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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 92 | Marzo 1989

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Centroamérica

Nuevo impulso hacia las negociaciones

La política de los Estados Unidos hacia Centroamérica se encuentra en "un callejón sin salidas". El ex-secretario de Estado Shultz condensaba así lapidariamente el fracaso de una política que, a través de la guerra de baja intensidad, intentó solventar en breve tiempo el conflicto salvadoreño y se propuso acabar con el "cáncer sandinista" en Nicaragua.

Equipo Envío

Al final de la presidencia de Reagan los revolucionarios salvadoreños están militarmente mas fuertes que nunca y llevan la iniciativa de la guerra y de las propuestas políticas para terminarla con una negociación razonable; el movimiento popular de masas ha resurgido planteando luchas a todos los niveles; y se ha desintegrado el instrumento político de centro que los Estados Unidos eligieron para gerenciar el proyecto. En Nicaragua la contrarrevolución ha sido golpeada mortalmente como fuerza militar; un audaz proceso de negociación -Sapoá- la dividió, la inmovilizó y la obligó a replegarse a Honduras; le quedó solo el triunfo de su intransigencia para bloquear el último paso hacia la paz, con lo cual rubricó su desprestigio. Desde el punto de vista de la estrategia reaganiana no hay salida: un aumento cuantitativo de ayuda militar al ejército salvadoreño sólo conseguirá prolongar el conflicto y una resurrección de la contrarrevolución, si fuera posible, daría al gobierno sandinsita y al pueblo nuevo empuje nacional. Por otro lado, la lógica del compromiso negociado no entraba en los cálculos de esta estrategia. La salida puede venir de un cambio táctico que termine por ser estratégico y que Bush acepte imprimir a su política hacia Centroamérica.

El proceso de paz de Esquipulas II se orienta durante el año en dos fases. De enero a agosto, Estados Unidos trató de convertirlo en otra herramienta de la guerra de baja orientó contra Nicaragua. Desde agosto, la incertidumbre de las elecciones norteamericanas lo estancó.

Institucionalizar el conflicto o negociar el conflicto

El proceso centroamericano no se estancó. Nicaragua logró sobrevivir a Reagan, reducir la guerra al mínimo y crear así las condiciones para poder enfrentar la defensa de la revolución en el plan económico y en el político-ideológico. El FMLN aprovechó el año para mostrar su fuerza militar, mientras el FDR decidió aprovechar el espacio político abierto por Esquipulas y participar en la coyuntura electoral; ARENA ganó las elecciones legislativas y municipales ocasionando así la ruptura del PDC y haciendo prever el triunfo derechista en las presidenciales del 89. En Guatemala fracasó la ofensiva antiguerrillera y las ondas de este fracaso estuvieron a punto de barrer con el gobierno de Cerezo y minar el proyecto de modernización con democracia que dirige una parte del ejército con el Ministro de Defensa al frente; la URNG incrementó además su presencia en el país con sus propuestas políticas de diálogo. Esquipulas IV, al acordar la disolución de la contrarrevolución nicaragüense, y la propuesta del FMLN de aceptar con condiciones el camino electoral, incidieron significativamente en la coyuntura con que se abrió 1989.

El eje de la coyuntura centroamericana en 1988 es el uso de la fuerza militar, de la habilidad política y de la movilización social del nuevo sujeto histórico centroamericano para empujar hacia una negociación de los conflictos.

Centroamérica puede cambiar en 1989 si este empuje hacia la negociación se impone en El Salvador -ahora el punto mas candente de la región- y si en Nicaragua la concertación económica fortalece el pluralismo político y permite hacer mas viable un "modus vivendi" con los Estados Unidos. La permanencia en Guatemala de un serio conflicto bélico interno hace también de este país un factor importante para influir en Centroamérica, según se desarrollen los acontecimientos en El Salvador y Nicaragua. En cambio, han disminuido su importancia los papeles que juegan Costa Rica y Honduras. Arias se encuentra disminuido en su capacidad de influencia por los problemas económicos de su país y por el clima preelectoral, enturbiado por las revelaciones sobre tráfico de droga que amputa a miembros de su partido. Honduras, harta de la contrarrevolución, no tiene aún un serio conflicto interno y los militares prosiguen con el Pentágono el debate sobre sus negocios mutuos.

