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  Número 449 | Agosto 2019
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Nicaragua

Seis fases de la represión estatal contra el alzamiento cívico

“La de Nicaragua es una de las más graves crisis de derechos humanos en América en las últimas décadas. Uno de los elementos preocupantes es el corto período en que se ha producido y el grave saldo de víctimas que hemos registrado”, dice Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH. “No tiene precedentes en la historia reciente de América Latina ver a un universo tan alto de personas sometidas a detención y a procesos penales, con un cúmulo de violaciones al debido proceso. Nunca habíamos visto tantas violaciones acumuladas en un solo país”, dice Joel Hernández, Relator de Derechos de los Privados de Libertad de la CIDH. Esta grave crisis se ha desarrollado en varias fases. Ya vamos por la sexta…

Elvira Cuadra Lira

Desde que en 2018 inició la insurrección cívica de Abril, el gobierno de Daniel Ortega respondió a las multitudinarias y extendidas protestas con acciones de represión que han involucrado a las fuerzas policiales, a grupos de choque simpatizantes del gobierno y a grupos paramilitares conformados por ex-militares, ex-policías, militantes históricos del FSLN y simpatizantes fanatizados.

Entre abril de 2018 y julio de 2019 se pueden identificar al menos seis fases diferentes de represión, caracterizadas por la forma de actuación de las fuerzas represivas y por sus consecuencias. En todas las fases el objetivo ha sido el mismo: eliminar e impedir las protestas y el movimiento cívico. Cada fase ha tenido un objetivo específico en la medida en que no pudo frenar las protestas ni las acciones del movimiento cívico, aun en los momentos más fuertes de la represión.

PRIMERA FASE


La primera fase se produjo en las primeras semanas de abril de 2018. En ella participaron principalmente las fuerzas policiales y los grupos de choque del gobierno, conformados por jóvenes policías encubiertos o por jóvenes en situación de riesgo, captados para estas acciones.

En ese momento el objetivo era impedir las protestas. Las acciones represivas fueron similares a las ya empleadas contra movilizaciones y protestas anteriores, pero la dimensión de las protestas creció en todo el país y la policía se vio rápidamente rebasada en sus capacidades, aun cuando utilizó fuerza letal desde el inicio. Esto obligó al gobierno a redefinir su estrategia de represión y a reorganizar sus fuerzas, mientras en Managua se realizaban dos de las primeras marchas masivas: el 23 de abril, convocada por la empresa privada y el 28 de abril, convocada por la iglesia católica.

SEGUNDA FASE


La segunda fase inició con una policía en crisis por la intensidad de las protestas y actuando de manera errática, tratando de frenar inútilmente las protestas y marchas que se sucedían por todo el país.

Esta fue una fase muy breve, en la que las fuerzas policiales y los grupos de choque fueron ampliamente rebasados por el nivel de la movilización social. El gobierno decidió entonces utilizar a los grupos paramilitares, que comenzaron a salir a las calles públicamente a mediados del mes de mayo, empleando un nivel de fuerza y violencia mucho más alto y letal que en las semanas anteriores. La Marcha de las Madres del 30 de mayo en Managua fue el punto culminante de las acciones de represión de esta segunda fase y marcó un punto de inflexión hacia la siguiente.

TERCERA FASE


La tercera fase de la represión estatal consistió en la llamada “operación limpieza”, realizada por fuerzas de la policía y grupos paramilitares.

Incluyó ataques armados cuasi militares en contra de los tranques (cortes de carretera) en diferentes lugares del país y la eliminación de barricadas y focos de resistencia cívica en varias ciudades -Masaya, el departamento de Carazo, Jinotega y otras-, y el ataque al recinto universitario de la UNAN-Managua, ocupado por estudiantes y jóvenes. La operación limpieza también significó la realización de ataques armados a varias marchas celebradas en Managua y en otras ciudades. La tercera fase se extendió entre los meses de julio y septiembre de 2018.

CUARTA FASE


En la cuarta fase de represión se intensificaron los apresamientos selectivos a líderes del movimiento cívico, la persecución a periodistas, incluido el cierre, allanamiento y confiscación arbitraria de medios de comunicación y organismos no gubernamentales y la prohibición total de la realización de marchas. Su principal objetivo fue descabezar al movimiento cívico apresando a sus líderes más reconocidos y acallar las voces de denuncia.

Las acciones de represión fueron realizadas por fuerzas policiales y paramilitares. Esta fase se extendió de octubre de 2018 a enero de 2019.

QUINTA FASE


Las características de la quinta fase de represión fueron el asedio, la vigilancia, el acoso y la intimidación contra cualquier expresión de protesta. También hubo en esta fase secuestros selectivos realizados principalmente por la policía. Comprendió los meses de febrero a inicios de junio de 2019, un período en el que se reanudaron las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica y se produjo la excarcelación de varios grupos de prisioneros políticos.

SEXTA FASE


Actualmente se lleva a cabo una sexta fase de represión. Tiene como propósito impedir marchas, movilizaciones y cualquier acción de protesta, cuando la mayoría de los prisioneros políticos han sido excarcelados y cuando, por ello, el movimiento cívico ha adquirido más energías.

El propósito de la represión en esta fase es mantener inactivos a los líderes del movimiento, principalmente a los excarcelados. Las acciones más destacadas de esta fase son:

– Amplios despliegues policiales en ciudades y centros urbanos importantes para evitar cualquier actividad cívica de protesta, tanto marchas como piquetes express.
– Secuestros realizados por policías a excarcelados y a ciudadanos sospechosos de participar en actividades cívicas. Los secuestrados son liberados generalmente el mismo día o pocos días después.
– Vigilancia, asedio, hostigamiento y amenazas constantes a excarcelados y a sus familias por policías y grupos paramilitares.
– Reorganización de grupos paramilitares en varias ciudades del país. En las estructuras en las que se organizan participan mayoritariamente ex-militares, ex-policías y militantes fanatizados seleccionados cuidadosamente por sus niveles de lealtad al régimen. Estos grupos se han dedicado a realizar secuestros y desapariciones forzadas de líderes socia¬les, a desarrollar ataques simulando robos, a intimidar con armas de guerra y a mantener bajo vigilancia a líderes sociales.
– Actuación de grupos paramilitares en las zonas rurales, con la complacencia de la policía y con garantía de impunidad. Estos grupos realizan secuestros y ejecuciones selectivas de líderes sociales.
– Participación de grupos paramilitares en robos, asaltos y otras acciones delictivas, que aparentemente se relacionan con delitos comunes, pero que en realidad lo que buscan es generar un estado de inseguridad y de temor entre la población.

EJECUCIONES SELECTIVAS


Desde el último trimestre de 2018, es decir, desde la cuarta fase de la represión hasta hoy, se puede observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país. Buena cantidad de estos crímenes tienen como víctimas a líderes sociales y políticos vinculados al movimiento cívico o a partidos políticos de oposición.

Entre octubre de 2018 y el 15 de julio de 2019 los medios de comunicación reportaron 29 casos. Al menos 28 personas fueron asesinadas con armas de fuego y en 20 de los casos participaron grupos de 2 o más personas como victimarios.

Casos de víctimas vinculadas con partidos políticos de oposición o con el movimiento cívico 9
Casos donde se presume participación de paramilitares 12
Personas asesinadas con armas de fuego 28
Personas asesinadas con arma blanca 8
Personas asesinadas por otros medios 3
Casos con participación de dos o más victimarios 20
Fuente: elaboración propia


En esos meses, los asesinatos identificados tienen varios elementos en común, lo que permite considerar que se trata de un patrón. Uno de los elementos de ese patrón es que parecen motivados en su mayoría por razones de ídole política (21) y los vinculados a delincuencia común son minoría (8). Se presume la vinculación política porque se trata de personas pertenecientes a partidos políticos de oposición o al movimiento cívico o a la Resistencia, o porque se presume que los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares.

Además, aunque las circunstancias de los asesinatos simulan delitos comunes, testigos o familiares señalan como hechores a policías y paramilitares. La mayoría de los asesinatos se cometió con armas de fuego, entre ellas armas de guerra. Además, fueron cometidos con saña, pues la mayoría de las víctimas recibieron dos o más disparos. En algunos casos se observa que los asesinatos fueron perpetrados por grupos de más de dos personas que utilizaron motos o camionetas para movilizarse, lo que denota además un cierto grado de organización y premeditación.


Otra característica es la alta concentración geográfica de los casos, localizados en el Norte del país. El departamento de Jinotega tiene la mayor cantidad de personas asesinadas (20), seguido de Matagalpa (7).

Departamento/Región Municipio Víctimas Total
Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur San Pedro
del Norte,
Paiwas 1 1
Región Autónoma
de la Costa
Caribe Norte Waslala 1 1
Río San Juan San Miguelito 1 1
Masaya Nindirí 1 1
Carazo Jinotepe 1 1
El Rama Comunidad de Wapí 1 1
Managua Managua 1
Sabana Grande 1 2
Matagalpa Matiguás 2
Río Blanco 4
El Tuma – La Dalia 1 7
Jinotega Santa María
de Pantasma 1
San José de Bocay 4
Wiwilí (a) 6
El Cuá (b) 9 20
Fuente: elaboración propia
(a) 2 asesinados en Trojes, zona fronteriza de Honduras
(b) 1 asesinado en Trojes, zona fronteriza de Honduras

Indudablemente, el incremento de la violencia y la inseguridad en todo el país es una consecuencia directa de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018. Por varias razones. Porque la Policía ha dejado de atender sus funciones y misiones ordinarias para dedicarse a las acciones de represión. Porque el gobierno ha alentado y facilitado la conformación, la actuación y la impunidad de los grupos paramilitares, integrados por simpatizantes fanatizados. Y porque hay una clara política de criminalización, persecución, vigilancia y agresión contra líderes sociales, especialmente contra prisioneros políticos excarcelados y contra quienes viven en zonas rurales.



SOCIÓLOGA Y EXPERTA EN SEGURIDAD.
AVANCES DE UNA INVESTIGACIÓN
MÁS AMPLIA Y EN CURSO,
ELABORADA CON LA COLABORACIÓN
DE INDIRA MAYORGA.

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