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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 429 | Diciembre 2017
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Nicaragua

ELECCIONES MUNICIPALES 2017 Lo que esconde el modelo municipal que viene

El partido de gobierno llegó a las elecciones del domingo 5 de noviembre controlando 127 de las 153 alcaldías del país. Sale del teatro electoral que se desarrolló ese día y entra a 2018 con el gobierno de 135 municipalidades. ¿Qué margen de maniobra tendrán los alcaldes de las alcaldías que el FSLN se ha asignado? El modelo para esta nueva etapa se parece cada vez más a una camisa de fuerza. El plan que se impone a partir de ahora no es más de lo mismo, es peor. Es total la ausencia de autonomía y total la dependencia de Managua y la sumisión a las jerarquías del FSLN.

Silvio Prado

Entre las varias lecturas de las elecciones municipales de 2017 estaba la que auguraba que se profundizaría un modelo de relaciones altamente jerarquizado entre los tres niveles de gobierno que coexisten dentro del Estado nicaragüense: el nivel nacional, el autonómico de la Costa Caribe (incluido el territorial) y el nivel municipal.

En una situación democrática, lo normal serían relaciones inter-gubernamentales en lo político (cada nivel de gobierno con libertad para tomar decisiones para sus propios fines), en lo administrativo (cada nivel con competencias y organización propias para ejercerlas), y en lo financiero (cada nivel con recursos financieros para cumplir sus funciones).

Entendiendo las relaciones inter-gubernamentales como el conjunto de interacciones que tienen lugar entre los distintos niveles de gobierno, esto implica, por lo menos, dos rasgos básicos: la división vertical del poder y la interdependencia entre los niveles territoriales-funcionales. Pero en Nicaragua no es así. Desde 2007 hemos experimentado una reducción progresiva del desempeño de los gobiernos subnacionales al plano administrativo, y la sumisión de las dimensiones políticas y financieras a las orientaciones del partido de gobierno.

EL PLAN MAESTRO “AMORANICARAGUA”


Desde 2007 los gobiernos autonómicos de la Costa Caribe y los gobiernos municipales pasaron a ser simplemente agencias ejecutoras de planes operativos derivados del Plan Nacional de Desarrollo Humano diseñado por el gobierno central. Ésa fue la primera fase. Las municipalidades surgidas de las elecciones del 5 de noviembre de 2017 estarán ahora sometidas a otro plan, el “Plan Maestro amoranicaragua - Gobiernos locales 2018-2022, cristianos, socialistas y solidarios”.

Unos meses antes de las elecciones, a inicios de agosto, se conoció este nuevo plan. Surgió del Congreso Nacional de Planificación para el Desarrollo Humano realizado el 9 de julio entre alcaldes de los 127 municipios que gobernaba el FSLN antes de estas elecciones, y autoridades del INIFOM (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal), institución controlada por el Ejecutivo. El nuevo plan contiene 19 lineamientos, que en realidad son 15 y que además son un refrito de las competencias y atribuciones que ya tenían los gobiernos municipales en la Ley de Municipios.

AUTONOMÍA POLÍTICA: TOTAL AUSENCIA


El Plan Maestro pretende presentar como ideas novedosas las funciones rutinarias que por ley las alcaldías deben cumplir, como crear mecanismos participativos en el proceso de planificación municipal, o algo tan obvio como que los concejales se integren a las comisiones creadas… por el Concejo Municipal. Además de no presentar ninguna novedad, el plan reduce su re-interpretación a sólo 2 artículos de los más de 70 que tiene la Ley de Municipios. Todo esto no es ninguna sorpresa, ya que responde a la visión que el gobierno central tiene de las municipalidades.

Salvo los 3 primeros lineamientos del plan (instalación de los concejos municipales como modelos de diálogo, pro¬moción de inversión y desarrollo local, y alcaldías honra¬das y transparentes), que podríamos denominar “políticos”, los otros 16 se refieren a la organización administrativa de las alcaldías (trámites electrónicos) o a las llamadas funciones de intendencia que corresponden a los servicios municipales (higiene pública, construcción y mantenimiento de calles y obras viales, espacios comunitarios verdes, entre otras).

El nuevo Plan Maestro que se empezará a aplicar ahora en las municipalidades confirma la propuesta de convertirlas en simples oficinas operadoras de proyectos concebidos centralmente, con el propósito de someter la diversidad de intereses y problemas que coexisten en los municipios a las prioridades de un mando único.

