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  Número 429 | Diciembre 2017
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Nicaragua

A 30 AÑOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL CARIBE Otra autonomía es posible

A treinta años de su inicio, el régimen de la autonomía ha echado raíces en la vida social y política de la Costa Caribe. Es referente importante en donde se fundan los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Sin embargo, un Estado históricamente centralista y centralizador, sumados a la fuerza que ha cobrado hoy el modelo extractivista, colocan a la autonomía costeña ante considerables desafíos.

Francisco Sequeira Rankin/ Dolores Figueroa/ Miguel González/ Arelly Barbeyto

Cuatro investigadores nos reunimos para dialogar haciendo balance de los 30 años del Estatuto de Autonomía proclamado en 1987. Nos propusimos ordenar nuestras ideas en base a tres ejes: las instituciones de la autonomía, el modelo de desarrollo y los conflictos por recursos y por el territorio. Del diálogo nació este texto, de varias voces, que quiere contribuir a entender las diversas realidades que conviven hoy en la Costa Caribe, los desafíos y las limitaciones después de 30 años de autonomía costeña. Quiere también destacar las potencialidades que posibilitan repensar la autonomía para que ese modelo, nacido en tiempos de guerra, sea efectivo para la población costeña. Miguel González resumió así lo que piensa: “Nos hemos quedado con un discurso vacío. Un discurso que no tiene pies ni raíces y que en el ejercicio actual de derechos se vuelve irrelevante”. Frank Sequeira Rankin sugirió: “Dados los desafíos actuales, las universidades podrían ser mediadoras de diálogos entre todos los actores para perfilar líneas de acción y construir visiones compartidas”. Para Arelly Barbeyto “es importante retomar y dinamizar diálogos inter-generacionales que reconecten con las reservas morales de la autonomía, porque el liderazgo costeño de hoy está cooptado”. Y Dolores Figueroa, quien moderó nuestro diálogo, se preguntó: “¿Hay acaso un fracaso del paradigma del diálogo intercultural entre pueblos para visualizar un proyecto común de desarrollo?”

AVANCES, LIMITACIONES, AMBIGÜEDADES


El complejo escenario en el que se encuentra actualmente Nicaragua puede entenderse a la luz de los conflictos que hoy se viven en los territorios del Caribe Norte y del Caribe Sur y de las dinámicas socio-étnicas que se producen en esa extensa mitad de nuestro país.

El 30 de octubre de 1987, en plena guerra civil, el gobierno del FSLN aprobó el Estatuto de Autonomía para la Costa Caribe. Desde hace 30 años nos encontramos bajo un régimen formal de autonomía multiétnica territorial, que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitan estos territorios.

A lo largo de 30 años ese régimen ha experimentado diversas dinámicas, que en alguna medida han contribuido a su fortalecimiento y, a la vez, han limitado sus alcances.

Muestras más recientes de esa ambigüedad son las denuncias públicas de líderes Ramas y Kriols cuestionando el convenio de consentimiento para construir el Canal Interoceánico sobre territorio Rama-Kriol, firmado entre algunos representantes del Gobierno Territorial Rama-Kriol y la Autoridad del Gran Canal a mediados de 2016. También es una muestra la urgente demanda de saneamiento en los territorios indígenas titulados en el Caribe Norte.

Según fuentes oficiales, desde 2007 a octubre de 2016 se han entregado un total de 23 títulos territoriales a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes en el Caribe Norte y el Caribe Sur y en la Zona de Régimen Especial del Alto Wangky Bocay. En ese territorio, que equivale al 31.6% del territorio de Nicaragua, habitan unas 39 mil 531 familias.

La Costa Caribe tiene un gran potencial para el desarrollo de Nicaragua por su ubicación geográfica, por su extensión territorial, por su potencial turístico y por sus riquezas naturales. Sin embargo, este escenario de desarrollo también se perfila como escenario de conflictos si no se hacen efectivos los derechos que la autonomía reconoce a los pueblos costeños.

