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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 85 | Julio 1988
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Nicaragua

Por la paz y por un modelo económico más popular

A nueve años del acontecimiento que cambió para siempre la suerte del pueblo de Nicaragua, este pueblo sigue luchando por la paz u por un modelo económico que defienda realmente sus intereses presentes y su futuro socialista. El objetivo de la revolución nicaragüense es la construcción del socialismo.

Equipo Envío

Es algo "definitivo" la orientación socialista de la revolución declaró el Presidente Daniel Ortega el 14 de junio, al referirse a los actuales problemas que enfrenta la nación para alcanzar la paz y para estabilizar la economía.

El proceso de construcción de una sociedad socialista -única alternativa coherente con los intereses de las mayorías populares de Nicaragua- está siendo difícil doloroso, duro. La firmeza de principios y la creativa flexibilidad del sandinismo para enfrentar este proceso no son una táctica reciente, un oportunismo ante la difícil coyuntura que ha vivido Nicaragua agredida por la patología política del presidente norteamericano. Esta firmeza y esta flexibilidad hunden sus raíces en lo más profundo de la historia nacional y precedieron en muchos años el derrocamiento de la dictadura somocista. En esta firmeza y en esta flexibilidad creativa está la clave de la originalidad sandinista.

Al llegar a los nueve años del triunfo revolucionario, la dinámica tendencial del proceso nicaragüense apunta claramente a una gran victoria sobre la guerra impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Reagan se va y la revolución se queda. Nicaragua, empobrecida y pequeña, le ganó al gran imperio del Norte, a pesar de la desigualdad de la contienda. Sin embargo lucha no ha terminado. Quedan por delante varios meses de importantes acontecimientos para que la tendencia vigente desde hace tiempo llegue a ser una realidad definitiva. La victoria militar sobre la contrarrevolución ha traído, como contrapartida, el incremento de la crisis económica. Y la agudización de esta crisis es, a la vez, el factor que más alienta a los Estados Unidos a persistir en su voluntad agresiva, bajo fórmulas militares o políticas.

A nueve años del acontecimiento que cambió para siempre la suerte del pueblo de Nicaragua, este pueblo sigue luchando por la paz u por un modelo económico que defienda realmente sus intereses presentes y su futuro socialista. En este número especial analizamos extensamente lo que está ocurriendo en la economía nicaragüense. Este esfuerzo es nuestro aporte al noveno aniversario de la revolución.



EL DIALOGO DE JUNIO: CONFIRMACION DE LA TACTICA IMPERIALISTA

Los Acuerdos de Sapoá, firmados entre el gobierno de Nicaragua y la contrarrevolución el 23 de marzo de 1988, fueron una consecuencia directa de los Acuerdos que los cinco presidentes centroamericanos firmaron en Guatemala el 7 de agosto de 1987. Estos acuerdos de Esquipulas II, producto del declive estratégico de la contrarrevolución en el campo militar y de cambios en la correlación de fuerza en el área centroamericana y en los propios Estados Unidos, permitieron crear marco para iniciar un diálogo tripartito entre el gobierno de Nicaragua, le partido republicano y el partido demócrata. Ese diálogo cobró un nuevo impulso en enero de 1988 cuando, pese a las presiones de la Administración Reagan, los presidentes centroamericanos firmaron los Acuerdos de Esquipulas III en Costa Rica.

Esta situación llevó al Congreso de Estados Unidos a negar la petición de ayuda militar para la contrarrevolución el 3 de febrero del 88. En ese contexto, y con un Reagan debilitado al entrar en su último año de gobierno, un sector de la contrarrevolución consideró conveniente la firma de un acuerdo con los sandinistas para dar continuidad a los objetivos de su lucha militar con mecanismo estrictamente políticos, camino al que se oponía otro sector de la contrarrevolución, que prefería continuar la lucha militar. El sector que buscaba trasladar sus fuerzas a la arena política, caracterizable en último término como la fracción de la burguesía opositora" a Somoza antes de 1979, fuera el que firmó los Acuerdos de Sapoá dando con ello un nuevo impulso al procesos de paz iniciado en Esquipulas II.

Pero los acuerdos de Sapoá no suponían un cese al fuego definitivo. Después de firmados, quedaban aún pendientes de negociar muchos puntos hasta lograr la paz. El lapso de tiempo previo al logro de ese cese al fuego definitivo era el margen que los sectores militaristas dentro de la Administración Reagan y de la contrarrevolución tenían para evitar el acuerdo final y para recobrar posiciones en el campo de batalla. Con Sapoá se abrieron algunas preguntas clave: ¿Lograría la contrarrevolución, dirigida políticamente desde su nacimiento y financiada en su totalidad por la administración Reagan romper con ésta su cordón umbilical? ¿Fue la firma de Sapoá un suceso posible sólo por que agarró por sorpresa a la misma administración norteamericana, o expresaba una nueva posición entre los contrarrevolucionarios?

Los Acuerdos de Sapoá sorprendieron a la administración Reagan más aún que los Acuerdos de Esquipulas II. En Guatemala, la tradicional sumisión de los gobiernos centroamericanos a los dictados de Washington se transformó, al menos temporalmente, en un margen de significativa autonomía ¿Sucedería lo mismo con la contrarrevolución? El Gobierno de Nicaragua había buscado, a lo largo de siete años, un diálogo con el gobierno de Estados Unidos, consciente de que, se solucionarían con la contrarrevolución.

Pero el proceso real estaba mostrando que el camino era el contrario: se llegó a un acuerdo básico con los presidentes centroamericanos y en Sapoá se llegaba a un acuerdo básico con la contrarrevolución. ¿Se lograría, pues, privar a la administración Reagan de los brazos con los que ha ejecutado sus políticas? ¿Llegaría a ser tanta la debilidad del Presidente Reagan en su último año de Gobierno? La respuesta más lógica da estas preguntas tendría que ser un NO. Porque aunque ciertamente el gobierno Reagan está debilitando lo está tanto como para perder todo el control sobre sus propias fichas. La existencia en las filas contrarrevolucionarias de un sector somocista y militares, que no tendría cabida en ningún proyecto político al interior de Nicaragua, es la base sobre la que puede hoy prevalecer la influencia de la administración norteamericana en las filas de la contrarrevolución. Y esto es lo que ha sucedido.

A pesar de todo esto, no ha sido fácil para la administración Reagan revertir plenamente los avances del proceso de paz. Una serie de acontecimientos ocurridos desde la firma de los Acuerdos de Sapoá hasta el último encuentro de diálogo entre el gobierno de Nicaragua y las fuerzas contrarrrevolucionarias (7-9 junio) posibilitaron que la firma del acuerdo de cese al fuego definitivo, al menos con un significativo sector de la contrarrevolución, estuviera prácticamente a las puertas.

Factores que fortalecían la posibilidad de la paz

Los factores que fortalecían la posibilidad de una paz inminente eran éstos:

Primero:

La profunda división que se había expresado y ahondado al interior de la contrarrevolución tras la firma de los Acuerdos de Sapoá. Las contradicciones que enfrentaron al aparato civil con el militar, a los militares entre sí y a las bases mismas de la contrarrevolución, intentaron ser cerradas por la administración Reagan a través del Subsecretario de Estado, Elliot Abrams y de la Central de Inteligencia Americana. Usando toda su influencia, lograron unificar formalmente a la dirigencia de la contrarrevolución, pero a nadie escapó que no habían conseguido una unidad real y estable. Importantes "comandantes" en el terreno de la contrarrevolución fueron separados de sus tropas mediante la intervención del ejército hondureño y marginados y silenciados en modernos apartamentos de Miami. El anuncio hecho de esa ciudad por Pedro Joaquín Chamorro Barrios el 22 de junio, en compañía de "Fernando" y "Toño" -militares firmantes de Sapoá-, anunciando que creaban una nueva alianza contrarrevolucionaria, es una clara muestra de la frágil unidad conseguida por presiones.

Segundo:

La existencia de conversaciones secretas entre Alfredo César y el Comandante Humberto Ortega, reveladas en el transcurso de las reuniones de junio. Estas conversaciones bajo la mesa eran complementarias de las negociaciones que se estaban teniendo sobre la mesa y podían haber resultado finalmente las decisivas, si en el último momento César no hubiera renegado de ellas.

Tercero:

El respaldo que esas conversaciones César -Ortega tenían en un importante sector del Partido Demócrata liderado por Jim Wright como la mejor vía para solucionar el conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua. Esta posición demócrata y cobraba aún más fuerza tras las declaraciones del candidato demócrata Michel Dukakis, opuesto a la ayuda militar a la contrarrevolución y hasta el momento, aventajando al candidato republicano. Todo esto desembocaba en una situación política desfavorable al otorgamiento de nueva ayuda a los contras por el Congreso norteamericano.

Cuarto

El ambiente de relativa distensión creado tras la cumbre Reagan Gorbachov. Este clima podría inclinar al sector más pragmático de los republicanos a buscar una pronta solución en Nicaragua que contribuyera a una mayor distensión URSS-USA. En ambiente electoral, quitar a los demócratas una posición crítica frente a la política exterior de Reagan, y presentar ésta como una política de paz basada en el éxito de emplear presiones militares para tras ellas lograr la negociación, era una carta apetitosa. Hubo incluso signos en el Departamento de Estado -con un Abrams temporalmente a la defensiva por sus fracasos en el tratamiento del problema panameño- que indicaba la posibilidad de un nuevo giro en las relaciones del partido republicano con Nicaragua.

Ante todo este nuevo horizonte el gobierno de Nicaragua fue a la reunión de junio con una apertura que contribuyera a fortalecer estas tendencias positivas hacia la paz. Y la apertura tenía que darse en lo que era el reclamo fundamental de la contrarrevolución hasta ese momento. Este reclamo era que en la propuesta del gobierno de Nicaragua para lograr el cese al fuego definitivo no aparecía con claridad el compromiso sandinista con la democratización del país, ya que se exigía a los contrarrevolucionarios la deposición de las armas antes de que se hubiera asegurado el retorno a lo que ellos consideran una auténtica democracia.

En la reunión de junio el gobierno nicaragüense respondió a ese reclamo con un calendario y un procedimiento detallados. Tras la firma del acuerdo definitivo y en un plazo no mayor de 10 días serían puestos en libertad 200 guardias somocistas que hubieran sido declarados exonerados de crímenes según el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. A partir también de la fecha en que se firmara el acuerdo, las tropas del ejército de Nicaragua se retirarían, en un plazo de 7 días, de las zonas geográficas y establecidas de mutuo acuerdo para el ingreso en ellas de los contrarrevolucionarios, quienes tendrían 20 días para entrar en esas zonas. Tras este paso, constatado por la Comisión de Verificación -compuesta por Joao Clemente Baena Soares y el Cardenal Obando- y a partir del 12 de julio, comenzaría el abastecimiento de ayuda humanitaria a los contrarrevolucionarios a través de la Fundación Panamericana para el desarrollo de la OEA. De forma paralela a este proceso los contrarrevolucionarios podrían enviar a sus 8 delegados al Diálogo Nacional y en ese mismo momento el gobierno de Nicaragua pondría en libertad a otros 1.150 contrarrevolucionarios. EL 12 de julio comenzaría además un período de 60 día, durante los cuales se discutirían en el Diálogo Nacional 10 puntos relacionados con el perfeccionamiento de la democracia.

Estos 10 puntos propuestos por el gobierno de Nicaragua, debería llevar a asegurar o a perfeccionar la vigencia de:

1. El pluralismo político respetando los valores étnicos, culturales y religiosos del pueblo nicaragüense,
2. La separación e independencia de los poderes del Estado,
3. La igualdad de los ciudadanos ante la ley y el pleno respeto de los derechos humanos,
4. La libertad de expresión, asociación, reunión y movilización, así como libertad de religión y de educación,
5. La igualdad de derechos y oportunidades ante la ley de todos los partidos políticos de Nicaragua,
6. Las instituciones y organismos del Estado al pleno servicio de los intereses nacionales,
7. El derecho de huelga y las libertades sindicales,
8. Garantías procesales que permitan un juicio justo,
9. Un sistema electoral pluralista y participativo en base al cual se convoque a procesos electorales libres y honestos para las elecciones municipales y para las del Parlamento Centroamericano, cuyo calendario será establecido en el Diálogo Nacional, y para las elecciones generales que se efectuarán en 1990,
10. Garantías y normativas del funcionamiento de la economía mixta que incluya las diversas formas de propiedad (pública, privada, cooperativa, etc.).

Cuando se llegara a acuerdo en estos puntos, y con ella al término del Diálogo Nacional el 11 de septiembre, los contrarrevolucionarios iniciarían su desarme, el cual concluirían el 28 de septiembre en las primeras cuatro zonas establecidas. Para ese momento habría aún contrarrevolucionarios armados en otras tres zonas. Ese mismo 28 de septiembre, el gobierno de Nicaragua podría en libertad al restante 50% de contrarrevolucionarios aún en prisión y al resto de guardias somocistas, de conformidad con el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OE. Hasta el 10 de octubre se completaría el desarme de los contrarrevolucionarios aún armados en las últimas tres zonas constatado por la Comisión de Verificación. La flexibilidad andinista se concretó en este calendario-procedimiento en el que el desarme era posterior a los acuerdos en el diálogo democratizador. Esta nueva prueba de flexibilidad era un factor más que permitía pensar que en la ronda de junio se hubiera llegado a un acuerdo con la contrarrevolución o al menos con un importante sector de ella. NO fue así.

Pese al cúmulo de factores favorables a la firma de un acuerdo definitivo, potenciados en la misma reunión por la flexibilidad de la propuesta acuerdo en la reunión de diálogo del mes de junio. La propuesta del gobierno y la flexibilidad que suponía desarmaron a los contrarrevolucionarios. Ellos llegaron a Managua con una postura ya tomada: dispuestos a no firmar ningún acuerdo, a mantener sus críticas sobre las garantías democráticas, a exigir que el desarme fuera posterior a esas garantías y a culpar al gobierno de Nicaragua por su "intransigencia", abriendo con esto una nueva crisis. La propuesta nicaragüense sembró el desconcierto entre los negociadores. "Aquello parecía un mercado persa", dijo después el General Humberto Ortega, refiriéndose a las posiciones diversas y encontradas que se observaban de la contrarrevolución al conocer la nueva propuesta nicaragüense. Los contrarrevolucionarios tuvieron que rechazar ocho propuestas del gobierno tal y como costas en las resolución de la Comisión Verificadora.

Constancia Testimonial de la Comisión Verificadora del Acuerdo de Sapoá

A. Durante la presente ronda de negociaciones entre la delegación del gobierno constitucional de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense, la delegación del gobierno ha hecho las siguientes propuestas:

1. Que se mantenga la vigencia de los acuerdos de Sapoá, mientras se llega a un acuerdo de cese del fuego definitivo.

2. Que se mantenga la vigencia de la Comisión Verificadora creada en los acuerdos de Sapoá.

3. Que la ayuda humanitaria sea entregada a las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense dentro del territorio de Nicaragua, a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, mientras se alcanza un acuerdo sobre el cese del fuego definitivo.

4. Que la Fundación Panamericana para el Desarrollo sea el organismo neutral encargado de hacer llegar la ayuda humanitaria a las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense, dentro del territorio de Nicaragua una vez concentradas en las zonas, como se estipula en los acuerdos de Sapoá.

5. Que se extienda el plazo de cese de operaciones militares ofensivas hasta el 30 de junio de 1988.

6. Que se fije fecha de una nueva reunión para seguir negociando el cese del fuego definitivo.

B. La delegación del gobierno ha presentado los siguientes documentos:

1. Una propuesta global de cese del fuego definitivo que consta de 32 puntos, presentada el día 18 de abril de 1988; de esos 32 puntos, según el documento entregado por la delegación del gobierno, se han alcanzado cuerdos sobre un total de 20 puntos .

2. Una propuesta de calendario para el cumplimiento, según afirma la misma delegación, "de todos los puntos contemplados en su propuesta del cese del fuego definitivo", como parte integrante de la propuesta misma. Anexamos dicha propuesta de calendario.

Este calendario incluye un plazo de 60 días, afirma la delegación del gobierno "para establecer en el diálogo nacional los acuerdos necesarios sobre democratización contemplados en el punto 26 de la propuesta de cese del fuego definitivo".

Este calendario incluye términos concretos para el cumplimiento por parte del gobierno constitucional de Nicaragua, según afirma la delegación del gobierno. "de todos sus compromisos referentes a la amnistía".

C. La delegación del gobierno en la presente ronda también:

1. Ha propuesto que la Resistencia Nicaragüense permita a la Comisión Verificadora o a la Cruz Roja Internacional, constata el número e identidad de las personas, según el gobierno, "secuestrados que permanecen en los campamentos y bases de la Resistencia Nicaragüense".

2. Ha insistido en que, "la Resistencia Nicaragüense entregue a los 66 secuestrados que afirma tener en su poder".

D. La delegación del gobierno constitucional de Nicaragua en la presente ronda de negociaciones ha declarado:

1. "Su voluntad y decisión de reconocer la plena vigencia de los acuerdos de Sapoá, alcanzados en el marco de Esquipulas".

2. "Su decisión de mantener la vigencia unilateral del cese de operaciones militares ofensivas hasta el 30 de junio de 1988", ya expresada públicamente.

3. "Su voluntad de convenir una nueva fecha para continuar las negociaciones con la resistencia nicaragüense, dentro del marco de los acuerdos de Sapoá, a fin de alcanzar la firma de una acuerdo de cese del fuego definitivo".

Dado en la ciudad de Managua, a los diez días del mes de junio de mil novecientos ochenta y ocho.

