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  Número 446 | Mayo 2019
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Nicaragua

Estructuras represivas que deberán ser investigadas

Cuando el sistema de justicia de Nicaragua sea independiente y autónomo, deberán ser investigadas las estructuras que capturaron, golpearon, hirieron y mataron a miles de nicaragüenses. El Grupo de Expertos Independientes establece en su informe que deberá investigarse cómo fueron reclutadas, armadas y financiadas estas estructuras, que actuaron coordinadas con la Policía Nacional. Y también, qué papel tuvo el Ejército en su entrenamiento. Y también, qué papel tuvo la Vicepresidenta en las órdenes que recibieron.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

Con la llegada de Ortega al gobierno en el año 2007 la violencia política comenzó a incrementarse en toda Nicaragua y la Policía se implicó cada vez más en acciones represivas y violentas que involucraron un evidente abuso de autoridad y un uso desproporcionado e impune de la fuerza.

LA RESPUESTA DEL ESTADO A LAS PROTESTAS


Antes de abril de 2018, y durante años, las fuerzas policiales se limitaban a observar y no actuaban cuando grupos de choque y simpatizantes del gobierno agredían y atacaban a manifestantes cívicos. En algunos casos, organizaban fuertes dispositivos policiales en clara intimidación a las marchas, pero no se atrevían a impedirlas. Con el tiempo, el patrón de comportamiento policial comenzó a cambiar hacia una represión más activa o hacia una omisión más flagrante respecto a los actos violentos de terceros.

Antes de abril de 2018, algunos de los casos más relevantes fueron: los conflictos y la violencia generada por los resultados de las elecciones municipales en 2008; la masacre de El Carrizo en las elecciones presidenciales de 2011; el ataque a la protesta juvenil de #OcupaInss en 2013; la represión a una marcha de trabajadores azucareros en Chichigalpa; a la marcha en conmemoración del 8 de marzo de 2014 en Managua; la masacre de Las Jagüitas en 2015; la negligencia, omisión y agresiones a ciudadanos durante las jornadas conocidas como “Miércoles de protesta” en contra del Consejo Supremo Electoral (CSE); el bloqueo policial a la marcha campesina hacia Managua y la protesta de los mineros en El Limón en 2015 y 2016.

En 2016 el gobierno impidió y reprimió diferentes manifestaciones de protesta por las irregularidades en el proceso electoral presidencial. En 2017 se registraron tres casos de brutalidad policial o militar: el asesinato de la niña de 15 meses Daira Junieth Blandón, el asesinato de dos niños menores de edad, hijos de la señora Elea Valle en un supuesto enfrentamiento entre grupos irregulares armados y fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, y la paliza propinada al campesino Juan Lanzas, que perdió sus pies.

Según reportaron distintas organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, además de impedir las marchas con los dispositivos antimotines, la Policía golpeaba, actuaba con evidente abuso de autoridad, hacía uso desproporcionado de la fuerza, y realizaba detenciones arbitrarias con brutalidad y saña. En la mayoría de los casos, no se reportaron investigaciones y las sanciones a los policías involucrados fueron pocas.

ANTES DE ABRIL: GRUPOS DE CHOQUE Y TURBAS


Durante todos estos años, grupos paraestatales actuaron en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional. En los medios de comunicación, en informes de organizaciones internacionales. También en el lenguaje de las personas entrevistadas aparecen referencias a “grupos de choque”, “turbas sandinistas” y “paramilitares”.

En su informe de la visita de observación (mayo 2018), la CIDH se refirió a la existencia de lo que denominó como “grupos parapoliciales”, considerando que actuaban con la “aquiescencia, tolerancia y colaboración” de las autoridades estatales y específicamente de la Policía. A su vez, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió en su informe sobre un patrón caracterizado por la intervención de “elementos armados progubernamentales”.

