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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 441 | Diciembre 2018
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Nicaragua

Un régimen que dispara contra una revolución cívica

Equipo Envío

En mayo, la insurrección de la conciencia que estalló en abril siguió viva. En las calles de la capital continuaron las movilizaciones masivas. En muchos municipios hubo gente protestando en las calles con banderas azul y blanco, algo que nunca se había visto. Las carreteras permanecían bloqueadas por tranques. Todos exigiendo lo mismo: justicia y democracia. En el terreno internacional, en la OEA específicamente, comenzó a existir conciencia de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, y de lo que podría pasar en Nicaragua de prolongarse la crisis.

UNA REVOLUCIÓN NO ARMADA


Nicaragua estaba viviendo “una revolución no armada”. Así la calificó el obispo de Estelí Abelardo Mata en la sesión inaugural del diálogo nacional el 16 de mayo. Compleja de entender en el exterior esa revolución, después del silencio de más de una década, en la que poco o nada se sabía sobre los desmanes del régimen Ortega-Murillo, desconocidos para algunos, nostálgicos del pasado revolucionario; tolerados para otros -como sucedió con la misma empresa privada nicaragüense y con el gobierno de Estados Unidos-, considerando que Ortega, mal que bien, era menos problemático gobernando “desde arriba” que “desde abajo”. Tranquilos, porque con su mano dura, les garantizaba estabilidad en una región muy violenta.

Una revolución no armada en una situación de tanta desigualdad era también una experiencia difícil de mantener en un país con tanta gente familiarizada con las armas, en un pueblo que lleva impreso en su memoria histórica el derrocamiento armado de una dictadura hacía cuarenta años, y que tiene en su memoria más reciente la frustración por los cuatro fraudes consecutivos organizados por Ortega, que cerraron la posibilidad de cambiar las cosas cívicamente por los votos.

La violenta respuesta con que el régimen respondió de inmediato hacía prácticamente imposible que no aparecieran del lado de la insurrección cívica y no armada grupos más radicales que acudieran a las armas, que nunca fueron los más, y que no hubiera episodios de legítima defensa.

Sin embargo, desde el primer momento hasta concluir este histórico 2018, ha ido arraigándose en la conciencia nacional que la salida debe ser pacífica y haciendo uso de mecanismos no violentos.

Las mayorías que despertaron en Nicaragua lo hicieron instintivamente convencidas del carácter cívico que debía mantener la insurrección, que debía evitarse otra guerra. Esta convicción se ha mantenido y es uno de los grandes logros del estallido de abril.

DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES: “EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE”


Para investigar los crímenes de abril -cuando tanta sangre derramada a tiro limpio por la Policía dirigida por Ortega convirtió a Nicaragua en noticia internacional- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, solicitó al gobierno desde el 26 de abril, en tres ocasiones y de manera urgente, hacerse presente en Nicaragua.

El régimen se negó una y otra vez y el 6 de mayo conformó su propia “comisión de la verdad” como parapeto que sustituyera la presencia de la CIDH en el país. Esta comisión nació muerta por falta de credibilidad: ¿quién iba a esperar justicia de ella sabiendo que surgía de un Parlamento to¬tal¬mente controlado por Ortega, sabiendo que los cinco “notables” que la integraban eran afines ideológica o económicamente al régimen?

Como tampoco los obispos creían en ella, el 10 de mayo condicionaron el inicio del diálogo a que el gobierno permitiera “en el menor tiempo posible” el ingreso de la CIDH al país. Ortega tuvo que ceder. Internacionalmente le interesaba aparecer con voluntad de diálogo.

El diálogo nacional se instaló por fin el 16 de mayo, casi un mes después de la masacre de abril, y cuando ya se conocía que al día siguiente, 17 de mayo, llegaría al país la CIDH. Ya había decenas de muertos. La llegada a Nicaragua de 15 integrantes de la Comisión Interamericana, presidida por la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, fue un importante logro de la resistencia ciudadana.

En sus cuatro días en el país, investigando lo ocurrido en abril, y hasta ya entrado mayo, en cuatro ciudades (Managua, León, Masaya y Matagalpa) los comisionados recibieron a más de tres mil personas escuchando sus denuncias: testimonios de familiares de los asesinados, relatos de heridos, de detenidos, de torturados, de amenazados… También se les entregaron centenares de videos, grabaciones y otras pruebas materiales.

CIDH: UN INFORME DEMOLEDOR


El informe de la CIDH evidenció que en Nicaragua el Estado respondió a las protestas ciudadanas de abril con un uso desproporcionado de la fuerza, valiéndose de agentes antimotines de la Policía, de fuerzas de choque del partido de gobierno y otros “terceros armados”, fuerzas para¬policiales los llamaron, que ya desde mayo comenzaron a verse en los operativos represivos.

El balance trágico de esta actuación criminal hasta el 21 de mayo era, en el informe de la CIDH: 76 personas muertas, 868 heridas, 438 detenidas, cifras que al irse la CIDH continuaron incrementándose diaria y rápidamente. “Encontramos una situación muy grave de derechos humanos en Nicaragua, salimos muy preocupados del país”, dijo al llegar a Washington Paulo Abrão, director ejecutivo de la CIDH. Nunca el régimen, que a través de sus cuerpos armados ya había cometido graves violaciones de derechos humanos durante estos años, especialmente en zonas rurales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, documentadas todas por los organismos nacionales de derechos humanos, se había visto ante una evidencia tan contundente sobre el carácter criminal de su modelo de control social.

Desde que salió de Nicaragua el 21 de mayo la CIDH siguió emitiendo comunicados desde Washington condenando la violencia, que no cesaba. Al llegar a Washington, Abrão dijo a medios internacionales: “La región todavía no está suficientemente atenta a lo que está ocurriendo en Nicaragua”.

Fue precisamente el informe de la CIDH, presentado al Consejo Permanente de la OEA el 5 de junio lo que abriría la conciencia del organismo regional a la realidad nicaragüense.

UNIVERSIDADES TOMADAS, CARRETERAS TRANCADAS


Desde abril estudiantes universitarios se habían atrincherado en la UPOLI y en la UNAN Managua. Fue un método de lucha, defensa y resistencia. Otro método fueron los tranques. Desde abril los campesinos vinculados desde 2013 a la lucha anticanal comenzaron a levantar tranques en distintos puntos del país. Los primeros aparecieron en Chontales. Después se multiplicaron por todo el país. Expresaron la dimensión nacional de las protestas y desgastaron al régimen. Su desmantelamiento “al precio que sea” fue el objetivo central de la represión oficial hasta el mes de julio.

Colocados en puntos estratégicos que llevaban de una ciudad a otra o que se colocaban a la entrada de las ciudades, los tranques obstaculizaban al gobierno el mover libremente a las fuerzas represivas. Si el 19 de mayo se logró la multitudinaria marcha que vieron las calles de León fue porque había tranques que defendían la ciudad.

Tranques y barricadas garantizaban las movilizaciones ciudadanas en todos los territorios. Fueron un mecanismo de defensa, consciente la gente de que sin ellos aumentaría la represión masiva y la selectiva. Tranques y barricadas, defendidos por campesinos y pobladores urbanos día y noche, fueron también la demostración palpable de que el gobierno había perdido el control del territorio nacional.

A partir del 12 de mayo Masaya y en ella el barrio indígena de Monimbó comenzaron a ser atacados por la represión policial. Como defensa, la ciudad se llenó de centenares de barricadas artesanales que defendían los barrios. El cuartel de la Policía quedó entrampado entre las decenas de barricadas que la gente levantó de un día a otro y los agentes policiales no pudieron salir del cuartel hasta mediados de julio.

69% DE LA GENTE DICE QUE RENUNCIEN


El diálogo nacional se instaló el 16 de mayo. Los obispos actuaron como mediadores y testigos. En la mesa estarían de un lado funcionarios del gobierno y del otro los integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (estudiantes, campesinos, empresarios privados y miembros de la sociedad civil, seleccionados por los obispos).

El día antes de iniciar el diálogo, la empresa encuestadora CID Gallup presentó los resultados de un sondeo realizado a nivel nacional a 1,200 personas entre el 5 y el 14 de mayo. El 69% de los consultados dijo que quería que Ortega y Murillo renunciaran al gobierno. Entre quienes así se expresaron un 30% se declararon sandinistas. El 78% opinó que el país “va por mal camino”. En la encuesta que la misma empresa había hecho en enero sólo veía malo el camino un 35%.

Un cambio tan drástico comparado con resultados de anteriores encuestas, de la misma firma y en tan poco tiempo, lo explicaría una de las consignas que apareció en las movilizaciones de mayo: “Daniel perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo”.

”¡RÍNDASE ANTE TODO ESTE PUEBLO!”


Desde un primer comunicado, los obispos dijeron que el diálogo nacional se celebraría en el seminario nacional y, por tanto, “en su cancha”. Horas antes de la instalación del diálogo, Murillo anunció su presencia y la de Ortega en “este evento histórico”.

Acompañados de tres de sus hijos, Ortega y Murillo se desplazaron hacia el seminario con un aparato de seguridad jamás visto. El blindado Mercedes Benz que conducía Ortega iba precedido de 14 policías motorizados, 3 camionetas con al menos 8 policías fuertemente armados y otros dos vehículos cerrados. El vehículo de la pareja iba seguido de 6 motos con policías, 2 camionetas con al menos 8 policías en cada una y 2 microbuses llenos de un número indeterminado de efectivos armados. A lo largo de todo el trayecto que recorrería en la capital, 6 policías vigilaban cada semáforo. Al final de la caravana iba una ambulancia y por los aires volaban dos helicópteros del Ejército. Al ingresar por el camino que lleva al seminario un grupo de mujeres se organizaron y no dejaron de gritarles “¡Asesinos!”

Se había anunciado que a la instalación del diálogo, que se transmitiría en directo por radio y televisión, y a la que asistiría todo el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, seguiría este protocolo: himno nacional, invocación a Dios de uno de los obispos, breve discurso de Ortega, oración por las víctimas de la violencia, canto en latín de la Salve y al final, Ortega y Murillo departirían con los asistentes.

Antes de que Ortega hablara, fue Lesther Alemán, 20 años, estudiante de Comunicación de la UCA, quien tomó la palabra. Sin micrófono y con una firmeza que paralizó al país, encaró al mandatario: “¿Por qué asalto la palabra suya? ¡Porque nosotros hemos puesto los muertos, los heridos, los desaparecidos!... ¡Hemos aceptado estar en esta mesa para exigirle que ahorita mismo ordene el cese inmediato de la represión de sus tropas, de las fuerzas paramilitares, de las turbas!… Ésta no es una mesa de diálogo, ¡es una mesa para negociar su salida, y usted lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado!... En un mes usted ha desbaratado el país, a Somoza le costó muchos años, ¡y usted lo sabe muy bien!.. ¡Ríndase ante todo este pueblo!”

Una escena inolvidable que quedará en la memoria colectiva por mucho tiempo.

“UN DISCURSO DECEPCIONANTE”


Un Daniel Ortega impávido y con un rictus de contrariedad escuchó del universitario lo que nunca había escuchado de nadie. En once años en el gobierno jamás había aparecido Ortega en una rueda de prensa, jamás se había dignado a conceder una entrevista a la prensa nacional, nunca había respondido preguntas porque nunca las había escuchado.

En su discurso, nada breve, no dijo nada que se pareciera a una disculpa por los muertos de abril o que expresara alguna responsabilidad en lo ocurrido. Más bien, se refirió a los 50 mil muertos de la guerra civil de los 80 y a los 2 mil palestinos heridos en Gaza esos días. Se limitó a señalar con preocupación “la violencia irracional, la violencia diabólica que ha explotado en nuestro país”, sin relacionarla con su origen: la represión con la que su régimen había respondido a las protestas ciudadanas. Y sin asumir responsabilidad alguna en la irracionalidad de la violencia que ellos mismos habían ordenado.

