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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 133 | Diciembre 1992
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Nicaragua

El rompecabezas de la propiedad

La propiedad es uno de los temas más polémicos y más importantes en la actual Nicaragua. Y es de los más difíciles de entender.

Equipo Envío

En la ultima ronda de negociaciones entre el FSLN y el gobierno, los dirigentes sandinistas cuestionaron a fondo, más que otras veces, la política económica neoliberal del gobierno. La respuesta del Ministro Lacayo y de su gabinete fue golpear el punto más débil del sandinismo: la llamada "piñata" de propiedades urbanas y rurales que efectuó el gobierno sandinista en el período de transición después de las elecciones de 1990, entre febrero y abril de ese año.

En una carta dirigida al Secretario del FSLN Daniel Ortega, el Ministro de Finanzas Emilio Pereira le sugería que si el gobierno tuviera una lista de los "piñateros", esto "reduciría enormemente la incertidumbre de aquellos que no abusaron de la ley". La Dirección Nacional respondió que no tiene esa información. La "piñata" sandinista sigue siendo eje fundamental en el conflicto sobre la propiedad en Nicaragua y es el principal blanco que en el tema de la propiedad utilizan la extrema derecha y los confiscados que reclaman la restitución de sus antiguos bienes.

Muchas las preguntas en torno a un tema controversial

La propiedad es uno de los temas mas polémicos y más importantes en la actual coyuntura de Nicaragua. Puede afirmarse también que - por los múltiples y conflictivos intereses que están en juego y también por la cantidad de información que gira en torno al tema, además de los procesos administrativos y jurídicos poco claros que lo acompañan - es uno de los temas más difíciles de entender.

¿Quién está ocupando las propiedades que reclaman sus antiguos dueños? ¿Los "piñateros" o los pobres? ¿Quién está perdiendo su propiedad y cómo? ¿Se está cumpliendo con el acuerdo de respetar la propiedad distribuida antes de las elecciones del 25 de febrero de 1990? ¿El gobierno ha devuelto tierras y propiedades a somocistas? ¿Por qué la Oficina de Ordenamiento Territorial está rechazando tantos casos? ¿Será que los pobres perderán sus pobres casas?

Son muchas las preguntas. Trataremos de abordar aquí el tema de la propiedad rural (tierras y empresas agrícolas) y el de la propiedad urbana (viviendas y lotes) dejando para un próximo artículo el tema del proceso de privatización en las empresas estatales de industria y comercio, extenso y complejo. Reduciremos en lo posible la historia reciente a los recuadros, dejando en el texto sólo los aspectos más importantes de esa historia.

Una breve historia

Según Jaime Wheelock Román, ex-Ministro de Desarrollo y Reforma Agraria (MIDINRA), la reforma agraria sandinista distribuyó alrededor de 6 mil propiedades agrícolas, que sumaban en total unos 3 millones de manzanas. (En cuadro 1, un resumen de las formas de adquisición). La mayoría de estas tierras, unos 2 millones 300 mil manzanas fueron distribuidas aproximadamente a 80 mil familias. Con las 700 mil restantes se conformaron las corporaciones agrícolas del Area Propiedad del Pueblo (APP). De ellas, unas 300 mil quedaron abandonadas por encontrarse en zonas de guerra. Esta cifra del área total del APP contrasta significativamente con la misma cifra dada por el MIDINRA durante el gobierno sandinista: en 1988 cifró el área APP en 948 mil 200 manzanas. Algunas devoluciones a ex-dueños hechas en los últimos años del gobierno sandinista podrían explicar algo esta diferencia.

Respecto al área urbana, y también a través de decretos de confiscación, el gobierno sandinista dispuso de unas 350 empresas industriales y comerciales y de unas 7 mil viviendas y lotes. El Estado asumió el control de las empresas y empezó a entregar títulos de dominio (para uso, no para venta) de viviendas y lotes ubicados en repartos populares a partir de 1985. También entregó el gobierno sandinista miles de viviendas y lotes, que no fueron confiscados previamente a particulares y que formaban parte de tierras municipales.

Wheelock afirma que en cuatro meses de 1990, antes y durante el período de transición, se hicieron 292 nuevas asignaciones de tierras agrícolas, con un total de alrededor de 50 mil manzanas. Es probable que este total fuera mucho mayor: fuentes del actual INRA sugieren que la mayor parte de la diferencia entre las casi 950 mil manzanas del APP (según datos de 1988) y las 700 mil manzanas de las que ahora se habla como entregadas al nuevo gobierno están en manos de "piñateros".

Durante los dos meses de transición, el gobierno sandinista legalizó todos los títulos de reforma agraria que dio durante años con la Ley 88. También trasladó la posesión de casas y lotes urbanos que aún estaban bajo propiedad del Estado a las familias que los ocupaban con diferentes títulos a través de las Leyes 85 (casas) y 86 (lotes). La actual Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) estima que a nivel nacional hay unos 11 mil beneficiarios de la Ley 85 y 100 mil de la Ley 86.

Generalmente, cuando se habla de "piñata", ésta se refiere a los abusos cometidos con propiedades durante el período de transición. Pero hay tantas opiniones como personas sobre qué constituye "abuso". Para la extrema derecha, prácticamente toda la reforma agraria iniciada en 1979 fue una "piñata". En el otro extremo, hay "sandinistas" que defienden ciegamente todas las asignaciones que se hicieron durante la transición y hasta sugieren que el gobierno sandinista debía haber sido más generoso en estas entregas de propiedades de última hora.

Actualmente, hay entre 5 mil y 6 mil casos de reclamos en la Procuraduría. De ellos, según la Presidencia de la República, 4,500 reclamos sobre 16 mil propiedades urbanas y rurales, bienes inmuebles, ganado, acciones y vehículos, han sido "resueltos favorablemente" por decreto de la Presidenta Chamorro.

El resto, otros mil casos, son reclamos por confiscaciones que afectaron a la familia y a los "allegados" de Somoza con los decretos 3 y 38 emitidos por la Junta de Gobierno revolucionaria en julio de 1979. (Decreto 3 para familiares y 38 para allegados). Estas propiedades confiscadas, según el Ejecutivo, están sujetas a revisión caso por caso. Queda por determinar cuáles de las resoluciones favorables resultarán en devoluciones y cuáles en indemnizaciones, y cómo se calcularán los montos de indemnización. (En cuadro 2 un resumen de los decretos emitidos por el gobierno actual).

El conflicto en las zonas rurales

El gobierno de la UNO inició su mandato con la intención de devolver todas las propiedades estatales agrícolas agrupadas en el APP a sus antiguos dueños o si no, privatizarlas a favor de empresarios individuales. Serios conflictos empezaron cuando, poco después de asumir el poder, el nuevo gobierno emitió los Decretos 10-90 y 11-90. El primero fue un primer paso preparando el terreno para la devolución de todas las tierras del APP a sus ex-dueños. El segundo decreto preparaba la devolución definitiva de toda el área estatal, además de todas las propiedades urbanas y rurales que no estaban en el APP sino en manos de particulares.

Las tierras estatales y la formación del APT

Al principio, la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), que agrupa a los obreros de las empresas agrícolas del APP, se opuso tanto a la privatización como a la devolución. Más tarde, llegó a aceptar la privatización, con la condición de que una parte de la propiedad correspondiera a los trabajadores. Aceptó también la posibilidad de la devolución en los casos en que no se tratara de somocistas o de propiedades confiscadas por estar endeudadas con el sistema financiero.

Después de un sinnúmero de protestas y negociaciones, el gobierno aceptó finalmente el que la privatización fuera también a favor de los trabajadores, aunque esta negociación y esta aceptación ha sido mucho menos polémica en el sector rural que en el sector industrial urbano. Según Salvador Ramírez, dirigente de la ATC en León, los trabajadores agrícolas consiguieron aproximadamente el 32% de las propiedades del APP rural distribuidas en empresas de AGROEXCO (algodón), de HATONIC (ganado) y de CAFENIC (café) (Cuadro 3) y un porcentaje similar en la reciente negociación sobre TABANIC (tabaco).