Por su parte, Amnistía Internacional registró el uso gubernamental de grupos parapoliciales para generar caos, llevar a cabo amenazas y agresiones y operar al margen de la ley.

Utilizamos la expresión “grupos paraestatales” para hacer referencia a los diversos grupos de personas que asumen funciones represivas sin identificarse como funcionarios policiales o estatales, pero que actúan de manera coordinada con la Policía Nacional.

Los llamados “grupos de choque” se conformaron a finales de 2007 e inicios de 2008. Una de las primeras ocasiones en las que actuaron, y de las que se tiene registro, fue en las elecciones municipales de 2008, cuando se enfrentaron y agredieron a simpatizantes de la oposición que reclamaban por los resultados electorales en diferentes municipios del país. Lo hicieron a la vista de la Policía, a plena luz del día y dirigidos por funcionarios del gobierno.

RECLUTAMIENTO DE JÓVENES


Según testimonios recogidos por el GIEI y crónicas periodísticas, los grupos de choque, también llamados “turbas sandinistas”, están integrados por jóvenes reclutados de distintas maneras: integrantes de la Juventud Sandinista, personas captadas en los barrios a través de los CPC (Consejos del Poder Ciudadano), las alcaldías o líderes políticos, trabajadores de instituciones estatales y pandilleros o ex-pandilleros.

Desde 2011, los responsables de centros de reinserción de jóvenes pandilleros alertaron públicamente sobre su reclutamiento por secretarios políticos del partido gobernante, que les entregaban armas para que participaran en acciones de agresión a grupos de oposición. El caso más grave fue el del joven Samir Matamoros, quien disparó contra una manifestación de los “Miércoles de protesta”, en las afueras del CSE. El joven había pertenecido a una pandilla, pasó por un proceso de reinserción y fue presionado por simpatizantes del gobierno para integrar los grupos de choque.

La participación de los grupos de choque en ataques y agresiones a la oposición política, o a expresiones de descontento social, ha sido una constante durante los once años del gobierno de Ortega.

LOS “CAMISAS AZULES”


También en el año 2007 se conoció la conformación de un grupo con el propósito de reforzar la seguridad de Ortega. De acuerdo a reportes periodísticos, 150 hombres integraban esta fuerza, todos ellos ex-militares, antiguos integrantes de la cooperativa de transporte “Parrales Vallejos”, muy conocida por su beligerancia política y formada por ex-integrantes del cuerpo de seguridad personal de Ortega en la década de los 80.

Como utilizaban camisas de color azul para distinguirse de la Policía y de otros simpatizantes de Ortega, la gente comenzó a llamarlos “camisas azules”. Se señala como su creador y jefe a Manuel Alí Rivas Vallecillo, antiguo militante sandinista, uno de los hombres de mayor confianza de Ortega y jefe de su equipo de seguridad en los 80. Desde su creación y desde los primeros incidentes de 2007 y 2008, los “camisas azules” mantuvieron un perfil bajo. Solamente se les veía en actividades públicas masivas donde participaba Daniel Ortega, ejerciendo labores de protección personal. Muy pocas veces se les vio utilizando armas de manera visible.

EL RECLUTAMIENTO DESPUÉS DE ABRIL 2018


Durante los hechos de violencia ocurridos a partir de abril de 2018 pudo verse la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra. Estos grupos mostraron un nivel de organización y preparación muy superior al de los tradicionales grupos de choque o turbas. Y se les vio utilizando camisas de varios colores como distintivo.

Según la información reunida por el GIEI, cuando el gobierno reorganizó su estrategia de represión para hacer frente a la sostenida movilización y protesta social iniciada en abril, un grupo de militantes históricos cercanos a Ortega se dedicaron a visitar varias ciudades del país a fin de reclutar a ex-militares, a desmovilizados del servicio militar obligatorio, a oficiales retirados del Ministerio del Interior y a militantes históricos, para integrarlos a los grupos paraestatales. Algunos de los reclutadores eran altos oficiales del Ejército en condición de retiro. En mayo de 2018 se empezó a observar la participación de estos grupos, aunque su actuación más notoria se verificó en los meses siguientes.

