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  Número 449 | Agosto 2019
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Nicaragua

Cómo comenzó la rebelión de abril…

Quince meses después de la rebelión de abril, el régimen de Ortega continúa insistiendo en que se trató de un golpe de Estado en el que hubo un derroche de violencia. Todos los discursos oficiales insisten en esa versión. El régimen ha hecho documentales que proyectan en las escuelas, ha escrito un libro de más de 300 páginas para probar el golpe y la violencia de los golpistas… Los inicios no violentos de los acontecimientos de abril fueron documentados por el equipo del GIEI, a quienes el régimen no dio ni respuestas ni acceso a expedientes o pruebas de los casos ocurridos en el período que investigó el GIEI (18 abril-30 mayo). Este es el apartado del informe sobre las características, mayoritariamente pacíficas, de las acciones de quienes iniciaron las protestas.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

De los diversos eventos examinados por el GIEI, surge que las protestas fueron pacíficas al comienzo, cualquiera fuere su fisonomía.

EL USO DE MORTEROS


Las marchas, los plantones frente a universidades y las tomas, incluso los cortes de calles, constituyeron escenarios no violentos inicialmente e incluso los tranques iniciaron como medidas intermitentes y no como bloqueos totales y permanentes.

Pese a todo esto, desde un comienzo las personas que se manifestaban fueron reprimidas violentamente por la Policía Nacional y por grupos de choque vinculados al gobierno. Así ocurrió en Managua, León, Masaya, Matagalpa y otros lugares.

Progresivamente, algunas de las personas que participaban en las protestas comenzaron a incorporar morteros y piedras como opción defensiva frente a ataques que se sabía continuarían ocurriendo, en el marco de una escalada represiva que ya durante los días 19 y 20 de abril arrojaba una altísima cantidad de manifestantes muertos y heridos por impactos de armas de fuego.

A partir de entonces las protestas comenzaron a exhibir una integración heterogénea que, como regla, supuso la presencia de una enorme cantidad de personas que se manifestaban sin ningún elemento que pudiera tener un uso defensivo u ofensivo, junto a algunas personas que concurrían con algún tipo de dispositivo de esa naturaleza.

Si bien los morteros tienen un uso festivo en celebraciones culturales y religiosas en Nicaragua, también pueden ser cargados con canicas, piedras pequeñas, clavos, vidrio quebrado, etc. En algunos casos, las heridas provocadas por este tipo de artefacto pueden ser de gravedad, si se utilizan a corta distancia. Resulta elocuente el caso de la suboficial de la Policía Damaris de Jesús Martínez Hernández, quien fue herida por morteros en las proximidades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) el 20 de abril de 2018, lo que le provocó serias quemaduras en las piernas y genitales, con pérdida de tejido y graves lesiones. De acuerdo con la información disponible, incluyendo 25 autopsias y algunos expedientes de investigación a los que el GIEI logró acceder, no habría casos de personas fallecidas por el uso de morteros.

EL USO DE ARMAS DE FUEGO


Mientras la violencia represiva se incrementaba, a los morteros y piedras fueron sumándose, en menor medida, bombas molotov, armas de fabricación artesanal (armas hechizas) y, en algunos casos, armas de fuego de fabricación industrial.

Con relación a las armas de fabricación industrial, del profuso material audiovisual analizado por el GIEI correspondiente a todo el período abarcado por su mandato (18 abril-30 mayo 2018), no se advierte que las personas provistas con estas armas superen la decena. En los videos analizados, una sola persona fue registrada disparando contra las instalaciones del estadio de beisbol de Managua durante los incidentes de la Marcha de las Madres el 30 de mayo. Esto no significa, por supuesto, que este caso haya sido el único caso. Simple¬mente, es el único que surge de las imágenes disponibles.

El GIEI solicitó reiteradamente a las instituciones estatales información sobre estos hechos. Incluso, pidió las grabaciones que fueron realizadas por efectivos policiales, que podrían proporcionar mayor información sobre este tópico en algunos de los sucesos examinados. Diversos videos registran escenas en las que puede verse a integrantes de la Policía Nacional o a personas presumiblemente vinculadas a la Policía realizando grabaciones de acciones represivas o de incidentes generados en diversas protestas y en distintos momentos, en Masaya, Bluefields y Managua, incluida en la Marcha del Día de las Madres. En ningún caso obtuvimos respuesta.

