Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 433 | Abril 2018
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Las cárceles reflejan la realidad social y política de un país

Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien, primero como abogada y desde hace años como defensora de derechos humanos, conoció las cárceles del somocismo, las de la Revolución y las de los tiempos actuales, rememoró algunas de sus experiencias con el sistema penitenciario nacional en una charla con Envío que transcribimos.

Vilma Núñez de Escorcia

Quiero compartir con ustedes no un análisis técnico ni legal del sistema penitenciario de Nicaragua, sino algunas de las experiencias de mi vida defendiendo reos, estando yo misma presa, investigando la situación carcelaria para defender los derechos humanos de los privados de libertad. Lo hago unos días después de regresar de Bogotá, donde el CENIDH participó en el 167 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de lograr que nos dieran una audiencia sobre este tema específico. Desde hace años la pedíamos para exponer la grave situación que hoy existe en las cárceles de Nicaragua.

Digo grave porque hoy en las cárceles del país tenemos a una población cada vez más numerosa y reprimida. Tuvimos por fin la oportunidad de hablar de esta realidad y regresamos satisfechas porque sentimos que, con los datos que le brindamos, la Comisión comprobó la gravedad de la situación. Entre otros, llevamos en detalle ante la Comisión la tortura-así lo consideramos y así lo consideró la Comisión- que padeció a comienzos de este año 2018 el campesino Juan Lanzas, a quien, por recibir brutal maltrato policial por un delito que no cometió, después por abandono en las insalubres celdas policiales de Matagalpa, y después por una precaria atención médica, terminaron amputándole sus pies, sin que hasta hoy haya recibido ni una indemnización ni una adecuada atención de salud ni sepamos aún qué enfermedad contrajo en ese lugar ni si algún día podrá volver a caminar con unas prótesis adecuadas. Y sin que nadie haya sido sancionado por lo que le hicieron.

Ahora, quiero hacer un recorrido histórico por lo que ha sido y es el sistema penitenciario nacional, incluyendo en él las celdas policiales. Antes que nada, reconozco que hacer memoria de lo que desde hace muchos años he conocido de las cárceles de nuestro país y revivir recuerdos de experiencias dolorosas, tanto propias como ajenas, me ha resultado difícil emocionalmente. Y aunque no es nada estimulante lo que quiero compartirles, creo que es necesario hacerlo.

Lo primero es recordar que fue hasta 2003-2004, en tiempos del Presidente Enrique Bolaños, que se aprobó y se reglamentó la Ley 473, “Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena”, que el sistema penitenciario tuvo en Nicaragua un soporte jurídico sólido. Todo lo que se había hecho hasta entonces en las cárceles se hizo a través de intenciones de buena voluntad, de resoluciones y acuerdos, que no tenían la fuerza jurídica necesaria con la que se debe tratar un tema de tanta importancia social.

¿Cómo eran las cárceles durante la dictadura somocista? Puedo hablar de eso porque algunas las conocí directamente, algunas las viví como presa y de otras supe por referencias. Cuando llegó el primer Somoza al poder había únicamente un reglamento para las cárceles, dictado en 1879 junto con el Código Penal, que estuvo vigente hasta 1974. Qué haya significado esa primera norma jurídica no lo sé, porque durante la época somocista no había un comando militar aquí, una estación de policía allá y una cárcel en otro lado. La Guardia Nacional centralizaba todas las funciones: las militares, las policiales y las carcelarias. Lo controlaba todo, y comando militar, estación de policía y cárcel estaban en el mismo lugar.

Mi primer contacto con una cárcel fue a los 7 u 8 años de edad en Acoyapa, donde nací. Allí, en el Comando de la Guardia estaba la cárcel y policía no había. Como mi padre era el dirigente del Partido Conservador en el pueblo, cada vez que había cualquier movimiento contra Somoza, a él se lo llevaba preso la Guardia. Y nos tocaba a nosotros, sus hijos, llevarle la comida y suplicarle a la Guardia que nos dejaran verlo. Recuerdo el olor a creolina que se sentía en las celdas, que entonces se llamaban bartolinas. Años después, ya abogada, en ocasiones defendí a reos comunes de varios municipios de León y Chinandega: de Telica, Quezalguaque, Posoltega… y pude ver que todas las cárceles eran iguales a las que había conocido de niña en Acoyapa. En todas las instalaciones de la Guardia Nacional se mezclaban las oficinas de los guardias con los corredores donde estaban las bartolinas en las que encerraban a los prisioneros.

Cuando en 1958 llegué a vivir y a estudiar a León, por fin conocí desde fuera “La 21”, una cárcel construida en 1921, que el somocismo ya había convertido en referente de represión. Todo el mundo recordaba en León el caso de Uriel Sotomayor, el primer líder universitario apresado y asesinado por la Guardia en esa cárcel. Tuve una relación estrecha con su madre, doña Delfina, y con su hermano Humberto. Ella me contó que a Uriel lo apresaron una noche y al día siguiente la Guardia le avisó que su hijo se había caído de la cama y había muerto. Doña Delfina llegó a las puertas de La 21 para tener noticias, acompañada de un grupo de gente, y desde la puerta de la cárcel, que estaba en un nivel más alto, le arrojaron a la calle el cadáver ensangrentado de su hijo.

En 1959 tuve la oportunidad de entrar a La 21 y conocer la cárcel por dentro. Estaba allí preso Fernando Gordillo, poeta, escritor y destacado joven revolucionario, uno de los más brillantes integrantes de la que se llamó “la generación del 23 de julio”, fecha de una masacre contra los estudiantes cometida por la Guardia. No recuerdo con qué hecho vinculaba la dictadura a Fernando en aquel momento, por qué exactamente lo tenían preso. Él estaba en el mismo año que yo en la carrera de Derecho y teníamos una buena amistad. Cuando le tocaba visita, yo acompañaba a su madre, doña Alicia Cervantes de Gordillo, y así le entregaba mensajes de los compañeros universitarios que luchaban contra Somoza y que tenían informaciones que él debía conocer.

