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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 134 | Enero 1993
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Nicaragua

Medidas económicas: ¿reactivación solidaria?

Lo económico sigue siendo el centro de la coyuntura nacional. El 10 enero el gobierno inició una nueva fase de su plan de ajuste bautizándola como "reactivación solidaria". ¿Hay reactivación y hay solidaridad en las nuevas medidas?

Equipo Nitlapán

Nuevamente, el gobierno Chamorro ha pedido sacrificios al pueblo con la promesa de un futuro mejor, incorparando esta vez a su discurso la necesidad de distribuir los costos sociales del ajuste.

Así, a la par de decretar la devaluación del córdoba en un 20% (6 córdobas=1 dólar) y el congelamiento de los salarios, anunció el incremento de los impuestos para cierto bienes de consumo de lujo: vehículos, whisky, algunos electrodomésticos.

La devaluación tuvo consecuencias inmediatas en el nivel de vida del pueblo, porque causó un incremento generalizado de todos los precios, con la excepción de los salarios. Las previsiones del gobierno eran lograr que el alza de precios se mantuviera en un 7% como promedio, pero en la realidad y según sus propias estimaciones, el incremento de precios fue prácticamente del 10% como promedio. La devaluación provocó una transferencia considerable de recursos hacia el reducido sector de exportadores, poniendo nuevamente como últimos de la fila a los sectores populares

Una notable diferencia, respecto a anteriores medidas económicas, igualmente anti-populares, fue que las habituales protestas de las organizaciones políticas, sindicales y gremiales no pasaron de comunicados y pronunciamientos en los medios de comunicación. ¿Ha conseguido por fin el gobierno un "consenso tácito" para desarrollar su programa económico? ¿O será éste el período de aparente calma que precede una próxima tempestad social?.

¿Tregua, desgaste o vísperas de otro estallido?

La relativa calma existente puede explicarse, en parte, por el creciente fortalecimiento de la alianza política del gobierno con el sandinismo para enfrentar a la utraderecha. El día anterior al anuncio de las medidas, el Ejecutivo y los diputados sandinistas y de centro conseguían el control de la Asamblea Nacional después de más de cuatro meses de batallas jurídicas y políticas con los fragmentados partidos de derecha agrupados en la UNO.

El gobierno había logrado ya otra victoria importante con el fracaso electoral de Bush, lo que trajo el inmediato descongelamiento de parte de la ayuda norteamericana, a pesar de la tenaz oposición que a ello habían hecho, también durante meses, la ultraderecha norteamericana y sus aliados nicaragüenses.

La calma también puede explicarse por el desgaste de las organizaciones sindicales en la lucha por alcanzar las mayores cuotas posibles en la privatización de empresas a favor de los trabajadores y por el elevado índice de desempleo rural y urbano, que las debilita.

Las mayores y mejores energías de los dirigentes sindicales han sido absorbidas primero en el conflicto sobre la privatización y más tarde, en la difícil tarea de organizar un nuevo modelo de propiedad en las empresas del APT que ya están bajo control de los trabajadores.

Algo similar le ha ocurrido a la UNAG. Su opción estratégica ha sido negociar con el gobierno para consolidar su propio grupo empresarial, orientado hacia la comercialización de productos de exportación y el abastecimiento rural.

Finalmente, el movimiento campesino armado de "los revueltos" -compuesto mayormente por desmovilizados de la Resistencia y del EPS - ha dado paso a la formación de la agrupación político-militar 3-80 (la "tercera generación de alzados"), que junto a docenas de grupos armados menos organizados, viven mayoritariamente de la delincuencia y del robo de ganado.

Ante este panorama, no es extraña la falta de protesta social organizada frente al avance del plan neoliberal. La pregunta sería: ¿esta tregua de facto y las nuevas medidas económicas propiciarán realmente la reactivación económica, con inversión privada nacional y extranjera?

