El Salvador
La crisis de la solución militar
El rápido y casi total agotamiento de los espacios de poder disponibles para una alternativa política por la paz condujo a un final de año en el que la inminencia de un reajuste de fuerzas entre los sectores dominantes amenazaba con extinguir las posibilidades objetivas para un progreso significativo del proceso de paz.
Equipo Envío
Los procesos ocurridos en El Salvador a lo largo de 1987 pueden ser divididos en dos fases, separadas por el acuerdo centroamericano de Esquipulas II. La primera fase marcaría una continuada expansión de la conflictividad sociopolítica que, en las circunstancias existentes, constituyó una agudización de la crisis bélica; la segunda fase representaría el desbloqueo coyuntural de una alternativa política por la paz. No pudo ser.
Enero - julio: la agudización de la crisis bélicaEl año comienza con la agitación causada por la decisión gubernamental de introducir un nuevo paquete de medidas fiscales, incluida una "ley del impuesto para la defensa de la soberanía nacional", popularmente tildada como "impuesto de guerra". Este impuesto cataliza simbólicamente el malestar generalizado de todos los sectores sociales: de los sectores bajos, porque el impuesto va encaminado a seguir financiando una guerra que no sólo reclama una cuota continua de vidas, sino que impide prestar atención a las necesidades básicas, cada vez más insatisfechas; de los sectores altos, porque consideran que el esfuerzo económico que se les exige no es correspondido en el terreno militar con una victoria que consideran fácilmente obtenible. El malestar muestra, también, las huellas del terremoto del 10 de octubre de 1986, frente al cual el gobierno mostró su incapacidad e inoperancia.
El 6 de enero, los diputados de oposición a la Asamblea Legislativa deciden declarar una "huelga parlamentaria" indefinida como muestra de rechazo a la manera de proceder de la mayoría demócrata cristiana. Esta huelga llevó a la suspensión del estado de sitio, que mes tras mes había sido renovado legislativamente durante siete años, y terminó en el mes de mayo. Mayor impacto que la huelga legislativa tuvo el paro decretado el 22 de enero por las principales asociaciones empresariales del país agrupadas en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para forzar al gobierno democristiano cambiar radicalmente su política económica. Para el capital y los grandes empresarios, la política gubernamental, tanto la reforma agraria, la del comercio exterior y la nacionalización del a banca como los sucesivos paquetes de medidas fiscales y monetarias, habría hecho más daño a la economía salvadoreña que la propia guerra y sería la causa principal de la crisis del país.
El paro empresarial, que coincidió con un paro al transporte decretado por el FMLN, logró un innegable éxito. Aun cuando oficialmente se indicó que los servicios del Estado funcionaron en un cien por ciento, el propio presidente Duarte reconoció que entre el 70 y 75% de los negocios habría seguido el paro en San Salvador.
El paro empresarial supuso una verdadera demostración de fuerza del capital salvadoreño y logró amedrentar una vez más el gobierno. De hecho, el 19 de febrero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el "impuesto de guerra", dando la razón así a la postura de la empresa privada y legitimando indirectamente su poder para "doblar el brazo" al gobierno, que se vio obligado a buscar por otros conductos el necesario financiamiento a la guerra.
Pero si el año comenzó con una fuerte confrontación entre el gobierno y los sectores empresariales, el acontecimiento de más de más trascendencia en el plano militar se dio el 31 de marzo, cuando el FMLN realizó una serie de acciones simultánea, la principal de las cuales fue ocupación y destrucción parcial de la 4a. Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Departamento de Chalatenango. El primer informe oficial reconoció un total de 69 efectivos muertos, entre ellos el de un asesor militar norteamericano, así como un centenar de heridos; el informe rebelde indicaba que la acción habría causado a la fuerzas gubernamentales no menos de 650 bajas, entre muertes y heridos.
Pero cualquiera que fuera el numero real de bajas, el hecho tenía una triple significación:
1. Frente a lo que habían estado declarando recientemente varios altos oficiales de la Fuerza Armada, el FMLN no se encontraba militarmente derrotados; por el contrario, mostraba estar militarmente tan fuerte o más que en ningún momento anterior a la guerra.
2. La destrucción de la guarnición de El Paraíso resultaba tanto más significativa cuanto que había sido cuidadosamente fortalecida tras su caída anterior, el 30 de diciembre de 1983. Con esta acción el FMLN demostraba que constituía un verdadero ejército insurgente, y no un simple puñado de rebeldes.
3. Una vez más se comprobaba así no sólo el "equilibrio dinámico" de las fuerzas militares en pugna, sino el estancamiento en que se encontraba la guerra y la inviabilidad de una victoria militar a corto y aún a mediano plazo.
Un tercer acontecimiento de gran importancia en esta primera fase de 1987 lo constituye la huelga declarada por el Sindicato del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (STISSS), que se extendería del primero de mayo al 3 de septiembre. La prolongación y violencia circunstancial de la huelga puso de manifiesto una situación económica insostenible, así como la radicalización creciente de ciertos sectores laborales organizados. Aunque el STISSS salió derrotado en sus pretensiones y tuvo que cargar tanto con el peso de las sanciones impuestas a varios de sus activistas como con la pérdida actual de buena parte de su apoyo social. La resolución de la huelga sirvió para desengañar a no pocos trabajadores sobre lo que podían esperar de la Democracia Cristiana.
Finalmente, un acontecimiento de gran impacto político fue el éxito obtenido en el área metropolitana de San Salvador por el 5o. y 6o. paros al transporte decretados por el FMLN en junio y julio respectivamente. A diferencia de paros anteriores, que sólo habían sido eficaces en las áreas de mayor control insurgente en el interior de la república, estos paros tuvieron una tremenda efectividad en la ciudad capital, lo que supuso una bofetada a la única política coherentemente desarrollada por el gobierno: la guerra, tanto la militar como la psicológica.
Mientras el ataque a El Paraíso y los paros al transporte mostraban la continuidad y aun profundización de la guerra bélica, el paro empresarial y la huelga del STISSS indicaban que la guerra y sus secuelas se iban expandiendo a nuevas áreas de la vida social agudizando la crisis nacional. El primer semestre de 1987 mostraba así el callejón sin salida en que se encontraba el país, forzado por el proyecto norteamericano a buscar una salida fundamentalmente militar al conflicto.