Las competencias que garantizan la autonomía política de las alcaldías, que son el corazón de la autonomía local, aparecen también en la Ley de Municipios (artículos 2 y 3, capítulos II, III, IV y V). Son las competencias que dan a las autoridades de las alcaldías la potestad de tomar decisiones para responder a los asuntos que conciernen a la población que los eligió y a las necesidades de los territorios que gobiernan. Pero de esas competencias el Plan no dice nada: total ausencia.

PLAN MAESTRO: UNA CAMISA DE FUERZA


La capital, Managua, tuvo en el pasado al menos dos planes maestros: uno después del terremoto de 1972 y otro a finales de los 90. Ambos antecedentes se quedaron en papeles porque carecieron de otra característica de esos planes: la sostenibilidad política.

Pretender ahora un Plan Maestro para todo el país es un sinsentido. Es también una declaración de intenciones. A diferencia de Managua, un área cada vez más urbana y sometida a las mismas amenazas, Nicaragua contiene, de momento, 153 municipios con 153 poblaciones con características y demandas muy diferentes. Frente a semejante diversidad, un plan único es una camisa de fuerza que anula las iniciativas que emergen de la identidad local y de necesidades tan apremiantes como qué hacer con los desechos sólidos, cómo revertir la deforestación y recuperar los mantos acuíferos, cómo reordenar el caos vial o el curso de las aguas pluviales en los cascos urbanos, o cómo impulsar el desarrollo local aprovechando el eslabonamiento de los emprendimientos locales y los exógenos.

La lógica centralizadora de las decisiones locales inició en 2007, cuando el gobierno nacional empezó a derogar los planes municipales de desarrollo estratégico para imponer su Plan Nacional de Desarrollo Humano. Según se conoció en los años siguientes, la uniformización de la diversidad desembocó en presupuestos municipales con porcentajes, rubros y partidas asignadas desde Managua en las reuniones semanales con los alcaldes del FSLN.

El Plan Maestro de 2017 que ahora se aplicará es la culminación de la aspiración homogeneizadora de un grupo gobernante que ha remachado una y otra vez su vocación anti-autonomía en los municipios.

PLANES LOCALES QUE COPIAN LÍNEAS NACIONALES


Con estos antecedentes, y desde esta perspectiva, no sorprende que las 127 alcaldías que gobernaba el FSLN antes de estas elecciones hayan elaborado ya sus planes maestros municipales, en los que sólo figura un listado de obras para 2018-2022. Han hecho planes operativos para cinco años sin ningún tipo de objetivo ni de prospecciones para el futuro, al menos el inmediato.

Veamos esto en los planes municipales de Bluefields y de El Castillo. La lectura comparada de ambos planes refleja el calco local de los lineamientos nacionales, la reducción de las alcaldías a ejecutoras de obras sin capacidad deliberativa y una visión sui generis de la planificación local.

Los planes son una copia local de la línea nacional. Fueron elaborados como rellenando una guía estandarizada de once secciones. Cada lineamiento nacional, redactado de idéntica manera y en el mismo orden, fue respondido con una enumeración de proyectos de obras físicas. La mayoría, calles, aceras, andenes, parques, plazas, escuelas y centros de salud, sin importar que las competencias en las políticas de salud y educación no hayan sido descentralizadas y entregadas a las alcaldías. Lo mismo ocurre con la construcción y mantenimiento de las delegaciones de la Policía Nacional.

Son planes sin ninguna autonomía política. En ninguno de los planes de estos dos municipios aparecen actividades relacionadas con el poder de la alcaldía: facultades para dirigir el municipio, concejo municipal como espacio de diálogo, procesos de planificación participativa para el desarrollo económico local o para evaluar el desempeño transparente de las alcaldías. Por supuesto, tampoco figuran palabras consideradas exóticas por el gobierno central como “diagnóstico”, “validación periódica” o “consulta” sobre la pertinencia de la lista de obras físicas ya decididas con años de antelación.

DESDE UN ENFOQUE DE DOMINACIÓN,DE “ORDENO Y MANDO”


Son planes con una visión sui generis de la planificación local. El hecho de que los planes de estos dos municipios para los próximos cinco años hayan sido rellenados como quien responde un instructivo revela el sometimiento a una voluntad de control rayana con la planificación centralizada, que percibe como un caos la expresión de la diversidad de intereses contrapuestos y de la variedad de problemas que conviven en los municipios y que busca uniformar ese “caos” a cualquier costo.