LA COSTA: NOS VEN COMO UN RESERVORIO DE RECURSOS NATURALES


Desde la incorporación de la Mosquitia al Estado de Nicaragua en 1894, durante el gobierno liberal del General José Santos Zelaya, en la región ha imperado un modelo de desarrollo extractivista. Desde finales del siglo 19 y durante gran parte del siglo 20 la Costa Caribe fue considerada un territorio con abundantes recursos naturales para ser explotados en un modelo de economía de enclave, en el que las empresas estadounidenses extraían recursos pesqueros, madereros y mineros.

A lo largo de las décadas de 1980 y 1990 este modelo extractivista se transformó en función de los cambios sociopolíticos y económicos que vivió Nicaragua en esos años. Pero esa mutación no significó un cambio del paradigma de desarrollo económico. Fue simplemente una adecuación a las nuevas reglas del juego, que implicó pasar de la propiedad privada y el monopolio económico vinculado a la familia Somoza a la propiedad estatal, durante el primer período de gobierno del FSLN. Y después, a la privatización de las empresas estatales provocada por el plan de ajuste y restructuración económica emprendido a partir del cambio de gobierno en 1990.

Durante los dos siguientes gobiernos liberales (1996-2006) la Costa Caribe continúo ocupando un lugar predominante en el imaginario de la clase política nacional como un valioso reservorio de recursos. Ejemplo muy claro de esta concepción fue la concesión dada por el gobierno central, presidido por Enrique Bolaños, a la empresa taiwanesa SOLCARSA para la explotación forestal en el territorio propiedad de la comunidad Mayangna de Awas Tingni. Esta decisión originó un proceso legal que concluyó en agosto de 2001 en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Nicaragua, que restituyó sus derechos a la comunidad.

El fallo de la Corte señaló que el Estado “violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. En consecuencia, la concesión fue dictaminada como una clara violación de los derechos constitucionales a la propiedad comunal establecidos para las comunidades costeñas según el Estatuto de Autonomía aprobado en 1987. La sentencia le indicaba al Estado su “deber de adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas”.

NUEVO GOBIERNO 2007: NINGÚN CAMBIO


Con el regreso al gobierno del FSLN en 2007 surgió una nueva institución: el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe. El Consejo se estableció con un órgano consultivo de la Secretaría de Asuntos de la Costa Caribe, creada durante el gobierno anterior, el presidido por Bolaños. Al frente de la Secretaría fue nombrado Lumberto Campbell, el costeño de mayor confianza del Presidente Daniel Ortega. Según los documentos constitutivos de esas dos instancias, la función principal del Consejo es la articulación entre los gobiernos regionales autonómicos con el gobierno central y demás instituciones autónomas, para aportar al desarrollo humano sostenible de los pueblos de la región.

De ese proceso de articulación nació la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe (EDCC). Fue acogida por distintos sectores costeños como un cambio importante en las apuestas para el desarrollo de la región, incluyendo aspectos relevantes como la revitalización cultural y de la identidad multiétnica, multicultural y multilingüe. Se vio en ella la posibilidad de fortalecer los modelos interculturales de salud y educación y de todas las instituciones autonómicas hasta lograr un sólido liderazgo regional.

La Estrategia incluye también un eje estratégico denominado “transformación económica, equitativa, sostenible y armónica entre los seres humanos y la naturaleza”, con propuestas de programas para la protección del medioambiente y la dinamización de sectores económicos claves: pesca, agroindustria, agroforestería, turismo y minería.

A lo largo de los casi 9 años de vigencia de la Estrategia en sus diferentes etapas no hemos podido observar un cambio drástico en el modelo de desarrollo promovido en la Costa Caribe.

CON EL MODELO EXTRACTIVISTA DESDE HACE MÁS DE DOS SIGLOS


Más allá de las autoridades regionales y de los ministerios del gobierno central, la Estrategia no es muy conocida por la gente en la Costa. Sería necesario discutirla, pero eso no se ha hecho. Mientras, el modelo de dinamismo económico, basado en el extractivismo, continúa considerando los recursos naturales como los principales generadores de crecimiento económico. Un ejemplo lo tenemos en los recursos pesqueros: Nicaragua ha aumentado su producción absoluta de manera continua en los últimos cinco años. Según datos del Banco Central, en 2016 la extracción pesquera aumentó un 7.6% en relación al año 2015.