La 21 tenía una recepción amplia con una puerta que llevaba a un corredor y frente al corredor un patio. Detrás del patio todo estaba amurallado, con unos muros altísimos y una verja de hierro. Ahí estaban las celdas de los prisioneros. Las había de varios tamaños. Una, a la que llamaban “la chiquita”, era para torturar a los reos políticos: apaleadas, chuzos eléctricos, y quién sabe cuántas otras torturas… A los reos comunes los torturaban para que hablaran, y ya condenados los sacaban a barrer las calles de León. Algo me contaron algunos reos: en el patio de la cárcel había una pila de agua grandísima que tenía al lado un árbol de mango. Ahí está todavía ese mango y la pila… A los reos los amarraban de la cintura o de los tobillos, los guindaban del árbol y los metían de cabeza en el agua. Cuando casi se ahogaban los sacaban. Los subían y los bajaban hasta que hablaban. La 21 fue una de las cárceles más crueles e inhumanas en la historia penitenciaria de Nicaragua.

Al graduarme de abogada mi especialidad fue Derecho Penal. Pero ya antes de graduarme empecé a defender a reos comunes como estudiante. Trabajaba en el bufete del doctor Óscar Herdocia, que no era penalista, y todo lo que le llegaba a su oficina de carácter penal me lo dejaba a mí. Nunca me gustó acusar. No recuerdo haber acusado más que en sólo dos casos, que por cierto gané. Como defensora de reos comunes siempre escuché de ellos quejas porque les habían hecho hablar a la fuerza… Hablaban de torturas, como ésa del árbol de mango.

Ya como abogada especialista en derecho penal seguí defendiendo a una gran cantidad de reos comunes. Conocí a sus familias, víctimas directas de toda la tragedia que vive una familia cuando tiene a un pariente privado de libertad. Aprendí de esas familias lo que es la solidaridad. No he conocido una solidaridad más grande que la que se da entre la familia de un preso y el preso. Los familiares siempre defienden a su pariente: que no es cierto el delito que le imputan, que es inocente o, cuando menos, que recibió una condena injusta…

En aquellos años defendí a muchas personas indiciadas o involucradas en la comisión o no de algún delito, siempre gente muy pobre. Defender a estas personas ha sido una tarea muy ligada a mi vida profesional. “Defensores de delincuentes” nos llaman ahora los detractores de la labor de quienes defendemos los derechos humanos. También los delincuentes tienen derechos humanos que les deben ser respetados. ¿A quiénes tenemos mayoritariamente hoy en las cárceles? A un sector olvidado de la sociedad, víctima de las injusticias y de la exclusión que les ha negado oportunidades y los ha lanzado a la delincuencia. Incursioné también en la criminología y no creo que existan criminales natos. Creo que los criminales no nacen, a los criminales los hace el ambiente en el que se desarrollan y las circunstancias que les toca vivir y afrontar.

Otra fue la realidad cuando ya me tocó defender a reos políticos, a quienes siempre defendí gratuitamente. Uno de los casos relevantes que defendí fue el de los indígenas sutiabas que se tomaron tierras en las Lomas del Panecillo en la comunidad indígena de Sutiaba. Fueron reprimidos, hubo muertos y todos los dirigentes de la comunidad cayeron presos. Los defendimos varios abogados. Esa defensa, y la presión popular en las calles, obligaron a los jueces a exonerarlos de responsabilidad penal y a la Guardia a ponerlos en libertad. Yo no sabía que la toma de esas tierras era una operación coordinada y organizada por el Frente Sandinista. Después, Salvador Pérez, de la comunidad indígena, me habló en nombre del Frente pidiéndome colaboración. Fue así como me empecé a vincular al Frente hasta convertirme prácticamente en la defensora oficial de todos los que caían presos en León en aquellos años. La lucha pre-insurreccional me encontró defendiendo a reos políticos ya organizados en el Frente Sandinista, que eran apresados cuando participaban en acciones organizadas por el Frente. Para entonces yo ya estaba vinculada con la tendencia tercerista del Frente Sandinista.

Quiero señalar aquí, adelantándome en el recorrido histórico que quiero compartir, que en la época somocista, y lo digo por mi experiencia, jamás la dictadura somocista impidió que entrara a la cárcel el abogado defensor de cualquier reo, fuera un reo común o un reo político, lo que hace una diferencia con lo que pasa hoy. Ahora, desde que Daniel Ortega regresó al gobierno en 2007, no sólo no se permite entrar a las cárceles a los organismos de derechos humanos. Tampoco, a los abogados defensores de los reos. No recuerdo que a mí, como defensora de reos comunes y políticos, o a alguno de mis colegas que también los defendían, nos hayan prohibido hablar con nuestros defendidos, a pesar de que los visitábamos a la hora que podíamos. Es un derecho del reo poder comunicarse permanentemente con su abogado defensor y ese derecho le debe ser respetado. Así fue durante el somocismo, pero así ya no es ahora.

También actualmente los familiares de los presos pasan mil penurias hasta que les permiten entrar a la cárcel a visitar a los presos. Sin embargo, durante el somocismo, y aun en La 21 y en todas las cárceles que conocí entonces, todas con condiciones precarias e insalubres, con hacinamiento, sin cumplir ninguna norma de cómo debe ser una cárcel, a los familiares les permitían entrar a la cárcel a llevarles los tres tiempos de comida a sus presos. Recuerdo todavía en León la fila de las familias llevando comida a sus reos a las 12 en punto del mediodía. Ahora los humillan, les registran toda la comida, se la revuelven con las manos, a veces se la dejan entrar y otras veces no. Y en esas visitas de las familias el irrespeto y el chantaje sexual a las mujeres se ha convertido en una práctica, sobre todo en la cárcel Modelo de Tipitapa.

