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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 84 | Junio 1988
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Nicaragua

Altibajos del diálogo: inestabilidad centroamericana

Desde la tercera Cumbre de Presidentes centroamericanos en Costa Rica (Esquipulas III, de enero 1988) el dinamismo de los caminos hacia la paz ha entrado en Centroamérica en ritmo de cámara lenta, exceptuando, naturalmente, el acontecimiento de Sapoá.

Equipo Envío

La realidad centroamericana es de gran inestabilidad. La iniciativa de Esquipulas se ve amenazada por la ingobernabilidad de El Salvador y el rompimiento interno de la Democracia Cristiana. También, por las amenazas a la continuidad del gobierno de Cerezo en Guatemala. Y no menos, por la creciente implicación de Honduras en la prolongación de la ayuda ilegal a los contras, por su injerencia en favor de la fracción somocista de éstos e incluso por el envolvimiento de las Fuerzas Armadas hondureñas en incursiones contra el FMLN salvadoreño. La Comisión Ejecutiva de Esquipulas II parece en trance de parálisis. Sólo el éxito de los acuerdos de Sapoá puede inyectarle nuevo dinamismo.

Ningún otro proceso, ni siquiera la concatenación internacional de acontecimientos favorables a una situación de post-guerra y de reconstrucción económica de Centroamérica, pueden suplir, como palanca principal, la terminación de alguno de los conflictos bélicos que desgarran la región. Al menos, mientras se arrastren, penosamente pero aún con fuerza, los últimos meses de la administración Reagan. En este contexto, el simple logro de la continuación del diálogo indirecto entre el gobierno nicaragüense, los republicanos y los demócratas, y la vigencia de un cese al fuego temporal cobran toda su importancia.

Divisiones en la Contra y presiones estadounidenses: ¿qué alternativas?

El "terremoto político" que Sapoá significó para las posibilidades de sobrevivencia de la contrarrevolución nicaragüense, prolongó y profundizó sus sacudidas durante el mes de mayo. La contradicción más seria se escenificó en el terreno militar. Iniciada ya en el mes de abril, se tradujo en mayo en un desafío abierto de parte de algunos de los más importantes jefes campesinos a la autoridad del ex-coronel Bermúdez. Destaca entre ellos "Fernando" (Diógenes Hernández Membreño). Importante es, sin embargo, que también "Toño" (Walter Calderón López), ex-oficial de la Guardia Nacional somocista, se sumó a este desafío. Lejos de aceptar el ostracismo al que Bermúdez había intentado relegarlos, estos jefes, apoyados por "Rigoberto" (Tirso Ramón Moreno) -con mando real sobre las tropas del Comando "Jorge Salazar", el más numeroso y activo- acusaron el Tegucigalpa a Bermúdez de minar las negociaciones de Sapoá, de aprovecharse de la ayuda estadounidense y de actuar dictatorialmente.

Otro de los más renombrados jefes contrarrevolucionarios, "Tigrillo" (Encarnación Valdivia) suscribió una carta denunciando a Bermúdez, exigiendo su destitución como Comandante en Jefe y apoyando a "Toño" y a "Fernando" y a los otros jefes destituidos por el excoronel somocista. La firmaban también otros 30 comandantes en el terreno. La carta desvirtuaba las explicaciones de Bermúdez de que las únicas fuerzas cohesionadas de la contrarrevolución son las que han operado en el norte de Nicaragua, pues el campo de operaciones de "Tigrillo" ha sido precisamente el norte.

La pugna se enconó durante toda la primeras semana de mayo. Al lado de los comandantes rebeldes a Bermúdez se alinearon dos civiles, Donald Lacayo y Alejandro Montealegre, responsables políticos y de finanzas de los contras en Honduras. Los militares hondureños se apresuraron a auxiliar a Bermúdez, deteniendo y deportando a Miami, primero a los civiles y luego a cinco de los seis comandantes militares en rebeldía presentes en Tegucigalpa. Sólo "Fernando" logró eludir la detención de un primer momento y viajar al sur de Honduras para reunirse con tropas presuntamente leales a él en sus campamentos.

A su llegada a Miami, Lacayo dio declaraciones al Miami Herald, alegando que Bermúdez nunca ha tenido intenciones democráticas y que su eventual triunfo implicaría la instauración en Nicaragua de una dictadura sangrienta, peor que la de Somoza. La escapada de "Fernando" fue flor de un día. Ante la amenaza que para la cohesión de los contrarrevolucionarios y para la tranquilidad del sur hondureño se cernía con el éxodo de numerosos combatientes contrarrevolucionarios que desde Nicaragua se dirigían a los campamentos hondureños para apoyar a "Fernando", tropas hondureñas instalaron un cerco alrededor de dichos campamentos, controlando así la salida y entrada de los contras a ellos. Los militares hondureños estuvieron apoyados por alrededor de mil soldados estadounidenses de la fuerza permanente que se mantiene en Palmerola y que se desplazaron también hacia el sur. Oficiales hondureños parecen haber tendido una trampa a "Fernando" convenciéndolo de abandonar los campamentos para entablar negociaciones.

Otra versión asegura que "Fernando" fue hecho prisionero en combates de las tropas hondureñas con una columna contrarrevolucionaria bajo su mando, que habría intentado dejar los campamentos para internarse en Nicaragua buscando la protección de sus compañeros de armas leales. Incluso, habría habido heridos y algún muerto en el combate. Posteriormente, "Fernando" habría sido también expulsado de Honduras. El único hecho constatable es que "Fernando" siguió a "Toño" y a los civiles y militares más notables que habían estampado su firma en los acuerdos de Sapoá fueron eficazmente suprimidos.

Mientras tanto, las discrepancias en la dirigencia contrarrevolucionaria se exacerbaron. En la primera semana de mayo, en una reunión en Washington, el Secretario de Estado Shultz intentó limar esperanzas entre los miembros del directorio y Bermúdez, así como también entre varios miembros del mismo directorio, sobre todo entre Calero y César, polos extremos de las posturas políticas representadas en la burguesía que ha apoyado la contrarrevolución armada, y entre todos los demás Aristides Sánchez, totalmente aliado con Bermúdez. Los intentos de Shultz no impidieron que salieran a la publicidad los fuertes roces que enfrentan a los miembros del directorio.

En el desplome de las posiciones que la perspectiva del final de la guerra ha provocado, lo más interesante -fuera de las anécdotas intrascendentes entre "perros y gatos" que se disputan los últimos despojos del banquete de la ayuda humanitaria votada por el Congreso- es el equilibrismo de Alfredo César para intentar mantenerse como la carta más valiosa que la mayor parte de las fuerzas involucradas en Sapoá puedan jugar. Girando continuamente sobre sí mismo, César ha evolucionado desde su imagen en Sapoá como alternativa a un Calero de larga trayectoria reaccionaria y colaboracionista con la CIA, desde su aura de razonable negociador y co-autor de los términos sobre los que se edifique la paz, a una posición de alianza con Bermúdez. El asesor estadounidense de la delegación del gobierno nicaragüense en las conversaciones de Sapoá, el abogado Paul Reichler, calificó esta alianza de "pacto con el diablo", que "puede arruinarlo" (a César), al asociarlo con lo peor de la contrarrevolución, la ex-Guardia Nacional somocista.

César, por otro lado, mantendrá probablemente que su apoyo a Bermúdez es sólo temporal, uno de esos compromisos sucios que la política demanda y que se vuelve necesario para comprometer a Bermúdez en el dinamismo de Sapoá. Unicamente la hora de la verdad, que se presentará inexorablemente cuando se traten de quebrar o de reafirmar definitivamente los acuerdos de Sapoá, acabará por definir el juego que en la cuerda floja intenta mantener César. La habilidad política para sobrenadar todas las tormentas no equivale, sin embargo, a la posibilidad de obtener un lugar digno bajo el sol en la conciencia del pueblo nicaragüense, muy capaz de distinguir entre negociación politiquera y compromiso verdadero con la causa nacional.

Lo que Shultz no consiguió sino a medias, la CIA logró consolidarlo, al menos temporalmente durante el fin de semana del 14 al 15 de mayo. Según informaciones del Washington Times (periódico ultraderechista financiado por la secta Moon), en el curso de una reunión del directorio de Miami, Pedro Joaquín Chamorro Barrios habría planteado la renuncia del Comandante en Jefe Bermúdez. Acto seguido, Arístides Sánchez habría telefoneado a la CIA y un agente de esta habría pedido que su conversación con Sánchez fuera conectada con el intercomunicador de la sala en que el directorio se reunía, escuchándose a continuación una larga diatriba en la que dicho agente habría presionado al directorio durante casi media hora para que apoyaran a Bermúdez, intercalando además groseros insultos ("imbéciles", "estúpidos") contra los miembros del directorio y extremando acusaciones contra Chamorro Barrios (querría "vender el movimiento al gobierno marxista de Nicaragua"), amenazándolos finalmente con cortarles la ayuda. Interrogado por la prensa, Chamorro Barrios aceptó la veracidad del incidente, aseguró que igualmente insultado se sentía cuando "La Voz de Nicaragua" lo llamaba "mercenario" y que, además no fue él el único insultado sino con él todos los miembros del directorio.