DISPAROS EN LA TRINIDAD, ESTELÍ


No obstante la ausencia de registros audiovisuales, hay otros elementos para pensar que en algunos de los eventos registrados por el GIEI algunas personas que participaban de las protestas pudieron efectivamente haber disparado armas de fuego contra miembros de la Policía Nacional o contra personas que integraban grupos vinculados al gobierno. Y si bien ello no ha podido ser corroborado fehacientemente, sí parece posible afirmarlo con un alto grado de probabilidad al menos en los hechos que tuvieron lugar el 30 de mayo en el municipio de La Trinidad (departamento de Estelí).

Las personas apostadas en el tranque que allí se había instalado o los pobladores que les apoyaron utilizaron armas de fuego en un enfrentamiento en el que participaron efectivos policiales e integrantes de la caravana del FSLN, que pretendían desalojarles para cruzar por ese lugar hacia Mana¬gua con la finalidad de participar en el acto oficialista que se celebraría en la capital el 30 de mayo, el mismo día y a las mismas horas de la Marcha de las Madres.

Relatos recogidos por el GIEI indican que los pobladores de esa localidad poseían armas de fuego, que efectivamente habrían utilizado ese día para repeler los intentos de la Policía para despejar el tranque. Uno de nuestros entrevistados nos relató: “Ahí sufrieron bajas los paramilitares, porque la gente ahí son vaqueros, todos están armados con escopetas. El tranque lo tenían los muchachos. Ese día intentó pasar por allí una caravana del gobierno que quería llegar al acto de Ortega en Managua... Desde el tranque, los manifestantes no los dejaban pasar y fue hasta allí el Comisionado Ruiz, de Estelí, y les dijo que les daba un tiempo para habilitar el paso y si no, ‘los eliminaban’. Venían buses llenos de sandinistas y se armó el enfrentamiento. Los hacendados se unieron a la resistencia de los jóvenes y comenzó el fuego cruzado con escopetas de los hacendados, pero con fusiles AK la policía”.

Otros elementos parecen avalar esa hipótesis. Dos de las tres personas fallecidas durante esos sucesos eran integrantes de la caravana que se dirigía a Managua. Tal es el caso de Da¬riel Stiven Gutiérrez Ríos y Jairo Antonio Osorio Raudales, reportados por distintos medios de prensa como jóvenes sandinistas que integraban la caravana. Raudales fue expresa¬mente mencionado en un comunicado de la Policía. El tercer fallecido en esos sucesos fue Darwin Alexander Salgado Vílchez. Según información de los medios, vivia allí y regresaba de su trabajo al momento de recibir el disparo.

Según la Policía Nacional, 11 policías fueron hospitalizados ese día por impactos de bala recibidos durante este enfrentamiento. Algunos videos examinados por el GIEI muestran a personas que presumiblemente se encontraban en el tranque para celebrar la retirada de la Policía.

Otros registros dan cuenta de escenas vinculadas con el enfrentamiento que allí se produjo, en los que se puede ver a integrantes de la caravana que corren, mientras exclaman que les estaban disparando y se advierte presencia de la Policía Nacional en algunas de las imágenes. Si bien consta que existe un expediente judicial en trámite sobre estos hechos, el gobierno no le permitió al GIEI tener acceso a él, pese a los reiterados pedidos que les hicimos.

UN CASO CLARO


También se registra el caso de la muerte de José David Oviedo Martínez por disparo de arma de fuego. Según la información obtenida por el GIEI, el 25 de mayo de 2018, aproximadamente a las 21 horas, José David, guardia privado de una empresa de seguridad, llegó en motocicleta a una de las barricadas instaladas en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), sacó un arma y disparó contra los manifestantes atrincherados allí. En respuesta, fue impactado en el tórax por un disparo de arma de fuego realizado por una de las personas que estaba en la barricada.

Según información disponible, recibió atención del cuerpo médico voluntario que funcionaba en la UNAN y fue llevado al hospital ya fallecido. Estudiantes atrincherados retuvieron pertenencias de José David, incluso su arma de uso personal, que entregaron después a un organismo de derechos humanos nacional como prueba.

MUCHOS CASOS DUDOSOS


Si bien en otros diversos casos la Policía Nacional y otras fuentes vinculadas al gobierno (medios de prensa oficialista o incluso funcionarios públicos) han atribuido públicamente la responsabilidad por algunas de las muertes ocurridas durante el mandato del GIEI a personas que participaban de las protestas, gran parte de estas acusaciones han sido formuladas de modo genérico -usualmente con calificativos como “delincuentes”, “golpistas” o “grupos de sujetos”-, sin identificar concretamente a los perpetradores ni formular precisiones que permitan un análisis sobre su veracidad.

