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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 425 | Agosto 2017
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Nicaragua

“El mundo debe saber lo que pasa en Nicaragua”

Violeta Granera, socióloga, con dos décadas de trabajo en espacios de la sociedad civil, seleccionada en junio de 2016 por la Coalición Nacional por la Democracia como candidata a la Vicepresidencia de la República, opción electoral anulada por Daniel Ortega ese mismo mes, hoy Coordinadora del Frente Amplio por la Democracia, compartió reflexiones y experiencias sobre la estrategia internacional para democratizar Nicaragua, en la que participa activamente, y la perspectiva del FAD sobre las elecciones municipales, en una charla con Envío que transcribimos.

Violeta Granera

En una entrevista que brindó en agosto de 2015 el poeta Ernesto Cardenal dijo unas palabras que nos han acompañado siempre en nuestros esfuerzos y que incluso hemos llevado escritas en alguna manta en nuestras giras en el extranjero. El padre Cardenal dijo: “El mundo debe saber lo que pasa en Nicaragua”. Hemos repetido mucho esa frase. Estamos seguros que salió del fondo de su corazón. Refleja la necesidad imperiosa de brindar a todo el mundo información de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Nicaragua. Y el absoluto derecho que tenemos de hacerlo.

Quienes defienden el régimen de Daniel Ortega nos llaman “vendepatrias”. Y “malos hijos de Nicaragua” a quienes hemos combinado nuestra estrategia nacional de organización y movilización para democratizar Nicaragua con una estrategia internacional que tiene ese mismo objetivo. Que lo digan, no les hacemos caso. Las campañas de odio en nuestra contra han sido amenazantes, calumniosas y desproporcionadas. Es una lástima que la dictadura use a jóvenes en las redes sociales para ese tipo de agresiones, que denigran su propia dignidad humana. Son manipulados de forma grosera, pero no nos amedrentan. Sabemos que todos los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua tenemos, no sólo el derecho, también el deber, de hacer uso de los instrumentos internacionales y de hacer incidencia en los países firmantes, para defender los derechos humanos que están siendo violentados en nuestro país.

Justamente, el mayor avance en términos de derechos humanos en el siglo 20 fue la consolidación del ser humano como sujeto del Derecho Internacional, habilitado para ser parte demandante contra el Estado y con capacidad jurídica a nivel internacional. Todos los tratados modernos sobre derechos humanos tienen como objeto la protección de los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad, no sólo frente a su propio Estado, sino frente a cualquier Estado que es parte del sistema internacional de derechos humanos. Así que yo tendría el derecho de demandar al Estado hondureño si violenta mis derechos. No hay fronteras en los derechos humanos. En esto radica la universalidad de los derechos humanos.

Este concepto de universalidad de los derechos humanos y la centralidad de la persona humana han venido evolucionando y perfeccionándose desde la Convención de Viena de 1969. Gracias a ese instrumento internacional, los Estados se someten a un orden legal dentro del que asumen responsabilidad con el bien común, no en relación con los otros Estados, sino con los individuos bajo su jurisdicción.

Dentro de este proceso también ha evolucionado el concepto de soberanía. Dado que cada ser humano, todos los seres humanos, somos sujetos del derecho internacional y estamos habilitados para demandar al Estado, a cualquier Estado, cuando violenta nuestros derechos, ningún Estado puede esgrimir su soberanía para oprimir al pueblo, porque el soberano es el pueblo. Apropiados de ese derecho, y porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados de este continente a organizar todo el aparato gubernamental y todas sus estructuras institucionales para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, condición que está siendo violada por el Estado de Nicaragua, nos hemos hecho escuchar por la comunidad internacional.

Para explicar claramente estos cambios en el trillado y mal usado recurso del concepto de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, quiero mencionar que en la Convención de Viena hay un artículo específico, el artículo 27, que establece que un Estado “no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un Tratado”. Es importante recordar también que toda la normativa internacional sobre derechos humanos es complementaria y subsidiaria del derecho interno de cada Estado. Es complementaria porque se supone que el derecho interno de cada Estado es el que debe garantizar los derechos humanos de los individuos de ese Estado. Pero la realidad fue demostrando que había Estados, particularmente los gobernados por un poder ejercido arbitrariamente, que no protegían los derechos de su población. Y por esto se hizo necesario establecer instrumentos y normativas internacionales que dieran oportunidad a los individuos de recurrir a las instancias internacionales para defenderse. La normativa internacional es también subsidiaria de la normativa nacional porque sólo podemos recurrir a instancias internacionales cuando se han agotado las nacionales sin lograr respuesta.

Hay que tener presente también que en el artículo 5 de nuestra Constitución Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano, “reconocido y ratificado soberanamente”. Y no se adhirió Nicaragua a los tratados internacionales porque vinieron a imponérnoslos. Nuestra adhesión ha sido expresión de la evolución que ha habido, tanto en Nicaragua como en gran parte del mundo, para asegurar la protección de los derechos humanos. Por eso es que el artículo 5 y también el artículo 2 de nuestra Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo, habilita a cualquier nicaragüense para recurrir a las instancias internacionales. Y eso es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo.

Es importante decir de entrada, aunque sea una perogrullada, que en el Frente Amplio por la Democracia tenemos muy claro que la estrategia internacional es también complementaria y subsidiaria de la estrategia nacional. Y que la estrategia nacional es la más importante. En todo caso, las dos estrategias deben desarrollarse de forma simultáneas. Todas las experiencias nacionales e internacionales indican que la comunidad internacional no está para salvar sola a ningún país. El principal esfuerzo es lo que hace cada país, lo que hagamos nosotros en Nicaragua. Y creo que si no logramos que el pueblo de Nicaragua supere la desconfianza y el miedo, y si no nos disponemos todos a luchar por la defensa de los derechos con mayor determinación, muy poco podrán hacer los organismos y la comunidad internacional por nosotros.

Dicho todo esto, nuestra estrategia internacional busca concitar el apoyo de la comunidad internacional para la democratización de Nicaragua y promover el respeto a nuestros derechos humanos, que como hemos visto, son universales y comprometen a todos los países. ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar con información. Denunciando ante el mundo la dictadura familiar de Ortega y sus violaciones a los derechos humanos y haciéndolo de forma sistemática, transparentando todo lo que está ocurriendo. Actualmente hay más de 500 organizaciones en todo el mundo que están recibiendo de manera constante información sobre lo que pasa en Nicaragua. Eso ha contribuido a que la comunidad internacional tome conciencia sobre la naturaleza del régimen de Ortega. Es necesario señalar que, muy especialmente desde mediados del año 2016, Daniel Ortega nos ha ayudado mucho en esta tarea. Él mismo ha sido un gran coadyuvador en los avances que hemos conseguido, por el endurecimiento de su régimen y por la radicalización autoritaria con que ha venido ejerciendo el poder.

También hemos hecho, y seguimos haciendo, un continuo cabildeo. Especialmente en las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Organización de Estados Americanos. La Carta Democrática Interamericana, adoptada unánimemente por todos los países del continente en 2001, es uno de los ejes de ese sistema. Continuamente apelamos a sus contenidos, porque el texto de la Carta es muy explícito en las características y procesos de un sistema democrático y, en defecto, por las del sistema que tenemos en Nicaragua, que nosotros catalogamos como una dictadura. Este cabildeo internacional ha incluido también varias rondas con representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país.

Para explicar mejor el cabildeo que hacemos hay que tener en cuenta la composición de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El sistema comienza en la Secretaría General. De ahí surgen las iniciativas y ahí se elaboran los informes, pero quienes toman las decisiones finales son los países miembros que integran la Asamblea General, a la que está supeditado el Consejo Permanente, como órgano de consulta.

Ha sido estratégico el cabildeo que hemos hecho con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. En julio de 2016, cuando él estaba recién nombrado, lo fuimos a ver a la Asamblea General de la OEA, celebrada ese año en República Dominicana. Eso nos abrió el camino. Tengo mucho aprecio por el señor Almagro porque desde que lo conocí me dio la impresión de ser un hombre comprometido con su gran responsabilidad y no tengo razones para dudar de ese compromiso. Lo hemos visto en sus posiciones frente al régimen venezolano de Maduro. Pese a que desde que lo encontramos por primera vez, la prioridad de la OEA era Venezuela, nos dijo que lo esperáramos en el hotel y nos recibió casi a media noche. Eran momentos de mucha tensión en Nicaragua porque en esos mismos días de mediados de junio de 2016, Ortega estaba excluyendo a la oposición y montando la farsa electoral de noviembre. Hablamos bastante con él en aquella ocasión. Creo necesario decir que desde esa primera vez Almagro estaba clarísimo de lo difícil que iba a ser su trabajo en Nicaragua. Y entiendo que estaba claro que estos regímenes no están cohesionados por ideologías, sino por dinero, y defenderán su dinero por todos los medios posibles. A pesar de todo, nos ofreció que contáramos con la Secretaría General. Desde entonces hemos mantenido con él y con su equipo una comunicación fluida, algunas veces por vía electrónica, otras veces encontrándonos personalmente.

Hemos hecho también gestiones ante los demás órganos que conforman la OEA. A veces se cree que el trabajo a hacer es sólo con el señor Almagro y, por eso, nos enfocamos erróneamente en lo que él dice o no dice, en lo que hace o no hace. Sin restarle importancia a su cargo -al contrario, valorando altamente el rol que juega como Secretario-, quienes al final toman las decisiones en la OEA son los representantes de los países miembros. Vemos por ejemplo qué difícil ha sido para la Secretaría General conseguir los 23 votos de la Asamblea General para que la OEA asuma una resolución sobre la crisis venezolana. Sabiendo esto, venimos haciendo cabildeo con los miembros del Consejo Permanente y con los representantes de los países miembros de la Asamblea General para cuando llegue el momento de presentar el caso de Nicaragua. Porque estamos seguros que, más temprano que tarde, ese momento llegará. Y ese día tendremos que tener preparado de antemano un consenso lo más amplio posible sobre una salida para la crisis de legalidad y legitimidad que tienen las autoridades que hoy gobiernan Nicaragua.

Estamos seguros que el régimen de Ortega está débil. Ha perdido legitimidad, a pesar de los esfuerzos por esconderlo con fraudes electorales y con encuestas en las que ya nadie cree. Ha perdido la capacidad de darnos “atol con el dedo”. Y la ha perdido no sólo porque violenta derechos civiles y políticos, sino porque el contexto de abundancia con que ejerció el poder durante una década para engañar a parte de la población con regalías que sólo aminoraban temporalmente la pobreza y generaban clientelismo, ya se le está terminando. Por eso estamos seguros que en Nicaragua hay oportunidad para generar el cambio que queremos, y que trataremos que sea lo menos traumático posible. Ya vemos señales de implosión, que es como empiezan y terminan todas las dictaduras. Basta escuchar a Humberto Ortega para entender que el conflicto interno está ahí presente, intenso. El fin de este régimen es inevitable, es sólo cuestión de tiempo. Ellos lo saben. Y todos sabemos que al final será necesaria una salida dialogada que deberá conducirnos a elecciones libres y transparentes.

En donde debemos hacer más esfuerzo de cabildeo es en el Sistema de Integración Centroamericana y en el Parlamento Centroamericano, espacios importantes porque son los órganos del sistema regional que tenemos más cerca y que son los que tienen también la obligación de responder por la democracia en sus países miembros, eje fundamental de la integración, como lo estipula el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado Marco para la Seguridad Democrática de Centroamérica. No debemos olvidar que el concepto de “paz firme y duradera” que en estos textos aparece surgió de los conflictos regionales y presupone países donde impere el Estado de Derecho y haya elecciones libres.

A raíz de todos los excesos antidemocráticos cometidos por Daniel Ortega a mediados de 2016, en vísperas del proceso electoral de noviembre, hubo dos grupos parlamentarios del Parlamento Centroamericano, de distintas tendencias ideológicas -el Grupo Parlamentario de Integración Centro Democrático, coordinado por Hugo Torres, y el Grupo Democrático de Integración, en el que estaba el PLI original- que se pronunciaron de forma categórica demandando a Daniel Ortega la restauración de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Esta reacción la hemos visto como un indicador de que hay ahí fuerzas susceptibles de participar en el esfuerzo internacional por la democratización de Nicaragua, teniendo también presente que la correlación de fuerzas políticas ha cambiado en Centroamérica.

Aunque en el trabajo internacional hayamos estado más enfocados recientemente en los temas electorales, el trabajo previo realizado por varias organizaciones de la sociedad civil nicaragüense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando informes, interponiendo recursos y denunciando las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua, ha sido continuo durante las últimas décadas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres y otras organizaciones nacionales han hecho escuchar su voz durante años ante las instancias de protección del Sistema.

Un caso importante en relación a la defensa de los derechos políticos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana, otra instancia de la OEA, fue el del partido mískito Yatama, excluido de participar en las elecciones del año 2000. La Corte dictó finalmente sentencia en 2005, declarando que el Estado de Nicaragua había violado los derechos políticos de los candidatos de Yatama al imponerles una forma de organización política ajena a sus costumbres. Desde entonces el Estado de Nicaragua se ha negado a cumplir esa sentencia y no ha comparecido a las audiencias convocadas por la Corte sobre ese caso. En la actualidad, el Estado de Nicaragua está en rebeldía ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desde hace un tiempo ni siquiera envía a sus funcionarios a las audiencias que sobre cualquier tema referente a derechos humanos convoca la Comisión. Si mal no recuerdo, la última vez que contamos con una delegación del gobierno de Nicaragua fue en la primera audiencia sobre la Ley del Canal. Las organizaciones de sociedad civil fuimos bien preparadas y el gobierno hizo un papel lamentable. Tal vez inevitable, porque no tenían argumentos para defender ni la aprobación inconsulta de esa ley ni su obscenidad.

Como resultado del trabajo acumulado de mucha gente, dedicándole mucho tiempo a trasladar información y a hacer cabildeo, hemos conseguido avances. El más importante es colocar la crisis de Nicaragua en la agenda internacional. Hoy ya existe mayor claridad y un mayor consenso a nivel internacional sobre la naturaleza autoritaria del régimen de Ortega. A esto se añade ahora una más clara conciencia sobre los altos niveles de corrupción del régimen y sus flagrantes violaciones a los derechos humanos. Estos avancen han costado mucho esfuerzo. Y se los dice alguien que desde la sociedad civil ha participado durante años con otras organizaciones en la tarea de esclarecer lo que pasa en Nicaragua. Era bien difícil hasta hace poco. Había mucha resistencia internacional a admitir que Daniel Ortega estaba ejerciendo el poder de manera dictatorial, a reconocer que estaba desmantelando toda la institucionalidad democrática. Creo que en esa resistencia influyeron varias razones. La tendencia de los países a esquivar los problemas de países pequeños como Nicaragua. El “supuesto” crecimiento económico que observaban en Nicaragua en comparación con el resto de la región, unido a la propaganda concertada para mostrar que ese crecimiento era un desarrollo que beneficiaba a toda la población. La ausencia de expresiones masivas de rebeldía y de muertos en las calles de las ciudades, y digo de las ciudades porque la represión a los campesinos en las zonas rurales, aunque conocida, no incomodaba lo suficiente. Y las encuestas que, aunque manipuladas por el régimen, arrojaban resultados positivos al gobierno.

Por todas estas razones se instaló en la comunidad internacional una cierta conformidad con lo que aquí pasaba. Tal vez el gobierno de Nicaragua no estaba respetando los derechos humanos, pero el país iba caminando… Esa reacción fue la de casi todos los países durante muchos años. Fue bien difícil abrir otra ruta para que la comunidad internacional entendiera lo que estábamos viviendo. Y ha sido lamentable, porque en medio de esta indiferencia internacional, y también nacional en algunos sectores, el régimen dictatorial se fue consolidando, aunque cayendo hoy también en sus propias trampas.

Hay que recordar otra razón de la indiferencia internacional: desde que llegó al gobierno en 2007 Ortega se auto-aisló y fue despidiendo a la cooperación internacional europea con gran descortesía, lo que nos parece una soberana insensatez política. El último despido descortés fue el de Silvia Rucks, representante del PNUD en Nicaragua, y el cierre de la oficina de esa agencia de Naciones Unidas en nuestro país en octubre de 2015. Daniel Ortega ha tenido un gran desprecio por la comunidad internacional, seguramente por el exceso de poder que acumula.

El poder enceguece y cuando se ejerce como él lo ejerce me temo que también embrutece. El poder absoluto no permite ver la realidad. Creo que la pareja gobernante vive en un autoengaño. Y como han armado una política de comunicación que nos dice permanentemente que vivimos “bonito”, que este país vive “en fe, familia y comunidad”, en “cristianismo, socialismo y solidaridad”, ellos mismos se han tragado su propio cuento. Además, como durante años tuvieron tantos recursos de Venezuela, no sentían que era importante cultivar y mantener buenas relaciones diplomáticas con países de los que también depende la cooperación internacional.

La Nica Act es una reacción a los excesos de Ortega. Es absurdo pensar que la hayamos “conseguido” nosotros con nuestro cabildeo. Es ilógico creer que un grupo de nicaragüenses tengamos la capacidad de determinar las leyes de los Estados Unidos, de promoverlas o de detenerlas. En Estados Unidos trabajan orientados por sus propios intereses y los congresistas han sido muy claros al plantear las preocupaciones que los llevaron a formular la Nica Act, que como vemos trascienden el tema electoral y tienen también que ver con los riesgos que para la estabilidad de todo el continente representa el crimen organizado y un gobierno que no respeta la institucionalidad democrática ni promueve el desarrollo de su población.

Aunque no es un tema mencionado en la ley, sin duda las relaciones internacionales de Ortega con Rusia y con Irán, y su empecinamiento en defender al régimen de Maduro, cada vez más repudiado por la comunidad internacional, son elementos de preocupación en quienes formularon la Nica Act. Resulta increíble que en la última Asamblea General de la OEA celebrada en Cancún, estando ya Ortega en un “proceso de diálogo” con Almagro, Nicaragua fuera uno de los dos únicos países continentales, junto con Bolivia, que defendiera con vehemencia un régimen tan ineficiente y represivo como el de Venezuela. Por eso afirmamos, y lo afirmamos de manera contundente, que Daniel Ortega es el único responsable de que pase la Nica Act. Pareciera que Ortega no aprendió bien las lecciones de una historia de la que el mismo fue protagonista.

Realmente, los excesos de Ortega nos han ayudado mucho para que el mundo sepa lo que pasa en Nicaragua y la comunidad internacional responda y lo haga críticamente. Y lo que pasa aquí no es un asunto del “imperialismo yanki”, como el gobierno lo quiere vender.

Creo que hasta ahora el pronunciamiento más contundente de todos los que hemos visto en este último año ha sido el del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017. Esa resolución es una guía para la política de los 28 países que conforman la Unión Europea, que representa a 500 millones de ciudadanos europeos. Es una resolución con autoridad sobre la Comisión Europea, la que determina las políticas y la distribución de los fondos europeos. Por todas estas razones tiene una gran trascendencia. Con su desprecio a la comunidad internacional, especialmente a la europea, Daniel Ortega expresa que cree que su régimen es autosostenible, desconociendo que en el mundo de hoy ningún país, ningún régimen, ningún gobernante es auto sostenible. Ya todos somos interdependientes. Y Europa, por muy distante que esté de Nicaragua tiene una gran influencia en la comunidad internacional.

Vale la pena repasar lo que dice la resolución del Parlamento Europeo, que resume algunas de las principales acciones ejecutadas por el gobierno de Ortega para mantenerse ilegalmente en el poder. La resolución se refiere a la politización de la justicia y afirma: “Los jueces del Tribunal Supremo están fuertemente influenciados por la política”. Se refiere a la reforma constitucional de 2013, que estableció la reelección presidencial indefinida y señala que esto se hizo “evitando la Ley”, lo que significa que lo que ya aquí algunos han aceptado como normal es juzgado por Europa como una ilegalidad. Significa que este gobierno, como sostenemos en el FAD, no sólo es ilegítimo, también es ilegal.

La resolución menciona también el retroceso de la “calidad democrática” de los procesos electorales, citando el informe de la Misión de Observación Electoral que la Unión Europea envió a Nicaragua para las elecciones presidenciales de 2011, que fue un informe de primer orden, muy coincidente y en algunos aspectos mejor, que el que hizo la OEA en aquella ocasión. La resolución denuncia también el grave deterioro de los derechos humanos, refiriéndose especialmente a la represión con que el gobierno ha respondido al movimiento campesino que se opone a la construcción del Canal Interoceánico y a la ley de la concesión canalera, haciendo una mención específica al liderazgo de doña Francisca Ramírez.

Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar una diferencia entre lo que expresa la resolución europea y la nula reacción de Luis Almagro en Managua en diciembre de 2016 ante las denuncias que personalmente le presentó doña Chica. Y no dejo de tener resentimiento por ese contraste. Ese día, primero de diciembre, mientras los campesinos estaban siendo objeto de una gran represión del régimen, doña Francisca Ramírez tuvo que atravesar veredas escondiéndose y cruzar a nado ríos para no ser detectada por el ejército en su viaje desde Nueva Guinea a Managua para encontrarse personalmente con Almagro. Recuerdo que le compraron ropa porque llegó toda enlodada. Cuando pienso en eso se me humedecen los ojos… Llegó, habló con Almagro y con su equipo en la reunión con organizaciones de sociedad civil y se le cortó el habla por la emoción y el llanto cuando le contaba lo que están sufriendo los campesinos que viven en la ruta del canal… ¿Y qué quedó de su testimonio? Nada. No hubo ninguna referencia al tema del Canal ni a estos campesinos en las palabras del señor Almagro a su paso por Nicaragua en diciembre de 2016. En realidad, tampoco hubo mención a ninguna de las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido antes de ese año y que se seguían cometiendo. Todavía estamos esperando el informe que dio lugar a la presencia de Luis Almagro en Nicaragua.

Por el contrario, la resolución del Parlamento Europeo califica de “grave” la situación de los derechos humanos y la exclusión de la oposición política en las elecciones de 2016, poniéndola como ejemplo de que “las elecciones libres, justas y competitivas están siendo seriamente debilitadas” en Nicaragua. Ellos tienen el informe de la misión de observadores que vinieron a nuestro país en 2011 y saben perfectamente que aquí no ha cambiado nada. Se refiere también la resolución a las restricciones a la libertad de prensa. Hacen señalamientos a la ilegalidad del cargo de la Vicepresidenta y a la impronta dinástica que significa, y aunque no mencionan por su nombre a Rosario Murillo, son bien claros en ese punto. Expresan preocupación por la corrupción en el sector público, incluyendo la corrupción de la que se benefician los familiares del Presidente. La resolución recuerda expresamente la cancelación de la visita a Nicaragua del Relator Especial sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, en agosto de 2016. En esa ocasión tuvimos que ir en auto a Tegucigalpa con los ex-diputados Edipcia Dubón y Carlos Langrand para poder reunirnos con él. En ese momento Forst no nos quiso decir la razón por la que no vino a Nicaragua. La resolución lo dice: el gobierno de Ortega se lo impidió.

Ante una resolución tan contundente no hubo ninguna reacción del gobierno de Ortega. Una de las estrategias que tiene el régimen es ésa: no darse por enterado de las críticas que se le hacen. No escuchan, no ven, no hablan… Avanzan a su objetivo de mantenerse en el poder como caballos cocheros que no se detienen ante nada. Actuar así es una gran irresponsabilidad con el pueblo de Nicaragua. Por nuestra parte, creemos que no se le ha dado a la resolución del Parlamento Europeo toda la importancia que tiene, ya que podría tener repercusiones económicas para Nicaragua en algún momento, pues le abre la cancha a los gobiernos de la Unión Europea para que tomen decisiones en sus relaciones bilaterales con Nicaragua. Y sin duda, es un texto que influye en la percepción del régimen, no solo entre los países europeos, sino en toda la comunidad internacional.

También ha habido varios pronunciamientos críticos sobre la situación en nuestro país de partidos políticos del mundo, solidarios con el objetivo de la democratización de Nicaragua. Los hemos recibido de la Alianza Progresista, de la Internacional Liberal, de la Internacional Democrática de Centro, del Partido Socialista francés, de la Organización de ex-Presidentes de Iberoamérica… Se han pronunciado en la misma dirección organismos internacionales de Derechos Humanos. Freedom House en un reciente informe cataloga a Nicaragua como uno de los países donde se ha instaurado el “autoritarismo moderno”, señalando como una de sus características el asegurarse el éxito en las urnas con métodos como la intimidación, la marginación de la oposición, la tolerancia a una seudo-oposición y la penalización del derecho de protesta. Recordemos que su director, Carlos Ponce, fue impedido de entrar a Nicaragua. Amnistía Internacional en la Asamblea General de la OEA en Cancún hizo pública una carta que señala a Nicaragua como un Estado que hace caso omiso de las denuncias de violaciones de derechos humanos y persigue a los activistas que los defienden. Pone énfasis en la violación de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. También WOLA expresa preocupación por el desmantelamiento institucional y electoral desde las elecciones municipales de 2008. El Centro Carter publicó un informe crítico sobre las elecciones de 2011 y desde entonces tienen bien clara la trayectoria de este régimen. La tienen clara también el Diálogo Interamericano y otros “think tanks” de Estados Unidos.

Nos hemos reunido con representantes de todos estos organismos y con otros que investigan redes del crimen organizado, que nos han confirmado que en Nicaragua ya no se puede hablar sólo de corrupción, sino también de crimen organizado, lo que para nosotros no es ninguna sorpresa. Además, no hay ningún medio de comunicación internacional importante que no haya mencionado el desmantelamiento institucional provocado por el régimen de Daniel Ortega.

En lo que respecta a los Estados Unidos, aunque la administración Trump no ha definido una política clara en relación al gobierno de Daniel Ortega, los últimos informes del Departamento de Estado sobre derechos humanos, narcotráfico, corrupción, delitos financieros, trata de personas, clima de negocios… mencionan el autoritarismo de Ortega, la corrupción en las instituciones, la falta del imperio de la ley, la vulnerabilidad de Nicaragua ante el lavado de dinero…

Entendemos que Ortega ha estado atenido a que el Secretario de Estado Rex Tillerson ha dejado por el momento las relaciones con América Latina en manos de Thomas Shannon, quien lleva muchos años en el Departamento de Estado y ha sido el funcionario que en el pasado abanderó la tesis de que hay que condescender con el régimen de Ortega por muy autoritario que sea, mientras mantenga la estabilidad en Nicaragua. Shannon parece estar olvidando que quien está definiendo la política hacia Nicaragua es el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Puede ser que Shannon esté detrás de la idea de esperar lo que ocurra en las elecciones de noviembre próximo para tomar alguna decisión, pero nosotros ya sabemos lo que va a pasar: 153 farsas electorales, una en cada municipio del país, que no podrán engañar ni al pueblo de Nicaragua ni a la comunidad internacional.

Sin duda, uno de los objetivos que hemos logrado con nuestro trabajo de cabildeo ha sido interesar a la OEA en la crisis de Nicaragua. En el FAD creemos que la estrategia de Almagro con Ortega fue poner un pie en Nicaragua. Sentar a Daniel Ortega con la expectativa de promover cambios durante los próximos tres años. Y punto. Él sabe bien que fue la amenaza de la aprobación de la Nica Act lo que estimuló a Ortega a sentarse. Y por su parte, Ortega pensó que sentándose con la OEA podría detener la amenaza de la Nica Act. O en el peor de los casos, ganar tiempo.

Viendo así las cosas, un indicador que tenemos de que la Nica Act será aprobada más temprano que tarde es que Daniel Ortega empezó pronto a recular en su acuerdo con la OEA. Del primer acuerdo al que llegaron en enero de 2016 al memorándum que firmaron a finales de febrero, proyecto para el que la OEA está gestionando recursos, los alcances se han ido reduciendo.

En el FAD hicimos una matriz que titulamos “La OEA: de más a menos”, en la que demostramos claramente esa involución a partir del informe de la misión de observación electoral que envió la OEA a Nicaragua en 2011, retrocediendo más y más, y dejando los compromisos de Ortega en un nivel de cada vez menor importancia. Por nuestra parte, no nos ha parecido, y se lo hemos hecho saber a la OEA en el marco de nuestra relación franca y respetuosa, el secretismo que ha habido desde el primer informe, porque nos parece una excesiva condescendencia con Daniel Ortega.

Es ese proceder el que nos lleva a pensar que la estrategia de la OEA es solamente poner un pie en Nicaragua este año. El plazo de tres años para avanzar y los términos del último acuerdo nos llevan también a afirmar que puesto el pie, la OEA no va a tener capacidad ni siquiera de meter de veras la mano en la observación de las elecciones municipales del 5 de noviembre de este año. Pensamos, además, que eso no le interesa mucho a la OEA. Recordemos que la OEA generalmente no observa elecciones municipales. Viendo así las cosas, creemos que el énfasis de la OEA va a estar en intentar trabajar a partir de 2018 en reformas institucionales, dándose un plazo de tres años para lograrlas.

¿Qué logrará la OEA? Este año 2017 muy poco. Su papel quedó reducido a observar las elecciones municipales. Pero sin revisión del padrón electoral, ni de la cedulación, mucho menos sin algún control en el aceitado sistema de fraudes. ¿Qué tiempo tiene la OEA para observar adecuadamente las elecciones? Sólo para darles una idea: en el calendario electoral presentado no hay ni siquiera días de verificación. Ortega le teme mucho a las mesas vacías y ahora el Consejo Supremo Electoral habla de una “verificación permanente” que obliga a la ciudadanía a viajar a las cabeceras departamentales. Convierten así la obligación del Estado en una obligación del ciudadano. Nos queda claro que si algo ha cambiado en relación a la farsa del 2016 ha sido para empeorar las cosas.

Si estamos claros que aquí no ha cambiado nada y que Ortega sigue teniendo el control total para alterar el voto a su conveniencia, la realidad es que la OEA tendrá muy poco margen de acción y muy poco “radar” con tan sólo 120 observadores, 40 en Managua, 40 en León y 40 en Matagalpa unos días antes de la jornada de votaciones. ¿Serán capaces de detectar alguna anomalía? Creemos que no, porque la ruta del fraude está lista y ya la han pavimentado y recorrido en cinco ocasiones anteriores. Además, el gobierno ya tiene armada toda una maquinaria de edecanes y acompañantes que “observarán” a los observadores y controlarán todos sus movimientos, algo que no es de extrañar, porque ya ocurrió en las elecciones presidenciales de 2011 con los observadores que llegaron. Y si por la víspera se saca el santo, recordemos que Ortega fue capaz, no sin provocar molestia en la OEA, de impedirle a los técnicos de la OEA que vinieron a Managua en mayo a reunirse con diferentes sectores nacionales de oposición

En este contexto, nosotros creemos que va a haber una gran abstención. Ya lo indica el sondeo que ha hecho el consorcio Panorama Electoral. Nuestros sondeos en las visitas territoriales coinciden con lo que ellos han visto. También estamos seguros que el régimen hará de todo para camuflar la abstención.

Aunque en el FAD no estamos participando en esta farsa, mantenemos nuestro derecho a monitorearla. Hemos preparado un cuadro de indicadores que estamos usando y que alimentamos con los aportes de los territorios. Ya hicimos una primera evaluación y a inicios del próximo mes estaremos actualizándola. A nuestra gente en el territorio le hemos orientado a que le pongan la máxima atención a documentar las irregularidades y, sobre todo, al rechazo que revelará la abstención. Para eso nos estamos preparando en el FAD y vamos a establecer alianzas con organizaciones de sociedad civil nacional y local.

No tenemos ninguna duda de que Ortega, tomando en cuenta la correlación de fuerzas políticas internas, nunca estuvo decidido a dar ninguna apertura en estas elecciones municipales. Nos parece un autoengaño creer que, ante los cambios que se están dando a nivel internacional, particularmente el colapso del régimen venezolano, Ortega va a ceder el control de los municipios y sus recursos. Pudiera ser que reparta algunas alcaldías, como ha venido haciendo, pero todos sabemos que los municipios solo existen ya como realidades geográficas sin ninguna autonomía política ni financiera. Todos sabemos que este gobierno limita las transferencias presupuestarias a las alcaldías que no tienen alcaldes orteguistas y que se ha arrogado la facultad de destituir alcaldes a diestra y siniestra.

En el FAD vamos por la refundación del sistema democrático. Hemos decidido no seguir jugando con las reglas de Ortega. Creemos que la estrategia de tratar de luchar en elecciones a todas luces fraudulentas desde 2008 no ha dado ningún resultado. Más bien ha contribuido a la frustración, al desánimo y al descrédito que tiene hoy la población ante la acción política electoral.

Nosotros vamos a forzar a Ortega a jugar con las reglas democráticas defendiendo el derecho que tenemos a elecciones nacionales y municipales realmente libres y creíbles. Ésa es la meta. Por eso nuestra posición frente a este evento municipal es no dejar de decir lo que vemos y lo que todo todo el mundo sabe: que no hay condiciones para que estas elecciones reflejen la voluntad popular. Con los liderazgos locales que decidan participar nos vamos a reencontrar cuando llegue el momento de la verdadera lucha, porque estamos convencidos que el régimen saldrá de este “estorbo” que son estas elecciones con menor legitimidad aún.

Para contar con la OEA en este desafío hay dos escenarios posibles si la OEA viene a observar las elecciones municipales. Uno, que haga un informe correcto. Y si es correcto, tendrá que ser muy parecido al que hicieron en 2011, ya que no han cambiado nada las condiciones. Ése ha sido el compromiso que en la OEA nos han externado. Y otra posibilidad es que hagan un informe superficial y limitado, con la perspectiva de poder seguir teniendo el pie en Nicaragua y seguir trabajando en 2018. Si la OEA hiciera un informe superficial nosotros tendremos que salirle al paso. Podemos entender la estrategia de la OEA, pero no nos vamos a montar en su estrategia. Porque nuestro compromiso no es con la OEA sino con el pueblo de Nicaragua y no vamos a retroceder ni un milímetro en ese compromiso.

En estas elecciones puede estar en riesgo la credibilidad de la OEA porque, ¿tendrá capacidad para pronunciarse en tan poco tiempo sobre los temas claves del proceso electoral? Además, la presencia de la OEA podría hacerle creer a Ortega que consiguió una victoria, pírrica por demás, y eso incrementaría su autoritarismo. ¿Y después? Un plazo de tres años para ver resultados más concretos sería para Ortega una gran tentación para hacer realidad una vez más una de las consignas de toda dictadura: “firmar me harás, cumplir jamás”.

Hay un tercer escenario, posible pero menos probable: que la OEA decline y no venga a observar las elecciones municipales. ¿Por qué declinaría? Por tres razones. La primera, la falta de recursos. Les está costando conseguirlos. Hasta el 22 de julio sólo tenían 150 mil dólares: 100 mil de Luxemburgo y 50 mil de COSUDE, la cooperación de Suiza. Después nos dijeron que ya tenían 600 mil, del millón y medio que están requiriendo para la observación. Les ha costado recaudar los recursos porque no hay eco en la comunidad internacional para financiar un proceso que todo el mundo lo está viendo como lo estamos viendo aquí.

Otra razón que se está barajando para declinar y no venir es lo que le hizo Ortega en mayo a la misión técnica de la OEA, cuando vino en fase exploratoria al país y les impidió reunirse con organizaciones de oposición al gobierno. Prácticamente Ortega los sacó del país. Las reuniones con organizaciones sociales y políticas la misión las tenía programadas con horario exacto. Y ya sabemos que a última hora se vieron obligados a mandarnos un mensaje escuetísimo suspendiéndolas sin dar ninguna explicación. Daniel Ortega quiere mantener con la OEA una relación bilateral y cuasi secreta.

La tercera razón para declinar y que se rumora es que Almagro ha asumido un papel muy relevante en la crisis de Venezuela y el hecho de que la OEA venga a observar unas elecciones tan fallidas, una verdadera farsa, podría afectar la credibilidad que necesita la institución y él mismo para lograr éxito en ese esfuerzo. Me parece una razón de peso. Ante esto, les hemos dicho que nos preocuparía que la Secretaría General de la OEA arriesgara su merecida credibilidad. Porque, sin ninguna duda, necesitamos a la OEA. Aunque este escenario, el de no venir, es tema de rumores, lo que si sabemos de fuente confiable es que todavía hay piedras en el camino que no han sido removidas entre la OEA y el gobierno de Ortega y que no dependen de la aprobación o no de la Nica Act. Habrá que esperar lo que ocurre.

A mediano plazo, hay que hacer un trabajo de incidencia para reforzar la visión de “fortalecimiento institucional” que la OEA aborda de manera demasiado imprecisa en el acuerdo. Hay que ampliar el trabajo, más allá de lo electoral y abordar los problemas del desmantelamiento institucional que ha hecho la dictadura. El éxito en este trabajo va a depender de la fortaleza de la estrategia interna de todos los que estamos por la democratización de Nicaragua.

Quienes hacemos cabildeo internacional para aislar más a Ortega tenemos por delante enormes desafíos. El principal, concertar entre todas las fuerzas sociales y políticas comprometidas en esta lucha un marco común de acciones para enfrentar la dictadura, tanto en el nivel nacional como en el internacional.

Tenemos que convertirnos de ser oposición en ser una alternativa. Es una tarea difícil porque la tradición democrática es aún muy escasa en Nicaragua y cuesta hacer alianzas para conseguir estrategias comunes. En los últimos cuarenta años previos a la era de Chávez en Venezuela hubo un sistema de partidos políticos dentro de un aceptable sistema democrático, que encontró a los venezolanos más habilitados para luchar contra la dictadura del Socialismo del Siglo 21. En Nicaragua, el pacto entre Ortega y Alemán, y ahora la dictadura de Ortega, no sólo ha desmantelado el sistema electoral, también desmanteló el sistema de partidos políticos. Aquí, además de la escasa cultura democrática, la mayoría de los partidos son frágiles, inconsistentes, incoherentes para mantener objetivos y caminar sobre ellos. Son muy vulnerables para enfrentar a la dictadura. Ésa es una gran limitación. Por eso, los movimientos políticos y sociales que formamos el FAD estamos comprometidos en recuperar la confianza de la gente en la acción política, convencidos de que ésa es una condición indispensable para tener éxito. Recuperarla presupone mucha coherencia, transparencia y diálogo franco con la población.

Otra limitación, obviamente, es la absoluta falta de voluntad política del gobierno de Ortega para dialogar, acordar y cumplir compromisos. La única forma de enfrentar eso es logrando posiciones cercanas entre los diversos sectores del país. Nosotros creemos que es posible y que los consensos sobre el reto que tenemos enfrente se han ido logrando poco a poco. Cada vez es más frecuente escuchar voces de preocupación sobre los riesgos en los que nos pone este régimen. Y cada vez parece más clara la necesidad de encontrar salidas que no echen al traste lo que con tanto sacrificio se logró desde que conseguimos la paz en los años 90.

El contexto internacional, extremadamente complejo en todo el mundo, también es una limitante. En nuestra región es muy complejo el contexto por la prioridad que representa la crisis de Venezuela, prioridad que compartimos, y por la transición que vive el gobierno en Estados Unidos con la llegada del Presidente Trump.

Nicaragua tiene problemas y los vive en un mar de problemas mundiales. Eso puede incidir en la ya conocida lentitud que caracteriza el funcionamiento de los organismos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, el cabildeo internacional requiere de recursos que no siempre están disponibles. Recuerdo que en una visita al staffer de un senador norteamericano, me decía, “¿Violeta, por qué no vienen ustedes más seguido? Necesitamos escuchar sus puntos de vista. Aquí vienen otros a cada rato”. La respuesta fue sencilla: la falta de recursos. A pesar de eso, hemos aprendido a ser muy creativos en la austeridad.

No puedo dejar de insistir en que estamos frente a un régimen dictatorial controlado por la familia Ortega-Murillo. No veo ningún indicador que diga lo contrario. La estrategia para lograr el cambio debe ajustarse a esa realidad. Debe ser incluyente, incorporando a todos y a todas las que quieren luchar por Nicaragua, sin ninguna exclusión. Debe ser multidimensional, con líneas de trabajo en varios niveles y con tiempos definidos. Debe ser integral, conectada con las preocupaciones de la gente, asumiendo que los derechos humanos son interdependientes y que los derechos políticos que nos están siendo violados también afectan derechos sociales y económicos y ya estamos viendo las consecuencias de un modelo que es excluyente, tanto en lo político como en lo económico.

La estrategia de cambio debe ser realista y debe ser cívica, sin caer en la tentación de responder con violencia a la violencia del poder. Nos toca un camino difícil, pero es el único para lograr cambiar las cosas y para alcanzar el objetivo estratégico de largo plazo más importante, que a nuestro juicio no es otro que cambiar la cultura política en Nicaragua.

Nosotros consideramos que la enorme abstención en las elecciones generales de 2016 no fue una expresión de indiferencia, ni tampoco fue un apoyo a algún grupo, sino un rechazo a todo el sistema electoral y político corrupto y colapsado. No dudamos que fue la expresión de un avance en la cultura política del nicaragüense. Significó que la gente no se dejó engañar. Despreció el que le dieran “atol con el dedo”. Fue un acto de rebeldía potente. No podemos darle la espalda a ese 70% o más de gente que, sin diferencias ideológicas, demostró que valora su voto. Tenemos que luchar y lograr elecciones donde el voto elija. Y devolverle así la dignidad a un acto, el de votar, que tiene la mayor trascendencia para nuestro futuro. Esta posición nuestra es política y también es ética.

Para trabajar en esa ruta, en el Frente Amplio por la Democracia, que representa una alianza tan diversa como diversa es la sociedad nicaragüense, tenemos una filosofía que nos da fuerza, la de los tres mosqueteros: “Todos para uno y uno para todos”. La fortaleza que vaya adquiriendo cada grupo de los que integra el FAD nos fortalece a todos.

Y al terminar de delinearles la estrategia internacional que hemos seguido, quiero dejar claro una vez más que lo más importante es la estrategia nacional. Nadie va a venir de fuera a salvarnos. El éxito de la estrategia internacional depende de lo que hagamos aquí con acciones cada vez más concertadas. El principal esfuerzo es el que hagamos nosotros aquí. Y eso requiere de organización, de acción y también de mucha reflexión, de mucho diálogo. Estoy convencida que con lo que yo llamo PPC, Paciencia Activa, Persistencia y Coherencia, lo vamos a lograr.

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