Agosto - diciembre: la irrupción de Esquipulas IIDesde la perspectivas de El Salvador, la firma del " Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica", más conocido como "Esquipulas II", el 7 de agosto de 1987 por los 5 presidentes centroamericanos representantes un hecho tanto más sorprendente cuanto que nada en el balance de fuerzas nacionales permitía anticiparlo, y el propio presidente Duarte había sido uno de los más obsecuentes gerentes de la política norteamericana de obstrucción a toda solución política que no supiera la rendición de los movimientos revolucionarios. Sin pretenderlo ni buscarlo, el gobierno salvadoreño encontró en Esquipulas II un balón de oxígeno en el momento en que más necesitaba y de él absorbió todo el aire que pudo. Pero ello mismo le obligó a hacer unas concesiones iniciales que le acarrearon nuevos problemas y que le llevaron a cerrar el año en medio del escepticismo y del rechazo de la mayor parte de los sectores sociales.
Evidentemente, el FMLN tenía que mostrarse reacio a aceptar la letra del acuerdo de Esquipulas II, sobre todo teniendo en cuenta que niega legitimidad a cualquier grupo "irregular" en el área centroamericana, a pesar de que abre una sutil posibilidad de tratar a los insurgentes salvadoreños como un movimiento de naturaleza diferente a la "contra" nicaragüense. Más aún, el FDR/FMLN podía argüir con razón que a finales de mayo había presentado una nueva propuesta de paz, articulada en 18 puntos, a la cual el gobierno democristiano no había dado respuesta alguna. Sin embargo, y sin aceptar en ningún momento la totalidad de Esquipulas II, el FMLN reconoció lo que deposito aporta al proceso centroamericano y aceptó de hecho la oportunidad que le ofrecía para reanudar el diálogo con el gobierno, dinámica muy anterior a Esquipulas II.
De agosto a noviembre, la exagerada expectación sobre Esquipulas II provocó, sobre todo de parte de los europeos, una presión muy fuerte para que el FMLN-FDR aceptara la literalidad de los acuerdos, deponiendo las armas y acogiéndose a la amnistía. Lo mismo pedía Europa de la URNG. Poco a poco se fue imponiendo el realismo de aceptar lo específico del proceso de cada país.
La apertura coyuntural de las dos partes contendientes al diálogo hizo posible que el 5 y 6 de octubre se tuviera una reunión al más alto nivel en la Nunciatura de San Salvador. Como en las dos oportunidades anteriores (La Palma y Ayagualo), la nueva ronda de diálogo permitió a la población salvadoreña conocer más de cerca las posiciones del FDR/FMLN y despojarlas del aura del "demonización" en que las envuelve la propaganda oficial. El diálogo puso de manifiesto el abismo que separa a ambas posiciones así como la estrechez de los límites de poder entre los cuales tiene que moverse el gobierno para negociar. Por su parte, el FMLN se negó a limitar la discusión al cese del fuego que, desde su perspectiva, supondría una aceptación del planteamiento de Esquipulas II y, por tanto, su legitimidad, y pretendió debatir más bien la totalidad del conflicto político-militar. De ahí que el diálogo en la Nunciatura no llevó a más conclusiones que a la decisión de seguir dialogando, lo mismo que su continuación en Caracas, dos semanas más tarde. El que no se rompiera la cuerda del diálogo mostró la necesidad política que tienen ambas partes de no aparecer ante la opinión pública nacional e internacional como los culpables de no llegar a una solución pacífica al conflicto salvadoreño.
Con todo, el recrudecimiento de la actividad represiva en el país y, en particular, el asesinato del coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (no gubernamental), Hebert Anaya Sanabria, representó el tirón final que rompió la cuerda y, más probablemente, oportunidad para justificar su ruptura: el FMLN decidió suspender provisionalmente una nueva reunión acordaba para México, y el gobierno de Duarte, al que le faltaba el mínimo de aire para seguir cualquier tipo de negociación seria, aferró apresuradamente a su suspensión definitiva, alegando el cumplimiento de Esquipulas II y la falta de voluntad de los insurgentes.
Cerrado el peligroso "frente" del diálogo, el gobierno pudo defender con más tranquilidad la amplia ley de amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de octubre. La ley exime por igual a los rebeldes políticos y a los responsables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país, con la excepción (teórica) de los asesinos de Monseñor Romero. De hecho, la aprobación de la amnistía refleja un aparente acuerdo entre el gobierno y la Fuerza Armada de que se haría borrón y cuenta nueva de las violaciones atribuidas a los militares, y que incluyen masacres tan masivas como las del Sumpul o El Mozote. La promulgación de una caricaturesco cese al fuego unilateral redondeó el cumplimiento formal del gobierno salvadoreño de los acuerdos de Esquipulas II, llenando así su expediente y salvaguardando las apariencias ante el foro internacional.
Como trasfondo de estos procesos políticos, se produjo un grave recrudecimiento del sabotaje bélico. El accionar guerrillero puso al sistema de distribución energética del país al borde del colapso, obligando a serias restricciones con serios perjuicios al sistema productivo y con formidables embotellamientos del tráfico metropolitano. Así mismo, el FMLN atacó centros de producción agropecuaria y de productos tradicionales de exportación, deteriorando aún más la ya débil base económico del país.
En la segunda quincena de noviembre, llegaron al país los principales dirigentes del FDR, Guillermo Manuel Ungo (Movimiento Nacional Revolucionario, MNR) y Rubén Zamora (Movimiento Popular Social Cristiano, MPSC), declarando expresamente que lo hacían en su carácter de ciudadanos salvadoreños con todos los derechos, y no acogiéndose a la amnistía declarada por el gobierno. El 29 de noviembre, en un acto público, el MNR, el MPSC y el recién formado Partido Social Demócrata(PSD), dirigido por el Dr. Reni Roldán, formaron la Convergencia Democrática, que se presenta como una alternativa que pretende abrir nuevos espacios a la acción de la izquierda democrática y capitalizar políticamente la insatisfacción de amplios sectores sociales con las opciones partidistas disponibles en el espectro legal salvadoreño.