En León había otras dos cárceles además de La 21. Había un comando militar de la Guardia, con celdas en donde detenían a la gente, donde la interrogaban y la torturaban. También era cárcel el Fortín de Acosasco, una fortaleza edificada a finales del siglo 19 en la altura sur de León para defender la ciudad. Tanto Somoza como el gobierno de la Revolución usaron el Fortín como cárcel.

Son las cárceles de León las que mejor conocí. Algo de otras cárceles del país lo sé por lo que leí, por lo que oí o por lo que me contaron. La realidad en las cárceles de León las conozco directamente por la relación que tuve con los presos que defendí y también por haber estado en las tres como prisionera política. En 1979, cuatro meses antes del triunfo de la Revolución, la Guardia me capturó a mí esposo, Otto Escorcia, por colaborar con el Frente Sandinista. Primero nos llevaron al Fortín de Acosasco, donde nos tuvieron presos cinco días, en celdas separadas. A mí me trasladaban diario durante horas, al lugar donde se realizaban los interrogatorios, desnuda, encapuchada y obligada a realizar sentadillas hasta que ya no aguantaba. En unas tres o cuatro ocasiones me aplicaron descargas eléctricas, acostada sobre el piso mojado. Poca gente sobrevivió a las torturas en aquel lugar horrible. De allí, mediante un recurso de habeas corpus, a Otto lo dejaron libre y a mí me llevaron al Comando Militar, donde pretendían dejarme. Pero hubo mucha presión para lograr mi traslado y al final de la tarde me llevaron a La 21, que ya era para mí tan temida. No puedo olvidar la solidaridad de colegas, amigos y amigas de muchos países y hasta una campaña de Amnistía Internacional iniciada desde que fuimos capturados Otto y yo. Finalmente, un tribunal militar me condenó a dos años de prisión y a una multa y me trasladaron entonces a la cárcel Modelo de Tipitapa, custodiada por unos diez jeeps BECAT, de los que usaba Somoza para capturar y reprimir. Salí físicamente de esa cárcel, mediante una fianza rendida por un colega, que ni de cara conocía y pagando la multa, apenas siete días antes del triunfo de la Revolución. La sentencia que dictó el Tribunal dejaba la causa abierta y me “ponía a la orden de la Seguridad” por haber, “cometido delitos contra la Constitución Política del Estado” y, aunque salí de la cárcel, por eso estuve en riesgo de ser nuevamente encarcelada.

Tres días después del triunfo de la Revolución, en julio de 1979, regresé de Managua a León. Estaban los compañeros y compañeras del Frente Sandinista mandando ya en la ciudad. Quise conocer el lugar en donde había estado presa en el Fortín de Acosasco y les pedí a unos compañeros que me llevaran. Allí reconocí el lugar en donde había estado, el lugar donde me interrogaron. Recorrí aquel lugar tenebroso. Las galerías estaban horriblemente sucias, corrían los ratones… Frente al patio, en dirección norte, había unos subterráneos tapados y al levantar aquellas tapas había gradas y por ellas se bajaba. Cuando levantaron la tapas vi sentado en las gradas a un hombre de apellido Espinales, uno de los torturadores del somocismo en León, quien con un tal Chele Aguilera eran el terror en la ciudad y sus alrededores. Ahí lo tenían encerrado. Espinales se me quedó mirando. Cuando nos retiramos de aquel sótano les pedí a quienes me acompañaban: ¡Sáquenlo de ahí! ¡No pueden tenerlo ahí! Me dijeron que sólo Ana Isabel Morales y Carlos Nájar, jefes de la Seguridad del Estado en León, podían dar esa orden. Y, aunque no supe ni cómo ni cuándo, lo mataron. ¿Por qué les cuento este episodio? Lo recordé hasta ahora, cuando preparaba los apuntes para hablar con ustedes. Lo había borrado de mi memoria. Me acordé de aquel momento lamentable y pensé que si yo no hubiera creído tanto en la “coherencia” de la dirigencia revolucionaria hubiera quizás sospechado lo que después pasó en tantos lugares y a tanta gente.

Volvamos a la época somocista. Las cárceles de Managua eran más temibles que las de León. A mí me provocó más temor que me mandaran a una cárcel en Managua a que me dejaran en una de León. Eso sentí cuando después de capturarme en mi casa me llevaban vendada al Fortín. Las noticias sobre las terribles torturas y muerte que Somoza hacía en Managua, o quizás la cercanía del poder del dictador, aumentaba el terror y el que caía preso se sentía más expuesto a su represión en la capital.

En Managua hubo tres cárceles con una connotación criminal. La más temible era La Loma, la cárcel de la Seguridad somocista. En la loma de Tiscapa, en el centro de Managua, se edificó en los años 20 del siglo pasado el Palacio Presidencial. El Presidente José María Moncada lo estrenó y lo inauguró como su residencia en enero de 1931. Después, Somoza García y Somoza Debayle construyeron sótanos que convirtieron en mazmorras donde mantener a sus prisioneros. Esto revela quiénes eran los Somoza, gentes de mentes perversas que quisieron tener bajo su propia casa a los opositores que torturaban y asesinaban.

