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  Número 447 | Junio 2019
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Nicaragua

La voz de la Costa Caribe en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia

Daisy George West, socióloga y antropóloga, representante de la Costa Caribe en la Mesa del Diálogo Nacional e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compartió informaciones sobre diversas realidades del Caribe nicaragüense y reflexiones sobre su participación en el Dialogo Nacional de 2018 y en la actual mesa de negociación con el régimen, en una charla con Envío que transcribimos.

Daisy George West

Recuerdo todavía cuando Monseñor David Zywiec, ya obispo de Siuna, hasta hacía unos meses obispo auxiliar de Bluefields, me llamó un 14 de mayo de 2018 para pedirme que lo apoyara con una “papa caliente” que tenía en las manos. Yo tengo muy buena relación con los obispos de la Costa, con él y con Monseñor Pablo Smith. Soy parte de su equipo, he trabajado mucho con ellos y en el campo internacional cuando los invitan a hablar de los pueblos indígenas, yo voy con ellos. Como no son costeños, ellos sólo me presentan y yo soy la que hablo. Valoran y respetan la empatía con la que yo puedo compartir experiencias. La “papa caliente” que me ofrecía ese día Monseñor David era que yo me integrara al Diálogo Nacional que se iba a desarrollar con el gobierno, y que lo hiciera en representación de la Costa Caribe. Monseñor David es tan responsable que, en vez de hacerse presente él en el Diálogo, había preferido acreditar al Superintendente de la Iglesia Morava, a la que pertenecen los Miskitus. Me pidió Monseñor que viniera a Managua, me dijo que era importante y que lo consultara con mi marido. Pero me dio sólo un día para la consulta porque el diálogo empezaba el 16 de mayo. Hablamos y decidimos que debía participar, aunque teníamos dudas de que el gobierno tomara en serio ese diálogo.

Como no pude tomar el primer vuelo, vine en el segundo. Y fue estando en espera en el aeropuerto de Bilwi que escuché lo que le dijo a Daniel Ortega Lesther Alemán: “¡Usted sabe que aquí venimos a negociar su salida!” Me impresionó tanto que casi quería regresarme a mi casa, pero una fuerza interior me decía que debía estar ahí, que en ese espacio tenía la misión de hablar por nuestra gente, de hablar por la Costa Caribe. El primer día que estuve en aquel salón no hablé nada, pero ya al segundo día sí hablé. Desde ese día y hasta hoy he tratado de ser muy responsable y muy objetiva porque los problemas de la Costa no son responsabilidad ni de este gobierno ni de un solo gobierno. La exclusión comenzó en 1894 cuando nos incorporaron al Estado Nacional.

Para muchos, la Costa Caribe, esa extensa zona de la nación nicaragüense, no existe. Para otros existe, pero la ven con prejuicios. Y para otros existe y la ven sin prejuicios. Las percepciones negativas sobre la Costa tienen raíces históricas. Algunas están en el encuentro entre los bucaneros británicos que llegaron a la Costa y se encontraron con los indígenas Miskitus, pero en vez de entrar en combate con ellos, hicieron una alianza y esa zona de nuestro país quedó en manos de los ingleses. Ese hito histórico del pasado marcó la relación entre el Estado nacional con la Costa: nos ven como traidores, siempre nos han considerado traicioneros. Hoy, nos ven con prejuicios porque somos distintos: comemos distinto y hablamos distinto.

Los pueblos que vivimos en la Costa porque hablamos varias lenguas distintas nos hemos acostumbrado a vivir en la diversidad y a considerar que la diversidad es una riqueza. Y eso choca con la concepción mayoritaria de un Estado que ha impuesto una cosmovisión única. En la Costa estamos familiarizados con la cosmovisión de los pueblos indígenas, basada en la reciprocidad, en el respeto a los ancianos y en la convivencia armoniosa con la Naturaleza, que nos garantiza la continuidad de la vida.