En vez de buscar negociar con los gobiernos locales desde un enfoque de la interdependencia, en el que el centro sabe que necesita del apoyo y de los recursos locales para cumplir sus planes nacionales y viceversa, el gobierno central lo hace desde la dominación, desde el “ordeno y mando”, donde el de arriba manda y los de abajo obedecen. Lo hace anulando cualquier margen de autogobierno y sin respetar la responsabilidad de los elegidos ante sus electores locales. Lo hace cancelando totalmente cualquier rasgo de autonomía política.

Sin espacio para corregir -ya no digamos impugnar- lo orientado desde Managua, ni para presentar iniciativas propias, el trabajo de los gobiernos locales se ve disminuido, reducido a “pastorear” las directrices del Plan Maestro nacional y a administrar las decisiones tomadas fuera de los territorios, sin poder gobernar y dar respuestas a los problemas locales.

LOS SECRETARIOS POLÍTICOS DE LOS AÑOS 80 Y LOS DE HOY


Ha habido dos caminos para anular la interdependencia entre el gobierno central y los gobiernos locales. Uno, anular por decreto las elecciones locales que generan autogobierno. Así lo hizo Somoza el 12 de agosto de 1937. Otro, proceder por las vías de hecho imponiendo a los gobiernos locales agentes externos, los secretarios políticos del FSLN. Así lo ha hecho el gobierno de Ortega desde 2007.

En la primera vía se rompe el vínculo entre electores y electos, convirtiendo a los alcaldes en empleados del Poder Ejecutivo. En la segunda vía, en palabras de Giovanni Sartori, “el cargo público suele ser un producto secundario del cargo del partido”. En ambas vías se produce una ruptura y esa ruptura produce sumisión y la sumisión genera dependencia.

Ya en los años de la revolución, en los 80, ocurrió que los alcaldes de entonces estaban prácticamente “pintados” ante el poder que detentaban los secretarios políticos del FSLN en departamentos y municipios. La única diferencia con lo que pasa ahora es que en aquella época las autoridades locales eran nombradas por el Poder Ejecutivo, no eran elegidas por el voto de la población.

Desde 2007 esos personajes que son los secretarios políticos del FSLN han vuelto, y aún con más poder político, disponiendo de más recursos financieros y sin las limitaciones que la guerra de aquellos años les imponían. En la actualidad los secretarios políticos son las élites autoritarias subnacionales encargadas de controlar que las directrices nacionales se cumplan. Y ahora, encargadas de que los planes maestros locales respeten el formato orientado desde Managua.

¿QUÉ PODERES TIENEN LOS SECRETARIOS POLÍTICOS?


El poder que tienen hoy los secretarios políticos es altimétrico: se incrementa en la medida en que se acercan a las esferas más altas del poder del partido y del gobierno central. Esto ocurre periódicamente cuando acompañan a los alcaldes y a los secretarios de los concejos municipales a las reuniones semanales que tienen con el Consejo de Gobiernos Locales, una entidad creada precisamente para eso, para centralizar las decisiones municipales en Managua.

También se incrementa el poder de los secretarios políticos municipales cuando participan en las reuniones de secretarios políticos departamentales con la Vicepresidenta de la República Rosario Murillo, con el Presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, con el Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell y con el Coordinador de la Juventud Sandinista Milton Ruiz. Al igual que en los años 80, los alcaldes perciben que los secretarios políticos están más cerca que ellos del espacio en donde se toman realmente las decisiones o, dicho en buen nica, que “tienen buenos conectes”.

El otro pilar del poder de los secretarios políticos es su prerrogativa de proponer nombramientos -o destituciones- de cargos públicos en delegaciones del gobierno central y de presentar candidatos a las elecciones de autoridades locales o forzar su destitución, como se ha visto en repetidas ocasiones desde 2007.

Según ha documentado “Confidencial”, desde 2008 han sido destituidos 34 alcaldes y vicealcaldes y un número indeterminado de concejales. En casi todos los casos los apartados del cargo tuvieron previamente choques con los secretarios políticos municipales. Tener las llaves para poner o quitar autoridades locales les concede también a los secretarios políticos la facultad de otorgar puestos de trabajo en el sector público, lo que es un importante poder real en los municipios, especialmente en los de territorios más pequeños y con un mercado laboral más reducido.