A La Loma fueron a dar los que salieron vivos del atentado contra Somoza García el 4 de abril de 1954. Allí fueron a dar todos los que eran juzgados por los Consejos de Guerra de Somoza. Allí fueron a dar muchos de los que lucharon contra Somoza y dieron su vida por la libertad de Nicaragua. Allí estuvo Pedro Joaquín Chamorro varias veces. En su libro “La estirpe sangrienta” cuenta su paso por esa cárcel. Ya en la época pre-insurreccional, un caso que me tocó muy de cerca afectivamente fue el de Gustavo Adolfo Argüello, hermano del doctor Roberto Argüello, quien en la Revolución sería el primer presidente que tuvo la Corte Suprema de Justicia. A Gustavo Adolfo lo torturaron en La Loma hasta casi matarlo y cuando su familia logró sacarlo de allí y llevarlo al hospital militar murió en unas horas. También en La Loma estuvo preso Daniel Ortega y tantos y tantos más. Hay muchos testimonios de las crueldades que sufrieron todos los que por allí pasaban. En los calabozos había jaulas con fieras y contaban los vecinos que las oían rugir. Decían que tanto Somoza García como Somoza Debayle torturaban ellos directamente o presenciaban las torturas.

Hablé varias veces con Fabián Ruiz, un leonés del Partido Liberal Independiente, al que la dictadura vinculó con el ajusticiamiento de Somoza García. Lo acusaron de haber inyectado veneno en las balas que usó Rigoberto López Pérez cuando disparó contra Somoza en León el 21 de septiembre de 1956. Fabián me contó de las torturas que en La Loma había padecido. No recuerdo cómo logró escapar de ese lugar. Pienso que sobornó a algunos guardias. El caso es que salió, bajó por las laderas de la loma que da a la laguna de Tiscapa, la atravesó nadando, salió a las calles de Managua y regresó a León y ya no lo persiguieron más.

Otra cárcel de Managua fue El Hormiguero, otro centro de terror y torturas. Estaba en los antiguos cafetales del General Zelaya, que él llamó Campo de Marte, el lugar en donde en 1934 Somoza mandó a asesinar a Sandino. En El Hormiguero estuvo el mando de la Guardia Nacional, la Academia Militar, la Misión Militar de Estados Unidos y aquella cárcel. La gente le puso ese nombre porque cuando allí fue el rastro donde destazaban ganado, había muchas hormigas.

Otra cárcel del somocismo en Managua fue La Aviación. Allí estuvieron presos y fueron asesinados valiosos jóvenes que dieron su vida luchando contra la dictadura. Allí el mayor de la Guardia Nacional Óscar Morales Sotomayor, el famoso torturador “Moralitos”, mató en 1968 a David Tejada Peralta para después arrojar su cadáver en el cráter del volcán Santiago en Masaya. Allí habían matado ocho años antes, en 1960, a Ajax Delgado. Por eso, esa cárcel, hoy complejo policial, lleva su nombre. Y no se me ha olvidado nunca una foto donde el cadáver de Ajax está tirado en el patio de la cárcel y su mamá está sobre él abrazándolo. El 18 de mayo de 1960 fueron asesinados allí Edwin Castro, Cornelio Silva y Ausberto Narváez, condenados a quince años de prisión por haber participado en el complot que concluyó con el ajusticiamiento de Somoza García. A los tres les aplicaron la “ley fuga” para así poder eliminarlos. Se la aplicaron y los mataron porque en aquellos días el Presidente Luis Somoza estaba siendo obligado a dictar una amnistía y no podía aceptar que quienes habían ajusticiado a su padre fueran favorecidos por esa amnistía.

También usó el somocismo como cárcel las instalaciones construidas por el General Zelaya en 1893 como fortaleza para defender la ciudad de Masaya en el cerro El Coyotepe. En 1954 fue Somoza García quien convirtió esa fortaleza en cárcel. Durante su Presidencia, René Schick (1963-66) entregó las instalaciones al movimiento Scout, pero al término de su mandato volvió a servir de cárcel. Allí estuvieron presos, entre otros, los luchadores antisomocistas Diego Manuel Chamorro y Francisco Frixione. También allí fueron prisioneros los sandinistas que se tomaron Masaya en la insurrección de 1978. El Coyotepe fue usado también como cárcel durante la Revolución y hasta 1990 volvió a manos del movimiento Scout.

En 1958 Somoza Debayle creó en Tipitapa, cerca de Managua, la primera gran cárcel del país, ya con características de la penitenciaría moderna. Se llamó Centro Penal de Rehabilitación Social o Cárcel Modelo. Fue la última que conocí en mi recorrido como prisionera política por las cárceles somocistas. En la Modelo estuve cuarenta días aislada del resto de presos, porque era una cárcel sólo para hombres y yo era la única mujer prisionera. Me metieron en una celda que usaban para castigo de los militares. La cárcel estaba llena de muchachos sandinistas, a los que les decían “los tirabombas”. Entre ellos, recuerdo que estaba Carlos Carrión, quien después dirigió la Juventud Sandinista y fue alcalde de Managua. Yo estaba completamente aislada y no sabía si los sandinistas sabían que yo estaba ahí. Mi temor era que triunfara la Revolución y yo quedara allí encerrada y me mataran.

Volvamos a 1978. A finales de aquel año ya las denuncias contra las violaciones a los derechos humanos de las que era responsable el régimen somocista habían trascendido las fronteras de Nicaragua, ya se conocían en todo el mundo. Y ya la OEA estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en nuestro país y había notificado al gobierno la decisión de elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En consecuencia, Somoza se vio obligado a invitar a Nicaragua a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realizara una observación “in loco”.

Como miembro de la Asociación de Juristas de León me tocó acompañar a esa delegación cuando visitó León. En su informe, la Comisión concluyó que las violaciones de derechos humanos en el país eran “alarmantes” y se refirió al sistema penitenciario como uno de los instrumentos de represión más graves de los empleados por el régimen somocista. Después de publicado el informe, en octubre de 1978, la OEA, en su 17 reunión de consulta de cancilleres, condenó al Estado de Nicaragua y pidió a Somoza que abandonara el gobierno.