El fin de la guerra fría, precipitado por el "nuevo pensamiento político" de Gorvachov, el rostro de política exterior de la perestroika, ha llevado a una serie de arreglos negociados en los conflictos regionales. Afganistán, Angola, Irán-Irak e incluso Campuchea, se orientan en este sentido. Sólo Israel se resiste aún en el Medio Oriente y los Estados Unidos no se definen en Centroamérica. Parece difícil que la región centroamericana no entre en este mismo dinamismo. Todo el peso de América Latina, liderada por el nuevo presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, presionará en esta dirección para remontar las relaciones de antagonismo con los Estados Unidos y asegurar pasos hacia una más razonable negociación de la deuda, que aligere la insoportable hipoteca sobre el desarrollo que este mecanismo económico representa. Estados Unidos tal vez aceptaría, como mal menor, concentra la negociación sobre Centroamérica con la URSS e imponerla en esta región. Pero la agenda centroamericana no es fácilmente manipulable, como no lo ha sido de Afganistán.

El dilema a mediano plazo será negociar en Centroamérica condiciones verdaderamente estables que hagan justicia a todos los contendientes o condenarse el callejón sin salida de un trágico y desgastante conflicto. Lo que está en juego en 1989 en Centroamérica es un intento de institucionalizar el conflicto -abandonando a Nicaragua a su crisis económica y bloqueando todo acuerdo en El Salvador- frente a un intento de negociar el conflicto de forma que se abra en Centroamérica un dinamismo democrático verdaderamente nuevo en el que adquieran legitimidad los proyectos populares y las reivindicaciones nacionales y regionales, sin que esto perjudique las razonables consideraciones de seguridad de los Estados Unidos.

Tres hipótesis sobre Esquipulas

En nuestro análisis del año pasado, al reflexionar sobre la irrupción de Esquipulas en la escena del conflicto centroamericano, delineábamos tres hipótesis sobre el posible significado de los acuerdos de paz. Primera hipótesis: La posibilidad de que Esquipulas II terminara siendo solamente un intento de mutua legitimación de los cinco gobiernos centroamericanos, del cual podrían resultar acciones conjuntas para romper el estancamiento económico regional y para conseguir la deslegitimación de los movimientos político-militares que desafían a algunos de estos gobiernos. En esta perspectiva, los acuerdos de paz serían frente a Estados Unidos un instrumento útil para contener una intervención más directa y masiva durante el resto de la administración Reagan.

En una segunda hipótesis, manteníamos las posibilidades de que los acuerdos de paz fueran en realidad un intento de domesticar la revolución sandinista por métodos políticos mas que militares. Se trataría de cooptar la revolución dando mas importancia a proceso de democratización al estilo occidental que al énfasis en la autodeterminación. Los acuerdos de paz constituirían una nueva herramienta del conflicto de baja intensidad.

Según la tercera hipótesis, los acuerdos de paz tendrían la posibilidad de llegar a ser un nuevo marco político para la región desde la relativa reivindicación del civilismo frente a los militares y de sectores del pueblo frente al Estado. Esquipulas II se interpretaría como un muro de contención, no sólo contra la intervención más directa y masiva de los Estados Unidos, sino además contra la guerra de baja intensidad y contra las políticas de contrainsurgencia de los regímenes autoritarios centroamericanos.

Afirmábamos que la tercera hipótesis -la más favorable para el nuevo sujeto histórico centroamericano- tendría tanto mayor posibilidad cuanto más se mantuvieran los principios de solución latinoamericana a conflictos latinoamericanos y por tanto, los principios de autodeterminación y no injerencia; cuanto más aumentara la presión social organizada en favor de la paz desde la sociedad civil; y cuanto más se resolviera la contradicción entre el interés del proceso revolucionario nicaragüense de legitimar su propio régimen y el interés de los otros proceso insurgentes de eludir la deslegitimación.

Hoy se ha decantado con mayor claridad que la primera hipótesis era la sustentada por varios gobiernos y por los movimientos insurgentes como resultado de un análisis que consideraba la intervención masiva y directa inevitablemente vinculada a una desastrosa regionalización del conflicto. La segunda hipótesis se identificaba más con el objetivo de los demócratas norteamericanos y del Presidente Arias. La tercera representaba más el objetivo del gobierno sandinista y el que progresivamente han ido asumiendo los movimientos insurgentes de El Salvador y Guatemala.

Durante el año 1988 la existencia de Esquipulas II y su suficiente ratificación en la cumbre presidencial de Alajuela han contribuido a hacer imposible una intervención más directa y masiva de los Estados Unidos en Centroamérica. Además, se han orientado a enfocar a Nicaragua como el gobierno sobre el que recaía la responsabilidad de dar cumplimiento a los acuerdos y así han pretendido ser otra herramienta de la guerra de baja intensidad. No ha sido quebrada, sin embargo, la tensión a hacer avanzar los procesos centroamericanos hacia una nueva configuración política que contega la guerra de baja orientó.