ENLACES VERTICALES DEL ESTADO-PARTIDO-SOCIEDAD


La función más importante de los secretarios políticos municipales es su papel como enlaces verticales de la vertebración del partido como un todo que abarca al Estado y a la sociedad. En ese papel, es a través de los secretarios políticos¬ que fluyen las relaciones entre el gobierno central y los niveles del gobierno autonómico en la Costa Caribe y en los gobiernos municipales, haciéndose así a un lado las relaciones inter-gubernamentales entre ministerios, agencias y funcionarios del nivel central con las instituciones y funcionarios autonómicos y municipales.

En lugar de estas relaciones, los secretarios políticos operan relaciones inter-partidarias y bajan la línea a miembros del FSLN con responsabilidades públicas, sean miembros de los Consejos Regionales Autónomos del Caribe o sean alcaldes, concejales o empleados municipales. Se desmonta así un sistema de gobierno territorialmente estratificado por las leyes de Nicaragua y se implanta el formato partidario que des-institucionaliza la división vertical del poder para concentrarlo en una sola persona.

En la misma dirección señalada por Pierre F. Landry al caracterizar el modelo chino, “el monopolio para nombrar y remover es una pieza clave para mantener la disciplina de la organización y para estructurar la relación principal entre las instituciones del partido y los funcionarios que buscan mantener la cohesión del sistema político”.

Los secretarios políticos municipales son el eslabón operativo de una cadena de mando intrincada y redundante, un diseño típico del sistema de partido-Estado vigente, en el que los funcionarios públicos se entrecruzan con los jerarcas del FSLN.

¿QUIÉNES SON LOS SECRETARIOS POLÍTICOS?


Vista la centralidad que tienen los secretarios políticos, para el orteguismo se volvía urgente una renovación, de votos y de personas, en los escalones primarios de este sistema vigente. En un estudio exploratorio realizado por quien suscribe este texto entre abril y junio de 2017 se analizó, entre otras dimensiones, el inicio y el desarrollo de las carreras políticas de estos personajes en siete municipios del país.

Se encontró que, en su mayoría, los secretarios políticos son hombres mayores de 50 años. Estableciendo su edad promedio en 55 años, eso significa que en 2006, cuando el FSLN regresó al gobierno nacional, contaban con aproximadamente 44 años, lo que implica que vivieron la etapa revolucionaria a plenitud puesto que en 1990, al término de la revolución, tendrían 28 años. Esa característica da a los secretarios políticos un perfil de personas con experiencia po¬lítica, tanto en distintos campos de la revolución san¬di¬nis¬ta, como en los 16 años en que el FSLN estuvo en la oposición. En cambio, las mujeres que tienen el cargo de secretarias políticas parecen pertenecer a camadas más jóvenes. Su edad promedio, menos de 40 años, revela su reciente incorporación a la carrera política, porque en 1990 tendrían 13 años y en 2006, con el retorno del protagonismo de los secretarios políticos, tendrían 24.

En cuanto a la vía de entrada en la carrera política predominan los nombrados o designados por la Secretaría del FSLN a propuesta de los secretarios políticos departamentales, personajes que integran el nivel superior del escalón municipal. En lo que no observé ninguna pauta es en el papel que corresponde a las asambleas sandinistas municipales en la elección de los secretarios políticos. Encontré que esas asambleas o han intervenido en la ratificación de los nombramientos que llegan de Managua o no han tenido ninguna injerencia en eso, a partes iguales.

Esta característica de la designación por la Secretaría General del FSLN, combinada con la elección / ratificación por las asambleas sandinistas municipales es una característica de los partidos altamente centralizados, en los que, según Gianfranco Pasquino, “el funcionario es efectivamente incorporado y designado por la dirección, por los líderes del partido, pero su designación para ocupar numerosos cargos requiere de una ratificación posterior mediante elección desde abajo”.

2011: MOVIMIENTO INTERNO EN EL FSLN


En lo que se refiere a la antigüedad en el cargo de los secretarios políticos, hay que recordar el cambio de mando ocurrido en la Secretaría de Organización del FSLN en 2011, cuando el ex-coronel Lenín Cerna, uno de los operadores políticos del partido más allegados a Daniel Ortega, fue desplazado del cargo por Rosario Murillo, quien en esa fecha no era aún Vicepresidenta de la República.

A partir de aquella fecha se produjo un movimiento interno en el FSLN que desplazó a los militantes de “la vieja guardia” (ex-guerrilleros, ex-militares y ex-altos cuadros del FSLN en los 80), para dar paso a nuevas generaciones, tanto en la jerarquía del FSLN como en cargos gubernamentales.

Según los hallazgos del estudio exploratorio que realicé en 2017, el movimiento de sustitución de los secretarios políticos desarrollado antes de 2011 se ha desacelerado, aun cuando sigue en marcha la entrada de caras nuevas en la dirigencia local. Los nuevos ingresos provienen de la Juventud Sandinista, organización a la que Rosario Murillo ha dado especial protagonismo en las movilizaciones para celebrar las efemérides del FSLN y en la organización de contra-manifestaciones a las protestas de los sectores que se oponen al gobierno.

Estas nuevas tendencias no aseguran la estabilidad de la dirigencia local, dados los frecuentes cambios de secretarios políticos en los últimos seis años, ejemplificados en el caso de Acoyapa (2 desde 2011) y en el de Ciudad Darío (4 en 5 años). Podría ensayarse la hipótesis de que mientras más reciente sea su designación, mayor será la inestabilidad del cargo. Por efecto de la des-institucionalización del FSLN, ya señalada por Salvador Martí i Puig, la nominación y la evaluación de los dirigentes municipales se basa principalmente en criterios subjetivos y personalistas de toda la jerarquía del partido.

¿QUIÉNES MANEJAN LOS HILOS DEL PODER?


Todo esto lleva a una aparente contradicción: si bien los secretarios políticos municipales poseen el monopolio de nombrar y destituir a autoridades y funcionarios públicos y del partido, también basculan en una zona de incertidumbre, porque realmente no son ellos quienes manejan los hilos del poder. Su cargo y su carrera dependen de un intrincado laberinto de organismos y reuniones en los que sus cabezas pueden rodar en cualquier momento.

En primer lugar se encuentra el secretario político departamental, quien junto al diputado del departamento y a otros operadores políticos, forman una especie de comité de dirección departamental. Según las entrevistas realizadas en el estudio exploratorio, es en este nivel donde realmente se decide la gloria o la muerte de la carrera política de todo cuanto habita en los municipios.

Después de ese primer nivel están las reuniones de secretarios políticos municipales y departamentales con el alto mando del partido. Entre medias están las reuniones nacionales de los secretarios de capacitación (municipales y departamentales) con el Coordinador Nacional de la Juventud Sandinista, y las reuniones de los secretarios de organización (municipales y departamentales) con el todopoderoso secretario político de Managua Fidel Moreno, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras y el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell.

Por último, están las reuniones semanales con el Consejo de Gobiernos Locales, el sancta sanctorum de la política¬ municipal orteguista, integrado por tres alcaldes, el de Matagalpa (Zadrach Zeledón), el de Estelí (Francisco Valenzuela) y el de Jinotega (Leónidas Centeno); el alcalde de facto de Managua Fidel Moreno, el Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell y la Directora Ejecutiva del INIFOM Guiomar Irías. Este organismo, además de “medirles las costillas” a los alcaldes, también les “baja la línea”, teniendo como garantes a los secretarios políticos municipales. No hay que olvidar que los cuatro alcaldes presentes en este organismo son también secretarios políticos de sus departamentos.

El Consejo de Gobiernos Locales también tiene a su cargo la aprobación de las leyes de impacto municipal. Y es sabido que actualmente ni los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional ni el plenario del Poder Legislativo tienen ninguna incidencia real en la aprobación definitiva de los proyectos de ley que les son sometidos.

ALCALDÍAS: ENTES SUBORDINADOS Y DEPENDIENTES


Como se observa, todos estos organismos y reuniones tienen un carácter mixto en el que las instituciones del Estado (Asamblea Nacional y Consejo Supremo Electoral) y las del gobierno central (Vicepresidencia de la República y el INIFOM) se trenzan con los órganos del partido FSLN. Lo normal sería que el gobierno central tuviera agencias a través de las que transitaran las relaciones con los demás niveles de gobierno, con tanta legitimidad política como el gobierno central.

Para los municipios, tal vez el INIFOM sería la institución más indicada para ejercer esas funciones. Pero desde 2007 el INIFOM ha ido cambiando su perfil y se ha dedicado al control político de todas las alcaldías, aunque la mayoría del tiempo funja como un aparato para-partidario. En esa óptica se entiende la Agenda para el Desarrollo Municipal lanzada por esa institución.

Visto así, las relaciones entre los gobiernos subnacionales y el gobierno central ni siquiera se han escorado hacia las relaciones inter-administrativas, como ocurre en otros países donde no existen gobiernos autónomos regionales ni gobiernos locales y donde, por eso, las relaciones políticas son exiguas. En Nicaragua la cosa es peor: las relaciones inter-gubernamentales han perdido cualquier asidero para reducirse a relaciones inter-partidarias, como lo muestra el hecho de que el “Plan Maestro amoranicaragua” haya sido propuesto sólo para alcaldías “cristianas, socialistas y solidarias”, según lo indica su subtítulo.

En este diseño jerárquico, las municipalidades son sólo entes subordinados al centro y sus territorios son parcelas experimentales donde se ejecutan obras pensadas en el nivel más alto de la dirigencia del partido.

EN EL CARIBE, UNA AUTONOMÍA “DOMESTICADA”


En la Costa Caribe, con gobiernos regionales, la situación no es diferente. Es aún más compleja. Se repite en el Caribe la matriz de la disminución de los gobiernos subnacionales a tareas administrativas y se repite el poder de las estructuras paralelas de control político. Ocurre esto en un contexto en el que, en teoría, el poder debería redistribuirse todavía más teniendo en cuenta que en esta extensa zona del país hay tres niveles de gobierno debajo del nacional: nivel regional autonómico, nivel municipal y nivel territorial indígena / afrodescendiente. A ello se suma lo que Miguel González denomina “una visión de desarrollo definida por el Estado, las élites económicas del país y los intereses del capital global”, centrada en la explotación de los valiosos recursos naturales de la región caribeña.

Vista así, la autonomía de las dos regiones del Caribe es, como la define González, “una autonomía domesticada” bajo la lógica hegemónica de un gobierno central que ha recurrido a todos los instrumentos posibles para lograr domesticarla, muy en especial empleando a los enlaces verticales del FSLN para cooptar, comprar o neutralizar las esferas del poder, aunque eso le haya generado no pocos encontronazos, y lógicamente desgate, con la capilaridad del poder en los territorios.

NO SERÁ MÁS DE LO MISMO, SERÁ PEOR


La receta del orteguismo para los próximos gobiernos municipales no será más de lo mismo, será peor. Atados de manos y pies por el Plan Maestro, el margen de acción que todavía conservaban se verá reducido a cero. Pero no por lo que dice, porque eso ya estaba entre sus funciones ordinarias, sino por lo que pretende: enjaular las particularidades locales dentro de una narrativa nacional concebida en reuniones donde predomina la jerarquía y la sumisión.

Las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2017 tenían implícito, entre muchos otros, un nuevo desafío al ordenamiento del Estado que aún establece la Constitución, pese a los atropellos sufridos, sobre todo en la novena reforma hecha a la Carta Magna en 2013.

Mientras no se diga lo contrario, Nicaragua es un Estado unitario, organizado en un gobierno nacional, dos gobiernos autonómicos regionales (y territoriales) y más de un centenar y medio de gobiernos municipales, que funcionan con una política nacional de descentralización que no ha sido derogada ni sustituida por otra.

HACIA EL PARTIDO ÚNICO


Para el gobierno central, el desafío de 2017 consistía en consolidar el eslabón de un modelo que condena a los municipios y a sus gobiernos a mayores cuotas de irrelevancia, al confiscarles las pocas facultades que les quedaban en la planificación local, en un amargo retorno a la planificación centralizada. También implicaba confirmar la destrucción del sistema de gobierno territorialmente estratificado a manos de agentes extra-institucionales como son los secretarios políticos del partido de gobierno.

Con la mutación de las relaciones inter-gubernamentales en relaciones inter-partidarias perderá todo sentido el voto popular. Los electos no se sentirán responsables en absoluto ante sus electores sino ante el líder y sus agentes, a quienes deberán sus cargos. De este modo, Nicaragua transitará poco a poco, y por las vías de hecho, hacia el partido único, aunque las leyes sigan consignando, tan formal como inútilmente, el pluripartidismo y la democracia.

SOCIÓLOGO, POLITÓLOGO Y MUNICIPALISTA.

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