Recordando aquellos hechos los contrasté con lo que hoy vivimos. Desde hace ya quince años estamos procurando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga de nuevo a Nicaragua. Se hizo difícil, pero desde que Daniel Ortega volvió al gobierno en 2007 la negativa a invitarla se ha hecho impenetrable. No invitarla es una forma de negarle la entrada. El representante de Nicaragua llegó al extremo de declarar en el 137 período de sesiones de la Comisión en 2009 “que el gobierno no está en condiciones de atender la solicitud de visita de una comisión de la CIDH a nuestro país”.

Durante la Revolución (julio 1979-febrero 1990) quiero distinguir los hechos de dos etapas: lo que sucedió en los primeros momentos y lo que sucedió desde 1981, cuando ya había iniciado la guerra de agresión de Estados Unidos contra Nicaragua. En ambos momentos hubo arbitrariedades, muchas más en los primeros años.

Después del triunfo de la Revolución, no había control, mucha gente seguía armada en las calles haciendo lo que quería. Muchas de las historias de somocistas ajusticiados en esa etapa fueron ciertas. Muchos ajusticiamientos no fueron tales, fueron sólo el pretexto para venganzas personales. También hubo actos represivos injustificables.

La Revolución había abolido la Constitución somocista y había suprimido la Guardia Nacional, pero no dijo nada de las instalaciones carcelarias, uno de los pilares de la represión de la dictadura derrocada. El caso más grave en esos primeros momentos fue lo que sucedió en la cárcel La Pólvora de Granada. Como me habían nombrado vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de parientes de prisioneros hacíamos gestiones tratando de que se respetara el principio de legalidad y las leyes que la misma Revolución había promulgado. Sin embargo, no lo logramos en el caso de La Pólvora, donde unos 24 reos acusados de somocistas fueron ejecutados sin juicio y de forma indiscriminada. Uno de ellos, el médico Francisco Ramírez. Su esposa luchó mucho tiempo pidiendo su cadáver para exhumarlo y enterrarlo y no supe si por fin lo consiguió. Y no fue sólo en La Pólvora. Hubo ejecuciones sumarias en otras cárceles del país.

Inmediatamente después del triunfo de la Revolución se dio una proliferación de cárceles por todos lados. En León aparecieron muchas: cerca de mi casa por el Pochote una cárcel, más adelante otra, por El Calvario otra más… Un montón de casas las habían convertido los sandinistas en cárceles y allí habían metido a gente conocida como somocista y a gente que no era somocista. Lo más terrible que ocurrió en León en aquel primer momento sucedió en la Quinta Y, un centro recreativo propiedad de una señora llamada Yolanda Blanco. Los sandinistas se la tomaron y la convirtieron en cárcel y oficina de la Seguridad del Estado. Allí trabajaban Ana Isabel Morales y Carlos Nájar y allí sucedieron graves violaciones a los derechos humanos contra muchas personas que por ese lugar pasaron.

Además de convertir cualquier instalación en una nueva cárcel, también empezaron a ponerles a las cárceles más grandes nombres de caídos en la lucha antisomocista. A La Pólvora de Granada la llamaron Luis Enrique Largaespada. A la cárcel de El Coyotepe le pusieron Benjamín Zeledón, a la cárcel Modelo de Tipitapa le pusieron el nombre de Jorge Navarro. También convirtieron las instalaciones de la industria de Zona Franca en cárceles para detener a guardias y a somocistas. A esas cárceles les pusieron “Héroes y mártires de Nueva Guinea”. Eso me molestó. ¿Por qué nombrar las cárceles, precisamente las cárceles, con los nombres de quienes habían entregado su vida por la libertad y luchando contra la dictadura? Lo peor me pareció lo de La Loma, el mayor centro de torturas que tuvieron los Somoza. A esa cárcel la llamaron El Chipote, nada menos que le dieron el nombre del cerro de Quilalí, Nueva Segovia, donde Sandino había instalado su cuartel general durante la guerra contra los marines yanquis.

Debo recordar también otro hecho injustificable. Al momento de la rendición de la Guardia Nacional ante las fuerzas armadas del Frente Sandinista, más de 4 mil guardias se asilaron en la Cruz Roja, otros de mayor rango en embajadas y otros se refugiaron en iglesias. Pero las fuerzas guerrilleras del Frente Sandinista fueron a sacar a los guardias que estaban en la Cruz Roja y en las iglesias para echarlos presos, a unos en la cárcel Modelo y a otros en las cárceles que habían hecho en la Zona Franca. En aquellos primeros momentos hubo más de 6,500 guardias presos. Poco a poco fueron liberando a algunos. Los primeros liberados sumaron 1,760. Después de unos meses, quienes aún estaban presos en la Zona Franca se amotinaron protestando por las pésimas condiciones en que los tenían. Fuerzas del Ministerio del Interior, que dirigía Tomás Borge, sofocaron aquella protesta matando a 16 de ellos la noche del 27 de junio de 1981. ¿Cómo un gobierno legitimado por su triunfo sobre una dictadura tan sangrienta incurrió en cometer horrores similares a aquellos contra los que había luchado?

En 1981 una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Nicaragua invitada por la Junta de Gobierno de la Revolución. Como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia acompañé a la Comisión a visitar muchas de las nuevas y antiguas cárceles, y también le presenté a la delegación de la Comisión, a nombre del Poder Judicial, los problemas que estábamos observando.

La Comisión elaboró un informe sobre las ejecuciones en La Pólvora y mantuvo el reclamo por esos hechos hasta que en 1990 la Revolución fue derrotada en las urnas. Y aunque hubo algunos intentos del gobierno revolucionario por hacer justicia en un caso como aquel, en el que no había mucho que investigar, aquella grave y masiva violación al derecho a la vida ha quedado en la impunidad.

En su informe, la Comisión concluyó que las cárceles de Nicaragua, tanto durante la dictadura somocista, como hasta aquel momento, eran “instrumentos de represión” y sugería cerrarlas. El informe también se refirió a las “deplorables condiciones en que se encuentran los reclusos, que son incompatibles con la dignidad humana”. La única cárcel que la Comisión consideró con condiciones aceptables fue la cárcel de mujeres de Granada, a la que habían puesto el nombre de Ruth Rodríguez.