APARATOS DE CONTROL SOCIAL:
CPC, CLS, GABINETES DE LA FAMILIA


Junto con las instituciones y los aparatos de represión, el gobierno cuenta también con dispositivos de vigilancia y control social organizados territorialmente: los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) y los Gabinetes de Familia, evolución de los antiguos Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

El origen de los Consejos del Poder Ciudadano se remonta al año 2007, a partir de la idea de “democracia directa” anunciada por Ortega durante la campaña electoral de 2006. Desde su llegada a la Presidencia en enero de 2007, Ortega impuso esta nueva forma de organización social, los CPC. Intentó imponerlos mediante reforma legislativa y en virtud del fracaso de la iniciativa los instaló mediante decreto presidencial del 29 de noviembre de 2007.

Los CPC y los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) fueron creados en cada barrio y comunidad y, a la vez, se creó un Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, como expresión nacional de este sistema de participación. Al frente de la estructura se nombró a Gustavo Porras, entonces secretario del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, un órgano nacional de consulta creado por la Ley de Participación Ciudadana durante el gobierno anterior. Porras rendía cuentas de los CPC a Rosario Murillo, esposa de Ortega ,quien era en ese entonces Coordinadora de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía.

En un primer momento, los CPC atendían temas de interés de la comunidad: salud, educación, limpieza... El decreto de noviembre de 2007 constituyó a los CPC para la seguridad ciudadana, sustituyendo a los Comités de Prevención del Delito, que eran la forma de organización y consulta ciudadana que la Policía había promovido durante años para coordinar actividades de prevención del delito y la criminalidad en barrios y comunidades. Las actuaciones de los CPC “fueron percibidas negativamente por la población provocando descontento político y también un descontento emocional”, describió aquel año la revista Envío.

En el año 2014 la Asamblea Nacional aprobó el Código de la Familia, donde se introdujo otra organización: los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida. Con la inclusión legal de los Gabinetes en el Código, el gobierno se aseguró una estructura de organización propia, con la posibilidad de asignarles tareas públicas con recursos del presupuesto. De hecho, todas las alcaldías cuentan con una oficina de participación ciudadana que coordina acciones con los Gabinetes.

En las instituciones públicas se conformaron los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), que coexisten con estructuras partidarias del FSLN y de la Juventud Sandinista dentro de cada institución. De entrevistas con expertos en seguridad se conoce que estas organizaciones son las encargadas de asegurar la participación de los empleados públicos en actividades: marchas, ocupación de rotondas en Managua, contramarchas, ferias y otros actos políticos. Además, son las encargadas de vigilar a los empleados públicos que no simpatizan con el gobierno.

ABRIL 2018: ARMAS DE GUERRA PARA REPRIMIR


Desde el inicio de la represión en abril de 2018, los grupos paraestatales fueron mostrando diferentes grados de violencia: desde los grupos de choque que actuaron de la manera más “tradicional”, usando básicamente golpes con elementos contundentes y morteros, hasta grupos que utilizaron armas de fuego.

El nivel más alto de organización y poder ofensivo lo alcanzaron los grupos que emplearon armas largas y que mostraron un nivel de organización similar al de estructuras policiales o militares y que, por eso, fueron denominados “paramilitares” o “parapoliciales”. La actuación de estos grupos más organizados pudo verse especialmente en los meses posteriores al período que abarca el mandato del GIEI (18 abril-30 mayo 2018), cuando empezaron a vestirse con camisas de colores que los identificaban (generalmente azules).

La conformación de todos estos grupos progubernamentales que asumieron funciones represivas debe ser investigada para determinar, en cada caso, las formas de reclutamiento, financiación y provisión de recursos materiales, entre ellos, armas largas de alta velocidad y armas de guerra, que la ley atribuye exclusivamente al Estado.

