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  Número 432 | Marzo 2018
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Nicaragua

“Necesitamos una estrategia para lograr una transición a la democracia”

Mario Arana, economista, ex-Ministro de Fomento, Industria y Comercio, ex-Ministro de Hacienda, ex-Presidente del Banco Central, también ex-miembro de la Junta Directiva de AMCHAM, compartió con Envío algunas perspectivas sobre el sector empresarial nicaragüense en la actual etapa de tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua, en una charla con Envío que transcribimos.

Mario Arana

A inicios del año 2016, año de elecciones presidenciales en Nicaragua, se preveía que la relación de nuestro país con Estados Unidos podría tomar un nuevo giro para mejorar. En ese momento se gestaba un inusual paquete de ayuda para Centroamérica de más de 800 millones de dólares. Aunque era más para los países del Triángulo Norte, donde la migración de niños a Estados Unidos detonó una nueva preocupación por la estabilidad de la región, se quería también apoyar económicamente a Nicaragua para incidir de forma “más inteligente” en un nuevo rumbo que también asegurara en nuestro país una estabilidad de largo plazo.

Esta posibilidad se vino al suelo tan sólo unos meses después cuando el partido en el gobierno decidió quitarle, por tercera vez, fuerza al movimiento político aglutinado por Eduardo Montealegre, que en ese momento había logrado reconstituir el Partido Liberal Independiente (PLI), haciéndolo eje de una alianza de oposición que podía convertirse, más temprano que tarde, en una alternativa real al FSLN en el poder. El Frente Sandinista actuó así pensando en la estabilidad de largo plazo de su proyecto y parece que estimaba que para ello requería al menos de los siguientes diez años para consolidarlo. Por eso, en su decisión estaba en juego algo más que las elecciones presidenciales de 2016.

Lo que sucedió después, que incluso sorprendió al partido en el poder, fue la reacción en Washington. En la segunda mitad de 2016 un grupo de congresistas, con apoyo bipartidista, introdujeron en la Cámara de Representantes la Nica Act, argumentando que la democracia y su institucionalidad se habían violentado de forma sistemática en Nicaragua. Las sanciones de la Nica Act consisten en la no aprobación por Estados Unidos de préstamos en las instituciones multilaterales. Desde entonces, esta ley ya ha sido aprobada dos veces por la Cámara de Representantes y en 2017 una versión similar de la ley entró en el Senado, donde se encuentra. Esta versión propone sanciones a personas individuales y también incluye preocupaciones sobre temas de seguridad nacional.

Esta ley y las presiones que se han dejado sentir en Nicaragua, especialmente desde la segunda mitad del año 2017, ya no de parte del Congreso, sino también de parte del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, a través de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), en el contexto de las sanciones de Washington a PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela, han generado una preocupación de mayor nivel en el sector privado nicaragüense, sobre el rumbo del país y sobre su institucionalidad democrática.

En este contexto, y para responder a las amenazas de sanciones de Estados Unidos, el gobierno apuesta al acuerdo que firmó en 2016 con la OEA, para reformar el sistema electoral. Reconoce así que la alternativa que le queda para evitar los desenlaces violentos de los que está llena nuestra historia, es la vía electoral. Lo ha expresado, aunque indirectamente, mostrando preocupación por el alto nivel de abstención en las elecciones presidenciales de 2016 y en las elecciones municipales de 2017. El informe final de la OEA sobre esas elecciones municipales dejó claro que deben reformarse la ley de partidos políticos, el padrón electoral, y aspectos técnicos y normativos del proceso en el que se realizan las votaciones. Reconoce, en conclusión, que el sistema electoral nicaragüense requiere reformas de fondo. Habrá que esperar cuáles serán las reformas que asume el gobierno de Nicaragua.

