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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 132 | Noviembre 1992
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Nicaragua

A estas alturas, ¿qué significa estabilidad?

La crisis entre los poderes del Estado no es más que una guerra de imágenes. Olvida a los sectores populares que sobreviven y se organizan.

Equipo Envío

Entre las muchas protestas laborales que sacudieron Nicaragua en el mes de octubre, hubo una que afectaba profundamente a numerosos nicaragüenses: la huelga de los vendedores de lotería, que protestaban por la decisión del Ministerio de Seguridad Social - de quien dependen - de que sus contratos colectivos se convirtieran en contratos individuales.

Al suspenderse las ventas del "billete de la suerte" perdía el Estado una importante fuente de ingresos y muchos nicaragüenses perdían una de sus piezas clave en "el mercado de las ilusiones". Las mil y una promociones que proliferan en la oferta comercial de Nicaragua - desde cocacolas premiadas con una libra de arroz y otra de frijoles hasta casas prefabricadas que se sortean por envases usados de pasta de dientes - reflejan la angustia de tantos que escapan de la dureza de la vida cotidiana soñando con ganarse por el azar una estabilidad económica sostenida, o al menos, algunos de los artículos electrodomésticos o de moda que el modelo neoliberal presenta como sinónimo de prosperidad. Pero no es sólo el escape por la suerte y el azar. Los sectores preocupados por asegurarse una vía "alternativa" y rápida que garantice su sobrevivencia o la alegría consumista que propagandiza a diario una televisión crecientemente saturada de programas y anuncios extranjeros y de ilusiones se manifiestan de otros modos.

Las consecuencias del incremento del desempleo

A mediados de octubre, la Policía Nacional dio a conocer que el número de asaltos entre enero y agosto de 1992 fue más del doble del que hubo en el mismo período el año anterior, con una tendencia ascendente en las últimas semanas, en las que casi a diario se producen atracos a casas, bancos, taxis y hasta a vehículos blindados. En el campo se multiplican también las denuncias por robo de ganado.

Según datos policiales, la mayoría de estos delincuentes forman parte del ejército de desempleados o subempleados, que se aproxima ya a un 60% de la población económicamente activa. En su mayoría, los atracos fueron poco "profesionales" y por escasos montos de dinero, lo que indicaría también el componente de aguda crisis económica que acompaña a estos delitos.

Aunque el Ministro de Educación Humberto Belli ha señalado varias veces que estos signos de descomposición social son parte de una "crisis espiritual", hasta la misma Conferencia Episcopal, en la exhortación pastoral que publicó este mes, alerta sobre los males que produce "la extrema pobreza, el desempleo y la ausencia de medidas sociales".

Otro "asalto" que trajo octubre - víctima en este caso toda la población - fue la imposición de un nuevo impuesto general sobre las ventas, el IGV (bautizado en chiste, el "impuesto por ganas de vivir"). En principio, no quedaron eximidas del IGV ni la salud ni la educación. Un fiel reflejo de la mercantilista e inhumana lógica neoliberal fue que mientras se gravaban las medicinas para la población quedaban eximidas las medicinas veterinarias para la producción o que a los libros se le imponía un impuesto similar al de las bebidas alcohólicas. Y es que en esa lógica, los bueyes, las vacas, los animales, contribuyen más a la producción y a la exportación que la inmensa masa de los desempleados, que sólo representan una carga para el presupuesto y una continua fuente de inestabilidad política.

Provocó esta medida fiscal la más amplia convergencia de protesta entre los más diversos actores políticos, desde los partidos de la UNO hasta el FSLN, desde el Movimiento Comunal hasta los Movimientos de Padres de Familia de todos los colegios.

Según el gobierno, el IGV es indispensable para contrarrestar las carencias producidas por la suspensión de la ayuda norteamericana, pero insistentes protestas de directores y padres de familia de escuelas privadas, de propietarios de farmacias y de periódicos - entre otros - hicieron retroceder parcialmente al gobierno, que tuvo que rebajar en algunos casos el 15% del IGV. Sin duda alguna, el gobierno fue víctima del "mercado de ilusiones" que ha creado y exageró la capacidad de la población y de la nación de soportar esta nueva imposición. Se equivocó.