Al pedir éstos cuentas de su llamada a Aristides Sánchez, habría él respondido que "ellos (la CIA) son los que ponen los reales, ellos fueron los que nos escogieron". El "terremoto de Sapoá" continuaba haciendo estragos, esta vez dando la más sólida de las pruebas de que es la CIA la principal coreógrafa de la operación contrarrevolucionaria. El hecho en sí había sido esclarecido suficientemente durante las audiencias del Congreso sobre el Irán-Contragate, pero ahora volvía a confirmarse en una forma tal que llenaba de ridículo a los presuntos "paladines de la libertad". Chamorro Barrios no tuvo la dignidad de renunciar inmediatamente a su puesto, sino que, alineándose con las directrices de la CIA, se presentó días más tarde en Managua en la cuarta sesión del diálogo, en la que participó por vez primera Bermúdez.

Esta cuarta sesión, al más alto nivel, estuvo en duda hasta el mismo día fijado para su celebración (25 de mayo). El Vice-Canciller de Nicaragua Victor Hugo Tinoco, y el secretario del directorio, Roberto Ferrey, se reunieron en más de una ocasión durante el mes de mayo para acordar la agenda y el lugar. Ya desde la conclusión de la tercera sesión a fines de abril, el directorio había anunciado que no vendría a Managua. El gobierno, sin embargo, mantuvo con firmeza su decisión de realizar en Managua la reunión y no en Sapoá, donde la proponía la contrarrevolución.

No tenía sentido rechazar una sede por la que los contrarrevolucionarios habían luchado desde que Esquipulas II estipuló el mandato de concertar un cese al fuego en cada país en que hubiera fuerzas en conflicto bélico. Mientras los contras amenazaban con presentarse en Sapoá y no en Managua, algunos congresistas demócratas, reuniéndose en Washington con el directorio le habrían dejado claro, según Paul Reichler, cercano al liderazgo demócrata en la Cámara, que "no hay ningún ánimo por parte de la Cámara de Representantes de aprobar más ayuda militar" y "que la única alternativa para salir de su situación actual es a través de la negociación con el Gobierno de Nicaragua". A Managua llegaron la noche del 25 de mayo los miembros de la delegación contrarrevolucionaria, con la ausencia de Adolfo Calero, aparente perdedor de los roces reseñados.

Es evidente que durante el mes de mayo continuó el diálogo indirecto tripartito entre el gobierno nicaragüense, los republicanos y los demócratas. Las intervenciones de Shultz y de la CIA responden el mensaje de dureza que desde la postura republicana se envía al gobierno de Nicaragua. La postura de los militares hondureños sería parte de este mismo mensaje intransigente. En cambio, la intervención de los congresistas demócratas iría en la línea de otro tipo de mensaje, centrado en la posibilidad de la negociación.

Flexibilidad y firmeza en el diálogo con la contrarrevolución

Bajo la bien calculada intransigencia del gobierno nicaragüense sobre la sede de la reunión se revela uno de los hechos políticos más importantes del período que comenzó con Sapoá. Los dirigentes de la contrarrevolución habían experimentado en Managua, en las dos sesiones precedentes, una de sus mayores decepciones. Ni a su llegada al aeropuerto, ni durante su estancia en el Hotel "Camino Real", ni en el curso de sus conferencias de prensa en el Hotel "Las Mercedes", ni siquiera cuando se trasladaron a la sede de la Conferencia Episcopal o a los locales de "La Prensa", salieron a su encuentro para recibirlos, como a los "salvadores" de Nicaragua que ellos se habían imaginado, más de un centenar de personas.

Diez años antes, cuando el Grupo de "Los Doce" había desafiado las amenazas de Somoza y había aterrizado en Managua, a pesar del aparato de seguridad y de fuerza de la dictadura, más de cien mil personas les organizaron un memorable recibimiento. El contraste no podía ser más desalentador. Por otro lado, quien más quien menos entre la delegación contrarrevolucionaria (de 80 personas en la primera ocasión, de 40 en la segunda), tenía parientes y amigos sandinistas que fueron a los lugares de hospedaje y reunión de los contrarrevolucionarios para exhortarlos a deponer actitudes militaristas y a optar por la paz. Como consecuencia, algunos evitaron continuar manteniendo tales encuentros. Finalmente, los dirigentes de la contrarrevolución debieron contestar en Managua a preguntas de los periodistas, que los dejaron en evidencia. Interrogada, por ejemplo, la portavoz de los contras en Miami, Martha Pasos de Sacasa, sobre cuántos hijos tenía ella luchando en las filas de la contrarrevolución o cuántos tenían los otros dirigentes y contrarrevolucionarios de Miami, tuvo que responder simplemente que para ella y otras señoras, "todos los combatientes son como sus hijos". Managua se había convertido definitivamente en una fruta de amargo sabor para los dirigentes contras.

Estos, con el ex-coronel Bermúdez al frente llegaron a la tercera sesión del diálogo con una agenda provocadora. Desvirtuando los términos de los acuerdos de Sapoá, la propuesta contrarrevolucionaria exigía entre otras cosas que en el plazo de 5 días, a partir de la fecha de la firma de un cese al fuego definitivo el gobierno de Nicaragua decretara:

a) Amnistía General para todos los delitos políticos y comunes conexos para (todos los encarcelados) después del 19 de julio de 1979 sin excepción.

b) Suspensión del reclutamiento para el Servicio Militar.

La propuesta incluía además una serie de nuevas demandas de carácter político, entre las cuales se exigían "elecciones para una Asamblea Constituyente". La exigencia sobre la amnistía contradecía directamente el artículo 3 del Acuerdo de Sapoá, que comprometió al gobierno nicaragüense a liberar 100 presos el Domingo de Ramos -cosa que cumplió ya- y, del resto, el 50% al "ser verificado el ingreso de las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense a las zonas" de cese al fuego temporal y el otro 50% en fecha "posterior a la firma del cese del fuego definitivo", pero para los casos específicos de los ex-guardias nacionales "previo dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA".

Por otro lado, no puede considerarse como una propuesta de buena fe la exigencia de cesar el reclutamiento para el servicio militar antes de cualquier procedimiento de verificación que compruebe el efectivo cese al fuego definitivo por parte de la contrarrevolución, es decir, su ingreso a las zonas en que han de concentrarse sus fuerzas, su desarme y su reincorporación a la vida civil o su reubicación en otro país. Finalmente, el reclamo de elecciones para una Asamblea Constituyente, en cuanto hecho al poder Ejecutivo de Nicaragua, viola los procedimientos constitucionales de cada país. Eso, sin contar que el resto de las demandas políticas tendrían su lugar en la agenda del diálogo nacional, una vez que las fuerzas irregulares contrarrevolucionarias ingresaran a las zonas señaladas de mutuo acuerdo y los representantes de las diversas organizaciones agrupadas en la Resistencia Nicaragüense enviaran a ese diálogo sus delegados hasta un máximo de ocho (Arts. 1 y 6 de Sapoá).

La propuesta contrarrevolucionaria equivalía, por lo tanto, al desconocimiento de los acuerdos ya firmados y a la pretensión -en forma de ultimátum- de suscribir otros, contrarios a la letra y al espíritu de Esquipulas II, con el agravante de que se pretendía volver a partir de cero, ignorando los 16 puntos ya acordados en las anteriores sesiones de alto nivel correspondientes a la Propuesta Integral para lograr el cese al fuego definitivo que el gobierno nicaragüense presentó en la primera sesión de Managua.

Este ultimátum venía respaldado por la expectativa de que la Cámara de Representantes aprobara ayuda militar de alguna cuantía, por pequeña que fuera. Los republicanos iban a proponerla como enmienda a un proyecto de ley -"enmienda Hyde"-, pidiendo que la contrarrevolución recibiera ayuda militar a partir de octubre y a través de la CIA si no se llegaba a ningún acuerdo en las negociaciones con el gobierno nicaragüense. La enmienda fue derrotada el día 26 por 214 votos contra 190. La mayoría, fundamentalmente demócrata, enviaba un nuevo mensaje en la línea del diálogo indirecto con el gobierno de Nicaragua.

El gobierno nicaragüense rechazó el ultimátum con base tanto en el marco político de Esquipulas II como en las necesidades pragmáticas de no echar por la borda largas horas de difícil negociación hacia la paz. El segundo día de la reunión, una vez que los negociadores contrarrevolucionarios -conscientes de haber perdido en el Congreso lo que habría podido respaldar su ultimátum- convinieron en ratificar su aceptación de los 16 puntos ya previamente acordados en sesiones anteriores, el gobierno también aceptó recibir la propuesta contrarrevolucionaria a título de "insumo" para la negociación. Durante ese día, una comisión ad hoc llegó a subsiguientes acuerdos sobre varios de los otros puntos aún pendientes.

