contundentemente la lucha por sus propias reivindicaciones. Y aunque las condiciones en el campo podrán ser iguales o peores que las que hubo en años anteriores, la calidad de la conciencia del campesinado - alzado o no - ya no es la misma. Esto los vacuna para ser abiertamente manipulados.

Al menos, los ex-combatientes de la Resistencia no han olvidado que mientras ellos luchaban y morían enfrentando al EPS, sus "líderes políticos" vivían cómodamente en Miami. Ahora ven repetirse la historia, porque la mayoría de los diputados que dicen apoyarlos no renunciarían por nada ni a sus salarios ni a sus privilegios en la Asamblea. La realidad también es otra en la base y los jefes de campo ex-contras no cuentan ya con la obediencia ciega y pasiva de quienes fueron sus comandos o sus bases sociales.

Dilema sandinista y dilema nacional

Vulnerar la imagen del gobierno y de la Presidenta es el pre?requisito para crear la crisis nacional. La falta de coherencia gubernamental continúa siendo el peor enemigo del gobierno y facilita esta estrategia. Que el Frente Sandinista haya asumido una mayor cuota de poder o de influencia en el gobierno no incrementa la coherencia del mismo, dados los intereses de clases contrapuestos que están en juego.

En el fondo, la táctica gubernamental frente a los rearmados no ha sido distinta de la utilizada contra sus otros contendientes, sean de derecha o de izquierda. Dividir para conquistar. Más concretamente, promover la formación de un "grupo de centro" con el que el gobierno pueda entenderse, neutralizando así las posibilidades de una acción concertada entre contrarios.

El gobierno - y según algunos, la misma embajada de Estados Unidos - impulsan su plan capitalizando las tensiones internas del FSLN, en gran medida provocadas por la situación económica, por la heterogeneidad histórica del FSLN y por la nueva realidad político-social del país. Sin adquirir ribetes ideológicos u orgánicos claros, son inocultables las diferencias entre los sandinistas productores agropecuarios - individuales o cooperativizados, principalmente los congregados en la UNAG - y otros sandinistas trabajadores agrícolas, despojados histórica o gubernamentalmente de la tierra y carentes de empleo.

También existen diferencias entre los que han recibido o no títulos y créditos, entre los favorecidos por el proceso de privatización y los que han salido perjudicados por él al dictaminar el gobierno el retorno de empresas y tierras a sus antiguos dueños capitalistas. Algunos han llegado incluso a acusar a organismos como la UNAG de defender posiciones pro?gubernamentales a cambio de concesiones favorables al productor, a costa de romper la alianza obrero-campesina.

Una buena parte de la clase popular está sin empleo y una buena parte de los que están empleados quedaron sin participación en la propiedad de las empresas estatales privatizadas. Miles de empleados estatales, incluyendo a retirados del Ejército o del Ministerio del Interior a quienes el gobierno no ha entregado las tierras prometidas, han quedado desprovistos de protección. Todos estos sectores, mayoritarios, se preguntan qué ventajas sacan los pobres del cogobierno. Si el FSLN le ha dado una tregua al gobierno -se preguntan -, ¿dónde está la tregua que el gobierno le da al pueblo, si ni siquiera cumple con lo que firma? Pero aun cuando el gobierno hubiera cumplido con todas sus promesas - lo que está muy lejos de ser realidad -, la misma priorización que el FSLN y los organismos sindicales le han dado durante largos meses a la batalla por la privatización de un sector de la propiedad estatal a favor de los trabajadores, ha relegado otras importantes demandas populares.

Si la propiedad era lo primero, la cuestión del empleo era lo segundo y los salarios eran lo tercero y así con todo. Ha resultado imposible para el FSLN y para los organismos sindicales estar en todo y cumplir con todo. El proceso de democratización de la propiedad ha marchado, pero no a la misma velocidad ni con los mismos beneficios para los diversos sectores. Y sea de manera premeditada o sea por ineficiencia, la realidad es que está generando contradicciones entre los sectores populares. Y aunque el acercamiento del FSLN al gobierno disminuye en alguna medida algunas contradicciones, acentúa otras.

El resultado es un debate público al interior del FSLN. La estabilidad que demandan los productores sandinistas y ahora los trabajadores - empresarios no es prioridad para los trabajadores desempleados o subempleados o para los campesinos que demandan tierra. Sin embargo, todos estos grupos y otros más, demandan el apoyo incondicional de todo el sandinismo para sus posiciones. Las contradicciones no se quedan solamente en el nivel del debate ni admiten soluciones salomónicas. Se expresan cotidianamente en los métodos de lucha que adoptan los distintos sectores: unos apoyan la concertación con el gobierno y otros bloquean el transporte o se toman tierras por la fuerza, lo que perjudica tanto al gobierno como a los sandinistas que son pequeños o grandes empresarios urbanos y rurales. De manera que aun cuando cada sector considera justas las demandas del otro sector, sus métodos de lucha se diferencian y se contradicen.

Desde hace meses los dirigentes sandinistas, tanto nacionales como regionales, han ocupado la mayor parte de su tiempo buscando evitar la agudización de confrontaciones internas en el sandinismo, especialmente los choques entre los trabajadores que protestaban y las fuerzas de seguridad que el gobierno enviaba a reprimir las protestas. Policías y soldados, con salarios de hambre y con una extracción social humilde, compartían probablemente las demandas de los trabajadores, pero el orden constitucional y el gobierno neoliberal les ordenaba discrepar de sus métodos de lucha.

La batalla por la cohesión

El neoliberalismo ha abierto brechas entre los explotados y marginados, desarticulando sus tradicionales esquemas organizativos y ofreciéndoles a cambio el paraíso en micro?empresas financiadas con ayuda estadounidense. Esta situación obliga a la renovación del pensamiento y de los métodos de la lucha revolucionaria, para que las actuales autonomías y atomizaciones de los diferentes sectores populares encuentren cauces de coordinación y acción conjunta.

El antiguo verticalismo vanguardista, lentamente y con grandes dificultades, busca ahora transformarse en coordinaciones que nazcan de la discusión franca y del respeto mutuo. Reconociendo todos que sin un reagrupamiento mínimo será imposible no sólo combatir las políticas neoliberales del gobierno y dar la batalla para modificarlas, sino sentar las bases para retomar el poder por la vía electoral.

El FSLN continúa buscando afinar una estrategia que pueda traducir su influencia social en una victoria política. En este contexto, el cogobierno en la Asamblea no es un fin en sí mismo, sino un medio más para avanzar hacia esta meta que para el pueblo se traducirá en mejorar la vida. En lograr vivir y no sólo sobrevivir.

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