Para comprender mejor las fuerzas o dinámicas que alimentan el modelo extractivista es importante no sólo conocer el panorama histórico nacional y regional. Es necesario considerar también la inserción de Nicaragua en la economía global. Los cambios experimentados en la economía mundial son de tal magnitud que en la actualidad los productos de mayor valor, al menos de países como los nuestros, son las materias primas: madera, petróleo, gas, oro… Esto ha orientado las economías dependientes de la región hacia un modelo neo-extractivista que algunos autores, como Maristella Svampa, han denominado the commodity consensus (el consenso de las materias primas).

Desde antes de 2007 Nicaragua se reinsertó en el modelo extractivista, un modelo del que nunca logró desvincularse, como tampoco lo han podido hacer otros países, históricamente atados a ese modelo: Bolivia, Ecuador, la misma Venezuela… Transformar la dependencia del extractivismo implica hacer cambios estructurales que siguen estando pendientes en la agenda de desarrollo, no sólo de la Costa, sino de toda Nicaragua.

El modelo extractivista prevalece en la Costa Caribe desde 1894, provocando impactos devastadores en la naturaleza y bloqueando condiciones y oportunidades para lograr un desarrollo sostenible. El extractivismo también ha afectado negativamente el bienestar de las familias que habitan territorios y comunidades en las dos regiones costeñas.

TAREA FUNDAMENTAL: DESAFIAR EL EXTRACTIVISMO


Este modelo no sólo impide experimentar con modelos de desarrollo alternativos. También inhibe la acción colectiva, focalizando la atención en la importancia de generar “oportunidades” de desarrollo explotando más y más los recursos naturales, que ya sabemos no son infinitos.

Se da así continuidad a una “tradición” propia de modelos neoliberales privatizadores que, además de ser letales para la naturaleza, desempoderan a las comunidades, favorecen la jerarquización de las relaciones étnicas y limitan los espacios para generar opciones de desarrollo endógenos a nivel comunitario.

El avance de la frontera agrícola, la especulación con tierras de indígenas y de afrodescendientes, la explotación de los bosques y los conatos de violencia armada son dinámicas derivadas todas del modelo extractivista y de quienes lo promueven. Un ejemplo claro lo tenemos estos últimos años en el programa de Alba Forestal, que ha extraído cuantiosos recursos madereros de las dos regiones costeñas con nula transparencia y sin ninguna sostenibilidad.

En las condiciones políticas actuales, desafiar el perverso y destructivo modelo extractivista es una tarea fundamental. Pero desafiarlo requiere de fortalecer capacidades de concertación política regional en torno a una agenda y a una visión común que garantice el desarrollo de la autonomía de la Costa Caribe. Y esto, a su vez, requiere de la activa participación de las comunidades como agentes de cambio en el proceso regional de construcción autonómica.

¿GOBIERNAN LOS GOBIERNOS TERRITORIALES Y COMUNALES?


La polarización que ha caracterizado la vida política nacional y las dinámicas de los partidos políticos nacionales de mayor peso ha permeado a los gobiernos territoriales planteando dificultades a los gobiernos autonómicos en diferentes etapas. Esto dificulta que las iniciativas propias de las comunidades sean tomadas en cuenta en los planes de desarrollo municipales, regionales y nacionales. Esto incide en que en las comunidades y territorios la gente se vaya desanimando con los partidos nacionales y con continuas elecciones. Contribuye también a que aumenten las percepciones de corrupción y a que se cimente la desconfianza en el liderazgo comunitario y territorial.

Las relaciones de alianza / ruptura entre YATAMA y el FSLN son una evidencia de esta dinámica de acercamientos y distanciamientos que han caracterizado a las organizaciones políticas en la Costa. En la actualidad, YATAMA y el FSLN, después de seis años de alianza (2006-2012) se encuentran en bandos opuestos, compitiendo en las continuas contiendas electorales, pero sin capacidad por sí mismos de lograr los consensos necesarios para restablecer la confianza en las instituciones autónomas.

