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  Número 431 | Febrero 2018
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Guatemala

Un sistema vetusto que se resiste a cambiar

Jimmy Morales llega a la mitad de su mandato cuestionado por la corrupción y bajo la lupa de Estados Unidos. Lo defiende aún un sistema arcaico y deshumanizador, que, aunque se cae a pedazos, se resiste a cambiar. La buena noticia es que la sociedad ya conoce a los dueños del sistema. Ya están al descubierto. Aún tienen mucho poder, pero ya no son anónimos. Y eso es un avance.

Fernando Girón Soto

La profunda crisis que padece Guatemala, manifestada en toda su crudeza a partir de abril de 2015, deja al finalizar 2017, especialmente después de los acontecimientos de agosto y septiembre, un panorama en el que se definieron con total claridad los roles de muchos actores. Hasta ahora la población no los identificaba con nitidez. A partir de ahora, parece cada vez más evidente que “no hay vuelta atrás” para reacomodar las cosas, que no hay camino para retornar al ejercicio del poder que prevalecía antes de abril de 2015, aun cuando los interesados en lograr que así sea estén intentándolo con todos sus recursos.

El modelo económico patrimonial-oligárquico, su sistema político y la “administración” de justicia que intenta validarlos están en un proceso de deterioro tal que es imposible regenerarlos. Carcomidos por la ineficacia y la corrupción seguirán avanzando, pero casi seguramente esos tres instrumentos de dominación, el económico, el político y el judicial, terminarán por sufrir transformaciones. ¿Cuándo, cómo, de qué tipo serán las transformaciones que el sistema requiere? Hoy esto es terreno de especulación y parece más sensato reflexionar sobre lo que hemos avanzado y sobre el modelo moribundo que se niega a desaparecer.

ABRIL 2015:SE ABREN LAS PUERTAS


Desde las jornadas de abril de 2015, que terminaron con el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, hasta hoy el movimiento social guatemalteco se ha ido desarrollando poco a poco. Es una realidad muy novedosa porque la presión popular sobre una institucionalidad pública acostumbrada a hacer lo que quería sin prácticamente oposición, y menos aún, sin protesta pública, ha cambiado algunas de las coordenadas de la actuación política e institucional.

En lo fundamental, fue esa presión popular la que abrió las puertas para hacer visible la corrupción con que han actuado las élites del poder económico, un tema tabú en Guatemala desde 1954. Estas puertas abiertas modificarán necesariamente, en el mediano y en el largo plazo, tanto las formas de ejercicio del poder y la construcción de hegemonía, como las posteriores correlaciones de fuerzas entre los actores sociales.

La movilización social que inició el 25 de abril de 2015 fue provocada en un primer momento por la descarada corrupción de Pérez Molina y de Baldetti. Fue ése el acicate que movilizó a sectores de la capa media urbana de la capital y que evidenció un malestar que se venía acumulando desde muchos años atrás y en toda la población. Y el estallido de indignación y las protestas masivas sirvieron de embrión a la organización ciudadana y popular, durante mucho tiempo adormecida.

DESPERTANDO DEL ADORMECIMIENTO


La gente entendió y sintió que la movilización en las calles y unidos permite recuperar la conciencia sobre la importancia de la política. Que la acción colectiva y la presencia de cada uno en el conjunto del pueblo devuelve confianza y autoestima. Eso es muy valioso después del prolongado miedo que implantó el terrorismo de Estado. La gente sintió y entendió que la presión popular puede forzar decisiones políticas prácticamente intocables durante más de treinta años y puede obligar a las instituciones a cumplir al menos con los mínimos de sus obligaciones legales. La movilización logró defenestrar a un gobierno de militares corruptos apoyado por el empresariado, principal responsable del desbarajuste institucional y de la inviabilidad social.

Con la movilización de abril de 2015 florecieron algunos embriones organizativos, otros no lo lograron, pero la conciencia de un sector de la población despertó y empezó a sacudirse el miedo, el conformismo y la desesperanza. Dejó de pensar que nada se podía hacer y que nada cambiaría nunca.

Despertar de un adormecimiento tan prolongado ha sido muy importante. Durante años la oligarquía consiguió enajenar a un amplio sector de la población para lograr consensos activos y pasivos que respaldaran su hegemonía. Primeramente lo hizo con el terror, luego los reforzó promoviendo un individualismo absoluto por todos los medios de comunicación, organizando una permanente manipulación religiosa, basada en el integrismo neopentecostal y también católico, bloqueando la posibilidad de un razonamiento crítico y exacerbando un tradicionalismo vacuo, chauvinista y embrutecedor. Ante todo esto, el despertar de distintos sectores de la población no es poca cosa.