La presencia y la actividad de Ungo y Zamora en el país pusieron a tensa prueba las relaciones entre el gobierno y los sectores más conservadores del capital y de la Fuerza Armada, que incluso amargaron con llegar a un golpe de estado cuando el gobierno volvió a reabrir la herida del asesinato de Monseñor Romero, que involucra a varios militares.
Al finalizar 1987, Democracia Cristiana gobernante se encontraba con una situación conflictiva en todos los frentes: roto el diálogo con los insurgentes, perdido el apoyo de los sectores populares que le ayudaron a subir el poder, desprestigiada por su incapacidad política frente a los problemas más básicos y por su manifiesta corrupción, rechazada sistemáticamente por el gran capital, que le acusa de la crisis económica del país, sin poder alguno frente a la Fuerza Armada, que sólo por la presión norteamericana la tolera. Ni siquiera en su propias filas encuentra reposo, ya que se desangra por la gravísima división los partidarios de Rey Prendes y de Chávez Mena. Si a ello se añade el creciente resurgimiento del accionar de los escuadrones de la muerte se llegó a un a fin de año con un gobierno agotado, sin recurso políticos ni morales para otra cosa que no sea buscar un resultado menos negativos en las elecciones venideras.
El equilibrio interno de fuerzas, de no experimentar cambio alguno, amenaza con ahogar los logros de Esquipulas II e incluso con revertir su intencionalidad y convertirse en justificación para proseguir la guerra, alegando que la vía política del diálogo ha fracasado. Sin duda, ahi apuntan los esfuerzos del gobierno norteamericano.
La situación económica: un gran deterioroEl terremoto del 10 de octubre hizo que el ejercicio de 1986, ya magro en logros y generoso en fracasos, terminara en un serio descalabro económico, apenas paliado por la continua transfusión de dólares norteamericanos o de otras ayudas internacionales, pronto absorbidas por la guerra y la rampante corrupción. A lo largo de 1987, una vez más, el grueso del presupuesto oficial tiene que dedicarse a los gastos militares, a expensas de necesidades más fundamentales de educación, viviendo o salud.
Ahora bien, el presupuesto oficial no da una idea adecuada sobre lo que se come la guerra. Porque, prescindiendo de partidas disfrazadas, secretas o adicionales, El Salvador ha estado recibiendo la ayuda norteamericana que, en su globalidad, constituye el equivalente a otro presupuesto. Un informe presentado por los senadores Hatfield, Leach y Miller al "Arms Control and Foreign Policy Caucus" en noviembre del presente año de 1987, llega entre otras a las siguientes conclusiones:
(1) "Por primera vez en la historia de la ayuda norteamericana a otros países, la ayuda de los Estados Unidos a El Salvador en el presente año excede la contribución propio país a su presupuesto: la ayuda estadounidense para el año fiscal de 1987 es de 608 millones de dólares, equivalentes al 105% de los 582 millones de dólares contribuidos por El Salvador a su propio presupuesto. Aun excluyendo el desembolso de la ayuda circunstancial por el terremoto, El Salvador se aproxima al récord de dependencia de la ayuda norteamericana alcanzado por Vietnam del Sur en el climax de la guerra del Vietnam.
(2) En 1987, tres dólares de la ayuda estadounidense se destinaron a la guerra y sus efectos por cada dólar destinado a remediar sus causas. Aunque esta proporción está por debajo de la relación de 4 a 1 de 1985, el presupuesto solicitado por el gobierno para 1988 refleja una relación de 3.5 a 1. Se continúa así usando la ayuda "económica" para apoyar el esfuerzo bélico.
(3) Sigue produciéndose en empleo indebido de la ayuda estadounidense así como la corrupción en programas financiados con ella.
(4) A pesar de que las leyes de Estados Unidos prohiben usar la ayuda económica y alimenticia con fines militares, obtuvimos un documento que prueba que los militares salvadoreños tienen poder directo sobre el principal programa de 'acción cívica' financiado por los Estados Unidos.
Sin duda, los problemas que la economía salvadoreña ha enfrentado en 1987 no son exclusivamente atribuibles a la guerra: mundial del café, que representa más del 50% de las exportaciones totales del país, ha sufrido una fuerte baja (de U.S.$190/ en quintal en 1986 a U.S.$110/quintal en 1987), lo que lleva a un notable saldo negativo de la balanza comercial; el país ha experimentado una fuerte sequía, que ha afectado tanto sus reservas hidroeléctricas como la cosecha de granos básicos; y la ayuda extranjera prometida con motivo del terremoto, con la que se contaba para el programa de inversiones públicas, ha llegado con mucha lentitud al país. Cabe asumir, entonces, que en 1987 el PIB por seguido declinando en El Salvador.
La política económica gubernamental perseguía en 1987 dos grandes objetivos: la estabilización, sobre todo reduciendo la tasa de inflación, y la reactivación. La medida quede la inflación ofrece el índice de precios al consumidor apunta a un cierto éxito del primer objetivo. Sin embargo, no es que el nivel de precios se haya reducido, sino que crecido menor que los dos años anteriores.
De hecho, el creciente costo de la vida ha sido repercutiendo acumulativamente en el deterioro de las condiciones del salvadoreño y, mientras los precios de los productos básicos han seguido subiendo, los salarios se han quedado congelados. Con base a 1978, un salario nominal de 15 colones en el área metropolitana de San Salvador equivaldría a un salario real de 3.79 colones. Según el Ministro de Economía, el valor de la "canasta básica familiar" para el mes de marzo, en que se han calculado los salarios reales, ascendía a 1.770.88 colones. Prescindiendo de la población aquejada por el desempleo -entre subempleados y desempleados podría ser el 65% de la PEA- es claro que un elevado porcentaje de la población activa empleada ha tenido que encontrar imposible adquirir canasta básica, que representa cuatro veces el valor del salario mínimo para los trabajadores del comercio, industria y servicios, y más siete veces para los trabajadores del sector agropecuario. Esta situación, en lugar de tender a mejorar, se ha seguido agravando a lo largo de 1987.