En el modelo actual resulta muy complejo el rol de los gobiernos territoriales y de los gobiernos comunales. No se puede promover un desarrollo equitativo, justo y empoderante si se utilizan, como se están utilizando, a las autoridades locales para conceder avales para explotar recursos en sus territorios.

Este nivel de “reconocimiento” y de “participación” que algunos sectores argumentan como un cambio de modelo en la construcción de oportunidades de desarrollo en la Costa Caribe, no es tal. Es, más bien, un reflejo de estrategias neo-multiculturales en las que se les reconocen derechos a pueblos indígenas y afrodescendientes que no ponen en riesgo ni el modelo ni la distribución real del poder político y económico dentro del Estado ni tampoco afectan los intereses de las élites que operan en el gobierno central. Son medidas que no promueven cambios estructurales que garanticen un ejercicio real de la autodeterminación.

UNA SUPERPOSICIÓN DE AUTORIDADES CON DISTINTOS MANDATOS


La Costa Caribe está hoy ante un desafío crucial respecto al ejercicio de la autodeterminación. Actualmente, 23 territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes han sido titulados bajo un régimen de propiedad colectiva. Esos territorios abarcan un área de 37 mil 813 kilómetros cuadrados, extensión equivalente a casi un tercio de toda Nicaragua.


La magnitud de esta extensión territorial no es algo menor. ¿Cómo hacer efectivos los derechos de estos pueblos y comunidades, ahora dueños de tan extenso territorio? Las respuestas deben verse a la luz de los avances y de los desafíos del régimen autonómico. Estamos ante lo que podría ser un cambio histórico en la autodeterminación costeña. Pero, si no la defendemos de manera certera, podría ser torpedeada por una hiper-gobernabilidad autonómica del nivel regional que inmovilizaría las opciones colectivas en el ámbito de gobernanza de los territorios.

Esta advertencia no es nueva. En 2015 el antropólogo Charles Hale realizó un trabajo junto a un equipo de investigadores de las universidades costeñas para acompañar el proceso de reclamo territorial de los pueblos de la cuenca de Laguna de Perlas. El elemento más conflictivo que percibió al hablar con los diferentes actores e instituciones en el territorio fue la superposición de autoridades con distintos mandatos y competencias. Ese “exceso de gobernanza” -así lo llama- causaba el desgaste y la oclusión de genuinos procesos de autodeterminación en esa zona.

La perspectiva crítica de Hale sobre las contradicciones del proceso autonómico debe ser tenida en cuenta porque existen sectores que, en nombre de la autonomía, generan procesos y políticas que la bloquean.

EL DESAFÍO DE CREAR CAPACIDADES Y REFLEXIÓN CRÍTICA


En ambas regiones autónomas se han generado iniciativas importantes para producir y fortalecer capacidades en los liderazgos territoriales y en las comunidades para la gobernanza de sus territorios.

Han existido también experiencias positivas, aunque de vida limitada, buscando responder a las visiones de desarrollo propias de las comunidades. Sin embargo, la falta de sistematicidad, la articulación requerida en cada proceso, y la dependencia del financiamiento externo, han impedido que esas experiencias tuvieran consecuencias directas y sostenibles para minar las bases que sustentan el modelo extractivista. De una o de otra forma, la generación de capacidades no ha logrado revertir la presencia, la influencia y la profundización del extractivismo.

El desafío de crear capacidades también requiere de actores y de ideas que faciliten procesos de reflexión crítica. Para lograrlo, el rol de las universidades comunitarias del Caribe, URACCAN y BICU, es fundamental. Ambas nacieron bajo el espíritu autonómico y tienen la oportunidad de desarrollar procesos educativos que cuestionen las concepciones sobre el modelo de desarrollo, que valoren los conocimientos e iniciativas comunitarias y que promuevan profesionales que se distancien de la acrítica educación universitaria tradicional, tan funcional al modelo extractivista.

Repensar el modelo de desarrollo vigente, que explica muchas de las tensiones y paradojas de la izquierda latinoamericana en el actual momento, implica también replantearse la autonomía, un debate aún pendiente.