En esa primera etapa de la Revolución se crearon los Tribunales Populares Antisomocistas, que también fueron objeto de señalamientos críticos a nivel internacional. Y también nacional, por la primera Corte Suprema de Justicia de la revolución. A esos tribunales fueron llevadas muchas personas acusadas de ser somocistas, con o sin justificación, con o sin pruebas.

En esos tribunales se cometió, entre otras, una barbaridad legal al acusar a todos los miembros de la Guardia Nacional por el delito de “asociación para delinquir”. Digo barbaridad porque, aun perteneciendo a un régimen dictatorial, la Guardia era una institución del Estado y no existían pruebas de que algún guardia tenía la voluntad de “asociarse para delinquir” al entrar a esa institución.

Algunos casos los resolvía la “generosidad” del Ministro del Interior, Tomás Borge. Si alguien tenía un familiar preso y tenía la posibilidad de hablar con él y suplicarle, y si él así lo quería, sin forma ni figura de juicio y sin respetar ninguna formalidad legal, hubiera hecho lo que hubiera hecho aquel preso, Tomás Borge llegaba a la Modelo o a cualquier otra cárcel y dejaba libre a quien quisiera y se lo había suplicado.

A Tomás Borge le encantaba que le agradecieran ese favor, que lo recordaran por eso. Recuerdo lo que hizo cuando, acompañando a la Comisión Interamericana, fuimos al Ministerio del Interior a la entrevista con él. En un momento nos dijo: “Y para que vean la generosidad de la Revolución, ahora mismo estoy ordenando la libertad de noventa mujeres presas”. Y ahí, delante de nosotros dio la orden de liberarlas. Eso es un teatro, eso no es justicia. Poco después, por la presión internacional a la que estaba siendo sometido el gobierno revolucionario con el tema de los derechos humanos, y ya iniciada la guerra de agresión de Estados Unidos y la guerra contrarrevolucionaria, el gobierno comenzó a dar indultos a cada rato y hasta amnistías, dejando libres a los reos que elegía.

El 22 de agosto de 1979 se creó el Ministerio de Gobernación y en octubre se emitió una resolución que creaba, dentro del Ministerio, la Dirección responsable de lo que comenzó a llamarse Sistema Penitenciario, aunque sin que hubiera todavía una normativa legal sólida para respaldar su funcionamiento.

Fue hasta el 21 de octubre de 1986 que el gobierno revolucionario puso en vigor lo que llamó “Documento base para la reeducación penal del Sistema Penitenciario Nacional”. El modelo de reeducación establecía cinco regímenes carcelarios para cumplir las penas: el régimen de adaptación, el régimen de trabajo productivo, el régimen semiabierto, el régimen abierto y el régimen de convivencia familiar. Según su comportamiento, y según fuera la sentencia por la que estaba preso, el reo iba pasando por esas cinco etapas. Este sistema fue reconocido internacionalmente como un ejemplo a seguir por los sistemas penitenciarios latinoamericanos. En 1987 la Revolución creó el Centro de Reeducación Penal La Esperanza exclusivamente para mujeres.

Yo trabajaba con el Grupo de Criminología Crítica Latinoamericana cuando celebramos en Nicaragua durante una semana un seminario sobre cárceles y sistemas penales en América Latina. En él analizamos el modelo nicaragüense. Con los participantes, de toda América Latina, visitamos las cárceles del país, reflexionamos sobre los cinco regímenes y, a pesar de que los mejores criminólogos del mundo insisten en que “la mejor cárcel es la que no existe”, todos reconocieron el esfuerzo que se hacía en nuestro país. Había además tanta simpatía por la Revolución de Nicaragua, tanto entusiasmo por sus avances, tanta convicción de que la Revolución estaba construyendo un país distinto al que habíamos tenido, que el reconocimiento a la Revolución fue enorme. Los trabajos de aquel seminario aparecieron en un número de la revista “Envío” de octubre de 1986.

A estas alturas, y a distancia, conociendo de forma directa el país que habíamos tenido, y viendo el país que hoy tenemos, no puedo tener el mismo entusiasmo con el que entonces califiqué de ejemplar aquel sistema. Hoy no lo puedo ensalzar tanto. Tampoco detractar totalmente. Reconozco que fue un esfuerzo importante, pero tenía “peros”. Por ejemplo, en el régimen de trabajo productivo había explotación laboral, porque los reos hacían trabajos en cuero y en otros materiales y no recibían ninguna ganancia por lo que hacían.

Ese esfuerzo concluyó con el gobierno de doña Violeta (1990-1997) y se cerraron las cárceles de régimen abierto cuando las quince fincas en donde se habían establecido les fueron devueltas a sus antiguos dueños, a quienes se las había confiscado la Revolución.

Entremos ya a la actualidad, a las cárceles en estos más de diez años de gobierno de Daniel Ortega. Como les dije, considero que una de las cosas simbólicamente más graves que sucedió durante la Revolución fue que la cárcel de La Loma no desapareciera totalmente. No sólo a ese centro de torturas somocistas, le pusieron por nombre El Chipote, atropellando así la memoria de Sandino, sino que no la cerraron.

Durante el gobierno de doña Violeta se declaró como monumento nacional la explanada donde había sido el palacio presidencial. Hoy hay ahí un museo. Pero las celdas quedaron intactas. Y no se sabe con certeza si existen todavía las celdas subterráneas donde se torturaba. Algunos creen que se destruyeron con el terremoto de Managua de 1972.