Frente a esta situación y aprovechando el espacio abierto para la protesta por las exigencias del proyecto de contrainsurgencia norteamericana, nada es extrañar que se hayan multiplicado los conflictos laborales. Así, a lo largo del año se han producido 46 paros en el sector privado y 54 en el sector público, y no menos de 55 movilizaciones públicas. Sin embargo, ni cuantitativa ni cualitativamente se puede afirmar que esta agitación haya significado un desarrollo del movimiento laboral. Más bien, si se compara con la trayectoria seguida el año anterior, cabe pensar que se ha producido un retroceso en la organización de los trabajadores.
a) Aunque ha habido muchas movilizaciones, el número de los participantes ha ido en disminución. Movilizaciones como la del 1o. de mayo, en condiciones objetivas y subjetivas favorables para protesta reivindicativa, apenas lograron reunir entre cinco y diez mil trabajadores en San Salvador.
b) Se ha producido un continuo desmembramiento y división entre las organizaciones laborales, claramente propiciado por el gobierno y por el Instituto Norteamericano para el Sindicalismo Libre (IADSL). Y, aunque probablemente ha aumentado el número de absoluto de organizaciones laborales y de trabajadores organizados en uno u otro grupo, este crecimiento no ha sido capitalizado en beneficio de las clases trabajadoras.
La razón de este retroceso cabe atribuir a la politización y radicalización seguida por la principal organización laboral, la Unión Nacional de Trabajadores (UNTS), con el consiguiente temor de muchos de que se pudiera volver a la situación de violencia y represión generalizadas que se vivió en 1980-1982. Al parecer, la UNTS consideró en sus análisis que la radicalización de la protesta laboral constituiría un estimulo para la lucha reivindicativa y una escuela de lucha política. De hecho, la UNTS empezó a anteponer las demandas políticas a las estrictamente reivindicativo-laborales, y la protesta violenta a la manifestación pacífica. El resultado de esta estrategia parece a alguna analista negativo en conjunto. Aunque se haya conseguido ciertamente aglutinar un grupo laboral de gran combatividad, este grupo representaría una minoría, sin poder de convocatoria o atracción sobre la mayoría del los trabajadores. Más equilibrado nos parece afirmar que el reto de superar tanto una radicalización ultra-izquierdista como una masificación reinvindicacionista esta abierto y no es sencillo.
1 Bajas reportadas por "Radio Venceremos" hasta el 27 de diciembre.
La situación militar y la guerra sicológicaLos dos cuadros presentan los informes de ambas partes acerca de las bajas experimentadas en la guerra durante el último año en comparación con el año anterior. La disparidad den los datos es relativamente normal. Aunque se aceptaran las cifras más bajas (las ofrecidas por la Fuerza Armada), se puede apreciar la magnitud de la guerra: 3.285 bajas en un ejército de aproximadamente 55.000 hombres, representa un 6%, que se convierte en un 14.7% en caso de que las cifras reales fueran las ofrecidas por el FMLN. En un caso, el incremento de bajas a la Fuerza Armada sobre las sufridas en 1986 es del 22%, mientras que en otro es del 31.3%. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fuerza Armada, el incremento de bajas causadas al FMLN en 1987 frente a las de 1986 sería del 3.7%. Como el FMLN no informa sobre sus propias bajas, la única cifra disponibles es la ofrecida por la Fuerza Armada.
La propaganda oficial, insistentemente repetida a través de los medios de comunicación, trata de presentar al FMLN como una "banda de terroristas", incapaces de presentar batalla militar y, por tanto, dedicados al sabotaje y terrorismo contra la población civil. Pero un examen objetivo de la situación y de la evolución de la guerra contradice esta imagen.
Hay cuando menos cuatro indicadores objetivos de que el FMLN constituye una verdadera fuerza militar, incluso más identificable con un ejército formal que con la idea que se tiene de un grupo guerrillero:
a) La toma y destrucción del a 4a. Brigada de Infantería de El Paraíso el 31 de marzo de 1987.
b) El número de bajas causadas a la Fuerza Armada, incluso de acuerdo a las cifras de la propia Fuerza Armada.
c) El número de bajas causadas a la Fuerza Armada, incluso de acuerdo a las cifras de la propia Fuerza Armada.
d) El que los altos jefes militares salvadoreños acudan periódicamente a los Estados Unidos para solicitar más ayuda militar y el que el propio gobierno estadounidense siga aprobando una masiva ayuda militar para el ejército salvadoreño. Si el FMLN "ya estuviese militarmente derrotado" o si fuera simplemente una "pequeña banda de terroristas", ¿qué sentido tendría esta ayuda masiva?.
Aunque la acción militar más llamativa del FMLN fue la destrucción de la guarnición de El Paraíso, su operar más consistente se ha centrado en golpes de pequeña y mediana envergadura: emboscadas, ataques a puestos de vigilancia, enfrentamientos sorpresivos. La ventaja de esta estrategia escriba en que permita al FMLN mantener un presencia efectiva en prácticamente todos los rincones del país; su desventaja es más de orden político, ya que se trata de golpes poco llamativo, por lo general sin impacto en la opinión pública. Los números no engañan y los números indican que, a pesar de la innegable mejoría militar experimentada por la Fuerza Armada, el FMLN le ha infligido un mayor número de bajas que en estos años anteriores, con lo que estaría logrando el objetivo estratégico que se planteó desde 1985: el desgaste de la columna vertebral del régimen, la Fuerza Armada, haciéndole cada vez más difícil la reposición de sus bajas.
Si estos datos muestran un afianzamiento e incluso un crecimiento del accionar insurgente, hay datos que muestran también la mejoría militar de la Fuerza Armada. El ejército ha seguido desarrollando su movilidad militar y su capacidad para mantener casi en forma permanente operativos de mediana y aún de gran envergadura, impidiendo enclaves guerrilleros permanentes y obligando a las fuerzas del FMLN a una más continua movilidad. Simultáneamente se ha visto obligado a prestar vigilancia a los principales centros de producción y a los puntos cruciales de los sistemas de comunicación y distribución del país, sin por ello reducir significativamente el operar ofensivo.
Siguiendo las exigencias de la estrategia propia de los "conflictos de baja intensidad", la Fuerza Armada ha intensificado la llamada "guerra psicológica", cuyo objetivo es ganar "la mente y corazones" de la población civil, sobre todo de aquella que se encuentra en las principales zonas conflictivas o de aquella que puede simpatizar con los insurgentes y quebrantar la moral de los propios combatientes rebeldes.