El multilateralismo latinoamericano se ha debilitado profundamente

Este resultado provisional ha dependido de los factores que señalábamos el año pasado. Excepto en el primer trimestre del año, el multilateralismo latinoamericano respecto del conflicto centroamericano se ha debilitado profundamente a consecuencia de que los países de Contadora y Apoyo resintieron su exclusión de la CIVS (Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento) en Esquipulas III y enfrentaron durante el año procesos electorales absorbentes (México y Venezuela) y el deterioro creciente de sus propias economías y de sus procesos de democratización los condujo al borde de crisis sociales globales (Perú, Panamá, Argentina, Colombia y el mismo México).

La difusión del objetivo de la paz en la sociedad civil centroamericana, la preferencia cada vez mas mayoritaria por caminos de dialogo y negociación para resolver el conflicto, la percepción de que una invasión a Nicaragua significaría la regionalización del conflicto, el rechazo generalizado a la presencia de bases militares norteamericanas en Honduras, el mismo rechazo a que los contras hagan la guerra a Nicaragua, son todos elementos que muestran que los propósitos literales de los acuerdos de paz han ido penetrando en cada vez mas sectores del pueblo centroamericano. No se puede decir que exista todavía un movimiento popular organizado alrededor de un "Esquipulas de los pueblos", pero hay lentos impulsos hacia su formación y hay sobre todo una conciencia mayoritariamente confluyente con muchas de las formulaciones de Esquipulas.

Este peso de opinión es insoslayable, aunque su aún precaria organización le reste mucha de la fuerza que podría tener. Finalmente, los movimientos revolucionarios han sabido utilizar inteligentemente el marco de Esquipulas. Aceptando sus propuestas fundamentales -independencia de la política norteamericana, autodeterminación, pluralismo político, democracia participativa, derechos humanos, justicia social-, se han opuesto con bastante éxito a su deslegitimación, han sorteado el intento de hacerlos simétricos con la contrarrevolución nicaragüense, han logrado en los primeros meses diálogos con los gobiernos y han mantenido a estos siempre bajo la presión de creciente fuerza militar. Así han resuelto al contradicción de intereses con el proceso revolucionario nicaragüense.

Los atibajos del proceso de paz

Si el análisis quedara detenido en el primer trimestre del año 88, el titulo de este apartado no sería exacto. La Declaración de Alajuela (Esquipulas III) trocaba la simultaneidad de los compromisos mutuos por una obligatoriedad inmediata y unilateral. Nicaragua aceptó el desafío: el Presidente Ortega radicalizó el cumplimiento inmediato, anunciándolo antes de salir de Costa Rica (levantamiento del estado de emergencia, pláticas directas con la contrarrevolución para el cese al fuego, agilización de la amnistía y elecciones municipales para el Parlamento Centroamericano). Esta radicalización en el cumplimiento le permitió a Nicaragua a retar a los demás gobiernos centroamericanos a un cumplimiento similar y dirigir al Congreso norteamericano un mensaje convincente para poner fin a la ayuda militar a la contra.

Esto es lo que el Congreso hizo el 3 de febrero, pese a las presiones de Reagan. El 26 de marzo, en Sapoá, sandinistas y contrarrevolucionarios, en diálogo directo, ponían la primer piedra de un cese al fuego, después de que la "Operación Danto" había herido de muerte la capacidad militar de la contrarrevolución. El envío de 3.200 tropas estadounidenses a Honduras evitó el aniquilamiento de la contra, pero mostró que la administración Reagan enfrentaba serias dificultades para escalar esa medida hacia una invasión o hacia una represalia militar fulminante contra el territorio nicaragüense. La dinámica de Esquipulas parecía imparable.

Ya en abril, sin embargo, comienzan los grandes altivajos en el proceso. El primer obstáculo que se revelará es la reducción de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento a la Comisión Ejecutiva de los Cancilleres Centroamericanos. La presidencia de esta Comisión Ejecutiva la ejercitarla cada canciller "pro-tempore", quedando en sus manos la convocatoria a reunión, la fijación de fecha y la proposición de agenda. Los intereses de cada gobierno -juez y parte- primarían así sobre los intereses de la paz. Harían falta tres meses -de enero a abril- para que los cancilleres acordaran pedir a Alemania Federal, España y Canadá -auxiliandose técnicamente con la Secretaria General de la ONU- servicios de verificación de los acuerdos para lo que tocaba a los asuntos de seguridad. Sin embargo, la invitación oficial nunca se llegaría a cursar.