Legislativo vs. Ejecutivo

Alfredo César, Presidente de la Asamblea Nacional - como una escena más del diferendo que sostiene y magnifica día a día con el Poder Ejecutivo - denunció también la ilegalidad del nuevo impuesto y prometió anularlo desde el Poder Legislativo. Pero es una promesa en el aire: en la actualidad, es difícil saber qué es lo legal y quién exactamente controla la Asamblea Nacional.

Pocas veces se había visto como en este mes de octubre una disfuncionalidad tan grande en el Estado, al resquebrajarse la "coordinación mínima" que según la Constitución debe privar entre los poderes del Estado. Con el apoyo del Ejecutivo, de la Corte Suprema y de los diputados de "centro" de la UNO, el FSLN insiste en que la legalidad y la mayoría están a su favor. Pero Alfredo César y la mayoría de los partidos de la UNO, el Vicepresidente Godoy y la embajada estadounidense dicen lo contrario. César continúa legislando desde el Parlamento, habiéndose asegurado para ello a suplentes y a suplentes de suplentes, fabricando así una nueva mayoría y una nueva Junta Directiva de la Asamblea, que desde hace dos meses se mantiene en total contradicción con el Ejecutivo.

Alfredo César hizo un mal cálculo

César logró parte de su objetivo: asegurarse un control total de la Asamblea y convertirla en una base de poder representativa de la ultraderecha, lista y decidida a tomar control de la agenda gubernamental, cuando no del mismo gobierno. Su error estuvo en la ilegalidad del procedimiento elegido. Cayó en él probablemente como resultado del cálculo político que le indicaba que no podía demorar su "asalto" al poder. Tenía prisa porque el tiempo corre en su contra: en enero deber ser elegido un nuevo Presidente de la Asamblea y esta vez reflejará seguramente a la mayoría, representada por los 39 diputados de la bancada sandinista y por los 8 ó 10 de la mini-bancada de centro, leal al Ejecutivo.

Junto con Godoy, Alemán y los alcaldes de la UNO, César ha estado visitando diversas zonas del país llamando a una movilización popular contra el "co-gobierno". También ha intensificado la campaña a favor de sus posiciones en los medios de comunicación. Las bases de su fuerza política, no están, sin embargo, en Nicaragua sino en los Estados Unidos, en su exitosa capacidad de alimentar en el Congreso norteamericano los sentimientos y las decisiones anti-sandinistas.

La ofensiva de César

Un gobierno como el de Violeta Chamorro, tan dependiente del de los Estados Unidos y de la ayuda externa en general, no podía darse el lujo de no contestar a las acusaciones hechas por César ante el gobierno norteamericano. En octubre, la Presidenta viajó a Venezuela y a Europa (países nórdicos)para contrarrestar tanto los efectos económicos del corte de la asistencia de Washington como los efectos políticos de las acusaciones vertidas contra su gobierno por Alfredo César.

Pero estos donantes - como el resto de los países e instituciones donantes -, fuertemente influenciados por el FMI, por los Estados Unidos y por las informaciones de César, han cuestionado a Chamorro sobre las acciones que su gobierno ha emprendido en materia política y fiscal, en el tema de la propiedad y en las relaciones con los Estados Unidos.

En el terreno político interno, el Ejecutivo se lanzó - de manera paralela lo hacía también el FSLN - a una nueva ronda de consulta con los partidos políticos de la UNO. Buscando minar el sustento de César y capitalizando el temor y oportunismo de estos mini-partidos, que calculan que a César se le ha ido la mano y que a costa de su error, podrán obtener prebendas en el futuro. En cualquier caso, el Ejecutivo debía dar la impresión de que no se trataba de un pleito entre los dos poderes del Estado sino de la ambición de una persona y de sus seguidores inmediatos.

Como titular del Parlamento, César lanzó una ofensiva diplomática, dirigida principalmente a los parlamentos de los gobiernos donantes. En ella pedía su solidaridad para hacer frente a las presiones "presidencialistas" - entre las que incluía la suspensión del pago de los sueldos de los diputados - dirigidas a minar la "independencia" del Poder Legislativo que él preside. Advertía César sobre la posibilidad de un "fujimorazo" en Nicaragua y éste fue un argumento efectivo en el marco internacional y ante cámaras legislativas que acostumbran a solidarizarse entre ellas cuando olfatean "abusos presidencialistas" que amenazan con cerrar Parlamentos. En este sentido las advertencias contra César de parte del Ejecutivo, solo podían reformar la imagen de César como víctima.