Texto de la propuesta contrarrevolucionaria

El negociador que dirigía la delegación del gobierno, al Ministro de Defensa Humberto Ortega, sugirió a la delegación contrarrevolucionaria prolongar unos dos días la sesión para poder culminarla en un acuerdo global. La respuesta de la contraparte fue dejada en suspenso hasta el día siguiente. En la mañana del tercer día (28 de mayo) el gobierno ofreció discutir el punto 26 de la propuesta global que había presentado en la primera reunión de Managua. Tal punto, en su redacción original, recogía únicamente el artículo 6 de los acuerdos de Sapoá (la incorporación al diálogo nacional de los delegados de la Resistencia Nicaragüense luego de que sus fuerzas se hubiesen concentrado en las zonas mutuamente acordadas), añadiendo la condición de que esa incorporación debía realizar previa la verificación de la mencionada concentración de fuerzas, punto que explicitaba la condición general de verificación de todo el acuerdo de Sapoá estipulada en el artículo 9. En su nueva redacción, el punto 26, declarado por los negociadores contrarrevolucionarios como el esencial, integraba bastantes de las demandas políticas planteadas por la contrarrevolución en su propuesta-insumo:

"En cumplimiento de Esquipulas y de Sapoá, en el marco del diálogo nacional tripartito, y en un plazo de sesenta días a partir de esta fecha, se acordarán las medidas y/o reformas que establezcan el marco jurídico indispensable para el proceso de democratización y reconciliación nacional y que deberá incluir aquellas que:

a) Garanticen el pluralismo político, respetando los valores étnicos, culturales y religiosos;

b) Garanticen la separación e independencia de los poderes del Estado;

c) Aseguren la igualdad de los ciudadanos ante la ley, con pleno respeto a los derechos humanos;

d) Aseguren la libertad de expresión, asociación, reunión y movilización, así como de religión y de educación.

e) Erradiquen toda fuerza coercitiva que obligue a pertenecer a las organizaciones de masas sandinistas.

f) Dispongan la separación del Ejército y la Policía de toda vinculación de partidos y actividades políticas, y la subordinación de los mismos y las fuerzas paramilitares afines, al poder civil.

g) Garanticen el derecho de huelga y el fuero sindical;

h) Establezcan garantías procesales que permitan el juicio justo;

i) Garanticen un sistema electoral pluralista y justo, que servirá para convocar a un proceso electoral cuyo calendario será establecido en el Diálogo Nacional, para las elecciones de una Asamblea Constituyente, autoridades municipales y representantes al Parlamento Centroamericano".

Plan del gobierno de Nicaragua: nueva redacción

"Una vez emitida por la Comisión Verificadora la constancia de ubicación de las fuerzas irregulares de la Resistencia en las zonas, los Representantes de las Organizaciones Políticas que integran la Resistencia Nicaragüense se incorporarán al Diálogo Nacional de conformidad con el numeral 6 de los Acuerdos de Sapoá.

Dentro del Diálogo Nacional se establecerán los acuerdos necesarios para asegurar o perfeccionar la vigencia de:

a) El pluralismo político, respetando los valores étnicos, culturales y religiosos del pueblo nicaragüense.

b) La separación e independencia de los poderes del Estado.

c) La igualdad de los ciudadanos ante la Ley y el pleno respeto de los derechos humanos.

d) La libertad de expresión, asociación, reunión y movilización, así como la libertad de religión y de educación.

e) La igualdad de derechos y oportunidades ante la ley de todos los partidos políticos de Nicaragua.

f) Las instituciones y organismos del Estado al pleno servicio de los intereses nacionales.

g) El derecho de huelga y la libertad sindicales.

h) Garantías procesales que permitan un juicio justo.

i) Un sistema electoral pluralista y participativo en base al cual se convoque a procesos electorales libres y honestos para las elecciones municipales y las elecciones al Parlamento Centroamericano, cuyo calendario será establecido en el Diálogo Nacional, y para las elecciones generales que se efectuarán en 1990.

j) Garantías y normativas de funcionamiento de la economía mixta, que incluya las diversas formas de propiedad (pública, privada, cooperativa, etc.)".

Comparando esta redacción del punto 26 con el numeral 4 de la propuesta insumo contrarrevolucionaria, se pueden comprobar tanto la flexibilidad del gobierno como el mantenimiento de sus principios fundamentales en el marco constitucional del proceso revolucionario nicaragüense. La flexibilidad consiste básicamente en aceptar detallar una agenda política con la contrarrevolución antes de que ésta demuestre inequívocamente su voluntad política de poner fin a la guerra. Consiste además en modificar el planteamiento mismo del diálogo nacional, asignándole como objetivo no sólo discutir una agenda política sino establecer acuerdos sobre los puntos de la agenda.

Bien es verdad que todo diálogo tiene ese objetivo y que sólo su curso concreto puede llegar a determinar si se da la posibilidad real de llegar a acuerdos en puntos que, por su misma naturaleza controversial, pueden mostrarse resistentes a los compromisos indispensables para alcanzarlos, y esto tanto de una parte como de otra o de las varias que configuran los interlocutores de cualquier diálogo. La flexibilidad se muestra finalmente en recoger como agenda prácticamente casi todos los puntos contenidos en las exigencias contrarrevolucionarias.

El mantenimiento de los principios fundamentales del marco constitucional del proceso revolucionario nicaragüense se constata, por otro lado, en puntos no poco importantes. Donde la propuesta contrarrevolucionaria mencionaba acuerdos sobre "medidas y/o reformas que establezcan el marco jurídico indispensable para el proceso de democratización y reconciliación nacional", la redacción nueva del punto 26 habla de establecer "acuerdos necesarios para asegurar o perfeccionar la vigencia" de una serie de derechos y garantías que la constitución nicaragüense ya ha estipulado. Se trata, pues, de puntos que no necesariamente requieren una nueva Constitución o "reformas" a la vigente, sino que, en el marco de esta última, pueden ser objeto de acuerdos políticos que se conviertan en propuestas de ley para ser presentadas a la Asamblea Nacional.

La misma firmeza de principios se observa en la división en dos acápites del punto en que la propuesta contrarrevolucionaria exige disponer "la separación del Ejército y de la Policía de toda vinculación de partidos y actividades políticas, y "la subordinación de ellos mismos y las fuerzas paramilitares afines al poder civil". Mucho más concisos, los dos acápites (e y f) del nuevo punto 26 señalan una agenda para "asegurar o perfeccionar" "la igualdad de derechos y oportunidades... de todos los partidos políticos de Nicaragua" y que "las instituciones y organismos del Estado (estén) al pleno servicio de los intereses nacionales". Desaparece la mención del Ejército, de la policía y de esas presuntas "fuerzas paramilitares afines" (las milicias están integradas en Nicaragua bajo el único mando y organización del Ejército).

Desaparece porque es evidente que no hay país en Centroamérica donde el poder civil -la institución de la Presidencia de la República- tenga mayor autoridad que en Nicaragua sobre el Ejército y la Policía y porque para una gran mayoría de nicaragüenses el servicio al proceso revolucionario es un derecho conquistado que sólo puede afrontarse cabalmente con una defensa y una seguridad y orden público que las fuerzas armadas y la policía garanticen. El Presidente Ortega ha manifestado varias veces, precisamente en el contexto del diálogo con la contrarrevolución, que es el pueblo nicaragüense a quien compite, a través de su voto, determinar si el proceso revolucionario está o no mejor garantizado por un gobierno del Frente Sandinista o por otro gobierno.

Finalmente, la misma firmeza se muestra en la nueva redacción del punto 26: donde la redacción de la propuesta contrarrevolucionaria pide garantizar "un sistema electoral pluralista y justo"... (entre otras cosas) "para las elecciones de una Asamblea Constituyente", el punto 26 obliga al gobierno a asegurar o perfeccionar "un sistema electoral pluralista y participativo" para las elecciones municipales, del Parlamento Centroamericano y las generales (presidenciales y legislativas) en la fecha constitucional de 1990. Expresamente se deja constancia de que la justicia de un sistema electoral en Nicaragua pasa por la vigencia de la participación popular auténtica, principio básico del proceso revolucionario y aporte de dicho proceso a la caracterización de los procesos pluralistas democráticos a los que en Esquipulas II se comprometieron los presidentes centroamericanos a fin de encaminarse a tipos de democracia que conjuguen la representatividad electoral con la participación popular.

Los demás puntos incorporados a la redacción del nuevo punto 26 son, por otra parte, materia fundamental de la Constitución nicaragüense. A pesar de todo, la delegación contrarrevolucionaria no aceptó prolongar las conversaciones por el tiempo necesario para considerar el nuevo punto 26. Según Stephen Kinzer, en The New York Times del 29 de mayo, el portavoz de la contrarrevolución Bosco Matamoros declaró que el punto 26 "no considera todos los aspectos que nosotros propusimos, pero el hecho de que la propuesta sea parcial no significa que no sea constructiva". El General Ortega -siempre de acuerdo con Kinzer- habría dicho que "hemos avanzado bastante. Hay un proceso democrático en nuestro país que el gobierno afirma puede ser reforzado y perfeccionado".

Según el Ministro de Información nicaragüense, Manuel Espinoza, cuando la propuesta contenida en el punto 26 fue presentada a la delegación contrarrevolucionaria, Azucena Ferrey habría dicho que era "trabajable", pero que el numeral 3 de la propuesta-insumo de su delegación -amnistía inmediata, cese del reclutamiento para el Servicio Militar y libertad irrestricta para los medios de comunicación y para el acceso a ellos- era para ellos el punto más importante.

A pesar de esta coincidencia en la moderación y en relativo optimismo, la delegación contrarrevolucionaria dio como razón para no prolongar la sesión una cita previamente acordada con el Presidente Oscar Arias, se negó a emitir un comunicado conjunto, a confirmar por escrito los acuerdos ya logrados y a firmar una prórroga del cese al fuego temporal por un mes y sólo convino en no quebrantarlos hasta el final de la sesión de junio, a cuya celebración ni siquiera quiso comprometerse por escrito. En declaraciones a los periodistas, Humberto Ortega se preguntó: "¿Qué cosa más importante que la paz para Nicaragua tienen que ir a hacer...? Este Directorio que se las da de amante de la paz, de demócrata, tiene cosas más importantes que hacer que seguir trabajando por la paz".

Con un acuerdo sobre el punto 26 -indicaba el Ministro nicaragüense de Defensa- se habría entrado de lleno al punto 27, que contiene el calendario de la progresiva reincorporación a la vida civil de los contrarrevolucionarios ya concentrados en las zonas de cese al fuego convenidas. Eso habría llevado a la hora de la verdad y es ahí donde la delegación contrarrevolucionaria se mostró recalcitrante ¿Por qué? ¿Indicación de la Administración republicana de que el presidente Reagan no podía enfrentar a Gorbachov con el desplome consumado de su política nicaragüense? ¿Expectativa de Reagan de que el éxito de la cumbre de Moscú, con el matiz adicional de reconocer como reales y esperanzadoras las reformas al sistema soviético, le dé una salida honorable en el camino de afirmar que ahora ya disminuye la amenaza soviética que Nicaragua habría significado?

¿O, por el contrario, expectativa de que el mismo éxito de la cumbre de Moscú rescate de tal manera sus márgenes de movimiento en su política exterior que le permita intentar un golpe mortal a Nicaragua, en directo o a través del rodeo de una intervención en Panamá, de consecuencias multiplicadoras para toda la región centroamericana? ¿O simplemente esperanza de Bermúdez de no perder su única apuesta favorable -la guerra y su negocio- y expectativa de otros miembros del directorio de seguir forzando "concesiones" del gobierno hasta llegar a desvirtuar sus principios fundamentales? La complejidad de la coyuntura no admite simplismo a la hora de responder a estos interrogantes.

El gobierno nicaragüense -con flexibilidad y firmeza- logró mantener vigente el diálogo con la contrarrevolución y los acuerdos de Sapoá. Aunque ha habido no pocas violaciones al alto al fuego, los costos de la guerra han descendido y ello abre en Nicaragua un paréntesis de relativa seguridad para incrementar el esfuerzo productivo en la economía. El Congreso norteamericano derrotó, precisamente durante la última sesión de diálogo, una nueva propuesta republicana de renovar la ayuda militar a los contrarrevolucionarios. Cada nueva sesión del diálogo con la contrarrevolución acerca la fecha en que el Congreso entre de lleno -entre julio y agosto- en la lid electoral, dejando de lado cualquier tarea legislativa. Además, hace más viable la desmovilización contrarrevolucionaria. Un famoso jefe del Comando Jorge Salazar, "Alfa Lima", se desalzó durante la cuarta sesión del diálogo y Bermúdez no ha podido impedir que continúen los diálogos en el terreno entre el ejército sandinista y jefes contras. Finalmente, cada hora de vigencia de Sapoá sostiene el marco político de Esquipulas II.

Esquipulas II en estado de parálisis

El objetivo estratégico de Nicaragua ha sido mantener la vigencia de los Acuerdos de Esquipulas II. Defender Esquipulas II significa cumplir con lo que estipulan estos acuerdos. Los acuerdos de Sapoá tienen que ser vistos en esta perspectiva. Con Sapoá se pretende cumplir con Esquipulas II en sus dos objetivos fundamentales: detener la guerra consiguiendo un cese al fuego y reintegrar las fuerzas irregulares a la escena de la confrontación política. Esto último, desde la perspectiva del proceso revolucionario, significa hacer pasar a la contrarrevolución de fuerza militar a contendiente político.

Evidentemente, Sapoá fue posible por la conjunción de Esquipulas III -que llevó al Congreso estadounidense a la negación de más ayuda militar y a la subsiguiente incapacidad de acordar ayuda humanitaria- con el decisivo golpe militar dado a la contrarrevolución en la Operación "Danto" (marzo/88). Una vez establecido Sapoá en el marco de Esquipulas II, Nicaragua está en capacidad de exigir a los otros países con conflicto bélico que cumplan con este compromiso, así como de exigir a Honduras el cumplimiento de no prestarse a que su territorio sea usado por una contrarrevolución ya en proceso de cese al fuego. ¿Dónde está el proceso de pláticas hacia un cese al fuego concertado en la realidad de Guatemala y El Salvador? ¿Dónde la mínima buena fe de Honduras? Son estas preguntas con no difícil contestación las que han hecho que Nicaragua tenga hoy la imagen internacional mejor en los años de proceso revolucionario, comenzando a hacer creíble -a través de su estricto cumplimiento en Esquipulas II- su expresa voluntad política de construir un modelo revolucionario original, alejado de todo aspectro de totalitarismo.

Por otro lado, dado que la motivación fundamental del Presidente Arias -y de los demócratas en el Congreso estadounidense que lo aconsejaron en el diseño de su plan, previo a Esquipulas II- y por supuesto de los demás presidentes centroamericanos, fuer forzar a Nicaragua a democratizarse a través de Esquipulas II, entendiendo "democratización" en el sentido del modelo occidental de democracia representativa, todos estos gobiernos han perdido un interés real en Esquipulas II a medida que ven asegurada su principal motivación. La única excepción sería la del Nobel de la Paz puede quedar empeñado si Esquipulas II queda reducido a sus resultados en Nicaragua.

En una reciente entrevista (a Penthouse), Arias vuelve a repetir que con el Presidente Reagan "estamos acordes en los fines pero no en los medios". Pero respecto a la actitud de los gobiernos centroamericanos afirma: "Nicaragua siempre estuvo acorde con la necesidad de un plan de paz... Pedí comentarios escritos de cada gobierno. Guatemala estuvo fundamentalmente de acuerdo. Honduras tuvo algunas observaciones que hacerme. Y El Salvador me envió una larga respuesta con una lista de observaciones, graves preocupaciones y fuertes reservas. Nicaragua no tuvo objeciones".

Hablando de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, Arias afirma que "Nadie con apego a los hechos se atrevería a comparar la democracia guatemalteca o salvadoreña con la costarricense... El Salvador, Guatemala y Honduras son democracias emergentes. No les será posible, sin embargo, consolidarse como democracias maduras hasta que muestren que pueden satisfacer las necesidades básicas de sus pueblos". Y en otro tipo de comparación, arias continuó: "En El Salvador no hay un estado de emergencia (la entrevista fue concluída antes de que en Nicaragua dejara de haberlo)... Si podemos lograr un cese al fuego, podría existir un periódico izquierdista que representara la opinión de los izquierdistas marxistas ahora en las montañas. Sin embargo, pienso que la oposición en El Salvador está en mucho mayor peligro que en Nicaragua... No hay escuadrones de la muerte en Nicaragua como los hay en El Salvador. Creo que los dirigentes políticos que están regresando ahora a El Salvador corren un riesgo mucho mayor que el que enfrentarían los dirigentes contras al regresar a Nicaragua".

El desinterés de varios de los países centroamericanos en mantener vigente el dinamismo de Esquipulas II ha tenido su máxima muestra en el obstáculo constante de Honduras a la verificación in situ de los compromisos contraídos sobre el no uso del territorio de cualquier país para agredir a otros países de Centroamérica y sobre la suspensión de cualquier apoyo a movimientos insurgentes o fuerzas irregulares. El problema de la verificación tiene una larga historia. Alrededor de la convicción de que Nicaragua nunca la permitiría, construyó la administración Reagan su exigencia de que los proyectos de paz de Contadora incluyeran una cláusula de verificación muy precisa. La presunción reaganiana quedó confundida cuando en septiembre de 1984 Nicaragua, antes que los otros países centroamericanos, decidió suscribir el Acta Revisada de Contadora, que incluía los procedimientos de verificación de sus acuerdos.

Es bien conocido que un documento filtrado del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos constató la directriz que la administración Reagan había dado a los otro países centroamericanos de no suscribir tal Acta. Tres años más tarde, cuando un grupo técnico de las Naciones Unidas recorrió Centroamérica para explorar las posibilidades de verificación in situ de los Acuerdos de Esquipulas II, tropezó con la oposición insalvable del gobierno de Honduras. De ello quedó constancia en el informe de dicha comisión técnica, así como en el informe de la CIVS. Por otro lado, en Esquipulas III, los presidentes centroamericanos, en base al disgusto de todos menos de Nicaragua con los señalamientos hechos con imparcialidad a todos los gobiernos por la CIVS, cancelaron la misma Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento que había creado en Esquipulas II. Las funciones de verificación pasaron a la Comisión Ejecutiva, compuesta por los cinco cancilleres centroamericanos, la cual tendría que poner en marcha un mecanismo nuevo, ayudándose de gobiernos regionales extraregionales así como de organizaciones internacionales.

