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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 132 | Noviembre 1992
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El Salvador

La extrema derecha desafía a la ONU

La extrema derecha salvadoreña ha lanzado al Presidente Cristiani a una abierta confrontación con las Naciones Unidas.

Equipo Envío

El 26 de octubre, ni una semana antes de la fecha-plazo del 31 de octubre, la ONU propuso la recalendarización del proceso de paz, posponiendo hasta el 15 de diciembre la total desmovilización de las fuerzas del FMLN. Aunque otros muchos acuerdos aún no cumplidos fueron también recalendarizados, el cambio de esta fecha fue lo más significativo.

Las vísperas de esta recalendarización fueron especialmente críticas y reflejaron con densidad el problema de fondo de El Salvador: la militarización de una sociedad dominada por décadas por un poderoso y tercamente beligerante grupo oligárquico.

En base a la dinámica creada en este año de retrasos-recalendarizaciones y a las resistencias de la vieja oligarquía y los militares a los acuerdos de paz, el mes de octubre prometía ser no sólo un nudo fundamental en el desarrollo del proceso de paz, sino también la ocasión para que estas fuerzas opositoras a los acuerdos intentaran desesperadamente lograr lo mínimo de lo mínimo, y a la vez lo máximo de lo máximo: mantener intacta la estructura de poder oligárquico-militar.

La evaluación del proceso de paz realizada por la ONU en septiembre abrió perspectivas favorables para un cumplimiento puntual el 31 de octubre. Se proyectaban, sin embargo, ciertas dificultades a partir de los problemas surgidos en torno a la transferencia de tierras a los combatientes del FMLN y de la Fuerza Armada y a la población civil. A esto se agregaba coyunturalmente el confidencial informe ya elaborado por la Comisión Ad Hoc encargada de evaluar a los militares para decidir después su depuración.

El 31 de octubre se había perfilado como la gran fecha del fin del enfrentamiento armado. En su concepción original, los acuerdos establecían el 31 de octubre como el momento en que la paz habría alcanzado un carácter de irreversibilidad, en el entendido de que para ese día las fuerzas guerrilleras del FMLN se habrían desmovilizado completamente, la Fuerza Armada habría sido sometida a una seria depuración de sus oficiales y sus batallones de contrainsurgencia estarían totalmente desmovilizados, a la vez que se habrían emprendido una serie de reformas político-jurídicas que garantizan la supremacía de la sociedad civil sobre una sociedad militarizada, el respeto a los derechos humanos y el libre ejercicio del pluralismo político.

Aunque era previsible la recalendarización, también era temida. Otras recalendarizaciones llevadas a cabo a lo largo de este año, aunque se volvieron imprescindibles para la buena marcha del proceso, sentaron no sólo precedentes para ambas partes, sino que acortaron el tiempo previsto para la ejecución de los acuerdos, acumulando un número mayor de acuerdos por ejecutar en un plazo mucho menor.

Las dos condiciones del FMLN

El FMLN argumentaba dos impedimentos serios para llevar a término la desmovilización de sus fuerzas. En primer lugar, buscaba condicionarla al avance real del cumplimiento gubernamental de varios acuerdos (despliegue de los primeros contingentes de la Policía Civil, depuración de la fuerza armada, inscripción legal del FMLN, etc.) que garantizaran un sano ambiente político para incorporar a él sus fuerzas. En segundo lugar, quería condicionar su desmovilización al inicio de la transferencia de tierras para sus combatientes, garantizando así su reinserción en la vida civil. Al llegar octubre, y del 40% ya desmovilizado, ningún ex-combatiente del FMLN había recibido ningún título de propiedad. En esta situación, el FMLN aplazó la tercera y cuarta desmovilización de sus fuerzas, calendarizada para los primeros días de octubre. Y surgió la crisis.

La crisis requirió la presencia una vez más en El Salvador de Marrack Goulding, a nombre de la ONU. Goulding permaneció en el país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, buscando resolver favorablemente el problema de la transferencia de tierras y su financiación, para lo que se apoyó en expertos de la FAO, el Banco Mundial y el FMI. Considerando el asunto de las tierras como "un problema complicado desde el punto de vista técnico", Goulding partió del país con la promesa de presentar a ambas partes una propuesta de solución.

La visita de Goulding coincidió con la del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericcanos, Bernard Aronson. Tras recorrer distintas zonas del país y de entrevistarse con el gobierno y con el FMLN, Aronson demandó la desmovilización total del FMLN para las fechas previstas en el calendario de los acuerdos. Más discretamente, sopesó con el gobierno y con el Alto Mando de la Fuerza Armada el alcance de los resultados de la Comisión Ad Hoc que evaluó a los militares y que señala como violadores de los derechos humanos prácticamente a todos los más altos oficiales del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Con todo esto, la primera semana de octubre se cerró con la posibilidad y la necesidad objetiva de una recalendarización de acuerdos fundamentales: la desmovilización del 60% de las fuerzas del FMLN, la de los batallones contrainsurgentes y la transferencia de tierras.

El acoso de la derecha

En estas condiciones se inició la campaña más agresiva que ha hecho la derecha contra el proceso de paz reflejado en los acuerdos. La campaña tuvo dos ejes fundamentales: la defensa de la Fuerza Armada y fundamentalmente del Batallón de Reacción Inmediata "Atlacatl" y la exigencia de que el 31 de octubre fuera la fecha inaplazable para la total e incondicional desmovilización del FMLN.

Pronto se sumó a esta campaña el partido gubernamental ARENA. En su asamblea de aniversario, Armando Calderón Sol - potencial candidato para las elecciones presidenciales de 1994 - exigió la desmovilización del FMLN, afirmando que de lo contrario sus miembros serían considerados como delincuentes al margen de la ley, a los que, por tanto, se debía perseguir. También el Vicepresidente de la República, Francisco Merino repitió este mismo discurso. Después, fue el mismo presidente Cristiani quien anunció que el gobierno había cumplido a cabalidad sus compromisos y que no aceptaría una nueva recalendarización de los acuerdos ni propuestas ni presiones de ningún tipo, "aunque vengan de la ONU".

Siguieron sumándose voces a la campaña. La "Cruzada pro Paz y Trabajo", el "Frente Femenino Salvadoreño" y el "Comité El Salvador Libre", organizaciones fantasma de la extrema derecha, expresaron idénticas posiciones en torno al 17 de octubre, fecha acordada para la desmovilización del Batallón contrainsurgente Atlacatl. Le exigían al presidente Cristiani no sólo "mantener el no" a la recalendarización, sino también no desmovilizar el Batallón Atlacatl.

En defensa del Batallón Atlaclatl

Esta campaña en defensa del batallón Atlacatl fue desarrollada en momentos críticos: la Fuerza Armada estaba a la espera de los resultados de la Comisión que la evaluaba y en el oriente del país se iniciaban los trabajos de investigación de antropólogos y forenses nacionales e internacionales, para reconstruir los hechos del 11 de diciembre de 1981, y cuando se produjo la masacre de unos mil civiles en El Mozote, Morazán. Desde el primer momento, el batallón Atlacatl fue responsabilizado por esta masacre, encubierta como operación contrainsurgente, pero en aquella época ni el Departamento de Estado norteamericano ni el gobierno de El Salvador aceptaron la acusación ni siquiera el macabro hecho.

Cristiani se habría anotado un gran éxito político desmovilizando al Batallón Atlacatl el 17 de octubre, pues con ello habría dejado al FMLN como el gran incumplidor de los acuerdos y habría llevado adelante el calendario establecido, cerrando posibilidades a la recalendarización, pero no lo hizo, asumiendo la posición de la extrema derecha y del ejército y negando enfáticamente cualquier posibilidad de alteración del calendario.

En mitad de esta campaña de la oligarquía, la ONU presentó a las partes una propuesta sobre el tema de las tierras, buscando agilizar las primeras entregas de tierras a los combatientes del FMLN, mientras se daba más plazo para estudiar el inventario presentado por el FMLN de tierras reclamadas y la entrega de los títulos de propiedad hasta enero de 1993. En la propuesta de la ONU los beneficiarios de la transferencia de tierras son los 7,500 combatientes del FMLN, los 15 mil desmovilizados de la Fuerza Armada y 25 mil pobladores de zonas que estuvieron bajo control guerrillero.

FMLN: en alerta defensiva

Desde agosto, la Fuerza Armada había venido realizando ejercicios militares demostrativos en sus guarniciones con gran despliegue de propaganda. La tercera semana de octubre, coincidiendo con la campaña derechista contra los acuerdos de paz, el ejército realizó desplazamientos terrestres - incluso con despliegues aéreos - cerca de las zonas de concentración de las tropas del FMLN. Una provocación añadida fue el atentado del 11 de octubre contra Pablo Parada Andino (Comandante Goyo), jefe del programa de reconstrucción en las concentraciones del FMLN en San Vicente.

Fue en este contexto que el FMLN anunció que sus fuerzas pasaban a "estado de alerta defensivo" como una medida preventiva ante los intentos de sectores derechistas de emplear medidas violentas y reiniciar las hostilidades. ONUSAL guardó en todo momento el mayor silencio. Y en todo momento sigue planeando sobre El Salvador el fantasma de un golpe de estado de los militares que tendrán que ser depurados.

Aunque a un nivel estructural y de mediano plazo la transferencia de tierras contemplada en los acuerdos implica una seria transformación en el agro, no sólo por la transferencia en sí, sino sobre todo por un cambio en la correlación de fuerzas a nivel socioeconómico, más pesa en la recalendarización propuesta por el FMLN la necesidad de depurar efectivamente a la Fuerza Armada.

Decidida ya por la ONU esta tan crítica recalendarización, ONUSAL tendrá que tomar las medidas necesarias para evitar situaciones de presiones y amenazas como las de octubre. Grandes dificultades se ciernen sobre Cristiani, entre la ONU y la extrema derecha.

Las amenazas son muy en serio. Los comandos clandestinos "Maximiliano Hernández Martínez" - los mismos que asesinaron a la dirigencia del FDR en 1980 - han anunciado que a partir del 31 de octubre iniciarán represalias contra la dirigencia del FMLN, la de ONUSAL y contra periodistas nacionales y extranjeros que se muestren favorables a los acuerdos. Según Joaquín Villalobos, del 31 de octubre al 1 de diciembre El Salvador vivirá "45 días de máxima tensión", los mas tensos de este ya tenso año.

Acta de Fundación del Partido FMLN

"El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, nacido de las luchas del pueblo salvadoreño, es un partido de hondas raíces y propiciador de la Justicia Social, la Democracia y el Desarrollo Nacional. De naturaleza revolucionaria, plural en sus origenes sociales e ideológicos y en sus vertientes organizativas, el FMLNH se nutre y da continuidad a la tradición democrática, independentista y liberadora de los mejores hijos de la nación salvadoreña.Al FMLN le honra reconocer y retomar el legado histórico de Francisco Morazán, Anastacio Aquino, José Matías Delgado, Manuel José Arce, los hermanos Aguilar, Pedro Pablo Castillo, Feliciano Ama, Francisco Gavidia, Farabundo Martí, del arzobispo mártir Oscar Arnulfo Romero y de todas las generaciones de patriotas que ha conocido nuestra nación.

A lo largo de 12 años el FMLN se vio en la necesidad de llevar adelante una guerra popular para reivindicar el papel de la sociedad civil, superar el militarismo y abrir una nueva época para la nación salvadoreña, basada en el absoluto respeto a los derechos y libertades de la persona, mediante un orden económico y social equilibrado y restablecimiento pleno de la soberanía e independencia nacionales. El conjunto de acuerdos de paz, en los que desembocaron la guerra popular y la negociación, despejan la posibilidad histórica para poner en marcha los cambios nacionales que permitan la consolidación de un sistema democrático, justo y humano.

El FMLN reafirma su compromiso histórico de luchar por los intereses de las mayorías populares y el interés nacional del desarrollo, mediante las transformaciones del sistema político, económico y social, la integración centroamericana y la cooperación amistosa y de mutuo respeto con los miembros de la comunidad internacional.

PRINCIPIOS

1. El humanismo revolucionario.

2. Reivindicar el valor fundamental de la familia.

3. Vocación de servir a los intereses de las mayorías.

4. Un ideario democrático-revolucionario para el cambio.

5. Primacía de la sociedad civil.

6. Contenido patriótico de la lucha.

7. El empeño por la unidad nacional y la concertación.

8. Derechos de la juventud y la niñez.

9. Promoción y defensa de los derechos de la mujer.

10. Rescate y desarrollo del medio ambiente.

11. Rescate y fortalecimiento de los valores históricos y culturales de la nación.

12. Solidaridad y centroamericanismo.

13. Un partido democrático pluralista para El Salvador.

OBJETIVOS

1. La conquista de la paz y la revolución democrática
2. Fortalecer la sociedad civil.

3. Conquistar la democracia política.

4. Asegurar la vigencia de los derechos humanos.

5. Impulsar el desarrollo económico.

6. La reconstrucción del país.

7. Soberanía e independencia nacional

"Septiembre 1, 1992

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