Una guerra de imágenes entre la Presidencia y Alfredo César

El Ejecutivo acusa a César de desacato legal a la Corte Suprema - que ha declarado ilegal su actuación en la Asamblea desde el 2 de septiembre -, a lo que César replica que es él quien está siendo agredido por los otros dos poderes del Estado. Pero César no lleva las de ganar y a finales de octubre parecía perder aliados y hablaba de su propia renuncia. En el terreno internacional, sin embargo, la enorme campaña que ha desplegado le ayuda a contrarrestar el debilitamiento de su posición interna. Todo esto abre la interrogante de si al fin y al cabo, y para resolver la crisis política, el gobierno no se verá obligado a negociar con César en vez de continuar insistiendo en que éste acate la decisión de la Corte Suprema.

El Ejecutivo ha pagado un alto precio por la confrontación con el Legislativo.Esto complicó el destrabe de la ayuda de Estados Unidos. Pero una vez más, es al pueblo al que le pasa la factura. Una factura inmediata en materia fiscal con el IGV. El gobierno declaró que le amarrará aún más la faja al pueblo mientras no se materialice nuevamente la ayuda norteamericana. A la par, a los donantes extranjeros les ha pedido "préstamos-puente" para cumplir con el calendario de pagos de la deuda externa, presumiendo que después de las elecciones en Estados Unidos, el nuevo Presidente no tendrá reparos en imponerse al ala ultraderechista del Congreso que demanda sangre sandinista.

Entre Clinton y Bush: quién es mejor

El problema es que ni Bush ni Clinton tienen entre sus prioridades el sacarle las castañas del fuego en el Congreso al gobierno de Nicaragua. La Prensa Centroamericana de Miami informó en octubre que el "lobby" de César y los nicaragüenses anti-chamorristas residentes en Estados Unidos han organizado un "Comité para recuperar las propiedades de ciudadanos americanos confiscados". Este Comité habría tomado contacto con Clinton, el que a su vez respondió por carta que "personalmente considera que no pueden perdonarse dichas confiscaciones, no obstante que las mismas se hayan realizado durante la guerra".

César se vanaglorió públicamente de mantener "estrecha relación con más gente" en el equipo electoral de Clinton que en la administración Bush y ha asegurado que el cambio de Presidente no afectará la actual política de Washington hacia Managua. Según César, Clinton habría dicho que solo mantendrá la ayuda económica a los países que "no den problemas a las propiedades de ciudadanos estadounidenses".

La realidad es que han sido los republicanos los que han llevado la batuta a favor de César en el Congreso. Prueba de ello fue la misiva enviada en el mes de octubre por 25 senadores "al pueblo nicaragüense", recordando su apoyo a la Resistencia Nicaragüense, expresando su "profunda preocupación" por la división entre las fuerzas democráticas (Asamblea Nacional y administración Chamorro) y urgiendo a "los líderes de todas las facciones democráticas a poner a un lado las diferencias partidistas y a comenzar inmediatamente un diálogo transparente, de buena fe, dirigido a revitalizar la democracia y la evolución del libre mercado".

Vacilación de la derecha

Para los senadores norteamericanos, como para el Departamento de Estado y la ultraderecha criolla, el diálogo democrático requerido es exactamente el mismo que demanda César. Más que un diálogo, se trata de una negociación política en la que el Ejecutivo asuma las posiciones demandadas por la extrema derecha, en términos de poder político y económico, es decir, se contraponga abiertamente al FSLN, comenzando por la remoción de los principales mandos del Ejército y siguiendo por la reconformación de la alianza UNO con el fin de que sean sus políticos quienes rectoreen las decisiones, tanto del Legislativo como de los otros poderes del Estado. En esta perspectiva, debe dejarse establecidos definitivamente que los sandinistas no son tolerables ni en el Ejército ni en la Policía e incluso que el sandinismo no es tolerable en la vida civil.

César insiste en un diálogo nacional "serio y sincero", pero lo hace únicamente sobre la base de una derecha unida y suficientemente fuerte como para reestructurar el Estado e imponer sus condiciones al FSLN. Dentro de su estrategia, se trata de asegurar la convergencia de presiones externas e internas sobre el Ejecutivo para que dirima sus diferencias con los partidos de la UNO y desde ese reencuentro existencial e ideológico, y desde la institucionalidad de la Asamblea, enfrente al FSLN.