EL CENTRALISMO DEL ESTADO Y LAS ÉLITES COSTEÑAS


Entre 1986 y 1987, las consultas realizadas sobre el Estatuto de Autonomía antes de aprobarlo, significaron para costeños y costeñas una oportunidad para reflexionar sobre cómo mejorar sus condiciones de vida, cómo consolidar una plataforma de derechos y cómo trazar vías de participación en la política, entendiéndola como medio para alcanzar el buen vivir.

Lograr la autonomía fue un proceso que tenía raíces históricas y que se desarrolló en un diálogo plural y en un contexto de enorme polarización. Aquel proceso permitió llegar a consensos mínimos sobre formas de gobernabilidad territorial regional. En la actualidad, la pluralidad, el diálogo y el consenso, que fueron principios inspiradores de la autonomía, están debilitados, lo que nos lleva a preguntarnos hasta dónde hemos mejorado nuestras condiciones de vida con la autonomía. Esta interrogante cuestiona directamente la capacidad tanto del régimen autonómico, como la de los liderazgos políticos de la Costa, para satisfacer las aspiraciones de los pueblos costeños.

El análisis de esta capacidad no recorre una ruta lineal de causa / efecto ni de desarrollo progresivo. La autonomía costeña se vio limitada desde el inicio de su vida institucional al instalarse en 1990 los primeros Consejos Regionales. En los 16 años que siguieron es posible rastrear los mecanismos legales, políticos y administrativos a través de los cuales los gobiernos liberales mermaron la autonomía, limitando las capacidades de los Consejos y las coordinaciones de gobierno.

Esta limitación externa, ubicada en el gobierno central, también tuvo cómplices en la Costa. Lo que sucedió sólo fue posible en la medida en que una élite política costeña se plegó a los intereses de los partidos políticos nacionales, a sus agendas y a sus disputas. Hoy, las élites costeñas se han acomodado y refuerzan el centralismo con que el Estado nicaragüense ha actuado siempre en la Costa.

LA POBLACIÓN ESTÁ ESCÉPTICA ANTE LA AUTONOMÍA


La influencia de las dinámicas políticas nacionales ha venido determinando la agenda de las élites regionales, disminuyendo su capacidad para determinar un proyecto político propio e influyendo negativamente en la legitimidad y en la confianza que la gente otorga a la autonomía como régimen político y como sistema de gobierno.

Hoy, el desafío es pensar cómo retornamos al proyecto original de la autonomía para retomar la legitimidad y cómo logramos frenar la influencia de los actores políticos y económicos regionales que concentran tantas cuotas de poder y que, por concentrarlas, constriñen el régimen autonómico.¬

Lograrlo exige promover esperanza. La población costeña es escéptica ante el régimen autonómico. No siente ni ve que responda a sus demandas, mejore su economía y contribuya al bienestar social.

Diferentes estudios han señalado siempre las fragilidades con las que inició el proceso costeño: un contexto de guerra, visiones encontradas entre una autonomía indígena y otra de carácter regional y multiétnico. Hay que recordar que el régimen que hoy tenemos es multiétnico. Y hay que saber que las tensiones que existen entre la autonomía que queremos y la autonomía realmente existente no cuentan con espacios de deliberación pública, ni menos aún con procesos políticos democráticos para resolverse.

REFORMAR LA AUTONOMÍA: VISIONES CONTRAPUESTAS


La Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe elaboró en 2009 una propuesta de reforma al Estatuto de Autonomía, pero la reforma nació de una negociación a puertas cerradas con YATAMA. Hasta hoy son muy pocos los que avalan sus contenidos. Y el pequeño grupo de quienes la negociaron no ha tenido capacidad de lograr consensos.

En el fondo de la propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía encontramos dos visiones que se contraponen y que nacen de distintas iniciativas impulsadas por el FSLN y por YATAMA. Una plantea una autonomía multiétnica, la otra una autonomía comunitaria indígena y afrodescendiente, modelo que encuentra en los territorios ya demarcados la base de su realización.

Entre las visiones de la autonomía deseada y la que se vive en la actualidad existen también tensiones que no se logran resolver. Por ejemplo, los nuevos gobiernos territoriales indígenas, creados por mandato de la Ley 445, se disputan la gobernanza con los municipios como modalidad alternativa de administración y gobierno. Cómo resolver esta tensión es aún un tema pendiente de discusión.