Cardenal Miguel Obando y Bravo
Embajador Joao Clemente Baena Soares


Tratando de retomar la ofensiva, y cuando sólo faltaban dos horas para concluir el diálogo, la contrarrevolución lanzó una nueva propuesta, que implica el práctico desmantelamiento del gobierno revolucionario, negándose -al mismo tiempo- a ampliar el plazo para su discusión. Esta situación, absurda y pública, contribuyó a que la contrarrevolución no pudiera vender la imagen de la intransigencia del gobierno andinista a no ser en medios que consumen siempre esa mercancía. Eran muchas las propuestas del gobierno andinista que tuvieron que rechazar para poder justificar esa imagen y finalmente -aunque se negaron a firmar ningún comunicado con el gobierno-, tuvieron que declarar que se mantenía vigente la Comisión Verificadora, el cese al fuego hasta finales de junio, al mismo tiempo que expresaban el deseo -aunque sin fecha concreta- de continuar las negociaciones de paz.

A juicio de la contrarrevolución, la reunión fracasada de junio suponía el final de Sapoá y las nuevas reuniones tendrían que retrotraerse de nuevo a Esquipulas II. Con esta decisión, la contrarrevolución buscaba mantener abiertas las puestas para lanzarse nuevamente por el camino bélico o para negociaciones. Esto iba a depender de la evaluación que la administración Reagan hiciese de nuevas formas para continuar su ataque contra Nicaragua en medio de la campaña electoral norteamericana. El resultado de las platicas de junio implica que la línea más dura dentro de la administración Reagan había triunfado nuevamente en Washington. Elliot Abrams y la Central de Inteligencia Americana lograron -de momento al menos- imponer su posición que es la actual situación política y militar, tan negativa para las fuerzas contrarrevolucionarias, podría cambiar con una victoria de George Bush en las elecciones norteamericanas de noviembre. Por eso se haría necesaria sostener a la contra como una fuerza relativamente consistente hasta esa fecha, para poder barajar entonces diversas opciones para la continuación de la agresión contra Nicaragua. En cualquier caso, a lo inmediato, era necesario romper el marco de Sapoá para poder romper el marco de Sapoá para poder tener un mayor margen de acción para las tácticas a seguir y llegar como opción viable hasta noviembre.

"La reanudación de la ayuda militar no es tan probable -reconoció Elliot Abrams- pero no están completamente imposible y vamos a tratar". Un funcionario de alto nivel en el Departamento de Estado completó la posición de Abrams: "Si no se ve viable la consecución de la ayuda militar, la Administración Reagan puede apoyar las platicas como una táctica de corto plazo para ayudar que los rebeldes se mantengan vivos, pero no como una forma de terminar la guerra. Obviamente, mantener a 3 mil ó 4 mil hombres en armas dentro de Nicaragua sería la mejor opción para este período, porque elevarían la presión sobre el gobierno nicaragüense forzándolo a usar aún más sus recursos económicos para lo militar, evitando así que se resuelvan sus problemas económicos. Eso ya es algo bueno, pero en todo caso, el mínimo a lograr es mantenerlos como entidad armada hasta la próxima administración, para al menos tener abiertas las opciones en el futuro. Incluso no sería descartable meternos nosotros mismos en la negociación para conseguir más fuerza en Centroamérica y prolongar más el proceso de negociación en este período".

Este esfuerzo de "los halcones" por esperar una victoria de Bush y lo que harían de lograr ésta encuentra a sus ojos un buen terreno en la seria crisis económica que vive Nicaragua, agudizada con las medidas decretadas por el gobierno a mediados de junio. Desde una perspectiva militarista, una situación como la que se está viviendo propiciaría que una continuación de la presión militar sobre la economía provocara al fin el derrocamiento del gobierno andinista. En el factor económico está también la esperanza que abrigan los demócratas para, mediante próximas elecciones en Nicaragua, debilitar a los sandinistas si con Dukakis ganaran las elecciones de noviembre.

Pero no se trata solamente del factor económico. La corriente más militarista de la administración Reagan ve en la actual inestabilidad centroamericana un factor aprovechable para sus objetivos a coarto plazo. Es cierto que Centroamérica ha resultado un fracaso para la política exterior reaganiana, pero eso no quiere decir que los gobiernos centroamericanos no den señales de crecientes debilidades internas, siendo por eso más permeables a las presiones norteamericanas de lo que no eran hace un año.

El gobierno de Cerezo en Guatemala está sometido a la presión de la extrema derecha, que se ha manifestado mediante varios intentos de golpes de Estado. La democracia cristiana en El Salvador se encuentra en una fuerte crisis interna tras la derrota en las últimas elecciones, la grave enfermedad del presidente Duarte, la continuación de la ofensiva del FMLN, el posible triunfo de la ultraderechista Arena en las elecciones presidenciales del 89 y el próximo ascenso al Estado Mayor del Ejército de militares más proclives a Arena que a la Democracia Cristiana. Honduras, después de los incidentes que culminaron en la quema del consulado norteamericano, ha reforzado su servilismo a los Estados Unidos. Y en Costa Rica, Arias, con crecientes dificultades económicas, criticó este mes fuertemente al gobierno de Nicaragua a después de mucho tiempo de silencio o de posiciones moderadas. Sus críticas coincidieron con un convenio que firmó con la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), por el cual, los Estados Unidos donarán este año, destinados al fortalecimiento de la balanza de pagos. Según encuestas de opinión realizados recientemente en Costa Rica, más del 60% de la población critica fuertemente la gestión interna del presidente Arias. La corriente militarista encuentra en estas debilidades sus mejores cauces.

Para lograr sus planes, la administración Reagan buscó el fortalecimiento paralelo de 3 instancias: en primer lugar, la de contrarrevolución, manteniendo al máximo su unidad; en segundo lugar, la de su presión sobre los gobiernos centroamericanos, aprovechándose de su fragilidad para recapturar el control que tenía sobre ellos hasta el momento en que se firmaron los acuerdos de Esquipulas II; en tercer lugar, el área de sus presiones sobre los demócratas: si obtiene éxitos con la contrarrevolución y los centroamericanos tendría mejores armas para que le concedieron -en contexto electoral- financiamiento para la reanudación de la guerra o, más probablemente, ayuda humanitaria para poder continuar las negociaciones en un marco de mayor fortaleza.

A esto se encaminan las más recientes medidas de la administración Reagan: primero, intentar unir a la cúpula contrarrevolucionaria o, si esto es imposible, en las próximas elecciones para el directorio de la Asamblea General contrarrevolucionaria, sustituir las figuras conflictivas por otras plenamente dóciles a Estados Unidos. Segundo, reforzar el eje centroamericano enviando para ello a Max Kempelman destacado consejero del Departamento de Estado- a un viaje por Centroamérica en la tercera semana de junio y le propio George Shultz en la última. En tercer lugar, sostiene conversaciones y mantiene presiones sobre congresistas generalmente indecisos para que se inclinen a reanudar la ayuda económica a las fuerzas contrarrevolucionarias.

El gobierno de Nicaragua busca salvar a Sapoá. Para el gobierno revolucionario Sapoá no ha muerto y las negociaciones deben continuar para llegar a acuerdo en los 12 puntos que aún quedan pendientes en la propuesta de 32 puntos que presentó Nicaragua al arrancar las rondas de diálogo. Después de esto se podría ir la Diálogo Nacional con base al agenda anteriormente señalada. Con ese objetivo, Nicaragua prolongó un mes más el cese al fuego y llamó a la contrarrevolución a una nueva sesión del 26 al 29 de junio en Managua, pero la dirigencia contrarrevolucionaria no acudió a la cita, esperando los resultados de la gira de Shultz por Centroamérica.

Se mantiene por tanto el pronóstico de envío realizado hace 90 días cuando analizando las opciones posibles de la coyuntura dijimos: "La cuarta opción consistiría en prolongar de tal manera las negociaciones que éstas se transformaran en una tregua sostenida pero no en un cese al fuego definitivo. El objetivo (de la administración Reagan) sería tender un período puente que pudiera enlazar con un eventual triunfo republicano en los comicios de finales de año. Debido... a las múltiples presiones internas y externas que (esa opción) tendría que soportar, esta perspectiva sólo sería viable si recibe un esfuerzo cualitativo en esa dirección. Este podría ser el inicio de un diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua en el marco centroamericano o en el plano bilateral... Esta cuarta opción parece ser la que más ventajas ofrece a la fracción somocista y el Presidente Reagan. Queda por ver si son capaces de implementarla sin que les estalle antes alguna de las otras opciones". La labor de Nicaragua será hacer fracasar esa táctica de guerra presentada bajo capa de negociaciones para que realmente pueda avanzar el proceso de paz. Esta pugna estará a la orden del día en los próximos meses.

Desde una perspectiva nicaragüense, tanto ante la posible elección de Bush y con ello, ante la continuación de la guerra, como ante un triunfo de Dukakis, que abriría las puertas de la negociación y las de elecciones municipales y al Parlamento Centroamericano, es urgente reforzar la maltrecha economía nicaragüense. Si hay que continuar y resistir la guerra o si hay que triunfar en las elecciones, es necesario mantener el consenso y el apoyo de la población nicaragüense al gobierno andinista. Por cualquier camino, sea cual sea la vía a partir de noviembre, el factor económico es el principal a resolver si se quiere tener éxito en la guerra o en la paz.

LAS MEDIDAS DE JUNIO: PAQUETE SIN PUEBLO

El 14 de junio, cuatro meses después de la reforma monetaria, el gobierno de Nicaragua anunció nuevas medidas económicas, que profundizan aún más la cuota de austeridad que el pueblo de Nicaragua tiene que pagar para estabilizar la economía del país.

Aunque las nuevas medidas son técnicamente una continuación del programa iniciado el 14 de febrero y subrayan la voluntad de la dirección económica del gobierno de no vacilar frente a la necesidad imperiosa de poner orden en la casa económica nicaragüense, la reacción popular frente a los dos paquetes no podía haber sido más distinta.

La segunda quincena de febrero fue una fiesta de alegría popular la ver a los especuladores y al reacción económica replegados frente a la movilización del pueblo. La segunda quincena de junio estuvo marcada por un notable incremento de desconfianza popular ante la gestión económica gubernamental. La diferencia de fondo entre los dos paquetes es que el primero incluía al pueblo, mientras que el segundo fue un paquete económico sin pueblo.

Desde 1983, el proyecto de unidad nacional frente a la agresión externa fue acompañado por una única línea de política económica: ganar tiempo y suavizar el costo económico de la guerra a todos los sectores del pueblo. La solución para todos los problemas era el gasto público: subsidios para los consumidores, subsidios para educación, salud y bienestar social, subsidios para los productores vía tasas de intercambio muy favorables y vía crédito regalado con tasas de interés negativas, subsidios para las inversiones públicas especialmente en el sector agropecuario, subsidios para la construcción de infraestructura urbana y vial y sobre todo, subsidios para la guerra. Al priorizarse la solución de aumentar el gasto público frente a las necesidades de la defensa, el pueblo fue crecientemente desmovilizado en el campo económico.

En febrero de 1988, el deterioro de la economía obligó al gobierno a abandonar esa política y a implementar una serie de medidas que iban a representar un duro golpe a los ingresos populares. Las consecuencias de ese cambio no fueron percibidas inmediatamente por el pueblo por una serie de razones. Quizás la principal fue el hecho de que durante febrero el pueblo volvió a ser el actor principal de la economía. Es importante señalar con precisión las características de la movilización popular de ese mes, que fue un plato tan apetitoso para las masas.

El objetivo de la movilización era recuperar lo que el Estado había perdido: la capacidad de controlar los precios y, por lo tanto, de proteger el poder de compra de los salarios. Los movilizados fueron los obreros y las organizaciones de los barrios, principalmente en las dos ciudades más grandes del país, Managua y León. El blanco de la movilización fue bien claro y los beneficios fueron inmediatos. Así, la pastilla amarga de la devaluación vino recubierta con el caramelo de la nueva moneda, del alza de los salarios y del golpe al sector especulativo. En las jornadas de febrero hubo mas que intereses individuales. Hubo el sentido de haber restablecido el control popular y de haber revitalizado el modelo económico sandinista.

Un elemento central de ese modelo económico -que sustentó y fue el móvil de la reforma agraria, la reforma urbana, la campaña de alfabetización, la expansión de los servicios sociales de educación, salud bienestar social, atención, salud, bienestar social, atención a los niños, etc.- fue el sistema de control de precios y salarios. Al movilizarse en febrero, el pueblo buscaba no sólo defender sus salarios y controlar los precios de los especuladores sino recuperar su modelo económico.

Sin embargo, como envío a analizó en abril, la desmovilización del pueblo y el efecto de la devaluación durante las primeras cinco semanas del nuevo programa fueron suficientes para disolver el caramelo. El poder adquisitivo del salario de los obreros cayó por debajo de los niveles pre-reforma, la inflación carcomía el valor del nuevo córdoba y los especuladores retomaron sus posiciones en el mercado interno, por mas que nunca recuperaron el poder que tenían antes de la reforma.

De hecho, a pesar de que en marzo y abril la movilización de los obreros en las fábricas continuó cuestionando con firmeza los niveles de ineficiencia para levantar la productividad, en el campo la devaluación golpeó fuertemente al campesinado. Las tiendas de la UNAG quedaron descapitalizadas después de las medidas. Sobre todo en las grandes ciudades, donde el paquete de febrero redujo drásticamente los ingresos del sector informal, la reacción del pueblo fue: "el gobierno ya no pudo recuperar el modelo económico, nos engañaron con la consigna de que los pesos nuevos sí valen, o de que podíamos defender el salario". Igual que en 1985, las nuevas medidas sólo habían venido a empeorar su nivel de vida.

Fue en este contexto que en junio el gobierno decidió aumentar la cuota de austeridad, devaluando el córdoba en un 566%, restringiendo aún más el acceso al crédito del sector productivo, aumentando el precio del combustible en más de un 1.000% y el de transporte inter-urbano en más de un 600% al mismo tiempo que manteniendo un control estricto sobre los salarios de los maestros, trabajadores de la saluda y del sector público en general, con un alza de sólo u 30%.

La gran diferencia entre las medidas de febrero y las de junio fue ésta: en febrero se movilizó el pueblo para defender el sistema del control de precios y salarios, de los expendios, etc. y en junio el gobierno decidió desmantelar gran parte de ese sistema sin movilizar al pueblo en nuevas tareas económicas, dentro de un modelo económico reformulado para enfrentar un período de aguda escasez. Junio/88 fue, sobre todo, el momento de reconocer que no se puede seguir con el modelo formulado en 1980, el momento de reconocer sencillamente que no hay recursos y el de empezar a buscar cómo reconstruir los elementos populares del modelo.

Como era de esperar con semejante paquete, el anuncio de las nuevas medidas suscitó fuertes críticas de casi todos los sectores, excepto de los representantes de la más reaccionaria empresa privada agrupada en el COSEP dio a las medidas- acerca de la capacidad del gobierno para llevar adelante un paquete tan austero en una coyuntura política tan delicada. Porque ésta es una coyuntura en la que la administración Reagan buscara al máximo el utilizar la insatisfacción popular en lo económico para su política militar, a la vez que los demócratas piensan también en la misma táctica para su estrategia contra el FSLN en las elecciones municipales. En tan delicada situación lo que no podía faltar del paquete era el pueblo.

Muchos piensan que el gobierno no será capaz de aguantar el rechazo popular a las medidas y que la crítica abierta y masiva en los buses, las oficinas públicas y los mercados y el incremento de robos, asaltos, etc. que enfrenta la policía terminarán obligando al gobierno a volver a ganar tiempo político suavizando las medias con nuevas alzas salariales y subsidios urbanos.

Tres alternativas ante el "paquete sin pueblo"

- Ceder al estallido de la olla de presión popular y volver atrás a la antigua política económica de solucionar los problemas de la dirección económica y política con el gasto público y con más inflación. En un segundo momento, esta alternativa podría resultar en un sistema aún más rígido de control estatal. "Si este paquete no funciona , vamos a tener que racionarlo todo.", señalo un dirigente sandinista en una asamblea de trabajadores.

- Mantener el paquete sin modificaciones fundamentales y correr el riesgo de perder más apoyo popular.

- Montarse sobre la misma críticas y demandas populares para modificar y complementar el nuevo paquete, utilizando la presión popular para fraguar una economía de sobrevivencia y de defensa, lo que exigirá no sólo un ajuste de los precios sino un reajuste de fondo de todo el modelo económico.

Aunque las medidas de junio constituyeron un paquete sin pueblo, no son parte de un proceso sin pueblo. Como ya sabían los dirigentes revolucionarios, la seriedad y honestidad del gobierno al tomar esas medidas van a desencadenar nuevas formas de presión de las masas, cambiando la correlación de fuerzas ........ y creando los espacios para reajustar la economía con nuevas formas de movilización de carácter más productivo.

El motor de esta dinámica de búsqueda de recomposición del modelo económico será justamente la experiencia que el pueblo tiene de los logros de la revolución y su anhelo de reencontrar el camino.

El modelo reconstruido no caerá del cielo. Sin incorporar a las masas y a miles de cuadros medios en proyectos económicos de corta maduración para enfrentar la escasez de productos básicos, las nuevas medidas están destinadas al mismo destino que las que se implementaron en febrero de 1985 y febrero de 1988. La segunda salida señalada no es imposible, pero sí es bien improbable dada la actual coyuntura político-militar.

La reforma monetaria de febrero: diversas evaluaciones

Se puede n distinguir tres distintas perspectivas en los debates que se dan en Nicaragua sobre la economía: La perspectiva popular, la perspectiva de los monetaristas y la perspectiva de los productores.

No son perspectivas mutuamente excluyentes. Muchas personas y muchos grupos sociales saltan de una perspectiva a otra. Mas aún, la cohesión ideológica del proyecto sandinista de defensa patriótica y unidad nacional significa precisamente que la mayoría de los sandinistas se preocupan por las tres perspectivas y que lastres se han incorporado dentro de una hegemonía política que ha resistido ocho años de una guerra que no tiene paralelo en el hemisferio.

No existe ninguna persona ni ningún grupo dentro del proceso revolucionario que mantengan una sola perspectiva. Todos se enmarcan en las tres simultáneamente. Y es que estas tres perspectivas son más bien como tres polos de tensión que actúan dentro de cada persona que piensa seriamente en cómo salir de la crisis económica, ya que la crisis económica está tensionando todo el modelo económico sandinista.

