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  Número 447 | Junio 2019
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Nicaragua

Noticias Nicaragua

LEY CULINARIA

El 14 de mayo, en la sesión donde se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley para el Fortalecimiento y Promoción de las Tradiciones, Costumbres y Gastronomía del Pueblo Nicaragüense como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación -temática desvinculada de la trágica realidad nacional-, el diputado del partido de gobierno Filiberto Rodríguez afirmó en su discurso en defensa de la ley que las comidas nicaragüenses están siendo “amenazadas y penetradas” por productos “extranjeros”. Como “comida invasora e imperialista” identificó a los petit pois y a las pasas. Rodríguez fue señalado de dirigir, con otro militante del partido de gobierno, a la turba que incendió el 23 de abril de 2018 la emisora Radio Darío en León. Los dos hombres a quienes pagó para que llevaran bidones de gasolina para quemar la radio murieron por la explosión que ellos mismos provocaron. Rodríguez apareció en la lista de sancionables por la Unión Europea que propuso la eurodiputada portuguesa Ana Gomes.

RENUNCIAS Y CAMBIOS

El 8 de mayo el Procurador General de la República Hernán Estrada puso “a disposición” de Ortega su alto cargo por razones de salud. Para reponerlo, el régimen nombró a la Subprocuradora Wendy Morales, una joven que apenas había sido incorporada como abogada y notaria en la Corte Suprema de Justicia en julio de 2018. Para ocupar el cargo debía haber ejercido al menos durante diez años como abogada. Estrada es el tercer alto funcionario del gobierno que ha renunciado. En enero de 2019 renunciaron Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Víctor Urcuyo, Superintendente de Bancos. Para sustituir a Urcuyo, Ortega nombró el 15 de mayo a quien durante 19 años ejerció la dirección de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro. El proceso de nombramiento de Montenegro fue ilegal e ilegítimo a juicio de abogados constitucionalistas por no abrir la convocatoria para evaluar candidatos y por hacerse con “trámite de urgencia”, a pesar de haber estado vacante durante cuatro meses el cargo de Superintendente. La Contraloría ha sido una de las instituciones más ineficientes del Estado y en ella, Montenegro ha guardado por su silencio ante flagrantes casos de corrupción.

MAURICIO FUNES

En mayo se conoció el salario mensual que entrega la Cancillería de Nicaragua al ex-Presidente de El Salvador, Mauricio Funes y a su hijo, Roberto Funes Cañas. Mauricio Funes es prófugo de la justicia salvadoreña y fue aceptado por Ortega como asilado político, con parte de su familia, en septiembre de 2016. El ex-Presidente cobra cada mes del presupuesto nacional como asesor de las relaciones exteriores del país unos $2,700 al cambio oficial. Su hijo recibe como “asesor técnico” unos $1,450. Mauricio Funes tiene abiertas cinco causas penales en El Salvador, existe una “alerta roja” de la Interpol para capturarlo y en marzo de 2019 la Corte de Justicia de El Salvador solicitó su extradición, pero el gobierno de Nicaragua no aceptó la solicitud. A Funes se le acusa por peculado y lavado de dinero por $351 millones de las partidas privadas de la Presidencia, por lavado de dinero y por soborno por $3 millones 500 mil, por entregar dádivas al ex-fiscal Luis Martínez -quien guarda prisión- para comprar inmunidad. Es también investigado por divulgar un reporte relacionado a otro caso de corrupción (el caso Flores-Taiwán) y últimamente la Fiscalía lo acusó de evadir $270 mil en impuestos sobre la renta.

LEY CANALERA

El acuerdo marco de ejecución e implementación que se firmó el 14 de junio de 2013 como complemento de la Ley 840, ley aprobada por la Asamblea Legislativa el 13 de junio, concesionando buena parte del territorio nicaragüense para la construcción del Gran Canal Interoceánico al empresario chino Wang Jing, establecía que si seis años después de firmado el acuerdo el inversionista no disponía de recursos para la obra, el gobierno de Nicaragua tendría el derecho de dar por cancelada la concesión del proyecto y de los subproyectos relacionados. Desde hace varios años no ha habido un solo dato que indique que se están invirtiendo recursos en el megaproyecto canalero. El Movimiento Campesino, que desde hace seis años ha luchado contra la construcción del canal, reclama ahora la derogación de la concesión y de la ley.