Respecto a la empresa bananera BANANIC, como las tierras siempre estuvieron en manos de particulares y el Estado controlaba únicamente la administración y la comercialización, los trabajadores negociaron sólo el 25% de estas dos fases de la producción. Además, el gobierno asignó a estos trabajadores a través de la reforma agraria una propiedad de un poco más de mil manzanas, más un préstamo para convertirla del cultivo de caña de azúcar al de banano.

Las negociaciones sobre la empresa arrocera NICARROZ no han terminado todavía, pero es probable -según Ramírez- que los trabajadores consigan alrededor del 30% de la propiedad y maquinaria. Serían socios minoritarios en asociación con un posible inversionista extranjero, que compraría el otro 70% de las acciones.

Estas nuevas propiedades en manos de los trabajadores conforman el Area Propiedad de los Trabajadores (APT) y en la ATC están muy satisfechos por la infraestructura y la calidad de las tierras conseguidas. En las tres empresas ya distribuidas (algodón, café y ganado), los trabajadores tienen contratos de arriendo por un año, con opción a compra y están negociando actualmente los términos de la compra-venta. Parece que se les darán préstamos con un plazo de 7 a 10 años, con un interés de entre el 6 y el 9%, y en algunos casos con un año de gracia.

Aunque no han tenido problemas con respecto a la tenencia de las propiedades ya entregadas, sí hubo algunas tierras negociadas que nunca les fueron entregadas. Se trata de unas 6 fincas de HATONIC y de un beneficio de café, que aunque fueron negociados a favor de los trabajadores, el gobierno los entregó a empresarios privados a través de la CORNAP (Corporación Nacional del Pueblo), entidad creada por el gobierno Chamorro para centralizar todo el APP agrícola e industrial.

El problema más serio que enfrenta el APT es económico. Por un lado, el precio internacional del café está muy bajo, el algodón ha perdido completamente su rentabilidad y aunque el ganado tiene mejores precios, éstos son todavía bajos. Por otro lado, ha sido muy difícil conseguir financiamiento, al tener los trabajadores sólo contratos de arriendo - en vez de títulos - y por la contracción de créditos que sufre toda la producción, como un elemento característico de la actual política de ajuste estructural.

El manejo de estas nuevas propiedades del APT es muy polémico y ha causado conflictos. Muchos trabajadores se quejan de que la ATC no ha hecho otra cosa que reemplazar al Estado como gerente y que, aunque la propiedad se llama Area Propiedad del los Trabajadores, ellos no se sienten dueños. Queda para un futuro artículo una ampliación y profundización de este importante tema.

Además de estas tierras de las empresas agroindustriales ya distribuidas, el gobierno alega que ha entregado casi 300 mil manzanas adicionales, llegando a un total de 701,500 manzanas. Esas 300 mil son, en gran parte, las tierras del APP que quedaron en abandono en zonas de guerra y, en su gran mayoría han sido entregadas a los desmovilizados de la contrarrevolución. Cifras oficiales del Instituto de Reforma Agraria (INRA) indican que estos ex-combatientes de la Resistencia han recibido en total 564 mil manzanas. Pero el dirigente de la Resistencia Rodolfo Ampié, Comandante "Invisible", insiste en que han recibido solamente 409 mil manzanas del millón prometido, y que las tierras recibidas las tienen que compartir con colonos, precaristas y campesinos sin tierra. Afirma también que muchas de las tierras que han recibido son marginales y que la mayoría de los beneficiados no han recibido todavía títulos y por eso no consiguen crédito para hacerlas producir.

Los "papelitos" de devolución de propiedades

Mientras la privatización en el sector rural ha ido concretándose bastante fluidamente, el tema de las devoluciones de tierras a sus anteriores dueños ha estado lleno de obstáculos. El Decreto 11-90, que inició la revisión de todas las confiscaciones hechas por el gobierno sandinista, creó desde el primer momento, y sigue creando, muchos conflictos. El Ministro de Finanzas, Emilio Pereira, afirma que existen reclamos sobre 2 millones 200 mil manzanas de tierra, representando esta cifra el 25% de la tierra cultivable de todo el país. Además 817 mil manzanas de este total fueron afectadas por los decretos 3 y 38.

Traslados de propiedades privadas hechos por el gobierno sandinista


* DECRETOS 3 y 38 : confiscó los bienes de Somoza y de la familia Somoza, de prominentes funcionarios somocistas y de allegados al régimen.

* NACIONALIZACIÓN DE LOS BANCOS: Nacionalizó intereses y acciones de empresas agrícolas, industriales, comerciales, de servicio, así como bienes raíces.

* NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS

* LEYES DE REFORMA AGRARIA: Expropiaron, con indemnización, latifundios ociosos o mal explotados, tierra bajo colonato, mediería o aparcería, principalmente a través de:

- DECRETO 329: Todas aquellas propiedades que al 29 de febrero de 1980 habían sido ocupadas por campesinos.

- DECRETO 782: "Ley de Reforma Agraria".

LEY No. 14. Segunda Ley de Reforma Agraria.

* COMPRAVENTAS, DONACIONES SIMPLES O CON ASUNCION DE ADEUDOS, Y PERMUTAS.

* EJECUCION BANCARIA. Confiscaciones a causa de créditos hipotecarios insolutos.

* DECRETO 760: Llamado "Ley de Ausentes". Confiscó a personas que se encontraban fuera del país, sin propósito de regresar y cuyas propiedades quedaron abandonadas o sometidas a acciones de descapitalización.

* DECRETO 1074: Confiscó a los condenados mediante sentencia judicial por acciones contra el orden y la seguridad pública.

* Resoluciones confiscatorias específicas. (Limitadas a unos 5 o 6 casos).

Fuente: Jaime Wheelock Román, Barricada 27 octubre 1992.

Por un lado, el Decreto 11-90 estableció que "la resolución de devolución vale como título para el ejercicio pleno de sus bienes." Por otro lado, estableció que el Estado indemnizará a las personas a las que, aun cuando hayan obtenido una resolución favorable, no se les puedan devolver sus tierras por haber sido afectadas por la reforma agraria o por estar ocupadas por cooperativas que cumplen una función económica y social o por parceleros, o porque sean tierras repartidas por el Estado para resolver problemas de vivienda a personas de escasos recursos.

En vez de respetar esta segunda provisión establecida en el decreto, los ex-dueños usaron los "papelitos" - como se llama popularmente a las resoluciones favorables - para exigir la restitución de sus propiedades, acompañando generalmente el "papelito" con la presencia de la policía y de una orden de desalojo de la Corte - conseguida con el "papelito" y con la escritura o número de registro que ésta tuvo -.

La Doctora Gloria Cortés Téllez, profesora de derecho de la UNAN-León y especialista en el tema de la propiedad, afirma que ningún juez puede emitir una orden de desalojo sin llevar antes a cabo un proceso legal. Sí se puede secuestrar o embargar una propiedad, pero antes del desalojo, hay que avisar a quien va a ser desalojado sobre la demanda que hay contra él y hay que establecer un tiempo para que responda. Son varios los pasos. El problema - según Cortés - es que mucha gente a la que los ex-dueños quieren desalojar, se enredan en el proceso legal. Citó el caso de una señora que acudió al juzgado, pero se perdió en el edificio, no logró encontrar la oficina correcta y al final decidió irse. Por no haber llegado, el juez se vio obligado a declararla "en rebeldía" y dio la orden de desalojo.