Aunque son estereotipos, creemos que la explicitación de las características de las tres perspectivas puede ayudar a entender la coyuntura económica actual y el contexto ideológico del paquete de medidas de junio. La aguda escasez d productos básicos y la falta de recursos empiezan a desarticular la unidad que se daba entre estos tres elementos: las demandas del pueblo, la respuesta productiva y las funciones de regulación monetaria del gobierno. Por eso, en la realidad y e los debates surgen como elementos encontrados.

La perspectiva popular:

"¿Por qué empezaron si no tenían un plan completo?"

La evaluación del pueblo -"las medidas no sirvieron para nada"- lleva en sí toda la infalibilidad del juicio popular y al mismo tiempo todas sus debilidades. El pueblo no evalúa qué habría pasado sin las medidas. La inflación mensual en el trimestre anterior a la reforma monetaria se había disparado a una tasa entre 240 y 300% y de continuar así, la tasa anual habría ido más allá del 3.500%.`

En marzo de 1987 los cálculos técnicos mostraron que la economía no podía aguantar más allá de noviembre sin un reajuste profundo. Desde 1992, el gobierno había estado utilizando el proceso inflacionario y el déficit fiscal para orientar la economía y para asignar los recursos. Aunque no se puede gastar lo que no se tiene, la inflación puede funcionar como un impuesto. Pero sólo hasta un cierto punto y es hasta el momento en que la inflación empieza a sobrepasar los márgenes de control. Mas allá de ese punto el gobierno pierde cualquier influencia sobre la economía. La economía de Nicaragua sobrepasó ese punto en el último trimestre de 1987 y entró en un proceso de hiperinflación. Sin un ajuste, el proceso de inflación galopante podía haber incapacitado no sólo la producción sino la misma defensa del proceso revolucionario.

El gobierno esperó hasta el último momento para implementar las medidas. Aun con ellas se estimaba que la inflación mensual en febrero- marzo iba a seguir al mismo ritmo de más o menos un 250%, debido a la inflación en los costos de los insumos importados provocada por la devaluación del moneda en 3.000%. Sin embargo, según el cálculo del nuevo Indice de precios al Consumidor, la inflación entre febrero y mayo fue de sólo un 48% mensual. Esto significa que el paquete de febrero iba logrando su objetivo fundamental de bajar la inflación porque a esa tasa la inflación anual hubiera sido sólo de un 576% muy por debajo de la tasa de 1.300% de 1987 y las tasas mensuales de 3.500% de diciembre y enero. En mayo, la inflación del Indice de Precios al Consumidor empezó a escalar hasta un 69% mensual, empujada sobre todo, no por el exceso de demanda sino por problemas en las oferta de insumos productivos y de producción básica). La inflación en la canasta básica de 46 productos fue aún mayor alcanzado el 113% sólo en la tercera semana de marzo. Era éste un signo más de que el centro del problema inflacionario está en la aguda escasez de productos básicos. También un signo de cómo el proceso de ajuste s pesa más fuertemente sobre las espaldas de los pobres.



Los salarios representados en el cuadro son los salarios de los 80 mil maestros, trabajadores de la salud y de otras instancias del gobierno y de los 130 mil miembros del ejército. En junio, los salarios fueron liberados para los 205 mil trabajadores de las actividades directamente productivas. Estos han recibido aumentos de mas de 30%, pero se trata de sólo de una fracción de los trabajadores, los obreros industriales. Los salarios de los obreros agrícolas, que son mayoritarios, están sujetos a las planillas de salarios para los créditos del banco y se han deteriorado quizás mas que los salarios del sistema SNOTS, por el problema de costos de transporte y abastecimiento en zonas rurales. Es decir, el cuadro refleja la realidad no sólo de los asalariados del aparato público sino la de la gran mayoría de los asalariados de Nicaragua.

Como demuestra el cuadro, los precios de los productos super-básicos que ocupan un lugar central en el consumo de los pobres se están inflando a un ritmo mucho más alto que la carne y los lácteos, más accesibles a las capas medias.

Aunque en junio el poder adquisitivo de los salarios ante la canasta mínima había descendido, como se ve en el cuadro, es innegable que sin las medidas la crisis económica y la situación de los pobres hubieran sido aún peores.

Aunque los trabajadores y el campesinado se mostraron muy críticos de las medidas del gobierno entre marzo y mayo porque su nivel de vida seguía disminuyendo, hubieran sido más acertados en sus criticas al acusar al gobierno no por aplicar las medidas sino por haber permitido que la crisis económica reventara completamente antes de aplicarlas.

Pero el hecho de que la crisis económica hubiera sido peor sin las medidas de febrero y de que ningún paquete hubiera podido estabilizar la economía nicaragüense en un período de 3 ó 4 meses, no quiere decir que el paquete y su implementación fueran adecuados. Las diversas explicaciones de las debilidades del paquete son importantes para entender los actuales debates sobre el porvenir de la economía.

En la perspectiva popular, la debilidad central de las medidas de febrero fue que el gobierno no sabía lo que estaba haciendo. Esta posición, que los sondeos de opinión empezaron a revelar también después de las medidas de febrero de 1985, tiende a incrementarse con cada nuevo paquete, porque el nivel de vida sigue deteriorándose.

La perspectiva del pueblo está teñida de un fuerte igualitarismo y critica cualquier medida que afecta los ingresos del pueblo, particularmente los del pueblo urbano. Critica la decisión de liberara los precios de los productos básicos y cualquier nuevo incentivo para los productores o para las escalas más altas del SNOTS. La perspectiva popular es enemiga de la devaluación del córdoba.

Esta perspectiva es la posición que más peso tiene en la mayoría de los sandinistas y justamente por eso influyó bastante en el diseño y la implementación del paquete económico de febrero. Pero el alza salarial y la movilización contra los especuladores de febrero fue una decisión apoyada no sólo en la perspectiva popular sino también en la perspectiva monetarista y en la de los productores. Muy pronto los precios de productos como el arroz y el aceite (sector oligopólico) y de los productos campesinos rompieron los precios establecidos. Los niveles de producción y la aguda escasez no permitieron que las medidas de movilización de febrero en la esfera del comercio tuvieron éxito, revelando así la necesidad de buscar cómo reformular las bases productivas y la alianza de clases que sustentan al modelo económico.

Mientras que la frustración de la movilización popular contra los especuladores y el rápido deterioro del salario real de los trabajadores confirmó la perspectivas más monetarista del equipo económico gubernamental de que no se puede distribuir lo que no se tiene y de que tanto la decisión de subir los salarios como la movilización popular fueron errores desde el principio, en la perspectiva popular la debilidad de las nuevas medidas sólo contribuyó a minar aún más su confianza en la gestión económica gubernamental.

La movilización popular en la segunda quincena de febrero tuvo un sesgo urbano. La UNAG automovilizó en el esfuerzo de acompañar las medidas. Pero la movilización no fue organizada para controlar los dos polos del problema del abastecimiento: ciudad y campo. La UNAG criticó la movilización para controlar los precios, porque obviamente eso dañaba los ingresos campesinos.

Este sesgo urbano caracteriza el conjunto del modelo económico sandinista e impide tanto la estabilización de la economía como la movilización popular necesaria para estabilizarlo. El hecho de que no había bases económicas para continuar y profundizar la movilización popular en marzo es un indicador de las fisuras que están apareciendo en el modelo económico y de que el sesgo urbano del mismo ya no puede mantenerse. No se puede movilizar a nadie para controlar una oferta productiva que no existe y las posibilidades de movilizar masas para aumentar la oferta están en le campo y en lo que más se parece al campo en las ciudades: el artesano y las actividades productivas del sector informal.

A pesar de los resultados negativos de los jornadas de movilización popular durante febrero, la perspectiva popular seguía influyendo en la implementación del paquete económico, particularmente en la rigidez del gobierno en no ajustar la tasa de cambio progresivamente. Hubo acuerdo entre las varias fracciones de la tecnocracia aun en el primer día de la reforma, de que la tasa de 10 a 1 era algo irreal y de que esa tasa iba a ser poco efectivo para frenar la inflación en la medida en que la tasa del mercado negro se alejaba de la oficial en 600, 800 y 1000% por encima del 10 a 1. No obstante, esta tasa irreal se mantuvo hasta junio.

Otra razonable crítica popular a las medidas de febrero fue: "¿Por qué no lo hicieron todo de una vez? ¿Por qué devaluaron a 10 x 1 si lo iban a cambiar de nuevo a penas un par de meses?" Sin duda, una única devaluación más fuerte en febrero, aprovechando la movilización popular, hubiera sido una medida mucho más acertada. En las primera dos semanas de febrero, hubo crítica de los técnicos porque los cálculos para la devaluación fueron mal hechos y porque una tasa de 15 ó 20 por dólar se hubiera adecuado mejor a la situación de la economía.

El gobierno no tomó en cuenta estas críticas por una serie de razones operacionales, pero todo por el miedo al impacto político de una devaluación tan fuerte. Por esto y con toda razón, el pueblo tiene derecho a criticar el mal cálculo y los efectos de la doble devaluación/doble- paquetazo, pero también es justo que el pueblo reconozco que el gobierno hizo el mal cálculo llevado por el deseo de golpear lo menos posibles los ingresos populares. Es decir, dentro de la gran justicia del reclamo hay elementos críticos que no son justos. La devaluación no se hizo "de una vez" precisamente porque el gobierno intentó responder a las necesidades y demandas del mismo pueblo.

Donde el pueblo tiene más razón en pedir cuentas a su gobierno es sobre si existe o no una estrategia productiva de sobrevivencia para un país azotado productiva de sobrevivencia para un país azotado por la guerra.

Se considera que el discurso del presidente Ortega el 14 de junio fue un excelente intento de hacer entendible el nuevo paquete a los asistentes, en su mayoría representantes populares. Pero la gran brecha que se ha dejado abrir entre la conciencia popular y los planes del equipo económico gubernamental ha sido más que obvia en la semana posterior al anuncio de las medidas de junio. Un 80% de las preguntas hechas al presidente ese día fueron de corte popular y la dialéctica entre el Presidente y las bases demostró que sólo nuevas formas de movilización económica del pueblo serán capaces de cerrar la actual brecha que está separando a la tecnocracia que formula las medidas y al pueblo que tiene que vivirlas.

LA PERSPECTIVA DE LOS MONETARISTAS:

BAJAR EL DEFICIT Y PARAR LA INFLACION

Desde la perspectiva de los monetaristas, el enemigo número uno es la inflación y la tarea central del paquete de febrero fue la de reducir el déficit global del gobierno y la masa monetaria que circulaban entre la población.

El objetivo de los monetarios es doble:

1. Restablecer la capacidad del Estado de orientar y guiar la economía, que estaba a punto de perderse por completo a fines de 1987.
2. Crear las condiciones de mercado necesarias para recuperar la producción.

Los dos objetivos son vistos por ellos como la única salida para el país y para la clase trabajadora a mediano plazo. La lógica de fondo es: sin la defensa del sistema monetario se socava el poder revolucionario y si todos no se meten en la cabeza que la única salida es elevar la productividad sólo estamos engañando al pueblo.

Aunque las perspectiva de los monetaristas nicaragüenses difiere de los criterios monetaristas ortodoxos porque utiliza esos criterios para restablecer la capacidad de un Estado revolucionarios, su programa para rectificar la economía es perfectamente ortodoxo. Apuntan a mejorar la rentabilidad de las exportaciones de los salarios reales de los trabajadores. Luego, para defender el sistema monetario contra los efectos inflacionarios de la devaluación restringen el crédito a los productores comerciantes. Con estos dos pasos, los monetaristas buscan golpear al sector especulador para redistribuir los escasos recursos hacia las empresas más eficientes y rentables.

El cambio de moneda redujo la masa monetaria en más de un 15%, una tercera parte de la cual era circulante. Después de ver los resultados de marzo, la perspectiva monetaristas ganó terreno en los círculos gubernamentales y varios dirigentes criticaron severamente las alzas salariales de febrero porque los beneficios plenos del cambio de moneda para enfrentar el exceso de liquidez fueron anulados por las alzas nominales de los salarios. Las alzas salariales de febrero beneficiaron más a los rangos medianos y superiores del escalafón del SNOTS. Según los monetaristas, independientemente de las clases beneficiadas, no se puede pagar lo que no se tiene. Sin mayor producción de los bienes que la clase trabajadora pueda comprar con sus salarios, cualquier alza salariales será meramente nominal.

Entre febrero y mayo, el déficit fiscal fue un 20% más alto de lo programado. Para los monetaristas el déficit y la inflación son dos caras de la misma moneda. La recaudación de impuestos fue carcomida fuertemente por la inflación. Aunque en su análisis de abril envío evaluó que los subsidios vía del crédito fueron casi la única válvula de escape que el paquete ofrecían para incentivar la producción y controlar la inflacion, la perspectiva monetarista considera que el crédito barato fue una de las causas centrales de la inflación y del crecimiento del déficit fiscal entre febrero y mayo. Estiman los monetaristas que el nivel de crédito está íntimamente ligado al proceso alcista y que el crédito barato en vez de estimular la producción la está desestabilizando, porque siendo tan barato el crédito se guarda parte de él para especular o para subsidiar la ineficiencia de la producción y aun así se puede pagar el banco, terminando por ser un buen cliente del banco pero un mal productor, como dijo el ministro de planificación Alejandro Martínez Cuenca.

El corte de un 10% de los gastos del gobierno realizado a través de la compactación fue anulado por el pago de 3 meses de salario como subsidio a los compactados y por subsidios mas altos que los esperados para el arroz y los servicios de luz y transporte urbano.

A partir de junio, como estaba planificado, el recorte del presupuesto del gobierno central empezará a tener su impacto positivo sobre la economía y pareciera que se va a superar la meta del 10%. Aunque los monetaritas presionan para bajar los subsidios al consumo básico, su y mayor preocupación está centrada en las emisiones de córdobas del banco central para cubrir el crédito barato para los productores y salarios más altos de los trabajadores. Los subsidios al consumidor ya no les suponen problema. El interés de los monetaristas está en lograr una transferencia estructural de los ingresos de los trabajadores y de los productores hacia el sistema financiero para poder reasignar esos recursos hacia el sector agroexportador.

Según esta perspectiva, el paquete tuvo beneficios económicos, aunque no se perciben todavía en el consumo popular. Se redujeron las pérdidas cambiarias con el la unificación de la tasa de cambio. Se preparó la reducción del presupuesto del gobierno en más de un 10%. La devaluación del córdoba fue positiva, pero el progreso tanto en ordenar los precios relativos como en mejorar los incentivos para exportar no fue suficiente por la lentitud de en las devaluaciones siguientes a la devaluación inicial.

La evaluación global que hacen los monetaristas del paquete de febrero es ésta: con esas medidas la economía empezó a caminar en la dirección correcta, pero hace falta apretar aun más los tornillos para frenar la inflación.

La perspectiva de los productores: peligro de una recesión

Dentro del campo de los productores hay varias perspectivas:

1) La de los que quieren preparar las bases para un sector más socializado y más modernizado tecnológicamente a través del programa de inversiones públicas y del desarrollo del APP.
2) La de los empresarios privados de la industria y la agroexportación.
3) La de los pequeños y medianos productores, la de los cooperativistas y la del campesinado y la de los que proponen una profundización de la reforma agraria, el mejoramiento de los servicios estatales a la pequeña producción independiente y cooperativizada y la consolidación de la alianza de la revolución con este último grupo de productores.

A pesar de diferencias agudas entre estos 3 grupos, la perspectiva desde la producción funciona como un frente común contra las políticas monetaristas.

En su evaluación del paquete de febrero, los productores concuerdan con los monetaristas en que no se logro una de las metas principales de las medidas, que fue la de garantizar que las exportaciones fueran más rentables que la venta de la producción en el mercado interno. En la producción industrial los precios internos estuvieron en la mayoría de los casos muy por encima de los precios de exportación. En marzo, abril y mayo, la situación fue igual con los precios de la carne, el azúcar, el algodón e incluso el precio de la liquidación del café se vio amenazado por los niveles de inflación en el mercado interno.

La nueva devaluación de junio ha solucionado en gran medida este problema de rentabilidad. A finales de junio la rentabilidad del café la carne y el ajonjolí habían mejorado sustancialmente mientras que el tabaco, el azúcar y el algodón presentaban todavía rentabilidades negativas a pesar de una devaluación conjunta de 10.000% desde febrero. Las señales son muy claras: sólo los productores competitivos, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y los campesinos son rentables. Los rubros oligopólicos como el azúcar o los altamente tecnificados -algodón y tabaco- representan una carga para el pueblo. Por más devaluaciones que se haga no producen divisas.

Las diferencias entre la perspectiva de los monetaristas y la de los productores surgen ante este interrogante: "¿Cómo estimular la producción?" Los monetaristas dicen que hay que ajustar las condiciones de mercado de tal forma que el que no trabaja no coma y así impulsar la producción.

Los que defienden la perspectiva de los productores mantienen que en Nicaragua después de la segunda guerra mundial la producción fue impulsada siempre por mecanismos keynesianos de financiamiento público y que esto fue particularmente indispensable cuando los términos de intercambio internacional se volvieron muy desfavorables. Durante el somocismo siempre se negociaba y controlaba políticamente a la burguesía algodonera y otros productores a través de los "saldos insolubles", que fueron parte de la administración normal de la producción que hacía el aparato financiero somocista. La revaluación de las deudas a largo plazo en el nuevo paquete significa, según los productores, especialmente los ganaderos, que sus saldos se vuelvan insolubles.