Fue en este contexto, que el 30 de enero se celebró en la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM) la elección de la nueva directiva. La expectativa que se creó en torno a los resultados fue extraordinaria. En las vísperas se vivió una efervescencia no vista en ocasiones anteriores. La Cámara tiene un poco más de 300 miembros y a la elección llegaron unos 230 a votar, cuando en elecciones anteriores llegaban 70, lo más 90. Todo mundo se movilizó y todo mundo tomó partido. La elección generó más interés que las elecciones presidenciales de 2016 y que las municipales de 2017, según algunos analistas. Fue transmitida en vivo a través de Facebook y, al menos, por un canal de televisión. Era realmente una elección competitiva. Se conformaron dos bandos que resultaron claramente definidos. Las posiciones de ambos se habían externado en los medios de comunicación nacionales y la gente supo leer entre líneas lo que podía estar en juego. Creo que, sobre todo, también esta elección fue un momento que reveló los dilemas y las visiones que de manera más amplia existen hoy en el país, las tensiones y las posiciones que hoy se contraponen en Nicaragua.

Antes de la elección, el presidente de AMCHAM, Álvaro Rodríguez, anunció que buscaría su reelección al frente de la Cámara. En respuesta, lanzó su candidatura María Nelly Rivas, representante de Cargill en Nicaragua, la empresa norteamericana más importante de las que están presentes en Nicaragua y la que ocupa el número 21 entre las empresas de Estados Unidos, con presencia en 140 países, dedicada a muchos negocios, especialmente a la producción de alimentos.

¿Qué era lo que estaba en juego en esta elección? En el actual contexto de tensiones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua, para los que conocían bien el trasfondo dentro de la Cámara y consideraban los desafíos del momento, se trataba fundamentalmente de resolver un tema de representatividad y de efectividad. Desde mi punto de vista, la reelección del presidente hubiese significado un liderazgo ambiguo, que había mostrado claras limitaciones para miembros claves de la Cámara, donde se sentía una brecha entre lo que se acordaba en la junta directiva y lo que se hacía y decía. En el pasado, la tendencia de la Cámara había sido tener siempre una voz independiente, crítica y constructiva.

Desde afuera de la Cámara, y tal vez igual de relevante y por lo que había preocupación, lo que se decidía en la elección tenía que ver también con que se eligiera un proyecto controlado por los capitales más fuertes del país, y que eso condujera a una subordinación demasiado obsequiosa al gobierno. En el bando contrario, se aspiraba a que la conducción de la Cámara contara con una directiva más independiente y autónoma del gobierno, que tuviera también una representatividad amplia de otros grupos económicos importantes en el país. Y que contara con una visión propia sobre el estado de cosas en el país y sobre lo que había que hacer.

Esta tensión explícita, o implícita en todo caso, abría el juego a otros actores y conformaba, para todos en la Cámara, una correlación de fuerzas posiblemente mayor en la negociación con el poder. Paradójicamente, sin una hegemonía clara en la Cámara cambiaba el juego en la negociación y en la discusión futura con el gobierno. Al menos desde el sector privado, el juego que se delineaba podía cambiar de eje: al no haber hegemonía habría que contar con la fortaleza del consenso. Un cambio así hacía más desafiante el futuro en el corto plazo para el sector privado. Pero, potencialmente lo hacía más seguro a mediano y largo plazo al contar con una organización más representativa de los grupos económicos fuertes del país. Además, esa nueva realidad daba fortaleza a la interlocución del sector privado, tanto internamente como con Estados Unidos en los momentos necesarios.

Este escenario provocó que el voto se dividiera. La presidencia la ganó la candidata propuesta por Cargill y la junta directiva quedó conformada con la mitad de la gente de la plancha del capital más fuerte y la otra mitad con la gente más independiente, donde están representados otros grupos económicos también bien importantes. El candidato a la reelección y al que había apoyado lo que se conoce como el “gran capital,” no quedó siquiera en la junta directiva. Yo tampoco quedé, probablemente porque al final de cuentas no represento más que una voz independiente que cree en la unidad y el consenso, pero partiendo de la democracia interna en las organizaciones. Lo que hice tres días antes de la elección fue lanzar mi candidatura para usar esa plataforma como respaldo a la candidata de Cargill porque veía en ella la mejor opción para AMCHAM y para el país en la crítica situación actual. La elección desencadenó momentos inusualmente tensos en el sector privado, que aún debemos digerir y confío que sabremos superar, a pesar de que la Cámara siempre ha tenido más de simbolismo que de relevancia. Lo que sucedió en la elección, repito, fue una fotografía que reflejaba las corrientes y los sentimientos que hoy se enfrentan en nuestro país. Si esta experiencia ha de servir para algo positivo debería serlo para reconocer y enfrentar los desafíos que tenemos de una manera más representativa.

Nadie deja de reconocer que existe un serio conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua. Cargill decidió asumir la presidencia de AMCHAM para liderar con mayor independencia y representatividad las relaciones entre ambos países en temas de comercio y de inversión, convencida esta empresa de que en este contexto pueden representar con mayor capacidad y efectividad los intereses de todos en la Cámara. Resultó importante que el capital extranjero, representado por Cargill, decidiera lanzarse a esta candidatura resaltando que la unidad no significa que todos pensemos igual. AMCHAM ha sido percibida tanto en los Estados Unidos como en Nicaragua como una institución independiente y esa independencia es la que quiso preservar Cargill y la que quisimos preservar un grupo en AMCHAM. A la vez, existe consenso en considerar que no por incidir en la transición democrática que el país requiere se deba de dañar la economía que tanto ha costado reconstruir. Pero también hay conciencia de que el país requiere de reformas internas para evitar las amenazas que se ciernen sobre Nicaragua y ése es el verdadero desafío. No es ciertamente la Cámara la que puede solucionar esas amenazas, porque se trata de un asunto de país que nos corresponde asumir a todos. En todo caso, es sano reconocer que necesitamos una estrategia para transitar hacia la democracia y, mucho mejor si comenzábamos “por casa”, por AMCHAM.

La independencia y una representatividad amplia en AMCHAM resulta valiosa en estos momentos cuando, en cierta forma, tanto el sector del gran capital como el COSEP, con independencia de la realidad, son señalados por algunos actores clave en Estados Unidos como “colaboracionistas” con el gobierno de Nicaragua, que, al menos en Washington, ya es percibido como antidemocrático y anti-Estados Unidos. A quienes han estado por Washington se les ha repetido que Nicaragua en estos momentos no tiene amigos, sino enemigos. Y un ambiente así no puede ser obviado por ninguno de los actores relevantes en el país.

AMCHAM se ocupa de relaciones comerciales de las empresas norteamericanas en Nicaragua y de las inversiones de empresas que llegan de los Estados Unidos. ¿Cómo está, en general, la inversión norteamericana, y en general la inversión extranjera, mirando a Nicaragua en estos momentos, con las tensiones entre la administración Ortega y el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo los inversionistas extranjeros asumen ese conflicto?

Lo que veo es que entre los inversionistas extranjeros los hay de tres tipos. Unos que prácticamente son indiferentes ante el conflicto. No se preocupan, no se meten, no lo entienden y lo que les importa únicamente es cómo obtienen el rendimiento que requiere el nivel de riesgo que asumen en Nicaragua. Porque asumen los riesgos que tiene este país y esperan obtener, por eso mismo, buenos rendimientos. No olvidemos que Nicaragua es un país de alto riesgo y que el inversionista que viene al país lo que prioriza es asegurar un buen retorno de su inversión. Por eso es que vienen los que vienen… y por eso es que muchos no vienen. Creo que los que son indiferentes lo son porque probablemente no están bien informados. Hay otro sector de inversionistas que sí están preocupados y lo están porque tienen información. La información hace una gran diferencia. Los que están bien informados lo están porque buscan la información, porque creen que es importante conocer el pulso del país y porque quieren incidir en el rumbo de las cosas. Finalmente, también hay algunos que están en el medio: están preocupados y se mantienen a la expectativa.

