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  Número 429 | Diciembre 2017
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Guatemala

De la ofensiva contra la CICIG a la Caja de Pandora

He aquí los hitos principales de la crisis que estalló en agosto, añadiéndose a la crisis que ya vivía Guatemala. Se trata de una crisis que no cesa y que sin duda continuará. Hay raíces históricas que la explican, pero la razón más inmediata es la ofensiva desatada por las Redes Político-Económicas Ilícitas, que tienen mucho poder y en las que participan empresarios, militares, políticos, funcionarios públicos y estructuras criminales, muy activas desde 2015.

Fernando Girón Soto

Con un Estado débil, apenas capaz de cuidar de la salud y la seguridad de sus ciudadanos, los atrincherados grupos de afinidad -oligarcas, élites comerciales, intereses extranjeros agroexportadores y de extracción mineral, y el Ejército-han convertido el vacío de poder resultante en su propio dominio, celosamente resguardado”. Esto escribió la investigadora Kirsten Weld en e! libro que tituló “Cadáveres de Papel - Los archivos de la dictadura en Guatemala”, publicado en 2016 por Avancso (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala). No encuentro una síntesis más acertada de las razones de los últimos acontecimientos vividos en nuestro país.

SE PROFUNDIZA UNA CRISIS QUE YA VIVÍAMOS


Todo empezó el martes 22 de agosto, cuando la Fiscal General Thelma Aldana publicó en su cuenta de Facebook un breve mensaje que decía: “Si expulsan de Guatemala al señor Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, el único mecanismo que encuentro para protestar es renunciar al cargo de Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público”. Sus palabras abrieron la puerta para profundizar hasta inimaginables consecuencias la crisis política e institucional que ya vivía Guatemala. El mensaje puso en movimiento a la mayoría de los sectores del país que apoyan y simpatizan con el Comisionado Velásquez, con la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) que él dirige y con la Fiscal General.

En pocas horas se conoció, sólo por los medios, el origen del mensaje de Aldana: el Presidente Jimmy Morales, sin informar a los guatemaltecos y, por supuesto, sin socializar ni los objetivos ni la agenda, había solicitado una reunión bilateral con António Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, para solicitarle que destituyera al Comisionado Iván Velásquez.

DIEZ AÑOS DE LA CICIG


La CICIG es una instancia internacional conducida por Naciones Unidas, que fue instalada en Guatemala en 2007 a solicitud y con el diseño del propio gobierno de Guatemala, siendo Presidente Álvaro Colom. La CICIG fue solicitada y creada para apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones estatales en la investigación de casos relevantes para que no quedaran, como tradicionalmente quedaban, en la impunidad.

El tercer Comisionado que ha dirigido la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, jugó un papel crucial en esa tarea al develar en 2015 la trama de corrupción conocida como “La Línea”, que mantiene en la cárcel a quienes fueron Presidente y Vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, predecesores del actual Presidente Jimmy Morales, y a otras muchas personas.

¿CÓMO DESHACERSE DE IVÁN VELÁSQUEZ?


El viernes 25 de agosto se realizó la reunión en Naciones Unidas entre Morales y Guterres, quien previamente había expresado pública y formalmente el irrestricto apoyo personal e institucional, de Naciones Unidas, a Velásquez y a la CICG.

Para entonces, las organizaciones sociales de Guatemala y buena parte de la población habían expresado también su apoyo al Comisionado y su repudio a la solicitud de Morales. Desde ese momento el aprecio a Velásquez ha sido sostenido. El Comisionado Velásquez es rechazado exclusivamente por los grupos de la ultraderecha conservadora, por cuestionados empresarios, militares y políticos corruptos, por las mafias estructurales y por los sectores de las capas medias altas urbanas, sobre todo en la ciudad capital, gente conservadora, y en general políticamente prejuiciosa y mal informada.

El 25 de agosto, y mientras Morales llegaba a Nueva York para reunirse con Guterres, el Ministerio Público y la CICIG solicitaron antejuicio contra el Presidente por haber detectado irregularidades y posibles delitos en el financiamiento de la campaña electoral del partido político que lo llevó al gobierno: Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Las irregularidades se habrían cometido en 2015, cuando Morales era secretario general de ese partido.

Ante la reacción ciudadana en Guatemala y ante la reacción institucional de Naciones Unidas, Morales no se atrevió a solicitar a Guterres la destitución de Velásquez, aunque trascendió que sí le entregó documentación donde expresaba la solicitud. Al regresar a Guatemala, Morales no dio ninguna explicación sobre su viaje y sobre lo sucedido, como correspondería a un “hombre de Estado” que se precie de serle.

