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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 449 | Agosto 2019
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Nicaragua

Noticias Nicaragua

PECADOS CAPITALES

“Hay pecados capitales que definen la historia de un proceso revolucionario, y definen, en fin de cuentas, la historia misma. Un pecado capital de los líderes de la revolución nicaragüense consistió en poner la ideología por encima de las posibilidades de la realidad. El socialismo, como idea redentora, despreció la realidad, y ésta terminó imponiéndose. Y las concepciones leninistas sobre el poder no dejaban de flotar arriba, en el estrato de la vanguardia, encarnada en los nueve comandantes. Muy temprano el FSLN decidió que la responsabilidad de gobernar era en exclusiva suya, y este fue otro pecado capital. No solo alejó a sus aliados, sino que les estorbó, o impidió, que formaran o consolidaran partidos de oposición... La única posibilidad de redimir a los pobres era creando riqueza, pero la estatización de sectores claves de la propiedad, empezando por la agraria, y los controles del comercio exterior e interior, resultaron en fracaso; y la guerra vino a desbarajustar las iniciativas de transformación social que eran la razón de ser de la revolución... El más aleccionador de los pecados capitales de la revolución es la concepción del poder político para siempre en manos de un partido, pues viene a terminar indefectiblemente en el poder de una persona, o de una familia”. (Sergio Ramírez, “El sueño de la razón”).

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Según el nicaragüense Harold Rocha, presidente del Centro Nicaragüense Americano por la Democracia (NACD, por sus siglas en inglés), y experto en Derecho Internacional, la Nica Act, aprobada en el Congreso el 20 de diciembre de 2018, y la Orden Ejecutiva 13851 firmada el 27 de noviembre de 2018 por Donald Trump, declarando que, bajo el régimen de Ortega, Nicaragua representa una amenaza a la seguridad nacional de EEUU, constituyen la ruta jurídica para invocar la “justicia universal” contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. Ambas leyes federales de EEUU permiten presentar demandas en tribunales estadounidenses a víctimas de esos crímenes o a sus familiares, haciéndolo a través de dos leyes federales: la Ley de Agravios Contra Extranjeros (ATCA, Alien Tort Claims), y la Ley Torture Victim Protection Act, aun cuando las víctimas o sus familiares no sean estadounidenses ni los crímenes se hayan cometido en EEUU. “La Nica Act en sí no abre la puerta de los tribunales federales, pero sí da un argumento para invocar jurisdicción, porque se reconoce como política nacional y exterior de EEUU el cumplimiento de la Ley, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos”.

FASCISMO CRIOLLO

“Nosotros mucho discutíamos en años anteriores si lo de Nicaragua era un régimen autoritario o una dictadura... Con los acontecimientos de abril se terminó esa discusión. Entonces todo mundo empezó a decir de manera unánime que estamos frente a una dictadura... Quiero ir un poco más allá. Porque habiendo transcurrido el tiempo y visto las cosas, es indispensable constatar que estamos frente a una versión de fascismo criollo... Esto no es régimen autoritario. Aquí se ha desarrollado en los últimos años un fenómeno nuevo: un pequeño grupo se ha apropiado de los derechos de toda la sociedad. Aquí no existe la posibilidad de que los trabajadores se organicen de manera independiente o por su propia cuenta y que demanden aumentos salariales, no hay huelga, no hay libertad de expresión. Aquí se han confiscado las posibilidades de los medios independientes. Aquí ningún ciudadano puede criticar al régimen porque va preso. Estamos en un régimen de terror permanente. La crisis fue la que quitó el velo y nos permitió ver de manera transparente la naturaleza del régimen..... Aquí no sólo es la Policía, aquí hay un poderosísimo aparato paramilitar en función de trabajos de inteligencia, de creación del pánico en la gente… Aquí hay un aparataje del terror que solo puede ser calificado como fascista”. (Julio López Campos, en entrevista con “La Prensa”, 7 julio).

PERIODISTAS PREMIADOS

En julio, la periodista y jefa de prensa del canal de TV 100% Noticias, allanado ilegalmente por el régimen de Ortega en diciembre de 2018, quien estuvo encarcelada por la dictadura durante casi seis meses “por incitar al odio”, fue galardonada con el premio internacional Coraje en Periodismo 2019, que entrega la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas (IWMF por sus siglas en inglés) a mujeres periodistas “que trabajan en guerras o dictaduras, exponiendo su vida por la libertad de la palabra y el derecho a expresarla”. Días después, Pineda Ubau y Miguel Mora, director de 100% Noticias, también reo político bajo la misma acusación, fueron galardonados con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019, que entrega cada año el Comité para la Protección de los Periodistas reconociendo su valentía en la labor periodística. Días después, Pedro X. Molina, caricaturista de “Confidencial” ganó el premio María Moors Cabot, que otorga la Universidad de Columbia, New York, el premio internacional más antiguo del periodismo. Se le otorgó por “sus caricaturas, exquisitamente dibujadas y contundentes, por su humor ingenioso y extraordinario talento artístico, que han hecho de él un auténtico ejemplo de decirle la verdad al poder”.

MINISTERIO DE SALUD

Después de un viaje a Qatar y a Arabia Saudita para estrechar relaciones diplomáticas, la Ministra de Salud, Sonia Castro fue apartada por Ortega de su cargo por las dificultades administrativas que representa su presencia en el Ministerio por estar sancionada por el gobierno de Estados Unidos a causa de su activa participación en la represión en abril de 2018, al dar órdenes a todos los centros y hospitales de salud públicos de no atender a los heridos en las protestas contra Ortega. Castro fue sancionada el 21 de junio por el Departamento del Tesoro del gobierno de EEUU y ese mismo día por el gobierno de Canadá. Al frente del Ministerio de Salud fue nombrada Carolina Dávila, esposa del actual Viceministro de Salud Enrique Beteta, con lo que se acentúa el nepotismo del actual régimen, ya que ahora es un matrimonio el que conduce este Ministerio.

EN MEMORIA DE “RAY”

El 23 de julio, el mismo día en que se cumplía el primer aniversario del asesinato de la joven brasileña estudiante de Medicina brasileña Raynéia Gabrelle da Costa Lima, a manos del ex-militar y paramilitar Pierson Gutiérrez, que se declaró culpable en un juicio lleno de ilegalidades y que fue condenado a 15 años de cárcel por homicidio imprudente, Gutiérrez fue amnistiado por la ley de amnistía ordenada por Ortega el 13 de junio. Al amnistiar a Gutiérrez bajo esta ley, el régimen aceptó su crimen como propio, confesando de hecho que Gutiérrez era un reo político y el asesinato un crimen político. Ortega negó personalmente. Gutiérrez fue juzgado sólo por la presión del gobierno de Brasil. El 27 de julio Raynéia se hubiera graduado en la Universidad Americana de Managua (UAM). Los graduandos iban a dedicarle la ceremonia y pensaban hacer demostraciones azul y blanco durante el acto. Con una excusa fabricada, el régimen suspendió la ceremonia porque también se graduaba ese día, en la carrera de ingeniería industrial, una nieta de Ortega y temían que iban a dejar de aplaudirla y habría consignas. La mayoría de los más de 120 graduandos de la promoción exigieron sus diplomas en la mañana del día fijado, en una ceremonia improvisada, en la que los nuevos profesionales alzaron la bandera azul y blanco y los nuevos médicos y médicas recordaron a “Ray” con vivas y consignas.

ENFRENTANDO SANCIONES

Teniendo a tantos funcionarios sancionados, lo que limita las posibilidades de que dirijan y administren ministerios e instituciones, Ortega ordenó a mitad de julio a la Asamblea Legislativa, que controla, reformar de urgencia la Ley 290 de Organización del Estado para que se le permita nombrar a más de un ministro adjunto y a varios viceministros adjuntos en cualquier ministerio e institución, que recibirán altos salarios. Ortega mandó también reformar la Ley Orgánica del Legislativo, para suprimirle todas las funciones en la Asamblea a su presidente, el diputado Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos y Canadá en junio. Porras quedó en su cargo, como figura decorativa. A algunos sancionados, Ortega los nombras asesores. Mientras realizaba su viaje diplomático al Medio Oriente, Sonia Castro fue nombrada asesora de Ortega en temas de salud. Pocos días después, Francisco López, ex-tesorero del FSLN, Vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic (Petróleos de Nicaragua), sancionado en julio de 2018 por EEUU fue nombrado asesor presidencial en temas de producción y comercio. En la actualidad, Ortega cuenta con 26 asesores, entre sancionados y sustituidos en sus cargos, que reciben buenos salarios por esa “asesoría”. Hay dos hipótesis de este abultado número de asesores: “hacerles sentir que no nos abandona” y “evitar que anden sueltos y que hablen más de la cuenta”.

FUNES NACIONALIZADO

El 30 de julio el régimen de Nicaragua le dio la nacionalidad nicaragüense al ex-Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, al que Ortega dio cobijo en Nicaragua cuando Funes huía de la justicia de su país. Funes tiene 5 procesos judiciales abiertos en El Salvador. En el más importante se le acusa del desvío de fondos públicos por $351 millones. Por ése, tiene orden de captura internacional. Funes siempre dijo que era un “perseguido político”. Es por eso que el recién electo Presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló que con la nacionalidad nicaragüense con la que ahora se protege de la extradición “botó el único argumento que tenía diciéndose preseguido político, ya que la Constitución de Nicaragua no otorga nacionalidad por persecución política”. Según información oficial, fue Funes quien solicitó la nacionalidad nicaragüense. Se le otorgó también a su actual pareja y a dos de sus hijos con anteriores esposas. Funes y estos dos hijos están en la planilla de la Cancillería de Nicaragua recibiendo altísimos salarios.