Después de Esquipulas III, la verificación -cuestión clave para el cumplimiento de Esquipulas II- siguió siendo piedra de escándalo. En continuidad con su costumbre de trabajar inmediata y concienzudamente propuestas para ayudar a poner en movimiento los acuerdos -ya desde los tiempos de Contadora-, Nicaragua preparó un anteproyecto para viabilizar la "imprescindible verificación específica, control y seguimiento de todos los compromisos contenidos en Esquipulas II y III". En total, son 22 los compromisos asumidos, de los cuales la cancillería de Nicaragua presentó un cuadro sinóptico en el contexto del anteproyecto mencionado, con la intención de mostrar indirectamente el contraste entre el cumplimiento de Nicaragua y la inacción de los otros gobiernos.

Texto de los compromisos asumidos por los cinco gobiernos centroamericanos
En los Acuerdos de Esquipulas II y ratificados en Esquipulas III

"I. Compromisos POLITICOS asumidos con el propósito de disminuir o prevenir tensiones internas y garantizar la paz en cada país.

RECONCILIACIÓN NACIONAL

1. Diálogo
2. Amnistía
3. Cese del fuego (hacer todo lo posible por concertarlo, dentro del marco constitucional).

DEMOCRATIZACIÓN

4. Promoción de la Justicia social.

5. Respeto de los Derechos Humanos.

6. Libertad para los medios (Televisión, Radio y Prensa).

7. Pluralismo político partidista.

8. Derogación de Estados de excepción, sitio o emergencia.

9. Elecciones libres, observadas.

II. Compromisos de SEGURIDAD asumidos para disminuir las tensiones entre los Estados centroamericanos y para garantizar la paz y la seguridad en la región.

10. Respetar la SOBERANIA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL de los Estados (no.3, Esquipulas II).

11. Respetar el derecho de todas las naciones determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social(#3, Esquipulas).

12. Cesar la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales, y solicitar el cese de la ayuda extrarregional.

13. Impedir el uso del territorio para agredir a la seguridad otros Estados.

14. Proseguir, con la participación del Grupo de Contadora, las negociaciones sobre los puntos pendientes de acuerdo en materia de seguridad, verificación y control, del Acta de Contadora.

III. Compromisos sobre REFUGIADOS Y DESPLAZADOS

15. Proteger y asistir a los refugiados y desplazados que la crisis ha probado, y facilitar su repatriación, reasentamiento o reubicación, cuando sea voluntaria y se manifieste

16. Gestionar para ellos la ayuda internacional

IV. Compromisos sobre la Cooperación Intrarregional para el DESARROLLO ECONÓMICO

17. Adoptar acuerdos para acelerar el desarrollo, para alcanzar sociedades más igualitarias y libres de la miseria.

18. Gestionar conjuntamente apoyo económico de la
comunidad internacional.

V. Compromisos en materia de VERIFICA-SEGUIMIENTO

19. Crear en cada país una Comisión nacional de reconciliación, para la verificación del cumplimiento de todos los 9 compromisos políticos, incluido el proceso total de cese de hostilidades.

20. Crear una comisión internacional de verificación y seguimiento, conformada por los Secretarios Generales de la ONU y de la OEA, o sus Representantes, así como por los Cancilleres de América Central, del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo. Esta Comisión tendrá las funciones de verificación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos contenidos en Esquipulas II.

(Este compromiso, aunque no alterado en su esencia, fue modificado por los Presidentes en su Declaración Conjunta del 16 de enero. En esa Declaración se delega en la Comisión Ejecutiva la función principal de la verificación, que implica la elaboración de un nuevo ordenamiento del sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de todos los compromisos; las selecciones de nuevos integrantes para la Comisión ampliada; y la puesta en marcha de la verificación in situ especialmente para constatar el cumplimiento de los compromisos sobre el cese de la ayuda a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales, y el no uso del territorio de países centroamericanos para agredir a otros Estados de la región).

21. Emitir declaraciones de respaldo a la labor de la CIVS, a las cuales se podrán adherir todas las naciones interesadas en promover la causa de la libertad, la democracia y la paz en Centroamérica.

22. Brindar todas las facilidades necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones de verificación y seguimiento a la CNR de cada país y a la CIVS".

¿Qué ha pasado con estos compromisos?

Sin embargo, El Salvador, en quien recayó la presidencia pro-tempore de la Comisión Ejecutiva, no convocó a reunión hasta el 17 de febrero de 1988, un mes después de Esquipulas III, con el agravante de que redujo la agenda a tomar los acuerdos necesarios para llevar una voz común a la reunión de marzo en Hamburgo con la Comunidad Económica Europea. El canciller nicaragüense, con todo, logró introducir el anteproyecto para la verificación conformara la agenda para la siguiente reunión del 23 y 24 de marzo de 1988 en Guatemala. Dejó a la vez constancia de que su convicción era que sólo un cumplimiento efectivo de Esquipulas II ofrecería una preparación óptima para que Centroamérica fuera ayudada económicamente por terceros países.

En la reunión de Guatemala, Honduras amenazó con retirarse a menos de que en la declaración final se introdujera un párrafo en el que Nicaragua se comprometiera al retiro incondicional de la solicitud de "medidas provisionales de resguardo" presentada por ella ante la Corte de La Haya. En aquel momento, 3.200 militares estadounidenses habían sido enviados a Honduras "para fortalecer o proteger a los insurgentes nicaragüenses que luchan contra el régimen sandinista" (declaración de Carlucci) y que sufrían los efectos de la Operación "Danto", organizada por el ejército sandinista. Honduras pedía además que Nicaragua desistiera de la demanda incoada ante la Corte de La Haya en julio de 1986, más de un año antes de Esquipulas II. Honduras justificaba todas estas exigencias, afirmando que Nicaragua había saltado por encima de los procedimientos de verificación contemplados en Esquipulas II y había acudido a la Corte Internacional en lugar de dejar actuar a la Comisión Ejecutiva de Cancilleres.

Sin embargo, con ocasión de la crisis provocada por el envío de los marines, el Presidente Ortega había accedido a la urgente convocatoria que el gobierno de Guatemala hizo a una inmediata reunión de cancilleres, mientras que Honduras se negó a ella. Además, Nicaragua, había abierto sus puertas a una comisión técnica enviada por el Secretario General de la ONU para que investigara los hechos ocurridos en la frontera. Honduras impidió a dicha comisión la verificación in situ. En tales circunstancias, la reunión de Guatemala no pudo llegar a ningún resultado, obteniéndose finalmente una solución salomónica para no quebrar los procedimientos: se declaró la reunión en "sesión permanente", para continuarla nuevamente en Guatemala el 7 de abril.

Ese día, la Comisión Ejecutiva logró ponerse de acuerdo en solicitar de Canadá, España y la República Federal Alemana servicios de verificación, dándoles a estos países autorización para auxiliarse técnicamente con la Secretaría General de la ONU. Al mismo tiempo se encargó al gobierno hondureño de la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva, para la cual, además de formalizarse la invitación a los tres países europeos encargados de los servicios de verificación, se prepararía un proyecto de Tratado Centroamericano de Paz y Amistad con el fin de solucionar en el futuro todo conflicto en la región por vías pacíficas y legales, incluido el recurso a la Corte Internacional de La Haya.

Ya entre las dos sesiones de la reunión de Guatemala, el canciller nicaragüense se había dirigido por escrito al Presidente Azcona el 28 de marzo para ofrecerle un Tratado Bilateral de Amistad y Cooperación con Nicaragua, previo el cumplimiento de un calendario que significaría la retirada de los soldados estadounidenses enviados en marzo a Honduras y la realización de la verificación in situ de la seguridad fronteriza entre Honduras y Nicaragua. En caso de que Honduras aceptara, Nicaragua estaría dispuesta a ir retirando, por pasos calendarizados, todas sus acciones ante la Corte en reclamo contra Honduras. La carta pedía respuesta para antes de la media noche del 30 de marzo, porque la Corte había citado a Honduras y Nicaragua para el 31 de marzo a una audiencia oral para escuchar sus argumentaciones. No hubo respuesta del presidente de Honduras a dicha carta. Nicaragua, con todo, retiró unilateralmente la solicitud de "medidas provisionales de resguardo" una vez que fue completado el regreso a los Estados Unidos de los 3.200 marines.

El 7 de abril se acordó que en 15 días Honduras convocaría a una reunión para elaborar el anteproyecto de Tratado de Paz y Amistad sugerido por el canciller costarricense como ampliación regional de la bilateral entre Nicaragua y Honduras. Transcurridos sin convocatoria los 15 días, Nicaragua, en consulta con los demás países centroamericanos, decidió convocar dicha reunión, la cual, sin embargo, no se pudo tener por no hallarse en Centroamérica el canciller guatemalteco y no haber enviado un sustituto. Desde esa fecha y hasta fin de mayo no hubo ninguna reunión más de la Comisión Ejecutiva y el dinamismo de Esquipulas II y III se estancó.