El único fruto de la Comisión Ejecutiva fue la posición conjunta que los gobiernos llevaron a la reunión de Hamburgo (San José IV) con la Comunidad Económica Europea para negociar la contribución de ésta al desarrollo económico regional. La pretensión de Honduras de condicionar cualquier acuerdo a que Nicaragua retirara la demanda presentada ante la Corte de la Haya hizo fracasar todos los encuentros de los cancilleres, el último de ellos en Tegucigalpa el 22 de junio. Así se hundió también la posibilidad de discutir y firmar un Tratado Centroamericano de Paz y Amistad, propuesto por Nicaragua y acogido por Costa Rica, para señalar un marco pacifico de resolución de cualquier conflicto que surgiera entre los países centroamericanos. Desde junio hasta noviembre, en el contexto de la reunión de la OEA, no hubo ya más contactos entre los cinco cancilleres. Uno de los puntos cruciales de Esquipulas, el mecanismo de verificación, quedó estancado.

El segundo obstáculo para el cumplimiento de los acuerdos de paz lo puso la administración Reagan, valiéndose del Plan Abrams. Ya antes de la trama de este plan, el traslado a Honduras de 3.200 soldados norteamericanos para impedir el aniquilamiento de la contra y la implicación de Honduras en la distribución de la ayuda "humanitaria", lograron que el gobierno y el ejército hondureño evadieran cada vez más cualquier mecanismo concreto de verificación que los pusiera en evidencia.

El Plan Abrams tuvo su éxito mayor en el influjo sobre los dirigentes de la Resistencia Nicaragüense con el fin de hacer abortar la negociación de Sapoá hacia el cese al fuego. El mecanismo básico par conseguirlo fue el apoyo al ex-coronel de la guardia somocista Bermúdez, decidido partidario de la guerra, minando así los planes de otros dirigentes de abandonar la contrarrevolución militar y dar el paso a la lucha política dentro de Nicaragua. Se llega así en junio a la suspensión de la negociación. Los ex-oficiales de la Guardia Nacional integrados a la Resistencia no ven futuro en una Nicaragua pluralista y los republicanos reaganianos quieren mantener a la Resistencia como un instrumento de presión, que, al menos, quede en herencia al próximo gobierno de Estados Unidos.

Coincidentemente, dentro de Nicaragua Abrams fragua el Plan Melton, encargando a este embajador, llegado en abril a Managua, un esquema de provocadora injerencia en favor de los partidos políticos de oposición intransigente, que culmina con la participación de personal de la embajada en la violenta manifestación opositora de Nandaime en julio. El Plan Melton consigue reducir la imagen de democracia en Nicaragua y obtiene un cierto endurecimiento de los demócratas en el Congreso, que desemboca en la aprobación en septiembre de otro paquete de ayuda "humanitaria" para mantener a la contrarrevolución en un mínimo grado de coherencia en Honduras hasta más allá del final de la administración Reagan. Sin embargo, el Plan Melton no consigue renovar en el Congreso la ayuda militar a la contrarrevolución y dentro de Nicaragua, pierde con el desmantelamiento de la embajada (expulsión del embajador y de los principales funcionarios, la posibilidad de seguir alimentando a una oposición provocadora. Nicaragua no permitió en 1988 lo que permitió el gobierno guatemalteco en Arbenz en 1954: la permanecía de un embajador comprometido con la subversión interna.

El tercer obstáculo al proceso de paz lo constituye la inestabilidad creciente de varios gobiernos centroamericanos. En marzo, en El Salvador la victoria electoral de ARENA inicia el proceso de destrucción de la gestión centrista del proyecto contrainsurgente salvadoreño. El fraccionamiento de la Democracia Cristiana, la enfermedad mortal del Presidente Duarte, el ascenso a la jefatura del ejército de "la tandona" (coroneles de líneas mas dura) y el incremento de la violencia de los escuadrones de la muerte acaban de pintar el nuevo escenario, sacudido además por nuevas muestras de poderío militar del FMLN y por el ascenso del movimiento de masas. La inestabilidad es tal, que podría llegar no sólo a que los Estados Unidos tengan que acomodar a cooperar con una gestión derechista más volátil y más inescrupulosa, sino que ni ARENA ni el ejército se contenten ya con ser instrumento dóciles de la estrategia de baja intensidad diseñada por los Estados Unidos y, en cambio, intenten arrebatarle la conducción de la guerra, en la hipótesis de que ninguna administración norteamericana va a abandonar a cualquier gobierno o a cualquier tendencia del ejército mientras el FMLN sea la amenaza que es.