La reciente constitución de gobiernos territoriales implica también importantes desafíos para su desarrollo, especialmente sobre su funcionamiento, capacidad y transparencia. Sería importante que estos distintos niveles de gobierno operaran de forma interdependiente y complementaria dentro de un sistema de gobernanza autonómico subnacional.

Tanto si en Nicaragua, como si en la Costa Caribe no se modifica el modelo económico extractivista, las consecuencias en la capacidad de autodeterminación que el régimen autonómico debiera generar son profundas.

UN AUTONOMÍA DOMESTICADA


Actualmente lo que se promueve es una “autonomía domesticada”: un ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes alineado a un modelo neoliberal. Es una copia de otros modelos latinoamericanos, como el de Ecuador y el de Bolivia, en donde existen expresiones de derechos de los pueblos indígenas con garantías mínimas y formales, nunca radicales, que no logran desafiar el modelo de acumulación neoliberal capitalista, basado en el extractivismo, en el que se han embarcado los gobiernos de ambos países.

En la Costa Caribe la “autonomía domesticada” la encarnan la élite política regional, que utiliza su capital simbólico y las redes de acceso al poder del gobierno central y al del FSLN para conservar su influencia en el territorio. El régimen autonómico parece estar condicionado por dos dinámicas: la de una economía forzada a operar bajo el modelo extractivista, y la del modelo político centralista, que tiene aún implicaciones más profundas para la autonomía, porque se trata de un gobierno con un proyecto político y económico que busca disminuir la expresión de poder que la ley ha concedido a los territorios y domesticarlos reestructurando sus formas de gobierno y de autoridad.

Con cooptación, y con el propósito de alinear a los gobiernos costeños a sus intereses políticos, el gobierno central ha limitado las capacidades de las instituciones autonómicas de cuestionar al Estado. Se está consolidando así una visión centralizada de la autonomía, reduciendo el nivel de la autodeterminación comunitaria indígena y forzando un tipo de autonomía completamente disociada de los intereses de la gente y de las comunidades, donde no se tiene en cuenta ni a los territorios ni a las visiones que tienen de cómo debería ser la autonomía.

¿Se puede pensar en la reformulación de la autonomía bajo un nuevo acuerdo constructivo? Si la autonomía regional significa autodeterminación de los pueblos de la región, replantearla requiere de un diálogo intercultural entre los pueblos para visualizar un proyecto común de desarrollo. Lo que está más claro es que la autonomía no debe quedar en manos de una élite que se alinea con los intereses de las fuerzas políticas nacionales.

REVITALIZAR LA UTOPÍA AUTONÓMICA


En la generación de respuestas a este complejo escenario, las universidades regionales juegan un rol importante. La academia puede ser un espacio para la construcción de visiones alternativas sobre el desarrollo de la Costa Caribe y sobre la autonomía que tenemos y la que deseamos. Las universidades podrían facilitar un diálogo intersectorial e intergeneracional, en el que diferentes actores del espectro regional pensemos hacia dónde vamos y el tipo de régimen que queremos. La reforma al Estatuto de Autonomía podría ser una oportunidad para abrir un nuevo diálogo entre las bases comunitarias y las territoriales que fortalezca la institucionalidad democrática y autonómica.

Debemos emprender un esfuerzo sostenido que nos permita vincular luchas, construir relaciones intergeneracionales, revitalizar la utopía del régimen autonómico, relevar el rol de actores como las juventudes y sus potenciales aportes si se empoderan y se comprometen con una visión alternativa de la autonomía, logrando entender que no se resume en las instituciones regionales de gobierno.

EL TRABAJO CON LAS JUVENTUDES ES HOY UN DESAFÍO CRUCIAL


El trabajo con adolescentes y jóvenes es muy importante para dar ciertos golpes de timón sobre el futuro de la institucionalidad autonómica, especialmente tomando en cuenta que el contexto actual es diferente a aquel en el que surgió la autonomía.

Hay experiencias importantes de instituciones regionales, URACCAN, FADCANIC (Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa), CEDEHCA (Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos de la Costa) y CEJUDHCAN (Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa), que trabajan en la formación, organización y movilización de la juventud, tanto en el ámbito regional, como en el espacio territorial-comunitario. Esto evidencia que hay capacidades, conocimientos y, sobre todo, potencialidades de futuro.

El hilo conductor en el diálogo con las juventudes debe ser una visión inter-generacional del régimen autonómico. Debemos generar un proceso de diálogo que permita reconstruir históricamente las distintas concepciones que ha habido de la autonomía, generando condiciones para que la autonomía de hoy reivindique el espíritu real de autodeterminación que teníamos en 1987, no como una idea utópica, sino como una realidad con múltiples horizontes de posibilidades.

Aunado al trabajo con las juventudes y a la generación de diálogos sobre el futuro de la autonomía es importante reconocer la necesidad de revitalizar y relegitimar los liderazgos comunitarios, elemento central para soñar una nueva autonomía. Se requiere de otro contrato social, de otro tipo de arreglo, de otra redistribución del poder que permita resistir la influencia de los intereses económicos y políticos nacionales-regionales que buscan imponer la visión de una autonomía domesticada.

EL DESAFÍO DEL SANEAMIENTO EN LOS TERRITORIOS TITULADOS


Entre otros grandes desafíos, hoy no existe aún una propuesta clara de cómo abordar la demanda de saneamiento de los gobiernos territoriales. El saneamiento es la cuarta etapa del proceso de titulación. Es la etapa final, la que permitiría definir el estatus legal de los ocupantes no indígenas ni afrodescendientes que ocupan las tierras que han sido tituladas a indígenas y a afrodescendientes.

La problemática que provoca el saneamiento ha rebasado las capacidades del Estado. Hoy, viendo la falta de acción estatal podríamos entender que cualquier plan estatal de saneamiento no implicará expulsar gente, especialmente gente pobre, y todo indica que el Estado apuesta por promover formas de convivencia armónica en los territorios en donde haya condiciones a través de un diálogo con las comunidades.

Una respuesta del Estado que consistiera en el desalojo de las familias mestizas establecidas en territorios indígenas desembocaría en un conflicto armado como el que se vivió en la Costa en los años 80. Esta interpretación se basa en lo que viene pasando en todo el territorio nacional, donde todavía existen tantos conflictos violentos por problemas de propiedad no resueltos.

LOS COLONOS QUE LLEGAN Y LAS FUERZAS OSCURAS QUE ACTÚAN


Desde 1990 se ha extendido en Nicaragua la mediana propiedad a costa de la propiedad agrícola estatal y de las cooperativas agrarias. Han aumentado las propiedades que superan las 35 hectáreas y también han aumentado las fincas medianas (140-350 hectáreas). Esta ampliación ha significado desempleo rural en la región del Pacífico y, al mismo tiempo, un proceso de “recampesinización” en las regiones rurales del Caribe. Como resultado, precaristas, trabajadores asalariados, están migrando hacia la Costa Caribe en busca de tierras.

La salida que encuentran esas familias, como válvula de escape a conflictos mayores, es establecerse en territorios costeños. La ocupación de los territorios indígenas costeños por colonos mestizos no es una realidad aislada de las dinámicas de privatización y extensión de la mediana propiedad en el país. Es, más bien, una de sus consecuencias.

La mayoría de esas familias que migran a la Costa son simpatizantes del FSLN, que no va a afectar a esta masa de colonos mestizos para consolidar un modelo de gobernabilidad política en la región. El FSLN en el gobierno no tiene interés en sanear con expulsiones, sino en impulsar un modelo de convivencia, menos costoso políticamente, y que le pueda generar réditos políticos. Dentro de la compleja, y a veces violenta, situación actual que enfrenta a los colonos con los indígenas hay actores cuyas responsabilidades no han sido claramente investigadas por las autoridades.

Actores oscuros son los oportunistas que comercian con tierras indígenas y que vienen de todos lados, tienen todas las identidades étnicas y se dedican a todas las ocupaciones. Otro actor oscuro es el narcotráfico, que toma ventaja de circunstancias económico-políticas inciertas como la baja en la comercialización de la madera y el alza en la especulación de la tierra.