Centroamérica en inestabilidad creciente

Mientras esto sucedía, al estancamiento se han añadido otros acontecimientos agravantes. Las elecciones legislativas y municipales de El Salvador acabaron con la mayoría del PDC duartista en la Asamblea Nacional. Después de innumerables situaciones conflictivas, ARENA, la oposición derechista a Duarte ha logrado legitimar su triunfo y afirmar su mayoría en la nueva Asamblea. A ello le ha ayudado la ruptura interna del PDC, ya que los diputados demócrata cristianos se han alineado con el candidato Julio Adolfo Rey Prendes (fracción derechista y corrupta del PDC) y, a espaldas del único partido restante que consiguió diputaciones a la Asamblea (el PCN), han pactado con ARENA. El Vicepresidente de El Salvador y Secretario General del PDC, Rodolfo Castillo Claramunt, ha sido relevado de su puesto por una convención de partidarios de Rey Prendes, mientras dicha convención no ha sido reconocida por los partidarios de la candidatura presidencial del antiguo ministro de planificación, Fidel Chávez Mena, más centrista.

El triunfo de ARENA, a pesar de que el partido ha limpiado con relativo éxito su cara de las manchas por su participación en el terror antipopular de los años 80-84, y a pesar de haber designado como su candidato a Alfredo Cristiani, arrumbando al ex-mayor D'Aubuisson, implicado en el asesinato de Monseñor Romero, ha envalentonado de nuevo a los escuadrones de la muerte, haciendo incrementarse otra vez en El Salvador la atmósfera de terror. Rechazada la solución de compromiso propuesta por Duarte para salvar la unidad de su partido (la candidatura del primer designado a la Presidencia, Abraham Rodríguez, su consejero y primer candidato, en 1967, del PDC), a fin de mayo se conoció la incurable enfermedad de Duarte. La propuesta de los frentes revolucionarios de celebrar conversaciones con el gobierno el 30 y el 31 de mayo, incluyendo además a la Asamblea Nacional, no fue aceptada para dichas fechas, si bien el portavoz del gobierno indicó que ello no significaba el rechazo del diálogo mismo. Es evidente, pues, que la situación salvadoreña ha empeorado de tal manera que no sería improbable un período de mayor inestabilidad, bien poco propicio para la continuación del interés en los dinamismos de Esquipulas.

En Guatemala, por otro lado, la celebración a principios de año del pacto social entre el gobierno de Cerezo y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) provocó que el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), máximo organismo federado de los capitalistas, emitiera un comunicado en el que acusa al gobierno de incumplir los acuerdos con ellos (la "concertación"), de socializar el comercio y distorsionar el libre mercado (a través de un moderado control de precios y de un aumento de salarios a los trabajadores de la empresa privada), y de reconocer como parte de la UASP al Comité de Unidad Campesina (CUC), al que acusa de ser "una facción violenta y al margen de la ley". El alza de las tarifas eléctricas, aceptada por la UASP ya como definitiva y no como temporal, quebrando así su oposición a ella, conjunta con la del CACIF, aumentó aún más el enojo de los capitalistas.

Después de estos acontecimientos de marzo, el 11 de mayo se produjo una asonada militar rápidamente contenida, en la que tropas de dos zonas militares -la sureña de Jutiapa y la occidental de Retalhuleu- intentaron acercarse a la capital y provocar el derrocamiento del gobierno civil de Cerezo. Según "Inforpress" (12 mayo), un telenoticiero informó de similares movimientos de tropas en las zonas militares orientales de Chiquimula y Zacapa, en la sur-occidental de Suchitepéquez y en la nor-occidental de El Quiché. El General Gramajo, ministro de Defensa, y otros militares de los mandos centrales o capitalisnos del ejército lograron contener el intento. Gramajo lo atribuyó tanto a la penetración de "algunos elementos del ejército" por "elementos civiles radicales, enemigos del sistema democrático" como a maniobras de militares retirados con mucho tiempo fuera del país -quizá alusión al General López Fuentes, ex-jefe de Estado Mayor en el gobierno de Mejía Víctores y actual embajador en Italia-.

El mismo telenoticiero "Aquí el Mundo" había leído días antes una proclama de "oficiales de la montaña" con graves cargos contra las autoridades de la cúpula militar. Gramajo la descartó, asegurando que no existían "oficiales de la montaña" sino "civiles de la ciudad". No se ha revelado la identidad de dos oficiales presos -presuntos responsables inmediatos de los movimientos de tropas desde Jutiapa y Retalhuleu-, pero en cambio sí se han incoado acusaciones judiciales contra cinco civiles, entre ellos el connotado abogado y político Gustavo Anzueto Vielman (vinculado al partido del ex-Presidente y general en retiro Arana) y el periodista Mario David García, director de "Aquí el Mundo". El Presidente Cerezo suspendió la frecuencia del Canal de TV 3, que emite "Aquí el Mundo", hasta que venza el contrato de dicho noticiero con el canal.

El regreso de miembros notables de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) a Guatemala -Rigoberta Menchú, entre otros- así como las iniciativas de la URNG y de la CNR, encabezada por Mons. Quezada, obispo presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala para encontrarse en mayo con la URNG y tratar de que el gobierno reanude pláticas con esta última, así como las cartas de la Conferencia Episcopal llamando al diálogo nacional -que también propugna la URNG- y a una solución al "clamor por la tierra", deben estar tras del descontento de los oficiales militares que pelean en la montaña contra la URNG y que, en su gran ofensiva -septiembre/87 a abril/88- habrían tenido notables bajas. También en Guatemala, desde la derecha capitalista y desde dentro del ejército, la inestabilidad amenaza al gobierno civilista de Cerezo.

En Honduras se ha presentado una situación convergente. Después del ridículo sufrido por el gobierno cuando una petición suya elaborada para justificar tardíamente el envío de los 3.200 soldados estadounidenses, fue circulada en la OEA con fecha anterior al envío y con la leyenda de "traducción del inglés", sobrevino el escándalo de la deportación ilegal del presunto narcotraficante Matta a los Estados Unidos. Es conocido el estallido popular que esto provocó y la tolerancia de algunos militares y fuerzas de seguridad frente a los ataques a instalaciones diplomáticas de los Estados Unidos. Los hechos posteriores, sin embargo, -represión de dirigentes estudiantiles y sindicales, así como apoyo militar a la fracción contrarrevolucionaria de Bermúdez-, obligan a no especular sobre una posible división dentro de las Fuerzas Armadas hondureñas.

La tolerancia frene a los daños a la representación diplomática estadounidense pude no haber sido más que el desfogue de algunos militares heridos por la prepotencia de los Estados Unidos, pero decididos básicamente a no perder los beneficios que les vienen de su apoyo a la política nicaragüense de la administración Reagan. El hecho de que agencias internacionales de noticias hayan dado como ciertas las incursiones de los militares hondureños en contra del FMLN en territorio salvadoreño, la permisión de la entrega de ayuda a los contras, y sobre todo el hecho de que el canciller haya pedido a la Corte Internacional de La Haya que reactive la demanda de Nicaragua contra Honduras, apuntan al creciente V de los militares al intento reaganiano de mantener en pie de guerra a la contrarrevolución nicaragüense.

Fuente del gobierno nicaragüense afirman que la petición de López Contreras a la Corte, por paradójica que parezca, se inscribe en la tesis, defendida por Honduras, de que los países centroamericanos que acuden a la Corte se salen del marco de Esquipulas II. Posiblemente, la subida a la superficie del resentimiento popular contra las repetidas violaciones de la dignidad hondureña por los Estados Unidos, avaladas por las Fuerzas Armadas, habrían llevado a éstas a preferir un curso más represivo y más preventivamente anti-grupos insurgentes -inclusive los de El Salvador-. Con ello el peligro de incidentes fronterizos con el ejército nicaragüense se incrementa notablemente.

Finalmente, la extraordinaria habilidad del General Noriega para resistir todo intento estadounidense de forzarlo a su renuncia y a su salida de Panamá, ha hecho que funcionarios norteamericanos, una vez fracasada las negociaciones Kozak-Noriega, hablen no sólo de la búsqueda de una mediación latinoamericana -camino ya antes intentado en vano- sino también de no descartar el uso de la fuerza. Ahora bien, una ocupación militar de Panamá sería desastrosa para los mismos panameños e imprevisible en sus consecuencias para Nicaragua y para América Latina. Mientras Panamá no vuelva a ser reinstalado como miembro en activo de Contadora, tampoco este grupo puede funcionar normalmente. No se olvide que era Panamá la sede de la siguiente reunión entre Contadora y los gobiernos centroamericanos para proseguir la negociación sobre los puntos de seguridad no tocados por los Acuerdos de Paz de Esquipulas y dejados en Esquipulas a la mediación de Contadora. Esta reunión, inicialmente planeada para febrero de 1988, nunca se celebró.