En Guatemala, el fracaso de la ofensiva militar contra el Ixcán, el alto número de bajas que el ejército le costó esa ofensiva, la presencia en el país de la representación unitaria de las Organizaciones Guatemaltecas en los organismos internacionales, así como el pacto del gobierno con la recién fundada Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), provocaron fuertes descontentos en oficiales del ejército y en el CACIF, máximo órgano federativo de la empresa privada. Todo confluyó en el intento de golpe de mayo/88 que dejó debilitado al gobierno y al Ministro de Defensa. Sólo en agosto pareció superarse el impasse, cuya consecuencia fue un estrechamiento de los espacios políticos, un veto contra la participación de la URNG en cualquier dialogo nacional, la compra de nuevo armamento en los Estados Unidos y el aumento de la ayuda militar de los Estados Unidos a Guatemala, así como el final del intento de independizar a la policía del ejército.

De fondo, se radicaliza la pugna entre el gobierno y el ejército, por un lado, y la burguesía oligárquica, por el otro, para hegemonizar el proyecto de reactivación económica y dotarlo o no de alivios sociales para las masas. Esta pugna está atravesada por otra, que enfrenta al actual alto mando de ejército con tendencias de oficiales que llevan el peso de la guerra: lo que está en juego es una contrainsurgencia político-militar o un regreso a la guerra total. Pero todos estos enfrentamientos se diluyen en el consenso de no reconocer equivalencia política a la creciente fuerza militar de la URNG.

Aunque fue el deterioro de la estabilidad política en El Salvador y en Guatemala el componente más serio del clima de inestabilidad que desfavoreció a Esquipulas, tampoco se puede olvidar que Honduras (presencia mayor de la contra en su retirada, estallido de los escándalos de tráfico de drogas y espontaneo ataque de masas contra la embajada norteamericana) y sobre todo de Panamá (cuya crisis por la presión norteamericana para derrocar a Noriega gravitó sobre toda la región) sufrieron durante el 88 ramalazos de este mismo vendaval. Esta acumulación de inestabilidad, junto con la sensación de que se estaba logrando el objetivo de debilitar el conflicto nicaragüense a través de concesiones sandinistas, desviaron el interés que tenían los gobiernos por el proceso de paz regional priorizando la atención a sus asuntos nacionales.

El cuarto obstáculo fueron las posposiciones de la cumbre presidenciales. Desde julio entró a jugar con todo su peso el factor de las próximas elecciones norteamericanas. Lo que hasta después de la convención demócrata parecía ser una ventaja insuperable de Dukakis se transformó, tras la convención republicana de agosto, primero en una nivelación y luego en una consistente ventaja de Bush, sobre la que pendió aún la amenaza de los debates y de las últimas semanas de agresividad electoral de Dukakis. La víctima mas importante de esta incertidumbre fue la cumbre de presidentes. Las posposiciones se debieron claramente a la lucha de Duarte contra su enfermedad mortal y a la condición planteada por Honduras de que Nicaragua desistiera de su demanda en la Corte de la Haya.

Las presiones ejercidas por Shultz en persona durante los meses de julio y agosto constituyeron otro agravante. Si bien el Secretario de Estado no consiguió establecer un sistema de consulta paralelo a Esquipulas II, del cual se excluiría a la cancillería nicaragüense, ni obtuvo tampoco que los otros cuatro cancilleres firmaran con el una declaración conjunta de condena a Nicaragua, sí logró influir para impedir la celebración de una cumbre que hubiera contado con la intransigencia como único aporte del gobierno norteamericano. Tal vez también los sucesos de Nandaime en Nicaragua fueron utilizados como un pretexto para la primera suspensión de la cumbre, planeada para el primer aniversario de Esquipulas II. No la expulsión de el embajador norteamericano, pero sí las medidas internas contra la libertad de expresión de los medios y contra algunos opositores políticos fueron leídas muy generalmente -tanto en América Latina como en Europa- como un retroceso del gobierno nicaragüense en su proceso de democratización.