Por primera vez desde 1979, hay hambre

Sin embargo, el problema económico fundamental de los productores en esta coyuntura no es la injusticia del mercado internacional, porque los términos de intercambio no están especialmente malos. El problema es, más bien, de escasez de alimentos, de divisas, de producción nacional de insumos productivos y esto lo distorciona todo. El precio del café en el mercado internacional no esta mal. En las comarcas de la meseta de carazo, donde la reforma agraria ha dado cafetales a los campesinos, se encontraba comida y otros artículos en las pequeñas tiendas rurales, pero con el segundo paquetazo de junio, en las comarcas campesinas de las faldas bajas de la meseta, donde la población es semi-asalariada (El Arenal, Las Sabanitas, El Pochote) no hay nada en las pequeñas pulperías porque sus dueños no tienen nada que vender los campesinos tienen dinero para comprar. Por primera vez desde el triunfo de la revolución se escucha la palabra "hambre" en estas zonas.

Este tipo de fenómeno, en el que la devaluación liquida el movimiento comercial en todo un sector sólo puede darse en una economía de aguda escasez, donde ni los productores ni los asalariados tienen suficiente liquidez para reiniciar la producción si son acomodados o para comer si son pobres.

El motor de la inflación en Nicaragua es la escasez, no los términos de intercambio ni tampoco la espiral precios-salarios o un exceso de liquidez en manos de productores y trabajadores. De esa escasez de aprovechan los que manejan capital especulativo y las empresas oligopólicas.

La contrapropuesta de los productores a los monetaristas es que se bajen los costos de producción. En la práctica esto significaría subsidiar al sector productivo con una tasa de intercambio para la importación menor que la tasa de exportación. Tal excepción de la tasa unificada significaría más pérdidas cambiarias para el Estado y más inflación, la que desde la perspectiva monetaria es el enemigo número uno.

Economistas que defienden el punto de vista de los productores argumentan que estos subsidios a la agroexportación, que se llaman pérdidas cambiarias, pueden ser inflacionarios en un primer momento, pero que el incremento de la exportaciones y el control de divisas obtenidos contrapersarían con mucho el primer efecto inflacionario.

El argumento central de los productores es el siguiente: al eliminar demasiado rápidamente los subsidios del Estado a la producción, los productores dejarán de producir. Según ellos, sus costos han aumentado y el pueblo no tiene de generar recesión y, por tanto, una mayor inflación.

La respuesta de los monetaristas, es que no hay peligro de generar recesión, porque ya la economía está estancadas en una profunda recesión productiva, no sólo por la guerra sino por el mismo que han tenido los productores con subsidios demasiado altos. Aunque esto puede ser cierto para la producción del MIDINRA, el sector privado empresarial y los productores medianos que han recibido acceso al crédito a largo plazo, es imposible sostener que la producción normal del campesinado y la pequeña y mediana producción del interior del país hayan sido mimadas por el Estado en los programas de crédito a corto plazo. Más bien, la producción de estos grupos mayoritarios ha sido socavada por las políticas comerciales del Estado y sufre de una escasez aguda de insumos y de la infraestructura comercial necesaria para que los insumos lleguen, aun cuando el Estado pudiera importarlos.

Los que defienden el punto de vista de los productores argumentan contra los monetaristas que después de las medidas de febrero el problema no ha sido el de la sobreutilización del crédito productivo barato sino más bien la disminución del uso del crédito en el período de febrero a mayo.

El crédito a largo plazo, especialmente a los productores de café y ganado, que son los rubros más importantes para incrementar la exportación, quedó muy por debajo de lo programado. Asimismo, la inversión pública mostró la misma tendencia recesiva. Los desembolsos para los grandes proyectos agroindustriales del MIDINRA fueron recortados durante el período de febrero a mayo, aunque menos que los créditos ya la agroexportación de los pequeños y medianos productores.

Aunque en el crédito a corto plazo, donde había la necesidad de restituir los niveles de liquidez perdidos por el cambio de moneda, no ese ha visto una sobreutilización, como sostienen los monetaristas. El crédito a corto plazo al sector industrial estuvo muy por debajo de lo programado, al igual que el crédito a corto plazo para los productores agropecuarios, quienes a pesar de incrementar el área de siembra en un 44% sobre le año pasado, andaban muy cerca a lo programado para el créditos con la excepción de lo enormes créditos concedidos a una sola empresa, CANSA, crédito que en el fondo fueron un subsidio a los consumidores de azúcar. También hubo subsidios para ENABUS, INE (electricidad) y el arroz. Y con subsidios MICOIN logró mantener el abastecimiento del ejército del sector salud y bienestar social ay de otros sectores no productivos, mientras que estos subsidios se recortaban en la red territorial de los expendios.

Los productores agropecuarios no reclaman el recorte de los subsidios a la población urbana, pero sí reclaman que no se corten totalmente los subsidios a la producción, porque con costos de producción cada vez más altos no podrán producir, lo cual dañaría a la población urbana sea cual sea el subsidio que le ofrezca el Estado a consumidor.

Tanto el pueblo como los productores evalúan las deficiencias del paquete de febrero de una forma bastante distinta a como lo hacen los monetaristas. Mientras que los monetaristas mantienen que el problema fueron los salarios demasiado altos a los trabajadores y lo créditos demasiado generosos a los productores los que causaron la inflación, el pueblo y los productores concuerdan en que la causa principal de la inflación -fuera de la guerra- de la inflación es la escasez de insumos, los costos de producción demasiado altos, la poca oferta de producción básica nacional y los consumidores con insuficientes ingresos para demandar más producción.

La lógica de los monetaristas que dicen que hay que subir los precios de exportación y bajar los salarios para corregir así la distorsión de los precios relativos entre ambos supone que los salarios van subiendo y creando el problema inflacionario. Si esto fuera así, un ajuste monetario nominal como el que proponen podría solucionar la distorsión. La lógica del pueblo y la de los productores parte del hecho de que sólo después de las medidas de febrero los salarios no solo no han ido subiendo con respecto a los precios sino que han bajado en términos reales, incluso más de un 50% .

La perspectiva de los productores,excepto el tipo de productor que representa un gran empresario reaccionario como Ramiro Gurdián, es semejante a la realista perspectiva del pueblo: hay que producir más porque sólo así se puede lograr una recomposición real de la estructura de los precios relativos.

Aunque hemos personificado estas posiciones, son de hecho tres polos tensionantes del modelo económico sandinista, que necesita reasentarse sobre nuevas bases productivas. Sin medidas complementarias que estimulen la producción, el alcance y la viabilidad del paquete monetario serán muy limitados.

Las fases incompletas del paquete de febrero

En su evaluación de las primeras cinco semanas de la reforma monetaria de febrero, envío señalaban la existencia de tres fases en el nuevo paquete económico:

1) la reforma monetaria;
2) la reforma institucional o compactación del Estado;
3) la movilización popular en torno a la eficiencia productiva.

De manera global se puede decir que el gobierno cumplió la fase de reforma monetaria sin poder avanzar en las dos fases siguientes. El Estado gestionó el cambio de moneda con gran agilidad, aunque posteriormente no pudo ajustas las reformas en que había hecho a lo que sucedía en el mercado, provocando así las deficiencias señaladas por los monetarias.

El Estado se empantanó en su reforma institucional, en el proceso de reducir el presupuesto y en el de unir los distintos aparatos administrativos, impidiendo avances significativo en los aspectos cualitativos de la compactación, los que según han señalado varios dirigentes, están todavía pendientes. Se han dado algunos pasos para mejorar el proceso bancario y para simplificar otros trámites administrativos, pero el resultado del período febrero/mayo fue un gobierno menos ágil y menos capacitado para actuar incisivamente sobre la economía por estar absorbido por las tareas de su reforma interna.

En la tercera fase del programa de febrero se perdió el ritmo de la movilización popular económica. En la medida en que la movilización popular contra los detallistas y especuladores ya no daba resultados empezaron aparecer las primeras semillas de una nueva conciencia popular bastante extendida en torno a la eficiencia productiva y a la necesidad de aumentar la producción. Esta necesidad de aumentar la producción. Esta conciencia creciente fue aprovechada sólo entre los trabajadores del sector industrial, que no representan un porcentaje significativo en la población económicamente activa del país. El impulso hacia la producción y la movilización por la eficiencia productiva no han echado raíces en el sector cooperativo urbano o rural ni han tenido reflejos en la atención del Estado a la pequeña producción industrial y rural, sectores que representan a más de un 60% del pueblo trabajador.

Tanto por estar empantanada en la compactación administrativa como por los acontecimientos militares de la Operación Danto de marzo/88 y el horizonte diplomático que abrió la iniciativa de Sapoá, la dirección económica del Estado no fue capaz de mantener el ritmo de la movilización popular iniciado en febrero. Con la desmovilización en la esfera de la comercialización no se logro pasar a un programa menos dramático pero más efectivo de movilización productiva. La gran mayoría de las bases quedaron inactivas, espectadoras pasivas y crecientemente críticas de la gestión estatal en la economía.

Esta desconexión entre la movilización económica popular y la implementación de las nuevas medidas de política económica fue la debilidad más profunda del paquete económico de febrero. Al distraerse de la movilización económica durante marzo, abril y mayo, el Estado perdió control sobre la dinámica de la reforma económica, quizá la más crucial desde el triunfo revolucionario, y al hacerlo perdió una parte significativa de los beneficios del cambio de la moneda. Este cambio es ya un cartucho económico gastado. La movilización popular en las jornadas de febrero podía haber sido el "inicio de una insurrección económica" contra la cultura de consumo subsidiado y la ineficiencia administrativa, tanto en el apartado del Estado como entre las masas de trabajadores. Al haber perdido la oportunidad de febrero, será mucho más difícil recuperar el impulso para esa insurrección, que es crucial para poder estabilizar la economía nicaragüense.

El Gobierno no pudo mantener el ritmo de movilización popular no sólo por los acontecimientos político-militares coyunturales sino por razones de orden más estructural: 1) el gobierno no tiene todavía una estrategia productiva que incorpore la movilización económica popular y 2) el gobierno no tiene los cuadros suficientes para implementar una estrategia económica verdaderamente popular, porque sus cuadros políticos han dejado la economía en menos de los técnicos y porque la defensa ha causado un notable drenaje de cuadros asignados a la economía realizan más bien trabajo político o atornillan al revés de lo que atornilla el Estado, sin coordinarse con los que han elaborado la nueva política.

La reintroducción del pueblo dentro del paquete económico exigirá un traslado de preocupación y de cuadros desde otras áreas hacia el terreno de la lucha económica.

El peligro de un paquete incompleto

En la fragua de la formulación del nuevo paquete de medidas de junio, la perspectiva monetarista ha triunfado sobre la perspectiva de los productores y la del pueblo. En otras palabras, la recuperación económica de la capacidad del Estado para influir sobre la economía ha sido priorizado por encima de las necesidades inmediatas de grandes sectores del pueblo. Aunque el pueblo nicaragüense acepta esa priorización cuando se trata de defender la dignidad nacional, es dudoso que acepte esa fórmula en el campo de la economía cuando el consumo público del PIB superaba el consumo del pueblo, aun antes de las medidas de 1988.

La composición del consumo público ha ido cambiando además rápidamente desde el principio de la década, cuando respondía a las necesidades inmediatas de la población, hasta 1983-84, cuando la defensa subió aceleradamente como un componente básico del consumo público y hasta 1985, cuando la inflación empezó a anular los beneficios de la extensión del gasto público.

Si durante el período de febrero a abril las posiciones populares se impusieron sobre las perspectivas de los monetaristas en cuanto al alza salarial y las de los productores empresariales en el freno a la devaluación progresiva del córdoba, indexando la tasa de cambio - es decir ajustándola la movimiento de los índices de inflación en el mercado-, durante mayo y junio la perspectiva monetarista ha desplazado casi por completo las preocupaciones de los sectores populares y las de los productores. Caba señalar que este cambio de perspectiva no se debió a un recambio de grupos de decisión sino a una evolución en al perspectiva económica en el seno del gobierno.

El esqueleto del paquete de junio es éste:

1) Mantener unificadas las tasas de cambio.

d) Devaluar el córdoba en un 515%, lo que de por sí tiene que producir alzas de más del 170% en los precios de los productos nacionales.

3) Indexar la tasa de cambio al proceso inflacionario medido por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, la tasa de cambio irá subiendo al mismo ritmo que la inflación y no según decisiones administrativas.

4) Incrementar los salarios de la gran mayoría de los trabajadores en sólo un 30%, lo que elimina cualquier posibilidad de que los salarios ejerzan una influencia inflacionaria, pero también significa que el salario promedio sólo puede comprar un secta parte de lo que compraba antes de la nuevas medidas. Las medidas salariales afectan más directamente al Estado. La liberación de los salarios en el sector productivo no supone aumentos realmente significativos.

5) Fortalecer los comisariatos para abastecer a los obreros de las fabricas e ir abandonando rápidamente el abastecimiento del pueblo a través de las redes territoriales estatales lo que significará una inflación adicional en el precio de la comida para la gran mayoría de los consumidores.

6) Eliminar los subsidios por la vía del crédito al sector productivo con montos de crédito y tasas de interés ajustados a indexados al proceso inflacionario medido por el IPC.

7) Instalar un nuevo sistema de garantías bancarias en el que las empresas comerciales -privadas o estatales- no podrán especular con la inflación como era su costumbre. En el nuevo sistema, el sistema financiero se beneficiará de estas ganancias para poder reasignar estos recursos al impulso de la exportación

8) Liberación de los precios y de los salarios. Sólo los empleados del gobierno central estarán sujetos a las escalas salariales del SNOTS, lo que significa que el Estado abandona el sistema de controles administrativos microeconómicos sobre la economía.

Cuál será el impacto del paquete

No hay discusión sobre cuál será el impacto de este paquete, tal como está estructurado:

-Transferirá recursos de los rubros de consumo interno hacia los rubros de exportación.

- Acelerará la caída del salario real transfiriendo más plusvalía a los que controlan capital.

- Transferirá recursos de los que manejan poco capital comercial hacia los que manejan mucho capital comercial, de los pequeños productores hacia los empresarios.

- Transferirá los ingresos de los obreros, consumidores, campesinos y pequeños productores e incluso de los empresarios no exportadores hacia el sector público financiero para de ahí pasarlo hacia el sector agroindustrial y agroexportador.

Lo que está en cuestión son los resultados posteriores a ese impacto: ¿Habrá menos inflación y menos distorsión de los precios relativos? ¿La oferta productiva será mas dinámica?

En este punto del proceso revolucionario en Nicaragua, el pueblo no se pregunta si las nuevas medidas tendrán éxito sino cómo será el próximo paquete. El problema no son las medidas particulares -aunque habrá fuertes debates sobre ellas en julio y agosto- sino el rumbo mismo del proceso revolucionario.

El peligro de este paquete incompleto no es la devaluación y el control del déficit fiscal -que eran sumamente necesarios- sino la pérdida de tiempo político y económico si no se elaboran medidas complementarias para responder a los problemas más profundos que han debilitado el modelo económico popular iniciado en 1980.

Grietas profundas en el modelo de acumulación

En la medida en que no se atiende alas estructuras más profundas del modelo económico, las perspectivas tienden a parcializarse y pueden desarticular el balance que el gobierno ha mantenido entre las tres perspectivas. Es decir, los monetaristas tienden a tratar la coyuntura económica como si se tratara de solamente de un problema de saneamiento de las finanzas del Estado. Los productores pelean cada medida como si la coyuntura estuviera definida por la lucha en los niveles de rentabilidad. Los intereses de los obreros y campesinos se defienden sin tener en cuenta las enormes restricciones que enfrenta el Estado. La prensa internacional piensa que el gobierno ha tomado la decisión de transar con el sector privado aceptando sus modelos como un paso necesario para iniciar negociaciones con los Estados Unidos y que el proceso revolucionario está desgastado.

Pero la coyuntura no es tan estable como piensan los monetaristas ni tan inestables como imaginan los comentaristas internacionales, sino que ha entrado en un período en el que los acontecimientos sobrepasan la capacidad de análisis, como lo demuestran dos ajustes tan profundos en menos de cuatro mese.

No están inestable la coyuntura como piensan los hombres de prensa, porque no serán los Estados Unidos y el COSEP los que definan la nueva estrategia productiva y el nuevo modelo de acumulación en Nicaragua sino el pueblo y sus dirigentes. No es tan estable la situación como piensan los monetaristas porque han aparecido grietas profundas en el modelo de acumulación de la revolución. Es decir, no han sido las tasas de interés las que han ocasionado problemas al modelo sino más bien son las fisuras del mismo modelo y la mala asignación de los recursos a las distintas clases que lo sustentan las que han hecho inviable el paquete de políticas económicas que la revolución empleó ente 1980 y 1988.

El nuevo paquete de junio no es el borrador de un nuevo modelo sino más bien es un intento fundamentalmente monetaristas, de reparar las fisuras del antiguo. Aunque se ha hecho un gran servicio a la revolución lanzando las medidas de febrero y junio para ganar tiempo, para impedir que la tasa de inflación llegará a 5 dígitos, el nuevo modelo de acumulación se va a fraguar en la dialéctica entre los productores oligopóliticos, el pueblo productor y el Estado revolucionario. Quizás el servicio más importante que presten las medidas será el de haber puesto en movimiento las fuerzas sociales que son necesarias para reconstruir las bases productivas y materiales del modelo económico sandinista.

Un cambio de tono técnico, pero no de melodía económica

Aunque pareciera que el paquete económico de junio va a ser el fin de una época de política económica sandinista caracterizada por el uso del gasto público y los subsidios para solucionar las tensiones económicas y políticas, en sus dinámicas más profundas el paquete de junio lleva el mismo estilo que ha caracterizado la gestión económica sandinista desde el momento del triunfo revolucionario.

SI se quiere, los programas de febrero y de junio representan un profundo cambio de clave o un giro técnico, pero no cambian la dinámica central de la gestión económica del país.

Como hemos señalado, la contradicción mayor del nuevo paquete es que no tiene pueblo. Esta ausencia es la expresión de las profundas fisuras en el modelo de acumulación. Las contradicciones de la nueva variante del modelo que reprioriza la agroexportación tradicional sobre el proyecto más agroindustrial del MIDINRA son reales pero secundarias. La recomposición del modelo afecta más fuertemente a los componentes nacionales no exportadores del programa de agroindustrialización de la industria lechera o el proyecto de palma africana. Estas contradicciones han sido suavizadas e esta coyuntura porque, a pesar de los recortes de febrero, parece que todos los proyectos del MIDINRA siguen ejecutándose, lo cual es positivo en algunos casos pero debilita el programa de ajuste y estabilización en otros casos, como ya hemos señalado en anteriores números de envío (febrero y abril).

Durante los primeros años del modelo sandinista la política económica de fondo ha sido la de crear las condiciones de inversión y de transformación tecnológica que puedan permitir en el futuro más producción en vez de mantener e incrementar la producción actual. La política económica encerrada en el monetarismo del nuevo paquete es la de crear las condiciones de mercado que puedan permitir en el futuro más producción. La única diferencia es ésta: en el caso del modelo original se abre el chorro del crédito y en el caso de la recomposición monetarista se cierra. Quienes pagan el precio para lograr en el futuro mas producción en cualquier de los dos esquemas son masas de trabajadores y campesinos, aunque el precio que tienen que pagar es mucho mayor en el modelo recompuesto y esto por la falta de financiamiento externo, que fue el mecanismo con el que lanzar el modelo sin gravar inmediatamente los ingresos del pueblo. Vale decir que la guerra ha sido el principal factor que ha acentuado las fisuras del modelo económico.

Un mero aplauso o un simplemente rechazo a las nuevas medidas -como han hecho los representantes del COSEP por un lado y la ultraizquierda por el otro- es bastante superficial. Era imprescindible devaluar el córdoba para asegurar la rentabilidad de nuestras exportaciones y para continuar rectificando la distorsión de los precios relativos. Es también indiscutible que tarde o temprano habría que ajustar la tasa de interés y lograr un mejor control sobre el crédito al sector productivo, aunque se podría discutir la violencia de un cambio tan brusco del costo del crédito para los productivos y el peligro que ese cambio en los incentivos productivos causará en la oferta destinada al mercado interno.

Las medidas fueron necesarias pero el paquete resulta incompleto. Sin la rápida elaboración de otras medidas compensatorias y complementarias a la línea fundamental del paquete, se podrían perder de nuevo los efectos positivos de medidas como la devaluación, que tienen necesariamente un tan alto costo político. De la misma forma que el ritmo de transformación tecnológica de involucraba el proyecto del MIDINRA superaba la capacidad nacional de llevar a cabo los otros elementos del modelo económico popular junto con el costo de la guerra, pudiera ser que ahora el ritmo de recomposición buscaba con las medidas de junio tenga un costo político demasiado alto si no está acompañado de una serie de paquetes compensatorios.

El porvenir del paquete de junio, como el de todo el proyecto de economía mixta de un gobierno de orientación socialista que maneje las reglas del mercado en un país de la periferia capitalista depende de dos factores internos fundamentales:

1) La dialéctica entre la solidez política del gobierno y la confianza del pueblo en sugestión económica
2) Lla coherencia técnica de su programa económico.

En Managua, las primeras reacciones a las medidas subrayaron la necesidad de complementarlas con nuevos elementos e indican que el paquete de junio podría encontrar problemas tanto en el frente político como en el frente técnico.

Percepciones populares y presiones políticas

La percepción popular ante el FSLN y el gobierno está marcada por un gran apoyo político a su proyecto anti-imperialista y por serias dudas sobre la capacidad de su gestión económica. Esta disyuntiva política/economía en la conciencia popular ha salido en todos los sondeos de opinión pública. Un análisis de la Escuela de Sociología de la UCA explicó, que sobre la base de información obtenida en junio de 1986, que las clases populares de Managua dudaban de la capacidad económica de su gobierno pero aceptaban que la causa de la crisis económica era la agresión norteamericana y los costos de la guerra.

Dudaban de la gestión económica de su gobierno porque cada intento de reajuste económico hecho en 1985 había traído la cosecha de mas inflación y un deterioro de sus ingresos. Por otro lado, su propia experiencia les convencía de que eran Reagan y no los sandinistas quien tenía la culpa de su empeorada situación económica. Y esto porque sus ingresos y su nivel de vida había mejorado sensiblemente entre 1979 y 1983, el año den el que la agresión norteamericana adquirió un peso significativo sobre la economía, a la par que el año en el que el salario real de las clases populares empezó a sufrir un fuerte deterioro.`

Otros investigadores de la UCA han estudiado el impacto económico de las medidas de febrero sobre las clases populares en Managua y Carazo. En base a unos estudios de casos analizados antes y después de las medidas de febrero, el estudio demuestra que las medidas ha golpeado fuertemente el sector informal, tal como esperaba la dirección económica del gobierno. Pero el impacto de las medidas ha sido desigual: en el sector informal de las clases pobres, el ingreso de la familia ha bajado sustancialmente y sus miembros han tendido que abandonar sus actividades y buscar trabajo asalariado.

El sector informa urbano ha sido la válvula de escape donde la clase obrera resolvía el problema del deterioro de su salario real. Las medidas de febrero, y aún más las de junio, están obligando a los informales a regresar al sector asalariado, donde a su vez las nuevas congelaciones salariales les dejan sin ninguna salida. en este contexto, el alza salarial de sólo un 30% es sentida como una bofetada o una burla cuando los precios de algunos productos claves aumentaron al ritmo del aumento de la tasa de cambio en un 566% y el combustible y el transporte interurbano subieron en 1.066 y 350% respectivamente. A partir de las nuevas medida, muchos obreros de Managua que residen en el cinturón verde que rodea la capital o en ciudades "dormitorios" no han podido llegar a sus puestos de trabajo porque el pasaje del bus es mayor que su jornal. Desde la ciudad de Masatepe, el pasaje ida y vuelta es de 90 córdobas diarios, cantidad que multiplicada por los días hábiles es mayor que el salario mensual completo de las escalas más bajas de la administración pública que se rige por el SNOTS.

Por otro lado, en el sector informal más acomodado, aunque las familias fueron afectadas durante las primeras semanas que siguieron al paquete de febrero, fueron recobrando después el nivel de sus anteriores ingresos.

Tanto en el sector informal como en los escalafones salariales del SNOTS, las medidas de febrero generaron una distribución de ingresos menos igualitaria, efecto normal de cualquier ajuste económico en el que se devalúa drásticamente la moneda nacional. Este proceso de diferenciación salarial y de polarización del sector informal en proletarios y pequeños empresarios se incrementará con las medidas de junio.

La percepción popular de que las familias más acomodadas no han sido tan afectadas por las medidas como lo han sido las de clases populares tienen su fundamento en la realidad. Por eso, la alabanza de Ramiro Gurdián -"Apoyo y aplaudo las nuevas medidas del gobierno sandinista"-, ha hecho mas daño al gobierno que todas sus anteriores críticas. Aunque las nuevas medidas van a golpear también fuertemente a las capas medias y a los productores de la pequeña burguesía, la percepción del pueblo trabajador a partir del deterioro de sus ingresos va a ser otra y esa percepción constituirá una presión política que el gobierno tendrá que afrontar.

¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificarse el pueblo?

El pueblo de Nicaragua ha demostrado que está dispuesto a sacrificarse por la dignidad nacional, pero es de esperar que presionará a su gobierno para que cobre más igualitariamente a todos el derecho de ser nicaragüense. Aunque en el caso de que las empresarios fueran eficientes y de que su producción significara una estabilización de los salarios de la clase obrera, es difícil pedir sacrificios a las fuerzas motoras de revolución si éstas ven que los empresarios están tan alegres con el paquete económico. En una coyuntura en la que la ineficiencia de las empresas oligopólicas es una carga sobre las espaldas del pueblo y en medio de una economía de escasez, es de esperar bastante agitación desde las bases.

El más reciente sondeo de opinión pública realizado el 4 y 5 de junio por IZTANI, Centro de Investigación asociado con la Universidad Centroamericana, reveló nuevamente una dicotomía entre las actitudes políticas y las económicas, pero demostró además unas percepciones económicas nuevas que están anunciando que el costo político del nuevo paquete económico va a ser más alto de lo que se imagina el gobierno.. El sondeo demuestra que un 71.7% de la población de Managua apoya al presidente Daniel Ortega y que más o menos el mismo porcentaje de los managuas apoya las posiciones políticas sandinistas y votaron a favor del FSLN a fines de 1984. Aunque el 65% cree que el gobierno quiere solucionar los problemas económicos, sólo un 19% considera que la causa de esos problemas es Reagan, la agresión, el bloqueo o la guerra. Un 36% opina que el problema económico principal está en los bajos salarios, en la producción deficiente o en el mal gobierno.

Ha habido entonces en los últimos dos años -más bien en los últimos ocho meses a partir de la hiperinflación de noviembre- una erosión en la percepción popular de que la guerra es la causa de la crisis económica. Esto puede ser fruto en gran medida de la propia propaganda del gobierno acerca de la "derrota estratégica" de la contrarrevolución, porque en la conciencia popular o la contra está derrotada y entonces no hay por qué gastar tanto en eso. Bajo la hipótesis de que la contra está en declive estratégico, se aprecian actitudes populares -en el sector minoritario más reaccionario- que afirman que los dos lados necesitan de la guerra para seguir financiando a sus ejércitos. El proceso de Sapoá y el cese al fuego temporal han venido a reforzarla percepción popular de que el gasto militar no es ya tan necesario y de que otros factores son los que explican el deterioro económico. Sin embargo, a nivel geopolítico y militar, el problema es que la guerra no ha terminado, que el cese del fuego es precario y que en los meses finales de Reagan todo puede empeorar más.

La percepción popular está marcada cada vez más por lo que el Presidente Ortega llamó la "dicotomía o división de nuestra realidad entre lo que es el problema de la guerra y el de la economía." Como explicó el Presidente "cuando abordamos las dificultades económicas, nuestra tendencia es un poco a olvidarnos de la guerra."

Aunque el pueblo no sigue a los partidos de oposición -el partido de oposición que logró más apoyo en el sondeo de ITZTANI fue el PLI, con sólo un 3%, y el FSLN sigue siendo el único partido con apoyo masivo-, el creciente nivel de insatisfacción con el gobierno y la pesadilla de un pueblo armado en los barrios asaltando camiones de leche ejercerá una fuerte presión política sobre el gobierno.

Esta presión desde las bases revierte hacia las capas técnicas y administrativas del aparato del Estado provocando menos coherencia ideológicas, menos unidad y mística al implementar la política económica. El hecho de que el nuevo paquete de junio no incluya medidas complementarias que satisfagan las perspectivas más populares y las mas productivas dentro del Estado y los aparatos culturales de la sociedad nicaragüense contribuye también a un posible bajón de coherencia en el programa de ajuste económico.

De ahí surgen los peligros de un paquete incompleto que desgaste más aún sobre la capacidad del gobierno de influir sobre la marcha de la economía, como señalo el Presidente en su presentación de las nuevas medidas:

"Si no tenemos una coherencia, un discurso único, y no estamos apropiados de la realidad hacia donde vamos en esta etapa, si no tenemos cohesión política e ideológica, esa debilidad se expresará en toda la sociedad a la que tratamos de influir e influimos.

La coherencia de un gobierno de orientación socialista con economía mixta en este contexto geopolítico depende en el fondo del grado de movilización que tenga el pueblo para apoyar los programas económicos del gobierno. Como quedó señalado en la primera evaluación de las medidas de febrero que hizo envío, cualquier intento de ajustar la economía nicaragüense es como "una operación quirúrgica sin anestesia". Porque aún no están dadas las bases materiales para el proyecto de controlar la inflación, el único factor que permitirá que Nicaragua pueda enfrentar el deterioro creciente de su economía es el pueblo.

Bases materiales para poder controlar la inflación

- Las reservas internacionales necesarias para consolidar las devaluaciones.

- La posibilidad de garantizar flujo adecuado de insumos productivos por vía de producción o de créditos externos.

- Un orden de los precios relativos y un clima en el que no se pierdan semanas de actividad económica y de productividad nacional por la incapacidad de los agentes económicos para imaginar el impacto sobre los precios de devaluaciones tan fuertes.

- Sobre todo, la posibilidad de escapar de la espiral inflacionaria por la vía de la reducción del presupuesto militar. Este es el factor realmente responsable del gigantesco déficit y del serio desbalance entre un enorme consumo público improductivo y los recurso que pueden dedicarse a la producción.

Sin estas condiciones materiales para estabilizar la economía, el apoyo de un pueblo consciente y confiado en la gestión de su gobierno se perfila como el factor de mayor importancia. Sin el pueblo el proyecto de ajuste económico es sencillamente inviable. Aquí está el nudo central de la coyuntura económica del país. El gobierno tiene el apoyo político del pueblo a su proyecto de unidad nacional y de pluralismo político. Pero en el terreno económico, el gobierno necesita un paquete de medidas más diversificado, un paquete más popular si quiere aumentar un sus probabilidades de implementar la línea fundamental de este ajuste económico con éxito y quiere lograr un consenso nacional reduciendo al máximo los costos políticos en el proceso de lograrlo.

La presión popular: ¿fragua de una economía de subsistencia?

Por las razones señaladas, las nuevas medidas incrementaran la crítica popular ante la incapacidad de gestión económica gubernamental. La crítica popular irá acumulándose como en una olla de presión que estallará contra lo que hasta hoy ha sido lentitud del Estado para reestructurar la estrategia productiva en tiempos de guerra, para transformar el estilo de dirección económica y para rebalancear los recursos dedicados a la defensa y a la producción.

El estallido de esta olla de presión podría reorientar el nuevo programa económico en tres distintas direcciones:

1) Renunciar a las medidas, a pesar de que son sumamente necesarias. Al prescindir de ellas sin una alternativa coherente, aparecerían las consecuencias negativas que hemos ido señalando .

2) Mantener el paquete sin modificaciones fundamentales y correr el riesgo de una pérdida de apoyo político al mismo tiempo que no se reduce significativamente el nivel de inflación.

3) Modificar paquete utilizando la presión popular para fraguar una economía de sobrevivencia y de defensa desarrollando el modelo económico popular sandinista en vez de reparar únicamente sus fisuras.

A pesar de las dificultades de ampliar la alianza productiva que sustenta el modelo de acumulacion sandinista, las consecuencias políticas de las primeras dos alternativas son tan negativas que nos inclinamos a pensar que la presión popular actuará eficazmente para fraguar en el próximo año un nuevo modelo económico sandinista.

Las medidas de febrero y junio han sido, duda, los pasos monetaristas indispensables para reconstruir el modelo económico sandinista sobre sus bases populares originales.

Ampliación del modelo económico original

La ampliación del modelo de acumulación sandinista supone en primer lugar la gigantesca tarea de retomar económicamente el territorio está el mayor potencial para la recuperación de la ganadería y la caficultura, los dos rubros en los que Nicaragua puede expandir sus exportaciones. De hecho, las divisas que Nicaragua ha perdido en café y carne -con relación a sus niveles de exportación antes de la guerra- han sido quizás la principal razón de la escasez para adquirir insumos productivos. Esto ha agobiado fundamentalmente la economía y, por lo tanto, ha limitado la capacidad del gobierno para mantener su programa social y para proteger los ingresos reales de los trabajadores y campesinos.

Nicaragua perdió el caudal de producción de divisas y de productos básicos nacionales sobre todo por la guerra, pero también porque los medianos productores y campesinos de la frontera no formaban parte de la alianza de clases priorizada en el modelo original de acumulación. Como dicen muchos sandinistas: "La revolución nunca llegó allá".

Las medidas de febrero y junio dan el correcto contexto monetario para recuperar el terreno económico perdido a causa de la guerra, pero no serán suficientes para movilizar el inmenso complejo de producción de maíz, frijol, cerdo, ganado y café del interior del país, cuyo fruto final es exactamente el paquete de divisas que Nicaragua necesita para dar bases sólidas al ajuste de su modelo económico. El ajuste o ampliación del modelo de acumulación actual podría sintetizarse en 7 rasgos básicos.

1. Un modelo más rural que urbano, que exigirá la reorientación de la industria metalmecanica hacia la producción y consumo para los productores de café y ganado, en vez de actuar como industria constructora de los grandes proyectos del MIDINRA. Ahora que la fase de construcción de estos proyectos ha terminado, es anti-económico seguir importando despulpadoras y desgranadoras que se pueden producir en Nicaragua. De igual forma habrá que reactivar e impulsar la pequeña industria rural.

2. Un modelo con un ritmo más lento de transformación tecnológica que el actual, que confíe y parta de la capacidad tecnológica popular ya existente.

3. Un modelo que cambie la relación existente en estos ocho años, en los que el sector informal improductivo ha aportado más beneficios que el sector productivo, invirtiendo recursos y organizando más a los artesanos y al sector informal que presta servicios esenciales a la producción. Las medidas monetarias están eliminando rápidamente las empresas artesanas menos eficientes manteniéndose las unidades que la revolución podría potenciar como cooperativas de servicio y crédito.

4. Un modelo que utilice la reforma agraria para descongestionar el problema urbano, especialmente en Managua y el Occidente, cediendo tierras estatales no estratégicas para la creación de cooperativas.

5. Un modelo que traspase la movilización popular desde el sector del comercio hacia el sector productivo, vigilando no a los especuladores sino a quienes producen y a quienes no producen.

6. Un modelo que fortalecerá la producción habitual, tanto en la ciudad como en el campo, creando así las bases económicas que permitirán aumentar el ritmo de la transformación tecnológica.

7. Un modelo que amplié la alianza de clases que lo sustenta. Que dé más importancia a los campesinos y los pequeños y medianos productores del campo y los artesanos y al pequeña industria de las ciudades. Que cambie el carácter de la alianza con los pobres urbanos de una política de consumo subsidiado a una política de movilización productiva. Y que controle más los niveles de ineficiencia productiva de las industrias oligopólicas, sean privadas o públicas.