Si Morales no solicitó la destitución, solicitó la expulsión. El domingo 27 de agosto, de manera sorpresiva y en horas de la madrugada, se emitió un video de producción y calidad pobrísimas en el que el Presidente anunciaba a través de un vocero que había declarado “non grato” al Comisionado Iván Velásquez y ordenaba su salida inmediata del país.

La crisis estalló. En pocas horas numerosos grupos de personas se aglomeraron ante la sede de la CICIG para impedir la entrega al Comisionado de la notificación presidencial. A la par, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recién nombrado días antes por el Congreso, interpuso ante la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo contra la acción presidencial.

LAS “RAZONES” DEL PRESIDENTE


La Corte de Constitucionalidad dio lugar al amparo y suspendió provisionalmente la expulsión del Comisionado, frenando así las intenciones de Morales. La decisión de la Corte fue ratificada el martes 29 de agosto estableciendo la suspensión definitiva de la orden presidencial, haciéndole saber al Presidente que su orden se anulaba definitivamente por ser “ipso iure” (en virtud del derecho).

Es presumible pensar que la decisión del Presidente de declarar “non grato” a Velásquez solicitando su expulsión del país fue provocada por la investigación iniciada por el Ministerio Público y la CICIG al partido FCN-Nación. Si así fue, el Presidente estaba tomando decisiones de Estado para favorecerse a sí mismo y para proteger a un sector que cometió delitos electorales.

El antejuicio contra Morales fue remitido por la Corte Suprema de Justicia al Congreso: debían ser los diputados quienes decidieran darle curso o no en lo que ya era un próximo juicio político.

LAS MOCIONES DEL CONGRESO


El lunes 11 de septiembre los diputados votaron 104 votos a 25, con 29 ausencias, en contra de darle curso al antejuicio eI Presidente Morales. Impedían así la investigación de los hechos denunciados. Fue un momento crítico en medio de la convulsión nacional iniciada días antes y parecía que las fuerzas de la impunidad estaban ganando el pulso.

Esta impresión fue reforzada el miércoles 13 de septiembre al término de la sesión solemne del Congreso por las fiestas de la Independencia. Los diputados en el Congreso del FCN-Nación presentaron dos mociones que sorprendieron durante la plenaria de ese día. El Congreso respondió a ellas aprobando reformas al Código Penal para eximir de toda responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos por cualquier financiamiento electoral ilícito.

Los diputados se recetaban impunidad para los delitos de financiamiento ilícito y el consecuente lavado de activos, delitos en los que están implicados casi todos los partidos políticos guatemaltecos y sus financistas privados, sean empresariales o criminales.

LOS DIPUTADOS SE BLINDAN


La decisión que tomaron los diputados fue tan perversa como importante para los partidos políticos y para la “clase política”: las reformas los blindaban contra el riesgo de ser depurados por vía judicial y, a la vez, evitaban reformas legislativas al corrupto sistema político existente. Evitarlas es pieza clave en el actual proceso de cooptación del Estado, proceso que, junto al modelo económico neoliberal excluyente e inequitativo, son los principales elementos que explican la profunda crisis en que está sumida hoy Guatemala.

Con las reformas que los blindaban, tanto los diputados como sus financiadores y verdaderos jefes, integrantes todos de las redes político-económicas ilícitas que tanto poder tienen en el país, se alistaban para desmontar el proceso iniciado en 2015 por Iván Velásquez desde la CICIG y por Thelma Aldana en el Ministerio Público contra “La Línea”, un esquema de corrupción que ambos develaron y sancionaron y que durante años había dominado la Superintendencia de Administración Tributaria.

REDES POLÍTICO-ECONÓMICAS ILÍCITAS


Si tan poderosas redes habían fallado en el intento de librarse del Comisionado Iván Velásquez, buscarían otra oportunidad de sacarlo del juego. La oportunidad eran esas reformas: consolidando la impunidad de los partidos políticos podrían solicitar al Presidente Morales que destituyera a Thelma Aldana como Fiscal General y eso favorecería su regreso a una plena cooptación del Estado, revirtiendo así el escenario desfavorable que se les había creado después del caso de “La Línea”.

Creyeron encontrar una mejor oportunidad lanzando su ofensiva aprovechando el paréntesis creado por el cambio de embajador de Estados Unidos: Todd Robinson, tan importante en el fortalecimiento del trabajo del Ministerio Público y la CICIG, entregaba el cargo a Luis Arreaga, un guatemalteco que migró a Estados Unidos muy joven.