Las palabras de Lesther animaron a otros participantes a tomar la palabra fuera del guion estipulado. El obispo Abelardo Mata le dijo al mandatario que estaba ante “una revolución no armada”. El ex-Ministro de Educación Carlos Tunnermann le dijo cuán “decepcionante” había sido su discurso al negarse a aceptar la nueva realidad del país. Y el campesino coordinador del movimiento anticanal, Medardo Mairena, después de escuchar cómo había descalificado Ortega en su discurso a quienes hacían tranques en las carreteras del país se puso en pie para aclararle: “Quiero que sepa, señor presidente, que los campesinos nos hemos unido a respaldar a los jóvenes. En los tranques no hay otras personas que nosotros. Somos nosotros quienes estamos ahí. Somos los campesinos, que nunca hemos sido escuchados”.

Al final, los estudiantes volvieron a interrumpir el protocolo. Una muchacha, Madeleine Caracas, fue leyendo uno a uno los nombres de todos los asesinados en abril y el lugar donde cayeron. A cada mención seguía un vibrante ¡Presente! que coreaban los estudiantes.

”UNA PLAGA ESTÁ ASOLANDO EL PAÍS”


Después de su inesperada instalación, el diálogo tuvo tres sesiones. La primera (18 de mayo) no fue transmitida en directo. Ni Ortega ni Murillo se presentaron nunca más al diálogo. Las sesiones las presidió el Canciller Denis Moncada.

La primera sesión duró nueve horas y la delegación del gobierno la retrasó llegando dos horas más tarde de lo acordado. De esta sesión surgió únicamente una “tregua” de dos días. Ambas partes se comprometían, el gobierno a no ejercer la represión y la Alianza Cívica a flexibilizar los tranques. Pero la represión continuó y también los tranques.

También continuaron, organizados en varios municipios por los alcaldes orteguistas, actos provocadores de caos. Por esos hechos (incendios consumados o pretendidos, saqueos, destrucción de inmuebles, violencia generalizada que duraba horas), cada vez más frecuentes de día o de noche, en cualquier lugar del país, la población responsabilizaba al gobierno, que pagaba a “vagos” o a pandilleros por realizarlos, o que les encomendaba su realización a sus propias turbas. Los medios del gobierno responsabilizaban de todos estos incidentes violentos a “grupos vandálicos de la derecha”.

Murillo dijo en esos días que se trataba de “una plaga que está asolando el país desde hace un mes exactamente”. Ya Ortega había dicho en el diálogo que se trataba de una violencia “diabólica”.

Dijo después que “el demonio estaba sacando las uñas”. Y en nota oficial, días más tarde, el régimen informó a la comunidad nacional e internacional que las acciones las realizaban “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias”, especificando también que la violencia venía de una “conspiración delincuencial que ha pretendido entregar el país al crimen organizado”. Todavía entonces el régimen no hablaba nunca de “golpe de Estado”…

¿DÓNDE ESTABA LA DERECHA VANDÁLICA?


La “interpretación” de todo lo que estaba ocurriendo, repetida incansablemente por los medios oficialistas, resultaba chocante. Porque si antes del 18 de abril Nicaragua era “el país más seguro de Centroamérica” y la ejemplar Policía de Nicaragua garantizaba esa seguridad y era considerada la de mayor prestigio en la región, ¿cómo había sido posible que de la nada, y sin ser percibida por los órganos de inteligencia de esa Policía, tampoco por los del Ejército, hubieran surgido tantos grupos vandálicos con capacidad de actuar tan activamente por todo el territorio nacional?

¿Dónde estaba hasta abril, dónde se escondía antes, esa derecha vandálica? ¿Y cómo pudieron esos vandálicos convencer de un día a otro a decenas, a cientos de miles de nicaragüenses, que no son violentos, para movilizarse en marchas multitudinarias rechazando al gobierno “cristiano, socialista y solidario” y respaldando el vandalismo?

¿Y cómo esa Policía resultaba tan ineficiente cuando esos grupos vandálicos incendiaban, saqueaban o disparaban indiscriminadamente en las calles? Ya desde el primer momento, y gracias a la fiel documentación visual de las redes sociales se sabía que el “vandalismo” lo estaba organizando el propio régimen. Meses después se comprobaría por el testimonio de periodistas, que desertaron de los medios oficiales, que los saqueos fueron planificados “desde arriba”.

LA “ESCUELA” DEL DIÁLOGO NACIONAL


La segunda sesión del diálogo (21 mayo) fue transmitida en directo. Duró varias horas. Resultó un ejercicio de ciudadanía inédito en el país. Seguir la sesión por televisión, radio o redes sociales se convirtió en una escuela en un país tan ajeno al debate y tan necesitado de él. También fue inédito ver, por primera vez en once años, a funcionarios del gobierno emplazados a rendir cuentas. También pudimos observar su pobre argumentación y su nula capacidad de decisión porque consultaban permanentemente a casa presidencial qué decir, qué objetar, qué plantear…

Durante esa sesión se hizo público en Managua el informe de la CIDH. El gobierno aceptó que cumpliría las 15 recomendaciones que hace la Comisión, lo que creó la apariencia de un enorme logro. Pero, consistente con su lema histórico, “firmar me harás, cumplir jamás”, ese mismo día los grupos parapoliciales a los que se refería el informe de la CIDH continuaron reprimiendo a la población, causando muertos y heridos. A la vez, y en las redes sociales del gobierno, se continuó amenazando, denigrando, calumniando y criminalizando a estudiantes, a los empresarios que participaban en el diálogo, y especialmente a los obispos, particularmente a Monseñor Silvio Báez, violentando así la recomendación número 10 de la CIDH, que se refiere a evitar estos comportamientos.

LA RUTA DE LA DEMOCRATIZACIÓN


Al término de la tercera sesión (23 de mayo) los obispos decidieron suspender la mesa de diálogo por no darse consenso entre ambas partes. Ese día los obispos presentaron al gobierno como agenda del día, y con el propósito de comenzar a debatirla, un documento que titularon “Ruta de la democratización”. El texto era muy extenso e implicaba, hasta con fechas, una total refundación del Estado. Lo que pretendía la Alianza Cívica presentando algo tan detallado era poner a prueba la voluntad del gobierno para debatir cuándo iniciar la reforma parcial de la Constitución, camino que llevaría a adelantar las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y caribeñas “a la mayor brevedad posible”.

El Canciller Denis Moncada, al frente de la delegación del gobierno, dijo que lo que había escuchado era la “ruta de un golpe de Estado para derrocar al gobierno”. Fue el obispo Silvio Báez quien, considerando “la grave acusación” que hacía Moncada, le aclaró qué era un golpe de Estado y qué era lo que estaba ocurriendo en el país: una crisis política que los obispos intentaban solucionar “en sintonía con la Carta Democrática Interamericana y la Constitución de Nicaragua”. A partir de ese tenso momento todos los representantes del gobierno en el diálogo mostraron no tener voluntad de abordar el tema de la democratización. Para demostrarlo, pasaron horas insistiendo, en cada uno de sus turnos de palabra, en que se levantaran los tranques que ejercían presión en buena parte del país obstaculizando el tránsito durante horas, aunque no a las ambulancias ni a los vehículos que trasladaban enfermos. En ese momento los tranques cubrían el 70% de las vías del país.

“SI SE ATACA A UNO SE NOS ATACA A TODOS”


A partir de ese momento, el diálogo no avanzó más. Quedó “trancado” por la insistencia del gobierno en que se levantaran los tranques. Ya para entonces, el régimen estaba convencido de que la Conferencia Episcopal conducía y mediaba el diálogo en una dirección que no era la que esperaban. Siempre pensaron Ortega y Murillo que tenían bajo control a los obispos.

El 22 de mayo la Conferencia Episcopal denunció en un comunicado las amenazas que estaba recibiendo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez de parte de simpatizantes del régimen. Los obispos afirmaban que el pueblo de Nicaragua “atraviesa hoy una de las peores crisis de su historia tras la cruda represión por parte del gobierno de Nicaragua, que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones”.

Y refiriéndose la Conferencia a los ataques que recibía Báez y el resto de obispos, le advertía al régimen: “A pesar de estas amenazas, recordamos a nuestros agresores que somos un cuerpo colegiado y que si se ataca a un obispo o a un sacerdote se nos ataca a la Iglesia, y que no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo nicaragüense, que bajo el azul y blanco de nuestra bandera, ha salido a las calles a reclamar sus justos derechos”.

EL RÉGIMEN BUSCA “OTRO” DIÁLOGO


Para entonces, la insurrección cívica había demostrado ya que el régimen había perdido las calles y también a sus aliados de la empresa privada. El diálogo nacional les estaba demostrando que habían perdido también a la jerarquía católica y a los párrocos de muchas iglesias de todo el país, que se habían puesto del lado de la gente.

Por eso, Murillo hizo circular un documento interno que llamó “Nuevo panorama político”. En él planteaban que si el 22 de mayo “la Conferencia Episcopal en comunicado oficial ha dicho que la opinión de uno es la opinión de todos, ha hecho suyos los llamados a la guerra de Silvio Báez”.

En consecuencia, el régimen propuso organizar un diálogo nacional alternativo, con sectores, gremios y partidos políticos bajo su control y con nuevos mediadores. Aunque nunca logró concretar ese plan, el mensaje de Murillo era otro intento desesperado de rebobinar la realidad para regresarla a antes de abril.

El 26 de mayo miles de católicos se movilizaron en respaldo de los obispos. Iban precedidos por una manta que decía: “Queremos verdadera justicia. Apoyamos a la CEN (Conferencia Episcopal de Nicaragua) y especialmente a Monseñor Silvio José Báez”. El obispo Báez ha sido durante toda esta etapa el prelado más atacado y amenazado por el régimen.

Pocos días después, la “guerra” oficial contra la iglesia católica se expresó en una circular pidiendo a los simpatizantes sandinistas no acudir a las celebraciones dominicales de la misa y a otros ritos católicos. A estas alturas ya el régimen había declarado una guerra abierta contra la iglesia católica, la que a ocho meses del estallido de abril no ha cesado de incrementarse.

AMNISTÍA INTERNACIONAL: “DISPARAR A MATAR”


El 28 de mayo Managua vivió durante la mañana horas de terror. Tropas antimotines se desplegaron a mediodía en el centro de la capital disparando con armas de guerra, hiriendo y apresando a decenas de personas. A algunas, por apoyar a los universitarios de la UNI, que se habían tomado la universidad temprano en la mañana. A la mayoría, porque pasaban por ese lugar a esas horas. En un confuso incidente, quienes apoyaban a los universitarios prendieron fuego a la fachada de la oficialista Radio Ya.

El mensaje de ese día parecía ser aterrorizar a los capitalinos, que se preparaban para la gran marcha anunciada para el 30 de mayo, Día de las Madres.

Ese día estaba en Managua la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rojas, presidiendo una delegación de esta organización de derechos humanos. Venían a presentar el día 29 el informe de la visita que había realizado Amnistía a Managua, Ciudad Sandino, León y Estelí entre el 4 y el 13 de mayo. El informe los titularon “Disparar a matar”.

Amnistía Internacional afirmaba que el gobierno de Nicaragua emplea una “estrategia letal de represión contra manifestantes” y que, según los ocho casos concretos que habían investigado en detalle, “no sólo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que, con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”. Demostraba el informe que las fuerzas del gobierno tiraban a matar por las armas que empleaban y por el impacto mortal que buscaban los certeros disparos, muchos de ellos hechos por francotiradores.

Pilar Sanmartín, investigadora regional de AI para situaciones de crisis, señaló en una entrevista con la prensa nacional los tres problemas que detectaron en las autoridades nicaragüenses: “No se están haciendo responsables de lo que ocurre, no están aceptando los hechos y no están investigando como se debe”. Y dijo: “No esperábamos encontrarnos con esto, las autoridades niegan los muertos, minimizan lo que está ocurriendo, criminalizan la protesta y estigmatizan a las personas que se manifiestan. Pero también a través de ese discurso vemos que sí saben lo que está sucediendo. El problema es que no reconocen responsabilidad y están permitiendo que pase el tiempo y haya más muertes. Por nuestra parte, Amnistía no va a parar hasta que no pare esto”.

Dos días después, y como otro logro de la presión cívica, el régimen tuvo que aceptar el invitar a Nicaragua al Grupo de Investigación de Expertos Internacionales (GIEI), para deslindar responsabilidades en la ola represiva que vivía Nicaragua desde el 18 de abril. También exigía la Alianza Cívica que viniera a Nicaragua el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

30 DE MAYO: TRÁGICO DÍA DE LAS MADRES


El 30 de mayo, Día de las Madres, un día sagrado en Nicaragua, el régimen cruzó una línea roja e instaló el terror.

Desde hacía días se anunciaba “la madre de todas las marchas” en Managua, en solidaridad con “Madres de Abril”, las mujeres que vieron asesinados a sus hijos al inicio de la insurrección cívica. Cientos de miles de personas, según algunos cálculos más de 300 mil, según otros 500 mil, participaron ese día en la movilización más grande que nunca había visto Nicaragua. En la marcha iban niños, hasta bebés en brazos de sus madres, ancianas en sillas de ruedas, familias enteras, gente de toda edad y condición social, alzando la bandera nacional.

Era la cuarta megamarcha realizada en la capital. Ninguna de las anteriores había sido atacada, todas se habían desarrollado en paz y de forma cívica. Esta vez no. Cuando la marcha concluía en el centro de la capital, en la avenida universitaria, un grupo de parapoliciales surgieron de repente disparando contra la multitud, siguiendo el mismo patrón de otras veces: disparos a matar por francotiradores. Ese día murieron en Managua 14 jóvenes y quedó herido un centenar.

“¡TODOS NOS QUEDAMOS AQUÍ!”


Mientras el tiroteo estremecía el centro de Managua y la Universidad Centroamericana abría sus puertas para refugiar a unas cinco mil personas que huían de las balas, en la avenida Bolívar, el también céntrico espacio de la capital que aún controlaba el régimen, Ortega hablaba a simpatizantes y a empleados públicos.

Quienes calcularon en más de 300 mil las personas en la megamarcha cívica, calcularon en unas 30 mil las que reunió Ortega. Una proporción significativa, casi una encuesta: 10 a 1. El contraste tuvo que haber decepcionado a los que esperaban reunir más gente en torno a Ortega. Pudo también haber contribuido a decidir a algunos a ir atacar a los otros. El ambiente de violencia que había desatado el gobierno venía fomentando un clima de peligrosa polarización.

Muchos de los que llegaron ese día a la concentración de Ortega esperaban de él alguna palabra que orientara, alguna estrategia, alguna propuesta. Si el discurso de Ortega en el diálogo nacional decepcionó a sus adversarios, el de Ortega esa tarde decepcionó a sus simpatizantes. Su discurso sonó a una declaración de guerra.

A sus aliados del gran capital, que el día antes habían respaldado la marcha de las madres y le habían pedido que aceptara adelantar las elecciones, les espetó: “¡Nicaragua no es propiedad privada de nadie!” Y a todos los nicaragüenses, los cívicos y los radicalizados, les dijo en el mismo tono: “¡Nicaragua es de todos los nicaragüenses! ¡Y todos nos quedamos aquí!”. El mensaje fue claro: no se iba a ir, no iba a renunciar. Sería sobre un baño de sangre aún mayor y sobre las ruinas de Nicaragua que había decidido poner fin a su gobierno.

Ocho meses después, y con la consigna “El comandante se queda” Nicaragua está bañada en sangre, sumida en el dolor y en camino al precipicio de la debacle económica.

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