Mientras la presidencia pro-tempore de la Comisión Ejecutiva de Esquipulas esté en manos hondureñas, es improbable una nueva convocatoria de dicha Comisión y permanece estancado el procedimiento para invitar oficialmente a España, a Canadá y a la RFA para que pasen a la acción con los procedimientos de verificación de Esquipulas. Las condiciones inestables de Guatemala, El Salvador y Honduras, el resurgimiento de los escuadrones de la muerte en El Salvador, el escoramiento cada vez mayor de los militares hondureños hacia las posiciones de la administración Reagan, la petición de 28 millones de dólares en ayuda militar que el general guatemalteco Gramajo ha ido a hacer a Washington -4 veces la cantidad de ayuda recibida en 1987-, y la amenaza de una solución militar que pende sobre la cabeza de Noriega en Panamá, son todos presagios de malos tiempos para el dinamismo de Esquipulas a la vez que hacen que Sapoá adquiera una importancia crucial no sólo para acabar la guerra en Nicaragua sino para sostener el marco político de Esquipulas en Centroamérica.

El gobierno de Nicaragua no presta suficiente atención
a los problemas de la economía y de la política interna

Con tan formidables retos en el terreno de las negociaciones para un cese al fuego definitivo con la contrarrevolución y en el campo de la diplomacia internacional, la atención del gobierno nicaragüense a la economía ha descendido del grado de intensidad que alcanzó con la reforma económica iniciada el 15 de febrero. La movilización popular, palanca principal para lograr un efectivo control de los precios, movilización sin la que sólo queda el control coercitivo policial -notablemente ineficaz y rechazable para un gobierno revolucionario-, no ha logrado recuperar el impulso que tuvo en las dos últimas semanas de febrero. Sin tal movilización, los comerciantes ilegales han vuelto a cobrar fuerza en los mercados, los intermediarios han regresado a sus hábitos de alza especulativa de precios y los salarios han vuelto a perder poder adquisitivo.

El sistema Nacional de Organización del Trabajo y del Salario (SNOTS) se revela cada vez más como un instrumento de planificación económica inadecuado, en su gran complejidad, para el estado real de desarrollo de la economía nicaragüense. El grado de subdesarrollo de esta economía, la tremenda distorsión producida en ella por el crecimiento de la economía informal, que funciona con salarios incontrolables, los desplazamientos de masas de población productiva a población consumidora por efecto de las condiciones de peligrosidad de muchas zonas de producción agrícola y ganadera, hacen improbable que la rigidez y la finura organizativa necesarias para aplicar las escalas salariales del SNOTS, después de haber clasificado correctamente a la población trabajadora, sean traducibles a la estructura económica de Nicaragua. El clamor por un aumento de salarios se ha hecho multitudinario en los dos últimos meses.

Mientras tanto, las políticas económicas no parecen tener un norte común. Los representantes de sectores gubernamentales más preocupados por la producción resaltan la necesidad de agilizar la disponibilidad de créditos y, en general, de liquidez para los productores. Los representantes del sistema financiero resaltan, en cambio, la necesidad de mantener unas riendas tensas sobre la concesión de créditos, asegurándose de verdad de las garantías de los solicitantes para rendir con productividad y, por tanto, con solvencia. De lo contrario -afirman- tendrá que volver a funcionar la emisión inarticulada de moneda -la maquinita de hacer billetes- y se volverá a desequilibrar el balance fiscal. La misma discrepancia se observa respecto a las tasas de cambio de la relación del córdoba nuevo con el dólar.

Aunque la restricciòn de liquidez ha hecho que el volumen de cambio en el mercado negro sea probablemente bastante menor que antes de la reforma, es evidente que la tasa de cambio oficial o paralela (actualmente 12.6 córdobas por $1) sigue siendo irreal e influye, por eso, negativamente en la posibilidad de estimular las exportaciones. Desde estos puntos de vista, la economía se mantiene en la cuerda floja, entre el peligro de una fuerte recesión productiva y el intento de no permitir el alud inflacionario. En realidad no se ha estimado conveniente realizar el reordenamiento estructural de inversiones (desde las de largo plazo y tecnología a las de corto plazo y tecnología apropiada) que, junto con una integración del aparato de defensa al productivo y al de distribución, parecerían ir a la raíz de la actual improductividad cuando ésta no esté causada por la guerra. Esta campaña por una mayor producción y productividad sería la tercera etapa de la reforma económica.

La segunda etapa, la llamada "compactación" del Estado, su racionalización, el intento de reducir inflaciones burocráticas e ineficiencias administrativas así como duplicaciones o triplicaciones organizativas, ha seguido su curso. Se han hecho esfuerzos gigantescos -en las dimensiones nicaragüenses, relativamente pequeñas-. La compactación ha producido un cierto porcentaje de desempleo y el estímulo de mover a esa población cesante hacia tareas productivas, sobre todo en la agricultura, camina con lentitud. Sobre todo, los intereses que se enfrentan en toda reorganización radical del Estado y los nuevos hábitos necesarios para llevarla a cabo eficazmente, van a requerir de un largo tiempo antes de que empiecen a producir frutos.

Si no hubiera sido por la reforma monetaria de febrero, el desarrollo de la crisis económica habría socavado por completo el sistema financiero del país. Sin embargo, la reforma no logró revertir las tendencias más negativas de la economía. A sólo cuatro meses de la reforma, se rumorea que el gobierno parece obligado a considerar otro paquete de medidas. Más medicina amarga sin que la primera dosis de febrero haya tenido los suficientes efectos positivos.

Si las nuevas medidas fueran del corte predominante monetarista que tuvieron las medidas de febrero, devaluándose de nuevo el córdoba y restringiéndose aún más la liquidez, ello significaría afectar negativamente no sólo el salario real de los trabajadores sino también los incentivos para el sector empresarial público y privado. El problema de fondo ha sido que se han dado pocos avances en la segunda y tercera fases del nuevo programa económico, la compactación y la campaña productiva.

Todos estos problemas del período post-reforma colocan al gobierno frente a un fuerte dilema: o reestructurar el paquete económico que el Estado maneja o pedir aún más sacrificio del pueblo a través de medidas meramente financieras o monetarias. Aunque la segunda alternativa no sea la mejor de las dos, las dificultades reales para reestructurar el paquete estatal podrían acabar forzándola.

Las huelgas del Sindicato de Constructores, Albañiles, Armadores y Similares (SCAAS) y de los mecánicos automotrices, iniciadas el 23 de febrero y provocadas por la reinserción dentro de la escala del SNOTS de sus miembros y por la supresión o reordenación de las normas que tenían para el trabajo a destajo, han sido sólo la punta del iceberg. Por tratarse de sectores mucho mejor pagados tradicionalmente que el resto de los trabajadores y por haberse politizado el movimiento huelguístico con asombrosa celeridad, éste nunca fue masivo. Las reivindicaciones salariales iniciales fueron respondidas con intransigencia por el Ministerio de Trabajo y encontraron fuertes reacciones de confrontación en parte de los dirigentes de la Central Sandinista de Trabajadores.

Si bien el SCAAS ha estado tradicionalmente influido por el Partido Socialista de Nicaragua (PSN), de política economicista en sus antiguas confrontaciones con el somocismo, los demás partidos políticos, mucho más a la derecha, vieron en este movimiento huelguístico una buena bandera y, carentes de base social, se lanzaron a aprovecharla oportunistamente. Se formó así una alianza sindical (entre la CTN, de tendencia social cristiana; la CUS, de tendencia ORIT -rama latinoamericana del sindicalismo al que pertenece también la federación estadounidense AFLCIO-; la CAUS, de tendencia comunista; y la CGT independiente, de tendencia socialista, afín a la del SCAAS) que dio origen al Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), aún activo.

Esta alianza sindical fue apoyada por el diario "La Prensa" y por los partidos políticos de oposición bajo el liderazgo de la Coordinadora Democrática Nicaragüense. La huelga, una vez rotas las negociaciones por el Ministerio de Trabajo, fue declarada ilegal, se efectuaron despidos y se contrataron nuevos trabajadores para los puestos de los despedidos. A fines de abril la huelga se radicalizó con el añadido de una huelga de hambre. Para el Primero de Mayo se cortó a los huelguistas el agua, la luz y otros suministros.

Cuando se reanudó el Diálogo Nacional de los partidos políticos el 21 de marzo, día en que también se iniciaba el primer encuentro de Sapoá, una de las cláusulas de su reiniciación comprometía a la creación de comisiones para solucionar los conflictos laborales. La Coordinadora Democrática, con excepción de la fracción social cristiana de Erick Ramírez (miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación), no participó en la reanudación del Diálogo. Las comisiones no funcionaron. Finalmente, con la mediación de viejos dirigentes socialistas los huelguistas de hambre aceptaron suspender su acción sin que mediara compromiso escrito de obligaciones por parte del gobierno.