No está claro tampoco si todos los jueces siguen el proceso debido. Dirigentes de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) afirman que no lo hacen. En ocasiones, los ex-dueños argumentan que aunque "su propiedad" está en manos de una cooperativa, ésta no cumple "su función social y económica" porque no está explotando la tierra a plena capacidad, lo que justificaría entonces su devolución. La UNAG afirma que muchas veces - tal vez por falta de presupuesto - los jueces no viajan hasta el lugar en litigio para hacer una inspección. También acusan a algunos jueces de aceptar sobornos de los ex-dueños. En todo caso, puesto que las cooperativas agrícolas casi no reciben crédito del banco - el actual gobierno carece de una política de financiamiento para los pequeños y medianos productores - a nadie debe sorprenderle que las cooperativas no estén haciendo producir sus tierras a plena capacidad, no teniendo plena responsabilidad por ello.

Antes de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto 11-90 y de que el gobierno suspendiera la actividad de la Comisión de Revisión de Confiscaciones, que había creado como una instancia al interior de la Procuraduría General de Justicia, fueron emitidos unos mil "papelitos" sobre todo tipo de propiedades. Según la ATC, sólo entre sus miembros, los desalojos o intentos de desalojo tuvieron como resultado 170 personas presas, varios heridos y 7 muertos en todo el país. Las "fincas en conflicto" - tierras que están actualmente tomadas por trabajadores agrícolas, ex-miembros del Ejército o de la Resistencia y/o desempleados - son, en gran parte, propiedades que estarían sujetas a devolución por resolución de los "papelitos".

Aunque el gobierno declaró que habría una revisión de todas las resoluciones emitidas, Dayton Caldera presidente de la CORNAP, instancia a quien corresponde la privatización de las empresas estatales, afirmó posteriormente que aunque todas son válidas, no otorgan el derecho de desalojar a nadie de la propiedad que ocupa. Sin embargo, dirigentes de la ATC dicen que a raíz de estas declaraciones sobre la validez de los "papelitos", los intentos de desalojo han vuelto a darse en toda el área rural.

Las "fincas en conflicto"

Cuando la ATC negoció la privatización de propiedades estatales a favor de los trabajadores, no siempre había negociado esto primeramente con los mismos trabajadores. A cambio de conseguir ciertas fincas, aceptó la devolución de otras, en las que a veces los trabajadores no estaban dispuestos a devolverlas. Y aunque algunos dirigentes de la ATC alegan que las actuales tomas se dieron después de que los ex-dueños se negaron a cumplir con los acuerdos de entrega firmados con los trabajadores, los mismos trabajadores afirman que decidieron tomarse las fincas cuando se dieron cuenta de la decisión de devolverlas.

Según cifras de la ATC, el gobierno emitió órdenes para la devolución de 205 fincas, pero en la práctica sólo ha podido devolver a sus ex-dueños 154. Además de fincas sujetas a devolución que están tomadas, hay otras propiedades también tomadas, llegando a un total de al menos 70 fincas tomadas por trabajadores, desempleados y ex-militares del ejército y de la contra. El dirigente de la ATC nacional, José Adán Rivera, calcula que hay unas 35 mil manzanas en conflicto, lo que afecta a unas 4 mil familias.

De esas fincas tomadas, los dirigentes de la ATC estiman que hay 33 fincas - en su mayoría, en las Regiones II y VI -, donde los trabajadores tradicionales se aliaron con obreros agrícolas desempleados para impedir que se devolvieran esas propiedades. Hay unas 13 fincas más tomadas por desmovilizados del EPS y de la Resistencia, que están de una forma u otra en alianza con trabajadores de la ATC. Esta cifra no incluye otras fincas en las que los desmovilizados no están coordinados con los de la ATC. Existen, finalmente, otras 22 -25 fincas en proceso de privatización - mayormente en las Regiones IV y V -, donde el gobierno acordó entregar lotes individuales a los ex-trabajadores por la vía de la reforma agraria, pero no ha cumplido su promesa.

Las situaciones más complicadas para la ATC se dan en las primeras 33 fincas citadas. Los ex-dueños de todas estas propiedades han recibido resoluciones de devolución, "papelitos", aunque en algunos casos, los trabajadores tienen a su vez cartas de posesión emitidas por el Instituto de Reforma Agraria ya durante el gobierno de la UNO. Sólo en el municipio Villa 15 de Julio, departamento de Chinandega, hay por lo menos 5 fincas que están en esta situación. En estas tierras - señala el dirigente de la ATC de León, Salvador Ramírez - los trabajadores han logrado producir bien. En La Pistola, por ejemplo, sembraron en 1991 ajonjolí, y sin financiamiento, tuvieron un rendimiento de 17 quintales por manzana, mucho mejor si se lo compara con el rendimiento de 10 quintales/manzana de muchos grandes terratenientes.

La propiedad en el gobierno de Violeta Chamorro

Mayo 1990

El nuevo gobierno emite los Decretos 10-90 y 11-90. El primero permite que sean devueltos provisoriamente a sus dueños anteriores, bajo arrendamiento provisional, las tierras afectadas por reforma agraria que están siendo administradas por el Estado. El segundo crea la Comisión Nacional de Revisión de confiscaciones, en la Procuraduría General de Justicia para revisar, a petición de sus anteriores dueños, las confiscaciones hechas por el gobierno sandinista. Aunque incluye una provisión para proteger a los ocupantes actuales si son beneficiarios de la reforma agraria o si son pobres, ésta no fue respetada por la comisión en su toma de decisiones.

Octubre 1990

En los primeros acuerdos de Concertación, el nuevo gobierno de Violeta Barrios de Chamorro acuerda "respetar la propiedad distribuida en forma individual o asociativa antes del 25 de febrero de 1990". También acuerda compensar a los "injustamente expropiados o confiscados", pero sin llegar a definir qué se entiende por confiscación injusta.

Mayo 1991

La Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales dos artículos del Decreto 11-90 y conforme a esto, la comisión de revisión queda suspendida por decreto presidencial 23-91 en junio/91.

Agosto 1991

En la segunda ronda de Concertación, las partes firmantes -no participó la extrema derecha- reiteran lo acordado en la primeras: "Se ratifica la garantía de la propiedad a los productores individuales o cooperados con títulos, constancias o autorizaciones de la reforma agraria anteriores al 25 de febrero 1990". También se establece que las tierras estatales en las corporaciones del algodón, del café y del ganado serán repartidas entre desmovilizados del Ejército y de la Resistencia, trabajadores y ex-dueños. Se establece una indemnización a través de bonos de privatización a esos ex-dueños a los que no se puede devolver su propiedad. También en agosto se carea la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) por Decreto 35-91, para revisar todos los casos de personas que fueron beneficiadas por las Leyes 85 y 86.

Septiembre 1992

El gobierno emite los Decretos 46-92, 47-92 y 48-92. Entre otras cosas, estos decretos crean la Procuraduría de la Propiedad y reviven la Comisión Nacional de Revisión, con 3 miembros y presidida por el nuevo Procurador. La comisión hará recomendaciones al Estado sobre la devolución de bienes o indemnización. Los decretos extienden el mandato de la OOT para revisar "las adquisiciones de tierras rústicas" en el período de transición.

También en septiembre, el gobierno no emite el acuerdo presidencial no. 248-92, que instruye a la nueva Comisión de Revisión el resolver favorablemente "todos los reclamos presentados en tiempo ante la Procuraduría", dejando únicamente sujetos a revisión los casos de reclamos en propiedades confiscadas por los Decretos 3 y 38.

Octubre 1992.