UN MODELO ECONÓMICO OLIGÁRQUICO


Este despertar social se enfrenta hoya un modelo económico y político arcaico, vestusto y moribundo que se resiste a fenecer.

El modelo económico que domina en Guatemala es estructuralmente oligárquico. Está organizado por unos veinte grupos familiares, generalmente endogámicos, que dominan el escenario. En los últimos 60 años esa oligarquía hegemónica ha sido penetrada por nuevas familias. Se trata de un modelo rentista, oligopólico, cerrado, dependiente del sector agrícola y de las materias primas. Ha concentrado la riqueza social en sus manos, impidiendo un mayor desarrollo de la industria, el comercio y los servicios, sectores que reproducen la concentración de la riqueza. Lo hacen, entre otros muchos privilegios, a través de la intermediación financiera, los privilegios fiscales, los subsidios disfrazados de incentivos para la producción y la apropiación de los recursos tributarios por medio de la exclusividad en el financiamiento del crédito interno.

Este modelo económico descansa en la explotación de la fuerza de trabajo de la población, en la depredación de los recursos naturales y en la extendida corrupción fiscal, comercial, de intermediación financiera (lavado de activos) y en el descarado despojo de tierras y territorios a los campesinos, especialmente a los pueblos originarios.

Resultado: un escaso crecimiento económico. Ha sido de 2.5% en promedio durante los últimos diez años. Siendo menor al crecimiento de la población, que se incrementa anualmente entre el 3 y el 3.5%, eso concentra aún más excesivamente la riqueza. Según el Banco Mundial, Guatemala ocupa el puesto 9 entre los 14 países más desiguales del planeta. En esa lista figuran otros cinco países latinoamericanos: Honduras (puesto 6), Colombia (7), Brasil (8), Panamá (10) y Chile (14).

LO QUE PROVOCA EL MODELO


Una limitada porción de la riqueza que produce este modelo llega a la capa media alta urbana, especialmente en la capital, creando un bolsón de confort y consumo y una identificación ideológica con el sector hegemónico, lo que la convierte en aliada del sistema político, del modelo económico corrupto y de la ideología racista. Es de ese sector de donde salen cuadros técnicos e “intelectuales” que trabajan para el modelo y le son funcionales.

Este modelo económico provoca altos índices de pobreza. Según el PNUD, en 2011, año que precedió al gobierno de Pérez Molina, la pobreza en el país era del 90.6%, porcentaje que se descomponía así: el 62.4% de la población vivía en pobreza media, el 29.6% en pobreza extrema y el 3.6% en pobreza severa. El 49.8% de los niños menores de 5 años sufrían desnutrición crónica, la tasa más alta del continente. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, la pobreza y la pobreza extrema habían aumentado en los últimos ocho años.


Ninguno de estos porcentajes ha variado significativamente. La profundización de la pobreza y de la desigualdad es un resultado constante del modelo. Esto incrementa la migración: si en 2013 migraron a Estados Unidos 1 millón 600 mil guatemaltecos, en 2017 ya fueron casi 3 millones.

PARTIDOS POLÍTICOS EN MANOS DE GRUPOS MAFIOSOS


Este modelo económico posibilita un sistema político que, por ley, es democrático republicano, con tres Poderes del Estado independientes. La población elige de forma directa a quienes integran el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, mientras que las autoridades del Poder Judicial las eligen los diputados electos para el Legislativo. Pero el sistema político no obedece a las leyes, sino a la lógica de quienes detentan el poder económico, sectores oligárquicos y criminales que llamamos Redes Político Económico Ilícitas, grupos mafiosos que tienen una profunda influencia en los partidos políticos que financian y que están comprometidos con sus fines.

Los partidos son simplemente grupos electoralistas, sin vocación por el bien común y sin capacidad de intermediar entre el poder público y la población. Son grupos clientelistas que han conformado una clase política corrupta que históricamente han convertido a Guatemala en una hacienda de la que mantienen la propiedad casi absoluta. Ese control explica la cantidad y variedad de partidos que nacen y mueren en “la finca” en poco años, cual clubes electorales transitorios, todos defendiendo en el discurso los principios de la economía neoliberal que ni siquiera es eso, porque la economía que prevalece en Guatemala es una economía conservadora, patrimonial e inmovilista.

