Honduras
El máximo obstáculo para Esquipulas II: dependencia nacional y negocio militar
Honduras se ha convertido en el mayor obstáculo para el funcionamiento exitoso de los acuerdos de paz de Esquipulas II.
Equipo Envío
Sustancialmente no ha variado la posición del gobierno y del ejército hondureño con respecto a los Estados Unidos. La dependencia nacional de la superpotencia del norte, la mayor que afecta a cualquiera de los países del istmo, ha cobrado, sin embargo, en la actual coyuntura de Esquipulas II una importancia singular.
Si Esquipulas adquiere su importancia mayor precisamente por favorecer la legitimidad del proceso revolucionario nicaragüense como desafío más importante y frontal al papel de los Estados Unidos en al región centroamericana, es evidente que Honduras, su gobierno y su ejército, por tener en sus manos la llave de al existencia de la contrarrevolución nicaragüense en tanto en cuanto aquella depende del uso del territorio hondureño para descanso, logística, entrenamiento y abastecimiento fácil, abierto y encubierto (el que viene como subproducto de las maniobras), puede hace que el plan de paz viva o muera.
La dependencia nacional, con una base económica coyuntural -se da a Honduras tanta ayuda económica cuanta necesita para estar siempre al borde de la crisis sin que ésta estalle nunca-, además de la estructural -el único país en que los enclaves extranjeros son aún vitales-, se exacerba cuando se considera que sus Fuerzas Armadas han hecho de su profesión un "negocio". El negocio militar consiste en el perpetuo chantaje a los Estados Unidos si no se les dan sus armamentos, pueden ceder a la tentación de volver a tomar el poder y acabar con una de las que Reagan ostentosamente llama "las cuatro democracias centroamericanas".
Consiste también en las comisiones que cobra por permitir el abastecimiento de la contrarrevolución nicaragüense; pero, tal vez, en lo que más crucialmente consiste es en el pago que recibe por el papel exagerado que sus aparatos de seguridad se les ha asignado precisamente porque no tiene proporción con lo que hay que "asegura" en Honduras sino que guardan relación a lo que hay que "asegurar" geopolíticamente en la región centroamericana. En esta camisa de fuerza está encerrada la actual institucionalidad hondureña, dentro de la cual el gobierno es sólo un administrador de la crisis, un fantoche de la democracia de fachada y la tradicional fuente de prebendas para los políticos - caciques de los dos partidos tradicionales.
En su ser de "obstáculo" para Centroamérica se encierra, sin embargo, la posibilidad de su mayor transformación, porque es en Honduras más que en cualquier otro país centroamericano donde lo que se reivindica, donde lo que juega es precisamente el rescate del país, la liberación de la nación. La Marcha por la Soberanía en marzo y las denuncias de la Iglesia y de otras organizaciones, populares y de derechos humanos, para que Honduras cumpla con Esquipulas II, pueden ser el germen de esta reivindicación. Por ahora, los movimientos populares no presentan, a pesar de este germen una planta frondosa bajo la cual reciban sobre las aspiraciones de las mayorías. La creciente represión es, buena parte, culpable de la lentitud en el crecimiento popular, y la brutal pobreza que cada año se profundiza da cuenta también de mucha parte de ese letargo.
La dependencia de Estados Unidos, una constanteLo más importante de lo que ocurre en Honduras pasa por esta constante coyuntural que significan las relaciones de los Estados Unidos con Honduras a propósito de Nicaragua, en primer lugar y, en menor medida, a propósito de El Salvador y Guatemala. El primer semestre de la año 1987 se caracterizó por una sucesión vertiginosa de maniobras militares, eufemísticamente llamadas "conjuntas" -la parte en ellas de las tropas hondureñas es insignificante-. Culminaron el 3 de mayo con el final del ejercicio militar "Escudo Sólido 87", en el que varios millares de marines simularon una invasión a Honduras por sus costas atlánticas. La simulación no pudo reflejar mejor, como en un espejo, la realidad de Honduras como país ocupado militarmente. Desde 1983 hasta el año pasado sólo durante tres meses dejaron los Estados Unidos de realizar alguna maniobra militar en territorio hondureño. El sub-secretario de Estado, Richard Armitage, ha calificado estas maniobras de "temporales pero indefinidas".