Las informaciones obtenidas por el GIEI, que incluyen entrevistas con expertos en seguridad y ex-militares, hablan de diversas formas de reclutamiento de ciudadanos para la intervención en acciones de represión: empleados públicos de distintas instituciones del Estado, y de alcaldías, mi¬li¬tan¬tes de la Juventud Sandinista y del partido de gobierno, integrantes de pandillas, jóvenes con antecedentes penales o en situación de riesgo a los que el Estado se vincula a través de programas manejados por la Policía Nacional, personas de bajos recursos a quienes se paga informalmente una suma de dinero o se les prometen tierras, y también ex-militares y antiguos combatientes del servicio militar obligatorio en los años 80.

La participación de empleados públicos en grupos violentos contra manifestantes también fue un fenómeno confirmado por videos obtenidos. Es un dato señalado invariablemente en múltiples entrevistas, que incluyen relatos proporcionados por personas que trabajan o trabajaron has¬ta hace muy poco en dependencias públicas.

Fue muy difundido en redes sociales y medios de prensa el caso de un empleado del Ministerio de Transporte e Infraestructura, que aparece en diversas fotografías posando con un arma larga con mira telescópica y una planilla de sueldo en la que se le reconocen 150 horas extra durante el mes de abril en ese ministerio. Se trata de un caso que se conoció cuando el GIEI ya estaba trabajando en Nicaragua y ya había recibido información sobre la participación en la represión de personas asalariadas en la administración pública. Si bien se trata de un caso posterior al 30 de mayo, ratifica la información recibida con anterioridad.

EL RECLUTAMIENTO TERRITORIAL


El reclutamiento de personas por parte de las alcaldías o por personas con poder local vinculadas al gobierno fue relatada en varias entrevistas realizadas por el GIEI, en Matagalpa y Estelí. En algunas entrevistas se habla de personas traídas desde sectores rurales, a quienes varias de las personas entrevistadas identificaron como “campesinos”.

El reclutamiento de personas para participar en la represión mediante la promesa de tierras se confirma en varios videos que se difundieron cuando algunas de esas tierras les fueron quitadas. Puede verse cómo varias personas explican cómo se les otorgaron esas tierras y cuentan que fue a cambio de acciones a favor del gobierno y en contra de los manifestantes. Expresan también su sorpresa por el hecho de que al poco tiempo el propio gobierno los desalojaba. La toma de tierras organizada por el gobierno, además de una forma de recompensa momentánea a participantes en la represión, parece haber tenido también como objetivo presionar al sector privado que intervenía en el Diálogo Nacional.

La información recibida por el GIEI también apunta al uso de programas manejados por la Policía financiados por el pre¬supuesto nacional. En particular, el programa para “jóvenes atendidos en situación de riesgo”, de la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, cuyo presupuesto para el año 2018 preveía fondos para 9 mil jóvenes.

La información sobre esta modalidad de reclutamiento de jóvenes para integrar grupos de choque no es novedosa y puede verse en numerosas notas de prensa sobre el tema o vinculadas a hechos concretos. Según la información disponible, una buena parte de estos jóvenes se ha ido incorporando a las planillas de trabajadores de instituciones estatales, especialmente las alcaldías, TELCOR, INSS, el Ministerio de la Juventud, entre otras. Otros regresan a sus barrios y se mantienen atentos al llamado de la Policía o de los dirigentes encargados de cada barrio, distrito o ciudad.

Existe en Nicaragua toda una estructura ramificada que llega a los barrios y que combina instituciones formales (como los CPC) con instancias de poder político local (como los Comités de Liderazgo Sandinista), que permiten un importante grado de control territorial y poblacional, tanto en términos de información como de reclutamiento de personas para actividades progubernamentales.

