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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 426 | Septiembre 2017
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Nicaragua

“El fantasma de la Nica Act flota sobre nuestra economía, que ya enfrenta riesgos”

Néstor Avendaño, economista y presidente de COPADES (Consultores para el Desarrollo Empresarial), compartió con Envío datos, informaciones y reflexiones sobre los riesgos de la economía nicaragüense en 2018, en una charla con Envío que transcribimos.

Néstor Avendaño

¿Cómo está la economía de Nicaragua hoy? Yo diría que muy bien. El crecimiento económico es importante, aunque no es suficiente para erradicar los altos niveles de desempleo, de subempleo y de pobreza que tenemos. Muy bien también porque, según cifras oficiales, los déficits financieros externos e internos han disminuido como porcentajes de nuestro producto interno bruto. La inflación es muy baja. El flujo de remesas familiares de nuestros migrantes va en aumento. La inversión extranjera directa permanece constante y ayuda a financiar el déficit externo en estos momentos, cuando ya desapareció el gran monto de la cooperación de Venezuela.

Y aquí me detengo al decir que estamos muy bien… El desplome de la cooperación petrolera venezolana es el primer riesgo que enfrenta ya la economía nicaragüense y, hasta ahora, el único que es real, el que ya estamos enfrentando.

El principal beneficio que nos dejó la cooperación petrolera venezolana fue proteger las reservas internacionales en el Banco Central. Por el convenio petrolero que nos concedió Venezuela, en vez de pagar el 100% de la factura petrolera, Nicaragua sólo pagaba el 50%. Cuando cayó el precio del petróleo, el porcentaje que le quedaba al país en crédito fue disminuyendo a 40% y después a 30%. Lo peor y lo más reciente es que Venezuela fue reduciendo el volumen de petróleo que nos suministraba. De suplirnos durante varios años el 93% de los requerimientos anuales de hidrocarburos que tiene el país, hoy sólo suple el 28% y, por tanto, Nicaragua está pagando cash, al contado, el 70% del petróleo que compra a Estados Unidos y a México. En esta situación, para resguardar las reservas internacionales del país el Banco Central de Nicaragua se ha visto obligado a sacar de circulación córdobas, la moneda nacional. Eso, que lo nota ya la población, lo empecé a señalar públicamente desde mayo de 2016, cuando se comenzó a observar una severa desaceleración de la oferta de dinero en el mercado local. Antes de eso, el circulante de dinero crecía a un ritmo interanual del 20%, pero eso ya no sucede.

El Banco Central está protegiendo las reservas en dólares para conservar la estabilidad macroeconómica. Y las protege porque sabe que no existe ninguna posibilidad de encontrar un sustituto de Venezuela. ¿México, Rusia…? México tiene serios problemas con la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, el NAFTA, y hasta debe prepararse ante el supuesto cobro de un muro en la frontera. Y Rusia, un país de economía emergente, crece muy lentamente y depende de un solo producto, el petróleo, que tiene precios internacionales muy bajos. No, no hay sustituto.

Sacando moneda nacional de circulación, el Banco Central ha tomado una buena decisión, porque es la única que puede tomar al no tener políticas monetaria y cambiaria efectivas, debido a que la moneda principal es el dólar estadounidense y existe en el país una gran cantidad de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio. Entonces, sacar córdobas de circulación es una medida adecuada para que los agentes económicos del país, consumidores, empresarios e inversionistas, no demanden muchas importaciones. Si hay menos córdobas hay menos demanda de dólares para importar. Así se protegen las reservas internacionales, una protección que antes aseguraba el crédito petrolero cuando no pagábamos una alta proporción de la factura petrolera. El Banco Central saca córdobas de circulación subastando semanalmente Letras o llamando por teléfono a los grupos financieros nacionales para pedirles que depositen en el Banco Central más encaje en moneda nacional. Y, aunque la ley dice que la banca nacional debe depositar en el Banco Central un 12% diario y un 15% catorcenal de córdobas, la realidad es que ese porcentaje se aproxima ya hoy a un 21%.

La consecuencia del desplome de la cooperación venezolana es la disminución de las reservas internacionales. Éste es un riesgo que es potente y que está latente. Se está enfrentando con un gran control en la emisión de dinero. Tengo la impresión de que el Presidente Ortega no va a volver a incurrir en el error de poner a funcionar la maquinita de emisión de dinero. No va a cometer uno de los crasos errores económicos que se cometió en los años 80 y que provocó que Nicaragua tuviera la cuarta hiperinflación mundial del siglo 20, sólo superada por las hiperinflaciones que se produjeron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, excluyo de las decisiones económicas erradas de aquellos años las derivadas de aumentar gastos para la defensa militar del país, pues era un deber sagrado la protección de la nación, pero hubo otras decisiones muy cuestionables, que empujaron la inflación a niveles mucho más altos que a los que debía haber llegado. ¿Cómo sabríamos que el Presidente Ortega cometería ese mismo error? Sólo si ordenara la emisión de dinero. Si lo hace, preparémonos para una gran inflación. Espero que no lo haga, aun cuando lleguen momentos más críticos, que podrían llegar.

Con tres acciones el Banco Central protege las reservas internacionales oficiales que tiene el país: saca córdobas de circulación en el mercado local, pide a la banca local depósitos en córdobas en mayor proporción que la indicada por la tasa de encaje legal, y compra dólares al sistema financiero nacional en la mesa de cambios que opera en las instalaciones de la autoridad monetaria.

Así las protege, pero no lo logra con la misma seguridad con que las protegía con el crédito petrolero venezolano. Y ése es el riesgo. ¿Y por qué tanto interés en proteger las reservas internacionales? Porque la columna central de nuestro modelo económico es la libre convertibilidad de córdobas en dólares y porque las reservas internacionales garantizan la estabilidad macroeconómica del país. Sin suficientes dólares en las arcas del Banco Central, ¿qué le ocurriría al tipo de cambio en el mercado financiero y en el mercado negro? Subiría. Y esa subida del tipo de cambio, ¿qué le depararía a la tasa de inflación? Se dispararía. Por tanto, hay que proteger las reservas internacionales para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y una baja presión inflacionaria.

El éxito económico de Nicaragua, lo dicen todos, es la estabilidad macroeconómica, que hasta ahora se ha conservado y que a partir del año pasado ha empezado a enfrentar riesgos. El Banco Central lo ha hecho bien, pero nunca le dice a la población cuál es el costo en que se incurre al sacar córdobas de circulación. Comencé a observar las consecuencias desde mayo de 2016. Desde entonces se desaceleró en Nicaragua el consumo, reduciéndose las ventas de alimentos, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de productos ferreteros, electrodomésticos, útiles de oficina, incluso de combustibles… Y al desacelerarse las ventas se provocó automáticamente un problema de administración de inventarios. El problema es peor si esos inventarios son de origen importado, lo que trastoca las decisiones empresariales en cuanto a la producción. El costo de sacar córdobas del mercado es, pues, la desaceleración del crecimiento económico, el aumento del desempleo y del subempleo, la disminución del crédito… Sin embargo, esos costos no se los explica a la población el Banco Central.

La protección de las reservas internacionales, en un entorno diferente al que garantizaba la cooperación de Venezuela, es el riesgo más conocido, el que está ya presente. Ante el desplome de la cooperación venezolana, además de la reducción de la oferta de dinero antes mencionada, y al aparecer en el escenario la muy probable aprobación de la ley “Nicaraguan Investment Conditionality Act” (Nica Act) en el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de acelerar el endeudamiento no concesional con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dada la amenaza de la suspensión de los préstamos concesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA) contemplados en la Nica Act.

Hace tres abriles el Banco Mundial cambió la clasificación de Nicaragua: de vernos como un país pobre y altamente endeudado pasamos a ser vistos como un país de ingreso medio bajo normalmente endeudado. Cuando éramos pobres el ingreso per cápita anual era, en promedio, de 1 mil dólares, registrado desde antes del año 2000. Subimos en la clasificación porque hace tres años el ingreso per cápita anual de los nicaragüenses superó en promedio los 1 mil 800 dólares. Cuando éramos pobres y altamente endeudados con el exterior, en términos de producción, Nicaragua no era sujeto de crédito en el mercado financiero internacional. Por eso, el país estaba obligado a golpear las ventanillas de los créditos muy concesionales que facilita el BID y el BM/IDA y, por supuesto, también acudía al FMI para apoyar las reservas internacionales en el marco de los programas de ajuste macroeconómico y de reformas estructurales de la economía nacional. Hoy el país ya no tiene ningún acuerdo o programa económico suscrito con el Fondo Monetario Internacional, al que el presidente Ortega nombró en 2012 “consejero de confianza”.

Los recursos financieros que obtiene el BCIE tienen los términos del mercado financiero internacional. Eso significa que no son concesionales. También podrían ser semi-concesionales. Por eso, la nueva deuda que Nicaragua está contratando con el BCIE desde octubre del año 2016 implicará el pago de un mayor monto de intereses. El BCIE ha firmado con Nicaragua la contratación de un poco más de 600 millones de dólares desde finales del año pasado hasta hoy. Esto ha sido posible porque Nicaragua, que es socio propietario del BCIE como los son los otros países centroamericanos, al estar clasificado como un país pobre muy endeudado, no podía contratar recursos no concesionales asignados por el BCIE, debido a la condicionalidad fondomonetarista de contratar sólo préstamos externos muy concesionales. En octubre de 2016 Nicaragua tenía una disponibilidad de recursos en el BCIE aproximada a 1 mil millones de dólares para la ejecución de proyectos de inversión pública. No tenía acceso a esos fondos porque, además, le eran suficientes los préstamos concesionales que le aprobaban el BID y el Banco Mundial, según la capacidad de ejecución del sector público.

Desde 2016, al evidenciarse el desplome de la cooperación petrolera venezolana y al aparecer el fantasma de la Nica Act, el gobierno de Nicaragua aceleró la contratación de recursos con el BCIE. Esto me condujo a afirmar que el sector público de Nicaragua se estaba atrincherando frente a la Nica Act, dejando desprotegido al sector privado. Señalé también que en esta ocasión no había funcionado el diálogo económico entre el gobierno y los empresarios. ¿Y por qué vi desprotegido al sector privado frente a la Nica Act? Porque esa ley estadounidense tiene influencia sobre el empresariado privado principalmente a través del flujo de la inversión extranjera directa, que, sin duda, sería afectada por la Nica Act. Vi desprotegido al empresariado privado porque el gobierno no ha hecho nada para impedir desconfianza entre los inversionistas. No será en la inversión pública, sino en la inversión privada, en donde se dará el mayor impacto de la Nica Act. Y la inversión ya está siendo impactada porque el fantasma de la Nica Act comienza a flotar sobre Nicaragua…

¿Por qué está flotando ese fantasma? Ya dije que el mecanismo que tiene el Banco Central para sacar córdobas de circulación para proteger las reservas son las subastas de Letras que hace una vez por semana. Pero desde mediados de 2016 las Letras se concentran en plazos de apenas 7 días, 14 días y un mes. Las subastas de esas Letras a plazos tan cortos no honran el objetivo de regular efectivamente la cantidad de dinero que circula en el mercado, porque el Banco Central debe redimir esos papeles en muy cortos plazos. Lo adecuado sería colocar letras a 6 meses, a 9 meses, a 1 año, aunque lo deseable sería a más largo plazo. Pero en Nicaragua aún nadie tiene confianza para realizar inversiones financieras a largo plazo. Sólo puedo dar dos explicaciones sobre el muy cortísimo plazo de las Letras subastadas. Una, que ya se fue Venezuela, ALBANISA depositaba los córdobas por la venta del crudo y de los combustibles principalmente en dos bancos, el BANPRO y LAFISE, y al desplomarse la cooperación venezolana esos depósitos disminuyeron y, por tanto, los banqueros no disponen de una gran cantidad de córdobas para comprar Letras con más largo plazo. Ésta es una suspicacia personal, pero bastante lógica.

Otra explicación es que el anuncio de la Nica Act en septiembre de 2016 ya provocó, en mi opinión, un deterioro en la confianza inversionista del sector empresarial privado. Y aunque los dos bancos antes mencionados tuviesen suficientes córdobas para realizar inversiones financieras en el Banco Central, sólo compran papeles que puedan redimir en el corto plazo por el temor y la incertidumbre a que ocurra algo y se queden sólo con papeles. Es por todo esto que el fantasma de la Nica Act ya está flotando sobre Nicaragua.

Venezuela y la Nica Act son dos riesgos que ya estamos experimentando en Nicaragua. Pero antes de considerar otros cuatro riesgos que tendría el país a partir de 2018, derivados de la política económica del Presidente Donald Trump, quiero compartir algunos datos de los supuestos económicos externos del próximo año. Los economistas trabajamos siempre con base en supuestos, que deben ser realistas y no sacados de la manga... Veamos, pues, cómo se perfila la economía internacional en el año 2018.

Según el FMI, la economía mundial en 2018 va a crecer 3.6% y ese crecimiento lo liderarán los países de economías emergentes, como China e India y las naciones de Asia oriental, que están creciendo a un ritmo de 4.6%. Europa seguirá a rastras en su crecimiento y Estados Unidos crecerá 2.1%, un crecimiento demasiado lento, a pesar de que el Presidente Trump prometió que la economía crecería anualmente 3% y más, pero parece que eso no es realista en el corto plazo. También se espera cierta mejora en los precios internacionales de los bienes primarios o commodities.

Esto nos indica que no hay un excesivo riesgo para Nicaragua en la economía internacional, a excepción del lento crecimiento de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Y es que mientras más crece la economía estadounidense más crecen México, los países de Centroamérica y los países del Caribe, principales socios de la primera economía del mundo. Por eso, en Nicaragua debemos estar muy atentos a los problemas geopolíticos globales que puedan desacelerar el crecimiento de Estados Unidos: problemas con Corea del Norte, con Rusia, con China…

Éstos son los supuestos externos. ¿Y los supuestos internos? ¿Se mantendrá la estabilidad macroeconómica en Nicaragua en 2018? ¿Dará el Presidente Ortega la orden de emitir dinero si vienen momentos difíciles? Creo que se mantendrá a toda costa la estabilidad macroeconómica y se administrará correctamente la emisión de dinero. Hacer lo contrario provocaría una debacle, porque aceleraría la inflación en momentos de grandes riesgos. Hay que seguir actuando como lo está haciendo el Banco Central, sacando córdobas del mercado, aunque eso deje al país con un menor crecimiento económico.

Otro supuesto interno. ¿Seguirá cayendo la cooperación de Venezuela? En 2016 el crédito petrolero fue de 92 millones de dólares. Estimo que en 2017 será menor, aproximadamente 80 millones de dólares, una cantidad que no significa mucho en términos macroeconómicos. Al continuar desplomándose la cooperación de Venezuela y al seguir contrayéndose la oferta de dinero para preservar las reservas en dólares, seguirán reduciéndose las ventas de bienes de consumo masivo.

Desde finales de 2016 el consumo dejó de ser una fuente de crecimiento económico en nuestro país. En 2017 el gasto de consumo de las familias no contribuye ya a la aceleración del crecimiento económico. ¿Por qué está creciendo entonces nuestra economía? Por las exportaciones de un ciclo agrícola que concluyó formidablemente y por otro ciclo agrícola que se está iniciando y está siendo mucho más formidable que el de 2016. El volumen de nuestros productos de exportación ha aumentado y sus precios han tenido también un alza relativa. La otra fuente de crecimiento que preveo para 2017 es el gasto de inversión. Pero en 2018 veo un gran riesgo sobre la inversión privada por la incertidumbre que genera la Nica Act. El gasto de inversión podría desacelerarse al mismo ritmo que el gasto de consumo y el crecimiento económico quedaría sólo a expensas del volumen de las exportaciones de bienes y servicios. Veo este escenario más factible que el de la inestabilidad macroeconómica.

La Nica Act es un riesgo político con serias consecuencias económicas. Sin este riesgo, la economía de Nicaragua seguiría creciendo formidablemente. Pero que eso suceda no es un supuesto realista. Frente a la Nica Act sólo el sector público se ha atrincherado. He escuchado a empresarios privados que, con o sin Nica Act, seguirá habiendo inversión en Nicaragua. Hay que ponderar el realismo de estas afirmaciones teniendo en cuenta que el 20% de la inversión extranjera directa que llega a Nicaragua proviene de Estados Unidos, el país que estaría aplicando esa legislación, y que el 42% del flujo total de la inversión extranjera directa a Nicaragua entre 1991 y 2016 provino de países de economía avanzada, entre los cuales es notoria la influencia de Estados Unidos. Algunos de esos países podrían sumarse a las sanciones contra Nicaragua.

Al aplicarse las sanciones de la Nica Act el sector privado estaría en crisis por la disminución del gasto de inversión. El sector público ya está blindado con los recursos del BCIE, por lo menos durante el tiempo de la actual administración pública. Aun con la Nica Act, la cooperación oficial anual destinada al financiamiento de programas y proyectos del sector público rondaría los 520 millones de dólares. Aun suspendiéndose las nuevas contrataciones de préstamos del BID y del BM/IDA, el sector público no sería afectado.

Además de este blindaje, existe otro préstamo del BCIE que no se ha desembolsado y que desde hace siete años se ha estado renovando anualmente. A raíz de la gran recesión económica mundial de los años 2007-2008,el BCIE puso a disposición de cada país centroamericano una línea de crédito especial de 200 millones de dólares para enfrentar problemas de iliquidez de recursos externos, tanto en el Banco Central como en el sistema financiero nacional. Nicaragua nunca solicitó un centavo de ese dinero, el resto de países centroamericanos sí lo hicieron. Creo que Nicaragua comenzará a usar ese crédito.

En este escenario de cooperación oficial para el sector público, ¿cómo se siente el presidente Daniel Ortega? Muy bien, muy tranquilo. Y el sector privado, ¿cómo se siente? En mi opinión está bastante preocupado, aunque por responsabilidad, y para mantener la calma, no lo dice públicamente. Esa preocupación es lógica, porque el 90% del Producto Interno Bruto de Nicaragua lo genera el sector privado.

El consejo que he reiterado desde que aparecieron los riesgos del desplome de la cooperación venezolana y la amenaza de la Nica Act es que debemos prepararnos para lo peor, porque si los efectos son finalmente más benignos, será un alivio para la nación. Preparemos políticas de resistencia ante los riesgos magnificando los efectos que podrían tener, porque si los riesgos no son extremos lo que podamos hacer será mejor para todos.

¿Estará haciendo eso el gobierno, se estará preparando? Creo que no. He oído opiniones dispares. He oído que hay que esperar a que aprueben la Nica Act para ver qué vamos a hacer, lo que revela una gran irresponsabilidad. También he oído decir que tenemos que ser realistas y no embriagarnos de los éxitos creyendo que ya alcanzamos el cielo… Al Banco Central no le he oído decir nada. Sólo espera y permanece mudo ante este problema. Tampoco el Presidente Daniel Ortega ha dado a conocer ningún programa de emergencia ante las consecuencias de la Nica Act.

Los riesgos para nuestra economía provenientes de la Nica Act, que son importantes, provienen del exterior. Sin embargo, la solución no está en el exterior, está acá, dentro de nuestro país. No bastan los discursos políticos ni la retórica política para enfrentar esos riesgos. Se necesitan acciones políticas para resolver el riesgo o mitigar sus efectos. El silencio gubernamental sobre la Nica Act exacerba el riesgo. Reclamar a Estados Unidos la indemnización por el fallo de La Haya de los años 80 no tiene sentido. Incluso, el Presidente Daniel Ortega no ha vuelto a mencionar ese reclamo. Si yo fuese consejero del Presidente Ortega le diría que reúna de inmediato a los dirigentes de todos los partidos políticos del país con un único punto de agenda: cómo enfrentar la Nica Act, para que en esa reunión se elabore un programa de acciones políticas sujetas a rendición de cuentas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Son los políticos de este país quienes tienen que resolver este problema, no son los empresarios ni las organizaciones de la sociedad civil, dos grupos a los que solamente corresponde ejercer presión.

Pero pasa el tiempo y no vemos ninguna señal hacia ese diálogo. Pasa el tiempo y, muy vinculado a la Nica Act, podría darse un resultado negativo inesperado entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos. ¿Tendrá voluntad de diálogo el gobierno, la tendrán los políticos? No sé. En muchos países del mundo los políticos no defienden a la sociedad, se defienden entre ellos mismos. Sucede en países avanzados, en países de mediano desarrollo y en países atrasados como el nuestro. Y sucede principalmente en países como el nuestro.

Los 250 millones de dólares anuales en riesgo que nos presta el BID y el BM/IDA ya fueron sustituidos con los préstamos del BCIE. Al gobierno no le importa ser sancionado con la suspensión de la contratación de recursos concesionales de los dos organismos multilaterales. En mi opinión, el Presidente Daniel Ortega ya tiene asegurada su gestión, con un buen apoyo de recursos externos, hasta el año 2021. Quienes piensen que le afectará el corte de los préstamos del BID y del Banco Mundial andan más perdidos que un perro en procesión… Esa amenaza ya dejó de ser un problema para el Presidente Daniel Ortega.

El temor que le tengo a la Nica Act se basa en cómo afectará la economía del sector privado, no a la del sector público. Si se restringiera el 42% del total de la inversión extranjera directa que viene al país, de Estados Unidos el 20% y de países donde Estados Unidos influye el otro 22%, casi la mitad de la inversión extranjera estaría en riesgo, siendo esa inversión una de las principales fuentes de crecimiento económico y de creación de empleo en el país.
Y no menciono la inversión de los empresarios nicaragüenses, que ya empezó a reducirse sólo con el anuncio de la Nica Act.

El riesgo económico de la Nica Act se magnifica con la lista de corruptos que van a ser señalados 60 días después de que se apruebe esa legislación. Considero que esa lista debe estar ya hecha y creo que debe haber dos listas: una que se hará pública y otra que permanecerá secreta para la negociación política. ¿Quiénes aparecerán en esas listas? No sólo aparecerán lavadores de dinero. Las autoridades estadounidenses son las que más información tienen sobre operaciones de lavado de dinero porque toda transacción financiera que se hace en cualquier país del mundo pasa por un banco de Estados Unidos y allí se comprueba si el dinero es o no lícito. Pero la corrupción no sólo se circunscribe al lavado de dinero. Es tambiénel abuso de los recursos públicos, otro elemento fundamental para señalar delitos de corrupción. También es corrupción el financiamiento ilícito, el dinero público no reportado. Sólo por no reportarlo ya es ilícito, que es lo que se le está imputando actualmente al presidente de Guatemala Jimmy Morales.

Y hablando de corrupción y de corruptos, quiero decir que, generalmente, frente a un corrupto público hay un corrupto privado. Y lo afirmo por mi propia experiencia. A solicitud de la Contraloría General de la República, analicé, ad honorem, las liquidaciones bancarias de los años 2000-2001, la reestructuración de esa deuda pública y las subastas de los activos de los bancos liquidados. Y comprobé esto: el corrupto público necesitaba a un corrupto privado. Conocí a los corruptos privados, pero en mi informe sólo señalé a los corruptos públicos, porque la Contraloría sólo persigue al corrupto público y no al privado. Uno de los corruptos públicos que participó en la reestructuración de esa deuda y en las subastas de esos activos fue Eduardo Montealegre Rivas, Ministro de Hacienda y Crédito Público en aquellos años, quien, a pesar de que ahora ya no es inmune, además de corrupto es el impune más famoso de Nicaragua.

Hablando siempre de supuestos, quiero decirles algo que me preocupa especialmente: si en las listas que surjan de la Nica Act apareciera el nombre de algún directivo de alguna entidad financiera radicada en Nicaragua los efectos conformarían un escenario tremendamente desastroso. Considero que hay que prepararse para ese escenario.

¿Por qué desastroso? Tenemos actualmente en el país una realidad que no teníamos en los años 80, cuando apenas había dólares en Nicaragua. Hoy, aunque extraoficialmente, la economía de Nicaragua está muy dolarizada. El 90% de los préstamos se entrega en dólares, el 76% de los depósitos en la banca está en dólares y el 70% de la liquidez global de la economía está en dólares. Si el nombre de una institución bancaria vinculada a un corrupto aparece en una lista negra al estilo de las que habrá con la Nica Act, ¿qué hará el público? Retirar sus depósitos en esa entidad financiera. Es la reacción natural de los depositantes. Recuerden la liquidación forzosa del Banco Continental de Honduras, relacionado con el narcotráfico y con el banquero y político Jaime Rosenthal. Por suerte, como ese banco era uno de los más pequeños de Honduras, la debacle no fue tan grande.

Una fuga de depósitos en dólares en una economía tan dolarizada extraoficialmente como la nuestra desestabilizaría severamente al córdoba, aun cuando el Presidente Ortega no ordenara el uso de la maquinita para emitir dinero. El monto total de los préstamos en Nicaragua está concentrado en dólares, dólares provenientes de los depósitos del público. Al retirar sus depósitos, ¿qué va a encontrar la población? Que no hay dólares, porque fueron entregados en préstamos a los prestatarios del banco. Actualmente, la razón financiera Depósitos / Préstamos es igual al 100% y los bancos no tienen un importante fondeo internacional para la concesión de préstamos. En un momento así se provocaría una quiebra bancaria. La principal causa de una quiebra bancaria es la iliquidez: la institución financiera no puede honrar la demanda de fondos de sus depositantes.

En una crisis así, el público no podría obtener sus depósitos en dólares y el que tenga depósitos en córdobas y quiera convertirlos a dólares encontrará en las ventanillas del mercado financiero y en el mercado negro un tipo de cambio más elevado que el tipo de cambio oficial por la mayor demanda de dólares. Al subir los tipos de cambio financiero y negro, se acelerará la tasa de inflación de precios al consumidor, lo cual desestabilizará al córdoba. La posibilidad de un evento así hay que tenerla presente. Ojalá que ningún representante de una entidad financiera aparezca en la lista que se hará pública 60 días después de aprobada la Nica Act. Si eso sucediera, el Estado de Nicaragua no podría salir al rescate de una entidad bancaria o financiera, porque el Banco Central emite sólo córdobas y a cada depositante se le devolvería sólo un máximo de 10 mil dólares, de acuerdo con el Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE).

Nos hemos referido a dos riesgos que ya están presentes en la economía de Nicaragua: el desplome de la cooperación de Venezuela y algunas consecuencias de la Nica Act sobre la inversión extranjera directa y según vengan las listas de corruptos y violadores de derechos humanos. Sólo con esos dos riesgos ya nos sentimos fatigados… pero “pongamos más verduras a la sopa que estamos haciendo” y veamos otros cuatro riesgos, los derivados de las MAGAnomics, de las políticas del presidente Donald Trump, las políticas derivadas de su consigna “Make America Great Again”, de donde se deriva este acrónimo de “MAGAnomics”, ya usado oficialmente en Estados Unidos.

El Presidente Trump promueve una política comercial proteccionista, una política de migración restrictiva, una política fiscal que aumenta el gasto y reduce impuestos a los que pagan más y una política bancaria laxa. Todas estas políticas, de concretarse, representarían riesgos para la economía de Nicaragua. Sumados esos cuatro riesgos a los otros dos que he mencionado, y a los que debemos agregar fenómenos meteorológicos extremos, problemas causados por la corrupción o por la frágil gobernabilidad, y hasta por el terrorismo, que ahora es un invitado más en la mesa de la globalización, nos encontramos ante un escenario de alta inseguridad.

Vamos a hacer referencia a los cuatro riesgos que el Presidente Trump ha puesto ya sobre la mesa. Trump ha dicho a todas las empresas estadounidenses que están en el exterior que si no regresan a Estados Unidos les va a imponer un arancel a todo lo que exporten a Estados Unidos. Lo hace para obligarlas a regresar para generar empleos e incrementar la producción en territorio estadounidense. Esto se llama proteccionismo comercial. ¿Cuál es el riesgo de esa política? Una guerra comercial mundial. En respuesta y por reciprocidad, los países podrían imponer aranceles a las importaciones de productos estadounidenses. Trump espera que con esta política la economía de Estados Unidos crecerá. Eso sucedería en el cortísimo plazo al retornar las empresas, pero en un mediano plazo imaginario, en el mejor de los casos, la economía estadounidense se va a desacelerar. Y en el peor de los casos, podría producirse una gran depresión económica. Lo advierte la historia económica mundial: el presidente Herbert Hoover (1929-1933) estableció un proteccionismo comercial tal como el que pretende hoy Donald Trump y eso agravó la gran depresión de los años 30. En 1930 la ley arancelaria Smoot-Hawley desencadenó guerras comerciales globales y condujo a todo el mundo a una gran depresión que aún no hemos olvidado. El riesgo mundial del proteccionismo comercial impulsado desde Estados Unidos sería el surgimiento de una estanflación: una severa depresión económica con gran inflación, o en otras palabras, una gran caída de la producción con una elevada inflación. Eso es lo que nos esperaría si se impone el proteccionismo comercial del señor Trump. Estamos hablando de una depresión mundial, que nos afectaría a todos, a moros y a cristianos...

Otro efecto del proteccionismo comercial que propone el señor Trump es un posible examen a Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA). He escuchado a muchos aprendices de políticos que aparecen opinando en los medios como expertos, que a Nicaragua no la van a tocar en el CAFTA. Escucharlos causa sonrisas. Yo nunca viajo a Washington y no ando diciendo tal o cual cosa “según mis fuentes”. Todo lo que digo en público lo confirmo aquí y lo digo “según mis investigaciones económicas”. Tengo que investigar y analizar científicamente los problemas, no movido por ningún ardor o sentimiento político. Sé que la diferencia entre un político y un economista es que el político especula y el economista pronostica. Hay una gran diferencia entre especulaciones y pronósticos.

Pues bien, investigando supe que, a finales de abril de 2017, y tengo la prueba, el Presidente Trump ordenó al Secretario de Comercio, Wilbur Ross -que fue empresario de una gran zona franca textilera que hubo en Ciudad Sandino y que ya cerró-, que analizara cualquier tratado de comercio internacional de Estados Unidos con cualquier país si estaba afectando a Estados Unidos. El presidente Trump ha enfatizado que cualquier acuerdo comercial debe garantizar el crecimiento económico a Estados Unidos, de acuerdo con su lema “Make America Great Again”, y debe contribuir favorablemente al balance comercial externo, o sea, que Estados Unidos debe tener superávit y no déficit en su comercio con tratados de libre comercio, y que el tratado también debe favorecer la base manufacturera estadounidense para que el producto interno bruto estadounidense crezca más aceleradamente.

Trump le dejó a Ross esta pregunta: ¿Está siendo Estados Unidos tratado equitativamente con los tratados de libre comercio que ha firmado? Le envió a Ross una lista de ocho países que tienen libre comercio con Estados Unidos comparando los resultados comerciales de antes del tratado con los de 2016. Éstos son los superávit y déficit que tiene Estados Unidos con los ocho países a investigar, en un lista en la que aparece Nicaragua. Canadá tenía en su comercio con Estados Unido en 1989 un superávit de algo más de 9 mil 841 millones de dólares. En 2016 ya fue un poco más de 12 mil 106 millones. Costa Rica tenía en 2009 un déficit a favor de Estados Unidos de algo más de 1,747 millones de dólares. En 2016 se redujo a poco más de 1,564 millones. Israel tenía en 1985 un déficit favorable a Estados Unidos de algo más de 226 millones, pero en 2016 tiene superávit de algo más de 9 mil millones. Jordania tenía en 2001 un déficit a favor de Estados Unidos de algo más de 243 millones de dólares y ya en 2016 alcanzó un superávit de 62 mil 372 millones. Corea del Sur tenía en 2012 un superávit con Estados Unidos: algo más de 13 mil 199 millones. En 2016 ascendió a un poco más de 27 mil 666 millones. México, en 1994 tenía un déficit favorable a Estados Unidos algo mayor de 1 mil 663 millones de dólares. Ese monto se convirtió en 2016 en un superávit de algo más de 63 mil 191 millones.

Panamá tenía en 2012 un déficit a favor de Estados Unidos de algo más de 7 mil 862 millones. En 2016 se redujo a poco más de 5 mil 736 millones. ¿Y Nicaragua? Antes de 2002 nuestro superávit con Estados Unidos era de 555 millones 327 mil dólares y en 2016 aumentó a casi 1,829 millones.

Desde que entraron en vigor acuerdos de libre comercio de Estados Unidos con estos países, Trump observó que los superávits comerciales declinaron con dos países: Panamá y Costa Rica, que los déficits comerciales se incrementaron con tres: Corea del Sur, Canadá y Nicaragua, y que la economía estadounidense transitó de un superávit a un déficit comercial con tres países: México, Israel y Jordania.

A Donald Trump no le preocupa el origen del déficit ni la reducción del superávit que tiene Estados Unidos con cada país. Lo que quiere es que eso se corrija, venga de donde venga, y sea cual sea la modalidad de comercio exterior en el tratado en cuestión.

Antes del DR-CAFTA, en 2006, Estados Unidos tenía un déficit de 555 millones de dólares en su comercio con Nicaragua. En 2016 ese déficit se incrementó hasta 1 mil 829 millones de dólares. El superávit comercial de Nicaragua con Estados Unidos se explica por el valor bruto de las exportaciones de las empresas que operan en el régimen de zona franca. No se debe a las exportaciones domésticas de bienes FOB, sino a las exportaciones de las zonas francas, que sólo dejan en Nicaragua el 26% de su valor en concepto de pagos de la planilla, servicios públicos (energía, agua, alcantarillado y telecomunicaciones) y renta de locales donde operan esas empresas, mientras que el 74% del valor bruto exportado queda en los países de origen de las empresas, que no sólo son de Estados Unidos, porque las hay de Corea del Sur, de Taiwán, de México…El 80% de las empresas de zonas francas del país elaboran textil-vestuario. Más de la mitad de las exportaciones de las empresas de zonas francas va a Estados Unidos. El 100% de las exportaciones de las empresas de textil-vestuario tienen como destino a Estados Unidos. Otras exportan arneses y chile jalapeño a México.

El presidente Trump dio un plazo de 180 días, hasta finales de octubre de 2017, para disminuir los crecientes déficits comerciales y aumentar los decrecientes superávits comerciales de Estados Unidos con los ocho países que tienen tratado de libre comercio con la primera economía mundial. Creo que el riesgo para Nicaragua es alto y reitero mi consejo: preparémonos para lo peor. En Nicaragua, 120 mil personas están empleadas en las zonas francas. Aunque la cifra oficial es que el tamaño promedio de una familia nicaragüense es de 4.3 personas, supongamos que existen 5 personas por familia. El riesgo extremo de un examen de Nicaragua en el DR-CAFTA sería que 600 mil nicaragüenses estarían expuestos a retornar a la pobreza. Ojalá me equivoque y el riesgo sea menor, pero el mejor consejo que puede dar un economista es prepararse para lo peor.

También puede resultar un riesgo para nuestra economía la política de migración de Trump, quien prometió sacar de Estados Unidos hacia sus países a todos los migrantes indocumentados. Los que van a resentir más esta medida son los migrantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pero también hay nicaragüenses indocumentados y ya han comenzado a sacarlos de Estados Unidos. ¿Consecuencias? Disminución del flujo de remesas, reducción del gasto de consumo de las familias receptoras de remesas y aumento de la mora del crédito personal y de las tarjetas de crédito para el consumo.

Las consecuencias de la reducción del crédito por esta vía, o por otras, son importantes. Recordemos que, en 2009, uno de los efectos de la gran recesión económica mundial en Nicaragua fue que 60 mil nicaragüenses fueron a los juzgados por no pagar sus deudas de consumo adquiridas con tarjetas de crédito. Los banqueros tuvieron tanta responsabilidad o más que los consumidores en este problema, porque entregaban tarjetas de crédito a todo el mundo al libre albedrío. Reducidas las remesas, aumentará la mora y desacelerará el crecimiento económico. A su política migratoria, Donald Trump ha sumado la posibilidad de imponer un impuesto a las remesas de todos los migrantes latinos, para financiar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

En 2016 el flujo de remesas fue de 1 mil 264 millones de dólares y el flujo bruto de la inversión extranjera directa fue del orden de 1 mil 440 millones de dólares. Estas dos fuentes de recursos externos son las más importantes de Nicaragua en estos momentos y ambas podrían ser afectadas por la política migratoria de Donald Trump y por la Nica Act. Son dos riesgos importantes, que preocuparían a cualquier político serio y responsable, se encuentre o no en el gobierno. Sin embargo, estos temas aún no se discuten, mucho menos tratan de ser amortiguados… como si no tuvieran una trascendencia nacional.

Veamos ahora el riesgo que está oculto en la política fiscal del Presidente Trump. Su promesa de campaña fue reducir los impuestos sobre la renta al 15%, tanto a las empresas como a las personas, bajar el impuesto directo a los que más tienen. También prometió aumentar el gasto en inversión en infraestructura económica y en defensa. Bajando impuestos y aumentando gastos expandiría el déficit fiscal en un momento en que la economía estadounidense está muy cerca del pleno empleo, con una tasa de desempleo del 4.3% de la población económicamente activa y una tasa de inflación cercana al 2%. En esa situación, que es positiva, Donald Trump hará lo que no se debe hacer, fortaleciendo las expectativas inflacionarias en Estados Unidos. ¿Lo hará, se generarán más expectativas de inflación? La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, que es el Banco Central, y es independiente del Ejecutivo y responde al Congreso, ¿qué haría ante un mayor gasto público en una situación muy cercana al pleno empleo? Aceleraría el alza de las tasas de interés, que ya han comenzaron a subir y están en el rango de 1-1.25%. ¿Por qué subiría la FED las tasas de interés? Una efectiva política monetaria se basa en el manejo de las tasas de interés por el Banco Central. Si un banco central sube las tasas de interés interbancarias estaría encareciendo el crédito y, por tanto, estaría reduciendo el gasto de consumo y de inversión para aplacar una creciente inflación.

En el bienio 2007-2008, cuando se desaceleró la inflación en Estados Unidos con la gran recesión económica mundial, la FED bajó la tasa de interés al rango de 0-0.25% para que los agentes económicos, productores y consumidores, obtuvieran préstamos con bajos costos financieros y así se reactivara la economía, hubiera crecimiento económico y aumentara la inflación. Han pasado nueve años para comenzar a ver esos resultados económicos. Al subir en Estados Unidos las tasas de interés para neutralizar las expectativas inflacionarias de las cuestionables MAGAnomics del Presidente Trump, los inversionistas financieros internacionales preferirán enviar sus capitales a Estados Unidos porque obtendrían mayores rendimientos. Por lo tanto, el dinero se hará más escaso y más caro para nuestros países. Eso ya está sucediendo y afecta al sector privado. No olvidemos que el sector público ya está atrincherado.

En esta situación, el dólar se fortalecerá frente a otras monedas duras, el euro, el yen, la libra esterlina. El dólar se apreciará y las otras monedas duras se depreciarán. En esta situación, el déficit comercial de Estados Unidos se disparará, porque los productos estadounidenses serán más caros en el mercado internacional porque el dólar es más fuerte, mientras que los productos extranjeros en Estados Unidos se abaratarán. En ese escenario, el déficit comercial de Estados Unidos aumentará, que es lo que quiere evitar precisamente Trump. Una contradicción más, que demuestra el poco dominio del Presidente y de sus principales asesores y funcionarios económicos sobre estos asuntos. Todo esto aún no es seguro y el plan de Trump puede ser impedido por los republicanos en el Congreso, únicos que pueden evitar el populismo económico del Presidente.

Otro efecto de las alzas de las tasas de interés para nuestros países es el aumento del servicio de la deuda externa en moneda estadounidense. Y como la mayor parte de la deuda de Nicaragua está en dólares estadounidenses, eso tendría un efecto negativo para las finanzas públicas del país. Sobre nuestra deuda pública externa, he oído muchas opiniones de políticos que no son economistas, que coinciden en que la deuda externa de Nicaragua sigue subiendo. Se refieren al monto de la deuda en millones de dólares, pero en el análisis macroeconómico el peso de la deuda externa pública se determina como un porcentaje del producto interno bruto. Y la realidad es que ese porcentaje ha disminuido hasta el 38% del PIB en 2016. A finales de ese año, el saldo de la deuda pública externa era 5 mil 42 millones de dólares, cantidad que incluye 1 mil millones de dólares pendientes de reestructuración con Costa Rica y Honduras en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés). Si la deuda con esos dos países se reestructurara, el porcentaje bajaría a un 31%.

Antes de los años 80, Nicaragua no estaba muy endeudada con el exterior en términos de producción. La deuda pública externa subió del 24% del PIB en 1970 al 45% del PIB en 1978. En 1989 llegó a ser el 940% del PIB. La deuda pública externa aumentaba tanto porque no podíamos pagarla. ¿Cuánto exportaba Nicaragua en 1990? El valor total de las exportaciones domésticas de bienes FOB apenas era igual a 331 millones de dólares.

Pero no olvidemos que a la deuda pública externa hay que sumarle la deuda pública interna, que suma 888 millones de dólares y en 2016 ya equivalía al 7% del PIB. Esa deuda interna ha sido provocada por confiscaciones de la propiedad, quiebras bancarias, emisiones de deuda pública para garantizar la estabilidad macroeconómica y, potencialmente en el futuro cercano, para rescatar financieramente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Se les mete mucho miedo e incertidumbre a los asegurados cuando les dicen que pueden perder sus pensiones por la insolvencia del INSS, pero ninguna institución de seguridad social ha quebrado en el mundo. Lo que va a suceder es que se mantendrá el pago de las pensiones con un mayor endeudamiento público interno. Lo más grave sería que la deuda privada externa con Venezuela pasara a ser deuda pública externa. Entonces, la deuda pública total, externa e interna, oscilaría alrededor del 80% del PIB y Nicaragua volvería ser un país severamente endeudado en términos de producción.

Un cuarto riesgo que provocaría la política del Presidente Trump es la liberalización financiera que él ha prometido a Wall Street. Prometió eliminar la Regla Volcker, una regulación que se impuso en el gobierno de Obama después de la crisis de 2008-2009 para eliminar operaciones especulativas en la banca de Wall Street. Trump propone reducir la protección a los consumidores de servicios financieros. Ha dicho públicamente que los acuerdos internacionales para regular la banca son un obstáculo al crecimiento del crédito internacional y, por consiguiente, la regulación debe ser laxa. El riesgo de que esto se aplique es que se provoque una recesión económica mundial como la que hubo en 2007-2008, que en Nicaragua nos golpeó en 2009, cuando el PIB real disminuyó 3.3%. Sería una crisis mundial. Porque hoy ya sabemos que no existen crisis financieras nacionales. Todas son crisis globales.

Para concluir con los riesgos formulo un supuesto… Supongamos que el flujo total de recursos externos (remesas familiares, inversión extranjera directa y cooperación externa al sector público y al sector privado) disminuye en el año 2018 en un 10%, una cifra porcentual bastante conservadora. ¿Cómo afectaría eso al producto interno bruto y a las reservas internacionales? El PIB podría caer 3.3% (prevemos que en 2018 crecerá 4.8% sin riesgos externos) y las reservas internacionales brutas caerían 11.5%.

Pues bien, si en Nicaragua no cambia nada, si no hay diálogo político, si no se rectifica, si no se garantizan los derechos humanos, el estado de Derecho y la gobernabilidad, si no se sanciona la corrupción, las caídas de la producción y de las reservas internacionales podrían ser mayores. Y eso traería graves problemas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el PIB cae sólo el 1%? El desempleo global aumenta un 7%, la recaudación de impuestos disminuye el 1.2% y el crédito en el sistema financiero se reduce al 1.3%. Multipliquen estos números por 3 para ver qué pasaría, cómo caería todo si el PIB cayera un 3%. La situación podría ser aún peor si no hay una solución política a los riesgos señalados.

Algunos de estos riesgos están ya presentes y otros están latentes en una economía que, como dije al comienzo de esta charla, va muy bien, con un crecimiento económico importante, aunque insuficiente para erradicar los altos niveles de desempleo, subempleo y pobreza.

Hablemos entonces algo sobre el empleo en Nicaragua, un tema muy polémico después que el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, rindiera recientemente un informe. En ese informe él considera que en Nicaragua no existe desempleo, sino que estamos en pleno empleo, una conclusión insólita en un país que es el segundo más pobre de América Latina. Yo considero que lo que se observa en Nicaragua es un inmenso empleo indecente.

Con este informe Ovidio Reyes afectó grandemente la credibilidad técnica y profesional del Banco Central, contaminó políticamente la seriedad y la profesionalidad técnica del Banco Central. Yo me eduqué en el Banco Central y he sido profesor de muchos altos cargos públicos del país, incluyendo a Ovidio Reyes, mucho mejor economista que su antecesor, Alberto Guevara. En esta ocasión, el presidente del Banco Central, en vez de hablar sobre política monetaria, financiera y cambiaria, que es su función, emitió, como en otras ocasiones, opiniones sobre la producción sectorial, el empleo, las remesas, la pobreza, cuestiones que no le competen al presidente de un banco central.

Existe un desorden generalizado en el discurso económico de nuestro país. Quien debió haber hablado de empleo y desempleo tenía que ser la ministra del Trabajo, pero parece que ese ministerio es sólo un ministerio de quejas donde se discute el salario mínimo legal.

Ovidio Reyes afirmó que en Nicaragua la tasa de desempleo es igual al 4% y que el 96% de los nicaragüenses económicamente activos tienen trabajo en este país. Creo que no le creyeron en ningún lado, ni en el propio Banco Central. Al hablar así del tema del desempleo, Ovidio Reyes olvidó explicar que la informalidad afecta a casi el 80% del total de ocupados de este país, y que el 43% de los ocupados está subempleado.

Estar subempleado en Nicaragua significa que una persona trabaja menos de ocho horas diarias, tal como ordena el Código Laboral. O que una persona devenga un salario menor que el salario mínimo legal, lo que significa que recibe un salario ilícito. Al primero lo llamamos subempleado visible porque sabemos que se encuentra buscando trabajo. Al segundo lo llamamos subempleado invisible porque puede trabajar más de ocho horas diarias, pero le pagan menos del salario mínimo. Por consiguiente, sólo el 57% de los ocupados no está subempleado y entre éstos hay trabajadores por cuenta propia y trabajadores formales.

Ovidio Reyes también olvidó que el 80% de los ocupados en Nicaragua trabaja en empresas que no tienen registros contables y por trabajar en esas condiciones, no pagan impuestos directos ni cuotas de seguridad social. Es sólo un 25% la población económicamente activa de este país que cotiza a la seguridad social. También olvidó Ovidio Reyes señalar que cada año ingresan al mercado laboral del país aproximadamente 130 mil jóvenes buscando por primera vez un puesto de trabajo, lo que significa unos 130 mil nuevos desempleados.

También olvidó Ovidio Reyes mencionar a las personas que tienen problemas de empleo, que son los desempleados y los subempleados. Se olvidó de explicar el problema del desempleo global. En un país como el nuestro, una persona desempleada abierta tiene dos alternativas: o es mantenido o es delincuente. El presidente del BCN sólo mencionó que el subempleo era “grave”, pero no mencionó que los subempleados, especialmente los visibles, sólo trabajan parcialmente en el tiempo y, por tanto, están desempleados parcialmente en el tiempo. Los economistas debemos estimar las horas-hombre que esas personas no trabajan. Y esas horas-hombre desempleadas facilitan la estimación de la tasa de desempleo equivalente al subempleo, que puede ser sumada a la tasa de desempleo. Obtenemos así la tasa de desempleo global o tasa de subutilización de la fuerza laboral, la cual se aproxima al 20% de la población económicamente activa de Nicaragua en 2016. En otras palabras, 690 mil personas económicamente activas no generaron ingresos el año pasado en nuestro país. También esto lo olvidó de explicar Ovidio Reyes.

Me atreví a decirle a Ovidio Reyes en los medios públicos, aunque no haga caso, que no es él quien debe informar de los resultados de las encuestas del Instituto Nicaragüense de Estadísticas de Desarrollo (INIDE). Los debe informar el INIDE, ése es su deber. Ovidio no es un experto en economía laboral, un tema que es competencia del Ministerio del Trabajo. Creo que el Banco Central debe evitar los riesgos morales. Si la estabilidad macroeconómica consiste en garantizar una presión inflacionaria baja y estable y un tipo de cambio estable, ¿por qué el Banco Central es el que estima el índice de precios al consumidor? ¿Juez y parte? Debería ser otra institución, el INIDE o el Ministerio del Trabajo, los que deben estar atentos al poder de compra de los salarios. Otro consejo que le di públicamente a Ovidio Reyes fue que, desde su puesto público, ayude a fortalecer técnicamente al Ministerio del Trabajo, porque debe ser el que se pronuncie sobre las tasas de empleo, desempleo, subempleo y ocupación plena.

Quiero también hacer un breve comentario sobre los niveles de pobreza en nuestro país, tan vinculados al desempleo. La última encuesta de medición de nivel de vida de 2016, en la que no participó el Banco Mundial, dejó algunas dudas. En ella se afirmó que la probabilidad de ser pobre en Nicaragua había bajado del 30% al 24%.

La metodología del Banco Mundial mide la pobreza por el nivel de la ingesta calórica de las personas. Critico esta metodología, porque si les relegaran el consumo a los nicaragüenses de más bajos ingresos, ¿ya no serían pobres? Considero que la pobreza debe ser medida por la capacidad de generación de ingresos y no por el consumo de alimentos. Hay otras metodologías. Por ejemplo, la que se basa en las necesidades básicas insatisfechas. Cuando el Banco Mundial aplicó esa metodología en la encuesta de 2014 señaló que el 40% de los nicaragüenses tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, cifra mayor que la del índice de pobreza del 30%.

Con todas estas contradicciones metodológicas, y con base en la encuesta de medición del nivel de vida de 2014 tomé todos los ingresos de los 99 percentiles de la población. No lo hice ni por quintiles ni por deciles, sino por percentiles. Reuní en cada percentil todos los ingresos de las familias, que no sólo son salarios, son también remesas familiares, premios de la lotería -los pobres son los que más juegan a la lotería- los intereses devengados por depósitos de ahorros, las transferencias estatales…

Llegué a tres conclusiones. Primera: el 42% de todas las familias de Nicaragua, con todos sus ingresos, no pueden comprar los 23 productos alimenticios de la canasta básica. Segunda: el 60% de todas las familias de Nicaragua, con todos sus ingresos, no pueden comprar los 53 productos de la canasta básica. Y tercera: el 75% de todas las familias nicaragüenses, con todos sus ingresos, no pueden adquirir, ni con una tasa de interés subsidiada por el Estado, una vivienda de interés social. ¿Cuál es entonces la pobreza de Nicaragua? ¿Sólo un 30% en 2014? Hay que determinar los niveles de pobreza por la capacidad de generar ingresos. Y promover esa capacidad pasa por invertir en educación y por generar empleo. Pasa por un puesto de trabajo decente.

Algunos preguntan si los economistas de este país no deberíamos juntarnos para hacerle un planteamiento a la nación sobre los riesgos ante los que estamos enfrentados. Pero, lamentablemente, entre los profesionales, los economistas somos los que estamos más dispersos. En 1995 hice el intento de unir a tres economistas de distintas escuelas para sacar un pronunciamiento a la nación. No lo logré. Creo que hoy es aún más difícil. Hoy cada uno habla a título personal. Hay algunos que ya no hablan porque tienen temor de hablar. Y hay otros que confrontan mucho, sólo sacan chispas, pero no proponen nada. Hay otros, entre los que me incluyo, que criticamos y sugerimos algunas recomendaciones. Del gobierno no esperamos que nos llame, creo que somos non gratos. Pero si la solución de todo esto es de índole política, creo que lo que podría darse es un llamado de los políticos a los economistas. Creo que los economistas podríamos contribuir a acercar a las diversas fuerzas políticas de este país poniendo en claro la gravedad del momento. Podrán hacerlo, querrán hacerlo? No sé…

El momento lo amerita, porque el momento es crítico. La Nica Act va a afectar al sector privado y especialmente la inversión. Si disminuye el flujo de la inversión extranjera directa, habrá una menor creación de puestos de trabajo, y las empresas que ya están operando en el país probablemente sean presionadas para que lo abandonen. Eso generaría más desempleo, y al haber menos creación de puestos de trabajo y al cerrarse algunas empresas, se reducirá el consumo de las familias afectando su bienestar…

En Nicaragua, un historiador que habla mucho de economía y política, Arturo Cruz hijo, dijo una vez que la política económica del Presidente Daniel Ortega reflejaba un “populismo responsable”. Pero… ¿cuál es la última expresión de un populista cuando estalla una crisis? ¡Sálvese quien pueda!

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