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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 438 | Septiembre 2018
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Nicaragua

Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas

Éste es el texto íntegro en que la ONU analiza y documenta las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo desde el 18 de abril, también los abusos cometidos por “la otra parte” como consecuencia del escalamiento de la violencia oficial. Ortega llamó al organismo de la ONU que lo elaboró “instrumento del terror y de la muerte”. Y ordenó la expulsión del equipo de la Oficina Regional para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El presente informe describe los patrones de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018 en relación a las protestas sociales y consiguiente crisis política en Nicaragua. El informe está basado en el monitoreo de derechos humanos realizado por la Oficina Regional para América Central de la OACNUDH y, desde el 26 de junio de este año, por un equipo de la OACNUDH desplegado en Managua. El informe se presenta de conformidad con el mandato universal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en virtud de la resolución de la Asamblea General 48/141.

La grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde el comienzo de las protestas sociales el 18 de abril de 2018 se ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras formas de violencia, que han resultado en miles de víctimas, incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2,000 heridas. Como señaló el Alto Comisionado para los Derechos Humanos el 5 de julio de 2018, la represión y la violencia son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho. La actual crisis ha profundizado la polarización de la sociedad nicaragüense.

RESPUESTA REPRESIVA SISTEMÁTICA


A principios de abril surgieron manifestaciones lideradas por grupos ambientalistas, campesinos y estudiantes en diversas partes de Nicaragua para denunciar la lenta e insuficiente respuesta del Gobierno a los incendios forestales de la Reserva Biológica Indio Maíz. A partir del 18 de abril se dieron protestas más multitudinarias que se extendieron por todo el país, en respuesta al anuncio del gobierno sobre la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y los recortes de las pensiones. La crisis ha tenido diversas formas y experimentado diversas fases. La fase inicial se caracterizó por la respuesta represiva del Estado a las manifestaciones pú¬bli¬cas y por la generalización de las protestas por todo el país en distintas modalidades, incluyendo barricadas y tranques¬.

La segunda etapa (desde mediados de junio a mediados de julio) se caracterizó por el levantamiento por la fuerza de las barricadas y tranques por las autoridades estatales y elementos armados progubernamentales. En la tercera y actual etapa, que comenzó tras la represión de las protestas, se ha producido la criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno.

Basado en el análisis de la información disponible de la OACNUDH se puede concluir que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos. Aunque algunas manifestaciones se tornaron violentas, la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos.

La OACNUDH ha podido también concluir que, en casos en los que hubo actos de violencia por parte de los manifestantes, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales también fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta de las autoridades reprimió sistemáticamente la disidencia al Gobierno.

CLIMA DE MIEDO Y PERSECUCIÓN


Las violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno.

Al momento de redacción del presente informe, el número de protestas se ha visto reducido, lo que indica el efecto inhibitorio de la represión ejercida.

La información obtenida por la OACNUDH aporta claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluyendo aquellos conocidos como “fuerzas de choque”o “turbas“, han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada. Estos grupos participaron en redadas y ataques contra manifestantes y llevaron a cabo detenciones ilegales. Si bien el Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de aquellos percibidos como críticos del Gobierno. Los líderes del Movimiento Campesino y de las organizaciones estudiantiles han sido blanco especial de estas campañas.

Este patrón ha instaurado un clima de miedo y desconfianza en la población. El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo. De acuerdo con el ACNUR, (entre abril y julio) se han recibido 23.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica.

EL GOBIERNO NO RECONOCE RESPONSABILIDAD


De acuerdo a las estimaciones de organizaciones nogubernamentales, al 18 de agosto de 2018, al menos 300 personas, incluidas personas defensoras de los derechos humanos, están siendo acusadas de delitos graves, incluyendo cargos de terrorismo y crimen organizado, por haber participado o apoyado las protestas. El 16 de agosto, la Asamblea Nacional adoptó una legislación que incluye nuevos tipos penales relacionados con el terrorismo. Los juicios de las personas acusadas por su participación en las protestas adolecen de serios vicios y no se desarrollan conforme a las garantías del debido proceso, incluyendo el principio de imparcialidad de los jueces y tribunales.

El disfrute general de los derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la alimentación se ha visto seriamente afectado desde el comienzo de la crisis. La aprobación, el 14 de agosto, de recortes al presupuesto nacional por parte de la Asamblea Nacional contribuirá probablemente al debilitamiento de estos derechos en el contexto de una situación económica en deterioro. En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el Gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes oficialmente reconocidas hasta el día 25 de julio. El Gobierno no ha reconocido ningún uso desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de los agentes de la policía.

La represión de las protestas por la policía y por los elementos armados progubernamentales causó violentos enfrentamientos con los manifestantes y focos de violencia que se extendieron en ciudades y comunidades rurales por todo el país. Los serios abusos cometidos por individuos que tomaron parte en las protestas, incluyendo las muertes de agentes de la policía y miembros del partido sandinista y heridas contra los mismos, y la destrucción de la infraestructura pública, deben ser debidamente investigados, y los responsables sancionados dentro del marco de un juicio justo. Estos abusos no legitiman de ninguna forma una respuesta del Estado que no cumpla con el derecho internacional de los derechos humanos.

FALTA DE VOLUNTAD DEL ESTADO


La falta de voluntad del Estado para realizar investigaciones expeditas, imparciales, exhaustivas e independientes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos y abusos ponen en grave peligro los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y a una reparación efectiva. La falta de independencia del Poder Judicial y las irregularidades reportadas respecto del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, plantean serias preocupaciones en términos de rendición de cuentas.

El equipo de la OACNUDH en Nicaragua ha enfrentado obstáculos para desarrollar su labor de monitoreo. La OACNUDH continúa solicitando acceso completo y sin restricciones a todo el país, incluido los centros de detención, y se encuentra plenamente disponible para avanzar en el diálogo con el Gobierno, incluyendo en relación con la cooperación técnica.

La OACNUDH ofrece recomendaciones a las autoridades de Nicaragua, incluyendo a la Procuraduría para la Defensa los Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional, con el fin de abordar las serias violaciones a los derechos humanos documentadas en el informe y prevenir nuevas violaciones.

1. Este informe expone patrones de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos entre el 18 de abril al 18 de agosto de 2018 en relación a las protestas sociales y la consiguiente crisis política en Nicaragua. El informe está basado en el monitoreo remoto de derechos humanos llevado a cabo por la Oficina Regional para América Central de la OACNUDH y, a partir del 26 de junio de 2018, por un equipo de la OACNUDH desplegado en Managua en respuesta a una invitación cursada por el Gobierno. En su invitación, el Gobierno también solicitó a la OACNUDH apoyar el trabajo de la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS). El informe se realiza de conformidad con el mandato universal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en virtud de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/141.

2. Tras el inicio de un incendio en la reserva biológica Indio Maíz, el 3 de abril de 2018, la Oficina Regional para América Central de la OACNUDH comenzó a recibir información sobre restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, limitaciones y ataques a los medios de comunicación independientes, y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. La Oficina Regional mantuvo contacto regular con los afectados y realizó entrevistas a través de medios tecnológicos y reuniones en persona con víctimas, testigos y otras fuentes. La OACNUDH también tomó en cuenta comunicaciones enviadas por titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales y observaciones realizadas a Nicaragua por los Órganos de Tratados desde 2007.

ASÍ HEMOS TRABAJADO


3. El equipo de la OACNUDH desplegado en Managua se reunió con un amplio rango de actores, incluyendo funcionarios del Gobierno, agentes de policía, víctimas y sus familiares, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, representantes del sector empresarial, estudiantes, médicos y personal de emergencia. La OACNUDH revisó la documentación oficial disponible, incluyendo declaraciones públicas, informes de diversas fuentes, videos, fotos y de medios de comunicación (incluyendo las redes sociales).

4. De conformidad con la metodología de la OACNUDH para monitoreo de los derechos humanos, el equipo cumplió con la debida diligencia para determinar la credibilidad y veracidad de las fuentes y cotejó la información recopilada para confirmar su validez. Cuando fue posible, los hallazgos de este informe se basan en testimonios de víctimas y/o testigos presenciales. La OACNUDH ha tomado todas las medidas posibles para proteger la confidencialidad de las fuentes y para evitar su exposición a posibles represalias.

5. El equipo de la OACNUDH en Nicaragua ha estado en contacto regular con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ha enfrentado obstáculos para realizar su labor del monitoreo. El Gobierno no ha permitido que la OACNUDH mantenga un contacto directo con las instituciones estatales pertinentes. Cada vez que la OACNUDH ha informado al Gobierno de su intención de llevar a cabo misiones fuera de Managua, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ha impedido alegando las condiciones de seguridad existentes. La OACNUDH no ha podido visitar los centros penitenciarios, con excepción de la prisión del Sistema Penitenciario Nacional en Managua conocida como La Modelo, el 17 de julio de 2018. Asimismo, si bien la OACNUDH ha intentado, en diversas ocasiones, observar los juicios, las autoridades judiciales no han otorgado acceso a las audiencias. Las autoridades tampoco han respondido a las solicitudes escritas de la OACNUDH de información específica sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, datos estadísticos y Operaciones de la policía. Al 18 de agosto de 2018, la solicitud de información enviada con fecha de 15 de mayo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Ministerio Público no había sido respondida.

LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO


6. En contraposición, a partir de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha enviado a la OACNUDH 40 comunicaciones sobre presuntos actos de violencia relacionados con las protestas sociales imputados a los manifestantes, solicitando a la Oficina tomar nota y pronunciarse públicamente. Casi todas las comunicaciones se refieren a abusos cometidos en contra de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), activistas y/o la Policía Nacional.

La mayoría de las comunicaciones se refieren a casos de muerte por arma de fuego y secuestros, a veces incluyendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Algunos casos se refieren a amenazas de diversa índole, incluyendo a través de redes sociales. Hay también comunicaciones denunciando el daño a la propiedad pública y privada, especialmente casos de incendios provocados. La información compartida por el Gobierno en estos casos es sucinta y no se ha completado con información sobre las investigaciones en curso. El Gobierno también puso a disposición comunicados de prensa sobre las operaciones de la Policía e informes públicos de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.

7. LA OACNUDH ha coordinado sus acciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) establecido para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH a Nicaragua y las medidas cautelares.