Se trata de impedir que el Ejecutivo negocie con el sandinismo

En definitiva, se trata de impedir prácticamente a cualquier precio que el Ejecutivo pueda negociar con el sandinismo, ya no sólo en la Concertación, sino en la misma Asamblea, obstaculizando que la Presidencia y el FSLN conformen una nueva mayoría para eliminar el poder de veto político que había llegado a tener César, respaldado por una mayoría de los partidos de la UNO y por los mismos Estados Unidos que actúan a través de ellos. Es ésta la raíz de la crisis de los "poderes". Las contradicciones entre las fuerzas políticas y socio-económicas en pugna apuntan hacia un agotamiento del marco institucional.

En reuniones del gobierno con el COSEP, los empresarios repitieron el argumento estadounidense: el país no puede seguir funcionando sin estímulos a la producción, con huelgas o bloqueos de carreteras, tampoco con choques entre el Legislativo y el Ejecutivo y el gobierno debe imponer el "orden" en el país de una vez por todas, sancionando a todos los que recurran a "métodos de fuerza".

En una exhortación pastoral publicada en octubre, la Conferencia Episcopal salió apoyando a César y a Godoy en su proyecto de llevar a cabo una consulta o referendum "a través de los mecanismos institucionales, para conseguir el esclarecimiento del mandato" del actual gobierno, criticando indirectamente al gobierno en tanto la "reconciliación ofrecida parece haber sido de una sola vía", planteando la "abolición o reducción del ejército" y la adecuación de la Constitución a la "nueva realidad".

Los medios extranjeros comentan con creciente frecuencia que el Cardenal Obando y Bravo se está convirtiendo cada vez más en un abierto crítico del gobierno de Violeta Chamorro.

César, Godoy y Alemán: por una plataforma antisandinista

Lo que se está procurando ahora no es ya definir, sino implementar, una plataforma común anti-sandinista que provoque cambios en el gabinete ("todos los ministros son ladrones", dijo Godoy), en la Corte Suprema ("todos los magistrados responden al partido sandinista", dijo César), en el Ministerio de la Presidencia y hasta el cambio de la misma Presidenta ("prácticamente secuestrada por Lacayo y Humberto Ortega", según Alemán), con lo que quedaría garantizada la definición y ejecución de una política contra-revolucionaria.

A partir del "golpe de timón" - que han reclamado César, Godoy, Alemán y últimamente la Conferencia Episcopal -, la derecha pretende cosechar también los frutos políticos de las divisiones que existen en el sandinismo entre los que optan por una participación política partidaria subordinada al plan del gobierno y los que están por encabezar claramente la defensa de los derechos de las clases populares.

Dentro de este marco, las invitaciones giradas por César a instituciones internacionales para asegurar su "mediación" entre los poderes del Estado, es otro juego de imágenes destinado a fortalecer su minoritaria posición, tanto entre el pueblo de Nicaragua como entre los miembros de la cámara legislativa. El objetivo no es otro que provocar el "golpe de timón" por parte del Ejecutivo forzando la renuncia de la Presidenta, tal como lo han pedido ya públicamente Godoy y César.

Propiedad y privatización

Libre mercado en el idioma neoliberal se traduce por privatización de la propiedad estatal. En Nicaragua, a este planteamiento - y a su carga ideológica - hay que agregar la disputa sobre la legitimidad de la misma propiedad estatal. Tanto una clase social como la otra disputan esa legitimidad. La privatización se está aplicando de una manera sui generis: por un lado se contempla la devolución de propiedades estatales a reclamantes "injustamente" expropiados por el sandinismo, incluyendo entre ellos, y prioritariamente, a nicaragüenses somocistas que en estos años adquirieron la nacionalidad estadounidense o la de otros países. Por otro lado, a partir de los acuerdos de la Concertación, la privatización ha implicado también la entrega de propiedades estatales a los trabajadores que a punta de sudor ysacrificio capitalizaron tierras y muchas de las obsoletas empresas estatales.