El gobierno emite los decretos 51-92 y 56-92 estableciendo el sistema de indemnización para aquellos a quienes no se pueda devolver su propiedad. Se emitirán bonos que mantendrán su valor, tendrán un período de vencimiento de 20 años con 3% de interés y se podrán usar para comprar acciones en casi 400 empresas estatales sujetas a privatización. Entre estas empresas se incluyen INAA, INE, TELCOR, CARTONIC, La Cementera, el antiguo edificio del Banco de América, los edificios de la Zona Franca, la agroindustria Valle de Sébaco, Montelimar y el 75% de las acciones del Estado en dos ingenios de azúcar. La primera emisión de bonos tendrá un valor de 500 millones de córdobas. Se estima que el valor total de las indemnizaciones será de entre 750 y mil millones de córdobas.

Desalojos o intentos de desalojo

Los trabajadores de estas fincas sufrieron por lo menos 6 y hasta 12 desalojos o intentos de desalojo en 1991, antes de la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos del Decreto 11-90. En algunos casos, estos desalojos han continuado. Ahora existe entre ellos preocupación de que los intentos de desalojo se intensifiquen de nuevo con la declaración del gobierno sobre la validez de las resoluciones ("papelitos") de la Procuraduría. La ATC está dispuesta a negociar y está buscando el apoyo de "abogados amigos" para iniciar un proceso judicial, pero no descarta la posibilidad de que en respuesta, continúen las tomas "porque ya sentimos nuevamente la oleada".

Existen casos que no son negociables. La ATC tiene una lista de 17 fincas ya "devueltas" - aunque casi todas permanecen tomadas - a somocistas que fueron confiscados por los Decretos 3 y 38. Entre estos confiscados están Fernando Agüero, Federico Argüello, Salvador Cuadra, Daniel Somarriba, Francisco Arauz, la familia Parajón, Simeón Rizo y Ernesto Corea. Dayton Caldera, de la CORNAP, ha afirmado públicamente que las devoluciones hechas a través de la Procuraduría a estos somocistas no pueden ser derogadas porque la ley no es retroactiva, declarando también que no sabe qué criterio se usó para decidir quién era somocista y quién no.

No se sabe tampoco qué criterio usará la nueva Comisión de Revisión para revisar las confiscaciones que fueron hechas por el gobierno revolucionario a través de los decretos 3 y 38, pero probablemente la "revisión" de estas confiscaciones resultará favorable a muchos somocistas. Por un lado, influyen las amistades personales y los vínculos familiares entre somocistas confiscados y funcionarios del actual gobierno.

Por otro lado, está la tentación del gobierno de ganar puntos frente a la extrema derecha, no sólo de Nicaragua sino también de los Estados Unidos. Para el Senador republicano Jesse Helms, principal responsable del actual retraso de la ayuda norteamericana, todos los bienes de los ciudadanos norteamericanos deben ser restituidos y en el "Informe Helms", llamado "Nicaragua Hoy", dice explícitamente que no existe ninguna diferencia entre un ciudadano que nació en los Estados Unidos y uno que se nacionalizó, como hicieron muchos somocistas después del triunfo de la revolución. Los resultados de la revisión dependerán también de los miembros de la Comisión revisora, dos de los cuales todavía no han sido nombrados.

Tierras privadas: inseguridad generalizada

Mientras que algunos trabajadores del APP luchan por tierra y todos luchan por sobrevivir, ¿qué pasa con las cooperativas y los pequeños y medianos productores? ¿Es cierto que los ex-terratenientes están reclamando las tierras de los pobres?

Según la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), 14 cooperativas y 57 productores individuales, con un total de casi 33 mil manzanas han sido sacados de sus tierras por ex-dueños u otros invasores. Casi todas estas fincas están en las zonas, montañosas de Ocotal, Chinandega, Jinotega, Wiwilí, Yalí, Pantasma, Bocay y El Cuá. A pesar de que la UNAG considera a estos productores individuales como "pequeños y medianos", casi todas sus fincas son de más de 300 manzanas y la mayoría son de más 500 manzanas, extensión que el gobierno sandinista clasificaba de "grande". No se trata entonces de los miembros más pobres de la UNAG.

Sinforiano Cáceres, miembro de la junta directiva nacional de la UNAG y vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP), agrega que no son propiedades devueltas por resolución de la Procuraduría sino invasiones de tierras protagonizadas por ex-contras, ex-EPS o mozos de ex-dueños. Incluso algunas han sido tomadas por venganza o rivalidades políticas. "Hay de todo y cada caso es distinto", aclara Cáceres.

Pero las 14 cooperativas invadidas sí son de campesinos pobres y muchas de ellas fueron declaradas como sujeto de devolución a causa de los famosos"papelitos". Son casos en los que los ex-dueños, además de usar tácticas jurídicas que veremos más adelante, han argumentado que la cooperativa no está cumpliendo su función social por no estar produciendo la tierra a su capacidad.

Existe una gran diversidad de "títulos"

No siempre existe siquiera justificación económica para esta afirmación. Cáceres citó el ejemplo del intento de desalojo de una cooperativa exitosa, donde los miembros construyeron viviendas y un Servicio Infantil Rural y duplicaron la producción. En esta cooperativa, "José León Díaz" en La Cumplida, Jinotega, el mismo Viceministro de Gobernación de la región, junto con el director del INRA, Boanerges Matus, llegaron, según Cáceres, para "recomendarles" a los campesinos que abandonaran la propiedad, dejando entender que si no se iban pacíficamente, los sacarían por la fuerza. En este caso intervino la UNAG para advertirle al gobierno que esa propiedad no era negociable.

Todo el mundo conoce que la situación de titulación de las tierras de productores individuales o cooperados es un desorden. Cáceres hizo un breve resumen de la actual gama de títulos y de otras formas de tenencia de tierra en el campo. Existe esta diversidad de "títulos":

-Título del gobierno sandinista inscrito.

-Título del gobierno sandinista no inscrito.

- Título inscrito en el período de transición (incluye tanto a las personas que ocupan la tierra antes del 25 de febrero de 1990 como a las que la consiguieron en la piñata).

- Título del gobierno sandinista anulado por el gobierno actual.

- Título del gobierno actual.

- Constancia de posesión del gobierno actual.

- Contrato de arriendo o constancia del gobierno sandinista.

- Derecho de posesión (sin papeles).

Pero en la realidad el derecho a la seguridad de la propiedad no tiene nada que ver con su situación legal. Entre los 57 productores individuales de la UNAG que han perdido su tierra -dice Cáceres -, hay algunos que tienen títulos inscritos, lo que pareciera ser la situación legal más segura. Según un estudio hecho por David Stanfield del Land Tenure Center de Wisconsin, Estados Unidos, existen unas 172 mil familias rurales en Nicaragua que tienen algún tipo de inseguridad a causa de su propiedad.

Ricos contra pobres

El "problema de la propiedad" no es tan grande para los ricos como para los pobres, pero son los ricos los que han dominado el debate y los que han cambiado sus términos.

Cáceres opina que hay tres tipos de propietarios en el campo:

1) "los intocables", mayormente la burguesía ligada al gobierno, los ministros, los Cuadras, los Lacayos, Humberto Ortega y altos oficiales del EPS;
2) "los hijos de casa", la burguesía derechista que tiene el poder institucional para llamar la atención de los medios de comunicación y de opinión, como los propietarios del COSEP
3) "los hijos naturales", como estas 14 cooperativas y 57 productores individuales de la UNAG, que han perdido su tierra sin que nadie se preocupe o, por lo menos, nadie con suficiente poder.

Son los dos primeros tipos de propietarios los que definen actualmente el "problema" de la propiedad. Pero su problema es realmente entre ellos mismos. Es el problema entre los Arges Sequeira (asesinado presidente de la Asociación de Confiscados) y la "gente gruesa" de la piñata sandinista, entre los que están, entre otros, los Coroneles del EPS. Se puede afirmar que se ha manipulado el debate para encubrir el verdadero conflicto. Porque el caso más común no es que un ex-dueño somocista esté amenazando a un pobre campesino para quitarle su pequeña parcela de 5 manzanas. Aún los casos de ex-dueños amenazando a cooperativas agrícolas "son contados", según Cáceres.

Sin embargo, el problema de la propiedad para los pequeños y medianos productores es un problema grave porque tiene que ver con la sobrevivencia. Peor están los campesinos sin tierra, que han desaparecido por completo del debate. "El problema de la propiedad es un problema de la gente sin potencial económico, sin potencial para invertir, que es vista solamente como una cantera de trabajadores para los otros", explica Cáceres.

Mientras el gobierno condonó prácticamente la deuda de los latifundistas algodoneros, de un total de unos $40 millones de dólares, dejó intactas, según Cáceres, las deudas de 36 mil pequeños y medianos productores de café y granos básicos, por un monto mucho menor. Declaró "no sujetos de crédito" a estos productores y los envió a manos de la justicia.

Sin crédito y con deudas con el sistema bancario, con la amenaza de perder su tierra a manos del banco, muchos pequeños productores y cooperativas están vendiendo su propiedad. Según Cáceres, el Ministro de Agricultura, Roberto Rondón, uno de los más grandes terratenientes de Nicaragua, junto a otros latifundistas, está aprovechando para comprarlas tierras de estos pequeños productores , vecinos de sus enormes fincas.

Pareciera también que algunos en el FSLN están más preocupados en proteger y defender a los piñateros que a los campesinos. Cáceres señala el potencial económico que podría tener, por ejemplo, una alianza - no sólo política sino económica - entre las empresas del FSLN, las agroindustrias del APT y las tierras de los pequeños y medianos productores. Pero muchos nuevos empresarios comerciales del FSLN están afectando la producción interna, como lo hacen otros empresarios no sandinistas. Cáceres puso como ejemplo la empresa "sandinista" "Santo Domingo", que importa granos básicos de otros países centroamericanos, política que beneficia a sus dueños, pero que destruye a los pequeños productores nacionales.

"Piñata" no sólo de los sandinistas

Según Cáceres, la perspectiva de este gobierno y la del anterior son muy diferentes. Los del gobierno sandinista pensaban que estarían en el poder para siempre y cuando al perder el poder se dieron cuenta de que no tendrían más acceso a prebendas surge la piñata. Los del gobierno actual saben que nadie puede predecir qué pasará en las elecciones de 1996 y por eso hay que "piñatear" todo lo que se pueda desde la posición de poder que ahora tienen.

Aunque tal vez no tengan la forma de asignarse miles de manzanas de tierra, sí hay ejemplos de funcionarios del gobierno que sobornan a cambio de títulos y hasta que negocian tierras para sí mismos. Un ejemplo típico es el de un responsable del INRA en la Región III, que prometió entregarle el título a una cooperativa cercana a Las Colinas a cambio de 2 manzanas de tierra. Hasta firmó con su nombre en ese negocio, aunque hizo aparecer que las 2 manzanas serían propiedad del INRA y no de él.

También hay funcionarios del gobierno Chamorro que aprovechan para obtener beneficios para sus propias empresas. En León, por ejemplo, el INRA está pidiendo un levantamiento topográfico para renovar las constancias de posesión de propiedad que emitieron hace un año, pero sólo se considera válido el levantamiento realizado por determinada empresa que cobra entre 20 y 25 córdobas por manzana. La empresa de la UNAG sólo cobra 7 córdobas.

El hecho de que la piñata continúe, siendo otras la manos que se aprovechan, no minimiza los abusos cometidos por los sandinistas durante el período de transición. El problema fundamental parece ser la definición de "abuso". Para la extrema derecha, absolutamente todo, desde la primera confiscación hecha a la familia Somoza, ha sido un abuso inaceptable del derecho a la propiedad privada. Las posiciones más razonables buscan esclarecer quiénes se aprovecharon durante el período de transición para apropiarse de una - o de varias - propiedades por ganancia personal y no por necesidad. El Ministro Pereira sugirió el siguiente criterio para la revisión de la piñata sandinista en el campo: que el tamaño del terreno esté de acuerdo con las necesidades de mantenimiento de la familia beneficiada, que sea el mismo dueño quien trabaje la tierra y que no tenga otra fuente de ingreso.

Pero hay otros puntos de vista dentro del FSLN. "Para mí - dice un dirigente popular - la piñata sandinista es lo más hermoso que hubo, pero resultó muy chiquita . Y en el peor de los casos, yo prefiero que uno de esos abusadores sea el que controle una finca y no un somocista ". Considera este dirigente que todos los que hablan de "la piñata" y la critican se están metiendo al juego de los enemigos de la revolución.

Todavía está por ver cómo la Dirección Nacional del FSLN decidirá enfrentar este asunto. Hasta ahora sigue muda, dando la clara impresión de que prefiere la perspectiva de este dirigente y no enfrentar este serio problema ético que ha desmoralizado la base del partido.

Ciertamente, no es nada positivo el quitarle una finca a un latifundista para entregársela a otro. Es probable, además, que las tierras piñateadas sean en gran parte propiedades confiscadas a los somocistas por los Decretos 3 y 38, que no deben ser devueltas a sus ex-dueños de ninguna forma.

Cáceres sugiere que con estas tierras se conforme un banco de tierras para resolver el problema de los demandantes históricos de la tierra, los campesinos, para seguir profundizando así la reforma agraria e ir resolviendo el verdadero problema de la propiedad en el campo. La OOT empezará a revisar los casos de propiedades rurales asignadas durante el período de transición probablemente en enero/93.

La problemática rural: un resumen

Aunque la burguesía domine el debate sobre la propiedad, el problema real lo enfrentan mayorías de pobres y hay que escuchar a este importantísimo sector del pueblo nicaragüense. Esto implica profundizar la reforma agraria y responder a las necesidades de tierra de sus demandantes históricos, los campesinos, además de a las demandas de los trabajadores del campo desempleados, de los ex-RN y ex-EPS.

El presupuesto para el año 1993 para el INRA, según su director Boanerges Matus, será de unos 7 millones de córdobas, apenas suficiente para los gastos operacionales de la institución y es el INRA quien tiene la responsabilidad de abogar por los pequeños y medianos productores.

Todos los campesinos necesitan de una seguridad definitiva en su terreno, del respeto a la entrega de tierras - con o sin título - que les hizo el gobierno sandinista, de un reconocimiento jurídico de la validez de la misma reforma agraria. Hay que preocuparse por indemnizar a las cooperativas y a los propietarios individuales que han perdido su tierra, con la misma atención que se le está dando a los confiscados por el gobierno sandinista. Y hay que detener cualquier devolución cuando se trata de tierras ocupadas por cooperativas o por campesinos pobres.

Con respecto a las tierras del antiguo APP, es necesaria una urgente resolución del problema de la propiedad para los trabajadores que están ocupando fincas en conflicto. Hay que llevar a cabo una negociación para la legalización de estas tierras. No se deben devolver propiedades a los anteriores dueños cuando exista carta de posesión de los trabajadores o cuando la propiedad fue confiscada a través del banco o de los decretos 3 ó 38 o cuando ya fue indemnizada.

En los otros casos hay que negociar, pero es necesario respetar los derechos de los trabajadores en todas y cada una de las negociaciones. Después de la legalización definitiva de las propiedades, el problema fundamental para todos es el económico: la falta de trabajo, la falta de crédito y la falta de un plan de desarrollo agrícola de parte del gobierno que incluya -como eje fundamental - a los pequeños y a los medianos productores y al nuevo sector del APT. De nada sirve proteger el derecho legal a la propiedad si no se protegen también estos derechos económicos. Un título legal no debe servir para poder vender la tierra sino para trabajarla y hacerla producir con la seguridad de ser su dueño.

El conflicto urbano

Mientras la revisión de los beneficiarios de la reforma agraria protegidos por la Ley 88 todavía no ha empezado, el proceso de revisión de la propiedad en las ciudades está mucho más avanzado. La Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) fue establecida ya hace más de un año para revisar todos los casos de personas beneficiadas por las Leyes 85 y 86.

El plazo para la entrega de documentos sobre viviendas protegidas por la Ley 85 venció el 24 de septiembre. El plazo para lotes, protegidos por la Ley 86 vence el 22 de diciembre. En total, la OOT recibió 9,373 casos de beneficiarios de la Ley 85 y esperan recibir unos 100 mil casos de beneficiarios de la 86. Según Hortensia Aldana, directora de la OOT, hay otros 1,700 casos de beneficiarios que han inscrito sus viviendas, pero no han recurrido a la OOT. Esas personas son consideradas según Aldana," adquirientes de mala fe", teniendo que reportarlas, según la misma Ley 85, a la Procuraduría. Hasta que el Banco de la Vivienda (BAVINIC) actualice sus archivos, no sabrá si hay aún más beneficiarios, que ni han inscrito su casa ni han recurrido a la OOT.

Sólo la mitad

Hasta la primera semana de noviembre la OOT había revisado unos 2,500 casos cubiertos por la Ley 85 y sólo había aprobado a un poco más de la mitad de estos casos. ¿A qué se debe esta bajísima tasa de aprobación? ¿Será que los ex-dueños están presionando para que la OOT niegue masivamente las solvencias? ¿Hay peligro de que todas estas personas, cuyos casos no fueron aprobados, pierdan sus casas?



Para reclamar una vivienda, un ex-dueño tiene que pedir la revisión de confiscación, a través del Decreto 11-90. Pero también puede someter el proceso a la OOT. En ese caso, según Aldana, su papel tiene que ser el de aportar evidencia fundamentada de que el actual ocupante y beneficiario de la Ley 85 no cumple con los requisitos necesarios para que se le extienda una resolución favorable. "El reclamo sirve para ilustrar el análisis que se hace de los documentos que nos presenta el adquiriente", afirma Aldana.

Según la ley, la revisión de cada "adquiriente" o beneficiario está basada solamente en su capacidad de cumplir ciertos requisitos y al ex-dueño le corresponde probar que el actual ocupante no los llena. Entre estos requisitos está la nacionalidad nicaragüense, la ocupación de la casa desde antes del 25 de febrero y su ocupación actual, pruebas de que el núcleo familiar no tenga otra vivienda, de que el inmueble estaba bajo dominio, posesión o administración del Estado y de cómo se hizo el traspaso de la vivienda a su posesión. (Cuadro 4)

La OOT ha establecido muchas formas diferentes, dice Aldana, de probar cada uno de estos puntos, pero dirigentes del Movimiento Comunal y del movimiento en defensa de los beneficiarios de la Ley 85, recién formado, alegan que en vez de pedir una sola prueba para cada requisito, la OOT pide varias. Dada la falta de costumbre que existe en Nicaragua de mantener una documentación legal correcta y actualizada, no es extraño que los beneficiarios tengan muchos problemas para cumplir con todos los requisitos.

¿Cuál es el papel de los ex-dueños?

Por otro lado, es difícil saber el peso que tienen los ex-dueños sobre los resultados de la revisión hecha ésta. Según Aldana, de los más de 9 mil casos de viviendas, sólo tienen 1,500 reclamos de ex-dueños y si éstos no tienen su información bien documentada, no pueden afectar la decisión de la OOT. Aunque esto puede ser cierto, hay evidencias que demuestran que es posible que tengan más influencia de la que debieran en las decisiones de la OOT.

La misma Aldana afirma que "no podemos entregar una solvencia a una de las partes cuando hay un conflicto entre dos personas y el caso tiene que ser entonces directamente resuelto en los tribunales de justicia". Aunque Aldana se estaba refiriendo a conflictos entre hermanos o a parejas separadas, indica que basta con que un reclamante despierte suficientes dudas - y no necesariamente pruebas - de que el beneficiario no cumple con los requisitos, aunque tenga suficientes pruebas, y podría quedar el caso para los tribunales, lo que complica el proceso.

De las cinco personas que llegaron a la oficina de Aldana mientras esperábamos entrevistarnos con ella, ni una era beneficiario, todas eran ex-dueños o abogados representantes de ex-dueños, con lo que podría parecer que los ex-dueños se sienten más confiados en acercarse a la directora de la OOT que los beneficiaros de las leyes. Un reclamante nos dijo que basaba su argumento en el hecho de que su casa le fue injustamente confiscada por la ley de ausentes, pero según la Ley 85, ese argumento no afecta en nada los derechos del actual ocupante. Aldana aseguró también que esto no afectaría la decisión de la OOT, "siempre y cuando el adquiriente cumpla con todos los requisitos y nos lo demuestre".

Es de esperar que los reclamantes - en su gran mayoría burgueses - tengan más interés en las casas grandes que en las casas populares, las menores de 100 m2. En las primeras cifras disponibles sobre aprobaciones dadas por la OOT a causa del tamaño de la vivienda, se puede notar que el porcentaje de denegaciones aumenta en la medida en que es mayor el tamaño de la vivienda. Las siguientes cifras sobre los primeros 916 casos revisados fueron proporcionados a envío por Aldana:



Esto demostraría que los ex-dueños sí influyen en las decisiones de la OOT. Pero también podría demostrar otra cosa: que la mayoría de los abusos cometidos al amparo de la Ley 85 en el período de transición ocurrió con las casas más lujosas. Lo más probable es que se dé una combinación de ambas realidades.

Hay un requerimiento adicional que tienen que llenar los que recibieron casas mayores de 100 mz. y esto, según Aldana, ha afectado a varios. Cuando escrituraron su vivienda, tenían que haber presentado una declaración jurada sobre su tamaño. En algunos casos, dice Aldana, la OOT ha encontrado al inspeccionar la casa que el tamaño es mayor de lo declarado. En estos casos, a estas personas se les niega el certificado de aprobación.

En todo caso, cuando los beneficiarios de casas mayores de 100 m2 cumplen los requisitos, la OOT sólo les entrega la solvencia de revisión, pero no disposición. Esto quiere decir - afirma Aldana - que "no pueden vender ni arrendar ni heredar ni hacer absolutamente nada" con la casa hasta que cancelen el 100% del valor catastral de la vivienda en la oficina de fiscalización.

Lo más preocupante: los pobres

Lo más preocupante de las actuales cifras es que los más pobres están recibiendo también denegaciones. En casi un 50%. ¿Por qué? ¿Querrá decir esto que perderán sus casas ? Aldana informa que la mayoría de las denegaciones se han dado por la falta de pruebas de que el beneficiario ocupaba la vivienda antes del 25 de febrero de 1990. Pero citó también otras razones: personas que recibieron más de una vivienda, extranjeros nacionalizados después del 25 de febrero de 1990, casas alquiladas entre particulares sin participar el Estado, unos 500 casos de "terceros adquirientes" que no pueden presentar los documentos del beneficiario. La OOT no nos pudo proporcionar un informe en el que se comparen las razones de la denegación con el tamaño de la casa, ni otro que compare las denegaciones con los reclamos de ex-dueños.

Pero es probable que en el caso de denegaciones hechas a personas pobres, el problema se dé sobre todo por carencia de documentación. No es probable que muchas de estas casas de menos de 100 m2 sean "piñateadas" ni que estén siendo reclamadas por miembros de la burguesía que fue confiscada en los años 80. Hay casos de personas que viven en barrios construidos por el gobierno sandinista en los que no puede haber reclamo de un ex-dueño, pero en los que nunca nadie dio importancia a la necesidad de tener los documentos de la casa en orden. ¿Qué pasará en estos casos?

Cuando no existe reclamo de un ex-dueño, el conflicto tiene que ser resuelto entre el actual ocupante y el mismo Estado. Un beneficiario que recibe la denegación de la OOT tiene dos posibilidades para apelar. La primera en la misma OOT, la segunda en el Ministerio de Finanzas. De allí el caso pasa a la Procuraduría. "La misma ley establece - dice Aldana - que cuando se cometieron abusos, la Procuraduría General de Justicia será la encargada de restituir la casa o al dueño original o al Estado". Esto supone que la falta de documentación necesariamente significa "abuso" y representa un peligro sustancial para los pobres, aun cuando no exista reclamo de un ex-dueño. Enrique Picado, dirigente del Movimiento Comunal, acusa al BAVINIC de estar buscando crear un "fondo" de viviendas y cree que el Estado tratará de sacar de sus viviendas a sus actuales ocupantes con este fin.

Son demasiado estrictos los requisitos que exige la OOT. Hay que convencer al gobierno de que por los menos en los casos de viviendas menores de 100 m2, en las que no existen reclamos de ex-dueños y por tanto, el conflicto debe resolverse entre el Estado y el ocupante, debe concederse la escritura al ocupante.

También se podría argumentar que a todos los ocupantes de casas menores de 100 m2 - aún cuando exista reclamo - se les debe conceder la escritura si no tienen otra casa, en fidelidad al espíritu de la Ley 85, que dice: "El estado garantizará el derecho a la propiedad a todo nicaragüense que al 25 de febrero de 1990 ocupaba por asignación, posesión, arriendo o cualquier forma de tenencia, casas de habitación propiedad del Estado y sus instituciones". Si esto dice la ley, ¿por qué la OOT debe tener responsabilidad de probar el traspaso, si se prueba que la casa la "ocupaba por cualquier forma" o si la vivienda estaba bajo el dominio del Estado? Existe al menos un caso en el que la OOT denegó la solvencia al ocupante porque en los papeles del Estado salió erróneamente el número de registro de la casa vecina en vez del de la casa confiscada. ¿Por qué debe pagar el beneficiario por ese error administrativo?

Tal vez habla en serio el Ministro de Finanzas, Emilio Pereira, cuando advierte a los dirigentes del FSLN que se resolvería mucho más rápido el problema de la legalización de todas las propiedades si el partido facilitara al gobierno información sobre las casas piñateadas. Es obvio que exista o no buena voluntad en esta advertencia, muchos beneficiarios legítimos están sufriendo denegaciones mientras se trata de descubrir a los abusadores. Y es posible que el "sacrificio" de los piñateros podría servir para salvaguardar las legítimas propiedades de quienes con menos recursos están siendo cuestionados en sus derechos.

Denegaciones, aprobaciones y ex-dueños

Ni una denegación al ocupante es una carta blanca para la devolución de una vivienda a su ex-dueño ni una aprobación es necesariamente la garantía de que la propiedad se puede escriturar a nombre del actual ocupante. Como la OOT es solamente una instancia administrativa y las decisiones jurídicas tienen que tomarse en una instancia jurídica, el paso siguiente a cualquier decisión de la OOT es ir al juzgado.

Una resolución favorable de la Procuraduría - todos los reclamantes, menos los confiscados por los Decretos 3 y 38, la recibieron automáticamente con el Acuerdo Presidencial No.248-92 -, da a todos los ex-dueños derecho a la indemnización. Todos tienen también derecho a luchar por la restitución de su propiedad por la vía jurídica. Los abogados creen que una resolución favorable de la Procuraduría combinada con una denegación de la OOT al actual ocupante, llevará a que el dueño anterior consiga una orden de restitución de su propiedad.

Pero aun cuando la resolución de la OOT sea favorable al ocupante del inmueble, no existe ninguna garantía de que éste no pueda perder esa propiedad. Cuando consiga su solvencia y la lleve al registro para inscribir su vivienda, el ocupante podría encontrarse con la sorpresa de que el ex-dueño ya estuvo allí para hacer una anotación registral. En ese caso, el conflicto debe resolverse en un juicio que se llama "ocurso" y otra vez al juzgado. Aunque según la doctora Gloria Cortés Téllez, profesora de derecho de la UNAN y especialista en la propiedad, la resolución final debe ser favorable al ocupante actual, la realidad es que la vía jurídica favorece siempre las personas de mayores recursos.

Los que han recibido denegaciones de la OOT se están organizando para defenderse. Entre otras cosas, están formando una red de abogados que les pueda ayudar - gratuitamente o a precios favorables -, para enfrentar esa ventaja de los ex-dueños. Una de sus demandas podría ser el exigir al gobierno que asigne un grupo de "defensores públicos" para este fin.

Algunos requisitos de la OOT para ratificar el beneficio otorgado por la Ley 85

* Prueba de la nacionalidad nicaragüense.

Pasaporte, partida de nacimiento, o tarjeta cívica. En el interior: fe de bautismo o declaración jurad.

* Prueba de que el inmueble estuvo bajo dominio, posesión o administración del Estado.

Contrato de arriendo, recibo de alquiler, carta de adjudicación, o los tres últimos asientos registrales.

* Prueba de que ocupaba la casa el 25 de febrero 1990.

Licencia de conducir, recibos de agua, luz o teléfono a su nombre, tarjeta cívica o declaración jurada con vecinos como testigos y hecha por abogado.

* Prueba de que mantiene ocupada la casa.

Recibos de agua, luz o teléfonos a su nombre.

* Prueba de que no tiene otra vivienda.

Constancia negativa del registro, base de datos de la misma OOT o declaración jurada.

* Prueba del traspaso de posesión.

Escritura, compra-venta o carta de donación.

El proceso jurídico

La Procuraduría de la República está encargada de revisar las confiscaciones a través de la Comisión Nacional de Revisión. Una resolución favorable de la Procuraduría otorga la devolución solamente si la propiedad es estatal. Si está en manos de particulares, otorga la indemnización, o da derecho al ex-dueño de dar la batalla por su propiedad por la vía jurídica.

La Oficina de Ordenamiento Territorial está encargada de revisar las propiedades en manos de personas beneficiadas por las Leyes 85 y 86, y muy pronto, por la Ley 88. Con una resolución favorable de la OOT, el ocupante actual puede inscribir su propiedad en el registro, si no existe reclamo de su ex-dueño. Si hay reclamo, el caso tiene que resolverse por la vía jurídica.

Para un ex-dueño, el mejor de los casos es una resolución favorable de la procaduría combinado con una resolución negativa de la OOT para el ocupante actual. Pero hay muchas otras posibilidades.

Por ejemplo, un ex-dueño que fue confiscado por el Decreto 3 -que no tiene resolución favorable- puede también aprovecharse de la negativa de la OOT. En estos casos, dice Gloria Cortés Téllez, profesora de derecho de la UNAN-León, el juez debe solicitar la participación de la Procuraduría, pues el Estado puede tener interés en la propiedad y, según las revisiones, ninguna de las dos partes tiene derecho a ella. Existen 1,700 casos conocidos de personas que no se acogieron al proceso de revisión de la OOT. Sin ninguna resolución a su favor, estas personas son vulnerables a la hora de un reclamo. .Si existe reclamo cuando el ocupante tiene una resolución favorable, tiene dos argumentos a su favor en contra de un ex-dueño que también tenga resolución favorable. Primero, el Decreto 11-90 dice que las confiscaciones tienen que ser debidamente revisadas, pero muchas resoluciones favorables fueron resultado de otro decreto presidencial y no de una revisión del caso. Segundo, el Decreto 11-90 agrega que hay que respetar propiedades un manos de campesinos, personas de escasos recursos, etc. y se podrá argumentar que la decisión no fue hecha en el espíritu de la ley si afecta a este tipo de personas.