EVOLUCIÓN DE LA CRISIS


8. Debido a su alcance y persistencia, la ola de protestas que se ha desarrollado desde abril de 2018 parece ser el resultado de agravios con profundas raíces. Desde las elecciones presidenciales de 2006, el marco institucional se ha debilitado, con la concentración de los diferentes poderes del Estado en manos del partido gobernante. Esto ha contribuido a la reducción del espacio cívico, la falta de independencia del Poder Judicial y de la institución nacional de derechos humanos (la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), denuncias recurrentes de corrupción, de fraude electoral y de censura de medios de comunicación y altos niveles de impunidad, entre otros problemas.

9. En 2009, el Comité contra la Tortura señaló que Nicaragua debe adoptar medidas efectivas para combatir y prevenir actos de violencia contra los miembros de la oposición política, sus simpatizantes y representantes de las organizaciones no gubernamentales, en el marco de las manifestaciones pacíficas, así como proteger adecuadamente a los manifestantes.

Más recientemente, se han producido episodios de descontento político y social manifestado a través de numerosas protestas (en particular contra la Ley 840 o Ley Canalera que previó la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua con financiamiento privado extranjero), que fueron muchas veces reprimidas por las autoridades y que dejaron como resultado personas muertas, heridas, arrestos y detenciones. En la Costa Caribe, la concesión de tierras indígenas a agricultores “colonos” también dio lugar al incremento de la violencia, incluyendo las muertes de indígenas en defensa de sus territorios.

10. Episodios de violencia se dieron después de las elecciones presidenciales y municipales que tuvieron lugar en 2016 y 2017. Tras las elecciones municipales de noviembre de 2017, cinco personas, en su mayoría líderes campesinos e indígenas, fueron asesinadas. En su informe preliminar sobre las elecciones de noviembre de 2017, la Misión de Observación Electoral de la OEA reiteró su “profunda preocupación por los actos de violencia ocurridos tras los comicios electorales”.

11. A la fecha, la mayoría de las violaciones a los derechos humanos no han sido investigadas, sin poder asegurarse que los perpetradores sean llevados a la justicia y por ende no contribuyendo a apaciguar estos reclamos políticos y sociales. Este contexto es el telón de fondo de las violaciones de derechos humanos y abusos que son abordadas en este informe.

TELÓN DE FONDO DEL ESTALLIDO
DE LAS PROTESTAS Y SU REPRESIÓN


12. A principios de abril, manifestaciones pacíficas lideradas por grupos ambientalistas, campesinos y estudiantes estallaron en diversas partes de Nicaragua para denunciar la lenta e insuficiente respuesta del Gobierno a los incendios forestales en la reserva biológica Indio Maíz, en el departamento de Río San Juan, en la frontera con Costa Rica. A partir del 18 de abril, se extendieron por todo el país protestas de carácter multitudinario después de que el Gobierno anunciara, el 16 de abril, reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Estas reformas incorporaban mayores tasas de contribución individual, tanto para los empleadores como para los trabajadores y una reducción de un 5% de las pensiones. El Gobierno justificó estas reformas como una medida para reducir el creciente déficit del INSS y para implementar las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

13. El 18 de abril se produjeron manifestaciones pacíficas en Managua y León, lideradas por estudiantes universitarios y jubilados. Los manifestantes denunciaban la corrupción y la mala administración de los recursos como las principales causas de la posible quiebra del INSS.

Estas protestas fueron inmediatamente repelidas con ataques violentos por grupos organizados progubernamentales conocidos como “fuerzas de choque”o “turbas”.

De acuerdo a testimonios recibidos por la OACNUDH, estos grupos, presuntamente reclutados desde la Juventud Sandinista, estaban en posesión de garrotes, palos, piedras y usaban cascos con los que atacaban. Además, la policía antidisturbios golpeó a personas que se estaban manifestando pacíficamente y a periodistas que cubrían los eventos, disparó gas lacrimógeno a las multitudes y no intervino cuando los grupos progubernamentales atacaron a los manifestantes pacíficos.

14. Estos ataques alimentaron más protestas en los principales centros universitarios en Managua y León al día siguiente, 19 de abril. Estas manifestaciones fueron en su gran mayoría pacíficas, con algunas excepciones donde las personas que estaban protestando lanzaron piedras a los policías. La policía disolvió la protesta usando armas de fuego, balas de goma y gas lacrimógeno. El 19 de abril, un civil y un policía fallecieron por armas de fuego en Managua (cerca de la UPOLI) y un menor perdió la vida en el pueblo de Tipitapa.

PRIMEROS MUERTOS Y MÁS PROTESTAS


15. Durante los siguientes días las protestas se extendieron a lo largo del país, incluyendo las ciudades de Masaya, Granada, Matagalpa, Rivas y Estelí. Los choques entre los manifestantes y la policía, disparando con munición real contra los manifestantes, resultaron en un rápido ascenso del número de víctimas fatales.

Informes señalan que los elementos armados progubernamentales (incluyendo francotiradores) comenzaron a actuar en contra de los manifestantes a partir del 19 ó 20 de abril de 2018. Una de las primeras víctimas a manos de los francotiradores fue identificada como Álvaro Conrado, de 15 años, quien recibió un disparo en el cuello mientras distribuía agua a los manifestantes en Managua, el 20 de abril. Después de habérsele negado el ingreso a un hospital del INSS, falleció en otro hospital horas después.

16. El 19 de abril, la transmisión de cuatro canales independientes de televisión (Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua, Telenorte y Canal 51) se vio interrumpida durante varias horas. El operador de cable adujo problemas técnicos. El canal 100% Noticias estuvo seis días sin poder transmitir.

17. El 22 de abril, el presidente Ortega anunció el retiro del proyecto de reforma al INSS. El 24 de abril, el Gobierno aceptó iniciar un Diálogo Nacional con un grupo de manifestantes, conocidos como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesto por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, organizaciones campesinas y el sector empresarial, con la Iglesia Católica actuando como mediadora. Los participantes del Diálogo Nacional, sin embargo, no se reunieron formalmente hasta el 16 de mayo.

El 27 de abril, la Asamblea Nacional -la cual se encuentra dominada por el partido gobernante- decidió establecer una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para investigar los actos de violencia cometidos a partir del 18 de abril, y nombró a sus cinco miembros. Los movimientos estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil rechazaron el establecimiento de la Comisión alegando su falta de independencia del Gobierno.

UNA INDIGNACIÓN GENERALIZADA


18. Al 27 de abril, se habían reportado 30 muertes, en su mayoría estudiantes universitarios, un periodista y dos agentes de policía. En un comunicado conjunto emitido ese día, varios relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos concluyeron que el alto número de manifestantes muertos es una clara indicación que se utilizó fuerza excesiva en contravención de los principios de necesidad y proporcionalidad, como es ordenado por el derecho internacional y los estándares para hacer legal el uso de la fuerza y llamaron a respetar el derecho a la libertad de expresión y de protesta pacífica.

19. Estas medidas no fueron suficientes para acallar las protestas que para ese entonces habían mutado en un sentimiento de indignación más generalizado y exigencias de reformas políticas más amplias. Las manifestaciones organizadas rápidamente se transformaron en otras formas de protesta, incluyendo concentraciones en los barrios, tranques y barricadas, inclusive como formas de protección contra las represalias y ataques por parte de elementos armados. Los estudiantes comenzaron a ocupar las instalaciones universitarias y otros espacios públicos. La Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Centroamericana (UCA) y la UPOLI se convirtieron en centros de movilización estudiantil y fueron objeto de ataques de la Policía y elementos armados progubernamentales.

20. A mediados de mayo los tranques y barricadas erigidos por los manifestantes se habían extendido a vecindarios de Managua y a los 15 departamentos del país, llegándose a un estimado de 180 barricadas y tranques de carretera a lo largo de todo el territorio nacional. Si bien el movimiento de protesta en general se mantuvo pacífico, algunos manifestantes respondieron con medios cada vez más violentos para disuadir o contrarrestar ataques, incluyendo el uso de morteros artesanales y otras armas hechizas, así como armas convencionales.

21. El Diálogo Nacional no pudo alcanzar acuerdos para poner fin a la crisis. Un acuerdo inicial de tregua de 48 horas no fue respetado, ya que estudiantes que ocupaban la UNA fueron atacados por la Policía.

30 DE MAYO: REPUNTE DE LA VIOLENCIA


22. El 30 de mayo, Día de las Madres, miles de personas tomaron parte en una marcha en Managua y en otras ciudades para apoyar a las madres cuyos hijos habían fallecido durante las protestas. Según la información obtenida por la OACNUDH, la marcha en Managua fue atacada por grupos armados progubernamentales ubicados cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería, mientras que ataques similares tuvieron lugar contra otras marchas a lo largo del país. Según fuentes oficiales, hubo 15 personas muertas y 199 heridas el 30 de mayo. Este momento marcó un repunte de violencia en la crisis y motivó una ola de condenas de la comunidad internacional.

23. El 16 de junio, seis miembros de una familia, incluyendo un niño de 3 años y un bebé, murieron como resultado de un incendio provocado en su residencia en el vecindario Carlos Marx de Managua. Según consta, la casa fue incendiada porque los dueños no permitieron a la Policía y a los francotiradores utilizar el tejado. El 23 de junio un bebé de catorce meses de edad murió como consecuencia de una herida de bala (en la cabeza) en Managua, cerca de la UPOLI. Los padres del bebé declararon públicamente que individuos vestidos de civiles, a quienes identificaron como miembros de la Policía, les habían disparado.

Ese mismo día la Policía Nacional declaró públicamente que en la mañana “miembros de la policía habían estado llevando a cabo tareas para despejar las calles y asegurar la circulación sin restricciones de personas y vehículos... y fueron atacados por criminales que rondan los vecindarios próximos a la UPOLI, resultando en la muerte, por herida de bala, de un niño de un año de edad”.

LA “OPERACIÓN LIMPIEZA”


24. A mediados de junio las autoridades empezaron a llevar a cabo lo que se denominó “operación limpieza“, en virtud de la cual miembros de la policía antidisturbios, elementos armados progubernamentales y turbas desmantelaron conjuntamente y por la fuerza, los tranques y barricadas. Esto dio lugar a enfrentamientos violentos con los manifestantes, escalando el nivel de violencia en ambos lados.

25. La OACNUDH recabó información sobre la creciente presencia de elementos armados progubernamentales, quienes generalmente entraban en las ciudades guiados por la Policía y llevaban a cabo tiroteos en las calles, tanto de manera selectiva como indiscriminada, atemorizando a las comunidades locales y causando la pérdida de vidas. La “operación limpieza” se intensificó en las primeras dos semanas del mes de julio, en anticipación de la celebración nacional del 19 de julio (aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979), con el levantamiento por la fuerza de tranques en Boaco, Carazo, Granada, Jinotepe, La Trinidad, León, Managua, Masaya, Matagalpa, la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y Rivas, entre otros.

26. Los ataques contra los tranques y manifestaciones resultaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Uno de los incidentes más violentos ocurrió el 12 de julio en Morrito, departamento de Río San Juan, donde, según fuentes oficiales, al menos cinco personas murieron, incluyendo cuatro agentes de Policía. Los ataques violentos y enfrentamientos también tuvieron lugar en áreas campesinas de San Pedro de Lóvago en Chontales, y en Muelle de los Bueyes en el Caribe Sur.

27. El 12 de julio, a pesar de las negociaciones en curso dentro de la CVS para desmantelar pacíficamente la ocupación de la UNAN Managua, la Policía y elementos armados progubernamentales atacaron las barricadas establecidas en la entrada de la universidad. Los estudiantes y otros manifestantes fueron obligados a abandonar las instalaciones universitarias para buscar refugio en la cercana iglesia Jesús de la Divina Misericordia, junto con periodistas y clérigos. La iglesia fue objeto de tiroteos por parte de la Policía y grupos armados progubernamentales durante varias horas, lo que causó la muerte de dos personas y al menos 16 heridos.

28. Del 15 al 17 de julio la mayoría de los tranques estantes en el país fueron desmantelados a la fuerza por la Policía y elementos armados progubernamentales tras operaciones realizadas en los departamentos y municipalidades de Diriá, Diriomo, Catarina, Niquinohomo y Masaya, incluyendo la comunidad indígena urbana de Monimbó. El operativo en esta comunidad produjo un número indeterminado de víctimas mortales, mientras muchos residentes buscaron refugio en el bosque cercano al lago Masaya.

Los operativos que se llevaron a cabo entre el 15 y 17 de julio concluyeron con arrestos masivos de manifestantes. La última “operación limpieza” ocurrió el 24 de julio en Barrio Sandino, Jinotega, departamento de Carazo, un centro neurálgico de protestas. Tres hombres jóvenes (incluyendo un menor) murieron en el curso de una operación “para restablecer el tránsito libre”, según la Policía.

REPRESIÓN SISTEMÁTICA
Y PERSECUCIÓN


Estamos atrapados en nuestro propio país. Hay grupos de hombres encapuchados armados en la frontera y también dentro de las universidades. Cada día arrestan a más estudiantes y no sabemos qué pasará después de esto. (Estudiante universitario y líder de las protestas, entrevista realizada por OACNUDH el 16 de agosto de 2018).

29. Mientras los tranques se desmantelaban, la crisis entró en una nueva fase caracterizada por la persecución y criminalización de líderes sociales y de las protestas, personas defensoras de derechos humanos y aquellas involucradas o asociadas a las protestas. Esta nueva fase, que en términos generales se inició a mediados del mes de julio, continúa hasta la fecha.

Cabe destacar, sin embargo, que las detenciones colectivas de manifestantes comenzaron a ocurrir en los inicios de la crisis (se informa que a partir del 20 de abril) y han continuado hasta la fecha. El 9 de agosto, un comunicado de prensa conjunto, firmado por 11 procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, describió la situación como una “caza de brujas”, refiriéndose a la existencia de patrones de represión de la disidencia que son indicativos de una política oficial con miras a erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas.

30. Después de la “operación limpieza” hubo una ola de arrestos colectivos y detenciones de individuos que habían presuntamente participado en las manifestaciones, tranques o barricadas, o que habían brindado algún apoyo humanitario, como asistencia médica, alimentos o refugio, a los manifestantes.

31. Elementos armados progubernamentales, en ocasiones de forma conjunta con la Policía, llevaron a cabo y participaron en muchos allanamientos de viviendas y arrestos ilegales, frecuentemente basados en acusaciones de informantes locales. En algunos casos, varios miembros de las mismas familias (principalmente hombres jóvenes) eran aprehendidos en dichas operaciones. En muchas ocasiones los paraderos de estos individuos permanecieron desconocidos por varios días, hasta que sus familiares tuvieron conocimiento de que se encontraban detenidos en una estación de policía o en las prisiones de El Chipote, La Modelo o La Esperanza.

32. Si bien muchos de estos privados de libertad fueron liberados sin cargos, otros se han enfrentado a procesos judiciales y muchos han sido acusados de delitos desproporcionadas o sin fundamento, y con infracciones sistemáticas de las garantías mínimas del debido proceso. Existen serias preocupaciones sobre la falta de pruebas para sostener dichos cargos.

LÍDERES DETENIDOS
COMO “TERRORISTAS” Y “CRIMEN ORGANIZADO”


33. Información aportada por organizaciones no gubernamentales indica que, a 18 de agosto, al menos 300 individuos estarían siendo procesados por su implicación en las protestas, incluyendo al menos 9 mujeres y 10 menores de edad. Con base en la información registrada por la ONG CENIDH, al menos 85 individuos estarían siendo procesados por cargos relacionados con terrorismo. Muchos estarían enfrentando cargos tales como crimen organizado y/o homicidio calificado, los cuales son considerados “crímenes complejos” según la legislación nacional. Ello permite plazos más amplios para el proceso judicial, excluye la posibilidad de libertad condicional y de otras medidas alternativas a la detención preventiva, con excepción de los casos de menores.

34. El 16 de julio, la Asamblea Nacional adoptó una ley contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva tipificando una nueva definición de terrorismo y un nuevo delito: el financiamiento del terrorismo. La adopción de esta ley, en medio de la crisis, ha suscitado la preocupación de que la nueva legislación podría ser utilizada contra individuos y organizaciones que han expresado opiniones disidentes, incluyendo el control de sus finanzas. El Estado ha argumentado que la adopción de esta ley fue en respuesta a las obligaciones que tiene bajo el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

35. Reconocidas personas defensoras de derechos humanos y líderes de las protestas han sido blanco de este patrón de criminalización. Los líderes del denominado Movimiento Campesino y de los movimientos estudiantiles, incluyendo los establecidos a partir de abril como el Movimiento 19 de abril, se han convertido en objetivos de las autoridades.

El 30 de mayo, cuatro defensores de derechos humanos que trabajaban para la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos fueron arrestados por el Ejército cerca de la frontera con Costa Rica. Uno de ellos ha sido acusado de asesinato y los otros de lesiones en relación con los eventos que ocurrieron en un tranque.

El 13 de julio, Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes del Movimiento Campesino, fueron arrestados en el aeropuerto de Managua cuando se encontraban a punto de viajar para asistir a una reunión en el extranjero.

Han sido acusados formalmente, entre otros cargos, de terrorismo, asesinato, crimen organizado, secuestro, robo y daños a la propiedad pública, en relación con los eventos ocurridos en un tranque. El Sr. Mairena es miembro de la Alianza Cívica y ha estado involucrado en el Diálogo Nacional.

El 18 de julio, Irlanda Jerez, comerciante del Mercado Oriental de Managua, y lideresa del movimiento de protesta de mujeres, fue arrestada en Managua. Las autoridades judiciales han declarado que su arresto está vinculado con una sentencia de prisión relacionada con acusaciones de fraude del año 2016.

El 22 de julio, Christian Fajardo y María Adilia Peralta, líderes del Movimiento 19 de abril de Masaya, fueron arrestados tratando de cruzar la frontera con Costa Rica y han sido acusados de terrorismo, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro y profanación de un cadáver, entre otros cargos. Con posterioridad se les otorgaron medidas cautelares por parte de la CIDH.

A 18 de agosto, todos estos individuos estaban en prisión preventiva. Los defensores de derechos humanos Medardo Mairena, Pedro Mena, William Ampié, Julio Ampié, Jaime Ampié y Reynaldo Lira han sido ubicados en celdas de máxima seguridad, sin ninguna justificación aparente para ello. Este tratamiento podría constituir una represalia por sus roles como defensores.

AMENAZAS DE ARRESTO


Ya no soy capaz de trabajar como defensor de derechos humanos. Me asusté cuando vi mi foto colgada en las paredes del edificio del Partido Sandinista en mi ciudad. Todos saben que en ese edificio cuelgan las fotos de las personas que van a arrestar. (Defensor de derechos humanos, entrevista realizada por OACNUDH el 4 de agosto de 2018).

36. Las amenazas de arresto, incluyendo algunas presuntamente sobre la base de archivos criminales y órdenes de arresto falsificados, se han vuelto un instrumento común para provocar temor entre las personas defensoras de derechos humanos y opositores. El 5 de junio, Félix Maradiaga, académico y defensor de derechos humanos, fue amenazado por la Policía Nacional con arresto por cargos de terrorismo. Si bien no ha sido arrestado, Madariaga fue amenazado por elementos armados progubernamentales el 7 de julio y atacado físicamente por ellos el 11 de julio. Le fueron concedidas medidas cautelares por parte de la CIDH el 9 de julio.

El 4 de agosto, Álvaro Leiva, presidente y miembros de la Asociación pro Derechos Humanos (ANPDH), una de las principales ONG de derechos humanos, buscaron resguardo en Costa Rica. La ANPDH anunció un cierre temporal de sus oficinas debido al incremento de amenazas y acoso en contra de su personal, incluidas amenazas de muerte. El 5 de junio, la CIDH emitió medidas cautelares en favor del Sr. Leiva. El 3 de agosto, Carlos Mejía Godoy, un cantante que desempeñó un papel histórico en la lucha contra Somoza, anunció que había buscado resguardo en Costa Rica por miedo a ser perseguido.

LAS “LISTAS DE MUERTE”


37. El acoso contra individuos percibidos como opositores del Gobierno incluye marcas en las casas, amenazas de muerte, hostigamiento y campañas difamatorias en las redes sociales. La OACNUDH ha recibido relatos de individuos que alegan haber sido advertidos que sus nombres aparecerían en “listas de muerte”. Estas listas estarían siendo presuntamente circuladas por autoridades gubernamentales para instruir a la población sobre a quién se debe acosar, arrestar o incluso privar de sus vidas.

38. Los líderes de oposición, particularmente de partidos tales como el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) han sido también objeto de acoso. El 24 de julio, el alcalde de la ciudad de Mulukukú, Apolonio Fargas (militante del PLC), fue detenido y luego formalmente acusado de terrorismo, crimen organizado, y del asesinato de tres agentes de policía.

39. El 22 de julio, se expulsó a las madres y familiares de los detenidos del acceso al centro de detención El Chipote, donde habían permanecido durante semanas esperando noticias sobre familiares detenidos y poder tener contacto con ellos. Grupos armados progubernamentales llegaron al lugar de los hechos con altavoces y sillas y ocuparon el espacio que había sido utilizado por los familiares. Este acoso contra las madres y familiares les obligó a moverse a una ubicación diferente, junto con las ONG que brindan asistencia legal in situ. Muchas familias con miembros detenidos, así como sus abogados, han reportado que son objeto de amenazas y actos de intimidación por parte de elementos armados progubernamentales.

40. Algunos bomberos voluntarios han informado también que han sido víctimas de amenazas e intimidación por el papel humanitario que desempeñaron durante las protestas. Muchos de ellos prestaron asistencia a los lesionados durante la represión en contra de las manifestaciones. Aproximadamente unos 30 bomberos voluntarios se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la persecución de la que fueron objeto.

REPRESALIAS CONTRA EMPLEADOS PÚBLICOS


41. Funcionarios públicos también han sido objeto de represalias o amenazas de represalias por llevar a cabo su labor. Médicos fueron despedidos arbitrariamente de hospitales y centros de salud públicos en Santa Teresa, Jinotepe, Diriamba, San Marcos, León y otras ciudades por atender a personas heridas durante las protestas. Otros profesionales de la salud, incluyendo enfermeras y personal administrativo, también han sufrido despidos por la misma razón.

42. Maestros y profesores también han sido afectados por tales medidas. En agosto, al menos dos profesores de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua) y maestros de escuela en los departamentos de Estelí, Jinotega y Matagalpa, fueron despedidos de sus cargos por haber apoyado las protestas. También en agosto, el Gobierno recortó el financiamiento estatal para la UCA y la UNA, consideradas como actores que han jugado un rol clave en las protestas.

43. Con el acceso al empleo público estrictamente controlado por el Gobierno, existe un temor generalizado a expresarse libremente en las instituciones públicas. Los medios de comunicación indican que, desde el inicio de la crisis, al menos 15 fiscales del Ministerio Público han dimitido, lo cual, podría deberse a mantener opiniones divergentes con la formulación de acusaciones criminales por parte del Ministerio Público. Antiguo personal del Ejército y de la Policía que se ha negado a formar parte de los grupos armados progubernamentales también afirman haber sido objeto de represalias.

44. Las autoridades gubernamentales, incluyendo el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo y los medios de comunicación controlados por el Gobierno, han incrementado la estigmatización y la desacreditación de los manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, describiéndoles como “terroristas”, “golpistas” o “plagas”. En su discurso del 19 de julio, el presidente Ortega acusó a los obispos católicos -mediadores en el Diálogo Nacional- de ser parte de un golpe de estado planificado. Las monjas y sacerdotes que brindaron refugio a las personas heridas han sido también frecuentemente objeto de amenazas.

45. La crisis también ha estado marcada por una ola sin precedentes de ocupaciones ilegales de tierras privadas por grupos progubernamentales. Según estimaciones de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), al 31 de julio, alrededor de 4,000 hectáreas habían sido ilegalmente ocupadas desde el inicio de la crisis en los siete departamentos del Pacífico y del centro del país.

Según informes a los cuales la OACNUDH ha tenido acceso, las autoridades gubernamentales han promovido activamente y apoyado dichas ocupaciones, inclusive a través de la emisión fraudulenta de títulos de propiedad y brindando acceso a electricidad y agua, en lo que algunos consideran una campaña deliberada de intimidación al sector privado por ser percibidos como opositores al Gobierno. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha denunciado otras formas de presión por parte del Gobierno, incluyendo ataques contra empresas y retrasos injustificados en la liberación de mercadería importada.

TEMOR Y DESESPERACIÓN GENERALIZADOS


46. La sistemática persecución y represión de la disidencia o de la oposición así percibida por parte de las autoridades gubernamentales y grupos progubernamentales, sumado a la continua intimidación por parte de grupos armados progubernamentales, ha resultado en un clima de temor generalizado, frustración y desesperación en la población. En la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

47. El Diálogo Nacional se encuentra actualmente paralizado y las perspectivas de reactivarse como una instancia constructiva y amplia no son claras. Mientras que el Gobierno ha descalificado abiertamente a algunos miembros de la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica ha reiterado su intención de continuar jugando un rol de mediación. El Secretario General de las Naciones Unidas ha expresado su apoyo al Diálogo Nacional con la mediación de la Iglesia Católica.

PRINCIPALES PATRONES DE VIOLACIONES
Y ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS


El ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica se ha visto socavado a través de una serie de prácticas que han implicado violaciones serias de otros derechos relacionados, tal y como se detalla en otras secciones de este informe. La OACNUDH recabó información consistente indicando que, desde el inicio de las protestas, existió un uso excesivo de la fuerza generalizado, dando lugar en ocasiones a ejecuciones extrajudiciales, así como ataques perpetrados por elementos armados progubernamentales.

49. Si bien algunos de los manifestantes recurrieron a medios violentos, la OACNUDH observó que la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, las personas no pierden el goce del derecho a reunión pacífica como resultado de violencia esporádica u otros actos sancionables cometidos por terceros. Los Estados tienen el deber de proteger a los participantes en reuniones pacíficas de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas, incluidos agitadores y contra manifestantes, que tienen por objeto perturbar o dispersar tales reuniones.

FUERZA LETAL
CONTRA AMENAZAS NO LETALES


50. La OACNUDH observó que el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, durante la primera fase de la crisis, disminuyó hacia fines de junio, ya que los oficiales de policía se habían retirado del ejercicio de muchas de sus funciones. Durante este período, el Gobierno afirmó que elementos armados se estaban infiltrando en las manifestaciones, pero de acuerdo con la información a la que tuvo acceso la OACNUDH, no se tomaron medidas para proteger a la población o para realizar una investigación creíble e independiente de los incidentes.

51. La represión de las protestas a través del uso excesivo de la fuerza, sumada a los arrestos arbitrarios colectivos (especialmente contra los líderes de las protestas sociales) continuó hasta mediados de julio durante manifestaciones masivas en las principales ciudades, culminando con el desmantelamiento de los tranques y barricadas. Esto ha llevado a la existencia de condiciones precarias para el libre y seguro ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación pacífica. Al momento de la elaboración de este informe, el número de manifestaciones se ha visto reducido, evidenciando así el efecto inhibitorio de la represión.

52. Con base en la información a disposición de la OACNUDH, se puede concluir que la respuesta de las autoridades a las protestas pacíficas no cumplió con los estándares aplicables relativos al control de manifestaciones,¬ en violación el derecho internacional de los derechos humanos. La OACNUDH ha podido también concluir que, en muchos casos en los que hubo violencia por parte de los ma¬nif¬es¬tantes, el uso de fuerza letal contra amenazas no letales y el apoyo en elementos armados progubernamentales también violó el derecho internacional de los derechos humanos.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS A LA VIDA
Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA


53. Una de las características principales de la crisis es el alto número de muertes como resultado de la represión de las manifestaciones y tranques y de los enfrentamientos entre la Policía, los grupos armados progubernamentales y los manifestantes.

54. Las estimaciones de muertes relacionadas con las protestas varían significativamente dependiendo de las fuentes y, ante la falta de investigaciones creíbles hasta la fecha, el tema se ha politizado fuertemente. Las estimaciones de las muertes difieren de la siguiente manera:

- Según datos publicados el 7 de agosto por parte de la Policía Nacional, 197 individuos (191 hombres y seis mujeres) fallecieron entre el 19 de abril y el 25 de julio en el contexto de protestas. La Policía atribuye todas las muertes a grupos violentos de oposición.
- La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz reportó 270 muertes (257 hombres y 13 mujeres) entre el 18 de abril y el 2 de agosto.
- La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró 192 muertes entre el 18 y el 21 de junio.
- Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 322 personas fallecieron entre el 18 de abril y el 20 de agosto, incluyendo 23 niños.
- La ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reportó 302 muertes entre el 18 de abril y el 30 de julio.
- La ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) brindó una cifra preliminar de 300 muertes acaecidas entre el 18 de abril y el 30 de julio (286 hombres y 14 mujeres), incluyendo 30 niños.
- La ONG Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), brindó una cifra preliminar de 448 muertes entre el 18 de abril y el 25 de julio (426 hombres y 22 mujeres), incluyendo 21 niños.
- La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) reportó que 28 niños (25 niños y 3 niñas) fueron asesinados entre el 18 de abril y el 10 de agosto durante las protestas.

SIN ACCEDER A DATOS OFICIALES


55. En referencia con estas distintas estimaciones, el Presidente Ortega criticó los números más altos ofrecidos por “activistas y organizaciones internacionales”, argumentando que “sus datos no han sido depurados ni verificados” y que ellos habían “inventado muertes”. El Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, declaró que “organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional continúan manipulando el número de personas muertas de varias causas… promoviendo una percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en detrimento de nuestro Gobierno”. En respuesta a estas declaraciones, el Cardenal Brenes, quien lidera la mediación en el Diálogo Nacional, ha hecho un llamado al Gobierno a cooperar con la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y con organizaciones de derechos humanos para llegar a un consenso sobre el número de muertes relacionadas con las protestas.

56. A pesar de las reiteradas solicitudes, la OACNUDH no ha recibido autorización para acceder a datos oficiales y a documentación relacionada con el número y circunstancias de dichas muertes, incluyendo del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Medicina Legal y de la Corte Suprema de Justicia. Basándose en el análisis de los datos publicados por fuentes gubernamentales y no gubernamentales, la OACNUDH puede brindar las siguientes conclusiones preliminares que son relevantes para un análisis de derechos humanos.

57. El Gobierno ha declarado que el alto número de muertes informado por otras fuentes está inflado al incluir las muertes comunes. Según la Policía Nacional, entre el 19 de abril y el 25 de julio, 253 personas murieron como resultado de actividades criminales comunes, accidentes de tránsito y otras causas. Afirma que estas muertes fueron “manipuladas por los golpistas y las organizaciones de pensamiento similar para desacreditar, difamar y dañar la imagen del Gobierno”. La cifra presentada por la Policía Nacional representa casi el doble del número de homicidios reportados durante los meses de abril y julio en 2017 (105), lo cual sugiere que la cifra oficial de muertes relacionadas con la crisis está incompleta y diverge significativamente de las estimaciones de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y de otras fuentes independientes.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS


58. Un análisis comparativo de las fuentes disponibles parece confirmar un número de características comunes relacionadas con los incidentes de muertes violentas. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, menores de 30 años (hasta un 46% según la CPDH), lo cual coincide con el perfil promedio de los manifestantes, incluyendo estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. El análisis desagregado de datos más reciente (hasta el 2 de agosto) publicado por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, permite llegar a la conclusión de que aproximadamente el 76% de las víctimas murieron en el lugar o alrededor de las manifestaciones, tranques u ocupaciones de instalaciones universitarias. Las otras muertes estaban asociadas a otros contextos, incluido el fuego cruzado entre grupos progubernamentales y antigubernamentales (15%); los ataques y destrucción en contra de instituciones estatales, propiedad pública y privada e infraestructura (9%) y otras causas.

59. Las cifras más altas de muertes violentas parecen coincidir con los períodos de protestas masivas, con grandes repuntes a finales de abril, el 30 de mayo (durante los ataques contra la marcha del Día de las Madres), y a mediados de junio, al inicio de la “operación limpieza” del Gobierno para retirar por la fuerza los tranques en todo el país.

60. La mayoría de las muertes (62%) ocurrieron en Managua y en los alrededores de los departamentos de Masaya y Carazo, que eran los epicentros del movimiento de protesta. Según los resultados preliminares de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, 50% de las muertes ocurrieron en proximidad de los tranques.

61. La ANPDH estima que el 80% de las muertes fueron causadas por armas de fuego. De las autopsias practicadas en 82 individuos presuntamente conducidas por el Instituto de Medicina Legal, 76 murieron por heridas de bala. En la mayoría de estos casos (71%), las heridas se encontraban en la cabeza y tórax. Según CODENI, el 86% de los menores que fallecieron durante las protestas fueron víctimas de armas de fuego.

USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA


62. A falta de un análisis de cada caso concreto, la información descrita anteriormente sobre las muertes indica un patrón de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que puede estar relacionado con uso de municiones letales por parte de la Policía y/o a la intervención de elementos armados en la represión de protestas, particularmente al disparar contra manifestantes que participaban en las protestas, tranques y barricadas.

La OACNUDH puede también concluir que en muchos casos donde hubo violencia de los manifestantes, la Policía utilizó fuerza letal contra amenazas no letales. Estos actos podrían considerarse violaciones del derecho a la vida consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es consistente con los resultados destacados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

63. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz presenta el análisis más completo hasta la fecha del número de personas heridas durante las protestas, basándose en su acceso a los archivos del Ministerio de Salud, del INSS y de la Cruz Roja Nicaragüense. Según la Comisión, hasta el 4 de julio, 1,325 personas (1,206 hombres y 119 mujeres) habían sido presuntamente heridas en el contexto de las protestas. Un alto porcentaje de las víctimas (68%) tienen entre 15 y 35 años de edad, lo que parece ser consistente con la edad media de los participantes en las protestas.

Esta cifra no incluye las personas heridas como consecuencia del desmantelamiento de los tranques y es probable que represente únicamente una parte del número actual de personas heridas durante las protestas, ya que muchas de éstas no buscaron asistencia en hospitales públicos por miedo a ser denunciados a la Policía. La Comisión Interamericana estima el número de personas heridas en 2,000.

VIOLACIONES
DEL DERECHO A LA SALUD


Nunca imaginé que sería considerado como un opositor político del Gobierno. Y todo esto porque hice algo tan inherente a nuestra responsabilidad como doctores, como es proporcionar asistencia médica a las personas lesionadas que tomaron parte de las manifestaciones… Hace un par de días un colega de la institución donde trabajo me alertó de que mi nombre estaba en una lista que era circulada por la organización sandinista del barrio. Mi nombre estaba allí por haber proporcionado asistencia médica a manifestantes heridos y ahora se me considera un terrorista … No tuve otra opción que dejar el país. (Médico que proporcionó asistencia a los manifestantes y se encontraba a punto de salir de Nicaragua, entrevista realizada por la OACNUDH el 17 de julio de 2018).

64. El disfrute del derecho a la salud ha sido, por lo general, significativamente afectado por la crisis. El número total de personas heridas se estima en 2,000. Los servicios de salud han sido interrumpidos, en particular en aquellas áreas donde hubo protestas.

65. La OACNUDH ha recibido abundante información acerca del cierre de hospitales o de su acordonamiento por parte de las autoridades, la policía, y/o elementos armados progubernamentales en diferentes partes del país durante y después de las protestas, afectando el derecho de acceso a cuidados médicos sin discriminación. Se informó también que, en los hospitales públicos, el personal médico fue instruido por el Ministerio de Salud a negar atención médica a todos aquellos que participaron en protestas y/o barricadas.

Los doctores y el personal de salud que rehusaron seguir estas instrucciones han sido objeto de intimidación y represalias por parte de sus superiores. En algunos hospitales, miembros de la policía habrían solicitado a la administración que entregara información personal de los pacientes, incluyendo los nombres de los heridos. Muchas personas heridas no acudieron a hospitales públicos por miedo de ser entregadas a la Policía.

El 25 de mayo la Asociación Médica Nicaragüense denunció públicamente la manipulación del sistema público de salud con el fin de negar atención médica a las personas heridas durante las protestas.

DESPIDO DE MÉDICOS
DE HOSPITALES PÚBLICOS


66. En diversos lugares donde las “operaciones de limpieza” tuvieron lugar (como en la UNAN y en Masaya) las autoridades no brindaron garantías para la rápida y segura evacuación de los heridos.

La OACNUDH recibió diversos testimonios de personas heridas durante una “operación limpieza” que no pudieron salir de las áreas rurales donde viven para buscar asistencia médica adecuada por miedo a ser identificados y arrestados.

67. En su informe preliminar, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz señaló que el Ministerio de Salud y el INSS habían dado órdenes expresas de brindar atención médica a los heridos en el contexto de las manifestaciones que llegasen a los hospitales y centros médicos.

La Comisión informó sobre un solo caso de un hospital que no proveyó el servicio (Hospital Cruz Azul en Managua), debido, presuntamente, a “agresiones verbales de parte de personas protestando en las afueras del hospital”. La Comisión también declaró que nadie había sido entregado a la Policía por recibir atención médica por heridas relacionadas con la protesta.

68. A partir de finales de julio, médicos y otros miembros del personal médico de hospitales públicos han sido des¬pedidos. Según la Asociación Médica Nicaragüense, al menos 200 médicos fueron arbitrariamente despedidos de hospitales públicos en León, Managua, Masaya (incluyendo Monimbó), Jinotepe y otras ciudades por su presunta asistencia a personas heridas en las protestas o por su supuesto involucramiento en las protestas antigubernamentales.

La mayoría son médicos con especialización. Esta medida afectará la calidad del sector de salud y el acceso a servicios médicos básicos y especializados. La OACNUDH ha podido examinar las cartas de despido de varios médicos. No se brinda justificación alguna por parte de los empleadores para tales medidas.

DESAPARICIONES FORZADAS


69. La OACNUDH ha recibido varias denuncias desde el inicio de la crisis de desapariciones forzadas de personas detenidas por la Policía y elementos armados progubernamentales, cuyo paradero sigue siendo desconocido o que fueron desaparecidas temporalmente.

70. La OACNUDH ha podido establecer que Medardo Mairena, Pedro Mena, Christian Fajardo y María Adilia Peralta fueron víctimas de una desaparición forzada por un período de tiempo. Medardo Mairena y Pedro Mena fueron arrestados el 13 de julio por la Policía y puestos a disposición de las autoridades judiciales cuatro días después. Christian Fajardo y María Adilia Peralta fueron arrestados el 22 de julio por el Ejército y entregados a autoridades judiciales el 28 de julio. Después de haber sido detenidos por la Policía y el Ejército respectivamente, las autoridades a cargo rehusaron entregar información a sus familias o abogados acerca de su paradero. Recursos de Habeas Corpus y solicitudes de información fueron interpuestos sin resultados. Los cuatro fueron puestos a disposición de autoridades judiciales más allá del plazo de 48 horas que establece la ley nacional. Ahora se conoce su paradero.

71. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz señaló que, a pesar de los esfuerzos para confirmar el número de desapariciones, no le ha sido posible determinarlo. ONG nacionales han documentado casos de desapariciones desde mediados de abril. En un informe publicado el 4 de mayo de 2018, el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) indica que más de 60 personas fueron reportadas como desaparecidas. Otra ONG, la CPDH había registrado 120 denuncias de desapariciones a 31 de julio.

En muchos de estos casos, el paradero de las víctimas ya se ha establecido. Algunos fueron ubicados por familiares en centros de detención y otros han huido a otras ciudades o países. Otros han sido asesinados y sus cuerpos han sido identificados en el Instituto de Medicina Legal. La OACNUDH ha recibido informes que dan cuenta que las autoridades forenses han estado disponiendo de los cuerpos sin identificación adecuada o sin notificación oportuna a los familiares, informes que no ha podido verificar.

VIOLACIONES DEL DERECHO A LA LIBERTAD
Y A LA SEGURIDAD PERSONAL


Desde que mi padre y mi hermana salieron de la cárcel, no podemos dormir por las noches pues tenemos miedo que los paramilitares regresen. Mi padre no me contó lo que le hicieron, me dice que estaré más seguro si no lo sé. (Pariente, entrevista realizada por la OACNUDH el 19 de agosto de 2018).

72. Desde los primeros días de la crisis, las fuerzas de seguridad han recurrido ampliamente a arrestos y detenciones como forma de reprimir a aquellos que participan en las protestas y manifestaciones. A la fecha, el número de personas arrestadas y/o detenidas en relación con las protestas no es claro ya que no existen registros oficiales y la información proporcionada por las autoridades pertinentes ha sido muy escasa.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz afirmó que desde el 18 de abril al 2 de junio de 2018, 620 personas fueron detenidas en relación con las protestas (480 hombres y 25 mujeres, incluyendo 64 menores de edad). Según el CENIDH, 1,900 personas han sido detenidas desde el comienzo de la crisis y el 25 de julio de 2018.

73. La mayoría de los detenidos en relación con las protestas son hombres jóvenes. Al 6 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía registrados a 8 menores de edad detenidos en relación con las protestas. El 14 de agosto, una niña de 15 años fue arrestada por la Policía Nacional en Estelí, presuntamente después de haber cuestionado la razón por la cual un grupo de jóvenes estaba siendo arrestado.

PATRONES DE ILEGALIDAD
EN LAS DETENCIONES


74. Basado en el monitoreo de la situación de los derechos humanos realizado por la OACNUDH y la documentación de los casos, se han destacado los siguientes patrones en relación a la detención:

- La detención es usualmente llevada a cabo por la policía y/o por elementos armados progubernamentales y sólo excepcionalmente por las fuerzas armadas.
- No se presentan órdenes de arresto ni de registro.
- No se entrega información acerca de las causas de la detención o de los derechos de los detenidos.
- No existe un registro público de los nombres y lugares de detención de las personas privadas de libertad.
- La detención incomunicada, sin acceso a familiares ni abogados, es una práctica común durante el período inicial de la detención.
- La confirmación oficial de la detención a familiares se da usualmente varios días después del arresto.
- Son comunes los casos de detenciones colectivas (incluidas las de miembros de la misma familia).
- La detención usualmente se dirige en contra de aquellos que participaron en algún tipo de actividad opositora al gobierno o que son percibidos como opositores.
- La mayoría de los detenidos son hombres jóvenes.
- La práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes ha sido regularmente reportada en el contexto de las detenciones, con denuncias alegando tortura durante el arresto y los primeros días de la detención.

75. En ninguno de los casos documentados por la OACNUDH se exhibió una orden de arresto o de registro por las autoridades. En ninguno de los casos reportados se habría arrestado a la persona en flagrante delito.

A LAS PUERTAS
DE LA CÁRCEL DE EL CHIPOTE


76. Cuando las personas son privadas de libertad por la policía, son llevadas a estaciones de policía o a las cárceles de El Chipote, La Modelo y La Esperanza.

La OACNUDH ha recibido información que da cuenta de que todas las cárceles en el país, así como muchas de las estaciones de policía, enfrentan una situación de hacinamiento vinculada con la crisis. Información de diversas fuentes apunta también a la existencia de centros de detención ilegales (por ejemplo, en edificios públicos en desuso) los cuales habrían operado sólo por unos pocos días. La OACNUDH no ha podido, sin embargo, verificar esta información.

77. Debido a la falta de información oficial sobre el número e identidad de las personas detenidas, como también sobre el lugar de su detención, muchos familiares acamparon en las afueras del centro de detención El Chipote (el principal centro de detención preventiva en Nicaragua) por días e incluso semanas.

Durante las visitas de la OACNUDH a El Chipote en julio, se observó la presencia diaria de al menos 100 personas (principalmente familiares) en las afueras de las puertas de la cárcel, portando fotos y carteles con el nombre de sus parientes, esperando recibir confirmación no oficial de los guardias de la prisión sobre si sus familiares estaban detenidos allí.

La información solicitada es frecuentemente denegada y muchos familiares mencionaron a la OACNUDH que a veces la única información que se obtiene para saber si sus familiares se encuentran privados de libertad en esa cárcel es cuando los guardias aceptan la comida que los familiares de los detenidos les traen.

78. A la luz de lo expuesto anteriormente, la OACNUDH considera que existe suficiente información que indica que estas detenciones fueron arbitrarias, incluyendo porque en muchos de estos casos no se garantizó el debido proceso. Más aún, éstas han sido percibidas como castigo por el legítimo ejercicio de los derechos humanos, en particular a la libertad de opinión y expresión y a la libertad de reunión pacífica.

TORTURA
Y MALOS TRATOS


Un grupo de hombres encapuchados detuvieron a mi marido en nuestra casa, lo golpearon y se lo llevaron desnudo. Unos días después, cuando me enteré donde estaba, pude verlo durante 15 minutos. Tenía moretones en sus dedos y costillas. Me dijo que no dijera nada y me dijo ‘es mejor que no vuelvas y que sólo me dejes morir aquí. (Esposa de un detenido en la prisión La Modelo, entrevista realizada por la OACNUDH el 13 de agosto de 2018.)

79. La OACNUDH ha recibido numerosos relatos denunciando posibles actos de tortura y malos tratos perpetrados por la policía o por las autoridades carcelarias durante el arresto o en los días inmediatamente posteriores a éste.

La mayoría de las denuncias apuntan hacia el centro de detención El Chipote como el principal lugar donde tales actos son cometidos, si bien en algunos casos se ha denunciado su ocurrencia en las estaciones de policía o en el momento del arresto.

80. Los testimonios recibidos por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señalan que algunos detenidos han sido sometidos a torturas físicas -incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación-, como también a torturas sicológicas, incluyendo amenazas de muerte. Tanto hombres como mujeres que han sido detenidos han proporcionado a la OACNUDH relatos de la violencia sexual sufrida mientras estaban privados de libertad.

Algunas mujeres fueron objeto de violencia sexual, incluyendo violación, y señalaron que son comunes las amenazas de abuso sexual. Los detenidos varones también denunciaron casos de violaciones, incluyendo violaciones con rifles y otros objetos. Se han recibido denuncias de que Medardo Mairena y Pedro Mena (miembros del Movimiento Campesino) han sufrido malos tratos y/o torturas en prisión.

81. Ex-detenidos, en particular aquellos que fueron víctimas de detenciones colectivas, señalaron a la OACNUDH que al llegar al centro de detención El Chipote los detenidos varones se habrían visto sistemáticamente forzados a quitarse la ropa y a permanecer en ropa interior.

Algunos familiares de los detenidos ilegalmente informaron a la OACNUDH que los guardias de la prisión en El Chipote no aceptaban la ropa que ellos traían para los detenidos supuestamente porque en ese centro de detención los internos estaban forzados a permanecer parcialmente desnudos.

VIOLACIONES DE LAS GARANTÍAS
DEL DEBIDO PROCESO LEGAL


82. Basándose en numerosos casos documentados, la OACNUDH ha observado que las violaciones a las garantías del debido proceso han sido generalizadas en los procedimientos judiciales en contra de aquellos acusados de haber cometidos delitos en el contexto de las protestas. Estos procedimientos no satisfacen los estándares básicos relativos a un juicio justo y a la igualdad de armas.

83. Las personas detenidas son frecuentemente llevadas ante un juez después del período de 48 horas establecido en la Constitución. Por ejemplo, dos hombres jóvenes involucrados en las protestas, Glen Abraham Slate y Brandon Lovo Taylor, acusados del asesinato del periodista Ángel Gahona, fueron detenidos el 2 y el 5 de mayo respectivamente, pero no fueron llevados ante el juez hasta el día 8 de mayo. Al analizar la legalidad de algunas de las detenciones ocurridas entre el 18 de abril y el 2 de junio, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz encontró que de los 505 casos de detenciones de los cuales tenía información (480 hombres y 25 mujeres), en 204 casos se había excedido la regla de las 48 horas. Todos fueron eventualmente dejados en libertad.

84. Los familiares de las personas cuyo paradero es desconocido usualmente presentan peticiones de Habeas Corpus. La OACNUDH ha documentado en algunos casos, que los jueces designados para resolver sobre peticiones de Habeas Corpus habían fallecido. Esto ha sido percibido como una táctica para demorar la resolución de esas peticiones por un juez competente. Con pocas excepciones, las peticiones de Habeas Corpus no han prosperado.

85. El acceso a la asistencia de un defensor de su propia elección se ha visto restringido de diversas maneras en el caso de las personas detenidas en las protestas. A algunas personas se les impuso a un defensor público en las audiencias iniciales a pesar de los intentos de organizaciones de derechos humanos de proporcionales un abogado privado. Según los testimonios recibidos por la OACNUDH, en ciertos casos defensores públicos habían aconsejado a los acusados declararse culpables, prometiendo que de esta forma sus sentencias serían así reducidas.

ACUSADOS DE GRAVES DELITOS


86. Algunos abogados están representando a personas arrestadas en relación con las protestas habrían sido regularmente amenazados por personas cercanas al Gobierno. En algunos casos, esto ha llevado a repetidos cambios en los equipos de defensa. Además, a los abogados no se les ha permitido entrevistarse en privado con sus clientes antes de las audiencias, lo que afecta a la calidad de la defensa. La OACNUDH ha recibido testimonios de cómo personas detenidas, incluyendo algunas que han estado detenidas durante más de dos meses, no han sido autorizadas a reunirse con sus abogados.

87. Abogados y familiares de personas detenidas en relación con las protestas no son notificados apropiadamente del horario de las audiencias a través del programa en línea de notificaciones judiciales. Las audiencias en estos casos son realizadas en privado sin que los jueces expliquen las circunstancias que justifican tal decisión. Esto contraviene normas y estándares internacionales, así como la legislación nacional. De hecho, el artículo 13 del Código Procesal Penal establece que aquellas audiencias que no sean públicas son nulas. El 20 de julio, la Corte Suprema destituyó a la jueza Indiana Gallardo Fonseca quién, el día anterior, había insistido en llevar a cabo públicamente la audiencia de tres miembros de una organización estudiantil que habían participado en las protestas y que estaban siendo acusados de crimen organizado. La Corte Suprema argumentó que la jueza había cometido “irregularidades” relacionadas con cambios en la clasificación de los delitos presentados por el Ministerio Público.

“CRIMINALES INSTIGADORES
DE UN GOLPE DE ESTADO”


88. No siempre se permite a familiares y abogados defensores estar presentes en las audiencias, y a los observadores internacionales (incluidos la OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) se les ha negado autorización para monitorear las audiencias. Los medios de comunicación oficial, a los cuales se les permite regularmente el acceso a la sala del tribunal, han frecuentemente tendido a retratar a los acusados en relación con las protestas como criminales “manipulados por los partidos de derecha” y como “instigadores de un golpe de estado”, violando así la presunción de inocencia. Imágenes de muchos de estos juicios han sido difundidas ampliamente.

89. A la fecha, los tribunales se han basado predominantemente en testimonios para acusar a las personas de graves delitos en relación con las protestas, incluidos el de terrorismo, de crimen organizado y de homicidio. En algunos casos, el Ministerio Público ha aceptado testimonios de supuestos “agentes encubiertos” como la única prueba para acusar a los imputados. Estos “agentes encubiertos” comparecen en la sala de la Corte encapuchados para no ser identificados. Su testimonio, en particular para el delito de terrorismo, tiende a presentar alegaciones similares y hechos repetidos de un caso a otro.

90. Las irregularidades previamente descritas apuntan a violaciones al derecho a una adecuada defensa y al debido proceso de las personas acusadas de delitos por su participación en las protestas sociales. Además, ponen de manifiesto la ausencia de las garantías esenciales de independencia e imparcialidad judicial.

VIOLACIONES DEL DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


91. La libertad de expresión ha sido restringida de forma sistemática y de diversas maneras a lo largo de la crisis. Dichas limitaciones deben ser consideradas a la luz de un contexto preexistente caracterizado por una progresiva erosión de la libertad de prensa; una alta concentración de medios de comunicación en manos del partido gobernante y familiares del Presidente y la Vicepresidenta; la ausencia de un ente independiente regulador de los medios de comunicación; el uso de publicidad gubernamental para promover los medios de comunicación oficiales e indirectamente censurar a los medios independientes; la falta de políticas efectivas para promover y proteger el acceso a la información.

92. Desde el comienzo de las protestas, los periodistas han sido amenazados y atacados. El 21 de abril, el periodista Miguel Ángel Gahona fue asesinado por arma de fuego mientras transmitía en las redes sociales en Bluefields, en el Caribe Sur. Varios trabajadores de medios de comunicación han sido detenidos arbitrariamente. Periodistas cubriendo las manifestaciones han sufrido el robo frecuente de sus equipos. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz recibió informes de ataques físicos contra periodistas y de “confiscación ilegal de equipos”.

93. En su informe preliminar la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz mencionó la destrucción de varios recintos de medios de comunicación independientes. A mediados de abril, el canal de televisión 100% Noticias se vio técnicamente imposibilitado para transmitir su programación durante seis días, después de haberse negado al requerimiento del Gobierno de cambiar su línea editorial sobre las protestas sociales. Su señal fue posteriormente interrumpida en diversas ocasiones sin notificación de ningún tipo. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz afirmó que “la censura inicial de algunos medios de comunicación fue una errada decisión por parte de las autoridades” y violó la libertad de expresión, señalando además que la señal fue restablecida posteriormente.

94. Muchos directores, editores y periodistas de medios independientes han recibido amenazas de muerte; algunos han visto sus nombres, direcciones, y otra información privada divulgada en redes sociales por simpatizantes pro-Gobierno. El Gobierno ha responsabilizado a los periodistas independientes de la divulgación de “noticias falsas”, y de apoyar al terrorismo El 24 de julio, las instalaciones de la Radio Stereo Romance, una emisora de radio local de Jinotepe, fueron objeto de vandalismo con grafiti, en los que se les acusaba de ser “medios de comunicación terroristas”, a la vez que se hacía un llamado a asesinar a sus periodistas. Organizaciones independientes han documentado aproximadamente 250 casos de agresiones o ataques contra los medios de comunicación, siendo objeto particular de los ataques las mujeres periodistas. También se informó de ciberataques en contra de medios independientes.

95. También fueron informados casos de amenazas, incluso de despido, contra periodistas que trabajaban en medios de comunicación pro-Gobierno, si no seguían la línea editorial impuesta por sus editores. Los medios de comunicación también han expresado su preocupación ante la posibilidad de ser legalmente acusados de financiar el terrorismo, con base en la reciente enmienda a la legislación sobre financiamiento de terrorismo y lavado de dinero.

ABUSOS COMETIDOS POR ELEMENTOS ARMADOS PROGUBERNAMENTALES


96. Desde los primeros días de la crisis, surgió un patrón caracterizado por la implicación de elementos armados progubernamentales. Poco después del estallido de las protestas relacionadas con el incendio de la reserva biológica Indio Maíz y la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en abril, individuos vinculados con el partido sandinista fueron movilizados para oponerse a las manifestaciones, organizar mítines paralelos, y acosar e intimidar a los manifestantes.

Estos grupos, conocidos como “fuerzas de choque”, “turbas” o “motorizados” estuvieron en la primera línea de ataques físicos contra los manifestantes pacíficos. Las turbas estaban armadas con garrotes, palos y piedras y portaban cascos. El 20 de abril, la Radio Darío en la ciudad de León fue incendiada, presuntamente por elementos armados progubernamentales. Las turbas estuvieron también implicadas en el hostigamiento a autoridades eclesiásticas (incluyendo al Representante de la Santa Sede) el 9 de julio en Diriamba. También estuvieron presuntamente implicadas en ataques contra medios de comunicación independientes y contra la propiedad privada, incluyendo incendios provocados a casas y negocios privados, y saqueos.

97. El Partido Sandinista ha presuntamente jugado un rol activo en la movilización de tales grupos, incluyendo a través del uso de las estructuras del gobierno local y de los llamados Consejos Familiares, Comunitarios y de Vida (anteriormente conocidos como Consejos del Poder Ciudadano), activos a nivel comunitario, y percibidos por la población local como la principal fuente de recolección de información de inteligencia para el Gobierno. El rol de estos grupos en la supresión de las protestas antigubernamentales no sería novedoso, ya que patrones similares fueron observados en el pasado, por ejemplo, en relación con manifestaciones acontecidas en el marco de elecciones y en las protestas en contra del Canal Interoceánico en 2016.

LOS IMPUNES PARAMILITARES


98. De acuerdo con numerosos reportes recibidos por la OACNUDH, los elementos armados progubernamentales estuvieron implicados en ataques en contra de las protestas, los tranques y las barricadas. Por ejemplo, habrían tenido un rol activo en los ataques armados contra las manifestaciones que tuvieron lugar en Managua en el Día de las Madres (30 de mayo), cuando francotiradores ubicados en el Estadio Nacional Dennis Martínez habrían disparado contra los manifestantes. Fueron especialmente activos y visibles en el contexto de la denominada “operación limpieza”. En una operación típica, los elementos armados progubernamentales aparecen en camionetas pick-up, la mayoría de las veces durante el día y escoltados por la policía, a veces todos vestidos del mismo color (azul o verde), cubiertos con pasamontañas y disparando al azar o apuntando a los manifestantes como objetivos.

99. Algunos testimonios también recabados por la OACNUDH indican que dichos elementos armados han llevado a cabo arrestos arbitrarios de personas a lo largo del país, a veces de forma conjunta con la policía. La OACNUDH recibió testimonios de personas que afirman haber sido detenidas por elementos armados progubernamentales y luego trasladadas y entregadas a las estaciones de policía. Estos elementos armados desarrollan de manera rutinaria actividades de vigilancia e intimidación en las comunidades locales.

100. Estos elementos armados estarían bien entrenados y dotados con vehículos, equipo y armas militares, incluyendo armas de alto calibre como el AK-47 y fusiles de francotirador Dragunov. Existen alegaciones que afirman que estos grupos han sido al menos parcialmente integrados y entrenados por personal policial y militar jubilado. Jóvenes, presuntamente algunos de ellos miembros de pandillas, habrían sido también reclutados para este propósito.

101. Si bien inicialmente el Gobierno negó la participación de tales grupos en la represión de las protestas y en el desempeño de funciones propias de la policía, en una entrevista con un canal internacional de televisión, transmitida el 20 de julio, el Presidente Ortega afirmó que estos grupos eran “policías voluntarios” en “misiones especiales” y justificó su actuar encubierto por razones de seguridad.

102. La OACNUDH ha recabado amplia información (de fuentes confidenciales y abiertas) que señala que estos grupos progubernamentales actuaron con el consentimiento (y frecuentemente de forma conjunta y coordinada) de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional y que actuaron con total impunidad.

ABUSOS COMETIDOS
POR MANIFESTANTES ANTIGUBERNAMENTALES


Me golpearon y me tiraron a la palangana de una camioneta pick-up. Pusieron una capucha sobre mi cabeza y me dijeron que pagaría un alto precio por ser Sandinista. Me pusieron una pistola contra mi cabeza y me dijeron que podía mandar dos mensajes desde mi teléfono. Pensé que era hombre muerto. (Empleado del INSS, entrevista realizada por la Oficina de la ACNUDH el 7 de julio de 2018).

103. La OACNUDH observó que un gran número de protestas antigubernamentales fueron pacíficas y de acuerdo a los estándares y jurisprudencia internacional. Sin embargo, la represión de las manifestaciones y los acosos y ataques por parte de los grupos progubernamentales en respuesta a las manifestaciones del mes de abril generaron una respuesta violenta de parte de ciertos manifestantes antigubernamentales.

A medida que la crisis se desarrollaba, el nivel de violencia contra los manifestantes por parte de la policía y de civiles armados aumentó aún más, y también lo hizo el nivel de resistencia de algunos individuos participando en los tranques y ocupaciones.

Existe amplia información sobre el uso de medios violentos por parte de algunos manifestantes, incluyendo piedras, morteros y armas improvisadas y armas de fuego (fundamentalmente rifles). Sin embargo, la OACNUDH no encontró evidencia de que estos actos violentos hayan sido coordinados o respondieran a un plan preexistente. La Iglesia Católica en varias ocasiones urgió a los manifestantes a abstenerse de usar la violencia.

104.La rabia y frustración generadas con la repuesta del gobierno, y la extrema polarización de la población, desencadenaron estallidos de violencia que excedieron la crisis. Esto motivó episodios de violencia entre diferentes grupos, represalias, ajustes de cuentas y ataques en contra de miembros del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular de la Policía Nacional), contra edificios de instituciones públicas y propiedad privada.

Los niveles de brutalidad en algunos de estos episodios, que incluyen la quema, amputación y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis. Más aún, los tranques dieron lugar, en ocasiones, al incremento de prácticas criminales, tales como el secuestro, el acoso, el robo y el cobro de peajes ilegales. La OACNUDH se reunió con más de 100 miembros de la Policía Nacional y militantes del Partido Sandinista quienes compartieron sus relatos de los actos de violencia que sufrieron.

SE DEBE ESCLARECER
CASO POR CASO


105. Las autoridades estatales han proporcionado datos detallados sobre la muerte y heridas a miembros de la Policía y militantes del Partido Sandinista. La Policía Nacional reportó que 22 agentes perdieron la vida en el contexto de las protestas entre el 19 de abril y el 25 de julio, incluyendo siete policías en los ataques contra las estaciones de policía en Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y Morrito, Río San Juan. Muchos otros sufrieron heridas en el desempeño de sus funciones.

106. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz estimó que hasta el 4 de julio, la destrucción, quema y saqueo de vehículos, equipo, edificios, y otra infraestructura de instituciones estatales durante la crisis, ascendía a un monto de 922.320,780 dólares americanos. 64 ambulancias del Ministerio de Salud Pública y 16 unidades de la Cruz Roja fueron destruidas, según la Comisión.

En su informe preliminar, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hizo referencia a los efectos de las barricadas y tranques en el disfrute de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud y la libertad de circulación. El informe se refiere a un caso de una mujer embarazada que murió en una ambulancia que se dirigía a un hospital y cuyo paso no fue permitido por parte de un tranque.

107. En un contexto marcado por la polarización y el conflicto social, y en ausencia de investigaciones creíbles e imparciales, la medida en la cual los abusos deben ser atribuidos a los manifestantes antigubernamentales debe ser esclarecida caso por caso, siguiendo procedimientos que respeten las garantías del debido proceso y los principios de responsabilidad criminal.

Pertenezco a una familia sandinista. Me sentí muy inseguro caminando en mi ciudad por el peligro a ser atacado por aquellos que controlan las barricadas. Nos atacan sólo porque somos Juventud Sandinista. (Individuo de la ciudad de Rivas, entrevista realizada por la OACNUDH el 7 de julio de 2018).

OTRAS CONSECUENCIAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS


108. El 31 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó un crecimiento exponencial de solicitantes de asilo de Nicaragua en Costa Rica y otros países. Un promedio de 200 solicitudes de asilo diarias son presentadas por nicaragüenses en Costa Rica, y 23,000 solicitudes habrían sido presentadas desde abril a julio. Además de los nicaragüenses que están huyendo de su país por razones de protección, se espera que aumente el número de migrantes económicos hacia Costa Rica y otros países a medida que la situación económica en Nicaragua continua deteriorándose.

109. El 28 de junio, la independiente Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estimó que, desde el inicio de la crisis, 215,000 personas habían perdido su trabajo y 131,000 habían caído bajo la línea de pobreza. Según FUNIDES, el Producto Interno Bruto podría reducirse hasta un 5.6% en comparación al año 2017, lo que resultaría en un crecimiento negativo de menos 0.7% y pérdidas estimadas de 1,400 millones de dólares americanos. FUNIDES indica que si estas cifras se confirmaran, Nicaragua volvería a los mismos niveles de pobreza de mediados de los años 90.

El 15 de agosto, el Presidente de la Comisión Parlamentaria de Producción y Presupuesto señaló que hasta agosto, el Producto Interno Bruto había descendido hasta en un 2.2%, 119,597 personas habían perdido su empleo y 8,708 negocios se vieron forzados a cerrar.

110. En este contexto, el 14 de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que recortó el gasto público en casi 185 millones de dólares americanos (aproximadamente el 7% del presupuesto anual). Estas medidas afectarán los proyectos gubernamentales de los sectores de salud, vivienda, justicia y educación, entre otros, y podrían poner en peligro el disfrute del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la alimentación de la mayoría de la población, que ya ha estado experimentando los impactos negativos de los últimos meses.

INVESTIGACIONES Y RESPUESTA JUDICIAL


111. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha llamado a las autoridades nicaragüenses a garantizar “la realización de investigaciones efectivas, independientes, imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos desde abril”.

112. El 26 de abril, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado de prensa declarando que en seguimiento a una cadena de eventos iniciados el 18 de abril, había abierto investigaciones por “la pérdida de vidas y lesiones sufridas por estudiantes, miembros de la policía y civiles como también el robo… y daños a la propiedad pública y privada”. De acuerdo a la información a disposición de la OACNUDH, las acusaciones realizadas hasta la fecha por el Ministerio Público al respecto, han sido sólo contra personas que participaron en las protestas o que apoyaron a aquellos que protestaban (involucrando al menos a 300 individuos).

113. Según información disponible de la OACNUDH, no habrían procesos penales abiertos contra autoridades del Estado en relación con su posible responsabilidad por violaciones de derechos humanos. La OACNUDH ha presentado varias solicitudes por escrito en relación con el estado de las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el inicio de la crisis. Todavía no se ha proporcionado dicha información.

114. Hasta la fecha, y basándose en la información disponible para la OACNUDH, las autoridades estatales han fallado en investigar correctamente los hechos en torno a la muerte de personas en el contexto de las protestas, y en identificar, procesar y penalizar adecuadamente a los presuntos responsables. La falta de independencia del Poder Judicial y las irregularidades reportadas respecto de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Medicina Legal (IML), plantean serias preocupaciones en términos de rendición de cuentas. En relación con el IML, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, en su informe preliminar, indicó que había tenido acceso a los archivos de autopsias realizadas en el IML, e informó que se habían realizado 82 autopsias durante la crisis, que representan un 30% del total de las víctimas reportadas a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.

Durante su misión a Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentó que los registros de víctimas, hospitales y del Instituto de Medicina Legal no satisfacían los estándares forenses.

UN DISCURSO QUE DESACREDITA


115. El 30 de abril, la Asamblea Nacional estableció la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz con el mandato de recopilar información, analizar y establecer los hechos que tuvieron lugar a partir del 18 de abril de 2018. Su informe preliminar cubrió los hechos acaecidos hasta el 4 de julio y se enfocó en violaciones al derecho a la vida y seguridad personal, entre otros, como también a daños a la propiedad pública y privada. Estos hallazgos se mencionan a lo largo de este informe.

116. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (la institución nacional de derechos humanos) creó un Comité de Víctimas para recibir denuncias a partir del 18 de abril, y a 21 de junio, había verificado 65 de las 192 muertes que le habían sido reportadas y documentado que 1,616 personas habían recibido tratamiento médico en el sistema público de salud. La institución emitió un informe preliminar el 21 de junio y se espera un segundo informe a finales del mes de agosto.

117. El 30 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos obtuvieron el consentimiento del Gobierno de Nicaragua para crear un mecanismo internacional para investigar los eventos violentos ocurridos en el país a partir del 18 de abril. El 2 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció el establecimiento de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua. Su objetivo es contribuir y apoyar las investigaciones de los actos violentos cometidos en el contexto de las protestas ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. A la fecha no se han tomado medidas para que el GIEI, cubra eventos posteriores al 30 de mayo. El 16 de agosto, el GIEI informó públicamente que hasta el momento el Ministerio Público no había compartido con ellos documento alguno sobre las investigaciones criminales en curso. Los expertos también resaltaron que, si bien se habían reunido con los familiares de las víctimas y las autoridades, no podrían cumplir su mandato sin examinar los archivos de los casos.

118. La OACNUDH observó que el discurso político de las autoridades de alto nivel durante el período cubierto por el informe se ha caracterizado por reiteradas declaraciones desacreditando y criminalizando a aquellos que se oponen al Gobierno o que lideran las protestas. Las autoridades no han reconocido responsabilidad alguna por acciones indebidas durante la crisis, sino que han culpado a los defensores de derechos humanos, medios de comunicación, líderes sociales y de oposición por lo que denominan “violencia golpista”.

RECOMENDACIONES


119. Basado en los hallazgos contenidos en este informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realiza las siguientes recomendaciones:


Al Gobierno de Nicaragua


1. Poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido a través del uso de legislación antiterrorista), y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros.

2. Desmantelar y desarmar inmediatamente los elementos armados progubernamentales, y proteger a la población de ataques y otros actos ilegales y violentos.

3. Asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril, especialmente ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, arrestos y detenciones arbitrarias o ilegales; asegurar que las investigaciones criminales incluyan a todos aquellos que perpetraron, directa o indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron estos actos, incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas. Estos actos no deberían quedar sin sanción.

4. Detener todos los arrestos ilegales, y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente; asegurar que el derecho al debido proceso de todas las personas acusadas sea respetado y que cualquier acusación criminal contra ellas sea acorde con los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad individual.

5. Asegurar que información precisa y actualizada sobre personas privadas de libertad y la ubicación de su detención esté disponible públicamente; que las personas sean informadas con rapidez de las razones de su arresto, tengan acceso a un abogado de su elección y sean prontamente llevadas ante un juez, y se les garantice su derecho a un juicio justo.

6. Asegurar que el derecho a la libertad de reunión pacífica sea plenamente respetado a través del debido control de las manifestaciones públicas, de conformidad con los estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables.

7. Tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, absteniéndose de ejercer cualquier indebida interferencia, presión o influencia.

8. Reanudar el Diálogo Nacional de una forma debida e inclusiva, para lograr acuerdos basados en los derechos humanos y principios democráticos.

9. Terminar y penalizar la estigmatización pública de quienes critican las políticas y acciones del Gobierno.

10. Otorgar a la OACNUDH acceso directo e irrestricto a todo el país, incluyendo a los lugares de detención, de acuerdo con el mandato del Alto Comisionado y las prácticas y estándares de interacción y cooperación técnica con las autoridades y la sociedad civil.

11. Asegurar una cooperación efectiva con el Mecanismo Especial de Monitoreo para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

12. Permitir el acceso al país a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos que han solicitado realizar una visita oficial, de acuerdo a la invitación abierta de Nicaragua extendida en 2006.

A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos


13. Implementar su mandato, incluyendo como mecanismo nacional de prevención de la tortura, en pleno cumplimiento con los Principios de París, fortaleciendo el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, incluyendo a través del monitoreo de la situación de los derechos humanos, el reporte público de sus hallazgos, y haciendo recomendaciones a las autoridades.

14. Cooperar plenamente con la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos; buscar asistencia técnica de la OACNUDH, con miras a fortalecer sus prácticas operativas y su marco institucional para promover y proteger los derechos humanos con independencia del Gobierno.

Al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional más amplia


15. Monitorear la evolución de la situación en Nicaragua considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos y alentando a la Asamblea General a actuar de la misma manera. Estas medidas podrían incluir la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional-internacional) para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

16. Hacer un llamado a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con sus compromisos y promesas voluntarios, incluidas aquellas en el contexto del mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, y a cooperar plenamente con los órganos y mecanismos de derechos humanos.

INFORME PRESENTADO POR LA OFICINA
DE LA AGENCIA DE NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
EN GINEBRA Y EN MANAGUA EL 29 DE AGOSTO.

(ALGUNOS SUBTITULOS SON DE ENVÍO).

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