El Presidente Ortega intentó mantener la vigencia del proceso proponiendo al Presidente Arias celebrar el primer aniversario de Esquipulas II con un acuerdo para resucitar la CIVS y exhortando al Presidente Azcona a desarmar a la contra y alejarla de la frontera y a pedir conjuntamente con Nicaragua el establecimiento de una comisión de observadores internacionales para evitar la reinicio de conflictos fronterizos. Las respuestas no fueron alentadoras. A fines de septiembre, ya superada la aguda fase de desestabilización en Guatemala, el Presidente Cerezo realizó una gira por los otros países centroamericanos con el fin de lograr una nueva fecha para la cumbre de presidentes. Con poco espacio para avances en su propio país, Cerezo sigue viendo su política internacional en favor de la paz -especialmente el establecimiento de Parlamento Centroamericano- como su carta más favorable. Sin embargo, el acuerdo, conseguido en la gira de Cerezo, de celebrar la cumbre en la segunda quincena de noviembre -ya después de las elecciones norteamericanas- se frustró de nuevo por otra posposición decidida por El Salvador, país sede, arguyendo que no había medios para tener en ese país dos reuniones internacionales seguidas, la de la OEA y la cumbre presidencial.

En octubre viajó a Europa el Presidente Arias para recibir a España el Premio Príncipe de Asturias de la paz. Allí expresó claramente que existía una paralización del proceso de paz "ante la expectativa de quién irá a ocupar la Casa Blanca en los próximos cuatro años". Habría que esperar a la reunión informal de los cancilleres centroamericanos con ocasión de la toma de posesión del Presidente mexicano Salinas de Gortari el primero de diciembre para que se acordara una nueva fecha para la cumbre en enero/89. Sin embargo, el 6 de enero, el mismo Arias manifestó su decisión de posponer una vez más la cumbre.

En su carta a los demás mandatarios razonó la suspensión en base al poco tiempo que habría entre la reunión preparatoria de cancilleres y la misma cumbre, lo cual le hacia temer una reunión ineficaz; añadía que era conveniente estar más claros antes de la cumbre sobre la política de la próxima administración Bush así como responder con presión a los planteamientos de Pérez de Cuellar sobre el organismo de verificación, y rubricaba sus razones con la esperanza de que la toma de posesión del Presidente de Venezuela Carlos A. Pérez diera una oportunidad para lograr un nuevo movimiento latinoamericano de urgente apoyo al proceso de paz.

Mucho se ha especulado sobre las razones profundas de Arias: ¿Gesto hacia Bush de parte de alguien que apostó por Dukakis? ¿Temor a que Reagan tuviera que culminar su gestión con un último coletazo de rechazo a los resultados de la cumbre que comprometiera excesivamente a Bush? ¿Arreglos previos para que la nueva política norteamericana hacia Centroamérica fuera conducida en cooperación contra Arias y Carlos Andrés Pérez? ¿Temor a que la agenda de Nicaragua fuera sorpresiva y dominara la reunión? La suspensión de enero arriesgó el perder la oportunidad de adelantarse con mayor independencia centroamericana a una política aún informe e incierta de la administración Bush.

Esquipulas se ha mostrado así durante 1988 como un espejo que refleja las imágenes democráticamente fracturadas de Guatemala, El Salvador y Honduras, el carácter de sometimiento a la política norteamericana de El Salvador, Honduras y aun de Costa Rica y la falta de voluntad política que para abordar una revisión verdadera de la democracia tienen cuatro de los cinco gobiernos centroamericanos. El proceso dialéctico que caracterizara a Esquipulas -acordado por los presidentes pero forzado por las luchas populares, formulación literal y dinamismo real, carácter regional y diversidad nacional, discurso social por la justicia y la democracia y realidades injustas y antidemocráticas, objetivos ambiciosos y medios raquíticos, un aparente único rasero y dobles parámetros reales, soberanías en proceso de liberación nacional y soberanías hipotecadas, movimientos insurgentes autóctonos y fuerzas irregulares instrumentadas desde afuera- se ha decantado en 1988 peligrosamente hacia uno de sus polos: la presión sobre Nicaragua. Y no se ha enriquecido en una resolución superior de los dos polos que lo conforman. El polo de la transformación de Centroamérica como región -resolución de los otros conflictos, democratización país por país, ataque a las raíces estructurales de la crisis- ha sido descuidado.