Hoy, de todas formas, esa cárcel sigue ahí, y aunque oficialmente se llama Dirección de Auxilio Judicial, todo el mundo le sigue diciendo El Chipote, el nombre que le puso la Revolución. Cuando todavía podíamos entrar con el CENIDH a las cárceles, yo logré bajar por una rampla y llegar hasta donde hay tres celdas completamente cerradas con puertas de hierro, pegadas a un muro. Dicen que más abajo es donde estaban las celdas de tortura.

Hay también en esas instalaciones otras celdas más externas, como casetas, en donde estuvieron presos, entre otros, Arnoldo Alemán durante el gobierno de Bolaños, y Agustín Jarquín durante el gobierno de Alemán, Jarquín había estado prisionero allí durante la Revolución y en las celdas cerradas. Ha habido esfuerzos de todo tipo para que esa cárcel desaparezca, pero no se ha logrado.

Quiero detenerme un poco en el centro penitenciario de Tipitapa, la cárcel Modelo, que ha servido a todos los regímenes con diferentes propósitos. Ha sido una cárcel para castigar y también ha sido una cárcel donde encubrir condenas que no se ejecutan y que se cumplen en situación de privilegio.

En esa cárcel hay celdas privilegiadas para la gente que no pueden dejar de tener presa, la que quieren aparentar que está presa. Un caso, por ejemplo, fue el de William Hurtado, quien trabajó en los años 80 para la Seguridad del Estado y asesinó en 2004, aparentemente por encargo, al periodista sandinista Carlos Guadamuz. Condenado a 21 años de prisión por este crimen, le construyeron una celda especial con aire acondicionado y después de cuatro años lo liberaron por padecer “estrés carcelario”.

En el CENIDH estamos convencidos ya de que la represión que hubo, tanto en las cárceles somocistas como en las cárceles creadas por la Revolución en los primeros tiempos, no se diferencian mucho de la represión que existe hoy en las cárceles, a pesar del modelo “cristiano, socialista y solidario” del que habla la propaganda del gobierno actual. En el CENIDH consideramos que no existe razón alguna para que en los ocho centros penales que hoy existen en Nicaragua no solamente se prive a los reos de los más elementales derechos humanos para que tengan en la cárcel una estancia mínimamente humana que les sirva para rehabilitarse, sino que también existe en ellos represión y corrupción ejercida por quienes administran las cárceles.

El problema principal que hoy existe en las cárceles del país es el hacinamiento. La población penal de Nicaragua ha crecido de manera alarmante. En 1993, el primer año en que logramos tener cifras confiables, había en todos los centros penales del país 3 mil reos. La cifra fue aumentando poco a poco hasta que en 2006, en vísperas de asumir Daniel Ortega el gobierno nuevamente ya eran 5,869. El año 2007, el primer año de su gobierno, cerró con 6,701 presos, todos presos comunes. Diez años después, al terminar 2017, y según datos de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario, había 16,855 presos.

¿Cómo explicarnos este incremento? ¿Y cómo viven esas personas en las condiciones actuales de las cárceles? La capacidad para la población penal en el país está calculada para menos de 6 mil reos, 5 mil y pico. Y hay casi tres veces más. ¿Qué refleja el crecimiento de la población penal en un país? ¿Por qué están las cárceles llenas de tanta gente, y de gente pobre?

¿Por qué no encontramos en las cárceles a los corruptos, a los delincuentes “de cuello blanco”? ¿Será porque las cárceles son el reflejo de la realidad social y política de un país, como repetía siempre mi amiga Lolita Aniyar de Castro, una criminóloga venezolana? Cuando ordenaba mis recuerdos, esa frase que tantas veces le escuché a ella resonaba en mi memoria: las cárceles son el reflejo de la realidad de un país. Las cárceles nicaragüenses son el reflejo de la realidad de Nicaragua.

El hacinamiento es enorme: muchos duermen en el suelo, no hay instalaciones de salud en los centros penales. Las carencias físicas son tremendas. Anuncian que están aumentando el presupuesto para el sistema penitenciario, pero continúa siendo absolutamente insuficiente. Hace dos o tres años conocimos que para cada uno de los tres tiempos diarios de comida de cada reo se asignaban solamente 30 centavos. ¿Qué se puede comer con 30 centavos, quién puede comer con eso? Y todas las carencias se agravan porque en el sistema penitenciario se ha desarrollado una descomposición y una corrupción entre los “carceleros”, que para permitir a los familiares entrarles comida a sus presos hasta les cobran o chantajean y humillan sexualmente a las mujeres.

Ante la falta de espacio en los centros penitenciarios y por el gran hacinamiento han convertido en cárceles las direcciones de la Policía y allí, en los centros de detención preventiva de la Policía, se investiga, se interroga y también se tortura. Pero a la Policía no le asignan ningún presupuesto para que le den de comer a esos detenidos. Y son las familias las que llegan a mendigar a los centros policiales para que les dejen entrar comida.

Otra realidad que ha hecho más compleja la situación es que la población penal ha cambiado: antes había sólo delincuentes comunes, ahora hay muchos reos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Pero, en vez de que el sistema penitenciario prepare a los educadores penales para tratar con estos reos, lo que hacen es dejarlos actuar con mayor represión. Por eso hemos visto últimamente muchos motines en las cárceles, que son reprimidos contra los reos que se amotinan y también contra los familiares que llegan a ver qué pasa con sus presos.

Una de las cosas más graves que está pasando actualmente, algo que no se ve casi en ninguna parte del mundo, es que la cárcel se ha convertido en un instrumento de control y de represión política, sin ninguna lógica jurídica. Está sucediendo que las órdenes de libertad que emanan del Poder Judicial no son respetadas por el Sistema Penitenciario.

