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  Número 437 | Agosto 2018
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Nicaragua

“La solución está en medir posiciones en las urnas, no con las armas ni con represión”

El 11 de julio, ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reunida para escuchar el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, leyó al final del encuentro estas palabras. Su discurso refleja un giro importante en las posiciones que hasta entonces había mantenido. Su visión abre posibilidades a la solución política de la crisis de Nicaragua. Es una visión de la crisis que cuenta con el respaldo mayoritario del continente.

Luis Almagro

Nicaragua es hoy -sigue siendo- víctima de violencia, represión y asesinatos, cuyas consecuencias han sido absolutamente nefastas para el país. Condenamos cada acto de violencia, cada asesinato que hace retroceder al país a condiciones de barbarie. La responsabilidad del Estado y del Gobierno es particularmente agravada El ejercicio de la violencia por parte del mismo es inadmisible.

La posición de la Secretaría General de la OEA es clara: los compromisos internacionales en materia de derechos humanos son ineludibles y nos exigen no retroceder jamás, nos llevan a lo que mueve a la Secretaría General de la OEA diariamente: buscar y garantizar “más derechos para más gente”.
Nuestras herramientas para responder ante el sufrimiento de Nicaragua ya existen y son los instrumentos del sistema interamericano de defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

Debemos reivindicar el valor de la política actuando en concordancia con nuestros compromisos asumidos, desde la moral, no desde la abstención o la parálisis, que como ya dijimos, no hace más que agravar la situación. Debemos poner en funcionamiento las estructuras institucionales que hemos creado, activar los resortes políticos y jurídicos correspondientes a tales efectos. Porque no hay nada más urgente ni más relevante que salvar vidas, ni rol más trascendental para nuestra comunidad hemisférica que el de dar fuerza a los derechos del pueblo y a la democracia.

LA VIOLENCIA HACE PERDER LEGITIMIDAD


Fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al Gobierno hace dos días realizaron acciones que han costado la vida de muchas personas. Muertes que no podemos admitir. Y que mucho menos podemos aceptar en silencio. Personas encapuchadas y armadas aterrorizan y aterrorizaron a la población civil en el proceso de desmontar los tranques que se levantaron en ciudades como Diriamba, Dolores, Jinotepe y Matagalpa.

Se estima que murieron por lo menos entre 11 y 14 personas, entre ellas se cuentan 2 policías y un paramilitar. La violencia como herramienta política hace perder legitimidad inexorablemente, a cualquier propósito ético-político. La violencia hace retroceder a la democracia.

LA VIOLENCIA DE ESTADO NO PUEDE ADMITIRSE


Obviamente es condenable el asesinato de policías. Por supuesto. La muerte de dos policías y un paramilitar también nos dan una idea de la dimensión del enfrentamiento. Pero la violencia del Estado sobre población civil nunca puede ser admitida. La desproporción de la misma, la diferencia de medios hace de la violencia del Estado y la violencia también de los actores represivos vinculados al mismo, abusiva y criminal. El Estado está para proteger los derechos de la gente no para avasallarlos. Cuando lo hace es especialmente responsable de esa violación de Derechos Humanos.

Leía hace poco que Hannah Arendt nos advirtió que de la violencia nunca surge el poder. Y añadió que el poder sólo surge de la acción política. Y que la violencia surge cuando hay ausencia de poder, cuando el poder está en peligro y se recurre a la violencia armada para imponerlo, hecho que a su vez conducirá a una espiral que eliminará la democracia.

EL TERRORISMO DE ESTADO ES UNA ABERRACIÓN


Condenamos los asesinatos y demandamos justicia, asimismo condenamos los encarcelamientos de opositores. Hemos acordado en nuestros acuerdos fundamentales proteger y garantizar los derechos humanos de nuestros pueblos.

De la misma manera, asumimos la obligación de denunciar como comunidad hemisférica todo abuso que pueda ocurrir en nuestros territorios. Más aún, cuando la responsabilidad de esos abusos es del Estado en su peor expresión, cuando el Estado deliberada e injustificadamente viola los derechos humanos a su propia población. Jamás, en ninguna circunstancia, existirá una justificación para esta aberración. La violencia y el terrorismo de Estado son la herramienta que usa aquel que ha perdido toda credibilidad y toda capacidad de ejercer la autoridad de manera legítima.

A un pueblo agredido por su propio gobierno, por el gobierno que eligió para proteger y garantizar sus derechos, es al que más debemos apoyar, desde la denuncia y desde los instrumentos diplomáticos que tenemos a disposición. No hay ser humano más vulnerable que aquel que es agredido por quien debe protegerlo.


La falta de lógicas políticas sanas ha llevado a contar por decenas y centenas las muertes en el país. Es algo que no podemos asumir como normal ni como resultado de las dinámicas políticas.

La política implica la potestad de la toma de posiciones y decisiones, pero también implica responsabilidad y rendición de cuentas. Es urgente cerrarle los caminos a la muerte, el terror y las lógicas de represalias en el país.
Debemos denunciar también que continúan las detenciones arbitrarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su cuenta, ha actuado en la liberación de 29 personas que estaban detenidas producto de las manifestaciones. La CIDH ha dado cuenta de la represión de grupos armados progubernamentales y de la policía y solicitó medidas para garantizar la vida e integridad de las personas.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestro apoyo al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Su trabajo es imprescindible para encontrar el camino de la verdad y justicia en el país. A su vez, el apoyo político y financiero a los trabajos del GIEI por parte de los países integrantes de este Consejo Permanente y de los observadores y la comunidad internacional es necesario para el cumplimiento de sus cometidos. Y lo agradecemos.

SON LOS HUMILDES LOS QUE HAN MUERTO


La Secretaría General de la OEA se compromete a mantener sus trabajos para que Nicaragua tenga un proceso electoral limpio y transparente. Seguimos trabajando en dicho sentido, y la semana pasada una delegación de la Secretaría General estuvo en el país para avanzar en estas tareas.

La Secretaría General sigue considerando que la realización de elecciones anticipadas es el mejor instrumento para resolver la polarización y la violencia que sufre el país. La represión nunca es un mecanismo sustentable para un país, la represión significa más pobreza, menos derechos, menos bienestar. La sana competencia democrática debe darse en un marco de elecciones justas y transparentes, en las cuales lo importante son los votos. No las muertes, ni los encarcelamientos arbitrarios, ni las armas, ni la violencia.

Reitero el máximo compromiso de la Secretaría General para apoyar soluciones democráticas, institucionales y en consonancia con el acervo normativo interamericano. Es la hora de recibir respuestas por parte del Gobierno y de los actores nicaragüenses. Los afanes de poder y de riqueza de las clases dominantes se pagan con la vida de las personas más humildes y de sus hijos.

Todas las muertes violentas son lamentables. A todas las condenamos. Pero hacemos ver que mientras que las élites alimentan el odio y el enfrentamiento, son los humildes quienes han muerto en Nicaragua como consecuencia de esa polarización. No hay derecho humano ni divino que permita sacrificar la vida y felicidad de las familias humildes en nombre de intereses políticos ni de clase.

SIN ACUERDOS HABRÍA MÁS SANGRE


Necesitamos respuestas urgentes. Sin respuestas urgentes no habrá soluciones democráticas ni en materia de derechos humanos. Sin estas respuestas que permitan soluciones nos enfrentamos a una única certeza: se verá correr más sangre en el país. A muchos nicaragüenses esta crisis les ha costado la vida.

En respeto a la memoria de esas víctimas, el Gobierno y los representantes de los sectores opositores tienen la obligación política y moral de llegar a acuerdos. Construir soluciones a partir de acuerdos políticos. Acuerdos de buena fe que permitan detener la espiral asesina, pacificar, reconstruir el país y vivir en la senda institucional, democrática, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos. El costo de no llegar a acuerdos urgentes y de buena fe es más sangre nicaragüense.

Del Gobierno esperamos respuestas a nuestras propuestas institucionales y de caminos democráticos. En las manos del Gobierno de Nicaragua se encuentra la posibilidad de tomar las iniciativas contundentemente democráticas que permitan expresarse al pueblo en las urnas.
Como Secretario General reitero mi llamado a la pacificación y al entendimiento entre compatriotas. Y una vez más urgimos el cese de la violencia, el cese de la represión y el cese de los asesinatos. Urgimos una salida democrática y en paz para Nicaragua.


Nosotros propusimos desde el comienzo una herramienta fundamental para cesar la violencia: la realización de elecciones anticipadas en el marco de un proceso electoral limpio y transparente. Para nosotros sigue siendo esencial trasladar el conflicto de las armas a las urnas. No fuimos entendidos en un principio por unos y ahora por otros tampoco. Por proponer elecciones fuimos acusados de complicidad, lo cual fue uno de los despropósitos políticos más grandes que hemos tenido que enfrentar en estos tres años que llevamos en la Secretaría General de la OEA. La propuesta nuestra de una solución democrática fue considerada blanda por aquellos que creían tener la fuerza para derrocar a Ortega.

Hoy el Gobierno cree tener controlada la situación de fuerza que se aplicó para derrocarlo y por lo tanto no tiene interés. Graves errores que le han costado vidas al pueblo nicaragüense, le han costado recursos que no tienen los pobres de Nicaragua. Ningún país es sustentable en clave de derechos, o en clave social y económica, si un gobierno pretende sostenerse sobre la base de la fuerza y la represión. Ningún país es sustentable si la ecuación política cae en una lógica de medir la fuerza por medio de la violencia.

hay que medir posiciones en las urnas


Seguimos considerando que la única manera de resolver esto es democrática. Son elecciones limpias y transparentes. Los trabajos de la Secretaría General de la OEA para reformar el sistema electoral e institucional en Nicaragua tienen que tener un propósito político. Darle la voz a la ciudadanía para que expresándose en las urnas pueda salir de esta crisis por sí misma.

Los otros instrumentos que promovimos, negociamos y auspiciamos: la CIDH y el GIEI solo seguirán siendo testigos de la violencia y la muerte, incluso testigos parciales de la violencia y la muerte, si no se resuelve la situación política. La CIDH tiene que salir hoy de aquí con un mandato claro de identificar todas, TODAS, las causas de la violencia, y referir qué acciones ha tomado para desactivarlas. La CIDH no puede seguir solamente corriendo atrás de la violencia. Tiene que tomar claras iniciativas de prevención para desactivar aquellas condiciones que potencialmente pueden generar víctimas.

Las denuncias que pueden levantar la CIDH y la Justicia que pueden traer las investigaciones del GIEI son esenciales para el futuro del país, pero el país solamente tendrá futuro si hay una solución política y democrática. Insistimos en la misma solución democrática y constitucional que dijimos al principio. Insistimos en que el pueblo mida sus posiciones en las urnas y no con las armas.


SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). EL 11 DE JULIO.

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