Hay muchas otras figuras jurídicas que están utilizando los ex-dueños para reclamar su antigua propiedad, que les evitan por completo el proceso de la OOT. La ventaja para ellos es que toman al actual ocupante por sorpresa y que tienen mayores recursos y mejores conocimiento del sistema jurídico. aunque si el ocupante actual da la batalla jurídica, tiene buenas posibilidades de ganar.Una de esas figuras es el "acomodato precario", donde el ex-dueño alega que el le prestó su casa al ocupante actual y ahora que se la pide, éste no se la quiere devolver. Otros reclamantes han pedido el "saneamiento registral" o la "nulidad del título".En cualquier proceso jurídico, la otra parte tiene siempre el derecho de darle la batalla y las dos partes son iguales ante la ley.

La realidad es que con frecuencia, la persona con menos recursos es la que pierde. Y si no llega al juzgado para responder, el juez la declara "en rebeldía" y falla a favor del ex-dueño.Sinforiano Cáceres, dirigente de la UNAG, afirma que muchos de estos casos en el área rural se han resuelto por la vía negociada, acordando repartir el terreno entre el ex-dueño y la cooperativa o el productor.Este tipo de resolución pone al ex-dueño en una posición idónea para ir comprando pedazo por pedazo el resto de su anterior propiedad -probablemente a precio de ganga - en manos de una cooperativa, de trabajadores agrícolas o de campesinos, en la medida en que éstos vayan acumulando deudas con el sistema financiero por l carencia de una política crediticia que apoye a estos pequeños productores.

Sólo en la ciudad de León, hay unos 170 casos de este tipo de reclamo. Según Cortés, se incluye entre ellos el reclamo de un ex-vice presidente de Somoza. Puede ser que por esta vía los somocistas tuvieran más éxito que a través de los procesos de la Procuraduría y la OOT. Hay casos curiosos: por ejemplo, una persona que tiene presentados reclamos contra de 6 y 8 personas, pudiendo tratarse de alguien cuya propiedad fue dividida y repartida entre varios campesinos individuales.Hay otros casos extremos en los que ex-dueños han acusado el ocupante actual de usurpar su propiedad y como se trata en este caso de un recurso criminal -y no civil-, entraría éste a la vía penal y si no se le devolviera su propiedad al exdueño el ocupante caería preso.

También hay secuestros y embargos, recursos intermedios para embargar la propiedad hasta que el juzgado falle sobre el caso. Estos recursos sirven par garantizar que el ocupante actual no destruya o desmantele la propiedad, además de ser una forma de presionarlo y hostigarlo.

El actual ocupante tiene también un recurso -según Cortés- al que puede recurrir como última medida. Es el derecho legal de retención. Garantiza por lo menos que el exdueño tiene que pagar al ocupante actual por todas las mejoras hechas a la propiedad antes de su devolución.

Siendo tantas las posibles formas de utilizar la vía jurídica en contra de los actuales ocupantes, es evidente la necesidad que éstos tiene una red de abogados amigos. O insistir en que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos de estos ciudadanos sean debidamente protegidos, formando por ejemplo un equipo especial de "defensores públicos", pagados por el Estado, para atender a las personas de bajos ingresos, hasta que se les resuelva el problema de su propiedad.

La propiedad: ¿derecho de quién?

La derecha y la izquierda creen firmemente en el derecho a la propiedad, pero tienen criterios muy diferentes acerca de quiénes son los sujetos de este derecho. En la actualidad, posiciones antes vistas como "comunistas" van siendo mundial y generalmente aceptadas por grupos moderados. Las posiciones de la extrema derecha nicaragüense o de los Jesse Helms de este mundo pierden espacios.

Oscar Herdocia Lacayo, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), argumenta que el derecho a la propiedad es "un derecho fundamental del hombre" y que la ley es la base fundamental de la civilización. Acusa al FSLN de usar la distribución de la propiedad como un pretexto para el enriquecimiento de sus dirigentes, tanto durante la etapa del gobierno como durante el período de la transición. Según Herdocia, el primer título es el título legal y los que usurparon las propiedades de otros deben enfrentar su "delito" en los tribunales de justicia.

El derecho a la propiedad es "supranacional, por encima de las Constituciones", dice Herdocia ,e insiste en que hay que devolver las propiedades a todos los que fueron confiscados. Afirma que ni la confiscación de las propiedades de los somocistas fue legal y no existe ni un argumento legal para no devolvérselas. Sugiere que se haga "un arreglo" con los pobres, indemnizándolos por las propiedades que se les quitan y rechaza la idea de indemnizar a los reclamantes, en lugar de restituirles su propiedad. Esta posición es la que sostienen los miembros de la Asociación de Confiscados de Nicaragua y el senador norteamericano Jesse Helms. El "Informe Helms" se refiere a todas las propiedades confiscadas por el gobierno sandinista como "propiedades robadas" y concluye diciendo que "el asunto de la propiedad no será resuelto hasta que el gobierno nicaragüense devuelva todas las viviendas, empresas y tierras de ciudadanos americanos y nicaragüenses".

Si existieran dudas sobre la posición de la extrema derecha respecto al derecho de obreros y campesinos a la propiedad, sólo hay que leer las palabras de Mario Alegría, asesor legal del COSEP y director del Instituto de Inversión Económica y Social de la Empresa Privada (INISEP). Se necesita una concertación, dice Alegría, "entre los que tienen el poder político y económico y no entre los de nivel muy bajo, pues éstos no tienen capacidad de tomar decisiones".

La justicia de la reforma agraria

Los que defienden la reforma agraria podrían argumentar igualmente, que la propiedad es "un derecho fundamental del hombre" y que este derecho es "supranacional", pero también argumentarían que existe una diferencia entre la ley civil y el derecho a la libertad y a la igualdad. Dice Gerald Torres, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota: "La igualdad es una función de la libertad y no al revés. La justificación legal para una mejor distribución de la tierra es que apoya una mayor libertad".

Para las grandes mayorías, especialmente en Nicaragua, no hay mucha duda sobre la justicia de la reforma agraria. Y como prueba de que esta perspectiva ya no se ve como radical, Torres citó varios casos de reforma agraria en los Estados Unidos. En 1941 la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó la decisión de entregar una plantación de caña de azúcar en Puerto Rico a un grupo de campesinos que la había tomado. En 1987 la Corte ratificó el derecho de un grupo de inquilinos en el Estado de Hawaii - donde casi todas las tierras son propiedad de un puñado de familias - a forzar la venta definitiva a ellos de una propiedad. Y hasta la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - conocida por su posición conservadora - tuvo que promover una reforma agraria en los años de mayor conflicto en El Salvador.

No nos olvidemos de los pobres

En medio de todo este complejo panorama es importante no olvidar que el tema de la propiedad es un asunto de justicia social y más para los pobres que para los ricos. El eje que domina el debate sobre la propiedad en Nicaragua es el reclamo de los confiscados, que tienen más poder y una voz más alta que los pobres. Otro eje principal está en los que - también con poder y voz - manipulan las esperanzas de los pobres para encubrir sus intereses como piñateros.

El eje que debe ser resaltado es el de los pobres. Protegidos o no por las Leyes 85,86 y 88, las cooperativas, los campesinos pobres y los ocupantes de casas humildes tienen derecho a la propiedad y sus demandas son justas. Ellos son los más vulnerables. Todo el sector popular, urbano y rural, necesita urgentemente de la legalización de su terreno o vivienda, necesita crédito y un plan económico que los favorezca. Hay otras personas que no son pobres y que son justos beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88. Son los que ocupaban su propiedad antes del 25 de febrero. Si ellos tuvieran que pagar el valor de su vivienda, el Estado debería establecer con este dinero un fondo para la construcción de viviendas populares. Y si la OOT estableciera algo similar después de la revisión de tierras de beneficiarios de la Ley 88, podría establecer un fondo para comprar tierras con las que profundizar la reforma agraria. El problema de la propiedad en Nicaragua no estará resuelto hasta que se haya resuelto para las grandes mayorías.

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