El Estado Nacional le ha dado a la Costa Caribe tres leyes positivas que establecen cómo debemos regular las relaciones sociales. La Ley 28 relativa a la autonomía de la Costa, la Ley 162 relativa al uso de nuestras lenguas, que son oficiales en la Costa, y la Ley 445 relativa a la demarcación de las tierras y territorios de los pueblos costeños. Estas leyes de carácter positivo entran en contradicción con lo que nosotros tenemos y conocemos como derecho consuetudinario, en inglés el “common law”. ¿Cuál es la diferencia? Las leyes de carácter positivo están concebidas por los Estados a partir de las relaciones humanas que se derivan de la propiedad privada y las leyes consuetudinarias han sido concebidas por los pueblos a partir de la propiedad colectiva. Entre ambas concepciones hay una contradicción casi antagónica.

En todos los países de América Latina y el Caribe han prevalecido leyes positivas, que tienen su origen en el Derecho romano. Me pregunto por qué si los primeros pobladores de América Latina basaron sus sociedades en leyes consuetudinarias y pudieron organizar así sus relaciones sociales y su justicia comunal, ¿por qué no subsistió ese derecho en nuestros países y fue sustituido por leyes romanas? Por la discriminación. Porque los colonizadores sembraron la idea de que lo propio no sirve y de que lo ajeno es lo valioso.

En nuestro imaginario no está registrado el querer lo nuestro y el respetar lo propio. Nos han amaestrado para esperar que sean otros quienes vengan a construir lo nuestro. Está registrado en nuestras mentes que lo diferente no sirve. Y que, por ejemplo, quienes tenemos la piel negra somos menos, valemos menos. Todos estos prejuicios se expresan de muchas maneras, también en el lenguaje. Recuerdo una reunión en Managua… Yo había estado participando en Ginebra en los años 90 en la construcción de un instrumento jurídico de los Derechos de las Minorías y en reuniones sobre el avance del cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y fui invitada por una amiga muy querida, Guadalupe Salinas, para que hiciera una presentación sobre la Convención. Hablé ese día sobre los avances que habían tenido los derechos de las mujeres en Nicaragua y alguien comentó: “¿Quién nos iba a decir que una costeña nos iba a enseñar tanto en esta conferencia…”

Si vemos las leyes positivas que nos rigen en la Costa, hemos de admitir que no han funcionado. Desde 1990 no ha habido grandes avances en lo que establece la Ley de Autonomía. En 2006, cuando Daniel Ortega intentaba de nuevo regresar al gobierno, llegó a Puerto Cabezas para hablar con los indígenas, que no habían olvidado la tragedia de la Navidad Roja de 1982 y no querían saber nada de él. Se reunió entonces con los políticos de la organización indígena Yátama, les pidió perdón y firmó trece acuerdos prometiendo que participarían en el gobierno de la Costa Caribe. Ellos firmaron. Hubo cierta gobernanza hasta 2014, pero ese año las elecciones regionales de la Costa fueron totalmente fraudulentas y desde entonces se frustró definitivamente el proceso autonómico, que ya funcionaba deficientemente. Y la prueba de que no funciona es que la pobreza sigue creciendo.

Del proceso de autonomía se derivaba la Ley 445, aprobada en 2002. Establece cómo regular la propiedad comunal de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas del Caribe. De la ley se cumplieron los primeros pasos: demarcación, titulación… pero al llegar al último paso, el saneamiento, que determinaría quiénes debían seguir viviendo en las tierras comunales y quiénes debían salir de ellas por haberlas invadido y debían ser reubicados en otros lugares, no se cumplió.

Hoy, nuestras tierras siguen siendo invadidas por colonos. Les llamamos así a los mestizos pobres, a los mestizos con dinero o a los mestizos enviados que llegan a repoblar los territorios de la Costa. Llegan, se adueñan de las tierras comunales por la fuerza o haciendo trampas legales y desarrollan prácticas nada armónicas con la Naturaleza. Despalan, dedican las tierras a la ganadería, secan los ríos… Eso cambia totalmente la dinámica de vida de nuestros pueblos. Para ellos, los costeños son haraganes porque usan muy pocos recursos, sólo los que necesitan para vivir. Y es que para los pueblos indígenas la vida vale más que los recursos.