Esquipulas IV: el fin de la Contra

Los resultados de la cuarta cumbre de presidentes en San Salvador los días 13 y 14 de febrero de 1989 muestran una vez mas la abrumadora diferencia de capacidad y de voluntad política que separa al gobierno de Nicaragua del resto de los gobiernos centroamericanos en el cumplimiento de los acuerdos de paz. La Declaración de la Paz se centra de nuevo sobre el conflicto nicaragüense. Parcialmente, porque hay un interés de cuatro de los firmantes de Esquipulas en hacer de nuevo sobre el conflicto nicaragüense. Parcialmente, porque hay un interés de cuatro de los firmantes de Esquipulas en hacer ver que Nicaragua es el principal foco de conflicto de la región y el único que necesita democratización. En parte también y tal vez sobre todo, porque es Nicaragua quien tiene el único gobierno que puede decidir en estas cumbres sin tener que rendir cuentas al poder militar, sin depender de un poder legislativo divergente y sin estar hipotecado por el influjo del gobierno de los Estados Unidos.

Una vez constatada esta realidad, parece claro que Nicaragua obtuvo un triunfo en Esquipulas IV. Toda la política de Nicaragua ha ido dirigida a derrotar la agresión a la revolución y el desafío a su legitimidad, no sólo el protagonizado por la contrarrevolución sino el que tiene su origen en Washington. La declaración se refiere explícitamente a Daniel Ortega como Presidente Constitucional de Nicaragua, reconociendo sin lugar a dudas la legitimidad del régimen nicaragüense. A propuestas de Nicaragua -hecha por Ortega a Azcona en Caracas con ocasión de la toma de posesión de Carlos Andres Pérez-, los presidentes centroamericanos, por iniciativa del de Honduras, se comprometieron a "elaborar, en un plazo no mayor de 90 días, un Plan Conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación voluntarias de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y de sus familiares que se encuentran en territorio de Honduras".

El Presidente de Honduras reconoce oficialmente la presencia de la contrarrevolución en su país y al fin de esta presencia se le pone ya un plazo. Honduras y los demás gobiernos asumen un compromiso concreto que asegura la paz como condición indispensable par poder llevar adelante el modelo original de la revolución nicaragüense: la economía mixta, un juego político civilizado dentro del país y el no-alineamiento internacional.

En su discurso de fin de año, el Presidente Ortega se había referido a la contrarrevolución como a "un cadáver aun insepulto". En Esquipulas IV los cinco presidentes convienen en crear un procedimiento para enterrar ese cadáver. Los demás presidentes centroamericanos reconocen implícitamente que el gobierno nicaragüense, con la negociación del Sapoá, ha hecho lo necesario para cumplir con Esquipulas II y prescinden ya de exigir mas negociaciones con la contrarrevolución. En Caracas muchos otros gobiernos latinoamericanos lanzaron el mismo mensaje, absteniéndose de dialogar con la delegación de la Resistencia Nicaragüense. Evidentemente se hace muy difícil ahora para la administración Bush y para los demócratas resucitar cualquier ayuda militar.

Pero además, los presidentes se pronuncian por el cese inmediato de toda ayuda, incluso la "humanitaria", excepto la que contribuya a desmovilizar, repatriar o reubicar a la Resistencia Nicaragüense. Aunque este cese se había solicitado ya desde los acuerdos de Esquipulas II, los presidentes "lo reiteren con toda firmeza" y lo exigen "de inmediato". Hay aquí un intento de influir en el Congreso de los Estados Unidos para que modifique inmediatamente el carácter de su ayuda "humanitaria" a la contrarrevolución, ahora que se acerca en marzo el final del plazo para la última asignación que votó el mismo Congreso el 30 de septiembre de 1988. Tal vez lo más importante es que para la elaboración del plan de desmovilización de los contrarrevolucionarios, los presidentes se comprometen a un plazo máximo de 90 días y a pedir la asesoría técnica de la ONU. Estas pueden ser las herramientas con que se trabaje para contrarrestar las dilaciones que Estados Unidos intentará introducir en la elaboración y más aún en la implementación de dicho plan.