PROTESTAS MASIVAS


Lo que las redes mafiosas no tomaron en cuenta es una variable que desprecian tanto como temen: la reacción de la población. Inmediatamente que se conocieron las reformas aprobadas en el Congreso, surgió la indignación. Los medios, especialmente la radio, medio al que tiene más acceso un mayor número de personas, y las redes sociales, llamaron a expresar esa indignación. La tarde del 14 de septiembre, cuando debían iniciar las celebraciones de la Independencia la gente se tomó la plaza, impidió el acto oficial, el discurso del Presidente y el izado de la bandera que realiza tradicionalmente el Ejército.

La concentración se convirtió en una protesta masiva que exigía la renuncia de Morales y la de los diputados, para depurar el Congreso. También reclamaba la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para cambiar las reglas del juego que rijan las elecciones de 2019.

UN MUY DIFERENTE DÍA DE LA INDEPENDENCIA


El 15 de septiembre, día en que se conmemora la Independencia de Centroamérica y de Guatemala, la gente empezó a llenar desde las 7 de la mañana la plaza central para impedir el desfile militar que se realiza anualmente y que en la noche el Presidente había suspendido por temor. La gente se dirigió entonces masivamente al Congreso, lanzando consignase improperios contra los diputados que días antes habían aprobado las reformas al Código Penal. Rodearon el Congreso con determinación. La manifestación sólo fue disuelta con gases lacrimógenos hasta casi la medianoche de ese día.

El 15 de septiembre en la tarde, Lenina García, recientemente electa secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)de la Universidad de San Carlos, llamó a un paro nacional para el 20 de septiembre exigiendo la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la renuncia del Presidente de la República y la de los diputados que habían aprobado la reformas al Código Penal en un abierto “pacto por la corrupción”.

LA PRESENCIA UNIVERSITARIRA


Notable significación tenía la convocatoria de la AEU. La Asociación de Estudiantes Universitarios, fundada el 22 de mayo de 1920 por la llamada “Generación del 20” al calor de la lucha contrala dictadura “liberal” de Manuel Estrada Cabrera, tuvo al frente a destacados estudiantes que después fueron grandes intelectuales de nuestro país. Entre ellos, Miguel Ángel Asturias, Luis Cardozay Aragón, Epaminondas Quintana, David Vela y otros.

Durante 80 años la AEU se convirtió en símbolo político de la lucha popular por los derechos y por la libertad del pueblo y en espacio de denuncia contra los opresores.

En el año 2000, y tras muchos años de represión y de terrorismo de Estado, la AEU fue cooptada por una pandilla de rufianes, encabezada por Jorge Mario García, alias “Gilligan”, al servicio de la Inteligencia Militar. Junto a sus cómplices, este individuo destruyó orgánica y operativamente a la AEU durante 17 años hasta convertirla en un despojo y en un nido de delincuentes.

Actualmente, García pertenece a la estructura delictiva que integran las redes político-económico ilícitas que funcionan en la Municipalidad de la ciudad de Guatemala, al amparo y bajo la dirección del Alcalde Metropolitano Álvaro Arzú y del General retirado Marco Tulio Espinosa, oficial de inteligencia militar, quien fuera jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial, responsable de numerosos crímenes emblemáticos, entre ellos el de la antropóloga Myrna Mack en 1990 y el del arzobispo Juan José Gerardi en 1998. Espinosa fue también Ministro de Defensa durante el gobierno de Arzú (1996-2000).

Según “Insight Crime”, organización de periodistas investigativos independientes, “la red de inteligencia de Espinosa se extiende desde la oficina del alcalde, en lugar de la oficina de la Presidencia, tiene el control de la Policía de tránsito de la ciudad y mantiene considerables herramientas para reunir y actuar sobre la inteligencia del Estado, controlando numerosas cadenas corruptas de acumulación de capital”.

La AEU fue rescatada de la delincuencia que la secuestró en agosto de 2017.Por su historia pasada, por su caída en manos delincuenciales y por este rescate, fue profundamente significativa la convocatoria que hizo al paro nacional.

PARO NACIONAL: UNA MOVILIZACIÓN COMO EN 2015


El paro fue acatado masivamente por la población en todo el país, a pesar de la abierta oposición del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) y de la del llamado G8, que agrupa a las familias oligárquicas más ricas del país: Gutiérrez-Bosch, Montano, Dougherty, Novella, Castillo, Vila, Molina y Herrar, entre otras.

El paro se convirtió en un abierto desafío al poder oligárquico nacional. Lo acataron organizaciones campesinas, las de los pueblos originarios, las organizaciones de mujeres, pobladores no organizados, grupos religiosos que rechazan la corrupción y otras organizaciones que se fueron sumando, armando una movilización social, pacífica y constante que no veíamos desde las grandes movilizaciones del año 2015.

El Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y el Organismo Judicial se atrincheraron en posiciones casi inmovilistas: no querer cambiar nada y negar la más mínima transformación de un sistema político que ya está prácticamente colapsado. Se rodearon de apoyos de la derecha ultramontana y cuasi fascista, de agentes de grupos semidelictivos como lo son algunos ganaderos comprometidos con el narcotráfico, y de alcaldes que son parte del pacto por la corrupción.

NUEVO EMBAJADOR DE EEUU: NUEVAS SEÑALES


El 3 de octubre llegó a Guatemala el nuevo embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga. El paréntesis entre la salida de su antecesor y su llegada creó un espacio que los poderes corruptos y las redes político-económico ilícitas aprovecharon para ganar espacios, influencias y tiempo.

Sin embargo, desde el domingo 1 de octubre ya hubo señales de que la llegada del nuevo embajador no se traduciría solamente en actos protocolarios ni sería inocua para las redes ilícitas. Ese mismo día dejó su cargo el muy cuestionado Ministro de Defensa Williams Agberto Mansilla, responsable de entregar bonos de 50 mil quetzales mensuales al Presidente Morales. En su lugar fue nombrado el General de Brigada Luis Miguel Ralda Moreno, quien comandaba el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

No fue nombrado para el Ministerio el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de Brigada Erick Servando Cano Zamora, a quien le hubiera correspondido el nombramiento y quien era conocido como el favorito de Morales por sus afinidades con él.

GOLPE DE MANO CONTRA EL PRESIDENTE


El nombramiento del General Ralda Moreno, de la promoción 107 de la Academia Militar de Guatemala, la Escuela Politécnica, significa que los oficiales de las promociones 103-la del General Cano Zamora- y los de las promociones 104, 105 y 106 pasan a retiro o a disponibilidad de la institución, pero sin mandos operativos en el Ejército.

El hecho es significativo porque sabemos que esos oficiales eran los más cercanos a la estructura de Pérez Molina, hoy en prisión. Eran también cercanos del general retirado Ricardo Bustamente, quien fue director de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad, quien desde la sombras maneja las agencias de Inteligencia del Estado. Y también eran cercanos a la llamada “Juntita” de asesores militares del Presidente. El que hayan sido pasados a retiro es un notable golpe de mano contra el Presidente Morales y sus asesores. Un golpe de mano que debilita su influencia dentro del Ejército.

El embajador Arreaga presentó sus credenciales al Presidente de la República el miércoles 4 de octubre. Y enseguida realizó visitas al Presidente del Congreso, al Comisionado Iván Velásquez y a la Fiscal General Thelma Aldana. Al día siguiente visitó al Presidente de la Corte de Constitucionalidad, la que había anulado la declaraciónde “non grato” a Velásquez. Llamó la atención que no visitara la Corte Suprema de Justicia.

SE ABRE “LA CAJA DE PANDORA”


Al día siguiente de la presentación formal de Arrega, el 5 de octubre, el Ministerio Público y la CICIG informaron en conferencia de prensa sobre el caso que titularon “La caja de Pandora”. Como resultado de la investigación realizada ordenaron la captura de 14 personas y una solicitud de antejuicio contra Álvaro Arzú.

Enseguida, la Jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, ordenó detención y cárcel preventiva para Luis Alberto Lima, hermano del fallecido Byron Lima, ejecutado en la cárcel en junio de 2016, pieza clave para conocer información sobre las redes político-económico ilícitas. También se ordenó cárcel preventiva para el abogado Moisés Galindo, defensor y aliado de militares contrainsurgentes y violadores de derechos humanos, por estar presuntamente involucrado en las cadenas de tráficos ilícitos que manejan esos militares.

Aún más significativa que estas órdenes fue la solicitud de antejuicio contra el Alcalde Metropolitano Álvaro Arzú, personaje vinculado a la extrema derecha a través del Movimiento de Liberación Nacional, ya extinto como partido pero activo con sus cuadros en diferentes espacios del espectro político. Arzú ha sido un fiero opositor de la CICIG y del Ministerio Público y ha rechazado siempre los urgentes cambios que demanda el corrompido sistema político. El efecto simbólico de verlo sometido a antejuicio resulta demoledor para la derecha guatemalteca.

¿EL PAPEL DE LA CORTE SUPREMA?


El pulso político de la actual crisis nacional no es de fácil ni de rápida resolución. Es mucho lo que está en juego para las Redes Político-Económicas Ilícitas.