INICIATIVAS DE CONVIVENCIAS CON COLONOS


Aunque el contexto que rodea la obligación legal del saneamiento es altamente delicado, existen iniciativas importantes que se están desarrollando. Un ejemplo es el gobierno territorial de AMASAU (Awas Tingni Mayangnina Sauni Umana), en el que hay experiencias positivas de cohabitación entre colonos y mayangnas.

AMASAU ha trabajado una normativa que retoma la experiencia del Gobierno Territorial de Karata, en Bilwi: planean cobrar a los mestizos por el uso y usufructo de la tierra en la que viven y trabajan. La normativa establecerá el número de manzanas que se pueden dar en arrendamiento para trabajar, sopesándolo con criterios de convivencia pacífica entre los pueblos.

Una experiencia similar existe en el Gobierno Territorial Rama y Kriol, que tiene una normativa y un procedimiento para los colonos que están dentro del territorio que reconocen los derechos de los Rama y Kriol sobre la tierra en la que están asentados. Esta normativa facilitará establecer una convivencia intercultural, disponer de un aprovechamiento regulado de los recursos y garantizar acuerdos pacíficos de convivencia.

LAS MUJERES INDÍGENAS ENTRE DOS VIOLENCIAS


Estas alternativas de solución existen ya en la Costa Caribe, pero aún no han alcanzado una mayor visibilidad por el fraccionamiento de la confianza y el fracaso del diálogo, sobre todo en territorios donde es alarmante la intensidad que tiene la violencia entre indígenas y colonos.

Las mujeres comunitarias son las primeras víctimas que experimentan la invasión de sus tierras por grupos de colonos armados. Sufren, con sus hijos y sus hijas, maltrato y despojo violentos y eso amenaza la vida comunitaria indígena. En la perspectiva de las mujeres indígenas, la frontera que divide la violencia masculina externa de la interna se borra cuando quienes debían defenderlas están coludidos o toleran a quienes provocan la invasión de sus comunidades. Estamos viendo efectos nocivos, tanto de la colonización externa de los territorios, como de la falta de acciones dirigidas para mediar en eventos de violencia que dañan la dignidad de las mujeres Mayangnas, Mískitus, Ramas y Kriol.

El escenario complejo y violento de la colonización está implicando en zonas de la Costa Caribe serias violaciones de derechos humanos. Son urgentes nuevas iniciativas de diálogo y consenso que retomen experiencias / aprendizajes positivos de anteriores procesos, aun cuando hayan resultado infructuosos. Las autoridades del Estado, las instituciones autonómicas, los líderes territoriales y los líderes comunales, todos los actores de la sociedad civil, deben compartir responsabilidades.

OTRA AUTONOMÍA ES POSIBLE


A treinta años de su inicio, el régimen de la autonomía ha echado raíces en la vida social y política de la Costa Caribe. Constituye hoy un referente importante en donde se fundan los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Sin embargo, un Estado históricamente centralista y centralizador, como es el actual, sumado a la fuerza que ha cobrado hoy el modelo extractivista, colocan a la autonomía costeña ante considerables desafíos.

Replantear la autonomía con una mayor inclusión de quienes son los sujetos de los derechos autonómicos, y renovar el acuerdo social que significa la autonomía, dando participación a jóvenes y a mujeres, a trabajadores pobres de los territorios y comunidades, para que renazca la esperanza de una Costa Caribe democrática y autodeterminada, que participa con el resto del país en pie de igualdad en los destinos de Nicaragua: eso es lo que necesitamos con mayor urgencia.

FRANCISCO SEQUEIRA RANKIN ES DIRECTOR
DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONÓMICOS DE LA BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY (BICU) EN BLUFIELDS, CARIBE SUR.

DOLORES FIGUEROA ES INVESTIGADORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL (CIESAS),
CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO.

MIGUEL GONZÁLEZ ES PROFESOR ASISTENTE
DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
DE YORK UNIVERSITY EN TORONTO, CANADÁ.

ARELLY BARBEYTO ES DOCENTE DE SOCIOLOGÍA
EN URACCAN, CAMPUS DE BILWI, CARIBE NORTE.

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