Se podría afirmar que la embajada de Estados Unidos en Nicaragua también tomó posición en la elección de AMCHAM. La embajadora, Laura Dogu, nos ha expresado continuamente la gran preocupación que existe porque la relación de Estados Unidos con Nicaragua se deteriore. La embajadora sabe, como todos sabemos, que hay una gama de sanciones amenazando a Nicaragua en el Congreso, en el Senado, en el Departamento de Estado… Y ella ha sido muy abierta en buscar a quien quiera escucharla para expresarle sus preocupaciones y también el deseo de que mejoren las cosas en Nicaragua y de que se hagan reformas internas para lograr una mejor institucionalidad y más democracia como medios para frenar las sanciones. Su preocupación tiene que ver no sólo con la situación interna del país. Le preocupa la relación del gobierno de Nicaragua con Rusia, con Venezuela, con Irán. Incluso, le preocupa el futuro del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con Estados Unidos y nos ha dicho que teme que nos lo puedan suprimir. ¿Será posible eso? Algunos no lo creen.A mí me preocupa el estancamiento que observo en el sector textil de zona franca y en el sector de los arneses. También me preocupa cómo va a terminar la negociación de los Estados Unidos con México, la evaluación del sector agropecuario en el 2019 en el marco del CAFTA, el caso del maní… Varias cosas. Ante estas preocupaciones, el punto es que mientras sea mejor nuestra relación con los Estados Unidos mayor margen de maniobra tendremos como país para lidiar con nuestra agenda comercial y de inversiones. Nicaragua necesita crecer mucho más y eso no ocurrirá si no tenemos buenas relaciones y si no gozamos de la buena voluntad del más importante de nuestros socios comerciales e inversionistas.

La embajadora de los Estados Unidos estuvo presente en las elecciones de AMCHAM, expresó que sería positivo que una empresa norteamericana asumiera la dirección de la Cámara y se mostró satisfecha con la elección de María Nelly Rivas, la candidata de Cargill. Su opinión, naturalmente, influyó en los resultados. Yo diría que hasta el mismo gobierno estaba de acuerdo con que saliera adelante la propuesta de Cargill, considerando que sería más efectivo lidiar con Estados Unidos a través de esta gran empresa. Y no porque Ortega no sea amigo y aliado del capital tradicional nicaragüense, con el que dialoga abiertamente, sino por el interés de tener efectividad en Estados Unidos en el nuevo contexto.

En octubre, AMCHAM decidió contratar a un grupo privado norteamericano de cabildeo para que trabaje en Washington y consiga frenar la aprobación de la Nica Act, al menos en su última versión. Con sentido de realismo, de lo que se trata es de expresar lo que el sector privado piensa en Nicaragua: que las sanciones generalizadas serían sumamente dañinas para todos porque ya le ha costado bastante al país regresar a los ingresos por habitante que teníamos hace cuarenta años… No necesariamente el sector privado discrepa en el diagnóstico y reconoce que se requieren reformas internas que le toca decidir a Nicaragua. Se espera que mientras se cabildea en Estados Unidos, en Nicaragua el gobierno hará las reformas que se tienen que hacer. El gobierno, también el país, tienen sobre la mesa el compromiso con la OEA. Si el gobierno está ganando tiempo únicamente, no lo sé. Pero asumo que habrá reformas. Y considero que el acuerdo con la OEA nos da una oportunidad para conseguirlas.

Creo también que el gobierno es consciente de lo delicado de la situación. El 5 de noviembre de 2017, después de ejercer el voto en las últimas elecciones municipales, Ortega lo reconoció, aunque de manera indirecta, cuando criticó a quienes promovían la abstención, afirmando que en Nicaragua la única vía para resolver los problemas son los votos, porque el otro camino es la confrontación. Aunque hablaba así, indirectamente, creo que lo que estaba expresando es lo preocupante que es que en Nicaragua nos dejó de importar el voto, lo peligroso que es que dejamos de ir a votar, que ya una mayoría de gente no cree en el voto. Creo que él está consciente del problema que representa eso, creo que en el gobierno hay conciencia de ese desafío. Por eso, creo también que va a depender de todos los nicaragüenses qué tan efectivos seamos y qué tan hábiles seamos para ganar espacios con los que restablecer un mejor balance de poder en el país, sabiendo que este gobierno siempre va a ceder lo menos para mantenerse en el poder lo más posible, de manera perpetua si pudiera.