“SIN CARTA DEL CPC, NO CONSEGUÍS TRABAJO”


El GIEI tuvo oportunidad de entrevistar a dos personas que se refirieron a este fenómeno por conocerlo directamente, entre ellas, un joven de Managua, integrante desde hace años en la Juventud Sandinista, que decidió salir del país por temor a represalias por su decisión de no intervenir en acciones de represión vinculadas a estas protestas.

Con su identidad en reserva en el informe, explicó la función de los CPC en el barrio, su rol en el armado de los grupos de choque, y el poder que tienen los dirigentes del partido de gobierno -en particular el secretario político del partido, la Juventud Sandinista, estructuras que conocen a cada persona del barrio y tienen poder de decisión para, por ejemplo, dar acceso a fuentes de trabajo estatales o a los beneficios que otorga el Estado: “Sin carta del CPC no conseguís trabajo, menos en el Estado”. Este poder territorial favorece relaciones de poder asimétricas, de dependencia, incluso de coerción.

EL PAPEL DEL EJÉRCITO
DEBE SER INVESTIGADO


De entrevistas realizadas, entre otros, a expertos en seguridad y ex-militares, surge que para la conformación de los grupos que mostraron un mayor nivel de organización y capacidad ofensiva, se reclutó a ex-combatientes o ex-militares, muchos de los cuales tienen o tuvieron en su momento un vínculo histórico con el FSLN. Diversas fuentes indican que un grupo de asesores del gobierno se dedicó a recorrer el territorio para convocar a antiguos combatientes, apelando a discursos que evocaban una historia en común, y también ofreciendo una remuneración económica.

Públicamente se ha discutido sobre el rol del Ejército en los hechos. Oficialmente, las autoridades han negado su intervención en la represión. El GIEI no ha encontrado evidencias que demuestren una intervención del Ejército en los eventos. En algunas imágenes se observa una participación en la custodia de lugares públicos, pero sin intervenir directa¬mente en la represión de las protestas, en las universidades o en el desalojo de tranques. No puede descartarse la participación individual de integrantes del Ejército en los grupos armados progubernamentales o en su entrenamiento, como algunas versiones sugieren. Es algo que debe ser investigado.

¿ERAN POLICÍAS VOLUNTARIOS?


Todas las formas de reclutamiento de los “grupos parapoliciales”, sean cuales sean sus formas, deberán ser objeto de investigación cuando las condiciones se presenten, así como el origen y el manejo de los recursos utilizados, presumiblemente estatales.

En un primer momento, el gobierno negó cualquier vinculación con estos grupos. Sin embargo, con posterioridad -seguramente frente a la evidencia de que actuaban de manera coordinada con la Policía Nacional- sostuvo que se trataba de “policías voluntarios”.

La Policía Voluntaria es una figura reconocida en la ley orgánica desde hace años. Según la ley 872 de la Policía Nacional, es “un cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional, integrado por ciudadanos nicaragüenses que prestan su servicio de forma voluntaria y temporal”.

La ley dice expresamente que “los miembros de la Policía Voluntaria, para el cumplimiento de sus tareas estarán debidamente identificados con uniformes y distintivos propios” y que “realizarán únicamente tareas de apoyo en labores de prevención tales como: 1) Auxiliar a la Policía en la vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de de¬sastres naturales. 2) Auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la comisión de hechos delictivos, preservando el lugar, prestando la ayuda necesaria a las víctimas y dar parte oportuna a las autoridades que corresponda”.

Es evidente la distancia existente entre lo que establece la ley respecto de la Policía Voluntaria y la actuación que se ha podido observar en grupos de personas dotadas de armas de guerra, vestidas de civil y sin ningún tipo de identificación. El GIEI solicitó al Estado información sobre la integración de esta supuesta “policía voluntaria”, sobre su conformación y sus planes de formación, pero no obtuvo respuesta.

Más allá de que los grupos paraestatales que llevaron a cabo actos de agresión no puedan ser considerados “policías voluntarios” en el sentido de la ley, no caben dudas de que actuaron de manera coordinada con la Policía Nacional y con garantía de impunidad.

FUE EL ESTADO


En suma, la información demuestra que el Estado dispone de una estructura paralela de represión que actuó de manera visible en la mayoría de los eventos de represión desde el 18 de abril en adelante.

Un análisis global de los hechos permite afirmar que su existencia y actuación responde a una política decidida por el gobierno nacional, más allá de que la integración concreta se organice, al menos en parte, a nivel local. De otro modo no puede explicarse la intervención de estos grupos al mismo momento, en distintos departamentos del país y con una actuación coordinada con una institución como la Policía Nacional, que depende del gobierno nacional y cuyo Jefe Supremo es el Presidente de la República.

Lo ocurrido no puede explicarse la intervención de diferentes alcaldías, todas oficialistas, la intervención directa de figuras políticas del sandinismo y funcionarios de diversas instituciones, el uso de recursos del Estado y la garantía de impunidad con la que han actuado.

“¡VAMOS CON TODO!”


En sus meses de trabajo en Nicaragua, el GIEI ha recibido diversos relatos que se refieren al rol de la Vice-presidenta Rosario Murillo en el manejo de estas estructuras y al papel de un grupo de asesores y de los secretarios políticos del FSLN en la coordinación de las acciones y transmisión de las órdenes. Si bien no se han podido encontrar elementos que permitan demostrarlo, no puede dejar de mencionarse esa posibilidad, que deberá ser investigada cuando existan las condiciones de independencia y autonomía en el sis¬tema de justicia.

El 27 de septiembre de 2018 se difundió una declaración brindada por Ligia Gómez ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos. Gómez fue hasta poco antes gerenta de Investigaciones Económicas del Banco Central y Secretaria Política del FSLN en el Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS) del Banco entre 2014 y 2018. En sus declaraciones, se refiere a la estructura política manejada por Rosario Murillo, cuyas órdenes son transmitidas por el Secretario General de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno Briones.

Ligia Gómez explicó que “el 19 de abril, todos los secretarios políticos, los coordinadores de la Juventud Sandinista y los secretarios de los sindicatos, fuimos convocados en el auditorio del Parque Japonés. En la entrada, los funcionarios escanearon las identificaciones de todos los participantes y Fidel Moreno Briones prohibió que las personas grabaran la reunión. Todos guardamos los teléfonos celulares. El propósito de la reunión fue organizar la respuesta a las protestas callejeras. Moreno Briones tenía un mensaje claro: ‘Debemos defender la revolución, vamos con todo, no les permitiremos que nos roben la revolución’. Eso significaba que todas las formas de represión serían implementadas”.

Gómez también se refirió a las medidas que se adoptaron para copar diversos espacios de la ciudad para evitar manifestaciones. Esta política de ocupación del espacio es una característica muy notoria y se ha visto en numerosas imágenes. En algunas ocasiones, intentando llegar antes al lugar de la convocatoria y en otras, realizando “contramarchas”, muchas veces acompañadas de grupos de choque. Así sucedió en Mangua y en León durante los primeros días de las protestas.

Todos los elementos reunidos demuestran la existencia de una estructura compuesta por un entramado de actores que ejerció funciones represivas de distinta intensidad, actuando de manera coordinada con la Policía Nacional.

La conformación de esta estructura y su sistema de conducción deberán ser investigados en el futuro para identificar a las personas que han intervenido. Más allá de cuáles sean esos nombres, hay serias evidencias de que esa estructura existe y que la actuación de estos grupos, de manera extendida, reiterada y en coordinación con la Policía Nacional, no puede explicarse por decisiones adoptadas al margen del gobierno nacional.

CAPÍTULOS 5.3 Y 7.3 DEL INFORME
DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO
DE EXPERTOS INDEPENDIENTES (GIEI)
PRESENTADO EN WASHINGTON,
ANTE LA OEA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

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