Posteriormente, durante el mes de mayo, las reclamaciones a los dirigentes del PSN por parte de los huelguistas -la huelga ha seguido, aunque sin conseguir aumentar la participación de los trabajadores en ella- salieron a la luz pública. En definitiva, parece claro que en este caso no funcionaron las instancias de mediación necesaria. Parece también claro que la mayoría de los trabajadores no simpatizaron con huelguistas que pedían darle un rodeo al SNOTS y que fueron manipulados por políticas derechistas y sobre todo, antinacionales. Todo ello, sin embargo no suprime la urgencia de que el gobierno solucione la relación salarios-precios, tal vez en nuevos marcos jurídicos.

Como consecuencia de estos conflictos, los partidos políticos volvieron a suspender el Diálogo Nacional. Esta decisión, en circunstancias tan graves para las posibilidades de paz, indica más que ninguna otra declaración expresa, que la Coordinadora es la fuerza dominante dentro de los partidos de oposición, legalizados o no, parlamentarios o extraparlamentarios, 14 en total, más el MAP-ML que no hace causa común con los otros manteniéndose en su ultraizquierdismo y también en su anti-imperialismo. Puede más en los otros partidos el temor a perder identidad y bases reales o potenciales apareciendo con una imagen de colaboracionismo con el gobierno y con el FSLN, que su nacionalismo o su imaginación política para buscar alternativas.

Por esto, suenan un poco huecas las expresiones de indignación y desprecio con que algunos miembros de esos partidos -el conservador de Córdobas Rivas o el Popular Social Cristiano de Mauricio Díaz- acusan a la Coordinadora de querer monopolizar la oposición al sandinismo. A la hora de la verdad, no parecen tener propuestas alternativas a las de la Coordinadora, cuya identificación con la "Resistencia Nicaragüense" es cada vez más evidente.

En el horizonte, dos acontecimientos electorales

Los dos elementos más importantes del panorama político atañen a los futuros acontecimientos electorales: las elecciones para los Consejos de Gobierno de las dos regiones autónomas de la Costa Atlántica y las elecciones municipales. Las primeras, rumoreadas para el segundo semestre de este año, han recibido fuerte impulso con el desalzamiento de otros dos jefes del movimiento armado Yatama, Máximo Pantin y Francisco González. En Yulu, donde en mayo de 1985 se produjo la primera suscripción de acuerdos de paz entre una fracción disidente de Misura (jefeada por el Comandante Eduardo Pantin, ya fallecido) se firmó también este mes de mayo un acuerdo de pacificación similar a aquel primero. Parte de las 200 tropas desalzadas conservará sus armas y conformará un grupo de milicias indígenas territoriales que defenderá las comunidades indígenas ubicadas río Coco arriba bajo la coordinación de las Fuerzas armadas del gobierno. Parte será reintegrada a la producción y el comercio y otra parte recibirá becas para estudiar. Con todos estos acontecimientos, se puede decir que la paz es una realidad casi total en la Costa Atlántica. Aunque Brooklyn Rivera alega tener aún a dos mil miskitos de Yatama en armas, investigadores y periodistas coinciden en reconocerle muchos menos, tal vez unos 200. Wicliffe Diegol y Osorno Coleman, alzados aún en Yatama y en alianza con la "Resistencia Nicaragüense", controlan probablemente más gente armada que Rivera.

Sobre este proceso de pacificación de la Costa Atlántica pesa todavía, sin embargo, la incertidumbre del eco que puedan despertar en el pueblo costeño las posiciones que Rivera en conjunción con Stedman Fagoth mantuvo en sus conversaciones con el gobierno de Nicaragua, y que no llevaron a ninguna conclusión. Por el expreso intento de dejar de lado, tanto la Constitución de Nicaragua como la ya votada Ley de Autonomía, se asemejaron a las exigencias planteadas por la contrarrevolución en la última sesión del diálogo. Rivera propone una clara hegemonía de los mískitos sobre las otras etnias costeñas.

Para las elecciones municipales, cuya fecha deberá ser objeto de negociación en el Diálogo Nacional, el gobierno ha elaborado ya un anteproyecto de ley. Los rasgos más novedosos son éstos: se elegirá por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto de la población del municipio, un Consejo Municipal, que elegirá de su seno al alcalde y tendrá amplias atribuciones planificadoras, presupuestarias, empresariales y políticas (entre éstas, la de remover al alcalde por motivos justos y legales y la de modificar límites municipales o proponer creación de nuevos municipios). Se establece para este Consejo la autonomía municipal, sin perjuicio de las facultades constitucionales del gobierno central.

Se legisla además la constitución de Asambleas Populares (de ciudadanos del municipio con derecho al voto), que habrán de ser convocadas al menos dos veces al año y que, como instancia periódica de participación popular (especie de "cabildos abiertos") tendrán derecho a que el Consejo y el alcalde les rindan cuentas de su gestión, así como a proponer la sustitución del alcalde o la creación de nuevos municipios. Con esta propuesta de ley, que debe ser discutida en la Asamblea Nacional, el modelo nicaragüense de democracia institucionaliza una de las formas más importantes de democracia participativa y la ubica al nivel donde puede ser más efectiva (el local) y desde donde puede difundirse como hábito de participación a otros niveles de la convivencia social. partidos presentes en la Asamblea Nacional se han declarado "en estudio" del proyecto, mientras que partidos u organizaciones de la Coordinadora Democrática han atacado fuertemente el contenido participativo del anteproyecto, atribuyéndole intenciones de interferencia con la representatividad de los electos y velados esquemas de imposición de los dinamismos de lo que la Coordinadora llama "las turbas" sandinistas, o de incorporación a las estructuras municipales de los actuales comités de Defensa de los barrios.

Mientras la administración Reagan, por boca de Elliot Abrams, sigue afirmando la incorregibilidad del proceso revolucionario ("desde Sapoá los sandinistas se han vuelto más represivos"), mientras sigue intentando imponer al Secretario General de la OEA condiciones de entrega de la ayuda humanitaria a los contrarrevolucionarios que no se apegan a lo establecido en Sapoá, mientras renueva por otros seis meses la característica de Nicaragua como "amenaza extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos" y por tanto el embargo económico, y mientras las cambiantes delegaciones contrarrevolucionarias siguen negociando con la intransigencia propia de quienes estuvieran ganando una guerra, el gobierno y el pueblo de Nicaragua siguen en su esfuerzo de flexibilidad negociadora, de firmeza en los principios revolucionarios y nacionalizadores y de resistencia sacrificada, en espera de que concluya la larga noche de la era Reagan. La contrarrevolución parece querer repetir su juego táctico de 1984. Como en las elecciones legislativas y presidenciales -según confesó Arturo Cruz al New York Times- tantearon su participación sin intención auténtica de llegar a hacerla efectiva para así culpar al gobierno de no dar condiciones democráticas electorales, así ahora se habrían embarcado en Sapoá no con la intención de contribuir a terminar la guerra, sino sólo con la de provocar al gobierno, hacerlo aparecer intransigente y culparlo de no poder llegar a un acuerdo de cese al fuego definitivo.

La atención a los arduos esfuerzos por la paz, sin la que no se podrá volver a impulsar la producción, hace que no siempre sea capaz el gobierno de dar a la economía la urgente y atinada atención que también necesita. El primer semestre de 1988 ha demostrado además que los conflictos enraizados en las críticas condiciones económicas y políticas de los pueblos centroamericanos, pueden ser más profundos que los intentos de revestir de reformismo económico y de nuevos espacios políticos a los gobiernos civilistas. Las democracias que Arias llama "emergentes" tal vez no sean capaces de la solidez necesaria para superar el intento con el que fueron diseñadas de contener al pueblo. Todo esto repercute en la viabilidad de Esquipulas, haciendo que su dinamismo se encuentre estancado.

Por eso Nicaragua sigue insistiendo en el cumplimiento del derecho internacional y se encuentra ahora a menos de cuatro meses de que expire el plazo para que la administración Reagan conteste en la Corte de La Haya los argumentos nicaragüenses en favor de una indemnización concreta, ya decidida por la Corte en junio de 1986. En Estados Unidos, el proceso electoral todavía no define una nueva orientación de la futura política hacia Centroamérica en la nueva administración.

Los acuerdos de Sapoá y el diálogo allí iniciado, son en estas circunstancias un elemento crucial para sostener el marco político de Esquipulas. Por ello, el gobierno nicaragüense despliega toda su imaginación política para llevar este proceso a una conclusión feliz. Pero más allá de Sapoá, la tendencia a que el diálogo indirecto tripartito entre el gobierno nicaragüense, los republicanos y los demócratas se mantenga, parece sólidamente establecida. Convergentemente es preciso hacer valer, bien sea Sapoá, bien sea este diálogo, para seguir luchando por hacer posible la puesta en práctica de los indispensables procedimientos de verificación de Esquipulas y la continuación, en el seno de Contadora, de las negociaciones sobre la mutua seguridad de los gobiernos centroamericanos. El impulso, que sólo puede provenir de la presión popular por la paz y la democracia, ganaría mucho si se lograra concretar la organización de un "Esquipulas de los Pueblos", que presionara para obtener tanto la puesta en práctica de la verificación in situ como una nueva cumbre presidencial en la que se reafirma el delicado margen de independencia que frente a las políticas de los Estados Unidos consiguieron en Esquipulas II los cinco presidentes centroamericanos.

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