Lo cierto es que nosotros como país necesitamos una estrategia para conseguir un cambio de rumbo. La estrategia del partido de gobierno está clara. Desde que regresó al gobierno ha acaparado más y más y más poder hasta convertirse hoy en un poder económico, político y social con el que espera dar continuidad a este régimen. Esto, naturalmente, no es una situación positiva y en el sector privado se considera que la sociedad nicaragüense requiere de más balances. Porque cuando el poder se perpetúa se degenera, se vuelve corrupto y es bien difícil evitar eso. Las encuestas ya muestran la corrupción como el primer problema en el país.

La gran pregunta que el sector privado escucha permanentemente es por qué no asumen un papel más beligerante frente al gobierno. Como los partidos políticos o han desaparecido o están muy debilitados hay quienes reclaman que el sector privado tiene la responsabilidad de asumir un papel más político. Creo sinceramente que el sector privado va a jugar un papel político en buscar cómo se enrumban las cosas en el país, y creo que ya lo está jugando. Pero pensar que el sector privado puede solo con esa tarea o que es al sector privado a quien le corresponde asumirla no es lo deseable. El cambio y el retomar la senda de la transición democrática tiene que venir de un espectro social mucho más amplio. Y esperamos que de ahí venga. Además, hay que tener en cuenta los límites del sector privado, que no es muy experimentado en política.

Es una realidad que la sociedad nicaragüense está hoy poco movilizada para profundizar la democracia. La salida, al final de cuentas, es un asunto de correlación de fuerzas. Actualmente, hay dos grupos políticos activos. Está la corriente de oposición liderada por Violeta Granera en el FAD (Frente Amplio por la Democracia), que son los más beligerantes y los más incisivos, pero tienen estructuras relativamente débiles. Y está el partido Ciudadanos por la Libertad, que mutó del PLI. Considero que realmente es de oposición. Tienen una estructura, han jugado dentro del sistema, pero critican a los otros y viceversa, son criticados por los otros. Creo que siendo los dos reductos de oposición que quedan en el país deberían entender que tendrán que converger más adelante porque tienen intereses estratégicos parecidos.

También hay otros grupos políticos, los partidos “zancudos”, como los llamamos en Nicaragua, que son casi una creación del gobierno. Por otro lado está la sociedad civil organizada, dividida, pero beligerante siempre, que representa un gran capital social acumulado. Y están los poderes fácticos. El sector empresarial privado es un poder, la Iglesia es otro poder, el Ejército es otro. Y está el gobierno, que concentra mucho poder, y está el grupo económico del partido en el gobierno, que se benefició durante diez años de un flujo de recursos extraordinario que ningún otro gobierno tuvo antes. Esos recursos venezolanos le dieron una enorme capacidad de maniobra. Sin esos recursos nunca hubiera sido posible la acumulación de poder que han logrado.

En esta situación que he descrito, ¿cómo se dará la negociación para una transición? A lo mejor ni siquiera se da una negociación, un diálogo abierto. A lo mejor el gobierno hará cambios en las instituciones, renovará autoridades en la medida en que se les termine el período y eso abrirá espacios y oportunidades para que entren al gobierno otros actores y se logren algunos balances. A lo mejor será así. Pero, para ser franco, yo no sé cómo se va a dar este proceso, no me lo imagino. No sé tampoco si lo tiene claro el sector privado o si lo tiene claro el mismo gobierno. Yo traté de armar unos términos de referencia para tener una estrategia, pero creo que eso está en el aire. FUNIDES va a hacer un planteamiento con consideraciones para una estrategia de reforma electoral. Estamos considerando trabajar para que desde el sector privado surjan iniciativas que aporten, pero es difícil predecir lo que ocurrirá. Tampoco está claro cuál va a ser el camino que decida caminar el gobierno.