En muchos de estos casos hay, además, diversos elementos que tornan cuando menos dudosa la hipótesis oficial, mientras que en otros se ha demostrado lisa y llanamente su falsedad. En los supuestos dudosos se incluyen, por ejemplo, las acusaciones realizadas públicamente por el alcalde de Matagalpa con respecto a la muerte de Wilder David Reyes Hernández y José Alfredo Urroz Jirón, analizadas por el GIEI al examinar los hechos ocurridos el 15 de mayo en Matagalpa. Como se indicó, y no obstante la atribución pública de responsabilidad que el alcalde formuló por estas muertes contra las personas que ese día participaron de las protestas, algunas versiones que recibió el GIEI indican que pudieron ser efectivos policiales o integrantes de los grupos de choque vinculados al gobierno quienes dispararon contra las víctimas.

Otros ejemplos en los que la escasez de información impide extraer conclusiones claras son los casos de Juana Francisca Aguilar Cano y Douglas José Mendiola Viales, integrantes de la Policía Nacional, quienes murieron por impactos de armas de fuego en acciones que oficialmente fueron atribuidas a los manifestantes.

La inspectora Aguilar Cano fue alcanzada por un disparo que le impactó en el cráneo en los alrededores de la Rotonda Cristo Rey de Managua el 21 de abril de 2018. Medios oficialistas difundieron inmediatamente el caso culpando a las personas que participaban de las protestas. Sin embargo, llamativamente, ni siquiera la Policía Nacional emitió una comunicación oficial con su versión de lo ocurrido.

En el caso de Mendiola Viales, quien murió el 28 de mayo tras recibir un disparo de arma de fuego, también en el cráneo, si bien la Policía atribuyó responsabilidad por su muerte a grupos de encapuchados que actuaron en los alrededores de Radio Ya en el marco del incendio provocado contra las instalaciones de esa emisora, el GIEI no ha podido acceder a ningún elemento de información que corrobore esta información.

DISPAROS DE LA POLICÍA


Más allá de estos casos, que aún ofrecen dudas sobre las acusaciones que públicamente se han formulado en contra de “grupos de manifestantes”, hay otros casos en los que -contrariamente a lo difundido por fuentes oficiales- se encuentra acreditado que los perpetradores fueron, en realidad, efectivos policiales o integrantes de grupos de choque.

En este sentido, resulta paradigmática la versión policial divulgada con relación a los sucesos ocurridos durante la Marcha de las Madres el 30 de mayo, que atribuyó responsabilidad por la muerte de varias personas a “grupos de delincuentes” que presuntamente atacaron a personas que participaban del acto oficialista, pese a encontrarse documentado que al menos tres de las personas mencionadas como “delincuentes” en ese comunicado eran manifestantes contra el gobierno que murieron por acciones de la Policía Nacional o de grupos de choque progubernamentales. Una es Francisco Javier Reyes Zapata, asesinado en el violento ataque perpetrado directamente por efectivos policiales y personas de civil que actuaron junto con ellos.

¿QUIÉN LOS MATÓ?


Además de los supuestos hasta aquí relevados, en los que la atribución de responsabilidad a manifestantes fue genérica y sin precisiones, hay otros en los que se ha sometido a proceso penal a personas concretas, a quienes se les atribuye responsabilidad por determinadas muertes. En gran parte de estos casos, la imposibilidad de acceder a los expedientes -pese a los reiterados requerimientos cursados por el GIEI al Estado- dificulta también la posibilidad de extraer conclusiones certeras sobre si efectivamente la autoría de esos delitos puede ser válidamente adjudicada a manifestantes.

En algunos de los casos en los que el GIEI sí logró -por fuentes alternativas al Estado- acceder al trámite judicial o a parte de él, que fueron difundidos como ejemplos de violencia perpetrada por los manifestantes, la información disponible tampoco permite afirmar que fueron personas vinculadas con las protestas las responsables de tales muertes.

Es lo que ocurre con el caso de Hilton Rafael Manzanares Alvarado, subinspector de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP), quien fuera impactado por un disparo de arma de fuego el 19 de abril de 2018 en las proximidades de la UPOLI. Inmediatamente, la Policía Nacional emitió un comunicado de prensa atribuyendo responsabilidad a “grupos vándalos que salieron de la Universidad Politécnica (UPOLI)”. Incluso, la Vicepresidenta, en declaraciones realizadas el mismo día de los hechos, en las que condenaba los “crímenes de odio que se habían cometido” en esa fecha mencionó, entre otros, el caso de esta víctima.

Tiempo después, el propio presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también se referiría, entre otros, a este caso, vinculándolo directamente con las protestas: “Fíjense bien, dicen que la lucha de ellos era cívica, que la protesta de ellos era cívica. Entonces, ¿quién mató al Comisionado Mayor Luis Emilio López Bustos, de la Policía Nacional? ¿Quién mató al Capitán Hilton Rafael Manzanares Alvarado, de la Policía Nacional? ¿Quién mató...” y siguió enumerando algunos casos.

¿QUÉ PUDIMOS VER
EN UN EXPEDIENTE JUDICIAL?


Aún dejando de lado las hipótesis que -a partir del ángulo del impacto y de otros elementos de información- permiten al menos sospechar que la víctima pudo haber muerto por un disparo (posiblemente accidental) proveniente de sus propias filas, lo cierto es que incluso un análisis limitado a las actuaciones judiciales vinculadas con el perfil de quien fue condenado en el expediente de Manzanares termina por derrumbar la atribución pública de responsabilidad que se hizo contra manifestantes opositores.

En efecto, el 2 de octubre de 2018 se condenó por la muerte de Manzanares al ciudadano Carlos Alberto Bonilla López. Más allá de las serias críticas que en otro capítulo de nuestro informe se formulan con relación a este proceso (precedido por una investigación plagada de deficiencias y en cuyo marco se dictó una sentencia condenatoria cuya única prueba directa de cargo contra el condenado fueron los testimonios de dos policías que participaban en el operativo junto a Manzanares), resulta llamativo que la sentencia en ningún momento menciona que Bonilla López fuera una persona que se encontraba protestando contra el gobierno.

Y si bien señala que el grupo de policías intentaba desalojar a personas que “impedían la libre circulación de la población a través de tranques”, ubica al perpetrador en un lugar distinto del que se encontraban esas personas e indica que atacó por la espalda a los efectivos policiales, precisamente cuando éstos estaban logrando replegar a los manifestantes. A su vez, una vecina de Bonilla -única testigo de descargo recibida durante el juicio- mencionó que éste era miembro de la Juventud Sandinista. Su defensa aportó, además, un diploma de reconocimiento que le fuera emitido por el Distrito 7 del Consejo Sandinista, un “aval político a nombre del acusado”, registra el fallo. Tras la condena, algunos medios de prensa difundieron declaraciones de personas que serían familiares de Bonilla, en las que afirman que éste fue culpado por haberse negado “a ser paramilitar” al servicio del gobierno.

En definitiva, sin perjuicio del análisis que corresponde hacer sobre otros aspectos de este proceso, resulta relevante advertir aquí que ni siquiera la propia sentencia emitida por el sistema judicial de Nicaragua atribuye la muerte de la víctima a la acción de un manifestante, como pretendió instalarse públicamente.

NOS NIEGAN INFORMACIÓN


En similar sentido, resultan cuando menos dudosas las circunstancias en las que se produjo la muerte Christian Emilio Cadenas, cuya responsabilidad fue también públicamente atribuida por diversos medios periodísticos oficialistas a estudiantes de León que se manifestaban contra el gobierno.

Tal como se indicó al examinar esos eventos, varios jóvenes que serían integrantes del Movimiento 19 de Abril habrían sido acusados no sólo por el incendio del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), de León, sino también por la muerte de Cadenas. La acusación presenta muchas inconsistencias. Incluso, los propios familiares de la víctima no creen esa versión.

También deben incluirse hechos vinculados con la UPOLI, algunos de los cuales se tradujeron en acusaciones concretas contra personas que presumiblemente participaban de las protestas contra el gobierno. En tal sentido, existe información que indica que al interior de esa universidad se habrían producido diversos hechos de violencia que incluyeron actos de tortura, al menos, contra dos personas. Las víctimas habrían sido manifestantes.

Información recogida por el GIEI indica que los propios estudiantes -o la mayoría de ellos- abandonaron esas instalaciones precisamente por este tipo de hechos y porque los grupos que habían tomado el control eran cada vez más ajenos a las protestas.

Cabe mencionar, asimismo, el caso de Pánfila Alvarado Urbina, quien, según el relato de la familia recogido en medios de prensa, el día 24 de mayo de 2018, era trasladada en ambulancia hacia el hospital José Nieborowski con diagnóstico de hipertensión e insuficiencia cardíaca cuando, al intentar pasar por el tranque del Empalme de Boaco, en la carretera entre Teustepe y Boaco, los manifestantes impidieron el paso del vehículo y agredieron a la anciana y a las personas que la acompañaban.

Según la familia, a raíz de estos hechos no pudo ser atendida de manera adecuada al llegar al hospital, donde falleció durante la tarde. A pesar de que el GIEI solicitó reiteradamente al Estado información sobre este caso -y sobre todos los casos-, así como poder entrevistar a las familias, todo le fue negado. Esto impide brindar precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento.

PROTESTAS MAYORITARIAMENTE PACÍFICAS


Al margen de lo dicho hasta aquí con relación a las muertes que podrían ser producto de acciones perpetradas por personas vinculadas a las protestas, el GIEI documentó otras expresiones de violencia efectivamente atribuibles a los manifestantes.

Son conocidos los derribos de algunos “árboles de la vida” en Managua, los diversos incendios que sufrió la emisora oficialista Radio Ya, la quema de las instalaciones de la Cooperativa CARUNA, sucesos que hemos analizado en este informe. También hicimos referencia al ataque perpetrado contra “El Comandito”, ubicado en el barrio Monimbó de Masaya. También, al abordar los sucesos ocurridos durante el 15 de mayo en Matagalpa, indicamos que las instalaciones del Comisariato fueron parcialmente incendiadas durante los incidentes que tuvieron lugar en las proximidades de esas instalaciones, luego de que policías y grupos de choque intentaran despejar los tranques que se habían instalado muy cerca de allí.

En definitiva, es claro que las expresiones de violencia que progresivamente comenzaron a exhibir algunas protestas se enmarcaron en un contexto de represión contra manifestaciones que inicialmente fueron absolutamente pacíficas. Se observa además que, como regla, estas acciones fueron perpetradas por determinados actores en el marco de expresiones multitudinarias que involucraban a una inmensa cantidad de personas que en su mayoría se mantenían ajenas a acciones violentas.

Así, es posible advertir que cualquiera fuera la fisonomía de las protestas, todas mostraron siempre esta integración heterogénea y, aunque exhibieron cierta progresión de acciones violentas a medida que escalaba la represión, continuaron siempre preservando una presencia mayoritaria de personas que se manifestaban pacíficamente.

Es posible también afirmar que los actos de violencia ejecutados por personas vinculadas con las protestas se dieron invariablemente en escenarios represivos de la protesta o durante incidentes vinculados con su desarrollo: cuando las marchas eran reprimidas, cuando las universidades tomadas intentaban ser desalojadas o cuando se ejecutaban acciones dirigidas a despejar los tranques.

Resulta elocuente que el GIEI no haya registrado hechos de violencia contra marchas o actos oficialistas. En concordancia con esto, observamos que los actos de violencia ejecutados por manifestantes carecieron de organicidad o planificación. Resulta claro que incluso los incendios perpetrados contra Radio Ya o la Cooperativa CARUNA o la destrucción del Comandito de Monimbó o del Comisariato en Matagalpa, no constituyeron acciones proyectadas como ataques planificados contra objetivos gubernamentales, sino más bien fueron actos enmarcados en escenarios de violencia vinculados siempre a respuestas a la represión de las protestas.

FUE LA VIOLENCIA ESTATAL


No puede dejar de reiterarse que la violencia desplegada por la Policía Nacional y por los grupos de choque paraestatales no constituyó en modo alguno una respuesta a las acciones de violencia que progresivamente desplegaron algunas personas que participaban de la protesta. Por el contrario, fue la violencia estatal contra el legítimo ejercicio del derecho a la protesta el marco en el cual se desplegaron algunas acciones violentas por parte de manifestantes.

Sea como sea, es claro que todos los actos de violencia deben ser investigados y condenados los responsables. Para ello se requieren investigaciones objetivas e imparciales y juicios en los que se garantice el debido proceso.

CAPÍTULO 7 -B DEL INFORME DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES PRESENTADO EN WASHINGTON,
ANTE LA OEA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

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