RAÍCES RECIENTES: LA CONTRARREVOLUCIÓN DE 1954


Aunque el sistema político dominante ha sido autoritario desde la Colonia, sus características contemporáneas hay que buscarlas en la contrarrevolución de 1954, independientemente del régimen legal transitorio que haya adoptado a partir de entonces, a veces el de una dictadura militar contrainsurgente o a veces el de una parodia de democracia liberal, como lo es hoy.

Desde 1954 el modelo político se caracteriza por un permanente fortalecimiento de la oligarquía dominante, por la relevancia del papel político del ejército, por el debilitamiento de la institucionalidad pública y de las organizaciones de la sociedad civil, por los liderazgos caudillistas, por un discurso jerárquico y excluyente que prioriza la obediencia y el “orden”, entendiéndolo como ausencia de crítica o de demanda de transformaciones. El resultado de todo esto es un continuo avance de la depauperación de la mayoría de la población.

UN SISTEMA POLÍTICO INCAPAZ


En este contexto las instituciones políticas son sumamente débiles. Su representatividad es pobre y su legitimidad es hoy inexistente. Las que vienen del espectro político de la izquierda que participó en la guerra interna que concluyó en 1996 son minoritarias, casi anecdóticas en el escenario político. Son débiles, tienen una severa incapacidad organizativa, falta de renovación de los liderazgos o ausencia de ellos y un discurso político que no hace eco en la población y que resulta ajeno a la población mayoritariamente joven. Un 47% del total de la población tiene menos de 30 años según datos del Banco de Guatemala y tiene una ínfima formación política, consecuencia de casi cuarenta años de terrorismo de Estado.

Los partidos políticos, representantes y operarios de poderes fácticos y criminales no tienen intención alguna de modificarse ni de permitir la urgente reforma del sistema político que Guatemala requiere y se oponen a cualquier cambio. El sistema político es incapaz de dar soluciones a la crisis del país y camina hacia un nuevo proceso electoral en 2019 que, en lo sustancial, tememos será “más de lo mismo” y deteriorará aún más las condiciones críticas.

UN SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTO


Sin posibilidades de validación política, social o ética, tanto el modelo económico como el sistema político necesitan validarse, aunque sea legalmente. Necesitan un sistema de justicia que llene las formalidades legales, pero que no sancione la corrupción, que no salvaguarde la legalidad de la vida pública, y mucho menos, que sea la reserva ética de la sociedad.

El sistema de justicia debe garantizar impunidad al funcionamiento de las Redes Político Económico Ilícitas, que actualmente lo tienen cooptado, caracterizándolo por una gestión de alta opacidad, corrupción, burocratismo, ineficiencia, arbitrariedad y lentitud.

Hasta hace poco el sistema penal tenía hasta un 98% de incapacidad para resolver los procesos judiciales que le correspondía administrar. Protegiendo a los operadores políticos, económicos y criminales de las Redes, el sistema es una carga económica para la población, que obtiene una justicia que no es ni pronta ni eficiente.

EL DESPERTAR DE LAS CLASES MEDIAS


A pesar de todo esto, a pesar de este modelo vetusto, el orden económico y político impuesto a partir de 1954 no logró frenar la irrupción, lenta y poco audaz, de las capas medias urbanas, que jugaron un papel importante en los años de la revolución (1944-1954).

Cuando ésta fue derrocada, se aliaron mayoritariamente con la oligarquía, aunque sin dejar de ser capas medias, generalmente poco críticas, chauvinistas, consumistas y conservadoras, lo que las diferencia de los oligarcas, a quienes admiran y lo que los separa de la mayoría de la población pobre, a la que generalmente desprecian con actitudes racistas, intolerantes o violentas, privilegiando la apariencia, la doble moral y la exclusión de la “diferencia”. Sin embargo, un pequeño sector de estas capas medias, compuestas por saltos generacionales importantes, las generaciones de los años 20, de los 40, de los 60 o de los 80, conservaron, a pesar de todo, un principio de formación crítica que se ha hecho presente en los momentos de mayor crisis. Los vimos sumándose a trabajadores urbanos y rurales y a la lucha política en la década de 1944-1954 y a la abierta rebelión anti-sistema de 1962 a 1984. Y los hemos visto despertar desde abril de 2015.

PARA CONGRACIARSE CON TRUMP


Éste es el sistema vetusto que se resiste a desaparecer y éste es el avance que hemos experimentado: un sector de la población que despierta de un largo letargo inducido. Y ése es el inicio de un nuevo año para el Presidente Jimmy Morales, quien sigue señalado de corrupción, mientras todo el sistema imperante en Guatemala sigue en la mira de Washington por esa razón.