El Ejecutivo se ha balanceado en la cuerda floja tratando de quedar bien con todos. Ante la grave situación política y económica, el gobierno se propuso resolver - casi precipitadamente - todo el asunto de la propiedad y poner fin a todo el proceso de privatización. A mediados de octubre introdujo un paquete de medidas que, por un lado, legalizan la reforma agraria y otras transferencias efectuadas por el gobierno sandinista, pero por otro, ordenan la revisión y devolución de una amplia categoría de propiedades expropiadas, autorizando, cuando fuera imposible su devolución, la indemnización de los reclamantes.

Con anterioridad, el FSLN había aceptado ya que los abusos cometidos en materia de transferencia de propiedades debían ser sujetos de revisión, aunque no las propiedades de somocistas afectados por los decreto 3 y 38 de 1979, que expropiaba propiedades y capitales acumulados al amparo de la dictadura. Entre los actuales reclamantes figuran ex-militares y empresarios somocistas, con nueva ciudadanía estadounidense o sin ella, a los que el gobierno pretende favorecer.

La "solución" del gobierno al problema de la propiedad

La "solución" gubernamental al problema de la propiedad viene a dificultar el propio programa económico y político del gobierno. Al abrir la puerta a masivas devoluciones e indemnizaciones, el gobierno propicia lo que el diario Barricada llamó "un negocio de proporciones multimillonarias, una verdadera piñata de ricos apuntalada en el tráfico de influencias". El gobierno decidió también la privatización de las instituciones estatales de comunicaciones y de energía, ofreciendo acciones de las mismas a los expropiados, que tendrían libertad para venderlas a nacionales o a extranjeros.

El monto de las "indemnizaciones" programadas es de entre 150 y 200 millones de dólares, según el Ministro de Finanzas, los que serían entregados por el Estado en forma de acciones en las empresas o de bonos del Estado. A los que no pudieran recuperar sus propiedades "injustamente" confiscadas por causa de la oposición sindical, se les ofrecerían estas compensaciones. Sin embargo, esta decisión del gobierno no ha dejado satisfechos a los demandantes.

Tampoco quedaron satisfechos los obreros y los propietarios campesinos pequeños y medianos. La "solución" al asunto de la propiedad acentúa más la demanda social de una minoría que la de la mayoría. Para evidenciar la determinación del gobierno de "aclarar" la situación de la propiedad, de una manera aceptable para los Estados Unidos, se ordenó una estricta revisión de los beneficiados por las leyes sandinistas. Y de los 1,800 casos que acudieron a legalizar sus propiedades (casas) al amparo de la ley 85, apenas la mitad logró obtener solvencias, mientras que el resto deberá acudir a los tribunales .

En el horizonte, la des-nacionalización y la des-democratización

En el horizonte, y con esta decisión gubernamental, se perfila la des-nacionalización, la des-democratización y la reconcentración de la propiedad y del poder económico en las manos de unos cuantos grupos económicos (Lacayo, Montealegre, Pellas). Pero para profundizar la centralización del poder económico, el capital y el gobierno necesitan crear nuevas divisiones en los movimientos sociales y en el FSLN para debilitar así la capacidad del sandinismo en su conjunto de impedir el avance del proyecto económico neoliberal, que comparten plenamente tanto el gobierno como la ultraderecha. En ese tema trascendental son pocas las contradicciones.

En alguna medida, las fuerzas neoliberales han avanzado en la promoción de estas divisiones y nadie ignora las discrepancias existentes entre los diversos organismos sociales, como conocidas son también las diferencias de discurso entre los mismos miembros de la Dirección Nacional en torno a la problemática de la economía y la propiedad. Gran parte de estas discrepancias y diferencias son, sin embargo, un producto lógico de la novedad misma del fenómeno de la privatización y, en general, de las nuevas condiciones de lucha que enfrenta el sandinismo.

Una y otra de hiel

Con un sentimiento cada vez más arraigado de ser autonómos del FSLN - partido - pero siempre personalmente auto -identificados como sandinistas - los trabajadores organizados, fundamentalmente los de la Central Sandinista de Trabajadores, han seguido llevando adelante sus demandas por una privatización a favor de los obreros, tanto con acciones en la calle como con argumentos en la mesa de negociaciones. Al hacerlo así no hacen más que exigir el cumplimiento de los compromisos firmados con el gobierno en los acuerdos de Concertación.

En el sector agropecuario, los trabajadores del campo resultaron ya beneficiados por la privatización - caso único en América Latina - al entregárseles en respuesta a sus presiones y movilizaciones, 34 empresas (más de 140 mil manzanas de tierra), que pasaron a ser propiedad de 17 mil trabajadores agrupados en la Asociación de Trabajadores del Campo. El precio por semejante éxito fueron las tendencias centrífugas que han fomentado dentro de la ATC sectores de los trabajadores que no aceptaron la estrategia ni el resultado de las negociaciones.

En el caso de la propiedad industrial y de servicios, los resultados no han sido favorables a los trabajadores, siendo rechazada por el gobierno la propuesta global de los sindicatos sobre la privatización. El gobierno pretende negociar con cada uno por separado, dividiendo a los trabajadores por sindicatos, por ramas de actividad económica e incluso por empresas, aprovechando esta situación para descalificar al Frente Nacional de Trabajadores ante sus propias bases. En muchos casos, los reclamos sindicales están en contradicción con los reclamos de los antiguos dueños de las propiedades, que nunca aceptaron lo estipulado en los acuerdos de Concertación sobre la participación de los trabajadores en la propiedad.

El gobierno ha echado pie atrás con relación a propiedades ya negociadas con los trabajadores, aduciendo que éstos no cuentan con la viabilidad económica para hacer funcionar las empresas, particularmente las que requieren urgentes inyecciones de capital. En respuesta, el sector laboral ha amenazado con "destruir y dinamitar" las empresas en disputa si las negociaciones se estancan y si persiste la voluntad gubernamental de atender favorablemente los reclamos de propiedad de ex-somocistas. La CST ha denunciado que en el fondo toda esta estrategia obedece a la falta de voluntad gubernamental para democratizar la propiedad estatal y la misma sociedad. Y la realidad es que el gobierno actúa bajo presión interna y externa y utiliza la privatización como un instrumento para dividir al sector sindical y lo hace así porque no comparte los objetivos estratégicos de la democratización económica.

Aún cuando la propiedad de las empresas sea transferida a manos de los trabajadores, queda pendiente la batalla por el financiamiento y la posibilidad no remota de que lo logrado por los trabajadores en la mesa de negociación y a partir de sus movilizaciones, lo pierdan a partir de un desempeño productivo en el que se les nieguen espacios y créditos. Esto sería lo previsible teniendo en cuenta la intención del gobierno de privatizar toda la banca estatal con lo que se impondrián criterios mercantilistas y se eliminarían políticas crediticias flexibles que fomentan y desarrollan la pequeña producción.

FSLN: la disyuntiva revolucionaria

El FSLN parece confiado en que las contradicciones entre el gobierno y la UNO, así como a lo interno de la misma coalición UNO, hagan imposible un reagrupamiento de estas fuerzas. Partiendo de esta perspectiva, algunos sandinistas piensan que es aún más imperativo el conformar un verdadero co-gobierno con Chamorro, con la expectativa de que - en cualquier caso - los problemas serían menores que los actuales.

Teniendo en cuenta la correlación de fuerzas al interior de Nicaragua, el argumento no es descabellado: si dos de las tres fuerzas del país (UNO, Gobierno, FSLN) buscan unirse para desafiar a la tercera, y si una de las opciones posibles no sería nunca la alianza UNO-FSLN, y si el gobierno se debilita día a día, es lógico que el FSLN piense que la salida es apuntalar al gobierno para evitar su mayor acercamiento a la UNO. Esta lógica, la lógica institucional, es defendida vehementemente por parlamentarios sandinistas y por el alto mando del Ejército, que también dio sus propias señales ante la prolongación de la crisis institucional.

El peso popular

El problema de este análisis es que oculta el papel y el peso de los Estados Unidos. Es acertado únicamente en el contexto y la historia de las fuerzas políticas derechistas al interior de Nicaragua, pero no en el marco internacional. Olvida la capacidad de los Estados Unidos de imponer la unidad de la burguesía y una reconciliación al interior de la clase social dominante. Por temporal que fuera esta "reconciliación" podría quizás asegurar el "golpe de timón" deseado por la ultraderecha. Es ingenuo y peligroso olvidar que en 1989 Estados Unidos logró imponer esta unidad al articular la Unión Nacional Opositora que, con todo y su temporalidad, dio el golpe de gracia electoral al FSLN.