La mencionada culminación, en la que se desplegaron fuerzas aéreas y navales de asombrosa envergadura, fue precedida por ejercicios de despliegue rápido en el departamento de La Paz en febrero; por las maniobras "Lempira 87" (despliegue rápido de tropas en la costa norte); por "Pegasus 87" en abril y mayo (ejercicios aéreos desde las bases de Tegucigalpa, Palmerola y La Ceiba, usando incluso aviones AWACS -cuya venta a Arabia Saudita fue hace dos años tan controvertida en el Congreso por el daño posible a Israel-); y por las maniobras "Vicente Tosta 87" (en todos los departamentos fronterizos con Nicaragua; consideradas por las Fuerzas Armadas hondureñas como las mejores de todas las porque en ellas confraternizaron tropas hondureñas con las estadounidenses, cosa que supuso la dirección conjunta de los generales Galvin Comando Sur Canal de Panamá y Regalado Hernández Comandante de las Fuerzas Armadas hondureñas y el adiestramiento de oficiales).
Además hubo en ese primer semestre los trabajos d de 1.100 soldados hondureños para mejorar varias pistas de aterrizaje y se continuó el ejercicio "Terencio Sierra 87", en el cual miembros de las reservas y de guardias nacionales estatales de los Estados Unidos mejoraron lo que nuestras fuentes de información denominan "la carretera más cara del mundo" en el departamento de Yoro.
Los representantes del gobierno hondureño (civiles y militares) han afirmado que las maniobras no tienen otro sentido que el de ayuda al entrenamiento de los Fuerzas Armadas de Honduras y que el bien del aumento de profesionalización de éstas compensa un mero préstamo del territorio nacional. El ex-jefe del Comando Sur, general Galvin (hoy Comandante Supremo de las fuerzas de la OTAN) dio otra interpretación, en la que el motivo anterior queda implícito en un trasfondo cuyo primer plano significa algo muy distinto; las maniobras son, primero, para "mostrar a (gobierno, Fuerza Aérea y pueblo hondureño) que sí somos aliados, que sí estamos dispuesto a venir aquí"; tercero, para "realizar operaciones para aprender cómo podemos conjuntamente ejecutar maniobras"; y cuarto, para "desarrollar nuestro entretenimiento en un ambiente completamente diferente" al de los Estados Unidos. Naturalmente Galvin nada dijo del quinto motivo: dejar como subproducto un buen número de pertrechos que tomen el camino hacia las bases de la contrarrevolución nicaragüense
La situación descrita, cuyo balance es pavoroso (más de 50.000 soldados estadounidense entrenados en Honduras desde 1983 a un consto de más de 300 millones de dólares -confesados), está principalmente en función de la intransigente política de los Estados Unidos respecto de Nicaragua, aunque si es necesario constituye también la posibilidad de actuar en contra de las guerrillas en El Salvador y, llegado el caso, Guatemalteco. Sin embargo, el espectro del declive estratégico de que la contrarrevolución será incapaz de ganar la guerra contra el proceso revolucionario nicaragüense, arroja una sombra sobre esta especial relación de Honduras con los Estados Unidos, que puede convertirse en noche tenebrosa.
No es improbable que se repitiera un éxodo estadounidense de Honduras, como el que se produjo en 1975 cuando los últimos soldados de los Estados Unidos abandonaron Saigón. Como indican nuestras fuentes, el peligro que a Honduras le viene de Nicaragua le viene de los nicaragüenses de "dentro" de Honduras (los contras), no de los de "fuera", por mucha retórica que el general Galvin utilizara en sus visitas durante las maniobras. El dilema de Honduras es qué pasará con una contrarrevolución nicaragüense en derrota y con un posible giro en la política de una nueva administración estadounidense hacia ella. Algunos diputados hondureños que viajaron a los Estados Unidos par exponer esta preocupación recibiendo en el Congreso la respuesta de que ése es un problema de Honduras, país soberano (¡), y no de los Estados Unidos. El presidente del Congreso hondureño, Carlos Orbin Montoya, se expresó con cierta dureza: los Estados Unidos dijo - son un aliado "mediocre y traicionero".
Por su parte, el presidente Azcona parece no darse cuenta del problema. Si bien algunos afirman que la principal razón por la que firmó Esquipulas II es precisamente un resto de sutileza política -no uncirse al carro de Reagan en forma definitiva, ahora que no es totalmente improbable que los demócratas ganen la próxima presidencia, otros aducen su visita a Washington, totalmente manejada por el ultraderechista senador Jesse Helms, y su postura obstaculizadora del cumplimiento de los acuerdos de paz como pruebas concluyentes de su incapacidad de comprender el precipicio a cuyos bordes puede estar, mientras declina inexorablemente el tiempo de Reagan.
Las Fuerzas Armadas oscilan sin atreverse a definirse. El discurso en el OEA del canciller López Contreras (el ofrecimiento de Tegucigalpa de mantener pláticas bilaterales hacia la paz entre Honduras y Nicaragua e incluso de ofrecer la capital hondureña como posible lugar de plática entre Nicaragua y los Estados Unidos) no puede haber estado desvinculado de la posición militar, pues él fue nombrado de una terna presentada por Azcona a los militares. Dicho discurso quedó en el olvido rápidamente, aunque su recuerdo fue renovado en cuanto a su contenido básico en las primeras semanas de 1988. Por otro lado, la carta del general Regalado al Congreso estadounidense recomendando un voto favorable a la ayuda a la contrarrevolución muestra el otro lado del vaivén. Asimismo la afirmación de las Fuerzas Armadas de que se podría expulsar a los contras de Honduras contrasta con la del presidente Azcona de que costaría 250 millones de dólares el intentarlo exitosamente. Probablemente las Fuerzas Armadas se debaten entre lo ruin y no deseado de una guerra con Nicaragua y su convicción de incompatibilidad con una Nicaragua revolucionaria en la región.
Mientras tanto la relación económica de Honduras con los Estados Unidos hace más intratable el dilema hondureño. Jorge Andino, presidente del COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privas) se expresó sinvergüenza aparente en 1987 en la forma siguiente: "Vivimos del chequecito de la AID". La yuxtaposición al tradicional enclave bananero de otro enclave, centrado en la pesca de camarones, agranda considerablemente el carácter de la dependencia estructural económica de Honduras.
Por ahora, los resultados de estas singulares relaciones de Honduras con los Estados Unidos han sido los esfuerzos continuos del gobierno y de las Fuerzas Armadas de este país por minar el alcance de Esquipulas II. El canciller llegó con retraso a la primera reunión de la Comisión Ejecutivo y no se presentó en la ONU cuando los demás cancilleres hicieron entrega del documento de los acuerdos al Secretario General. Desde el primer momento el mismo canciller hizo eco al Subsecretario Abrams, denominado los acuerdos de paz como "provisionales".
El golpe que estuvo a punto de ser mortal fue la negativa de Honduras al concepto de verificación de los acuerdos in situ, resuelto al fin salomónicamente por la CIVS cuando admitió que in situ significaba en el país respectivo, aunque no en las instalaciones militares del país, punto rechazado entonces por Honduras como tabú. Finalmente hizo Azcona causa común con Duarte en San José, el 14, 15 y 16 de enero para conseguir que los plazos de cumplimiento de los acuerdos no recibieran el instrumento práctico de un calendario más estructurado sino que se convirtieran en las obligaciones de cumplimiento "inmediato", que pueden ser soslayadas -a pesar de su "insoslayabilidad" firmada en la Declaración Conjunta- con la pasividad desvergonzada.
En el contexto indicado es cuando el 5 de marzo de 1987 tuvo lugar la Marcha de la Dignidad y la Soberanía que, convocada por la organización campesina CNTC en conjunción con otras, reunió a millares de hondureños. El gesto quedó aislado en un año de muchas palabras dignas pero de pocas muchas palabras dignas pero de pocas acciones.
El gobierno, administrador de la crisis"Soy el presidente más fuerte que este país ha tenido" así se expresaba Azcona durante el año 87. Y daba la razón: "No tengo compromisos con nadie" -entre la clase política, quería decir-. Efectivamente parece no tenerlos. Pero también parece ser un hecho que nadie en Honduras tiene compromisos con él. En el proceso de elecciones internas para la candidatura presidencial futura del Partido Liberal, al que pertenece, Azcona no tuvo vela que encender. La primera mayoría las obtuvo Carlos Flores Facussé, el siniestro ministro de la presidencia de Suazo Córdoba (primer presidente de los gobiernos civilistas), hoy diputado del Congreso.
Orbin Montoya, presidente del Congreso y en algún grado "azconista", ocupó un modesto segundo lugar. Cuando a mediados del año sonaron las voces de un posible serenidad, pero también con asombroso reconocimiento de su debilidad, afirmó: si ocurriera, "me volvería tranquilo a mi casa". El presidente se encuentra sumido en el aislamiento y a su viaje a Washington, ya mencionado con ridículo de no haber tenido ni siquiera un lunch con quien le había invitado -el senador Dole, es un signo de este débil ejecutivo. Su vuelta a Honduras tras Esquipulas II, subrepticiamente, como niño que teme el castigo, es otro.
Finalmente su posición en San Juan, cuando el 16 de enero fue el único presidente que concedió conferencia de prensa al finalizar la tercera cumbre de Esquipulas, rubrica la serie de signos. Ya anteriormente al llegar a San José, había expresado su decepción con Esquipulas II: "Nos han metido a todos en un mismo saco". Quería decir que la CIVS no había jugado el papel por él esperado de concentrarse en los "pecados" de Nicaragua, absolviendo sin confesión a los demás países.
El Congreso hondureño sigue sin revocar el Decreto 33 (que data de los tiempos del General Alvarez y es profundamente represivo). a pesar de que con la promulgación del Código Penal de 1986 no tendría razón de ser. Pero es en ese decreto donde las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) basan a represión alegando actuar "según la ley" en detenciones arbitrarias sin envío a tribunales de justicia, etc. El mismo Congreso ha debatido una ley para imponer cierta austeridad estatal disminuyendo el número de diputados (y sus emolumentos, claro está) con el imponente resultado de hacerlos decrecer de 134 a 128 más los candidatos presidenciales no electos (3 al menos). Por primera vez ha debatido el Congreso el presupuesto nacional y ha recortado 153 millones a la propuesta del presidente de 2.168 millones de lempiras, restándolos de partidas sociales (educación, salud, etc.) y no atreviéndose a recortar la partida de defensa y seguridad que además no revela el monto total de los costos de dichos rubros.
Estos últimos se encuentran también en partidos encubiertas en los demás rubros del presupuesto . Los diputados amenazaron con revelarlas pero finalmente no dieron un paso de enfrentamiento tan directo con las Fuerzas Armadas. A la hora de votar sobre ascensos a militares Orbin Montoya dijo que "por órdenes superiores" sólo se podía votar sí o no a la lista completa. En tales circunstancias, sólo el diputado del PDC, Efraín Pérez Arrivillaga, se abstuvo, pues en la lista se incluía el ascenso del mayor Alexander Hernández, connotado organizador de escuadrones de la muerte durante el mando de Alvarez y recién regresado al país.
El poder judicial mostró este año grados de sumisión extraordinarios a las actuaciones ilegales de las Fuerzas Armadas. El Presidente de la Corte Suprema justificó que los militares podían tomar excepción en circunstancias en que se teme subversión y no se desdijo de estas declaraciones incluso cuando de estas declaraciones incluso cuando la prensa en su conjunto y los organismos de derechos humanos lo denunciaron fuertemente. Un magistrado del tribunal supremo fue asesinado por militares de la FUSEP a sabiendas de su identidad; las Fuerzas Armadas disputaron la jurisdicción sobre el crimen los tribunales civiles; después de ganar la disputa e instruir la causa hicieron desaparecer al encausado, que apareció luego a cientos de kilómetros de la capital en un batallón de la Mosquitia; al mismo tiempo enviaron al testigo principal al sanatorio psiquiátrico.
Por lo demás las denuncias que los tribunales hondureños no han querido aceptar han sido recogidas por la Corte de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, y en ella ha sido acusado el Estado hondureño pro varios casos bien fundamentados de desapariciones de ciudadanos hondureños y centroamericanos. Más tarde, un militar convocado por dicha corte como testigo fue asesinado, como lo fue asimismo en enero, pocos días antes de Esquipulas III, el diputado del PINU (suplente) de apellido Pavón, antes ya amenazado de muerte precisamente por su disponibilidad de servir de testigo también en el caso.
Las Fuerzas Armadas Hondureñas se distinguieron en el año 87 por su inesperada estabilidad. Había expectativas de cambios notables, que no se produjeron. En el Consejo Superior de la Fuerzas Armadas domina ahora la denominada "promoción 6a. de oficiales". De ella se esperaba una cierta actitud reformista y más respetuosa de las normas constitucionales. Hoy, después de comprobar la actitud de los oficiales de dicha promoción que han llegado a puestos de mando importantes, se manifiesta -a juicio de observadores inteligentes de la realidad hondureña que las expectativas eran ilusas. Los oficiales de dicha promoción estarían actuando como una especie de "general Alvarez colectivo", con mayor sutileza en los métodos de represión, con mayor selectividad, dejando que la FUSEP realice las tareas más sucias y desvinculándose solemnemente de ellas.
En resumen, aplicando la represión en forma mucho más eficaz y menos costosa para su prestigio. Sin embargo, el hecho de que la a las Fuerzas Armadas hondureñas se les haya asignado en el diseño geopolítico de los Estados Unidos un papel de fuerzas de seguridad regionales hace que, como consecuencia, sus aparatos de seguridad, el G-2 (inteligencia), el batallón especial 3-16, creado por Alvarez, la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), etc., hayan adquirido una extensión innecesaria para lo que requería una razonable función de velar por la seguridad de Honduras.
La repercusión que eso tiene sobre la sociedad hondureña es crucial, habiendo logrado que poco a poco el pueblo, que veía a sus militares con cierta simpatía, haya pasado a odiarlos como factores de inseguridad, arbitrariedad y creciente represión. "Inforpress Centroamericana" ha documentado recientemente el gran aumento de la violencia política en Honduras en los últimos meses de 1987. En varios casos la represión armada simplemente ha liquidado a varios miembros de organizaciones revolucionarias (del grupo "Lorenzo Zelaya" sobre todo, llamado popularmente "los lenchos) sin preocuparse por detenerlos con vida. ¿Por que? Básicamente porque estos grupos revolucionarios son débiles, poco numerosos, probablemente infiltrados y por ello fácilmente detectables desde que uno de sus altos líderes cayó preso en Guatemala y "cantó" hace algunos años.
Pero también porque los servicios de inteligencia consideran que saben de ellos lo suficiente y prefieren aplicarles un correctivo "ejemplar". Esta tergiversación del carácter de la institución armada en Honduras coloca al país, a juicio de no pocos hondureños, en peligro de evolucionar rápidamente hacia situaciones de violencia típica de El Salvador, Guatemala o de la antigua dictadura somocistas.
En este panorama, la institucionalidad hondureña aparece como profundamente herida en términos de realidades democráticas. Los políticos (y las Fuerzas Armadas son "políticas", aunque se retraigan de tomar en sus manos el gobierno por temor de disgustar a sus benefactores estadounidenses) son meros administradores de una crisis que se hace cada vez más aguda en términos de calidad de la vida para las mayorías. Administrador los cheques de la ayuda estadounidense, que organismos internacionales reconocen que en su mayor parte están destinados no a una ayuda para el desarrollo (sólo el 23.3% de esa ayuda iría a proyectos productivos), el servicio de la deuda, los déficits fiscales y la creciente corrupción.
Administradores de la crisis y malos y corruptos administradores -los políticos hondureños sólo entrarían en contradicción con los intereses estadounidense cuando acoplarse a éstos significara perder internamente -en las elecciones la oportunidad para seguir ordeñando el Estado. Es el caso, por ejemplo, de la oposición a la devaluación del lempira, vista casi unánimemente por lo políticos como un baldón sobre sus carreras, impresentable delante del pueblo.
En manos de estos políticos, la Constitución misma es manipulable o transgredible, como en el caso de la suspensión de las elecciones municipales, previstas constitucionalmente para noviembre del año 87 y dejadas en suspenso hasta ahora, porque los partidos tradicionales (liberal y nacional) alegaron no haber podido presentar sus planillas a tiempo. La realidad es que temen los posibles aumentos de los pequeños partidos (PDC, PINU) al nivel local. No en vano hablaba con aprensión el presidente del Congreso de los Estados Unidos como aliado "mediocre y traicionero".
La imagen el espectro más bien- de los "Palmerolas", "Jamastranes", "Islas del Tigre", etc., convertidos en ruinas inservibles por el posible desinterés de una futura administración norteamericana desentendida de los contras y que tendría suficiente influjo en Honduras a través de los enclaves económicos, no dejará de ser una pesadilla en los peores sueños de los políticos hondureños.
La economía: pobreza y corrupción En la introducción general a los análisis nacionales ya nos referimos a algunos datos investigados y analizados por el Instituto de Estudios Sociales de la Haya y que ubican a Honduras como uno de los países menos capaces en las últimas décadas de satisfacer las necesidades fundamentales de sus mayorías. La UNICEF, por otro lado da estadísticas pavorosas. El 78% del campesinado vive en Honduras en condiciones de extrema pobreza, sin posibilidad alguna de obtener una dieta mínima; el 50% de todos los nacimientos son de madres anémicas; el 72.5% de todos los niños menores de cinco años sufren algún grado de desnutrición.
Mientras tanto, barrios enteros de habitantes marginados en Tegucigalpa han sido desalojados con violencia y lo mismo se ha hecho con los típicos subempleados de la economía informal, los vendedores ambulantes, que en Honduras como en El Salvador, ocupan los frentes delanteros de los almacenes y tiendas, sobre las aceras. El Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) concluyó a partir de encuestas con un muestreo de 5.000 personas que el 71.6% de la PEA de Tegucigalpa estaba sin empleo definido. En la parte céntrica de la ciudad (Comayagüela) el 45.% de las familias no tienen vivienda.
La crisis se agudiza cada año. Los datos macroeconómicos no son menos brutales. Se espera, según organismos internacionales, para el año 87 un crecimiento del PIB de 1 a 2%, muy por debajo del crecimiento vegetativo y del crecimiento de la PEA. El poder adquisitivo de la población ha descendido por 9 años consecutivos. El déficit global del sector público ha decrecido desde un porcentaje del PIB de 12% en el 83 a una expectativa de 6.5% para el 87; pero ello se debe sobre todo a la finalización del proyecto El Cajón (hidroeléctrica, maderera, etc). La deuda externa sigue creciendo (alcanzando en 1987 los 2.600 millones de dólares) y Honduras sigue demorando el pago del servicio de la misma.
Las instituciones financieras internacionales continúan reclamando la devaluación del lempira para hacer más competitiva a la economía hondureña en el mercado internacional. Mientras tanto los desembolsos presupuestarios sufren modificaciones notables (más de 300 millones de lempiras en el 87 por encima de lo presupuestado). No existe planificación fuera de la que realiza la AID. La economía hondureña se sostiene al borde del precipicio gracias a la ayuda estadounidense, que el año pasado alcanzó la cifra de 220 millones de dólares, de los cuales 80 fueron para ayuda militar. Este año han solicitado 250 millones para ayuda económica (con las limitaciones ya mencionadas de que sólo un pequeño porcentaje iría a una verdadera ayuda para el desarrollo) 80 millones para ayuda militar. El Senador Christopher Dodd, sin embargo, ha anunciado que su subcomité de asuntos hemisféricos reducirá estos montos a 150 y 30 millones respectivamente. Pero el Departamento de Estados anunció a fines de enero que las cifras reales serían, por culpa de reducciones del Congreso, 85 y 40 millones respectivamente.
Es cierto que las exportaciones hondureñas han ascendido de 630 millones de dólares en 1982 a 982 millones en el 87 (estimación de resultados, esta última cifra). De ellas, sin embargo, sólo 9o millones se deben a aumento en productos como el café y el ganado (este último en gran parte fraudulentamente transportado a Honduras desde Nicaragua); de modo que la parte del león en el incremento de las exportaciones hay que adjudicarlas a los enclaves de banano y pesca de camarones, teniendo en cuenta que Honduras, teniendo en cuenta que Honduras es el único país centroamericano que ha consentido en entregar un rubro como la pesca a condiciones de enclave económico extranjero. Los administradores de la crisis económica hondureña no se distinguen aquí tampoco por su nacionalismo.
El movimiento popular, la unificación campesina y el nuevo tono de la IglesiaRespecto del año 86, lo más notable en el movimiento popular hondureño es la alianza que se ha dado entre la CNTC y la vieja ANACH, bastante más numerosa y menos combativa. Esta alianza se ha mantenido por un año y ha dado origen a combativas tomas de tierra (alrededor de 100.000 hectáreas), reclamando el cumplimiento la ley de reforma agraria y la destitución del director del Instituto Nacional Agrario (INA). El presidente Azcona, una de cuyas escasas características locales parece ser (además de cierta honradez) la lealtad a sus colaboradores, indicó públicamente que prefería renunciar él antes que acceder a las exigencias del campesinado y de los trabajadores agrícolas. La mediación de las Fuerzas Armadas terminó por domesticar el movimiento de toma de tierras. Existe en Honduras frontera agrícola; hay tierra ociosa productiva en manos privadas; hay, sin embargo 100.000 familias rurales sin tierras. Estas es la paradoja y el caldo de cultivo de la agitación agraria.
Entre las organizaciones sindicales (obreras y rurales), sin embargo, la unidad no se materializó con ocasión del 1o. de mayo. Se realizaron dos manifestaciones competitivas, una con alrededor de cinco mil participantes y otra (convocada, entre otras organizaciones, por la CNTC) con 20 mil aproximadamente. El tono de las proclamas fue extremadamente crítico del gobierno y denunciante de la presencia de tropas extranjeras en territorio hondureño. Igual, evidentemente, fue el cariz de la Marcha por la Soberanía de marzo, ya reseñada.
La represión en el campo ha aumentado sensiblemente, si bien con las características de mayor selectividad antes anunciadas como típicas de la actual cúpula militar. Los anuncios de planes subversivos se han reiterado en la voz del general Regalado una y otra vez hasta hacerse estridentes después de Esquipulas III y del voto desfavorable a los contrarrevolucionarios nicaragüenses en el Congreso estadounidense. Se anuncia ahora el diseño de un plan subversivo de guerrilleros Cinchoneros, preparado desde Nicaragua. Le tocó al departamento de Yoro, finales del año, uno de los actos más represivos contra miembros de la CNTC en el municipio de Morazan; las capturas conllevaron torturas e hicieron decir a ancianos campesinos despropósitos tales como que habían "tomado unos tragos hacía dos semanas con ese Don Lencho" (aludiendo a Lorenzo Zelaya, luchador campesino muerto hace años y cuyo nombre lleva un grupo revolucionario armado hondureño). Por el contrario, en el Valle del Aguá, donde el año 86 hubo una de las mayores movilizaciones de cooperativizados, las acciones arbitrarias brutales de las Fuerzas Armadas y las maniobras de compra de líderes que lograron desalojar a directivos combativos a través de nuevas elecciones fraudulentas, condujeron a que el año 87 fueron desusadamente tranquilo.
Tampoco se ha dado este año acciones significativas de los movimientos armados (Cinchoneros, Lorenzo Zelaya). Más bien parece haberse dado un repliegue y, otro lado, tres de sus dirigentes en la zona de San Pedro Sula y Progreso fueron sumariamente ejecutados, una vez capturados, o en todo caso prefieren suicidarse. Las Fuerzas Armadas difundieron su muerte como acaecidas en el curso de tiroteos y combates.
La Iglesia Católica se distinguió este año por una actividad notablemente más denunciante que en años anteriores. Este hecho, unido a la actitud de la ANACH al tomar la iniciativa, a pesar de ser más numeroso para establecer alianza con la UNTC, podría indicar que se está superando hasta cierto punto el terror que sembraron tanto los hechos trágicos de los Horcones (1975) como la represión de Alvarez (1982-83).
Además de haber reclamado la instalación de la Comisión Nacional de Reconciliación y de haberla justificado en la necesidad de acabar con violaciones, a los derechos humanos, corrupción política, etc., la Iglesia mantuvo un tono fuerte, sobre todo en la diócesis de Santa Rosa de Copán, en defensa de los refugiados salvadoreños y también de sacerdotes perseguidos; pero sólo en una de sus vicarías, la de Santa Barbara, llegó a defender al movimiento organizado reprimido, incluso aunque no se trataba a la vez de delegados de la palabra. La misma actitud valiente manifestó la vicaría de Yoro, correspondiente a la arquidiócesis de Tegucigalpa, en donde además se dio la creación de un Socorro Jurídico que facilitó la defensa rápida de los campesinos secuestrados tanto en Morazán como en El Progreso. Como consecuencia de todos estos actos, no pocos religiosos han sido acusados irresponsablemente por elementos de las Fuerzas Armadas, que luego han tenido que desdecirse frente alas fuertes protestas de sus superiores.
En definitiva parece ser la Iglesia Católica la única institución del país, a la que los militares no tienen más remedio que respetar y tomar la iniciativa para tratar con ella, en lugar de esperar con prepotencia a que otros se les acerquen. Las actuaciones valientes de varios obispos (Luis Santos, Jaime Brufau, y el nuevo obispo de la nueva diócesis de Trujillo -en donde está enclavado el Valle del Aguán-, Virgilio López, sobre todo) han contribuido a ello. EL Arzobispo, en cambio, presidente de la CNR, declinó asistir en Nueva York a la reunión de la CNR con la CIVS.
En Honduras durante 1987, Esquipulas II ha hecho tambalearse a los militares, desestabilizándolos en sus seguridades, provenientes del negocio que los intereses estadounidenses en la contrarrevolución nicaragüense le proporciona. Mientras tanto, el estado hondureño en su conjunto ha profundizado su dependencia de los Estados Unidos y ha entrado en una etapa que puede terminar, dado su nivel relativamente bajo de integración nacional, en un callejón sin salida. Ni la burguesía hondureña, no excluido el famoso grupo de San Pedro Sula, ni los militares nuevos acumulados de capital de consumo más que de capital productivo parecen capaces de entrar en un curso de acción económico que vaya extrayendo a Honduras del condicionamiento desnacionalizador de su economía de enclave. Las divisiones entre los liderazgos políticos de los movimientos más progresistas (el M-Líder de los hermanos Reina, la Comisión de Derechos Humanos de Ramón Custodio, el Comité de Desaparecidos de Zeneida Velásquez, etc.) no hacen entrever la formación de una coalición opositora que ofrezca alternativa a la política tradicional de liberales y nacionales, pésimos administradores de una crisis de profundiza.
Muchos ojos se vuelven hacia la capacidad de convocatoria de la Iglesia Católica, cuyo papel si embargo no puede estar en el campo de la suplencia de un liderazgo popular, sino más bien en el campo de la palabra profética que avance en dar a la conciencia y a los hábitos culturales del pueblo hondureño consistencia y valentía. Esquipulas II puede solucionar tal vez el conflicto centroamericano desde el punto de vista de Nicaragua o El Salvador. Honduras, en cambio, se halla envuelta en el problema de una fuerza contrarrevolucionaria extranjera, que ha llego incluso a infiltrarse en organizaciones estudiantiles, que no está dispuesta a quedar confinada al status de refugiados y que se encuentra implicada en sucios negocios de narcotráfico de los que, según recientes revelaciones del New York Times no estarían ajenos miembros de las fuerzas armadas.
Estos últimos, sobre todo, se hallan entrampados en un papel geopolítico que no les facilita la función de factor nacionalizador que alguna vez parecieron querer tener. En 1987 la debilidad estructural del Estado Hondureño se ha hecho más patente. Ello no ayuda por el momento a la causa centroamericano. Pero puede llegar a ser la oportunidad que haga surgir del pueblo a más largo plazo y por caminos democráticos un nuevo impulso de rescate de la nacionalidad. La misma firma de Esquipulas II, pese a todo, indica que Honduras ha dejado de ser, siquiera formalmente, un mero peón de los Estados Unidos.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica