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  Número 429 | Diciembre 2017
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Nicaragua

“¿Hará Ortega concesiones de aquí a 2021? ¿Llegará nuevamente tarde a Sapoá…?”

Roberto Courtney, director ejecutivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia, organismo nicaragüense de observación electoral, hoy liderando el consorcio de observación Panorama Electoral, compartió con Envío algunas valoraciones sobre los comicios municipales del 5 de noviembre, cinco días antes de que se desarrollara la jornada de las votaciones. Y también, opiniones de lo que puede ocurrir en Nicaragua en la etapa que se abre de aquí a las elecciones presidenciales de 2021.

Roberto Courtney

Llegamos a las terceras elecciones municipales celebradas bajo el gobierno de Daniel Ortega sin que haya habido algún cambio positivo respecto a la situación que tenemos en todas las elecciones, desde las municipales del 2008, al menos en lo que respecta a la neutralidad e independencia requeridas en el juez electoral, el Consejo Supremo Electoral. Concebido en forma de ley en el año 2001, con la fallida lógica de poner a los partidos a realizar el arbitraje de la competencia electoral, el sistema electoral fue capturado por el partido de gobierno desde hace nueve años.

De una captura inicial parcial, basada en chantaje y compra de voluntades, el Consejo Supremo Electoral ha involucionado hoy hasta caer convertido en un Comité Partidario Electoral, constituido de 10 magistrados propuestos y votados exclusivamente por el oficialismo en una Asamblea Nacional, donde el gobierno de turno tiene la mayoría absoluta, lo que ya refleja todo lo que naturalmente ocurre cuando un único partido administra las elecciones en todas sus instancias claves y decide, desde la eliminación legal de la competencia, hasta los conteos inverosímiles, provocando así la abstención de electores de todos los colores, hasta llegar, como llegamos en 2016, a una abstención del 70% de electores, quienes, al no ver condiciones de juego limpio, prefieren no votar.

Este año, la presencia de una misión de observación de la OEA y las circunstancias por las que la OEA ha llegado a Nicaragua -la presión de Estados Unidos con la amenaza de la Nica Act- provoca en el gobierno una cierta esquizofrenia de cara a este proceso electoral municipal: se debate entre seguir buscando resultados electorales favorables, seguros y aplastantes, por la vía del remedo de elecciones, en el que ya opera por inercia, y el deseo de que el informe de la OEA sobre estas elecciones le sea lo más positivo posible, lo que lo obliga a suavizar las prácticas viciadas, al menos las del día electoral.

Ética y Transparencia ha observado una docena de elecciones en Nicaragua desde 1996. También hemos acompañado en Asia, África y América Latina la formación de organizaciones similares a la nuestra, compartiendo con ellas técnicas de observación y de cabildeo en materia electoral. También hemos estado presentes en elecciones de unos 40 países, lo que ha enriquecido nuestra experiencia. Desde 2008 el gobierno no nos da acreditación para que nuestros observadores se conviertan en testigos presenciales en las juntas receptoras de votos de todo el proceso, hasta el momento del conteo de los votos. Haber tenido en los años anteriores a esa exclusión condiciones muy favorables, en cuando a libertad de acción y a financiamiento, nos permite capitalizar hoy el derecho que nos garantiza la Constitución, por ser ciudadanos, de vigilar a las autoridades.

Aun sin acreditación, nuestro observador es alguien que entra a votar a la junta y puede establecer algunas cosas: la calidad de la tinta, la presencia o la ausencia de los fiscales de los partidos, las actas que se les entregarán… toda la parafernalia que se desarrolla el día de las votaciones.

Observar todo lo que ha ocurrido antes de las votaciones, que es tan determinante, no necesita de acreditación. Los indicadores de cómo debe ser un proceso electoral son sencillos y permiten establecer claramente las deficiencias del proceso, que se originan en el arbitraje sesgado, pero se traducen de muchas formas y en muchos actos a partir de ahí.

En el proceso electoral de 2017 la deficiencia fundamental que señalamos, la falta de neutralidad y de independencia en el Consejo Supremo Electoral se repite en media docena de informes que las misiones de observación nacionales e internacionales, entre ellas las de la Unión Europea, las del Centro Carter y las de la misma OEA, señalan con fuerza desde el 2008. El árbitro electoral juega para un partido, con tan poco pudor que hasta el público lo sabe. Y ese vicio es un vicio fundamental porque un proceso electoral genuino se basa en la competencia. Y en cualquier competencia, deportiva, política o de cualquier signo que sea, el arbitraje neutro de cara a los competidores es una condición sine qua non. La competencia se desvirtúa de manera irremediable y de múltiples formas si el árbitro, en vez de juzgar con neutralidad e independencia, se sesga hacia uno de los participantes. Esto es tan evidente que no necesita de ninguna elaboración.

La primera recomendación del informe de la Unión Europea en el 2011 es ésa: que Nicaragua encuentre un mecanismo para establecer requisitos que permitan seleccionar árbitros electorales que garanticen neutralidad e independencia. Hasta hoy, los criterios continúan siendo mínimos: cualquiera califica si es mayor de edad y no está preso. Así que la ley permite, y hasta demanda, que el partido en el poder ponga tantos operadores partidarios a lo largo y ancho del sistema como pueda poner. Y eso significa ponerlos en casi todos los cargos, desde los magistrados del Consejo Supremo Electoral hasta los miembros de las juntas receptoras de votos, quienes después niegan la acreditación a los fiscales de los demás partidos y no les entregan copias de las actas de escrutinio con los resultados. Por supuesto que mucho de este accionar está reñido con la Ley Electoral. Pero con un gobierno autoritario ése es apenas un detalle trabajable de varios modos, desde la cara dura al argumento falaz.

Puedo dar decenas de ejemplos. Veamos uno: este año el Consejo Supremo Electoral ha afinado un artificio. La ley especifica que en la conducción de los consejos departamentales, municipales y juntas receptoras de votos, que son de tres miembros, ningún partido político debe tener más de dos miembros. Pero el Consejo, en flagrante violación de esa disposición, considera que eso no se aplica a los miembros de una alianza y, por eso, en los consejos y en las juntas ha habido en esas estructuras durante años dos y hasta los tres miembros de la alianza que lidera el FSLN.

¿Cuál ha sido el artificio novedoso en el 2017? Que en el calendario electoral que establece el Consejo ahora se nombra a todos estos funcionarios en una fecha anterior a la constitución de las alianzas. Así se “justifica” que la alianza FSLN controle todos los cargos, ya que se “obtuvieron” un par de semanas antes de oficializar su alianza con el partido de gobierno.

Además de esta ilegalidad, desde las elecciones presidenciales del 2011 el Consejo nombró a un “coordinador” en cada centro de votación. Esa figura no está en la ley. En un sistema en el que la polarización entre los dos principales partidos fuera extrema y los pleitos de la calle se trasladaran al lugar de las votaciones sería útil que la institución creara una figura administrativa para resolver los pleitos. Pero ése no es el caso en estos momentos y la única explicación para crear la figura del “coordinador” es una prueba más del exceso de control institucional, por lo demás redundante, en un partido como el FSLN que ya lo maneja todo en el proceso electoral.

Recordemos que en elecciones presidenciales al FSLN le han ganado en tres ocasiones (1990, 1996, 2001) y todas ellas con un bloque opositor unido, identificable bajo la consigna, expresada o implícita, de “todos contra el Frente”. En Nicaragua somos hoy, como son aún muchos países de la antigua “cortina de hierro” en Europa: países de un partido único de facto donde antes era de iure. Países donde no se supera, ni de cerca, la brecha de poder, capacidad y piso electoral que existe entre el partido único que capturó todo el Estado y los demás partidos nacidos desde entonces. En esos países sovietizados aún se vota a favor del Partido Hegemónico Revolucionario que construyó por décadas el Estado-partido y desmanteló a la oposición o se vota contra él.

Aquí en Nicaragua,cuando la ciudadanía de forma generalizada identifica cuál es el partido o alianza que en las elecciones le puede ganar al FSLN y gravita en masa hacia él, el FSLN ha sido derrotado. Cuando no hay unidad contra él, el FSLN no tiene rival. Ya desde el poder y en los últimos años, además de desvirtuar la competencia electoral para asegurar resultados más aplastantes, el FSLN utiliza el poder, con poco escrúpulo y gran efecto, para ilegalizar, dividir y reducir a los partidos opositores. En estas elecciones municipales no hay alianza legal que amenace al FSLN, pero sí hay alianzas de facto “de todos juntos en una casilla contra el Frente” en algunos pocos municipios. En ésos el FSLN, si quiere el sello de aprobado de la OEA, tendrá que saber perder si los electores se hacen presentes en las urnas.

Perder limpio no es fácil cuando estás acostumbrado a no publicar resultados, a negar actas de escrutinio y a tantas otras cosas. La “impecable liturgia electoral” que reclama el embajador Arturo Cruz como vacuna para inmunizar a Nicaragua de sanciones como el Nica Act no es fácil de aplicar a mansalva a los funcionarios del FSLN en 153 municipios, acostumbrados a realizar “misas negras” desde hace diez años. También ya es tarde y asuntos criticables como un Consejo Supremo Electoral monocolor como el que tenemos no van a variar.

La coyuntura tampoco ayuda a la conversión, pues son elecciones locales, donde cada liderazgo local se juega su influencia. Y son sus amigos y parientes los candidatos que pueden necesitar algo más que una plegaria… En todo caso, no se sabe siquiera si el partido de gobierno está seriamente tratando de lucirse con la OEA en las elecciones, menos aún sabemos si lo logrará.

Teniendo en cuenta este factor, en las escasamente competitivas elecciones del 5 de noviembre podría haber una verdadera competencia en unos 25 municipios medianos o pequeños. Eso no sucederá en las cabeceras municipales y en los municipios más grandes. Donde haya competencia, lo que estaremos observando es si la votación y el escrutinio que realiza una autoridad dominada por el FSLN cumple, como se debe, con las garantías básicas, todas ellas contempladas en la Ley Electoral. Veremos, entre muchas otras cosas, si permiten estar en las juntas a los fiscales de los otros partidos,si entregan actas legibles a los fiscales y si los resultados son auditables junta por junta.

Hasta hoy, las actas de escrutinio que se les deben de entregar a cada fiscal del partido que participó en los conteos, pertenecen al ámbito de las mayores irregularidades recientes. En teoría, las actas reflejan el conteo de votos y le sirven al partido para presentar quejas sobre diferencias aritméticas que pueda haber en los resultados. Pero la fiscalización y las actas han sido saboteadas de forma sistemática: se hace correr a los fiscales durante una semana detrás de la credencial, a veces se les saca a la hora del conteo, a veces se les entrega una copia del acta que es ilegible o que miente y que no les sirve para disputar resultados.

Desde que en el 2008 lo agarramos con más votos que votantes, según sus propios datos, el Consejo Supremo Electoral no publica las actas de escrutinio junta por junta y ofrece únicamente resultados globales por centro de votación.

Eso niega la utilidad de las actas, pues el acta de cada junta es la que permite los recursos de revisión señalando en qué junta concreta hay discrepancia.

Sin resultados por cada junta receptora de votos el conteo es simplemente inauditable. Eso lo sabe bien la OEA y lo ha señalado en sus anteriores informes y en privado ya le ha dicho al CSE que debe corregir esto. ¿Lo hará?
Creo que la misión de la OEA se va a ir de Nicaragua sin hablar fuerte. El objetivo es estar ya instalada por tres años con un convenio y quedar ya acreditados como observadores para las elecciones presidenciales del 2021. Esto satisface a la OEA y también a sus donantes.

He sido miembro de varias delegaciones de la OEA y en muchas ocasiones llegamos al país un mes antes para “retorcerle un poco el brazo” al gobierno para que componga algo las cosas y la OEA hace declaraciones públicas.

Toda esa presión, y el hecho de que todavía hay tiempo de componer algo las cosas, permite que, más que observar lo que ocurre en la jornada electoral, la OEA a veces agencia con “observación activa” que ocurra un proceso electoral mejor. Pero no ha sido eso lo que ha sucedido con la misión de la OEA que ha venido a Nicaragua para estas elecciones. La preocupación, tanto de la propia OEA como de una gran mayoría de la ciudadanía nicaragüense, como la de los actores internacionales, no gira en torno a estas elecciones municipales, que se dan por inexistentes. Ya hay ocho países queriendo aportar financiamiento para las tareas posteriores que debe desarrollar la OEA.

Esto nos dice que todo el mundo está apostando a una salida negociada, pacífica, trabajada a través de cambios electorales creíbles, que culminaría idealmente en las elecciones presidenciales de 2021. Ojalá se logren establecer las elecciones regionales del año 2018 en el Caribe Norte y el Caribe Sur como un importante y temprano indicador de lo que se puede lograr para el 2021.

Estas elecciones municipales pueden tener un aprobado o un reprobado, o algo en medio, pero ni una cosa ni otra importan mucho. El pésimo historial del sistema electoral nicaragüense está tan vivo, que cuatro elecciones consecutivas, donde el único debate ha sido si eran farsas o fraudes, determinan la necesidad de reformas profundas, que deben empezar con un cambio de autoridades hacia la neutralidad. Hacer las elecciones de 2017 mejor que las anteriores no resuelve el vicio de fondo porque el actual Consejo Supremo Electoral seguirá teniendo fraudes en su historial. La credibilidad que urgen las autoridades electorales en cualquier país son, como tantas otras cosas en la vida, que una vez que las pierdes, las pierdes para siempre.

¿A qué apunta la OEA en estas elecciones? A fortalecer con su presencia su brazo negociador y a que de aquí a 2021 eso obligue a Ortega a generar concesiones. También apuesta la OEA a estar ya en el país, a quedarse, a no tener que pedir permiso para observar las elecciones de 2021. Porque si Ortega no quisiera aquí a la OEA ese año tendría que expulsarla. La OEA apuesta a estar desde ahora adentro y a tener un lugar especial cuando se negocie en el 2021. Lo que puede hacer ahora es dejar bien plantado el pie en la puerta para que esté allí por un buen rato.

¿Qué concesiones contemplará seriamente hacer Ortega? La más inmediata, la más evidente, sería el cambio de los magistrados electorales. El período de los actuales termina en 2019. Ésa sería una primera oportunidad de medir la voluntad de Ortega. Creo que a cambiar algunas de las autoridades supremas se limitará su voluntad, tal vez a hacer algún trabajo al padrón electoral y a algunos otros temitas técnicos. Nada más. No conforme con tratar de cambiar algo para no cambiar nada, puede hasta tratar de revisar lo que tenga pendiente de su diseño electoral soñado. Si cambia magistrados, pero no cambia el sistema, habrá entregado un poco que puede parecer mucho. Pero si de detener las amenazas externas se trata, tendrá que dar más.

Creo que Ortega entiende que no es inmune al sabotaje económico del imperio y al de los múltiples y efectivos medios que tienen sus enemigos externos para afectar los logros económicos de su administración. Pero ese entendimiento no significa que no opte por un camino parecido al de Nicolás Maduro en Venezuela y decida seguir el consejo de Tomás Borge de no arriesgar el poder “pase lo que pase”.

En su informe final la OEA felicitará al pueblo nicaragüense por su vocación democrática y pacífica y tendrá cuidado de ser crítico con mesura y muy técnico. Retomará lo señalado en ocasiones anteriores y evitará algunos temas frontales, como la calidad de los árbitros o el hecho de que los efectos perniciosos acumulativos de tanto desmadre por tantos años hacen necesarias reformas más profundas de forma más urgente. El lenguaje diplomático suavizará los señalamientos críticos que aparezcan en el informe.
Si se respeta el voto emitido hablarán de ese voto y no del que no se emitió por desconfianza, aunque sea el mayoritario. En privado, con actores claves internacionales, paradojas de la vida, hablarán con menos diplomacia de cómo se le puede doblar el brazo de Ortega con paciencia activa y no con estridencia. Yo no sé si funcionará la paciencia, pero la estridencia ya está comprobado que no. Ponerle presión a Ortega es cosa de otros actores, no de la OEA.

Por otro lado, la presencia de la OEA juega el papel de envalentonar a los votantes de los partidos que participan: si está la OEA eso garantiza que, por lo menos, habrá posibilidad de escándalo y hay garantía de más participación: “¡Aquí está la OEA: acérquense a la urna, que su voto vale!” Eso dicen los partidos opositores, pero cuán efectivo sea el llamado está por verse.

Creo que el bajo grado de participación variará de un municipio a otro. Donde haya buenas candidaturas y unidad de facto eso podrá convencer al electorado para que participe en un juego que tiene muy poco atractivo para la mayoría, aun en las mejores condiciones. Donde no haya eso, la gente probablemente se quedará en su casa. Si en las elecciones presidenciales de hace un año hubo un 30-40% de participación, en las municipales, en las que aun siendo competitivas siempre la participación es menor, podemos esperar que sea bajísima en muchos municipios.

Hay que tener en cuenta también que en elecciones locales la abstención tiene un freno: con la cantidad desproporcionada de concejales que hoy se eligen, en unos 40 municipios del país la última concejalía se decidirá por 5 ó 10 votos. Son tantos los concejales y tan pequeñas las poblaciones que la participación, la que haya, resulta mucho más definitiva y decisoria que en otras circunstancias y eso provocará tal vez más participación para ganar esos cargos de concejales.

La baja participación es la meta del gobierno. Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de regímenes autocráticos, casi siempre es cierto que la baja participación ayuda al oficialismo. No hay nada que más asuste a un gobierno que quiere perpetuarse en el poder que se le llenen las calles o las juntas de votación, porque casi siempre cuando las calles y las juntas se llenan es con gente que está viendo o armando una salida. Además, a diferencia de la calle bulliciosa, la baja participación no necesariamente acelera una crisis, sólo expresa que la gente no encuentra ya que las urnas son el camino para resolver los problemas políticos. De eso a la calle y a la violencia hay un trecho que una buena economía convierte en un camino muy largo.

¿Tiene algún valor anular el voto? Matemáticamente el voto nulo vale lo mismo que la abstención, ambos terminan teniendo el mismo efecto. Hay quien dice que deja su boleta en blanco para que no se la puedan marcar otros, pero no es de esa forma que se ha robado el voto en Nicaragua.

La importancia del voto nulo cambia cuando alcanza una cantidad y calidad que logra asustar al oficialismo. Pude ver una elección en Egipto donde un movimiento amplio de jóvenes lanzó la consigna de anular el voto dibujándole un símbolo fálico en el rostro a uno de los candidatos, considerado inexpugnable. Por supuesto, quienes contaban los votos consideraron como votos válidos a favor de ese candidato los votos con ese símbolo, pero tuve la sensación de que esa estrategia provocó un profundo shock en toda la gente que estuvo en el conteo y que creía que su gobierno, su partido y su candidato eran mayoritarios. Ese efecto nunca lo logra la abstención pues es más amorfa y pluricausal. Una estrategia como la que vi en Egipto no impide manipular los números, pero golpea al poder. Y esas pequeñas heridas en la armadura del poder son precisamente los puntos de entrada por los que el ciudadano empieza a olfatear que la fruta está más madura de lo que creía.

En Nicaragua el voto nulo y la abstención se parecen mucho en sus efectos. No estoy seguro que en nuestro país el no ir a votar sea ni un respaldo ni un rechazo al sistema. Tampoco estoy seguro que los bajos índices de participación sean el talón de aquiles del sistema. Creo que si le preguntan a Ortega diría que le gustan las elecciones poco concurridas, siempre y cuando la no concurrencia es lo más lejos que llega la gente para manifestar su descontento. La abstención creciente y pasiva que hemos visto en Nicaragua es hasta el momento la mayor manifestación opositora.

¿Y después de estas elecciones qué? Hay una frase, se me escapa de quién, que dice que de todos los tiranos en el poder el peor es el que cree que actúa en bien del pueblo… Y es el peor porque no le estorba su conciencia cuando hace lo que hace. Pongamos a un lado por un momento lo de que si Ortega es un tirano, pues no es ese calificativo el que da validez a la frase. Usando sus palabras, creo que Ortega se opone y hace vil a “la democracia burguesa, hija y madre del colonialismo” convencido de que hace lo correcto.

¿Por qué robarse las elecciones pagando una cuota de ilegitimidad cuando no era necesario porque podía ganarlas limpiamente? Una explicación tiene que ver con los traumas históricos de Ortega: las plazas llenas y las urnas vacías al día siguiente. Otra explicación es que el fraude es mejor tenerlo como práctica que improvisarlo cuando es necesario, como sucedió en el 2008, cuando se le vieron las vergüenzas al muñeco... Pero hay otra explicación para el actuar de Ortega: las firmes creencias que tiene de que las elecciones “occidentales” son un error. El desmantelamiento de la institucionalidad electoral que ha hecho aquí va en la línea de lo que pasa en China o en Cuba, ambos referentes expresos de Ortegaen esta materia.

Ortega quiere elecciones donde no se arriesga el poder aunque haya varios partidos. Incluyo en sus convicciones el factor Rosario, porque la transición de uno a otra ya ocurrió sin que sintiéramos mucha diferencia. Rosario está mandando desde hace muchísimo rato y cada día manda más. Por eso, no podemos siquiera considerar qué cambios ocurrirán cuando se vaya Daniel… porque Daniel ya se fue. Rosario es un enigma y eso importa porque en casos como el de Nicaragua, cambios dentro del partido son los más probables cambios al sistema. Pero no tengo bases para especular. Solo me atrevo a expresar lo que intuyo: el modelo chino-dinástico es totalmente consistente con la visión del poder de Ortega y de Rosario, de los dos. Ambos creen que las elecciones de las que habla la Carta Democrática Interamericana no conducen a esa meta.

Creo que ver a Ortega revertir el camino que ha andado en materia electoral es muy improbable, aunque por razones estratégicas le convenga parecer que está abierto a cambios reales. Porque ante la posibilidad de abrir el camino para permitir elecciones limpias y competitivas, en las que hoy gana pero puede perder mañana, él se aferrará a un sistema que le garantice ganar siempre. Ortega sabe que si se abre a un sistema competitivo, igual que en 1990, surgirían rápidamente liderazgos, ideas, financiamientos, que inmediatamente lo amenazarán, y peor aún, si en esas fechas algo tan fuera del control de países como el nuestro, la salud de la economía no le ayuda. Ortega sabe bien que, si bien en estas elecciones municipales no necesita meter mano, si permitiera el “jueguito democrático” necesitará meterlas en las próximas.

Desde esta perspectiva creo que va a ser difícil que en estos tres años de negociación con la OEA Ortega haga algo sustantivo que nos lleve a elecciones competitivas y atractivas en 2021. No está de moda citar a los viejos marxistas, pero Lenin decía que un gobierno estable es el que da soluciones económicas a su pueblo. El 4.7% de crecimiento económico de los últimos años de Ortega, bien vendido por el gobierno como un 7.4%, genera estabilidad y coloca a la gente en la dinámica del mercado y del consumo, dejando poca fuerza o entusiasmo paralo demás. Lejos de sólo arriesgar sus cadenas, los obreros arriesgan hoyel celular, la moto, la prima para la casa… Sobre esos bienes se edifica la estabilidad que observamos hoy en muchas partes del mundo. Ése es el famoso modelo chino: si al ciudadano le parece acertada la gestión económica del gobierno no clamorea con fuerza por sus derechos intangibles.

El contrato social de Rousseau ha sido sustituido hoy por un acuerdo basado en resultados a nivel global, con lindas excepciones. El numerito del crecimiento económico que nos hace indiferentes a la política y a nuestros derechos es variable según el país y la época, pero si el gobierno lo cumple, la ciudadanía pospone las preguntas y las preocupaciones alrededor del déficit en materia institucional o electoral y se dedica a pelear por su tajada del producto interno bruto. Pareciera que Nicaragua, como casi todos los países del mundo, está hoy en esa situación.

En tres años, y si el único tema que lo puede poner en crisis es la economía, ¿cuáles son las posibilidades de resultados económicos radicalmente diferentes, tan drásticos y logrados en tan poco tiempo, que fuercen a alguien tan bien plantado como Ortega a aceptar los cambios que aborrece? Para responder hay que mirar al Norte. Hasta Lenin sabía que el terreno electoral se gana o se pierde en el terreno económico. Nada acelera las caídas políticas más dramáticas que las caídas económicas. Si los Estados Unidos se comprometen a hacer a Ortega impopular a través de la bancarrota del país eso es lo que ocurrirá. Pero no veo a los Estados Unidos con esa pujanza. Y la Venezuela de Maduro nos muestra que aún en la más absoluta caída libre económica se puede seguir siendo líder de un Estado fallido por tiempo indefinido.

Para evitar problemas, el gobierno ya ha tomado medidas y ha contratado préstamos apresuradamente... como si los bancos fueran a cerrar mañana. Ya tiene 600 millones de dólares en préstamos de las mismas instituciones en las que el gobierno de Estados Unidos, de aprobarse la Nica Act, vetaría nuevos préstamos. 600 millones no son mucho, pero Nicaragua ya tiene ese dinero y también algún estatus crediticio para acceder a fuentes privadas en las que Estados Unidos no se puede meter. Ya nos endeudaron una vez y les salió de maravilla.

Sin embargo, tal vez no es en la restricción de créditos concesionales en dónde está la verdadera amenaza de la Nica Act. Lo más peligroso para la economía de Nicaragua es el listado que hará Estados Unidos de los nicaragüenses malvistos, o por lo menos desvisados. Esa lista es lo más peligroso porque el verdadero motor de la economía nicaragüense no son los préstamos concesionales, es la inversión extranjera. Poquísimos empresarios nicas logran montar una gran empresa como Cargill, o tan siquiera un mall como Metrocentro o Galerías. Eso lo hacen capitales extranjeros que llegan a Nicaragua invitados por los empresarios nuestros: “Vení a Nicaragua, te voy a presentar al fulanito que manda, le vas a dar la mano al hombre y te vas a sentir bien seguro de tu inversión. Él te garantizará que aquí no hay huelgas, que los salarios seguirán bajos, que no tendrás presiones tributarias, que todos los trámites serán rápidos…”. Esto resulta demasiado atractivo. Más que instituciones, independientes al empresario le gustan las predecibles y las que puede influenciar.

Pero, supongamos por un minuto que el comandante Ortega está en esa lista o que en la lista están otros funcionarios que antes representaban garantías de inversión. Ese apretón de manos les puede costar a los inversionistas extranjeros que les quiten la visa para entrar a Estados Unidos y al resto del mundo, donde hoy hay buenas oportunidades para sus empresas… “¿Quiero ir a Nicaragua para que me quiten la visa y no pueda ir a Panamá o a Costa Rica o a tantos otros lugares donde tengo negocios? ¿Quiero una foto con alguien acusado de corrupto o de narcotráfico por Estados Unidos? No, hombre, lugares para hacer negocios sobran”.

Esa lista eleva al infinito el costo transaccional de venir a Nicaragua. Las espléndidas relaciones con el comandante explican por qué el empresariado nacional y el extranjero están tan contentos con Ortega, pero eso se desmoronaría si, de pronto, los contactos se hacen venenosos. Esa lista paralizaría el motor de la economía nicaragüense en un chasquido de dedos. Y los Estados Unidos siempre podrían socar la tuerca un poco más si lo desean.

Impedir la materialización de esas amenazas son las razones que yo veo podrían forzar a Ortega a conceder reformas electorales. Pero, ojo, como siempre las reformas pueden ser un harakiri, no es que vaya a decir Ortega “ni modo, voy a tener que gobernar en democracia”. No, esas reformas significarían aceptar arriesgarse a salir del poder. Y sin embargo, es para él peor esperar a que esas amenazas se materialicen y tengan efectos, porque si en medio de una crisis económica provocada por los “Nica Acts”, él diera reformas electorales serias, tendría la total certeza de perder el poder.

Hace años, cuando estábamos en guerra, Ortega llegó a las negociaciones de Contadora y a las de Sapoá años tarde. Y llegó muy golpeado. Por eso dio unas elecciones en las que sólo podía perder. Y por eso, necesitó también algo de suerte para volver al poder casi 20 años después. Por ese pasado, no esperemos una reacción temprana de Ortega ante las fragilidades de la economía que ha montado ni tampoco ante los primeros golpes económicos duros. Uno esperaría, más bien, que se aferre más fuertemente al poder. Habrá que esperar y ver qué tanto aprendió de esos eventos de su pasado. Y así como nos ha sorprendido recomponiendo relaciones con los empresarios y con otros sectores durante estos años de gobierno, podría llenarse de audacia y apostar a elecciones al menos tan libres como las que lo regresaron al poder en el 2006.

Parece evidente que Ortega debería ser audaz, llegar temprano y casi intacto a la próxima genuina cita electoral antes que los actores internacionales decidan alinearse contra él. Igual que en 1990, y paradójicamente, la continuidad de su modelo y el gobierno de los suyos, necesita de alternancia en el poder, algo que le es difícil de aceptar. Creo que no lo hará. A lo sumo tratará de manejar los tiempos hasta ver una clara situación de sinergia y compromiso saboteador en su contra de parte de quienes lo pueden poner a temblar. Para entonces ya será tarde.

La apuesta anti-Ortega de un sector de Estados Unidos, expresada en el Nica Act, es bien clara: van por la economía. Tienen identificada de forma acertada que la salida de Ortega sólo ocurrirá en una circunstancia económica muy complicada y saben que mientras haya ese 4.7% del PIB en ascenso,

Nicaragua tendría en el gobierno a Ortega y después hasta a sus nietos. No veo en el Norte el compromiso, la intensidad, el consenso y la urgencia que se requeriría para golpear la economía con efectos tan tempranos como en el año 2021. Tampoco veo a los nicaragüenses opositores y a los independientes dispuestos a sacrificar, o tan siquiera a amenazar, la economía para siquiera debilitar a Ortega. Ésas son muy buenas noticias. Lamentablemente, también abonan a que Ortega no sea todo lo audaz que debería ser. Cómo me gustaría estar equivocado.

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