El 11 de octubre la Corte Suprema de Justicia rechazó “in límine” (sin conocerla) la solicitud de antejuicio presentada contra los diputados que habían aprobado las reformas al Código Penal el 13 de septiembre. También rechazó el antejuicio contra el Presidente Jimmy Morales por los bonos de 50 mil quetzales que recibía mensualmente del Ministerio de Defensa.

Los diez magistrados titulares y los tres suplentes de la Corte Suprema votaron unánimemente. Probablemente eso explique por qué el nuevo embajador de Estados Unidos se haya abstenido de visitar la Corte Suprema de Justicia. Y pueda explicar lo que eventualmente pueda pasar en un futuro con estos magistrados.

UN TERREMOTO INTERNACIONAL


Hasta aquí la calendarización de una crisis que no cesa.
La crisis ha evidenciado un deterioro de la institucionalidad pública cada vez mayor. Creciente es también el rechazo y el hastío de la población ante el gobierno y ante el sistema político y el sistema de justicia en general. Esto arriesga de forma preocupante la gobernanza del país.

En las relaciones internacionales las acciones del Presidente Morales tuvieron el efecto de un terremoto. Las reacciones de la Secretaría General de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron contundentes y demoledoras para él y su gobierno. También lo fueron las reacciones de la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la de la representante del gobierno estadounidense en Naciones Unidas. También fue unánime el rechazo a Morales de la comunidad internacional desde que declaró “non grato” a Iván Velásquez.

Los riesgos de aislamiento internacional y la probabilidad de sanciones internacionales contra el gobierno de Guatemala están latentes por la obcecada actitud de Morales y de su gobierno contra la CICIG, una instancia que fue una apuesta que financiaron la ONU y la comunidad internacional para lograr justicia en nuestro país. Si el aislamiento se materializara efectivamente, Guatemala no tiene ni recursos instalados ni capacidades desarrolladas ni respuestas políticas organizadas para hacerle frente.

¿QUÉ HAY DETRÁS?


¿Qué hay tras esta gravísima crisis?¿Por qué un tan inepto mandatario provoca una crisis de Estado tan profunda, una crisis social de estas dimensiones?

Las respuestas son múltiples, pero partamos de lo más inmediato: desde julio de 2016 las Redes Político-Económico Ilícitas de empresarios, militares, políticos, funcionarios públicos y estructuras criminales, principalmente las redes de tráficos ilegales, iniciaron una ofensiva para revertir la situación de desventaja estratégica, que los colocó a la defensiva en abril de 2015 tres la ejecución en la cárcel de Byron Lima, un ex-capitán del Ejército, condenado a veinte años de cárcel al ser hallado culpable de participar en la ejecución extrajudicial del obispo Juan José Gerardi.

La ofensiva iniciada entonces, hace ya más de dos años, no termina. Y de continuar arriesga gravísimas consecuencias para la sociedad guatemalteca, inmersa, como está, en una profunda crisis de acomodamiento a cambios urgentes de realidades ya insostenibles, así como a los cambios que impone la globalización y el predominio incontrolable del capitalismo financiero y especulador.

En Guatemala esas realidades han dado como uno de sus resultados el que la institucionalidad pública, hasta ahora débil, corrupta e ineficiente, se haya evaporado.

LAS RAÍCES DE ESTA CRISIS


Las raíces de esta crisis son históricas. A partir de 1954 la persistente permanencia del autoritarismo en las entrañas del poder y en sus métodos de dominación se expresó en las formas de acumulación practicadas por las élites tradicionales, terratenientes y agroexportadoras, y también por las emergentes élites comerciales, industriales, financieras y de servicios.

Esas formas de acumulación, por su escasa capacidad empresarial y por su dependencia del rentismo predominante, no fueron capaces de crear un modelo económico dinámico, abierto y competitivo al mejor estilo de la ortodoxia liberal y capitalista. Por el contrario, estuvieron, y siguen estando, supeditadas a los privilegios fiscales, a los subsidios disfrazados y, sobre todo, a los “negocios” con el Estado, entre ellos la privatización de los servicios públicos de forma monopólica y protegida.

Todo esto ha dado como resultado un modelo económico patrimonial rentista, en el que la corrupción no es un simple defecto, sino la forma que privilegia el funcionamiento del modelo. La corrupción, junto a la renta de la tierra, es la fuente principal de la acumulación de capital de todas estas élites. Por eso la crisis será prolongada: salir de este modelo es muy complejo y el futuro que hoy avizoramos es muy incierto.


ANALISTA DE INFORMACIÓN POLÍTICA. CORRESPONSAL DE ENVÍOEN GUATEMALA.

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