El tráfico de las tierras costeñas inició con el proceso de reforma agraria que el gobierno de Somoza promovió desde el Instituto Agrario Nicaragüense (IAN), que entregaba 50 manzanas por persona. En los años 80, y en el marco de la reforma agraria que hizo el Frente Sandinista, también se entregaron 50 manzanas de tierra por persona. Y en el proceso de pacificación durante el gobierno de doña Violeta a ambos bandos que habían combatido en la guerra civil se les entregaron tierras: 50 manzanas a cada ex-combatiente. Todo esto, pese a que el marco jurídico sobre la propiedad comunal de la Costa Caribe establece que esto es prohibido. La ley 28 relativa a la autonomía de la Costa Atlántica, como se le llamaba cuando el Estatuto de Autonomía se aprobó, afirma en su artículo 36, inciso 1 que “las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas, ni gravadas, y son imprescriptibles”. No obstante, cada gobierno, dispuso de nuestras tierras según sus intereses. El tráfico de tierras es una figura jurídica desconocida por la justicia comunal, lo que ha creado un conflicto que no se resolverá por leyes positivas.

Hemos sido invadidos por colonos durante años. A partir de 2007 la invasión se incrementó. Antes del alzamiento de abril ya teníamos en la Costa60 muertos, porque los indígenas se enfrentaban con armas de cacería a colonos que entraban con armas de guerra y que algunos dicen son paramilitares protegidos por el gobierno. Los líderes comunales han acudido ante las instancias competentes en búsqueda de protección sin encontrar respuesta.

Además de los muertos, teníamos a centenares de desplazados, de secuestrados, a mujeres violadas, a comunidades forzadas a abandonar sus tierras para refugiarse en Honduras o en ciudades de Nicaragua que tienen dinámicas y exigencias que no están preparados para enfrentar, lo que aumenta su vulnerabilidad y la precariedad con que sobreviven. Hicimos denuncias en los juzgados nacionales y denunciamos internacionalmente las masivas violaciones a los derechos humanos que estaban padeciendo nuestras comunidades. Finalmente, en 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares para los pueblos indígenas. Pero el gobierno no hizo ningún caso. Los colonos siguieron invadiendo y las comunidades siguieron sufriendo…

Las difíciles realidades de los pobladores de la Costa Caribe, y en particular el uso de las leyes del Estado nacional, que identifico como leyes positivas, ponen en evidencia que las leyes se utilizan según los intereses de quienes detentan el poder. Ya sabemos que las leyes nacen para responder a los intereses de los grupos en el poder. En el Diccionario Filosófico de 1973, escrito por M. Rosental y P. Iudin, ellos lo explican así: “En la sociedad, la realización de la ley presupone la actividad de las personas capaces -conscientes o inconscientemente- de crear o de destruir las condiciones de la acción de la ley. Los hombres no crean por sí mismos las leyes, sino que tan sólo limitan o amplían en consonancia con sus necesidades e intereses la esfera de acción de las leyes”.

Las reformas de las leyes, y en particular las reformas experimentadas tantas veces por la Constitución Política de Nicaragua, revelan que las leyes, y hasta la Constitución, se ajustan a los intereses del gobierno en el poder, que las usa según su conveniencia. Hoy, atendiendo la demanda del pueblo nicaragüense de que se adelante la fecha de las elecciones, se nos dice que queremos violar la Constitución. Para justificar la reelección indefinida de Daniel Ortega se reformó la Constitución y ningún ciudadano puede alegar nada contra esa violación constitucional. Es así como se manipulan las leyes en Nicaragua.