Movilizaciones económicas: válvulas de escape políticas

La ampliación del modelo original de acumulación sandinista avanzará por la presión popular de la misma forma que sucedió con la reforma agraria. Existen dos factores que determinan la posibilidad del desarrollo del modelo económico en Nicaragua: 1) la profundidad de las reformas estructurales ya hechas y la presión de las masas por una mayor igualdad en la esfera económica y 2) las nuevas medidas monetarias. Por el carácter tan tensionante de este nuevo paquete, sus modificaciones y nuevas medidas complementarias pueden entenderse simultáneamente como válvulas de escape políticas y como movilización económicas.

El que las nuevas medidas puedan ser válvulas de escape de la olla de presión política parece difícil: también, muy difícil de implementarse. La alternativa real es la implementación parcial de varias o de todas ellas. Seis alternativas que podrían fortalecer el nuevo paquete económico complementándolo y que serían también como un programa global dirigido a ampliar el modelo de acumulación serían éstas:

1. Aumentar los salarios, mantener la dureza de las medidas de junio primordialmente para el sector oligopólico y dar concesiones al sector productivo más popular reajustando la nueva política crediticia como un mecanismo para incentivar la producción.

2. Reestructurar el programa de inversiones como el único espacio real donde aumentar las exportaciones y como el primer paso hacia una nueva estrategia productiva y un nuevo modelo de acumulación.

3. Elaborar y gestionar un nuevo y significativo programa de financiamiento externo.

4. Integrar el potencial económica del ejército dentro de la economía de sobrevivencia.

5. Agilizar la gestión económica estatal dentro de una nueva clave: hegemonía productiva en lugar de control administrativo.

6. Incrementar la participación popular en la planificación a través de cabildos abiertos económicos y proyectar una nueva ética de austeridad y eficiencia.

ALTERNATIVA 1

Productores y trabajadores: el debate sobre las políticas de crédito y salario

El debate sobre las políticas de crédito y de salario no se da entre los dueños de los medios de producción y sus trabajadores sino más bien entre dos grupos que se enfrentan al interior del Estado. No puede haber una peor señal que ésta para indicar el peligro político del nuevo paquete.

Ceder a los trabajadores en materia de salarios no será problemático porque los salarios se encuentran tan deprimidos que no constituyen un factor determinante en el proceso inflacionario. No subir los salarios sólo serviría para desarticular los servicios de educación y salud y en un segundo momento daría al paquete un carácter fondo monetarista.

Con la liberación de los salarios en el sector productivo, se podrían redirigir los ingresos hacia el sector productivo por la vía de estimular la lucha salarial, especialmente en contra de los capitalistas o administradores del sector estatal que están especulando con las nuevas medidas de indexación.

En este sentido, la indexación y el paquete en general pueden incrementar la lucha clases en Nicaragua, lucha que ha sido mediatizada porque ha sido el gobierno quien hasta ahora administró los salarios y los precios. El nuevo modelo económico que se va fraguando no se dará a luz sin tensiones. Es por eso que no todo el sector empresarial está contento con el paquete de junio. Grandes empresarios derechistas como Ernesto Salazar y Enrique Bolaños saben muy bien que no están tratando con el Fondo Monetario Internacional. Salazar, dirigente de UPANIC, observó que tanto las empresas agroindustriales exportadoras como las destazadoras iban a quedarse con los excedentes de su gremio. En una apreciación más honesta que la que tuvo Ramiro Gurdián, Bolaños dijo "Antes nos controlaban con el garrote del APP, ahora nos quieren confiscar pro el sector financiero". El peligro real que Bolaños no mencionó es el pueblo, que irá presionando por mayor igualdad, única opción que las medidas dejan a las energías populares.

El problema del crédito es mucho más complejo. En abril los diarios nacionales informaron sobre la presión de los productores sobre el sistema financiero por el problema de la liquidez y el del acceso al crédito productivo. En mayo, el sistema bancario gestionó una impresionante cantidad de recursos para los productores. Como demuestra el cuadro, el área de siembra, a mediados de junio, mostraba un incremento significativo sobre el año anterior con la sola excepción del algodón.



Más importante que el avance global de la siembra es el avance relativo de los cultivos de consumo interno sobre los de agroexportación. Esto sucedió a pesar de la devaluación de 3.000% de febrero. Si esta relación se repitiera año tras año demostraría que las medidas meramente monetaristas no pueden por sí solas lograr sus objetivos.

Las razones de estos avances en la siembra de 1988 son claras. En primer lugar, los productores estuvieron presionados por los bajos niveles de liquidez y su única salida fue sembrar, intentar de producir. Hasta aquí se confirma la hipótesis de los monetaristas: quitando billetes a los productores se estimula más producción. Sin embargo, las medidas de febrero, aunque eliminaban el subsidio a los insumos importados, dejaron una válvula de escapara los productores: un crédito fuertemente subsidiado por no estar ajustados según la tasa de inflación. En segundo lugar los nuevos precios y el crédito barato combinados constituyeron un fuerte incentivo para los productores. En tercer lugar, el invierno empezó tarde y con la promesa de ser bueno dando así el tiempo necesario para que los productores se recuperaran de la lenta gestión del banco en marzo y abril.

El incremento del costo del crédito en nuevo paquete de junio es tan alto que se espera que los productores presionen de nuevo al banco para que les haga concesiones o dejarán de sembrar en el segundo ciclo, cediendo a la lógica de la recesión. Es decir, las buenas noticias del primer semestre de 1988 pueden convertirse en recesión en 1989. En el sector agropecuario, la recesión echará sus raíces en la inflación de los costos de producción causada por la devaluación y la eliminación pro el sistema financiero nacional del crédito productivo barato. En la industrias, el problema surgirá por el lado de la demanda. La cervecería tuvo que cerrar porque la gente no tiene suficiente dinero para comprar cervezas, producto "básico" para muchos en Nicaragua. De igual modo, las bodegas de la fábrica que produce galletas están abarrotadas de mercancías que no encuentra salida.

Aunque es cierto que los fuertes, ajustes económicos con devaluaciones, restricciones crediticias y recortes salariales producen recesión sólo en países donde existen niveles adecuados de eficiencia productiva y no la provocan en países con bajos niveles de productividad Nicaragua un caso especial. En Nicaragua, el nuevo paquete podría producir una recesión por varias razones.

En primer lugar, no conocemos casos de ajustes exitosos en países con más del 50% de su presupuesto y más del 25% de su PIB dedicados al gasto militar. En segundo lugar, el pueblo de Nicaragua ha soportado una profunda crisis durante varios años. Desde 1982 se han controlado estrictamente los salarios, tanto que la única salida para los trabajadores fue engrosar el sector informal urbano. en muchos países del Tercer Mundo, el sector informal actúa como un colchón contra las tendencias recesivas. En Nicaragua también, pero el sector informal llegó a expandirse tanto en su capacidad de ser colchón contra la recesión que las medidas de ajuste de febrero provocaron una profunda recesión en este sector. Todo esto indica que la demanda efectiva estaba ya bastante baja antes de las medidas de febrero y que es ahora aún más baja. PROLACSA (leche y derivados) tomó la decisión de reducir una tercera parte de su producción en el segundo semestre del año sólo porque la gente no tiene dinero para comprar los productos.

La espiral salarios-precios no ha sido la causa de la inflación. Esta está causada por la gran escasez de insumos y de divisas y por las emisiones inorgánicas que han exigido tanto la guerra como un programa de inversiones públicas de muy lenta maduración. Otro factor que puede inducir una tendencia recesiva son las importaciones de arroz, frijol y papas, que actuarán para mantener los precios más bajos, desincentivando así la producción, aunque con esto se ayude a la población urbana. El factor crucial que hace del crédito una variable tan sensible en el comportamiento económico de Nicaragua es la tradición del somocismo, que envicio a los productores e incrementó con el crédito su dependencia del sistema financiero. Somoza utilizaba la creciente deuda externa para manipular y controlar a los productores y para requisar tierras agrícolas. El resultados estructural fue un sector productivo sin capital de trabajo propio y dependiente de los recursos crediticios subsidiados. En Nicaragua romper demasiado violentamente con los subsidios crediticios no pueden hacerse sin una seria reflexión que mida las consecuencias de este paso.

Las nuevas medidas crediticias son el último paso par reconstruir el sistema financiero del país. En el fondo, las medidas de 1988 son como una gran alza salarial para el sistema financiero. Los monetaristas argumentan que es imposible subir los salarios de los obreros sin más producción. Dicen que si no se da una expansión del paquete de bienes adquisitivos con el salario éstos sólo se ajustarán nuevamente por abajo. De la misma manera, cabe preguntarse si se puede determinar a voluntad la recuperación del sistema financiero sin asegurar incremento en la producción.

No se puede cuestionar el objetivo del nuevo paquete de recuperar la producción la producción para defender mejor a mediano plazo el nivel de vida de los trabajadores. El problema de fondo sigue siendo si de verdad se puede levantar la producción hoy en Nicaragua con una política que reduzca los salarios de los trabajadores, restrinja el crédito a los productores e incrementen los ingresos del sistema financiero sin que todo esto vaya acompañado de una serie de medidas complementarias para incentivar al sector productivo.

Si no hay más producción, los productores serán quedaran morosos con el banco, la captación de impuestos resultará más baja que lo planificado para este último trimestre del año y la consolidación del sistema financiero será puramente nominal. Si no se puede pagar a los trabajadores lo que no hay, tampoco se puede acumular en los bancos los excedentes que no existen.

Aunque sea absolutamente necesario ajustar la tasa de interés y lograr que los recursos crediticios sean menos baratos, los productores presionarán para que éste sea un proceso de cambio más gradual. Se pondría, por ejemplo, dirigir el crédito hacia sectores más priorizados ofreciéndoles crédito indexados a mitad de la tasa de inflación y luego ir acercándose a un sistema de crediticio que cobrara a los clientes del banco el interés en términos reales.

Existen razones económicas muy fuertes para diferenciar la política crediticia, manteniendo la dureza de las medidas de junio sólo para el sector ologopólico. En el caso del sector industrial, que no requiere de mucho crédito del sistema financiero, la restricción de la demanda y el hecho de que la gente no pueda comprar a precios tan altos, ejercerá influencia sobre la eficiencia y productividad e la industria. Los impuestos sobre la renta en Nicaragua funcionarán como una retención sobre la s ganancias adicionales de exportación generadas por las devaluaciones.

El pueblo apoyaría una medida así por razones de justicia. En términos económico, la industria oligopólica necesita una fuerte competencia para elevara su productividad. El problema de fondo es que muchas de las ineficientes industrias oligopólicas son también estatales.

ALTERNATIVA 2

El programa de inversiones: único espacio para una recuperación rápida de la exportación

Esta segunda alternativa para complementar el paquete de junio es menos dramático que la primera, pero toca el fondo del problema económico porque constituye el primer paso hacia la creación de un modelo de acumulación de carácter más popular.

El cambio de moneda y el recorte del presupuesto nacional no pueden por sí solos frenar la inflación. Al controlar la liquidez, no se garantiza que haya más producción e incluso la economía puede estar cercana a una recesión productiva aún más honda que podría socavar pronto los posibles beneficios, tanto del paquete de febrero como del de junio.

Los únicos recursos reales y al capacidad de administrativas existente con los que podemos estimular la producción están contenidos en los programas de inversión a largo plazo. De ahí el gran error de haber cortado sin más el flujo del crédito a largo plazo en febrero sin el plan alternativo de dirigirlo a los sectores capaces de aumentar de inmediato la producción, especialmente la agroexportación y productos como el arroz y el frijol, que presionan tanto sobre la economía popular

¿Qué estrategia productiva?

Falta un programa popular de sobrevivencia

Desde una perspectiva revolucionaria y desde 1981 ha sido criticada una política inversionista que priorizó al sector estatal en el Pacífico sin permitir suficientes recursos para reproducción simple de la economía campesina en el interior del país, hecho que ayudó a la contrarrevolución a crearse una cierta base social.

Incluso los proyectos concebidos originalmente para fortalecer la producción campesina como el Programa Alimentario Nacional (PAN) fueron transformados en proyectos estatales de conversión con tecnología avanzada en el Pacífico.

Todavía hace falta un programa de fortalecimiento de la producción campesina, tanto para reducir lo más pronto posible los costos de la guerra como para afianzar la producción de café y ganado, rubros más rentables en nuestra economía de exportación.

Una política inadecuada con el campesinado junto con una fuerte política de subsidios y un significativo programa de servicios sociales para los pobres de las ciudades han provocado un descenso de las exportaciones, la migración a las ciudades, la de actividades especulativas en el Sector Informal Urbano (SIU), especialmente por parte de los comerciantes que antes abastecían a la producción agropecuaria campesina, y también el desarrollo de una cierta base social de la contrarrevolución .

Cualquier plan de inversiones tiene, ante todo, que concentrarse y garantizara corto plazo la reposición y el gradual aumento de la oferta de los bienes superbásicos y tradicionales de la economía nicaragüense: maíz, frijol, arroz de secano, ganado (mayor y menor) y café , junto con los insumos industriales básicos para producirlos.

Paradójicamente, el hecho de hablar sobre-enfantizado el programa de inversiones a largo plazo descuidando la reproducción simple de la economía ya existente, en una situación de guerra de baja intensidad, está obligando a la revolución a postergar por varios años su estrategia de inversiones. Los recursos dedicados a la estrategia de crecimiento a largo plazo representan el único espacio donde estabilizar la economía, que es hoy el blanco principal de la agresión norteamericana.

Postergar o reducir la estrategia de inversiones a largo plazo no obliga, sin embargo, a detener el proceso de consolidación de la base politica y material que incrementa el poder de los campesinos y obrero y que permita planificar la economía. él avance tecnológico es sólo uno y quizás el menos relevante de los instrumentos para poder consolidar una economía de orientación socialista. Más aún, el ritmo de transformación tecnológica puede socavar las bases de producción habituales a la par que el apoyo político necesario para afianzar el carácter socialista de la economía.

Movilización de fuerzas sociales y redistribución de recursos existentes

También desde 1981, ha habido presiones en la sociedad nicaragüense para controlar a los productores ologopólicos, imponiéndolo austeridad y exigiéndoles más eficiencia. Desde esos años ha habido también presiones para incrementar las tasas de interés de sus recursos crediticios. Sin embargo, el Estado no respondió a esas presiones por miedo a estancar el movimiento económico, a romper la unidad nacional así, a debilitar la defensa frente a la agresión norteamericana.

Pero este debate sobre la economía política, el tratamiento de los sectores oligopólicos y su importancia en la unidad nacional no podía darse por cerrado porque el Estado iba perdiendo los frutos económicos de su alianza con el campesinado y los pequeños y medianos productores, especialmente las divisas que podrían generarse por su producción de café, ganado y ajonjolí, a causa de la guerra y a causa también del programa de inversiones que priorizaba otros rubros productivos.

La opción estratégica de modernizar la producción algodonera, azucarera y lechera en el Pacífico tuvo un impacto negativísimo -a pesar de no ser intencionado- sobre el avance de la pequeña producción en los rubros de exportación mencionados. El dinamismos logrado por el empuje campesino durante los años 70 se perdió en la ganadería en 1981 y en el café en 1983. A partir de 1983, fue la agresión la que jugó el papel fundamental de arrebatar al Estado los frutos económicos de su alianza con el campesinado.

Con el descenso de la dinámica ganadera y cafetalera se perdió también la oferta de maíz, frijol, queso y producción porcina asociada con estos dos rubros de exportación. Así, a el Estado se encontró ante una creciente debilidad en al correlación de fuerzas sociales necesaria para poder controlar a los sectores oligopólicos. Estos sectores campesinos, que podían haber apoyado a la revolución con más divisas en el período 85-88, tienen una rápida capacidad de recuperación como han de mostrado los campesinos y pequeños agricultores que producen maíz, entregando en 1987 una cosecha récord, a pesar de todas las dificultades. con menos guerra se podrían esperar iguales resultados entre los productores de café y ganado del interior.

A pesar de priorizar la producción más tecnificada, la correlación de fuerza en el agro favorece una ampliación de la alianza que sustenta el modelo económico a favor de los sectores populares. Las mismas medidas que pueden favorecer a un núcleo de empresarios agrarios que no controlan más de una cuarta parte del área financiada pueden favorecer a los medianos productores, cooperativas y campesinos, que controlan en este ciclo agrícola una 60% del área financiada (Ver cuadro). La preponderancia de los sectores populares y del Estado en la correlación de fuerzas agrarias del país es aún más fuerte porque el campesinado es la Unica fuerza que maneja una significativa proporción de producción no financiada por el banco.

El cuadro también demuestra que el campesinado y la mediana producción controlan tanto o más agroexportación que los empresarios, teniendo en cuenta el área que trabajan con esfuerzo propio, sin crédito. Incluyendo la ganadería, que está principalmente en manos de los pequeños y medianos ganaderos, no hay duda de que la base material del modelo económico sandinista está en este momento, tras nueve años de reforma agraria, en manos de los sectores populares rurales. El peligro de un paquete básicamente monetario es la posibilidad de que los empresarios meditacen esta alianza fundamental de la revolución comprando el café y el ganado del pequeño productores para aprovecharse de la reevaluación de los productos de agroexportación. Además, en la medida en que el nuevo paquete presiona con un precio de crédito más alto se daña la imagen del Banco Nacional de Desarrollo, que ha sido el único eslabón significativo entre la revolución y el campesinado, fuerza motriz que lo es no sólo por su peso número dentro del sector rural sino contexto nacional.



El intento de modernizar el agro no puede prescindir de estas fuerzas productivas que hay en el interior del país. La debilidades del proyecto de agroindustrialización fue el basar la estrategia de transformación tecnológica sólo en los recursos externos. Al no garantizar los niveles normales de producción de divisas con el café y la carne, los estrategas del programa inversionista se han visto obligados a financiar las inversiones por la vía de aumentar el ritmo de la transformación que quieren.

La gran tarea económica de este período de lucha por la paz y de un nuevo equilibrio social en la región centroamericana, es la recuperación de la dinámica cafetalera y ganadera utilizando las palancas de la política económica para establecer la hegemonía económica de la clase obrera, el campesinado, los artesanos y la pequeña burguesía competitiva sobre los sectores oligopólicos. Así se irán creando las condiciones para una planificación más profunda de la economía.

La capacidad ociosa fundamental de la economía y las posibilidades de recuperar nuestras exportaciones perdidas están precisamente en el pequeño y mediano agricultor y en el campesinado, que han dejado de producir café y ganado, los únicos productos con precios realmente rentables para la economía. La recuperación de esa exportación no es sólo un asunto de medidas monetarias -aunque son necesarias- sino de reforma administrativa y operacionales que permitirán la reasignación y la redistribución de recursos al sector agroexportador que vive y produce en el interior de Nicaragua.

Un nuevo programa de inversiones y transformar y no reducir la tasa de acumulación

Transformar y no reducir la tasa de inversión o de acumulación global en la economía será la tarea más difícil y la más prioritaria del año económico que se inicia.

Los planes para disminuir las inversiones en un 30% nos dejarían con una tasa global de acumulación de sólo un 14%, insuficiente en cualquier economía latinoamericana, pero particularmente en una economía como la nicaragüense, muy vulnerable a tendencias recesivas causadas por una reforma monetaria tan profunda como la realizada.

La solución no está en el recorte de la inversión pública, que funciona como el motor de la economía, sino en la transformación del programa, dirigiéndolo hacia los sectores populares rurales y logrando que cada inversión rinda sus frutos en el más corto plazo posible.

El declive estratégico militar de la contrarrevolución, logrando en los años 1985 y 1986, no ha podido complementarse en el terreno político nacional por los errores cometidos en los programas de inversión en 1986 y 1987, que no tomaban en cuenta el problema de la defensa integral de revolución.

Con las tensiones que la hiperinflación está generando en las ciudades varios ministerios han tenido que sujetarse a planes de emergencia. Aparte de una reducción del presupuesto de la defensa, el paquete de inversión es el único espacio económico que queda para estimular la economía.

Se debería ser inflexible en la ejecución de la orientación de la Presidencia sobre la composición de la inversión (corto y largo plazo). El valor del programa de inversiones públicas, de unos 300 millones de dólares, representa el espacio real de donde se puede superar con producción inmediata la aguda escasez, que es el motor de la distorsión de los precios relativos y de la inflación, termita que socava todo esfuerzo por ajustar la economía.

Lo más que podría aguantar la economía nicaragüense sería una composición de 80/20 entre las inversiones cortoplacistas y las de largo plazo. Romper estos techos podría ser peligroso, a la vez que bienvenido por los enemigos de la revolución. El pueblo puede aguantar porque es revolucionario, pero no debería aguantar más recortes a su consumo básico en nombre de un futuro aún muy lejano. Además, una gran parte del actual paquete de inversiones no significa una producción más racional y eficiente que la ya existente. Un ejemplo: los pequeños y medianos productores de la cuenca lechera de Matagalpa están produciendo leche a 21 córdobas el litro, los lecheros oligopólicos del Pacífico a 30 y el gran proyecto Chiltepe a 40. Con las siguientes impostergables devaluaciones del córdoba, los complejos estatales de lechería y los lecheros oligopólicos producirán a precios de cada vez más altos, dado el alto componente importado que supone su tecnificado modelo de producción.

No solamente en términos políticos sino en los estrictos términos de la eficiencia productiva es imprescindible redirigir los recursos económicos desde las empresas estatales y oligopólicas hacia los pequeños y medianos productores organizados en la UNAG.

La igualdad y la reproducción simple de una economía de sobrevivencia

Para recuperar el producto nacional y frenar la inflación sugerimos la siguiente distribución de inversión y acumulación entre los distintos sectores productivos y clases sociales.



Según este tipo de programa, el campo se llevaría un 60% de la inversión y el sector urbano un 40%. El campesinado, los medianos productores, los artesanos, la pequeña industria un 60% del paquete, mientras que la burguesía oligopólicas y el Estado un 40%.

La alianza obrero-campesina: paquetes compensatorios productivos

Cualquier ajuste económico que presentada eliminar el desorden en los precios, devaluar la moneda nacional, eliminar los subsidios productivos y cortar el déficit fiscal tiene que afectar muy fuertemente a la población de menores ingresos. Es una férrea ley económica: las espaldas de los pobres están destinadas a cargar con el peso mayor en cualquier programa de devaluación. Los pobres dependen de su salario y no poseen capital. La devaluación baja el valor de la moneda y sube el del capital.

La única opción de la revolución para no minar su principal base social es diseñar un paquete de medidas compensatorias. La gravedad de la crisis económica de Nicaragua exige que esas medidas sean de orden productivo en lugar de subsidios al consumo, como ocurrió durante los cuatro meses siguientes a la reforma febrero. La economía de sobrevivencia significa sobrevivir para poder después reiniciar un programa de desarrollo a largo plazo. Seguir intentando un desarrollo prematuro e inorgánico en tiempo de guerra puede anular cualquier beneficio del nuevo programa económico e incluso puede provocar el colapso de toda la economía.

Durante ocho años se han pensado la economía desde la lógica del consumo y de la inversión a largo plazo. Las nuevas medidas de febrero y de junio nos han colocado sobre unos carriles que nos llevan a buscar otra alternativa: una economía pensada desde la lógica de una producción que prioriza inversiones para el incremento inmediato de la producción.

Los campesinos, los artesanos que son el sector productivo del sector informal urbano- y los pequeños empresarios, a diferencia del COSEP y sus gremios, no tienen tiempo para pesar en el óptimo nivel de ganancia. Producen o padecen hambre. Su respuesta productiva sigue siendo uno de los pocos colchones que suavizan la dureza de la reforma.

Managua es el lugar más afectado por las nuevas medidas. Las posibilidades para la pequeña industria y para el movimiento cooperativo urbano van aumentando en la medida en que el sector informal productivo y los artesanos empobrecidos están obligados a abandonar su producción por la devaluación. Los paquetes productivos con fondos de los organismos no gubernamentales de cooperación internacional son un complemento necesario en el esfuerzo de incrementar la eficiencia en la industria grande y mediana.

Llevar a cabo una serie de paquetes productivos compensatorios exigirá la asignación de cuadros sandinistas no a las oficinas del Estado sino a los barrios de Managua y a las comarcas de la Región V donde se juega la revolución. Exigirá la creación de mecanismo ágiles y servicios eficientes para la redistribución de recursos materiales, que han estado estancados durante demasiados años en programa de inversión a largo plazo. Estos mismos paquetes y una redistribución real de ingresos son la base material para un discurso revolucionario menos ideológica e internacional y más popular e igualitario. En estos paquetes productivos compensatorios, que podrían complementar las medidas monetarias, está el espacio para proyectar más clara y popularmente la ética de austeridad y eficiencia productiva que la revolución busca con las nuevas medidas.

ALTERNATIVA 3

Financiamiento internacional para sostener las reformas monetarias e institucionales

Otra válvula de escape de la crisis económica es el financiamiento externo. El ajuste económico que Nicaragua lleva a cabo es tan duro como las reformas del FMI. Se esta haciendo, sin embargo, sin el apoyo de las reservas internacionales que el FMI aporta a los países que entran en procesos de estabilización económica. El ajuste nicaragüense difiere de las reformas fondo monetaristas en tres aspectos esenciales: 1) no desmonta por completo los programas de educación, salud y bienestar social tal como lo exige el FMI 2) el Estado controla la tasa de cambio, la política de importaciones y el mercado inversionista y 3) se sigue financiando el ejército y la defensa de la revolución.

La segunda y tercera características indican que no se pueden comparar las nuevas medidas con los programas del FMI y los ajustes económicos de otros Estados latinoamericanos. Una perspectiva intelectual crítica que quisiera comparar el ajuste de Nicaragua con los hechos en Argentina, Brasil y México fallaría fundamentalmente porque no partiría del hecho central que provocó este proceso: el conflicto entre la nueva nación y el imperialismo. Una posición así fallaría porque en sus análisis exageraría las tensiones entre capital y trabajo, entre las necesidades del sistema financiero nacional y el capital y entre las demandas de los trabajadores y las exigencias del Estado nacional. Y en la formación social nicaragüense se da dentro del proyecto de defensa de la nación una profunda simbiosis entre el pueblo, el gobierno y el sector privado. La crisis económica tensiona esa simbiosis pero no la rompe. Por esta razón Nicaragua nunca conseguirá fondos del FMI.

Esta coherencia del nuevo Estado es lo que permite el no-alineamiento internacional del proyecto económico. Este ha sido y es la base del tipo del apoyo financiero internacional del que la revolución ha gozado. Con la evolución de la crisis económica mundial, la ayuda de los países socialistas ha ocupado un papel cada vez más importante en el pleno internacional. En esta coyuntura de fuertes tensiones económicas, los cuadros intermedios de la revolución esperan, con mucha razón, un mayor apoyo del campo socialista. La imagen positiva de Cuba crece más y más en la medida en que este país sigue dando desde su propia escasez.

En el sondeo de opinión pública arriba señalado Cuba aparece como el país es percibido como más solidario con Nicaragua. Un 30% de los encuestados lo considera así. La URSS ocupa el segundo lugar en ese sondeo. Un 26% de la población identifica a la URSS como el país que ha mostrado mayor solidaridad, pero se encuentra en muchos cuadros medios revolucionarios un creciente cuestionamiento entre el hecho de que la ayuda soviética no sea aún suficientemente como para lograr una mejor solución a la actual crisis. Se cuestionan si la actual política financiera soviética refleja o no el porvenir de la "Perestroika" en el Tercer Mundo o si se trata solamente de los problemas de adaptarse más ágilmente a las condiciones de la pequeña y tropical Nicaragua, condiciones tan distintas a las de un país del tamaño y la complejidad de la URSS.

El financiamiento externo es crucial para que las tensiones en la economía no dañen la unidad nacional. Para que el nuevo paquete tenga éxito, es urgente aumentar el financiamiento externo. Las posibilidades de estabilizar el córdoba dependen de que se incrementen las reservas internacionales. Para poder reponer la infraestructura energética , cuyo deterioro estado significa grandes pérdidas en el sector industrial y agroindustrial, es imprescindible el apoyo internacional. Actualmente, el país no tiene divisas ni para importar los insumos agropecuarios básicos que necesita. Los paquetes productivos compensatorios para los pobres del campo y de la ciudad difícilmente podrán realizarse sin financiamiento externo.

En esta coyuntura hay buenas posibilidades de conseguir ese financiamiento, pero urge la preparación de un programa de financiamiento internacional acorde a las necesidades de una economía de sobrevivencia y atractivo a las instancias que pueden ofertar recursos.

Los Acuerdos de Esquipulas ofrecen la posibilidad de conquistar la paz. Han creado también un impulso internacional que ofrece posibilidades para un paquete de ayuda económica no sólo para Centroamérica globalmente (Resolución 24-1 de Naciones Unidas, Acuerdos de Acapulco, relación CEE con Centroamérica), sino en especial para Nicaragua.

Esto implica que Nicaragua tenga la capacidad de presentar a los diversos sujetos económicos internacionales, para 1989, un paquete coherente, atractivo y pragmático que dibuje lo que Nicaragua quiere y puede hacer económicamente para 1992 si se conquista la paz y se consigue una ayuda de reconstrucción post-bélica.

Se necesita hoy un proyecto de financiamiento internacional que especifique el no alineamiento de la revolución y los papeles que en cuestión de financiamiento jugarán los distintos países -particularmente los socialistas, los europeos y los latinoamericanos- en la reconstrucción de Nicaragua. Un proyecto que diseñe claramente el modelo que el sandinismos propone al superar la etapa de la agresión norteamericana, que indique cómo el financiamiento ayudará a la reintegración del Mercado Común Centroamericano, que detalle las posibilidades de inversión extranjera y las excepciones de las tasas cambiarias para los ONG y otros donantes de capital social que apoyarían los paquetes productivos compensatorios para los pobres de la ciudad y del campo. Un paquete asi tendría enormes posibilidades de éxito y jugaría un papel crucial en la estabilización de la economía.

ALTERNATIVA 4

Integrar el potencial económico del Ejército dentro de la economía de sobrevivencia

Una sola economía, un solo ejército. No se pueden separar. El intento de hacerlo es un rasgo de "derrotismo económico." La defensa de la revolución es tanto militar como económica. Tendencialmente, la agresión militar se irá transformando cada vez más en un proyecto de cooptación, donde el desgaste económico será el arma principal del enemigo para poder volver a la presión militar. El reto consiste en no bajar la preparación ni la capacidad de la defensa militar, a mismo tiempo que resuelven los problemas económicos de revolución. En este campo la revolución no ha desarrollado aún todo su potencial.

Si el ejército controla un 62% del presupuesto del gobierno central y los ministerios de gestión económica sólo un 14% del mismo presupuesto, es obvio que el Estado no puede estimular la producción sin una estrecha coordinación entre la defensa y la producción.

Desde febrero y aun más en el paquete de junio, el gobierno empezó a aplicar recortes a todos los ministerios, incluyendo al Defensa y al Ministerio de Interior (MINT). Los proyectos de autoabastecimiento y de cooperación productiva ejército-MINT con el Estado y con las cooperativas van adelante. Existen varios proyectos pilotos experimentales muy promisorios en la Región de Managua, como el de la Plaza 19 de julio, las fincas ganaderas cercanas a Tipitapa y el proyecto productivo del MINT en Malpaisillo. Estos experimentos deben ir multiplicándose en las regiones para así iniciar una nueva dinámica defensa-economía.

En el período de negociaciones, el factor militar será aun más decisivo, pero habría que iniciar un proceso gradual pero consistente de ir incorporando al ejército funciones económicas sin que por eso se descuiden las específicas tareas militares. Este proceso de incorporación de funciones será necesariamente lento por las enormes dificultades en hacer compatible la organización militar con los ritmos y necesidades de la producción. Sobre todo en esta coyuntura, en la que la situación geopolítica sigue siendo tan delicada, la racionalización económica de la defensa tendrá que hacerse sin menoscabo de su tarea fundamental.

En cada esfera, habría que priorizar lo más elemental:

a) En la producción en el Pacífico, donde el ejército puede cambiar más fácilmente las tareas de defensa y producción. Sin aumentar su presupuesto, el ejército podría utilizar la liquidez que ahora utiliza como consumidor subsidiados para producir sus propios alimentos, proporcionando mano de obra militar en los rubros de granos básicos, ganado mayor y menor y sobre hortalizas. De esta forma se podría garantizar un significativo porcentaje de la autosuficiencia alimentaria de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que se recortarían los gastos estatales y su presión inflacionaria.

b) En la producción en el interior del país, donde brigadas armadas podrían jugar el triple papel de:

- Controlar los territorios donde operan grupos cada vez más reducidos de contrarrevolucionarios.

- Aportar mano de obra en el programa de agroexportación recuperando la producción cafetalera y ganadera perdida durante la guerra.

- Proyectar una nueva imagen del ejército a los productores de montaña adentro, que han visto hasta ahora a los militares como un obstáculo a su capacidad productiva y a su bienestar económico. Esta última tarea ideológica será fundamental en la fase final de la derrota de la contrarrevolución.

Estas brigadas, con un adecuado equipo de radios que les permita la reconcentración y maniobras coordinadas para cercar a las fuerzas enemigas podrían combinar las tareas de "estar pegados" al terreno en forma productiva con las tareas de caza y control para "pegarse" al enemigo.

c) En la distribución: convenios de distribución con cooperativas, empresas regionales de MICOIN, comerciantes en zonas de guerra, utilizando el parque móvil militar para la defensa económica, acopiando alimentos en las zonas rurales e intercambiándolos con productos industriales provenientes de la ciudad. Atacar a un vehículo IFA con abastecimiento para la población de Chontales no es lo mismo que atacar a un IFA que sólo transporta soldados y fusiles.

d) En la Infraestructura : brigadas productivas coordinadas con los ministerios de construcción, vivienda, energía, agua y comunicaciones para reconstruir los destrozos de la guerra y prestar servicios sociales a la población. El ejército es el proletariado armado. Debe ser el sector más consciente del proletariado, en vez de caer en los patrones tradicionales de ejércitos no revolucionarios que no están vinculados con el pueblo. En la nueva coyuntura es preciso que la concepción de la defensa militar y vaya transformándose en una estrategia de defensa total frente a la guerra total del imperio en las esferas política, económica, ideológica y también militar.

e) En la Planificación, integrando al Ministerio de Defensa y a especialistas del Estado Mayor en el Consejo Nacional de Planificación para diseñar la defensa de la economía de sobrevivencia, articulando lo militar y lo económico. Un ministerio que controla un 60% del presupuesto nacional no puede estar ausente de una planificación dinámica de la economía.

El paso de incrementar la coordinación del ejército con el área de planificación económica resultará mucho más fácil que la coordinación operativa de la producción y la distribución de las Fuerzas Armadas dentro del proyecto económico nacional.

ALTERNATIVA 5

¿Control burocrático de los recursos o planificación hegemónica de la producción?

Un programa alternativo que puede potenciar mucho el nuevo paquete económico es la transformación del estilo de gestión económica gubernamental. Esta transformación fue uno de los objetivos centrales del paquete económico de febrero, pero hasta el momento los avances han resultado lentos.

Desde 1979 hasta las últimas medidas, el gobierno ha intentado controlar la producción desde el Area Propiedad del Pueblo y desde un sistema de controles burocráticos que nunca lograron hegemonizar la producción nacional partiendo de una planificación indicativa del mercado. Aunque parezca contradictorio, la vuelta hacia la política de libre mercado que ha decidido ahora la revolución en su nueva política económica exige más planificación y no menos.

No es posible avanzar hacia la planificación sin el primer paso de dominar y controlar el mercado. Regir o guiar las fuerzas del mercado exige un ritmo muy diferente al ritmo de acumulación de las fuerzas políticas. La táctica política del FSLN en la insurrección y el ritmo político después del triunfo -golpe inesperado-evaluación de la correlación de fuerzas sociales- otro golpe audaz e inesperado ha tenido éxitos en lo político y lo diplomático que no tiene paralelos en América Latina. Sin embargo, este estilo o ritmo político puede destruir la economía, cuyo control y planificación exigen un clima distinto y cuya transformación requiere un ritmo de procesos estructurales y por lo tanto, graduales.

Mas de una semana después de las medidas de junio, la economía estabas estancada. Nadie vende porque nadie sabe calcular el valor de las mercancías después de una devaluación tan fuerte. Nadie compra porque nadie vende. En este proceso se pierden quizás tres o cuatro días de actividad económica que significan de hecho una pérdida del 1% del PIB. La resistencia a cambios progresivos en los precios claves de la economía y la disposición de actuar a grandes golpes, de hacer los cambios sólo con el nuevo plan anual, o sólo después de cuatro meses como sucedió en junio- ha sido uno de los más notables problemas de la dirección económica del país.

En 1981 se argumentó en favor de una devaluación del córdoba viejo de 10 a 12.5, cuando ya estaba a 16 en el mercado negro, porque una economía abierta no es viable si no funciona con "precios-sombra" que reflejen o casi reflejan como una sombra los precios que hay en otros países de la región. El no haber decidido una devaluación gradual en los primeros seis años de la revolución ha sido una de las principales causas de la hiperinflación, que obligó a gastar el último cartucho, el del cambio de moneda, en una coyuntura militar y diplomática muy delicada.

Debilidades de la gestión económica y del paquete económico de febrero

En una economía tan abierta como la de Nicaragua es imposible mantener un sistema autónomo de precios, diferentes que el del resto de los países centroamericanos. En la medida en que el córdoba está sobrevaluado, Nicaragua estará obligada a financiar la ineficiencia de sus productores y la especulación con sus productos, que van hacia Costa Rica y Honduras. El rechazo de un régimen de precios-sombra provoca casi automáticamente el surgimiento de múltiples sistemas de precios alternativos que socavan la eficacia de la gestión gubernamental, como pasó entre febrero y mayo. En ese período, el Estado concedió tasas semi-oficiales de 30 x 1 y 40 x 1 a los productores oligopólicos, mientras que mantenían una tasa oficial de 10 x 1. Por otra parte, la tasa del mercado negro (60 x 1) funcionó como otro precio clave de la economía fuera del control del Estado. La tasa de cambio implícito que el gobierno estableció para la tienda diplomática (en dólares) durante febrero y marzo fue aún mayor que la del mercado negro. A principios de marzo, por ejemplo, un dólar cambiando en la tienda compraba 60 galletas, mientras el mercado negro sólo compraba 28 galletas.

Estas distorsiones administrativas y la aparición de miles de "islas dolarizadas" fueron inevitables al no haber un régimen de precios -sombra y sólo inflaron la demanda del dólar en el mercado negro, cuyo precio se fue por las nubes, afectado también por la disminución de las remesas familiares después de la Navidad y por el bloqueo de los bancos en Panamá.

Para poder mantener un esquema de precios tan lejano de los precios regionales, el Estado montó un complicado y engorroso engranaje de controles administrativos. En este esquema de gestión del pasado faltó el ritmo de los procesos acumulativos graduales y el realismo de reconocer que no se puede controlar administrativamente lo que todavía está a la libre disposición del sector privado. La teoría de que el Estado podía controlar a una burguesía meramente administrativa que no tendría poder real en el mercado es una idea abstracta, impracticable en lo concreto mientras haya un imperio cercano que influya a esa burguesía.

El objetivo de la unificación de las tasas de cambio en febrero fue eliminar el complicado sistema de control administrativo que había debilitado al Estado, socavado la racionalidad productiva del mercado y potenciado su anarquía -característica la más negativa del capitalismo-. Pero la medida no logró un impacto total porque no se manejó ágilmente después de que se tomó la decisión de implementarla.

El fallo fue creer que la medida por sí sola, iba a liberar las fuerzas del mercado, a ajustar la estructura de los precios relativos y producir un equilibrio en la economía, cuando el problema de Nicaragua no es el liberar el mercado -ya es anárquicamente libre- sino el encontrar una manera más eficaz de regirlo para aumentar en el corto plazo la producción, única manera real de estabilizar los precios interno. Por no haber dominado un estilo más ágil y dinámico en el período transcurrido entre los dos paquetes, el sistema de control administrativo de los precios reapareció en los distintos ministerios relacionados con la economía, justamente porque la tasa unificada de cambio permaneció inmóvil. Es decir, el paquete de febrero no logró desarmar el engranaje de los controles administrativos y reemplazarlo por una dinámica más ágil porque el manejo hegemónico no depende de una sola decisión sino de una eficiente administración de los servicios públicos para la producción y de un adecuado manejo de las palancas de la economía política (la composición del paquete inversionista, los servicios públicos, la tasa de cambio, la tasa de interés, los salarios y otros precios claves de la economía), y de su diario ajuste.

El paso más nuevo de las medidas: procesos graduales y dinámicos

El elemento más positivo del paquete económico de junio es la decisión de relacionar proporcionalmente o indexar los precios claves de la economía al movimiento real del mercado, ajustándolo mensualmente a la tasa de inflación. Este ha sido el primer paso de un cambio de estilo imprescindible en la gestión económica sandinista, que requiere adaptar y ajustar toda la experiencia acumulada de las tácticas guerrilleras del FSLN a la esferas económica y empezar mecanismos más estructural y permanentemente dinámicos para impactar la economía. La decisión de indexar -si realmente representa un cambio hacia un estilo hegemónico del manejo del mercado- tampoco deber ser rígida.

La decisión de indexar compromete al gobierno a una mayor agilidad porque representa una medida bien complicada. En vez de ayudar, podría incrementar la especulación si el gobierno toma de manera fija decisiones mensuales. la economía podría entrar en un ciclo menstrual en el que al final de cada mes todo el mundo empieza a acaparar y a dejar de vender esperando la nueva tasa de cambio de principios de mes. Serían quizá necesarios cambios más para obviar este problema. Mucha flexibilidad se requerirá también con la nueva tasa de interés ofrecida en las cuentas de ahorro, especialmente si la tasa sigue siendo superior a la inflación del dólar en el mercado negro, porque los dólares se venderían en el negro para aprovechar esa tasa interés real de un 18%. Es decir, si hay confianza en la medida, la gente vendería sus dólares en el mercado negro para poder así ahorrar en córdobas y luego volver a recambiar en el negro.

Lo que debe permanecer firme es el principio de indexación sin que el IPC o la fecha de ajuste lleguen a tener un valor absoluto. Igualmente se podría utilizar el índice de inflación del Ministerio de Construcción u otros índices de inflación de los costos del sector productivo, especialmente si el crédito esta cedido al sector productivo y no al comercial. Aplicar una tasa de inflación del Indice de Precios del Consumidor en Managua a los campesinos del interior del país es lo mismo que expulsarlos del sistema bancario. El Banco Nacional de Desarrollo ha sido el mediador principal entre los pequeños productores y la revolución, especialmente con los sectores más acomodados que no han sido beneficiados por la reforma agraria. En este contexto, los nuevos controles sobre el crédito pueden tener impactos políticos aún más negativos que la política salarial. La flexibilidad y el realismo en el continuo ajuste de las palancas son características de la hegemonía. De hecho, a finales de junio, el Banco había comenzado a reconsiderar las medidas crediticias, especialmente para evitar que sus sucursales cobraran retroactivamente créditos contratados a tasas de interés negativas, como si fueran ajustables como los créditos a largo plazo.

Otro aspecto del proyecto de adaptar la experiencia guerrillera del FSLN al campo económico toca la necesidad de responder más ágilmente y con mayor eficiencia administrativa para brindar los servicios públicos que exigen las cooperativas y los distintos gremios productivos, en vez de tratar de controlar burocráticamente la actividad productiva misma por la vía de los mecanismos financieros o comerciales. Es decir, hay que acercarse al sector productivo logrando hegemonía con servicios realmente eficientes, en vez de querer imponerla por la vía de reglamentos y controles administrativos.

Políticas más sofisticadas con contenido de clase

La aplicación de al experiencia guerrillera al campo económico no sólo exige políticas más flexibles y dinámicas como la indexación, sino la capacidad de intervenir en distintos sectores de la economía con medidas variadas. El área donde hay quizá más necesidad de un tratamiento diferenciado de la economía está en la de los sectores competitivos y oligopólicos de la economía.

La gran paradoja de la economía nicaragüense es ésta: a pesar de los objetivos centrales de la revolución, la clase trabajadora y el campesinado han tenido que reducir significativamente su consumo para permitir los gastos estatales de defensa y el programa de inversiones agropecuarias, mientras que la burguesía patriótica y la no tan patriótica siguen siendo la fuerza social más mimada del país. Este sector está mimado no tanto en sus ganancias sino en los niveles de ineficiencia que le son permitidos. Aunque es cierto que revolución logra grabar un 65% de las ganancias con el impuesto sobre la renta y esto tanto las empresas estatales como a las de este sector, el sistema de precios administrativos siempre tomó en cuenta los impuestos y ha dejado al sector oligopólicos márgenes de ganancia adecuados a pesar de su enorme ineficiencia productiva.

A pesar de la existencia de un complicado y lento engranaje administrativo creado para controlar los niveles de rentabilidad del sector de productores oligopólicos y para defender los intereses de la clase trabajadora, el poder real de compra de los salarios base -sin incentivos- a finales de 1987 era sólo un 6% de lo que fue en 1980. Por contraste, el sector de los productores oligopólicos seguía con niveles de rentabilidad no muy por debajo de los de 1980, siendo el grupo empresarial menos eficiente de todos los países centroamericanos, especialmente por su despilfarro de los insumos importados.

A pesar de que los costos de producción de nuestro arroz, azúcar, leche, aceite (rubros del sector de los productores oligopólicos) superan en mucho los costos de otros productores centroamericanos, la alianza con el campesinado encuentra dificultades y se han pedido más sacrificios a los trabajadores del campo y la ciudad que ellos. Es lógico que las clases populares estén más dispuestas a defender una revolución que representa sus intereses que los productores oligopólicos, pero no están claro que la unidad nacional implique subsidiar la ineficiencia del sector privado oligopólico.

El problema de la estructura oligopólica de la industria nicaragüense y de rubros específicos de su sector agropecuario es uno de los rasgos más típicos del subdesarrollo en la periferia del capitalismo. La revolución heredó el problema, no lo creó. Paradójicamente, con la transformaciones sociales de la revolución, el poder de este sector o la dependencia que la sociedad tenía de él se incrementó. La redistribución de los ingresos aumentó el consumo popular y por lo tanto, la demanda efectiva de la producción de este sector. La eliminación de un régimen represivo, las nuevas garantías para la clase trabajadora, la fuga de personal administrativo y técnico, bajaron los niveles de productividad. En este contexto, el sector oligopólico fue disminuyendo su eficiencia al mismo tiempo que aumentaba la demanda de sus productos.

Los empresarios oligopólicos iban encubriendo su propia ineficiencia detrás de la mayor ineficiencia de las empresas estatales en el mismo sector. Para responder a la demanda y al consumo crecientes, el Estado no optó por parar estas ineficiencias producidas básicamente por la subvaluación de los insumos importados. No lo hizo para no provocar un descenso de la oferta. Aunque los empresarios perdieron cada vez más influencia sobre el rumbo del proceso nicaragüense, existió el mutuo interés entre el Estado y los empresarios de no afectar las ineficiencias de las empresas oligopólicas. Los empresarios, por mantener sus ganancias y el Estado para asegurar el abastecimiento del pueblo.

Las nuevas medidas del gobierno tienen como propósito romper este "pacto de ineficiencia" que contradecía a los intereses de los trabajadores y campesinos a mediano y también a largo plazo. Este es el contenido realmente popular de las nuevas medidas: restringir la ineficiencia de este sector oligopólico. Pero las medidas no garantizan la transferencia de recursos de las industrias oligopólicas que venden su producto en el mercado interno hacia la agroexportación, en la que decenas de miles de productores de café y de carne de res están obligados a un mayor nivel de eficiencia por las estructuras más competitivas de estos rubros. Dada la estructura oligopólicas, serán necesarias medidas que aprieten aún más este sector para permitir que los productores pequeños y medianos se encuentren en condiciones competitivas de igualdad con tan grandes empresas.

En este momento de extrema escasez, la liberación de los precios y salarios da a los productores oligopólicos aún más poder y beneficios que el proceso de controles administrativos que antes los mismo. Los niveles de devaluación han significado ganancias enormes sólo por el hecho de poseer insumos de producción, maquinaria, etc. A pesar de estas ventajas, es dudoso que estas industrias logren aumentar su nivel de productividad y diversificar más la exportación y esto debido a la misma estructura oligopólica de esas industrias.

En este contexto le toca al sector financiero ser no solamente una instancia que intenta aparar la inflación para facilitar la producción sino ser un competidor con los oligopolios. A través de políticas diferenciadas respecto al sector competitivo de la economía para inducir así a las industrias oligopólicas a bajar sus niveles de ineficiencia más rápidamente mientras que se busca como incentivar las empresas competitivas de café y ganado que no goza de todo el apoyo infraestructural público que reciben las grandes empresas y cuyos coeficientes importados de costos de producción son mínimos comparados con los del sector oligopólico. Es decir, al mismo tiempo que se unifican las tasas de intercambio y se reevalúan los recursos crediticios habrá que asegurar un tratamiento realmente igualitario que obligue acaba empresa a medir su eficiencia con las demás.

ALTERNATIVA 6
Discusión pública y participación popular

En el paquete de junio, la participación popular en la planificación y en la discusión pública de las opciones de política de política económica no fue adecuada. Aunque el gobierno consultó con los dirigentes departamentales en todo el país, fue una consulta para recoger insumos que se plasmaron en las medidas, no hubo una discusión amplia del paquete en su formulación concreta. La línea bajó de tan arriba que aun los equipos de apoyo a los ministerios mas involucrados quedaron sorprendidos con las cifras finales de alza salarial, tasa de cambio, etc.

Refiriéndose a los logros de las medidas de febrero, el actual Ministro de Planificación, Alejandro Martínez Cuenca, señaló: "Yo creo que uno de los grandes éxitos que hubo, que se continúa viendo, es que al unificar las tasas de cambio en una economía en guerra, estás logrando una transparencia fundamental en el sistema económico. "Por primera vez en años es posible hacer el cálculo económico y esta transferencia es precisamente lo que faltó durante años para poder entrar en diálogo con los trabajadores, los productores y el pueblo sobre las medidas necesarias para la estabilización de la economía. Las medidas están abriendo caminos para resolver problemas que la economía. Las medidas están abriendo caminos para resolver problemas que la economía llevaba rezagados. El reto es aprovechar la oportunidad y empezar a discutir las propuesta concretas con las bases antes de lanzarlas.

Si no hay discusión y análisis compartido de la política económica será imposible controlar la desarticulación de las tres perspectivas (la de la producción, la de la necesidad de regulación estatal y de las demandas populares) que el gobierno había logrado integrar en su modelo de economía mixta. Sin ampliar los niveles de discusión, la coherencia de la gestión económica nunca podrá consolidarse.

Sin el secreto, la "Operación Berta" y el cambio de moneda no hubieran tenido éxito, pero en la gestión económica ordinaria el secreto puede garantizar el fracaso. El secreto es la esencia del burocratismo. Por contraste, la esencia de la movilización económica es la información y la participación popular (cabildos económicos abiertos en los que se discuten distintas opciones técnicas). Dada la fuerza determinante de la economía, la discusión pública de los problemas económicos puede oxigenar los conflictos al interior del Estado desnudando esos conflictos de sus pretensiones de representar el interés público e incluso desenmascarándolos y haciéndolos ser lo que en realidad son: intereses particulares encubiertos como públicos en la burocracia del Estado.

Este proceso de desenmascaramiento no será posible sin una nueva estrategia que realmente incluya más claramente en el proceso de planificación los interese no sólo de clase sino los intereses gremiales de los campesinos, obreros, artesanos y los de la pequeña burguesía competitiva.

EL antiguo ideal socialista de discusión publica y participación popular es difícil de realizar, pero en esta coyuntura lo ideal está llegando a ser lo indispensable.

Las posibilidades de ampliar la alianza de clases que sustenta el modelo económico nacional y profundiza el carácter popular de ese modelo están dadas fundamentalmente por lo que el pueblo ha conquistado en el campo de las reformas sociales, y económicas llevadas a cabo por la revolución en todos los estos años. Esta experiencia histórica es el material sobre el que se consolidará cualquier tipo de medidas de política económica.

En esta coyuntura de "imperativos económicos" es importante subrayar que la ética revolucionaria y la conciencia popular es la principal fuente de riqueza y está en ella la posibilidad de reajustar la economía de Nicaragua. Este pueblo no prestará oídos a cualquier llamado ético que solo critique los males antes de señalar sus causas verdaderas, venga llamado de sectores políticos o religiosos. Tampoco atenderá el discurso que sólo señale las causas de los problemas sin proporcionar las alternativas concretas en las que el pueblo puede movilizarse para solucionarlos. Tampoco responderá a un discurso que pida sacrificios populares sin hacer estas justas exigencias al Estado y los socios oligopólicos de la economía mixta.

Por falta de participación en el proceso de planificación, las nuevas medidas resultaron un paquete sin pueblo. Las posibilidades de que la insatisfacción y la presión popular fragüen un nuevo modelo de acumulación más popular defenderán en gran parte la capacidad del gobierno de desarrollar un estilo más democrático en el campo económico. Y ese estilo será una de las políticas mas capaces de enfrentar con éxito un porvenir de presión militar con los republicanos de Bush o un porvenir de presiones políticas con los demócratas de Dukakis.

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