Hoy, los jueces de ejecución de sentencia emiten una orden de libertad cuando el reo ya cumplió la pena. Sin embargo, se ha establecido, ilegalmente, que esa orden de libertad tiene que ser revisada y aprobada por el Ministerio de Gobernación, que es la instancia que decide si el reo queda o no en libertad. En esa situación está hoy una buena cantidad de personas, que permanecen detenidas ilegalmente, que ya cumplieron la pena, que tienen ya orden de libertad emitida por los jueces, pero a las que el sistema penitenciario no libera. No entiendo la lógica política de esto, no entiendo qué pretenden haciendo esto, a no ser que violando la Constitución pretendan demostrar el poder que tienen.

En las cárceles para mujeres las condiciones siempre han sido mejores. En tiempos de Somoza la cárcel de mujeres estaba en Granada y no tuvo fama de represión como la que tenían en el resto de cárceles. Incluso, el Código de Instrucción Criminal establecía que si se detenía a una mujer había que enviarla a una cárcel para mujeres. Cuando yo caí presa mi abogado pidió que me mandaran para Granada, pero no lo aceptaron.

La cárcel La Esperanza, creada por la Revolución ha tenido altibajos. En abril de 1993 la revista “Envío” hizo un reportaje muy bueno sobre esa cárcel, aunque basado en la solidaridad de los familiares para solucionar las limitaciones físicas en que estaban las presas y en la solidaridad de las mismas presas que salían libres y se acordaban de sus compañeras que seguían en la cárcel.

El gobierno construyó más recientemente, al lado de la cárcel Modelo, una cárcel para mujeres, pero como desde 2007 nos tienen prohibida la entrada en cualquier cárcel no sabemos cómo será ahí adentro la situación. También querían crear un centro especial para menores presos, pero nunca lo hicieron y hoy los mantienen en la Modelo separados de los reos adultos.

En el CENIDH basamos la información que tenemos sobre las cárceles en investigaciones que hemos realizado directamente visitándolas. Desde 1990 hasta 2007 hemos entrado en ellas, hemos hablado con las autoridades y con los presos y hemos verificado la realidad, cumpliendo un programa permanente de visitas y de vigilancia en todos los centros penitenciarios del país.

Desde 2007, cuando llegó Daniel Ortega al gobierno y prohibieron al CENIDH esas visitas, nos basamos exclusivamente en las denuncias que nos hacen llegar reos que han salido libres o que nos llegan de parientes de reos que los han logrado ver y saben las condiciones en las que los mantienen.

Además de los reos comunes a los que no les conceden la libertad, en el CENIDH afirmamos que las cárceles son hoy un instrumento de represión política del régimen. Hemos escuchado del gobierno que con el dinero que le incautaron a los “falsos Televisa”, narcotraficantes mexicanos apresados en agosto de 2013 y enviados luego a México, en un caso jamás aclarado ni aquí ni allá, se construyó la Galería 300.

Hemos sabido por familiares de algunos reos allí encerrados que en esa Galería 300 hay celdas de máxima seguridad. Son celdas de tortura. Están completamente a oscuras y mantienen siempre encendida una bujía. Tienen una dimensión mínima. La única ventilación entra por una muy pequeña abertura en la puerta de metal y por dos o tres hoyos pequeños en el techo por los que entra luz solar. En la celda hay un agujero en el suelo que es el servicio sanitario y una litera, pero en un espacio tan pequeño, para poderse mover el preso tiene que caminar agarrándose a la litera.

El gobierno dijo que las celdas de la Galería 300 eran para grandes narcos y mareros peligrosos, aunque mantener a cualquier persona en esas condiciones inhumanas lo único que logra es impedir su rehabilitación. Hoy, en esas celdas el CENIDH conoce de casos que consideramos son auténticos reos políticos.

¿Qué más decirles? Si yo fuera abogada en este tiempo seguiría defendiendo a las personas, pero ya no defendería las leyes. Como profesional del Derecho, sé que siempre las leyes han sido, en todo tiempo y lugar, una expresión de quienes tienen el poder. Ahora, como el poder está en manos de dos dictadores, las leyes son un instrumento de ellos. Y eso significa que las leyes ya no se cumplen. Ahora violan las leyes y después legalizan la ilegalidad cometida con una nueva ley. Por ejemplo, era ilegal sustraer a un reo de su juez competente. Si alguien cometía un delito en Chinandega debía ser juzgado en Chinandega. Ahora ya no.

¿Qué pasó? Que el gobierno comenzó a traer a la cárcel de El Chipote a reos a los que le interesaba encerrar y torturar aquí en Managua. Ese traslado era totalmente ilegal. ¿Qué hicieron entonces? Dictar una ley que legaliza lo que ya hacían y ahora, a cualquiera que haya cometido cualquier delito en cualquier lugar, si a ellos les interesa, lo traen a Managua, lo encierran en El Chipote y lo juzgan en Managua.

Ya termino. Me pregunto qué nos pasó durante la Revolución que no nos dimos cuenta de tanta arbitrariedad… Hasta el final yo pensé que habría una coherencia y tal vez lo pensé porque la Revolución de Nicaragua había sido la única que había iniciado trayendo en una mano los fusiles y en otra mano las leyes… ¿Y qué nos está pasando hoy? No sé qué nos pasó y no sé qué es lo que nos está pasando. Cada vez que alguien nos felicita en el CENIDH por lo que hacemos, eso aumenta mi sentimiento de impotencia. Eso también aumenta mi esperanza en que serán otros los que encontrarán nuevas rutas y nuevos caminos para hacer mejor este país, ya que nosotros quisimos hacerlo mejor y no lo hemos logrado.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
El cerco se estrecha y en la mira, las redes sociales

Nicaragua
Noticias Nicaragua

Nicaragua
Las cárceles reflejan la realidad social y política de un país

Nicaragua
¿Por qué vivimos de espaldas a la Ciencia?

Costa Rica
Temores, esfuerzos, lecciones, desafíos y esperanzas en la segunda ronda electoral

El Salvador
Elecciones 2018: un giro a la derecha

Internacional
El Apocalipsis según Stephen Hawking
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web