Con tregua o sin tregua, y con estas nuevas medidas, la realidad es que la lógica de la política económica no ha cambiado y mantiene el mismo carácter recesivo. No puede estimular la reactivación económica. El objetivo del nuevo paquete es únicamente ajustar el consumo del país al "bajón" de la ayuda externa, procurando esta vez distribuir los costos más equitativamente con mayores impuestos a los sectores más pudientes de la población. Si el mercado nacional continúa deprimiéndose y si la exportación del país no puede ni crecer ni diversificarse significativamente a corto plazo, es difícil esperar una reactivación generalizada de la economía nicaragüense.

¿Por qué las nuevas medidas? La clave para entenderlas no es otra que el fracaso del plan de reactivación de 1992. Los ejes principales del 92 eran el programa de inversiones públicas y el crecimiento del sector exportador (envío, agosto-septiembre/92). Pero las proyectadas metas de crecimiento del 4.5% del PIB y de creación de 80 mil nuevos empleos se quedaron en hermosas promesas del Ministerio de la Presidencia.

Diagnóstico oficial ante el fracaso

En su discurso gobierno ha interpretado el fracaso políticamente y no económicamente. La inestabilidad laboral promovida por los sindicatos sandinistas y el problema de la propiedad creado por el sandinismo habrían sido los causantes de la falta de un clima adecuado para la reactivación de la inversión privada nacional y extranjera. Argumentan también que la baja ejecución del programa de inversión pública fue causada por el desvío de recursos hacia programas de indemnización para los desmovilizados de la Resistencia y para las víctimas de dos desastres naturales, la erupción del volcán Cerro Negro y el maremoto.

El pobre comportamiento del sector exportador lo atribuyeron a la caída de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación. Eso es lo que se dijo, pero es en lo que no se dijo donde está la clave de las últimas medidas. La realidad es que la preocupación más grande del gobierno en relación a los resultados de 1992 es el acelerado ensanchamiento de la brecha comercial (exportaciones - importaciones) de Nicaragua.

En 1992, las importaciones de bienes de consumo crecieron en más de un 30% y el déficit comercial se duplicó prácticamente en relación a las proyecciones hechas por el Fondo Monetario Internacional, que estimaban que el déficit nicaragüense sería de 323 millones de dólares, alcanzando en la realidad cifras mayores a los 600 millones. Esta es la explicación de fondo de la devaluación del córdoba y del inesperado aumento en los aranceles e impuestos sobre algunos bienes de consumo de lujo, medidas que resultan contradictorias con la lógica de indiscriminada apertura comercial seguida por el gobierno durante toda su gestión.

La tendencia hacia mayores niveles de consumo de productos importados ha ido modificando la estructura de las importaciones de Nicaragua. Los bienes de consumo tienen un peso cada vez mayor y las importaciones destinadas a la producción (insumos y maquinaria) van disminuyendo. (En 1992 y hasta noviembre, los bienes de consumo eran ya el 33% del total de bienes importados. En 1991 fueron el 29%, en 1990 habían sido el 24%).

A este desequilibrio en la balanza comercial, hay que añadir que la capacidad de Nicaragua para pagar su factura de importaciones disminuyó sensiblemente en 1992 porque los ingresos por exportaciones apenas financiaron la tercera parte de dicha factura. Obviamente, el resto tuvo que ser cubierto con préstamos y ayuda externa. Alza en las importaciones y baja en las exportaciones y una realidad dramática: los recursos externos excepcionales que consiguió el gobierno Chamorro durante los tres primeros años de su mandato han servido para financiar el consumo de productos extranjeros por las capas altas y medias de la población. Este es un diagnóstico más realista.

Menos exportaciones, menos ayudas

No sólo la explosión del consumo importado ensanchó el déficit comercial. La otra cara de esta moneda es el pobre comportamiento del sector exportador, afectado no sólo por los bajos precios internacionales sino también por la falta de programas para fomentar la producción exportable. Los precios del café, algodón, carne y bananos cayeron en el mercado internacional. (Si las exportaciones de café y algodón se hubiesen vendido al mismo precio de 1991, Nicaragua hubiera recibido 21 millones de dólares más en ingresos por exportaciones).

En 1993 no es ya posible mantener el déficit comercial de 1992. El flujo de recursos externos está disminuyendo y el pago de los intereses de la deuda está aumentando. Según datos del Ministerio de Cooperación Externa, el monto global de recursos externos va a disminuir va en 1993 un 30% y el servicio de la deuda externa va a aumentar un 36%, en relación a 1992.

De hecho, el pago de intereses de la deuda externa en 1993 equivaldrá al total de las exportaciones actuales de Nicaragua (230 millones de dólares). Esto obligará al gobierno a renegociar los términos de pago, gestión que resulta clave para el futuro del país, porque el peso de la deuda se va a volver insostenible en los próximos años, al vencerse los períodos de gracia acordados previamente. Nicaragua es el país más endeudado de Centroamérica y uno de los más endeudados en el mundo.

La tendencia a la baja en el flujo de recursos externos tenderá a profundizarse en los próximos años, ya que para los países y organismos internacionales que han apoyado al gobierno de Nicaragua ya terminó el período excepcional de post-guerra.

El ejemplo más claro de esta tendencia es la ayuda norteamericana, que ha jugado un papel clave durante estos tres años para respaldar la balanza de pagos. La nueva administración Clinton no parece inclinada a cambiar la política de Bush, que era reducir a la mitad su ayuda a Nicaragua: de 200 a 100 millones de dólares anuales. Y el nuevo gobierno estadounidense no solamente mantendrá la reducción de la ayuda, sino que asignará también sus fondos a programas de desarrollo que favorezcan a los sectores más pobres de la población, en lugar de asignarlos al respaldo de la balanza de pagos. Esta entrega de recursos para este tipo de programas parece ser una política compartida también por los países europeos, descontentos por el uso que ha hecho el gobierno Chamorro de la ayuda externa financiando con ella el consumo de productos de lujo.

El gobierno se ha percatado de este cambio en la orientación de la ayuda externa y a la par de sus nuevas medidas, creó un nuevo Ministerio de Acción Social, poniendo al frente de él a un nicaragüense ex-funcionario de la AID. Lógicamente, el objetivo es frenar la caída de la ayuda externa y canalizar mejor los recursos hacia programas de compensación social. De hecho, la primera tarea del nuevo ministro es la ejecución de un programa de 20 mil empleos de emergencia en los municipios más afectados por el desempleo, para lo que ya cuenta con los recursos externos necesarios.

El nuevo programa de empleos de emergencia ya ha recibido las críticas de la alcaldías que lo están ejecutando, por sus limitadísimos alcances. Los "salarios" mensuales que se pagan por trabajar en obras comunales son el equivalente a 42 dólares y la meta de empleos a generar está muy por debajo de lo necesario para proveer un alivio temporal al ejército de desempleados existentes. Un análisis objetivo no halla ninguna razón de peso que explique por qué este programa no expande sus metas sustancialmente, ya que su costo es bajo y su ejecución es descentralizada y a nivel local.

1992: un año perdido

La realidad de fondo es que el gobierno sigue careciendo de la definición de una política social que detenga el avance de la pobreza, que afecta hoy a casi tres cuartas partes de la población de Nicaragua. Según el Indice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en sólo un año, de 1991 a 1992, Nicaragua cayó del lugar número 85 que ocupaba en la lista de los países más pobres del mundo, a ocupar el numero 99. 1992 fue un año "perdido" en términos de crecimiento y desarrollo.



Pero los pésimos resultados de 1992 no han sido suficientes para que el gabinete económico del gobierno Chamorro modifique la lógica recesiva de su política económica. En el paquete de medidas de enero se anunciaron nuevos recortes al gasto corriente del gobierno, nuevos impuestos y nuevas alzas en los servicios básicos de transporte, luz eléctrica, agua potable y teléfonos, decretándose a la par el congelamiento de los salarios.

Volvió también el gobierno a anunciar un programa de inversiones públicas, cambiando simultáneamente al ministro responsable de su ejecución. De hecho, el programa para el 93 es casi el mismo del año pasado y tal pareciera que el diagnóstico del gobierno fue que el del 92 no pudo ejecutarse por la incapacidad del ex-ministro Icabalceta. El financiamiento para el programa de inversiones públicas va a provenir de recursos externos y del recorte al gasto corriente del gobierno. En otras palabras, el gobierno va a sacrificar el presupuesto de los servicios sociales para financiar las inversiones públicas, lo que significa optar por un incremento a corto plazo de los niveles de pobreza, a cambio de invertir en crear condiciones para el desarrollo a largo plazo.

Las consecuencias a corto plazo de esta política son desastrosas, porque la recesión va a aumentar y se afectará aún más la cobertura y la calidad de los servicios sociales de educación, salud y otros para los sectores populares. Y aunque los beneficios de una mejor infraestructura son obviamente importantes, es necesario generalmente un período de tiempo relativamente prolongado para que el sector privado responda positivamente a las oportunidades que se le abren con estas mejoras.

La disyuntiva del gobierno es asignar los recursos para combatir a corto plazo la pobreza o crear condiciones para el desarrollo futuro. Pero esto no es un callejón sin salida. El gobierno puede recurrir al crédito del Banco Central y mantener un nivel de gasto público que le permita invertir en el futuro y desarrollar a la par programas efectivos contra la pobreza y el desempleo.

Todo indica, sin embargo, que una de las condiciones impuestas al gobierno por el Fondo Monetario Internacional es una drástica reducción del crédito del Banco Central al gobierno. Los efectos de esta condición del FMI se aprecian en los recientes datos del crédito del Banco Central. Los datos muestran un disminución del 56% de los saldos de créditos del gobierno entre diciembre/91 y septiembre/92. El objetivo del FMI es evitar cualquier expansión de la actividad económica basada en el sector público. La peor de las combinaciones posibles entre el enfoque dogmático del monetarismo y las tendencias extremas del neoliberalismo es la que se está dando en Nicaragua.

Créditos: todo sigue igual

A pesar de las promesas oficiales de ampliación del crédito al sector productivo hechas a principios de 1992, los datos del Banco Central muestran que las entregas de créditos se mantuvieron a los mismos niveles de 1991. El gobierno sostiene que no hay demanda real de crédito. El ex-presidente del Banco Central, Francisco Mayorga, señala que la demanda de crédito existe, pero que el problema reside en las altas tasas de interés (15%-24% anual) y en las restricciones de carácter legal para acceder al crédito.

No hay ninguna variación de la política crediticia para 1993: las altas tasas de interés se mantienen y las restricciones legales también. Como parte del paquete de "reactivación solidaria" se anunció un aumento del volumen de crédito para el sector productivo, pero sólo ligeramente superior al impacto de la inflación producida por la devaluación de la moneda. Esto lo que en 1993 quiere decir que el monto de recursos disponibles para el crédito será prácticamente el mismo que en 1992.


No es extraño entonces que el mantenimiento de un virtual estrangulamiento fiscal y crediticio dé como resultado una reactivación de la economía débil e insignificante. La cifra oficial de crecimiento económico en 1992 es del 1% y la proyección, también oficial, para 1993 es de 2.5%. Estos ritmos de crecimiento económico ni siquiera compensan los del crecimiento de la población, estimado en 3.5% anual.

La contradicción básica de la política económica del gobierno sigue siendo la misma: querer lograr la reactivación de la economía y simultáneamente mantener tasas de inflación muy bajas. El diseño de las políticas monetaria y fiscal en 1993 responde una vez más a priorizar el objetivo de conseguir una tasa de inflación muy baja más que a cualquier consideración sobre las necesidades de promover la reactivación económica.

Desempleo que engendra descomposición

Estas políticas son devastadoras y han traído como consecuencia un aumento considerable del desempleo rural y urbano. En los dos años que lleva el plan de estabilización y ajuste, hay 53 mil nuevos desempleados. El desempleo ha afectado mucho más en las actividades productivas que en las de comercio y servicios. De cada 3 nuevos desempleados, 2 provienen del sector productivo. ¿Cuántos más habrá en 1993? En el Cuadro se puede apreciar la evolución del empleo del sector "formal" de la economía en los últimos tres años, a partir de los datos de los trabajadores asegurados del INSSBI en el campo y la ciudad.

La contrapartida de la recesión y del desempleo en el sector "formal" ha sido la "informalización" de la economía, con características distintas en las zonas rurales y urbanas. La "informalización" rural se aprecia principalmente en la sobre-explotación de los recursos forestales. Desempleo en el campo es igual a despale y desertización. La "informalización" urbana se manifiesta principalmente en la aparición de cada vez más actividades de pequeño comercio.



La sobre-explotación de los recursos forestales tiene dos dinámicas geográficas diferenciadas. En el Interior montañoso del país, el campesinado en crisis encuentra una salida temporal en la agricultura de granos básicos. La migración en búsqueda de tierras donde sembrarlos continúa su avance inexorable, y va destruyendo cada vez más el bosque tropical húmedo del Atlántico. En las montañas secas del Centro y en la costa del Pacífico, han aumentado extraordinariamente los "leñeros" que abastecen de leña y carbón vegetal a las ciudades, destruyendo los restos del bosque tropical seco.

También se han desarrollado otras formas de "informalización" rural. Se han multiplicado los grupos de ladrones de ganado y de asaltantes de todo tipo en el campo. Ganaderos de Camoapa encuestados por NITLAPAN-UCA estimaban que habían perdido aproximadamente un 15% de sus hatos en estos últimos años. Hay también cientos de ex-contras y ex-militares sandinistas que han quedado desempleados y que han optado por formar grupos armados que mezclan acciones políticas con y bandolerismo social. También, se ha incrementado considerablemente la migración temporal de trabajadores agrícolas a los países vecinos, particularmente hacia Costa Rica. Los trabajadores nicas son empleados en las plantaciones bananeras y haciendas ticas porque son una mano de obra mucho más barata y porque no tienen derecho a las prestaciones sociales que tienen los trabajadores costarricenses.

La "informalidad" urbana se manifiesta en los mercados y calles de las principales ciudades del país, atiborradas de vendedores de toda clase de productos, entre ellos gran cantidad de niños que mendigan en todos los semáforos de Managua. Al igual que en las zonas rurales, la delincuencia urbana se ha convertido en una verdadera plaga social y la prostitución en una de las principales alternativas de ingresos para las jóvenes desempleadas.

Por último, la migración ilegal a Estados Unidos está aumentando, a pesar de las barreras existentes. Generalmente, tiene un carácter más permanente que la de los trabajadores agrícolas que cruzan la frontera hacia Costa Rica u Honduras. Las remesas de familiares residentes en Estados Unidos son hoy el principal ingreso de divisas del país, superando las obtenidas por la exportación del café.

La producción en el suelo

Estas nada alentadoras tendencias hacia la "informalización" rural y urbana continuarán porque el sector productivo del país continúa postrado. La crisis del sector agropecuario, de la industria manufacturera y de la construcción se han profundizado y hay muy pocas señales de que vayan a darse políticas y programas destinadas a revertirla.

La recesión de los sectores productivos ha significado la pérdida de más de 36 mil empleos en las empresas agropecuarias, industriales y de la construcción entre 1990 y 1992, según datos oficiales del INSSBI. Estos datos incluyen sólo al sector empresarial. Si tomáramos en cuenta a sectores claves en la generación de empleos urbanos y rurales - pequeña industria, artesanos y campesinado - la cifra sería bastante mayor.

La industria manufacturera es el sector productivo más golpeado por el ajuste y ha tenido que preavisar con el despido a un tercio de la fuerza laboral que tenía en 1990 (16 mil obreros). La recesión y la liberalización comercial han desatado un proceso de reestructuración industrial, cuya característica principal es la concentración de la producción en un reducido grupo de empresas que producen alimentos básicos (aceite para cocinar, harina) y bienes fiscales (cervezas, gaseosas, rones y cigarrillos) (envío/ noviembre/91 y agosto-septiembre/92). A este grupo se agregan ahora algunas empresas grandes vinculadas a la producción de cemento y sus derivados (La Cementera, NICALIT), estimuladas por el modesto incremento de la inversión pública en infraestructura.

La otra cara de la moneda son las empresas que no han cesado de reducir sus niveles de producción y de empleo y que todavía mantienen el mayor peso en la estructura industrial. Entre ellas, la tendencia es exactamente a la inversa y si no se implementa rápidamente un programa de apoyo a su reconversión industrial, están condenadas a la bancarrota. Empresas claves con más de 500 obreros empleados, - la INCA y METASA en la rama metal-mecánica, FANATEX y ENAVES en la rama textil-vestuario - están sumidas en una prolongada crisis sin perspectivas de reactivación.

Algo similar sucede con la pequeña industria y el sector artesana fuertemente golpeados por la invasión de productos importados y el "bajón" en la capacidad de compra del pueblo. Según datos del Ministerio de Economía, el número de talleres registrados en 1992 es apenas un tercio de los registrados hace 3 años (10,849 en 1989 y 3,025 en 1992).

La reconversión productiva de estas empresas se dificulta no sólo por la ausencia de una política de apoyo a la reconversión industrial, sino también porque un número considerable de ellas eran de propiedad estatal y hasta ahora llegan a su fin sus procesos de privatización.

Una pregunta decisiva es si una vez concluido el proceso de privatización habrá políticas y programas del gobierno para apoyar la reconversión industrial. ¿Apoyará el gobierno las empresas que han pasado a ser propiedad de los trabajadores? ¿Se incluirá en estos programas a la pequeña industria y al sector artesanal?

La crisis en Occidente

La reconversión productiva no es sólo una necesidad de la industria manufacturera, también la necesita el sector agropecuario. La agricultura empresarial de las planicies del Pacífico esta siendo afectada por la virtual desaparición del algodón, a causa de la drástica caída de sus precios internacionales. En este ciclo agrícola hay sembradas solamente 5 mil manzanas, lo que representa apenas el 10% de lo que en promedio se ha cultivado en el país en los últimos años (envío agosto-septiembre/92).

El desempleo se va a sentir con mayor intensidad durante los meses del verano de este año (febrero-marzo-abril), época de recolección del algodón, que generaba con todo y la depresión de las últimos años alrededor de 100 mil puestos de trabajo temporales.

La situación es aún mas crítica si tomamos en cuenta que la mitad de las tierras algodoneras quedaron totalmente ociosas. La otra mitad fue sembrada mayormente de sorgo y de otros cultivos: ajonjolí, arroz, soya y maní. Todos estos cultivos con la excepción del ajonjolí, son altamente mecanizados y están lejos de generar los empleos que generaba el algodón

Las plantaciones bananeras y los ingenios azucareros que están en la misma zona de Occidente, han disminuido también sus niveles de producción y de empleo. La causa principal ha sido la lucha entre empresarios, gobierno y trabajadores alrededor de la participación de estos últimos en la privatización, tanto en la empresa estatal bananera como en los ingenios azucareros. Las exportaciones de banano cayeron en 1992 a casi la mitad de lo que fueron en 1991 y se espera que su recuperación necesite por lo menos de un par de años.
Las pérdidas en los ingenios azucareros no terminan todavía porque continúan la disputas. A principios de febrero paró en plena zafra el primer ingenio, el Benjamín Zeledón, por falta de financiamiento. Hacía dos meses hubo una huelga en el Ingenio San Antonio - el más grande del país -, en la que las instalaciones fueron tomadas por el ejército y donde tuvo que intervenir en la negociación el propio Ministro Lacayo.

Café y ganado: sólo los grandes

Las dificultades por las que atraviesa la agroexportación empresarial en el Pacífico contrastan con el auge experimentado por los grandes cafetaleros y ganaderos del Interior del país, cuyas ganancias aumentaron con la devaluación del córdoba.

El gobierno ha promovido activamente la inversión en estas actividades de exportación, con programas de crédito y asistencia técnica. Para 1993 ya se ha anunciado la continuación del programa de crédito para renovación de cafetales, con un fondo disponible de más de 23 millones de dólares y con tasas de interés menores que las que se dan a las otras actividades productivas. También se está ofreciendo un nuevo programa de crédito de 20 millones de dólares para la reactivación de fincas ganaderas. Hay condiciones favorables similares a las del café.

Pero el año pasado, el programa de renovación de cafetales ejecutó solamente la mitad de los recursos disponibles. La causa principal fue que el acceso al crédito ha estado condicionado a la rígida adopción de un único tipo de paquete tecnológico, propio de plantaciones de gran escala. Este condicionamiento ha marginado de hecho a los medianos y pequeños productores de café, cuyo manejo técnico es diferente porque tienen recursos de tierra y mano de obra diferentes. Esta rigidez en la política tecnológica hizo fracasar los programas de renovación de cafetales del gobierno sandinista. Resulta increíble que el gobierno Chamorro mantenga vigente este absurdo tecnocrático.

Además de esta traba tecnológica, hay también trabas legales que bloquean el acceso al crédito de muchos productores que no tienen debidamente legalizada su propiedad. Son trabas que están marginando de la reactivación económica al sector mayoritario de cafetaleros del país, desperdiciando así su potencial de generación de miles de empleos rurales.

Algo similar ha sucedido con el crédito para la reactivación de la ganadería. Los grandes ganaderos, cuyos sistemas de producción se orientan predominantemente al repasto y engorde de ganado, están concentrando más del 70% del crédito para inversión que ha otorgado la banca estatal. Y no solamente están acaparando el crédito, sino también las tierras. Recuperaran fincas por la vía de la privatización y las compran a los campesinos pobres sin capital que optan por vender y adentrarse en la "montaña", incluyendo a los de la ex-Resistencia recién beneficiados con tierras.

La concentración del crédito y de las tierras en manos de los grandes ganaderos no favorece el desarrollo de la ganadería. En primer lugar, el problema central a corto y mediano plazo es la reconstitución del hato ganadero y son los pequeños y medianos ganaderos los que históricamente hacen las actividades de crianza y desarrollo del ganado. Si la actual política crediticia se mantiene, la escasez de ganado se hará crónica, por la descapitalización de los criadores de ganado.

En segundo lugar, la concentración de tierras va a causar aún más inestabilidad social en el campo y sus efectos pueden ser muy perjudiciales a corto y mediano plazo para el país y para los mismos grandes ganaderos. El muy reciente caso de la "retoma" de 8 mil manzanas de tierras ganaderas en Matiguás por ex-miembros de la Resistencia lo demuestra muy claramente. Dos grandes ganaderos de la zona habían "comprado" estas tierras a los desmovilizados y ahora perdieron la inversión hecha en la compra y algunas otras "mejoras" que ya tenían.

Frijol y maíz: también crisis

En contraste con la reactivación de los grandes cafetaleros y de los grandes ganaderos, la producción campesina de granos básicos de la "montaña" y del resto del país está en un virtual estancamiento. En esto, han tenido influencia decisiva los bajos precios que se pagan al productor y la falta de crédito.

Durante dos años consecutivos, los precios promedio del maíz y del frijol en las zonas de la "montaña" durante la época de cosecha se han mantenido a menos de la mitad del precio que tienen de estos productos en Managua. Los comerciantes de granos se están beneficiando de la política del gobierno de excluir a la estatal empresa ENABAS del acopio de granos básicos y de liberalizar totalmente el mercado. Y es el campesinado el que está pagando los platos rotos de esta política.

El gobierno puede y debe modificar esta situación financiando a ENABAS para que desempeñe su papel de regulador de los precios en el mercado de granos básicos. A corto plazo, éste es el mecanismo más eficiente para mejorar el bajísimo nivel de ingreso de las familias campesinas, especialmente en las zonas de la frontera agrícola. Y el gobierno ya cuenta con recursos de Dinamarca para financiar el acopio de ENABAS a una tasa de interés inferior a la establecida por el gobierno, proyecto que increíblemente ha tenido la oposición de algunos funcionarios gubernamentales.

Por otro lado, la producción campesina de granos básicos ha sido prácticamente excluida del financiamiento bancario. El área financiada de maíz es apenas un 15% de lo que fue en 1991. El "vacío" que está dejando el BND, al transformarse de banco de desarrollo en banco comercial, está siendo llenado muy insuficientemente por los ONGs nacionales y han reaparecido mecanismos de financiamiento tradicional: la mediería y las compras de futuro.

La falta de financiamiento y el endeudamiento están afectando sobre todo a los campesinos beneficiados con la Reforma Agraria, por la alta dependencia que tienen del crédito bancario. Un número creciente de cooperativas está optando por vender y/o alquilar parte de sus tierras, para poder pagar sus deudas y disponer de capital de trabajo. De hecho, el subempleo y el desempleo abierto están azotando nuevamente a quienes fueron beneficiados en estos años con la propiedad de la tierra.

En resumen, la postración del sector productivo del país está íntimamente ligada a la ausencia de políticas y programas del gobierno que apoyen su reactivación y con ella, la generación de empleos urbanos y rurales. Sin embargo, existen muestras de lo que se podría hacer con intervención activa del gobierno. Los programas de renovación de cafetales y de reactivación de la ganadería, aunque insuficientes porque excluyen a los pequeños y medianos productores, dan una pauta del tipo de intervención del gobierno que se hace necesaria si se quiere reactivar la producción.

¿Un giro por fin?

Hay, sin embargo, alguna novedad. La necesidad de una intervención más activa del gobierno para estimular la economía estaría empezando a ser aceptada por los círculos gubernamentales. En su reunión anual con los organismos de cooperación externa, que apoyan al gobierno, el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, expresó sus dudas sobre la "mano invisible" del mercado como generadora por sí sola de la reactivación económica. "Queremos revisar nuestros errores y los de los asesores de las instituciones financieras internacionales", llegó a afirmar.

El auto-cuestionamiento de Lacayo coincide con una tendencia mundial de crítica a las políticas de estabilización y ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial. Un ejemplo es lo que dice el economista de Harvard, Robert Klitgaard, en un reciente libro. Aquí están las conclusiones de uno de los principales expertos del Banco Mundial: "Los vínculos entre políticas y objetivos son complejos, con extensos vacíos en el conocimiento, tanto teórico como empírico...Hay que reconocer que la base analítica para algunas políticas microeconómicas en un programa de ajuste son relativamente débiles... Aún en el frente macroeconómico, algunos aspectos importantes no están resueltos... Por ejemplo, los efectos de la política fiscal sobre la demanda son ambiguos....Finalmente, aunque tal vez más importante, hay todavía mucho que aprender acerca de lo que fomenta el crecimiento económico en países subdesarrollados y en particular, acerca de la relación entre las políticas de estabilización de corto plazo y el crecimiento económico a largo plazo".

Pero ésta no es la única crítica que se da al interior del Banco Mundial. El gobierno japonés, principal financiador del BM, ha criticado a fondo los paquetes de estabilización y ajuste estructural. Y no es una casualidad que Estados Unidos, Inglaterra y Canadá estén sufriendo la peor recesión del mundo desarrollado, después de ser durante los años 80 los más firmes partidarios de la reducción del papel del Estado en la economía. Tampoco es casualidad que la Comunidad Económica Europea esté ahora considerando incrementos masivos del gasto público para estimular su propia reactivación económica.

El auto-cuestionamiento público del Ministro Lacayo, las tendencias internacionales en teoría y política económica y, por sobre todas las cosas, la realidad desesperante de miles de nicaragüenses sumidos en la pobreza y el desempleo, apuntan hacia modificaciones de las políticas recesivas seguidas hasta ahora.

El gobierno y los organismos internacionales que lo apoyan deben de confrontar la realidad de que la superación de la pobreza y el desarrollo económico no son posibles con políticas monetarias y fiscales orientadas a mantener tasas de inflación mensuales cercanas a cero. Los riesgos de tener una modesta tasa de inflación no son comparables con los riesgos y costos de más desempleo, más pobreza y más violencia. De más incertidumbre para todos.

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