En la víspera de Navidad, Jimmy Morales anunció su decisión de trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, queriendo congraciarse con el Presidente Trump, para mejorar su imagen tras la descabellada decisión que había tomado en agosto declarando non grato al Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y para quitarle presión a la política de seguridad de Estados Unidos, que ha cuestionado severamente la corrupción que campea en nuestro país.

La “decisión soberana” -así la llamó- de Morales, haciendo fila con otros seis pequeños países alineados con Trump, y tomando distancia de la abrumadora condena que la Asamblea General de la ONU expresó contra la decisión de hacer de Jerusalén la capital de Israel, no parece haber tenido ningún resultado. Confirma que la política de seguridad de Estados Unidos es prioridad número uno para ellos y no alteran prioridades estratégicas a cambio de este tipo de “apoyos indirectos”.

Poco después y ya en enero, el Departamento de Estado emitió una información para los estadounidenses que deseen visitar Guatemala, resaltando a lo que se exponen: agresiones sexuales, robo de automóviles, robo a mano armada y asesinatos. El texto resalta que la actividad de las pandillas es común, por lo que podrían ser víctimas de extorsión, crímenes violentos callejeros y delitos vinculados al narcotráfico, particularmente en las regiones fronterizas.

UN MENSAJE FUERTE


En una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, la congresista de origen guatemalteco Norma Torres propuso extender y endurecer las sanciones a los guatemaltecos que intenten afectar el trabajo contra la corrupción que llevan a cabo el Ministerio Público y la CICIG.

“La clase política y muchos individuos del sector privado están haciendo mucho daño para menoscabar el trabajo de la Fiscal General Thelma Aldana y la CICIG. Creo que debemos mandar un mensaje más fuerte de parte de Estados Unidos a esos sectores”.

El 8 de enero el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, envió un mensaje fuerte al Congreso de la República refiriéndose a la elección de la junta directiva que tendrá el Poder Legislativo en los próximos dos años: “Estados Unidos confía en que el Congreso elegirá una junta directiva comprometida con la lucha contra la corrupción y la impunidad… La falta de ese compromiso podría afectar la cooperación de los Estados Unidos con Guatemala. Estados Unidos valora altamente contar con socios guatemaltecos que están comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Más claro, ni el agua.

Sin embargo, el Congreso de la República, pareciera no escuchar nada y se enzarza en una disputa de tráfico de influencias y clientelismo para intentar elegir como presidente del Congreso al diputado Álvaro Arzú Escobar, representante insigne del “Pacto de corruptos” fraguado en la crisis de septiembre de 2017. Arzú es hijo del alcalde metropolitano y ex-Presidente de la República Álvaro Arzú Irigoyen, hoy en antejuicio.

También, más claro ni el agua. La intención es preservar el sistema político a toda costa, congelando cualquier modificación que pueda hacerse al Congreso y “preparar la artillería” para controlar la elección en mayo del nuevo Fiscal General, que es titular del Ministerio Público. Y en octubre, la elección del Contralor General de Cuentas, para luego “enfocar las baterías” y lograr lo que buscan: la salida definitiva de la CICIG del país… o al menos el retiro del Comisionado Iván Velásquez.

“SE LES CAYÓ EL VELO”


Detrás de todos estos movimientos están las familias que controlan el poder económico y sus aliados, las Redes Político Económico Ilícitas. Se esfuerzan en que nada cambie, en que el modelo económico y en que el sistema político y el judicial sigan intactos.

Corren un grave riesgo y lo saben. Tienen las ventajas que les da su enorme poder, pero también tienen una fractura profunda en la pérdida de su preciado anonimato, como acertadamente señala Edgar Gutiérrez en su columna del “El Periódico” cuando afirma: “La buena noticia para Guatemala es que ahora están al descubierto, tienen necesidad de ser obvios. Ya no son los benefactores intocables que nos vendieron. Son poderosos, sumamente poderosos, pero se les cayó el velo y vimos su podredumbre. Y eso, en política, es demasiado”.

EL RÉGIMEN SE CAE A PEDAZOS


El régimen se cae por partes, unas son grandes otras no tanto, pero se cae por el peso de su ineficacia y de su corrupción. Se cae, sobre todo, porque sus protagonistas dirigenciales, no saben y no pueden proponer, menos hacer, algo distinto de lo que han hecho: parasitar, degradar las relaciones sociales y la vida de las mayorías. Y ya hay una sociedad más despierta, más alerta.

ANALISTA DE INFORMACIÓN POLÍTICA.CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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