En caso del surgimiento de un "nuevo" gobierno de la UNO, difícilmente sería el FSLN - partido - mucho menos el Ejército , sino el sandinismo en las calles el que actuaría como verdadero contrapeso de las maquinaciones contra-revolucionarias. Sería el sandinismo presente en la sociedad civil el que, en última instancia, aseguraría la defensa fundamental de una alternativa humanista y por eso, sería el garante de la verdadera estabilidad nacional, interpretando los "intereses nacionales" de una manera más amplia que la que hacen los sandinistas de centro en la Asamblea y en el Ejército.

Con o sin co-gobierno, con o sin confrontación o recambio gubernamental, serán las clases populares las que deben asegurar que si no hay un cambio en la política económica, cualquier otro cambio no es un cambio verdadero.

Está en juego todo el espacio económico abierto por la revolución en diez años

No sólo está en juego la estabilidad o la imagen del gobierno o del FSLN, sino todo el espacio económico abierto por la revolución en la década pasada. Al igual que el espacio político, éste está siendo disputado nuevamente por la gran burguesía. Y de todos los campos disputados entre el sandinismo y la burguesía, el de la propiedad es el más importante, por ser el determinante para sustentar materialmente las reivindicaciones sociales y cualquier proyecto político alternativo al neoliberalismo.

La esperanza de una vida mejor para todos los sectores populares está vinculada a la lucha de los trabajadores por su participación efectiva en la privatización, a su lucha por fortalecer el área social y por impedir la reestructuración centralizada del gran capital privado, entre el que ya el gobierno incluye al capital somocista.

Tocará a los trabajadores llevar esta batalla al interior del FSLN-partido, insistiendo en que en esta confrontación social que se libra, no caben los argumentos de algunos sandinistas sobre la poca "viabilidad" de la lucha y el exceso de rebeldía y autonomía del que hacen gala los sindicatos.

El 23 de octubre, las 27 federaciones sindicales agrupadas en la Central Sandinista de Trabajadores, anunciaron el inicio de una intensa jornada de protestas demandando al gobierno la solución de los conflictos laborales pendientes, la eliminación del 15% del IGV y "cero devolución" de propiedades a los "somocistas y empresarios descapitalizadores". También el Ejército sentó su posición, reclamando su derecho a existir como institución, anunciando que ha terminado su proceso de reducción y se concentra ahora en su profesionalización - frente a los que en la ultraderecha abogan por su total desaparición y llamando a todos a garantizar la estabilidad nacional - frente a los que desde los intereses populares - cuestionan sin tregua el plan económico del gobierno -.

A finales de mes, la Dirección Nacional del FSLN llamó a su militancia y a las organizaciones sociales a "luchar firmemente contra todas aquellas políticas gubernamentales que atenten contra los intereses populares y la estabilidad del país", expresando su apoyo a los sectores en lucha - incluyendo a los huelguistas - por la derogación del impuesto del 15%, por la privatización a favor de los trabajadores, por el rechazo a las devoluciones a somocistas y por la defensa de las propiedades de los beneficiados por leyes del gobierno anterior. El diario La Prensa acusó inmediatamente al Ejército de "político"y al FSLN de insensatez política, al "avalar prácticamente la anarquía y la inestabilidad", contradiciendo "la posición sensata que han adoptado muchos militantes del FSLN sobre la propiedad".

Problema de sensatez

Pero, ¿cómo juzgar que es o no es sensato? ¿Acaso son sensatas las políticas impuestas al pueblo nicaragüense por la banca internacional, los Estados Unidos y por el mismo gobierno? ¿Acaso tiene algo de sensato o de legal la posición asumida por César y por los diputados que le son leales en la Asamblea? ¿Acaso estas políticas económicas y estos políticos no atentan insensatamente contra la economía y la institucionalidad de la nación?

Las verdaderas fuentes de la inestabilidad y el caos nacional están en las cúpulas políticas y en la "inserción colonial" que se le quiere imponer a Nicaragua en el sistema capitalista global. ¿No resulta entonces más sensata y más lógica la reacción del pueblo que demanda otro orden desde las calles? La lucha de todos y de cada uno de los gremios es la más sensata de las vías. Y es el camino que importantes sectores populares han elegido para hacer sentir sus sensatas posiciones a favor de la vida de la mayoría.

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