Hay que tener en cuenta una realidad que genera incertidumbre en el gobierno y que podría estar distorsionando y hasta paralizando sus acciones y decisiones. El gobierno puede argumentar que no tiene interlocutores en Estados Unidos con quien hablar. Ciertamente, eso es real. Sabemos que no existe un Estados Unidos único, que hay varios. Y eso se aprecia todavía más hoy, con el cambio de la administración Obama a la administración Trump. El Senado es una cosa, el Congreso es otra el Ejecutivo es otra, y el Departamento de Estado ha estado muy debilitado. Después de un año, hace sólo dos semanas que nombraron al encargado de América Latina en el Departamento de Estado. Mientras, podríamos decir que lo que hay es un diálogo silencioso y señales que se envían de ida y de vuelta, de un lado y de otro y que pueden facilitar una distensión y el proceso aún pausado de reformas. Por otro lado, de forma directa hemos recibido de Estados Unidos mensajes que dan un sentido de urgencia a la demanda de cambios. Y es ahí en donde están los dilemas.

No obstante, difícilmente Ortega se va a mover hasta estar claro de quién es su interlocutor. Ni siquiera está claro el vínculo que hay entre la OEA y Estados Unidos: porque Ortega le apostó a un arreglo con la OEA, que tenía sentido durante la administración Obama, pero con el Presidente Trump no hay nada claro sobre eso. Hasta el día de hoy personas allegadas al gobierno de Ortega continúan argumentando que no se tiene un interlocutor claroen los Estados Unidos y eso aumenta la incertidumbre. No sabemos cómo se va a enrumbar esto. Lo que sí sabemos es que hay un acuerdo con la OEA. Algunos en Washington lo ven como un vehículo apropiado. Nosotros queremos que en Nicaragua haya suficiente masa crítica para convertirlo en un vehículo eficaz. Creo que hay que darle una oportunidad a la OEA y apostar a eso. Lo único que el gobierno tiene sobre la mesa es el acuerdo de entendimiento con la OEA, que no hizo un planteamiento nada suave, sino que levantó temas de fondo para el cambio que debe haber en el sistema electoral. ¿Qué tan a fondo decidirá ir el gobierno? No lo sabemos.

Sí sabemos que el gobierno está entrando a una nueva etapa. Porque ya no dispone de los recursos venezolanos. Y el gobierno está teniendo que desmontar muchos de los tratos que hacía financiándolos con esos recursos externos. Ya estamos viendo, por ejemplo, el proceso de nacionalización de la deuda petrolera con Venezuela, una deuda que nos dijeron era deuda privada. Cuánta de esa deuda se hará deuda pública no lo sabemos. ¿Podremos pagarla? Con toda la deuda pública que ya hemos acumulado, creo que no podremos, que el país se enfrentará al desafío de un monto impagable. Tendrían que ser muy exitosos los proyectos de inversión que se han hecho con los recursos venezolanos como para que sirvan para el repago de la deuda. Y los negocios en los que han invertido el dinero venezolano no todos lucen prometedores. Lo que percibo en el horizonte es una negociación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua para ver cómo vamos a resolver una deuda que puede comprometer en algún momento próximo el futuro del país. No va a ser fácil encontrar una salida, nos va a costar caro lo que se hizo de forma nada responsable con el manejo de la cooperación venezolana, porque se conocía muy bien la ingeniería financiera que presentó el ex-Presidente Enrique Bolaños para asumir todos los beneficios que nos estaba dando Venezuela, estructurando desde el principio la forma del repago: comprando unos cupones cero, así se llamaban, donde el país iba poniendo dinero para redimir la deuda y quedándose con lo que sobraba. Pero como con esa fórmula era mucho menos el dinero con el que se quedaba el partido en el gobierno, el que le que quedaba para sus inversiones y sus obras sociales, esa ingeniería financiera no se aceptó.