Es un error pensar que la guerra psicológica se limita a acciones de propaganda; la guerra psicológica es la heredera directa de la llamada "guerra sucia", y sus mecanismos incluyendo tanto las campañas propagandísticas como las acciones de amedrentamiento y aún de aterrrorización. El recurso principal de que se vale guerra psicológica es la inducción del sentimiento de inseguridad en las personas y grupos y el ofrecer consiguientemente como "tabla de salvación" la protección, apoyo y ayuda de la Fuerza Armada. Por ello el cantón hoy hostigado militarmente por su presunto apoyo a la guerrilla, será mañana visitado por una acción cívico-militar que proporcionará a los habitantes alimentos y ayuda médica, para volver a atacarles a los pocos días o a apresar selectivamente a algunos de su líderes, a quienes se soltará tras haberlo amedrentados. Así, recibiendo premios y castigos en forma absolutamente condicionada al juicio de la Fuerza Armada, las poblaciones se sienten inseguras frente a la prepotencia de un juez supremo ("la autoridad"), cuya hostilidad vuelve la vida insoportable, pero cuya benevolencia exige el pago de una sumisión total.
Entre las campañas propagandísticas promovidas por la Fuerza Armada de cara a la población civil e, incluso, a la opinión pública internacional, está la campaña sobre las minas. Sin duda, las minas son una de las principales armas con que cuenta el FMLN para su accionar estrictamente militar, y voceros de la Fuerza Armada han reconocido repetidas veces que las minas son responsables de por lo menos la mitad de las bajas sufridas. Ahora bien, es indudable que las minas causen también víctima inocentes entre la población civil. Este hecho es el que ha sido recogido, magnificado, caricaturizado y utilizado profusamente por la propaganda de la Fuerza Armada, acusando al FMLN de violador de los derechos humanos de la población civil afectada. A las minas del FMLN se le han atribuido víctimas propias ajenas, víctimas de las minas o de cualquier otra arma, víctimas reales y ficticias. La presentación ambiguamente situada en el espacio y en el tiempo de las presuntas víctimas de las minas a través de los medios de comunicación, ha logrado transmitir la idea de que el húmero de esas víctimas es muy superior al que realmente es, e incluso de que la población civil y no la militar es su principal blanco.
Más allá del éxito psicomilitar logrado por esta campaña, es tanto nacional como internacional (y un reflejo de ello se puede encontrar en el informe presentado por el relator de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Dr. Pastor Ridruejo), su gravedad radica en al manipulación de los derechos humanos con un objetivo estrictamente militar. De hecho, la Fuerza Armada ha utilizado también las minas y, como ha sido probado en varios casos (ver informe de "Americas Watch"), sus minas han producido también víctimas de la población civil. Su finalidad, entonces, no estriba en eliminar totalmente la utilización de las minas y así proteger a la población civil, sino en evitar que el FMLN use las minas, que afectan gravemente a la Fuerza Armada.
La guerra psicológica y, en particular, la campaña de las minas son un caso concreto sobre la política de derechos humanos y su evolución en El Salvador a lo largo de 1987. La idea directriz ha sido el buscar su respeto más en la imagen en la realidad, más como concesión a las exigencias del foro internacional que como convicción transformadora de las estructuras responsable de su violación. De hecho, no se ha logrado desmantelar ninguna de las estructuras represivas existentes y muchos menos someterlas al veredicto de la justicia. Por el contrario, los cuerpos de seguridad han seguido practicando sistemáticamente la tortura a los presos políticos, en general, aunque de manera menos salvaje que al comienzo de la guerra. La lista de muertos y desaparecidos a lo largo del año, y la mayoría de ellos a manos de los escuadrones de la muerte", sin llegar a los niveles de 1981 ó 1982, presenta todavía un nivel superior a los años todavía a la guerra, cuando el gobierno de El Salvador fue condenado como violador de los derechos humanos en todos los foros internacionales.
Uno de los aspectos más graves de la situación de los derechos humanos constituye la población de desplazados y refugiados. Bajo diversas presiones, incluidas las del gobierno hondureño y del mismo ACNUR, y al amparo de los espacios políticos abiertos recientemente, en particular con motivo de Esquipulas II, aproximadamente 9,000 refugiados salvadoreños han regresado al país.
El retorno más significativo lo constituyó el de un grupo de aproximadamente 4,300 salvadoreños que se encontraban refugiados en Mesa Grande (Honduras), el 10 de octubre. El significado de este retorno es triple: a) es comunitario y masivo; b) se hace a incitativa y presión de los propios interesados, a las que se tuvo que plegar el gobierno salvadoreño ; y c) se orienta hacia los lugares de origen o a lugares próximos a ellos en las zonas conflictivas de los Departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango.
En todos los casos, los repobladores -desplazados o refugiados- son sometidos por la Fuerza Armada a la política de guerra psicológica contrainsurgente, lo que significa un continuo hostigamiento, capturas arbitrarias, maltratos, "cercos sanitarios" que impiden el paso de visitantes, alimentos y medicinas, y que controlan e interfieren los movimientos de los propios pobladores. En ocasiones, las repoblaciones han vuelto a ser objeto de bombardeos, morteros y, ciertamente de cateos y registros. Los representantes de la Iglesia o de organismos humanitarios que desarrollan su labor en esos lugares son particularmente sometidos a este tipo de guerra psicológica y sobre sus vidas pende una permanente amenaza, transmitida directa o indirectamente.
En conjunto, la Fuerza Armada ha fracasado en su intento de aislar al FMLN a través de una estrategia similar a la empleada en Guatemala (aldeas estratégicas) y que en El Salvador fue el Plan "Unidos para Reconstruir". La repoblación de zonas de guerra (de control o en disputa) con masas domesticadas y convertidas de hecho en una amplia base paramilitar no ha tenido éxito.
El desgaste del Gobierno y del PDCCon una acertada caracterización, el Dr. Rubén Zamora sintetizó en una frase el desgaste experimentado por el PDC a lo largo de sus últimos meses en el poder: "Este gobierno tiene la rara virtud de ganarse la enemistad" de todos los grupos y sectores sociales".
a) Ante todo, el PDC goza de la abierta oposición del capital y de los sectores empresariales más poderosos, que le achacan haber destrozado la economía del país a través de las reformas; el paro empresarial del 22 de enero e incluso el llamado a un golpe de estado a través del MAN (Movimiento Acción Nacional) son quizás las expresiones simbólicas más claras de esta oposición.
b) El PDC sigue sin lograr ganar la simpatía de la oficialidad de la simpatía de la oficialidad de la Fuerza Armada, que más bien soporta su presencia como un mal necesario para recibir la ayuda norteamericana. La dirección de la guerra no depende ni pasa por el gobierno, ni siquiera por el presidente Duarte, constitucionalmente "Comandante en Jefe".
c) Tras la ruptura pacto social por parte de la UPD, que ayudó a Duarte a ganar las elecciones de 1984, la mayor parte de los grupos populares que en un momento se mostraron simpatizantes del gobierno fueron retirándole su apoyo. Ello sin contar a los grupos sindicales de abierta oposición, como la UNTS o de otras federaciones, todos ellos afectados por la continuación de la guerra y por una política económica insensible de hecho a las necesidades más graves de la población.
d) En diciembre, el partido Acción Democrática, que hasta ese momento había compartido (bien es verdad que en forma casi simbólica el gobierno con el PDC, rompió su alianza acusando a la dirección democristiana de llevar una política inaceptable. Obviamente, esta ruptura tenía un claro sentido electoralista, pero muestra que hasta un partido sin entidad ni seguidores prefiere mostrar al electorado su independencia que su vinculación con el partido en el poder.
e) Por supuesto, el enemigo mayor del partido en el gobierno lo constituyen las fuerzas de oposición, el FDR/FMLN, que incluso ven en Duarte y su gobierno un enemigo de más importancia que el de ejecutor del proyecto norteamericano.
Resulta interesante que el desacuerdo se ha extendido al propio interior del PDC. El progresivo enquistamiento en la cúpula del poder de un pequeño grupo de dirigentes democristianos, conocidos como "la argolla", sordo al diálogo y prepotente en su actuaciones intrapartidistas, ha producido lo polarización de los miembros del PDC alrededor de dos candidatos presidenciales, el Lic. Adolfo Rey Prendes (miembro y representante de "la argolla") y el Dr. Fidel Chávez Mena, polarización que ha llegado hasta la confrontación violenta y el asesinato, con el consiguiente enajenamiento de partidarios. En todo caso, la división interna del PDC muestra el deterioro político del partido tras siete años en el poder.
El gobierno salvadoreño ha contado con mucho más apoyo fuera que dentro del país, entre gobiernos extranjeros que entre su propia población. El apoyo de los Estados Unidos, sobre todo mediante su ayuda económica y su control la Fuerza Armada, ha constituido el poder decisivo que ha permitido a la Democracia Cristiana mantenerse en el gobierno. Ahora bien, este apoyo norteamericano en ningún aspecto ha sido gratuito o desinteresado, sino que se ha dado a costa de la soberanía nacional salvadoreña. De hecho, el gobierno de Duarte se ha convertido crecientemente en un gestor del proyecto norteamericano hacia El Salvador y, en general, hacia Centroamérica: de su programa político inicial ha podido avanzar en aquellos puntos en los que coincidía con el plan norteamericano, pero se ha estancado en aquellos otros en los que no coincidía. Así por ejemplo, ha podido darse un progreso en el respeto a los derechos humanos, necesarios para justificar la masiva ayuda de todo tipo ante el Congreso norteamericano y ante los gobiernos de otros países, pero no ha podido progresar en la finalización de la guerra o en la búsqueda de soluciones no militares, contrarias al proyecto estadounidense.
Como se sabe, el actual gobierno salvadoreño y la Embajada de los Estados Unidos consideran (al menos en su discurso) que con las reformas establecidas desde 1980 ya se han realizado aquellos cambios socioeconómicos básicos que garantizan unas nuevas estructuras sociales, más justas y humanas, como base para la vida democrática. Sobre este punto, 1987 no ha supuesto ningún cambio esencial: las reformas, particularmente la reforma agraria, siguen estancadas, sin posibilidades objetivas de beneficiar significativamente a la población, por falta de oxígeno político y técnico. Todas las evaluaciones objetivas coinciden en señalar el fracaso global de la reforma agraria, independientemente de lo razonable de sus objetivos en casos aislados o a sectores muy reducidos del campesinado. En no pocos casos, incluso, el llamado "sector reformado" se encuentra en condiciones socieconómicas significativamente peores que con anterioridad a la reforma. No es de extrañar, así, que varias de las cooperativas "reformadas" se encuentren entre los grupos organizados más combativos, con frecuencia en contra de la política gubernamental.
A finales de año, el gobierno anunció su intención de realizar la segunda fase de la reforma agraria. Sin duda, este anuncio tenía una clara finalidad política: la de ganar algunas simpatías para el venidero proceso electoral. El anuncio levantó una ácida polémica con las organizaciones agrupadas en ANEP que mantenían que, "antes de entrar a un segunda etapa de la Reforma Agraria en El Salvador, deben evaluarse los resultados de la primera etapa, como medida indispensable para encontrar alternativas de solución a la grave crisis que envuelve al país en el campo económico-social". Sin embargo, esta oposición cerrada refleja mucho más la intransigencia polarizada del gran capital y de la empresa privada salvadoreña respecto a las reformas que la trascendencia objetiva de lo que se pretende realizar.
Con todo, se ha abierto un importante espacio para el debate público, que ha permitido la expresión pública de posturas contrarias a la gestión gubernamental y al proyecto norteamericano, tanto por la derecha (que siempre ha gozado de esa libertad) como de la izquierda. Uno de los desarrollos más notables en este ámbito ha sido el de los noticieros televisivos, que han proliferado en el país y que ofrecen a la población salvadoreña una información bastante independiente sobre los acontecimientos, así como la oportunidad de escuchar todo tipo de opiniones sobre los procesos nacionales e internacionales.
La consecuencia más significativa de esta apertura política, sin duda relacionada también con la dinámica inducida por Esquipulas II, pero con antecedentes, es el retorno transitorio al país de los líderes del FDR, Guillermo Manuel Ungo y Rubén Zamora, así como la formación de la alianza política Convergencia Democrática, integrada por el MNR, el MPSC el PSD, espacio nuevo en el que intentará maniobrar el gobierno de Estados Unidos: ¿Separar al FDR del FMLN? ¿Cooptación de alguno de estos partidos para resucitar un programa como el de la Junta e 1979? De momento, la misma visita de Ungo y Zamora puso de manifiesto las gravísimas limitaciones e los espacios políticos abiertos, limitaciones verificables en las declaraciones y amenazas expresadas por el gobierno, en las críticas y advertencias hechas por ciertos voceros de la Fuerza Armada, en el rechazo abierto de ciertos partidos políticos y grupos representativos del capital, así como en las amenazas directas recibidas por los propios interesados. sin embargo, la formación misma de la Convergencia expresa una apertura insospechable he apenas un par de años en la realidad salvadoreña.
Cabe añadir que, en este ámbito de mayor libertad, la Jerarquía católica salvadoreña ha seguido marginándose respecto a un influjo significativo en los procesos del país. A pesar de mantener un discurso relativamente independiente y crítico, la palabra oficial de la Iglesia se ha vuelto ineficaz, cuando no fácilmente aprovechable por el régimen. Incluso el papel de mediador entre las partes en conflicto asumido por Mons. Rivera y Damas ha representado más bien una justificación para la inhibición y la ineficiencia que una oportunidad para orientar crítica y constructivamente los procesos del país desde la perspectiva de las mayorías populares. Hay cansancio en varios obispos en lugar de la incansable actividad en pro de la justicia y de la paz que de ellos se podría esperar. Hay también fuertes vaivenes en su pronunciamientos y las consecuencias de ellos se traducen en confusión entre quienes esperan de ellos precisamente claridad y coherencia. La Iglesia Salvadoreña en su conjunto sigue, sin embargo, más cerca que lejos del pueblo que sufre y aún del que lucha.
En este contexto político llegó Esquipulas II. El gobierno salvadoreño, despertado de la sorpresa de haber firmado en Guatemala un documento que la enfrentaba a Estados Unidos y que le obligaba a tomar una serie de decisiones para las que no contaba con suficiente poder, trató de resolver el expediente en la forma más rápida posible, con la mira puesta en salvar su responsabilidad más que en resolver los problemas. Así, formó una Comisión Nacional de Reconciliación marcadamente monocolor que por sí misma garantizaba su ineficiencia y su incapacidad para lograr realmente el cometido que se le asignaba.
Más dificultad todavía encontró el gobierno para decretar una ley de amnistía; ello le requirió una difícil negociación con la Fuerza Armada, que la aceptó a regañadientes, pero exigió a cambio un absoluto "borrón y cuenta nueva" con cualquier tipo de reclamo sobre pasadas violaciones a los derecho humanos, incluidas las masacres colectivas realizadas por la Fuerza Armada a lo largo de la guerra.
En el diálogo gobierno-FDR/FMLN, el gobierno fue a las conversaciones sin más voluntad que la de cumplir el expediente de Esquipulas ni más poder que el de lograr un alto al fuego, mientras que el FDR/FMLN fue sin más voluntad que la de discutir la totalidad del problema o no discutir nada. En estas condiciones, obviamente, el diálogo no podía conducir a ninguna parte. El asesinato de Herbert Sanabria fue la disculpa que permitió al FMLN romper las conversaciones, y al gobierno salir apresuradamente airoso y aliviado de ellas. El cese al fuego unilateral y limitado que declaró el gobierno más tarde, y que rompió la misma Fuerza Armada a los pocos días con una disculpa trivial, fue ya una caricatura que a nadie engañó pero que, de nuevo, sirvió para llenar al expediente formal.
En síntesis, el gobierno salvadoreño dio cumplimiento formal a los acuerdos de Esquipulas II, más preocupado por llenar el expediente que por resolver los problemas. Cabria aplicar en este caso el dicho de que "la letra mata el espíritu": se realizaron las medidas programadas en los plazos exigidos, pero con la vista más en la imagen que en la realidad, con el interés puesto más en las cámaras que en los afectados por los problemas.
La insoportable carga de la guerraCualquiera que sea la perspectiva desde la que se analizan los procesos actuales que se dan en El Salvador, se imponen la evidencia de que la realidad más englobante y definitoria es la guerra. La guerra civil sigue siendo el proceso que define y da sentido último a lo que ocurre en el país, el marco en el que se inscriben las diversas fuerzas sociales o los diversos intentos por resolver los problemas, sectoriales o globales.
Ahora bien, si algo ha vuelto a probar sobradamente 1987 es que la guerra no conduce a ninguna parte, y menos no conduce a ninguna parte y menos a la solución del conflicto salvadoreño. Ni la Fuerza Armada ni el FMLN están en capacidad de obtener una victoria militar en un plazo previsible y, aunque fueran capaces de obtenerlo, quedaría por lo mismo garantizada la continuidad de una guerra, bien fuera mediante el resurgimiento de nuevos grupos rebeldes, bien fuera mediante una "contra" que, a diferencia de Nicaragua, ni siquiera tendría que ser creada pues ya existe. Este estancamiento no significa que no se den cambios en la situación bélica; pero los cambios que se observan son de orden creciente en ambos bandos; es decir, el desarrollo de la capacidad combativa y destructiva de los dos contendientes. Y lo único que garantiza este crecimiento es una mayor destrucción del país y sus escasísimos recurso.
El empecinamiento y estancamiento en la guerra se debe, primero y fundamentalmente, al obcecamiento del gobierno norteamericano por exigir una solución militar en el área y, por tanto, a su bloqueo sistemático a toda alternativa que no incluya la desaparición del movimiento revolucionario y, en concreto, del FMLN. Estados Unidos impone su proyecto al gobierno salvadoreño sobre todo a través de su control de la Fuerza Armada y como pago a su masiva ayuda política y económica que, en definitiva, ha sido el único soporte con que el gobierno de Duarte ha podido contar consistentemente a lo largo del año. La modalidad de guerra seguida al pie de la letra en El Salvador viene dictada por la doctrina de los "conflictos de baja intensidad"; de ahí que los espacios políticos que se han abierto en el país responden a esa estrategia contrainsurgente y, por tanto, a ella se han supeditado.