SILVIO BÁEZ: UN PAÍS SECUESTRADO

“La situación de Nicaragua es sumamente compleja. Es un país secuestrado por una familia y sus allegados, quienes movidos por la ambición de poder y el deseo de enriquecerse, han ido destruyendo el tejido social, la institucionalidad democrática, el sistema judicial y la economía del país, que se encuentra a punto de colapsar. Quienes tienen actualmente el poder en Nicaragua han ido construyendo un sistema dictatorial con tintes dinásticos, caracterizado por la mentira y el cinismo, la corrupción, la injusticia, la represión criminal y el irrespeto a los derechos humanos. Actualmente, en Nicaragua no se lucha por el poder, sino por cambiar la forma de ejercer el poder. En un futuro cercano el gobierno actual de Nicaragua tendrá que rendir cuentas ante la justicia por todos los delitos y crímenes que ha cometido contra el pueblo...Quiero invitar a mi pueblo a no ceder nunca ante la tentación de la violencia y a no perder la esperanza de poder construir una sociedad nueva donde haya lugar para todos”. (De la entrevista con e obispo Silvio Báez en el medio digital “Curia Generalizia Carmelitani Scalzi”, reproducida por “La Prensa”, 17 julio).

EJÉRCITO “SE DESPLAZA”

“En Nicaragua lo que queremos es un Ejército para siempre… El Ejército está cooptado, indiscutiblemente. Lo que en un momento de la crisis parecía una actitud patriótica, sensata, de apego a la ley y al proceso de profesionalización, terminó frustrado y va en franco deterioro. El general Avilés aseguró que no existen grupos paramilitares. Creo que estaba muy bien sin expresar nada, sin entrar al debate político… Aquí no hay un dueño del Ejército, el dueño es el soberano, el país, quien lo mantiene y a quien le ha hecho la promesa de defenderlo… Percibo un desplazamiento de altos oficiales del Ejército emitiendo criterios y desplazándose hacia las posiciones del régimen. Muy veladamente, pero lo hacen...Si bien es cierto que hay algunos oficiales desaforados, con apegos personales y políticos, creo que el cuerpo es el que dominará al final”. (Carlos Brenes, coronel del Ejército en retiro, en entrevista con “La Prensa” del 4 de agosto, comentando las declaraciones del Jefe del Ejército, Julio César Avilés de fines de julio. Brenes estuvo 9 meses y 11 días en prisión, en condiciones inhumanas. Fue apresado por miembros del Ejército y por orden personal de Daniel Ortega).

ORTEGA RECHAZA SALIDA CÍVICA

La decisión del régimen de no regresar a la mesa de negociación no fue comunicada ni al pueblo de Nicaragua ni a la Alianza Cívica, contraparte en la negociación. Sólo se conoció a través del Nuncio del Vaticano, quien informó que el 30 de julio la decisión oficial se le había comunicado a la Santa Sede. También la OEA recibió notificación, pero hasta el 5 de agosto no había hecho eco de ésta. Ortega pretende “negociar” ahora “reformas electorales” con los partidos satélites que tiene en el Legislativo. El 2 de agosto la Alianza Cívica publicó un comunicado en el que responde así: “La unilateralidad y los intentos de reformas con actores cuestionados por la sociedad nicaragüense, y fuera de la Mesa de Negociación, no pueden generar la confianza y la credibilidad necesaria para que mediante elecciones realmente democráticas, los nicaragüenses podamos escoger al gobierno que asegure la democratización del país... Ante este nuevo reto del régimen, invitamos a todas las fuerzas democráticas del país a potenciar los esfuerzos de unidad y organización para continuar la lucha cívica y pacífica y lograr el cambio de gobierno por la vía democrática y a rechazar los intentos de querer imponer una reforma electoral cosmética, prebendaria y excluyente que facilite la continuidad del régimen en el poder”.

PROTESTA DE MÉDICOS

El 3 de agosto, un grupo de profesionales de la salud se manifestaron en Managua denunciando los abusos contra el gremio médico, asediados por un desproporcionado número de antimotines. En la protesta, José Luis Borge, presidente de la Unión Médica Nicaragüense, informó que 405 profesionales de la salud han sido despedidos por razones políticas. 76 profesionales tuvieron que salir del país por asedio y represalias, 56 están en Costa Rica, 19 en EEUU y el resto en Europa.

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