Ahora, sin los recursos venezolanos, creo que Nicaragua volverá a ser como era hace unos años. Vamos a empezar a sentir la ausencia de esos recursos, que parecían no tener fin y que nos han dado una imagen de bonanza que ha durado más de diez años. Este mes de febrero vino el Fondo Monetario Internacional a Nicaragua. Estuve en una reunión con las autoridades económicas del gobierno y con el sector privado. Básicamente, lo que nos dijo el Fondo es que, tal como vamos, si no hacemos nada en el año 2019 el país tendrá un déficit del 3.5% del producto interno bruto y Nicaragua volverá a ubicarse en una senda de insostenibilidad de su deuda pública. Nos dijeron que hagamos reformas en el Seguro Social, porque las que se hicieron no han salvado de la insolvencia al Seguro. Nos dijeron que redujéramos las exoneraciones. Creo que lo primero debe ser transparentarlas y contabilizarlas, para saber qué le estamos dando a cada quién. Y lo segundo debe ser racionalizarlas porque hay algunas que tienen sentido todavía, porque queremos promover un sector en particular por los beneficios que ese sector pueda aportar. Lo que no creo es que debemos seguir como estamos, porque básicamente se han venido montando exoneración sobre exoneración y ahora lo que tenemos es una constelación de exoneraciones que reflejan acuerdos políticos de hace muchos años. Yo participé en las exoneraciones que se le dieron al sector agropecuario en 1997. Se acordó entonces que debían durar cinco años y veinte años después seguimos con ellas.

En este año 2018 el crecimiento de Nicaragua va a estar fundamentalmente sustentado en un incremento en la inversión pública, a diferencia de 2017, cuando estuvo sustentado en las exportaciones. Pero, inversión pública significa deuda pública. Viendo que nos estamos moviendo en una senda de endeudamiento preocupante, ante los del Fondo, ante el Ministro de Hacienda y ante los del sector privado les dije: Para volver a caer en deudas insostenibles de las que nos costó tanto salir, mejor no invirtamos si no estamos dispuestos a pagar más impuestos. La gravitación de la enorme deuda externa que tuvimos afectó la inversión y el crecimiento por mucho tiempo y sólo fue hasta hace más o menos ocho años que eso comenzó a cambiar.

¿Qué va a pasar? No lo sé. Me da la impresión que el gobierno va a buscar cómo racionalizar las exoneraciones y a incrementar los ingresos fiscales hasta donde pueda para sostener el gasto público que pretende hacer. El fin de los recursos venezolanos y esos ajustes pueden cambiar la dinámica política en el país. Hay un libro de Moisés Naim titulado “El fin del poder” que dice básicamente es que, con los cambios acelerados que se están experimentando hoy en el mundo, con el crecimiento de la población y con la emergencia de una clase media más extensa, con la información y las telecomunicaciones, ya nadie puede sostenerse en un gobierno ni con un poder tan fuerte ni por tanto tiempo. Creo que la transición que va a darse en Nicaragua podría ser una prueba de esto. Porque va a tener que haber cambios, va a tener que haber una transición estableciendo balances básicos.

En la medida en que estemos bien organizados podremos ser parte de la solución. Y en la medida en que estemos desarticulados y polarizados no podremos. A fin de cuentas, en Nicaragua tenemos que caber todos. Y todos tenemos que comprender que una sociedad en transición a veces tiene que aceptar que los privilegios se conviertan en derechos para poder seguir adelante. Creo que el acuerdo de la OEA representa un vehículo para lograr esa transición. Hoy por hoy creo que hay que apostarle a ese acuerdo, porque es lo único que tenemos sobre la mesa.

Hay quienes dicen que enrumbar a Nicaragua por la senda democrática gracias a la intervención de Estados Unidos no es lo deseable. Pero no podemos dejar de ser realistas. Los Estados Unidos son nuestro principal socio comercial. El comercio entre exportaciones e importaciones con Estados Unidos en 2017 representó más de 4,800 millones de dólares. Las inversiones de los Estados Unidos en Nicaragua han sumado en los últimos cuatro años 1,500 millones de dólares. Las remesas de los nicaragüenses que viven y trabajan allá son más de 800 millones de dólares. Además, los Estados Unidos tienen el mayor peso en los organismos multilaterales que le dan a Nicaragua préstamos para inversión pública: unos 300 millones de dólares anuales. Todo eso en conjunto representa el 38% del Producto Interno Bruto de nuestro país. No hay nada comparable en la relación con ningún país ni tampoco podríamos sustituir esa relación con ningún otro país.