La contrapartida que Nicaragua ofrece abarca reformas a la legislación electoral, revisión y modificación de la ley de medios, garantías electorales por lo que respecta a un uso igualitario y eficaz de los medios en la campaña, un Consejo Supremo Electoral con participación equilibrada de los partidos opositores, un largo período para que los partidos se organicen y otro más largo para la campaña (10 meses en total), el adelanto de las elecciones en casi nueve meses, la presencia en ellas de observadores a todos los niveles y la excarcelación de presos conforme a la clasificación hecha por la comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Delicados arreglos políticos y legislativos se requerirían de ahora en adelante. Sin embargo, la actual Constitución de Nicaragua no necesita ser tocada para dar cumplimiento a todos estos compromisos. Se trata de poner a funcionar plenamente en tiempo de paz el principio del pluralismo político y la convicción democrática que la Constitución consagra, así como de hacer posible la mínima unidad nacional que encamine al proceso revolucionario nicaragüense hacia la nueva fase de defensa económica y política en esta actual etapa de liberación nacional. El FSLN reafirma su programa de hacer caminar este proceso en el futuro hacia un modelo de socialismo, del cual la democracia constituye un principio irrenunciable. Nicaragua muestra también con estos compromisos que la causa de la paz no puede obstaculizarse por legalismos que no pongan en cuestión el carácter fundamental del proceso revolucionario.

Por lo demás, los resultados de Esquipulas IV manifiestan el temor profundos de los demás gobiernos de la región a una auténtica verificación de los proceso internos de democratización. Aunque se recupera en esta declaración la afirmación de que los compromisos de Esquipulas II y III constituyen un "todo común e indivisible" -"armónico e indivisible" decía menos fuertemente Esquipulas II-, no logra Nicaragua que los demás gobiernos acepten encomendar a organismos internacionales de derechos humanos la verificación y seguimiento de todos los compromisos de democratización. Se reafirma y regula, en cambio, el papel de las Comisiones Nacionales de Reconciliación, la mayoría de las cuales se han mostrado inoperantes.

Sus informes serán remitidos a la Comisión Ejecutiva de Cancilleres como a ultima instancia. Se logra, eso sí, que se ratifique el camino ya iniciado por los cancilleres de encomendar la verificación de los compromisos de seguridad a una comisión de varios países extrarregionales y regionales, coordinada por la Secretaría General de la ONU; a la Comisión Ejecutiva se da el encargo de promover de inmediato las reuniones técnicas necesarias para establecer el mecanismo mas adecuado en esta línea, que luego tendrá que ser presentado al Consejo de Seguridad de la ONU por Pérez de Cuéllar. El texto de Esquipulas II se ha vuelto peligrosamente denunciante para gobiernos sin poder real de mejorar la situación de los derechos humanos y de la democracia participativa.

Con estos acuerdos los presidentes pueden enviar una vez más a sus cancilleres a la próxima reunión con la Comunidad Económica Europea provistos de un relanzamiento de la vitalidad de este marco de cooperación regional de Esquipulas, precario pero indispensable, molesto para algunos pero útil en su globalidad y permanencia.

Queda sobre el tapete la solución del conflicto salvadoreño, inesperadamente iluminado con la extraordinaria propuesta del FMLN de aceptar la legitimidad de las elecciones si estas se posponían lo suficiente para que pudiera superarse mínimamente el clima de miedo con varias medidas de depuración del proceso electoral y dando a los salvadoreños expatriados la oportunidad de votar. Sólo una rápida toma de conciencia de que, como en Nicaragua, las soluciones militares no conducirán a triunfos absolutos y si producirán tremendas demoliciones de la economía y abismos insondables de rencor político, podrá precipitar el surgimiento del coraje y de la flexibilidad necesarios para abordar la solución política. Las respuestas del ejército y del gobierno no fueron, sin embargo, alentadoras. En el caso del conflicto guatemalteco, falta totalmente en el gobierno, en el ejército y en la burguesía la clarividencia de que es mejor negociarlo cuando aun el conflicto no ha alcanzado el grado de destructividad que hoy distingue al salvadoreño. Una muestra mas de que la insurgencia revolucionaria es solo en Centroamérica el último recurso que le han dejado al pueblo frente ala intransigencia de los sistemas autoritarios, opresores y superexplotadores.

La actuación flexible de Nicaragua, las propuestas negociadoras del FMLN y -a su nivel- las de la URNG, el Debate Nacional por la Paz en El Salvador, las iniciativas de la UASP y de los obispos guatemaltecos así como las del presidente de la CNR en Guatemala, Monseñor Quezada Toruño, comprueban que sólo de los movimientos alrededor del nuevo sujeto histórico centroamericano se pueda espera un tránsito de la retórica de Esquipulas a la realidad de transformación profunda necesaria para nuestras sociedades centroamericanas. Este tránsito, con todo, será durísimo, si la comunidad internacional no proporciona para la postguerra centroamericana el equivalente de un mini Plan Marshall. El punto crucial seguirá, de todas formas, en la política centroamericana que adopte el gobierno de George Bush.

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