CRECEN REMESAS

Mientras todos los indicadores que mueven la economía de Nicaragua están a la baja-inversiones, exportaciones, turismo, cooperación internacional-, las remesas de migrantes y exiliados se han incrementado. Entre enero y abril entraron a Nicaragua entraron $518.3 millones en remesas, un aumento del 7.5% respecto al mismo período de 2018, cuando se recibieron $482.3 millones. Esto se debe al mayor número de exiliados por motivos políticos y al mayor esfuerzo que los migrantes tradicionales están haciendo por apoyar a sus familias, dada la aguda crisis económica.

RESERVAS INTERNACIONALES

Después de varios meses sin publicar el estado de las reservas internacionales que guarda el Banco Central de Nicaragua (BCN) y que mantienen la estabilidad macroeconómica y el cambio con el dólar, esta entidad informó que entre abril de 2018 y abril de 2019 las reservas se redujeron en $795.8 millones, una reducción del 27% respecto a las reservas de las que el país disponía en abril de 2018. El BCN no informó de los detalles de la caída de reservas en enero, febrero y marzo de 2019.

NICAS EN COSTA RICA

Según una investigación realizada en Costa Rica a 382 nicaragüenses que llegaron a ese país desde abril de 2018, el perfil del exiliado nicaragüense es éste: un 65% son hombres y el 35% mujeres, la mayoría (63%) tiene entre 16 y 30 años, “en plena edad productiva”. El 53% tiene nivel universitario, el 29% nivel de secundaria y el 11% de técnico medio y superior, “una importante fuga de cerebros”. El 40.8% son de Managua, Masaya y Carazo, el 90% ya tiene estatus de refugiado o lo ha solicitado. El 80% volvería a Nicaragua enseguida que las condiciones cambien. La persecución, las amenazas de muerte (25.7%), el hostigamiento y el miedo son las razones que les motivaron a irse de Nicaragua. Sólo el 13.2% lo hizo por razones económicas. La investigación fue patrocinada por la Fundación Arias y realizada por los nicaragüenses Elvira Cuadra (socióloga) y Roberto Samcam (ex-mayor retirado del Ejército).


BCIE - POLICÍA

Entre 2018 y 2019 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha aprobado $8 millones 300 mil a la Policía de Nicaragua, 5 millones para delegaciones policiales en donde han sido torturadas centenares de personas. La información sobre nuevos proyectos del BCIE para financiarle a la Policía vehículos y equipos provocó una campaña en www.change.org para recoger firmas presionando al BCIE para que no otorgara ese financiamiento a una institución que es el principal agente represor del régimen. En unos días se recogieron decenas de miles de firmas. El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, desestimó la presión, afirmando que el Banco “no se pronuncia sobre los asuntos internos de sus Estados miembros”. Las firmas iban acompañadas de una carta enviada a la Asamblea de Gobernadores del banco, informándole de las prácticas represivas de la Policía. El director de la Policía, Francisco Díaz, está afectado por la Ley Global Magnitsky por violaciones a los derechos humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indicó en su informe de 2018 que Díaz y otros directivos de la Policía nicaragüense deben ser investigados por crímenes de lesa humanidad. El BCIE es el único banco multilateral con el que Ortega cuenta para obtener fondos, ya que el BID y el Banco Mundial no aprueban proyectos para Nicaragua desde hace varios meses.

ENCUESTA DE CID GALLUP

En la última encuesta nacional realizada por la empresa Cid Gallup entre el 7 y el 21 de mayo a 1,205 personas en todo el país, el 77% afirmó que el país va “por un rumbo equivocado”. Entre los sandinistas el 47% opinó así. Los graves impactos de la crisis económica explican este alto porcentaje. Según la encuestadora, es la primera consulta en la que quienes se reconocen sandinistas opinan tan críticamente del rumbo del país. A la pregunta “¿Cuándo cree que habrá normalidad en el país, cuando haya elecciones o cuando Daniel Ortega salga del poder?”, el 33% señaló las elecciones y el 41% dijo que cuando Ortega deje el poder. Sólo el 12% dijo que ya las cosas están normales en Nicaragua. Un 66% no confía con el diálogo considerando que el gobierno gana tiempo así para postergar las elecciones. El 34%, la mayoría sandinistas, cree que se debe continuar con el diálogo. La encuesta tardó más tiempo que otras veces en poder realizarse por las dificultades que las autoridades ponían en el terreno a los encuestadores.


RETORNO DE EXILIADOS

En abril el régimen de Ortega anunció un “programa de retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior”, que afirmó había acordado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Después se supo que el régimen había enviado el 15 de abril a la oficina de la OIM para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe una solicitud formal para que apoyara el programa. La OIM hizo pública su respuesta, en la que dijo que “analizaría” la propuesta y la estudiaría “una vez que se conozcan los detalles”. Añadía que participaría “en el marco de un trabajo concertado con todos los sectores de la sociedad”, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil. Recordaba también la OIM que el “retorno voluntario asistido” se gestiona “apegados a los principios de respeto de los derechos humanos, dignidad, seguridad y confidencialidad de los datos personales” de quienes se acojan al retorno. El 27 de mayo, en su diario comunicado “ante la mesa de negociación”, el régimen afirmó que eran ya “centenares” los nicaragüenses que se estaban acogiendo al programa de retorno, pero sin mencionar la participación de la OIM.

ALBA FORESTAL

En un texto en el diario “La Prensa” del 28 de mayo, Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, a la que el régimen canceló su personería jurídica en diciembre de 2018, escribió que la empresa Alba Forestal, vinculada al consorcio Albanisa, sacó en 2007 de la Costa Caribe Norte la madera de los árboles que cayeron por el huracán “Félix”. Desde ese año, y entre la madera de los árboles caídos y la de los árboles que cortaron durante cuatro años más en Kukalaya, Layasiksa, Waskin y otras comunidades caribeñas, Alba Forestal extrajo unos 73,855 contenedores de madera. “Para explicarlo mejor -escribe Ruiz- podríamos llenar una carretera de 900 kilómetros con estos contenedores llenos de madera”. Ruiz informa que en 2014 la razón social de Alba Forestal S.A. pasó a llamarse N&H Wood Products, controlando toda la oferta de madera a nivel nacional e internacional. “El negocio de la deforestación -afirma Ruiz- ha enriquecido el capital familiar, y no sólo eso: ha modificado la legislación ambiental para favorecer a estas empresas”. Señala que actualmente la extracción de pinos en Nueva Segovia, a través de las empresas de la familia y de “los grandes capitales criollos” es el objetivo de este lucrativo negocio, que está deforestando el país.

ES UNA LEY INACEPTABLE”

En relación a la ley de “atención integral a las víctimas” aprobada ¬por el régimen de Ortega el 29 de mayo, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)para Nicaragua, Antonia Urrejola, dijo en entrevista a “La Prensa” el 4 de junio: “Hemos conocido de esa ley en la Comisión Interamericana y puedo decir con certeza que no cumple con ningún estándar internacional en materia de reparación.Esa ley ofrece, en su exposición de motivos, una reparación integral y en su articulado omite aspectos esenciales de la reparación, como las reparaciones simbólicas: la verdad y la justicia como formas de reparación. Tampoco ofrece las garantías de no repetición como forma de reparación, por solo mencionar las faltas más evidentes de esa ley. Por otro lado, la ley se adscribe a la narrativa oficial del “intento fallido de golpe de Estado” y así niega a todas las víctimas de la represión estatal. Esto es inaceptable y por ello carece de la legitimidad y de la construcción colectiva que cualquier sistema de reparación debe satisfacer conforme a los estándares interamericanos sobre la materia, que obligan a Nicaragua. Se trata de una legislación que será dejada sin efecto por la acción de la propia sociedad nicaragüense o por la de la comunidad internacional.

NAYIB BUKELE

El nuevo Presidente de El Salvador no invitó a su toma de posesión el 1 de junio ni a Nicolás Maduro ni a Juan Orlando Hernández ni a Daniel Ortega. Por Nicaragua estuvo presente en la ceremonia Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. “Le hemos pedido en nombre del pueblo de Nicaragua que nos apoye en los foros internacionales, sobre todo ante la Organización de Estados Americanos”.

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