Hay también otros elementos a tener en cuenta para entender el papel de Estados Unidos en Nicaragua y en la región Después de lo que les ocurrió el 11 de septiembre de 2001 los Estados Unidos son un país en guerra. El tema de la seguridad nacional es la prioridad, tanto de su política exterior como también de su política interior. Hoy atraviesan por un período de transición bastante tumultuoso entre la administración Obama y la administración Trump, un período en el que han lucido bastante desarticulados, pero ya estamos viendo que les importa lo que pase en América Latina. Porque somos una fuente de producción de drogas, que están afectando el tejido social de Estados Unidos. Porque estructuras del crimen organizado controlan amplios territorios en América Latina. Y porque el tráfico de drogas, el crimen organizado, el lavado de dinero y el terrorismo utilizan los mismos canales y las mismas prácticas. Todo esto es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y todo eso lo tenemos en América Latina, también en Nicaragua. Que Estados Unidos no tiene altura moral para decirnos a nosotros qué hacer o qué no hacer puede ser un argumento muy válido, pero que nos digan o no, hemos de aceptar que pueden hacernos daño y es responsabilidad nuestra cuidarnos de ese daño.

Durante años la administración Ortega le vendió a Estados Unidos esta idea: Nicaragua en temas de seguridad, en temas de lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico y en freno a los emigrantes será un aliado incondicional de Estados Unidos, pero en todo lo demás… no se metan con nosotros. Eso le ha funcionado hasta ahora, pero ese acuerdo ya no es suficiente porque hay otros intereses en juego: la redefinición de las relaciones con Cuba y con Venezuela, la influencia de Rusia y de China en la región… La administración Trump vuelve a actuar como si América Latina fuera su patio trasero. Nos guste o no nos guste, no podemos subestimar el poder que los Estados Unidos tienen en nuestros países. Debemos ser realistas sabiendo lo que es ese país y sabiendo quiénes somos nosotros y dónde estamos parados.

Hoy por hoy todas las democracias, incluyendo la de Estados Unidos, están en crisis. No es que los Estados Unidos nos deben dar lecciones de democracia, pero nosotros debemos aprender lecciones de realismo. Hoy por hoy ser realistas es entender que estamos siendo amenazados, que tienen instrumentos muy concretos que pueden ser muy dañinos y que tenemos que lidiar con eso y evitarlo. Lo más triste y lamentable de esto es que esas amenazas, esas presiones son potencialmente un instrumento de cambio… porque pareciera que por las buenas en Nicaragua no entendemos, que por las buenas no cambiamos nada.

Así veo hoy las cosas. Llevo un tiempo tratando de empujar en la dirección de un cambio, buscando que el país pueda reencauzarse, reabrir espacios y retomar la senda de lograr un proceso democrático en donde quepamos todos para no seguir en la actual situación, donde alguien juega con los dados siempre cargados y de un único lado.

Ya hemos vivido en el pasado a donde nos lleva ese juego, ya sabemos cuánto nos ha costado salir de él. Y puede volver a ocurrir que nos vuelva a costar sangre. Creo que nuestra tarea es la de mover a más y más gente a comprometerse en lograr los cambios que necesitamos, movilizándonos, discutiendo, debatiendo, conformando una estrategia de resistencia ante este poder casi omnímodo ante el que hoy nos encontramos, un poder totalmente distorsionado por lo que representaron los recursos venezolanos que ya no existen.

No será tarea fácil ni la resistencia ni la estrategia para enfrentar lo que tenemos delante. Pero lograrlo es hoy nuestro deber. Nicaragua debe retomar la senda de profundizar un proceso democrático donde quepamos todos, un modelo con balances de poder razonables para asegurarnos estabilidad de largo plazo. Lograr esto le conviene al mismo partido de gobierno. Será eso lo que nos podrá hacer más fuertes como nación.

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