La grave crisis de derechos humanos, que para las comunidades del Pacífico empezó en abril de 2018, nosotros ya la estábamos viviendo desde hacía años. Y desde antes, pues conocimos de la represión en sus distintas modalidades desde los años 80. Y ya ven: los pueblos de la Costa se solidarizaron enseguida con el alzamiento de abril, la juventud costeña se movilizó y se levantó en marchas de protesta, y el primer periodista cayó en Bluefields el 21 de abril, reportando una de esas protestas. Y en junio de 2018 hubo siete indígenas muertos en otra protesta…

Nosotros nos solidarizamos con la otra parte de Nicaragua, pero cuando los indígenas estábamos pasando por algo igual, nadie decía nada, ni los medios se presentaban. Creo que eso expresa la exclusión y la discriminación que ha vivido siempre la Costa Caribe. Sin embargo, siempre hay que ver lo positivo: Abril nos ayudó a todos, en la Costa y en el Pacífico, a dimensionar el desgobierno que estábamos viviendo. Y una de las características de ese desgobierno es precisamente ésa: que la diversidad de pensamiento no debe existir, que quien piensa diferente no tiene derechos y puede ser corrido de su trabajo, puede ser perseguido o hasta matado… La crisis que inició en Abril también está gestando una nueva visión de nación. Ésa es mi esperanza.

Recuerdo que cuando en el primer Diálogo Nacional empezó la discusión por los tranques, yo les dije que en la Costa nosotros tenemos siempre tranques naturales. Por ejemplo, en Wawa, por donde llega la comida del Pacífico a la Costa, no se puede pasar en época de lluvias. No tenemos todavía allí una carretera de todo tiempo y por eso los productos tienen que trasegar en cayuco y cualquier producto, por sencillo que sea, aumenta de precio. Una libra de cebolla, que en el Pacífico cuesta 12 córdobas, allá cuesta 28. Pero a nadie le importa, nadie regula los precios.

El Informe de Desarrollo Humano que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró en 2005 tuvo como tema la realidad de la Costa Caribe. El informe demostró la gran cantidad de recursos que ingresan a las arcas del Estado Nacional por la minería, por la pesca y por los negocios forestales. Pero estos ingresos no se reinvierten después en desarrollo de la Costa, como debería ser. La Costa aporta a la renta nacional, pero a la Costa no se le retribuye su aporte. No hay desarrollo en la Costa. Sí es cierto que en estos años se han logrado formar, por ejemplo, muchos recursos humanos en atención médica, pero no tienen equipos y por bueno que sea un médico necesita equipo para trabajar. Las unidades de salud no llegan hasta las comunidades más alejadas. La muerte antes de tiempo es en la Costa algo muy frecuente. Pero a nadie le importa.

En 2007 cuando pasó el huracán Félix hice un estudio en la Costa Caribe Norte, en Sandy Bay específicamente. Muchos niños quedaron huérfanos entonces. En aquella ocasión rompí la práctica de hablar primero con los adultos y hablé primero con los niños. Les pregunté lo que sintieron y todos repetían lo mismo: cerramos los ojos y cuando los abrimos ya éramos huérfanos… y todo cambió. Yo lloré mucho haciendo aquel estudio. Ya desde entonces pude apreciar que la capacidad de resiliencia de los pueblos costeños se estaba debilitando. Hoy continúa debilitándose. Porque la pobreza está tomando control en la Costa. Y la pobreza crítica debilita cualquier resiliencia. La violencia sexual, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto. Hace poco hicimos un estudio en Bluefields y en Puerto Cabezas y los hallazgos fueron aterradores. En las comunidades de Río Coco arriba me dio tristeza ver que las abuelas, que han sido tradicionalmente las más protectoras en las familias, son ahora las que mandan a sus nietas a prostituirse. Es una situación dramática, que está mucho más allá de hacer talleres para cambiar las conciencias. Tiene que ver con la urgencia de llevar cada día a la mesa el plato de comida…

Por otra parte, también estamos viendo la desestructuración tradicional de las familias con los cambios que experimenta la juventud. Cuando en 2002 hice mi tesis de Maestría en Antropología desarrollé mi investigación en Hallover, litoral sur del Caribe Norte, y pude apreciar muchos cambios entre los jóvenes. Uno de mis informantes, un anciano de 94 años, me explicó que desde la guerra de los años 80 inició el cambio de los jóvenes: el hecho de participar en una guerra, de que les dieran armas y de que se hicieran comandantes, los hizo sentir que subían de categoría, que tenían poder y que ya no tenían que obedecer a los ancianos. A eso se sumó que, con el fin de la guerra y la reducción de la fuerza militar, los cárteles de la droga colombianos encontraron en la Costa un terreno fértil. Muchos jóvenes hallaban la droga y el dinero que lanzaban al mar los narcotraficantes cuando los perseguía la DEA. Con este ascenso económico empezaron a debilitarse los lazos de solidaridad en las comunidades y la juventud comenzó a abandonar la identidad colectiva para asumir una identidad individualista.

Desde que llegué al primer Diálogo Nacional, conocedora de todos nuestros problemas y totalmente convencida de que las leyes positivas no van a resolverlos, y como cuando iniciaron en el Diálogo a formar comisiones me pusieron en la comisión electoral, me aventuré a promover para la Costa Caribe un modelo de elecciones distinto al del Pacífico, un modelo que llamamos “de Usos y Costumbres”. Este modelo tiene apoyo internacional en base a los derechos reconocidos por la legislación internacional a los pueblos indígenas y en Nicaragua más en concreto tiene sustento en dos casos emblemáticos que falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso de Awas Tigni en el año 2000 y el caso de Yátama contra el Estado de Nicaragua en el año 2005. En ambas sentencias de la Corte se le pide al Estado de Nicaragua que organice las elecciones de la Costa Caribe según el uso y la costumbre de los pueblos costeños, según lo que conocemos como democracia comunal: asambleas en las que las comunidades le dicen al hombre o a la mujer que está al frente que lo están ratificando o que lo están cambiando porque hizo esto o lo otro o porque no hizo lo que se esperaba de ellos. Todo se les dice de frente, se les advierte que si no quieren que los cambien deben comportarse y cumplir con lo que la comunidad necesita y espera de ellos. Es un modelo directo y muy formativo para las nuevas generaciones.

Queremos promover este modelo, que no es desconocido para la gente costeña. Sabemos que vamos a encontrar muchas resistencias entre los no costeños. Cuando lo presenté por primera vez en la Alianza Cívica se sorprendieron. Pero han ido entendiendo. Promoviendo este modelo queremos también reducir gastos. Hoy se gasta muchísimo en un solo día de elecciones regionales y todo ese dinero podría destinarse al desarrollo de la Costa. En unas elecciones de uso y costumbre no hay que gastar mucho: basta con convocar una asamblea en donde la gente levanta la mano y ratifica a quien quieren que los gobierne. Este mismo modelo autónomo lo está llevando a cabo la gente de Oaxaca desde hace 27 años, aunque ellos no tienen, como nosotros, una ley de autonomía, sino acuerdos para su modelo de gobernanza. Nos vamos a aliar con ellos para que vengan a compartirnos los errores que ellos cometieron para que nosotros no los cometamos.

Como en la Costa operan cuatro niveles de gobierno: el comunitario, el territorial, el municipal y el regional, el modelo de uso y costumbre es más sencillo de aplicar en el gobierno comunal y en el territorial. El espacio municipal es una herencia colonial y por eso creemos que debería de ser abolido. En el espacio regional nos apuntamos a buscar un equilibrio en la participación de la representación étnica, que será distinto según los lugares. En Laguna de Perlas, por ejemplo, habrá mayor presencia de creoles. Y en Siuna, mayor presencia de mestizos. Lo importante es que no haya discriminación, sino una construcción, sin exclusiones, a partir de nuestra diversidad. Estamos pensando en ir a las comunidades a hacer consultas para así disminuir el miedo al uso y costumbre que sienten la mayoría de los mestizos.

Para tener presencia costeña en la Asamblea Legislativa nacional creemos de suma importancia restableceren la Ley Electoral la suscripción popular, a fin de no estar atada nuestra representación a la pertenencia a los partidos políticos nacionales, que hasta hoy lo que han hecho siempre es elegir a profesionales costeños que sirvan a sus intereses nacionales y que prácticamente se olvidan del objetivo de luchar por el desarrollo de la Costa Caribe y por desarrollar la identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, siempre excluidos de las políticas públicas del Estado nacional.

Lo que queremos con este modelo es sumar sinergias entre todos los que habitamos la Costa para que haya desarrollo en el Caribe. Creemos que los gobiernos nacionales debían haber promovido programas de acción afirmativa para lograr desarrollo, pero no lo han hecho nunca. Lo que observamos es que todo el desarrollo que ha habido en la Costa ha estado basado en los intereses económicos de algunos. Por ejemplo, alguien de “The New York Times” visitó Corn Island, le fascinó y lo describió como una de las mejores playas del mundo. Por eso, Corn Island, aun en medio de la crisis actual, siempre está lleno de turistas. Es una importante fuente de recursos y por eso invierten allí.

El desarrollo es muy desigual en Nicaragua, no responde a las necesidades de la gente, sino a los intereses económicos de quienes tienen el poder. Si comparamos la situación de la Costa con, por ejemplo, la del departamento de Estelí, distante de la capital, lo que vemos es una gran desigualdad. Esto debe cambiar. Si Nicaragua quiere desarrollarse debe invertir donde no hay desarrollo para disminuir la asimetría que hay entre unos y otros departamentos. Pero esa mirada es inexistente. Es esa mirada la que yo intento llevar al interior de la Alianza Cívica.

Desde abril de 2018 la situación de pobreza crítica se ha acentuado en la Costa. Y también se ha instalado el temor. Los líderes comunales ejercen sus derechos y denuncian lo que sucede, pero son perseguidos. Las organizaciones que monitorean las violaciones de derechos humanos y han llevado esa información a la Comisión Interamericana son asediadas. La Iglesia morava, la que siempre ha estado más cercana a los pueblos indígenas y la que más los ha acompañado, la que denunciaba con más fuerza, está hoy en un conflicto enorme porque desde el levantamiento de abril el partido de gobierno está buscando dividirlos y controlarlos. Para lograrlo, en la junta directiva de la iglesia metieron a alguien de ellos. Los evangélicos no dicen nada o están en pro del gobierno. La iglesia católica se mantiene en resistencia. No está para cumplirles lo que ellos quieren, aunque como en todas partes, hay sacerdotes que son pro gobierno y hay los que no están de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, como sucede en todas las instituciones humanas. También existen comunidades de religiosas en la Costa Caribe. Las Hermanas de Santa Inés han dado su vida en la educación de los hijos y las hijas de las familias costeñas. Las Hermanas Carmelitas suman para disminuir el vacío y el dolor de los huérfanos, niños y niñas abandonadas. Mucho tenemos que agradecerles.

La situación actual de las dos Universidades de la Costa, la BICU (Bluefields Indian & Caribbean University) y la URACCAN (Universidad de las Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense), que nacieron para contribuir al desarrollo de la autonomía, me causa dolor. Yo soy fundadora de la URACCAN y he dado clases ahí y en la BICU y he ido comprobando con alarma el control político del gobierno en las dos Universidades. Creo que las Universidades de la Costa, como todas las Universidades del país, deberían estar apoyando los esfuerzos de cambio que hoy está demandando el pueblo nicaragüense. Pero con la justificación de no perder el acceso al 6% del presupuesto, nuestras dos Universidades están ausentes de lo que está pasando en Nicaragua desde el alzamiento de abril. Están en silencio o respondiendo a los intereses del régimen. Hoy, hasta los temas de las tesis los quieren condicionar para que se escriban a favor del régimen. Hasta ese nivel quieren ejercer control. Hay algunos estudiantes que no aceptan esto y nos escriben y nos presentan propuestas, pero lo hacen cuidándose, porque temen que los expulsen de la Universidad por “golpistas”.

Yo llegué al primer Diálogo Nacional con la misión de mantener siempre a la Costa en la agenda del diálogo y en la agenda de la Alianza Cívica y con la apuesta por hacer avanzar la propuesta concreta de que se celebren en la Costa unas elecciones diferentes. Le dije al resto de la Alianza que si estaban abiertos a ese tema yo seguiría con ellos y siento que les abrí una nueva mirada sobre las ventajas de las elecciones de uso y costumbre. Ya nos hemos reunido con una delegación de Miskitu y Afrodescendientes y con una persona experta en la lucha de los movimientos indígenas. Además, en el marco de la celebración de los 100 años del convenio 169 de la OIT, a través de la participación del Cosep hemos introducido un escrito poniendo en evidencia el incumplimiento de varios artículos del convenio relativos a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Caribe, invitándolos a hacer en Nicaragua una evaluación in situ, ya que Nicaragua es signataria de ese convenio. Creo que sí, que he posicionado el tema. Hemos seguido reflexionando sobre eso y ahora estamos trabajando en una propuesta de proyecto para incluirla en las elecciones transparentes y anticipadas que estamos exigiéndole al régimen en la mesa de negociación, que es la única forma legítima, cívica y pacífica que hemos encontrado para transitar al cambio auténtico y duradero que la sociedad nicaragüense espera.

Cuando llegué al Diálogo, en el primer momento vi que algunos querían congraciarse conmigo… Pronto vieron que yo no me callo y que no me interesan los halagos. Enseguida me di cuenta que cualquier tema que se abordaba se miraba a nivel nacional. Y generalmente la mirada nacional solapa la realidad de la Costa. Entonces, de cualquier tema que se hablaba, yo metía cómo era esa realidad en la Costa. Si se hablaba de la justicia, metía el tema de la justicia en la Costa. Mi estrategia en el Diálogo Nacional y ahora, como parte de la Alianza en la mesa de negociación, ha sido siempre propositiva, dando información de lo que pasa en la Costa, porque a veces nuestras realidades se desconocen.

El Diálogo Nacional de mayo y junio de 2018 fue muy diferente a la mesa de negociación que inició en febrero de 2019. Han pasado muchísimas cosas de entonces a acá, pero nuestros temas siguen siendo los mismos: Justicia y Democracia. Y la libertad de todos los presos políticos. Entre el Diálogo Nacional de 2018 y la mesa de negociación de 2019 la Alianza siguió trabajando. En esos seis o siete meses en los que no hubo diálogo nos preparamos y nos capacitamos para mejorar nuestra participación en la negociación. Vinieron expertos de Holanda, de Harvard… Tuvimos una capacitación intensa y hoy la Alianza ha ganado la aceptación y la credibilidad de la comunidad internacional.

A veces me impaciento y hablo fuerte al interior de la Alianza. Pienso que hay una forma de reaccionar distinta entre quienes fuimos colonizados por los británicos y quienes fueron colonizados por los españoles, que dicen las cosas por detrás y son más güegüenses. Los británicos nos enseñaron a ser abiertos y directos. Y en la Alianza yo digo claramente lo que no me parece. Tengo esa responsabilidad y aunque soy mujer y somos pocas en la Alianza, y aunque como costeña estoy sola en la Alianza, tengo autoridad para hablar porque estoy arriesgando mi vida igual que todos los demás.

A pesar de todas las críticas que se oyen contra la Alianza, quiero decirles que ver a estos empresarios, que hasta abril estaban sólo en sus negocios y hoy, aunque están asediados, están buscando los derechos humanos del pueblo, buscando cómo sacar a los presos políticos y cómo solucionar los problemas de Nicaragua, ha sido para mí una experiencia muy importante. Los empresarios ya están convencidos de que los acuerdos económicos que hicieron con el gobierno eran insuficientes y que son necesarios acuerdos políticos para alcanzar soluciones duraderas. Yo creo que ellos han vivido una transición y siento que merecen reconocimiento.

La diferencia entre los miembros de la Alianza Cívica y los de la Unidad Azul y Blanco es que nosotros no somos autoconvocados. Nosotros fuimos convocados por la Conferencia Episcopal para una misión: negociar con el régimen una salida a la crisis. Algunos de quienes nos critican dicen que hablando con un gobierno ilegítimo por los fraudes que ha hecho lo estamos legitimando cuando les pedimos elecciones. Algunos dicen que lo que debemos hacer es crear una junta de gobierno paralelo. Creemos que eso podría desatar una guerra civil porque el régimen eso querría y para eso se prepara. Pero no queremos más derramamiento de sangre, ya ha habido suficiente luto en Nicaragua. Nosotros creemos que la única forma de salir de esto es un adelanto de elecciones con un sistema electoral dirigido y conducido por personas honestas que llegue a resultados que ellos no puedan cambiar. Es la única forma cívica y pacífica que hemos encontrado, con eco internacional y con eco nacional. A lograr esa mínima voluntad política de adelantar elecciones es a lo que apostamos. Y si el gobierno aceptara, tenemos ya propuestas trabajadas para comenzar a interactuar en ese proceso electoral transparente y observado. Si por fin aceptan las elecciones adelantadas crean que en segundos verán lo que pensamos alcanzar para lo que vendrá después, siempre por el bien común.

Algunos de quienes nos critican dicen que nuestros comunicados son muy cuidadosos Nunca en nuestros comunicados nos hemos apartado de nuestras metas, que son las que la mayoría del pueblo demanda: libertad, justicia y democracia. No renunciamos a ninguno de esos desafíos. Y para llegar a esas metas hemos ido construyendo un camino. Si en la Alianza queremos posicionarnos como personas que estamos buscando la verdad, la justicia y la democracia, necesitamos expresarnos en comunicados respetuosos. Evitamos la confrontación. Si tuviéramos una actitud confrontativa, además de asediarnos, ¿qué nos harían? Y entonces, ¿quiénes se sentarían en esa mesa en lugar de nosotros? Mantenernos en lo que hemos decidido, sin confrontación, es lo que tiene a la Alianza Cívica donde está. Fue nuestra perseverancia y nuestra forma de trabajo respetuosa lo que ganó a la comunidad internacional.

Sentándonos a dialogar lo que queremos es despertar una esperanza. Si no nos hubiéramos sentado en esa mesa de negociación, los presos políticos que han salido de la cárcel allí estuvieran. Si no estuviéramos sentados ahí denunciando los incumplimientos del gobierno, las sanciones que vendrán no vendrían. Porque la comunidad internacional tiene muchas distracciones, entre ellas Venezuela, y estando sentados ahí somos una fuente de información permanente a la que recurren quienes se interesan por lo que pasa en Nicaragua. Necesitamos mantenernos ahí. Y necesitamos que la gente crea en nuestros propósitos, que tienen siempre como objetivo el bien común.

La gente se impacienta. Nosotros también. Pero sentimos que el régimen ya se viene desmoronando. Nosotros tenemos una auditoría social de todo lo que está ocurriendo. Hace poco me decía una magistrada: “Esto está difícil, pero el cambio viene”. Y no me lo decía una azul y blanco ni una autoconvocada, sino una funcionaria que ve lo que pasa adentro. Lo que sucede es que quisiéramos ver ya “cuándo” viene ese cambio… Eso no lo sabemos aún.
Pero viene. Porque la mentira jamás vence a la verdad.

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