Ahora bien, la prolongación de la guerra se debe también a la convicción del FMLN o, por lo menos, de algunos de sus grupos, de que sigue acumulando fuerzas y de que, si logra quebrantar la voluntad norteamericana de seguir apoyando a la Fuerza Armada, le es posible una victoria a militar. Lentamente, ambos contendientes militares están convencidos de que el tiempo les favorece y de que la continuidad de la guerra les llevará, antes o después, a inclinar la balanza a su favor.
1987 ha mostrado más patentemente que nunca la contradicción en que se debate el país: verse forzado a luchar una guerra de la que se sabe que en vez de traer la solución al conflicto, tiende a agravarlo más y más y a volver cada vez más difícil su resolución. Para el gobierno, la contradicción es, si cabe, más grave, puesto que lucha la guerra para sobrevivir en el poder (es la condición para el apoyo norteamericano, su única base de poder), pero es la guerra la que le impide lograr algún éxito, lo que supedita sus políticas al juicio militar y aún gremial de la Fuerza Armada y, por tanto, la que precipita al fracaso de su gestión cuando no su caída.
La luz de Esquipulas IIEn este contexto de guerra impuesta y sin horizonte, Esquipulas II constituye una verdadera sorpresa y una revelación. Aunque el sentido de Esquipulas II está más centrado en el problema de Nicaragua que en el de El Salvador, indudablemente ofrece un planeamiento válido en ambos casos. ¿En qué radica el acierto de Esquipulas II? Ante todo, en ser una solución centroamericana.
Pero sería ingenuo pensar- que el que una propuesta sea centroamericana garantiza su eficacia. Lo que es evidente, sin embargo, es que ningún planeamiento será eficaz mientras no tome como criterio prioritario las condiciones y necesidades de los pueblos centroamericanos. La política norteamericana para el área no tiene ciertamente ese criterio como prioritario, sino el mucho más prosaico de su propia "seguridad nacional", y ahí su propia "seguridad nacional", y ahí radica una de sus debilidades de fondo.
Esquipulas II es una solución política, no militarista al problema centroamericano. En el caso salvadoreño la inefectividad de la guerra como vía para la paz nacional y mucha más como solución al conflicto del país se ha mostrado patentemente. No se puede razonablemente pensar, como hace la Embajada norteamericana, que el país pueda soportar seis o siete años de guerra más, que son los estima necesarios para lograr la victoria de la Fuerza Armada sobre el FMLN.
Son varios los logros de Esquipulas II, y sería poco objetivo hablar de su fracaso. Sin embargo, Esquipulas II no ha logrado su objetivo último, que era el establecimiento de la paz en el área y, para el caso, en El Salvador. En este sentido, Esquipulas II ha servido para probar algo más: que si la alternativa no ofrece solución, la alternativa política es extremadamente difícil y compleja. Incluso, es lógico que para la formalidad del cumplimiento de Esquipulas II según la particular realidad de El Salvador, la guerra se profundice con movilización popular y más presión sobre la economía para así provocar un diálogo realista, como el propuesto en mayo por el FMLN/FDR, en el que se contempla -dentro de sus 18 puntos la "humanización" del conflicto.`
La crisis de la inercia En 1987, el destructivo estancamiento de la guerra y la luz dinamizadora ofrecida por Esquipulas II ponen de manifiesto que para la solución del problema salvadoreño -y probablemente también del centroamericano hace falta romper con los dinamismos operantes en el equilibrio de fuerzas del país. Esto requiere buscar alternativas con imaginación y flexibilidad, ya que el problema político es extremadamente complejo, como lo son las fuerzas e intereses en juego. No parece realista pensar que Estados Unidos vaya a retirarse de Centroamérica como se retiró de Vietnam y, por lo tanto, cualquier solución requiere tomar en cuenta lo que de razonable pueda haber en sus exigencias e incluso de alguna de sus "irracionalidades".
1987 debería probar al partido gobernante, el PCD, el curso sin salida en que ha entrado y que no sólo le ha llevado a fracasar en sus objetivos políticos, sino que le ha desgastado a niveles graves, enajenándole de la mayoría de sectores del pueblo salvadoreño, hasta quedar como simple gerente de un proyecto foráneo. La pérdida de la soberanía nacional ha sido más patente que nunca en el comportamiento del gobierno salvadoreño a lo largo de 1987, en ese sentido, la firma de Esquipulas II, sorprendente hasta para sus mismos signatarios, abre el horizonte hacia recursos de poder que no suponen el sometimiento a intereses o a políticas diseñadas para satisfacer necesidades que no son las del pueblo salvadoreño.
Pero el FMLN debería también aprender de Esquipulas II la necesidad de imaginación política para que lo mucho que de razonable hay en sus exigencia se vuelve viable. Por ello, más que radicalizar violentamente los movimientos demás de cara a una eventual insurrección popular, nada probable, debería buscar cómo lograr esto sin traicionar sus ideales y respondiendo a los anhelos más auténticos del pueblo salvadoreño. Esto constituye el reto fundamental al que la creatividad mostrada por el FMLN a lo largo de estos años de lucha debe responder.
Hay quienes piensan que Esquipulas II pone de manifiesto que la hora de la revolución por la vía armada está pasando en Centroamérica y que quizás ha llegado ya la hora de trasladar el énfasis de la vía armada a al vía política. Por supuesto, ésta es una tesis muy discutible. Lo que no ofrece mucha duda en el caso de El Salvador es que por la vía principal de al guerra ni se va a llegar a la paz ni se va a resolver el conflicto social y mucho menos sus raíces profundas. En este sentido, Esquipulas II prueba que, para que el proceso no se estanque, es necesario introducir dinamismos nuevos. Para las principales fuerzas que operan en El Salvador, esto significa imaginación política y flexibilidad. La crisis en la que está el proyecto norteamericano en El Salvador y su instrumento, la Democracia Cristiana-, puede permitir una mayor convergencia de las fuerzas sociales para logra así una presión mayor hacia negociaciones realistas y justas en 1988.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica