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  Número 421 | Abril 2017
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Nicaragua

¿Qué podemos esperar de los acuerdos con la OEA?

José Antonio Peraza, politólogo y experto en temas electorales, comentó los limitados contenidos centrales de los acuerdos del Gobierno de Nicaragua con la Secretaría General de la OEA, y opinó sobre las viciadas elecciones municipales que se anuncian para noviembre, en una charla con Envío que transcribimos.

José Antonio Peraza

¿Cómo clasificar al gobierno de Daniel Ortega…? ¿El gobierno de Ortega tuvo que aceptar sentarse con la OEA para llegar a algunos acuerdos…? Actualmente se está empleando, cada vez más a menudo, un concepto para describir un modelo de gobiernos a los que se denomina “regímenes autoritarios electorales”. No son democracias electorales, pero no son tan duros que no permitan ciertas libertades. Veamos cómo los define Andreas Schedle, el politólogo que mejor ha conceptualizado a este tipo de régimen: “En resumen, los regímenes autoritarios electorales ni practican la democracia ni recurren regularmente a la represión abierta. Organizan elecciones periódicas y de este modo tratan de conseguir, cuando menos, cierta apariencia de legitimidad democrática, con la esperanza de satisfacer tanto a los actores externos como a los internos. Al mismo tiempo, su sueño es cosechar los frutos de la legitimidad electoral sin correr los riesgos de la incertidumbre democrática. Buscando un equilibrio entre el control electoral y la credibilidad electoral, se sitúan en una zona nebulosa de ambivalencia estructural”.

¿No les parece que el régimen de Daniel Ortega encaja en esta clasificación? Así que, dentro de la Ciencia Política, consideraríamos al gobierno de Nicaragua un autoritarismo electoral. Un elemento básico para conocer si un gobierno es una democracia electoral o un autoritarismo electoral es el grado de legitimidad electoral que tiene, una legitimidad que depende de si hubo o no hubo fraudes electorales y si desarrolló o no manipulación política para llegar al gobierno. Pareciera que, también desde este punto de vista, el régimen de Daniel Ortega clasifica como autoritario electoral.

Los regímenes autoritarios electorales se ubican entre dos fronteras. “Por un lado, se distinguen de las “dictaduras cerradas” que no tienen elecciones pluripartidistas a nivel nacional. Por otro lado, se distinguen de las “democracias electorales” que tienen ciertos defectos de calidad, aunque cumplen con las normas mínimas de la democracia”. Las autocracias electorales tienen elecciones formalmente competitivas, las dictaduras cerradas no. Tanto las autocracias electorales como las democracias electorales se ven muy similares en la superficie. Ambas tienen elecciones nacionales con sufragio universal y con partidos de oposición. “La diferencia entre ambos tipos de régimen no está en las instituciones formales sino en las prácticas reales”. Las autocracias electorales desarrollan prácticas que violan las normas democráticas de una forma tan severa y sistemática que nos obligan a clasificarlas como regímenes excluyentes, no competitivos, no equitativos, con elecciones poco plurales, y por tanto, no democráticas.

Podemos citar a cinco organizaciones expertas en temas electorales para caracterizar más exactamente al actual régimen. Son las tres internacionales que han venido a observar elecciones en Nicaragua: la Unión Europea, el Centro Carter y la OEA; y las dos nacionales de mayor credibilidad: Ética y Transparencia y el IPADE (Instituto para el Desarrollo y la Democracia).

La declaración del Centro Carter después de las elecciones presidenciales de 2011 fue contundente. Esto dijeron: “Bajo el liderazgo de las autoridades electorales... la imagen y credibilidad del CSE, así como los estándares democráticos y electorales en Nicaragua, decayeron significativamente tras el fraude comprobado en las elecciones municipales de 2008. El gobierno y las autoridades electorales nicaragüenses tenían la responsabilidad de salvaguardar y garantizar la integridad de las elecciones nacionales de 2011. Contrariamente, en enero de 2010 los mandatos de los miembros del CSE fueron prorrogados, en clara extralimitación de las atribuciones legales del Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, comprometiéndose como resultado la legitimidad de sus nombramientos. El 6 de noviembre de 2011, ese mismo CSE organizóy celebró las elecciones nacionales más opacas de los últimos veinte años en Nicaragua, cuyos resultados fue imposible verificar, estableciendo en consecuencia un precedente nocivo para el futuro de la democracia en Nicaragua”.

¿Qué evaluación hizo la Unión Europea de esas mismas elecciones? Veamos: “El proceso electoral ha estado dirigido por un Consejo Electoral muy poco independiente y ecuánime, que no ha cumplido con su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos. El doble rasero utilizado en la acreditación de los grupos de observación nacional, las dificultades experimentadas por la oposición para acreditar a sus fiscales o el poder absoluto en los centros de votación de unos coordinadores nombrados a última hora, una figura no contemplada por la ley y no sujeta a la fiscalización de los partidos, constituyen serias limitaciones a la transparencia y reducen notablemente la capacidad de verificación de fases fundamentales del proceso, incluida la sumatoria de resultados en los centros de cómputo”.

Veamos también la valoración que hizo Ética y Transparencia de las elecciones municipales de 2008. Dijeron entonces: “Este informe valorativo en materia cualitativa es categórico al afirmar que existieron condiciones de fraude sistemático y violaciones de extrema gravedad en materia de transparencia y violación de las garantías de confiabilidad de los conteos en casi todos los municipios del país y que este sesgo favoreció, por diseño, al partido de gobierno, tergiversando la voluntad popular en aproximadamente 40 municipios”.

Ética y Transparencia tiene cuatro categorías con 18 indicadores para analizar una elección, tanto a nivel nacional como internacional. Después de analizar las elecciones de 2011, Ética y Transparencia concluyó que en esos comicios se violaron 17 de esos 18 indicadores. Los desmanes cometidos por el Consejo Supremo Electoral son tantos que llevaría mucho tiempo enumerarlos. Un análisis preciso de la cantidad de irregularidades que ha cometido llenaría decenas de páginas…

Es evidente que, tanto en el 2008 como en el 2011 como en el 2016, hubo fraude en Nicaragua y que también hubo irregularidades en las elecciones regionales del Caribe en 2014 y en las municipales de 2012. Así que desde el año 2008 hasta el año 2017 no hemos tenido en nuestro país una elección que podamos considerar básicamente libre. Es muy importante tener esto presente para ubicar de dónde partimos en el momento en que el régimen autoritario electoral de Daniel Ortega decide sentarse con Luis Almagro en un “diálogo constructivo” para llegar a algunos acuerdos.

La decisión de “negociar” con la OEA la tomó Daniel Ortega después de que en octubre de 2016 recibiera de la Secretaría General de la OEA, su órgano ejecutivo, el que preside Almagro, un informe sobre la situación electoral de Nicaragua, un texto que hasta hoy no se ha hecho público. Ese informe, y el que Nicaragua estuviera en la mira del Congreso de Estados Unidos con la aprobación de la “Nica Act”, movió a Ortega a iniciar el diálogo con la OEA. El diálogo duró tres meses y culminó el 20 de enero de 2017 con la publicación de un primer documento titulado “Informe de la mesa de conversación e intercambio constructivo entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA”.

En este texto, el acuerdo básico al que llegaron el gobierno y la OEA se describe así: “Continuar con el fortalecimiento de la pluralidad política y el sistema de partidos políticos que estimule el proceso de perfeccionamiento de la democracia en Nicaragua”. De un plumazo, la OEA no toma en cuenta los fraudes electorales previos y se centra en “fortalecer” y en “perfeccionar” lo que ha sido destruido por su contraparte. Respecto a los aspectos políticos, el acuerdo al que llegaron se centra únicamente en el tema del transfuguismo político, proponiendo la OEA ayudar con asistencia técnica a que los poderes del Estado interpreten de manera correcta la reforma que se le hizo al artículo 131 de la Constitución de la República, al permitirle a los partidos políticos destituir a los diputados que se cambien del partido en cuyas listas fueron electos, por considerarlos “tránsfugas”. La Secretaría General de la OEA se compromete también a observar las elecciones municipales de noviembre de 2017, a dar apoyo técnico para depurar el padrón electoral -una tarea para la que se necesitan por lo menos dos años- y a realizar gestiones para obtener recursos de la cooperación internacional para desarrollar las tareas establecidas en el acuerdo.

Al llegar a lo que el informe llama “fortalecimiento de la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales” -son los que define la OEA-, llegamos a la parte más sustantiva e interesante del acuerdo. Para fortalecer la institucionalidad electoral -no la institucionalidad política- se acordó revisar 14 temas que, aunque la OEA no lo diga de forma directa, considera que andan mal, ya que si cualquier país democrático fallara en apenas dos de esos catorce temas quedaría descalificado como democrático. Así que, sin decirlo y al sólo enumerarlos, la OEA nos está diciendo implícitamente que ninguno de esos aspectos los cumplen las elecciones que se vienen celebrando en Nicaragua en los últimos años. Según el acuerdo, revisar esos temas será el objeto de los trabajos que una “misión de cooperación” de la OEA desarrollará durante tres años en Nicaragua, según aparece también en el informe.

Son 14 los temas electorales a revisión: “1) el voto universal y equitativo, 2) la inscripción en el registro civil, 3) el registro electoral, 4) el acceso al centro de votación, 5) la emisión del voto, 6) la integridad de las preferencias del votante, 7) el registro exacto de las preferencias del votante, 8) el derecho de postulación a cargos públicos, 9) la igualdad en seguridad, 10) la igualdad de oportunidades, tales como el financiamiento a los partidos políticos, 11) el derecho a la libertad de prensa e información, 12) la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento, 13) la frecuencia de las elecciones regulares para cargos electivos, y 14) la irreversibilidad de los resultados electorales”.

La OEA quiere revisar una realidad que conocemos bien. Todos sabemos de la falta de igualdad de oportunidades, de las restricciones a las manifestaciones, de que no se registran exactamente las preferencias de los votantes… Todos sabemos que en nuestro país los resultados electorales no son irreversibles, porque hemos visto cómo en decenas de municipios a una hora se dan unos resultados y horas después esos resultados se cambian totalmente y aparecen a la inversa…

El informe del 20 de enero anunciaba un Memorándum de Entendimiento para el 28 de febrero, indicando que sería más concreto. Sin embargo, el memorándum no añadió prácticamente nada. Se vuelve a hablar de la aplicación correcta de la norma del transfuguismo. Y se vuelve a hablar del fortalecimiento institucional electoral, aunque ya no aparecen en detalle los 14 puntos a revisar. El texto del memorándum vino acompañado de otros dos documentos. En uno se establece el tipo de relación que va a tener la Secretaría General de la OEA con el Consejo Supremo Electoral. Y en el otro el gobierno se compromete a garantizar a los observadores electorales de la OEA que vendrán para las municipales de noviembre inmunidad diplomática, libertad de movimientos, etcétera…

Son importantes esas garantías. Porque en las elecciones de 2011 el gobierno no se las respetó a la misión de observación de la OEA y el jefe de la misión, el argentino Dante Caputo, lo denunció cuando declaró durante la jornada de votaciones que les habían “tapado el radar”, por lo que no podrían evaluar de manera objetiva el proceso electoral.

Hay que recordar también que, a pesar de esa violación a los derechos de los observadores, el informe final que publicó la OEA ese año resultó ambiguo y el Secretario General de la OEA en ese tiempo, José Miguel Insulza, legitimó esas elecciones. Después de esa experiencia, el Centro Carter comentó que los observadores electorales de la Unión Europea habían desplazado a los de la OEA en su labor de fiscalización, no sólo en Nicaragua sino en toda América Latina, por la ambigüedad que habían demostrado en las elecciones de Nicaragua.

Analicemos ahora los principales contenidos de los acuerdos. Antes que nada quiero decir que, como bastantes personas que conozco, yo no esperaba mucho de la OEA, pero creo que la OEA nos ha dado menos de lo que esperábamos, que ya era poco. Aunque también yo me hago esta pregunta: Si Almagro se hubiera puesto exigente con Daniel Ortega, ¿hubiera habido algún acuerdo? Creo que no lo hubiera habido y eso hubiera sido negativo, tanto para el gobierno como para Nicaragua.

¿Por qué esperábamos más? Porque teníamos la idea de que Almagro venía a Nicaragua receptivo. Quienes habían hablado con él en Washington nos dijeron que les había expresado que algunos de sus camaradas habían luchado y muerto en Nicaragua y que eso lo vinculaba a nuestro país y quería trabajar por mejorar las cosas aquí. ¿Qué significaba eso...? No lo sabemos. Creo que hay que esperar a ver cómo se va desarrollando el acuerdo y cuál es la estrategia de Almagro.

Lo que acordaron, lo que firmaron, es claramente muy limitado, aunque también es verdad que si se revisaran y se lograran cambios de fondo en esos 14 puntos que señala el acuerdo se resolverían casi todos los problemas que tiene el Consejo Supremo Electoral actualmente, aunque no los problemas de nuestro sistema político, pero sí los del sistema electoral, y eso representaría un gran avance.

Es también una limitación que el acuerdo plantee el problema de la institucionalidad electoral de Nicaragua como si fueran problemas menores que se resolverían con un conjunto de ajustes técnicos. Y no es así. El problema de nuestro sistema electoral es gravísimo. El Consejo Supremo Electoral, dependiente totalmente del Poder Ejecutivo, no tiene ninguna legitimidad, es una institución espuria, viciada, totalmente degradada. Y resulta increíble que la OEA acepte venir dentro de unos meses a observar unas elecciones organizadas y gerenciadas por ese mismo Consejo y con las mismas condiciones que ese Consejo ha impuesto desde 2006.

Los temas de los 14 puntos son todos temas técnicos y que habrá que revisar y mejorar con un trabajo intenso. Esa tarea, según el acuerdo, le corresponderá a la misión de cooperación que la OEA ha acordado instalar en Nicaragua durante “al menos los próximos tres años”, según las últimas palabras de Almagro en una breve comunicación que hizo pública el 16 de marzo. En un video grabado, el secretario general de la OEA anunció: “Próximamente definiremos los detalles de la misión, incluyendo sus objetivos y las áreas de responsabilidad del gobierno y de la OEA, las actividades y el plan de trabajo que desarrollará, cuál será su presupuesto y sus recursos humanos y materiales y cómo se monitoreará y evaluará su progreso”.

En el apoyo que dará la OEA, tanto su misión de observación de las elecciones municipales como su misión de cooperación, más prolongada, resultará fundamental el tema de los recursos financieros. ¿Cuánta gente vendrá a observar las elecciones municipales? He escuchado de gente relacionada con la OEA que en una elección presidencial les basta con hacer un conteo rápido en una muestra de 47 juntas de votación bien seleccionadas para predecir quién gana la elección. La diferencia es que las que vendrán a observar en noviembre no se ajustan a ese parámetro. Son elecciones municipales, no es una única elección… son 153 elecciones.

¿Con qué recursos se financiará la misión de observación, y aún más complejo, con qué recursos contará una misión instalada en nuestro país durante tres años? Generalmente los que pagan este tipo de actividades son los estadounidenses. Más del 50% del funcionamiento de la OEA lo financian Estados Unidos y Canadá, en menor medida aportan México y Brasil, y los demás países sólo “van montados en el tren”.

Viendo lo crucial del desafío financiero que tendrá la OEA, hay ya en Nicaragua un grupo de personas que se está organizando para ir donde los financiadores, donde los donantes, proponiéndoles que financien las tareas de la OEA en Nicaragua sólo si el gobierno cumple con condiciones que nos den verdaderas garantías. Si esta idea fuera adelante, creo que si se le piden al gobierno las garantías necesarias, es imposible hacer unas elecciones correctas en noviembre en las actuales condiciones y lo que habría que pedir es la postergación de las elecciones por un año como mínimo. Como la OEA ha sido laxa en demandarle al gobierno requisitos, hay que pedirles a los donantes que le exijan a la OEA reclamarle al gobierno esos requisitos, haciendo depender de eso el financiamiento de su trabajo. ¿Será posible conseguir esto? Pienso que si ya Estados Unidos ha respaldado claramente a Almagro en el caso de Venezuela, es posible que también lo quiera hacer en el caso de Nicaragua.

El acuerdo entre Ortega y Almagro sólo toca un tema en referencia a la crisis de la institucionalidad política del país, el transfuguismo. A nivel teórico, Norberto Bobbio, quien en nuestro mundo latino creo es quien más ha analizado el tema de la representación política, se refiere a eso en un texto titulado “Las promesas no cumplidas de la democracia”. Bobbio explica que el tema de la representación política quedó ya resuelto en la Asamblea Nacional de Francia en 1791, dos años después de la Revolución. Inicialmente, se pensó que los miembros de la Asamblea representaban a un grupo social o político particular. Si el miembro era obrero representaba a los obreros. Si era clérigo representaba al clero. Si era intelectual representaba a los intelectuales. Hubo un debate en la Asamblea que se resolvió afirmando que el asambleísta -el diputado, el parlamentario, le llamaríamos hoy- no representa solamente a un sector, sino a toda la nación y, por tanto, no puede ser destituido. Esto quedó claramente establecido desde entonces. En la Unión Soviética no fue así: si el diputado no obedecía al partido podía ser destituido. Pero en todo el mundo occidental se interpretó como los revolucionarios franceses lo habían interpretado: una vez electo, el diputado recibe un mandato para representar a toda la nación y, por tanto, puede diferir de su partido y, por tanto, no puede ser destituido.

El acuerdo OEA-Gobierno menciona el transfuguismo como si fuera un tema central de la institucionalidad política nicaragüense lanzando así una cortina de humo que oculta el tema fundamental. Y el tema fundamental es el control absoluto en manos del Presidente de la República de todos los poderes del Estado, empezando por el Poder Electoral, un control que tampoco es el mayor problema, porque el problema mayor está en el Poder Judicial. Y aquí se amarra un verdadero nudo gordiano, porque no podemos llegar a reformar ni el Poder Electoral ni el Poder Judicial si no tocamos al Poder Legislativo. Porque sin renovar el Legislativo, ¿cómo vamos a poder renovar el Poder Electoral y el Poder Judicial si son los diputados quienes eligen a los magistrados de esos dos poderes…? ¿Quiénes eligen a los magistrados? Los diputados. ¿Y quién elige a los diputados? El Presidente Ortega elige a los diputados de su partido y este año también designó a los de los otros partidos… Quienes están ahora en la Asamblea Nacional son prácticamente ciento por ciento afines al partido de gobierno. Y ellos son los que escogen a los magistrados electorales y a los magistrados judiciales, que jamás van a decir absolutamente nada contra una resolución del Presidente.

El transfuguismo es un tema secundario. El verdadero problema es cómo están estructurados los poderes del Estado y cómo el Presidente de la República tiene el control de todos los poderes. Aunque lo diga el acuerdo, el problema no es ni el transfuguismo ni la interpretación de la norma del transfuguismo ni tampoco la tarea de la OEA es enseñarle a los magistrados de Nicaragua cómo interpretar bien esa norma. El problema es cómo estamos eligiendo a las autoridades que nos gobiernan y que después de tantos años de autoritarismo electoral, están al servicio de una sola persona.

Aunque los contenidos de los 14 puntos que deben revisarse para mejorar la institucionalidad electoral podrían tocarse antes de las elecciones, lograr que se resuelvan en estos próximos meses ya es otra cosa… Por eso, creo que lo mejor sería posponer las elecciones y empezar a revisar algunos de esos puntos, que son muy complejos de resolver para crear mejores condiciones para esas elecciones pospuestas. Por ejemplo, el tema del registro electoral y el de la inscripción en el registro civil es bien difícil de resolver. Hay decenas de comunidades en el Caribe de Nicaragua y en muchas zonas rurales en donde no existe registro, donde la gente ni tiene cédula ni tampoco está registrada. A veces se publican encuestas que nos dicen que ya el 90% de la gente tiene cédula. Pero eso no es cierto, hay muchas zonas en donde ni los niños ni los adultos están siquiera registrados, donde mucha gente ni siquiera sabe qué edad tiene…

Otro tema, por ejemplo es el de la postulación a cargos públicos. Se supone que a nadie se le debe impedir postularse. Pero con la Ley Electoral del año 2000, la que surgió del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, se suprimió la suscripción popular y la gente quedó amarrada exclusivamente a participar si los partidos políticos la meten en sus listas, aceptando las condiciones que pongan los partidos. Esa lógica debe ser cambiada.

Considero preocupante que Nicaragua vaya en noviembre a otras elecciones con el mismo Consejo Electoral que hemos tenido desde hace diez años. Más preocupante es que alguna gente me diga que participar en esas elecciones es lo correcto porque con la observación de la OEA ya tenemos buenas condiciones. Y es que el problema no son las condiciones, que siempre pueden mejorarse. El problema es que desde hace diez años el Consejo Supremo Electoral, teniendo condiciones correctas para hacer unas elecciones correctas, nunca ha tenido voluntad de hacer elecciones correctas.

Existe una normativa de Naciones Unidas sobre derechos políticos, que se inscribe en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y también la OEA tiene una normativa que advierte que ese organismo regional no puede ir a observar un proceso electoral cuestionado si la presencia de la OEA contribuye a legitimarlo. La OEA no puede entonces llegar a observar un proceso que buena parte de la ciudadanía ya considera viciado y que legitimaría con su presencia. Teóricamente, la OEA no debería venir. El problema es que los vicios de este proceso los tapa y los encubre el pésimo contexto político en que vivimos. Porque hay varios partidos que ya dijeron que participarán en esas elecciones. Sabemos que son “zancudos”, que son partidos de fachada, pero son legales y juegan en el sistema. Y aún peor, el PLI, la segunda fuerza política en las elecciones de 2011, a la que Ortega le quitó su personería jurídica y sus diputados, arbitrariedades por los que perdió toda legitimidad la elección del 6 de noviembre de 2016, está también decidido a ir a las elecciones, con una nueva personería jurídica que le han dado y con un nuevo nombre, Ciudadanos por la Libertad…

Hay quienes dicen que sólo se necesitan dos cosas para legitimar las elecciones municipales de noviembre. Una, que quienes fueron la segunda fuerza política del país, excluida hace un año, participe ahora. Y dos, que la OEA observe las elecciones. ¿Basta con eso…? ¿Cómo entender que esos políticos de la segunda fuerza, que fue descabezada y le quitaron todo, estén ahora dispuestos a participar con el mismo esquema, que todos sabemos que está diseñado para no arriesgar el poder, para que pierdan todo o para que ganen algo y sigan participando…? ¿Irán sólo porque estará presente la OEA?

¿Sólo la presencia de la OEA legitima unas elecciones dirigidas por un Consejo Electoral, que con la trayectoria que tiene y con sus desmanes, sería inaceptable en cualquier país medianamente decente? ¿Bastan sólo esas dos condiciones para organizar una nueva mascarada? ¿Cuál va a ser el resultado de unas elecciones celebradas en esa situación? Ya lo sabemos: veremos una elección más con un sistema electoral pervertido, esas elecciones serán bendecidas por la OEA y el Frente Sandinista va a ganar la mayoría de las alcaldías, repartiéndoles algunas a los partidos que colaboren legitimando los comicios con su participación. Eso es lo que va a pasar.

¿Habrá elecciones…? ¿Y qué pasará después…? ¿Qué hará o no hará la misión de cooperación? Es posible que esa misión no haga nada, porque el memorándum de entendimiento deja claro que cualquiera de las partes puede abandonar el acuerdo en cualquier momento. Salirse del acuerdo para el gobierno de Nicaragua no es tan fácil porque demostraría que no tiene voluntad. Pero, de que se puede salir, se puede salir… Con un gobierno como el de doña Violeta, como el de Alemán o como el de don Enrique Bolaños, se podía ganar espacios poco a poco y el Frente Sandinista también fue ganando espacios. Pero con el de Daniel Ortega no se puede avanzar. Incluso, supongamos que en el mejor de los escenarios la OEA consigue grandes avances… No dudo de que la OEA se va mañana y al día siguiente comienza el retroceso de todo lo que se firmó…

Yo creo que este Consejo Supremo Electoral no da ninguna garantía para celebrar las elecciones de noviembre. Pero también creo que en política uno debe buscar siempre las rendijas. Y los liderazgos políticos deben usar cualquier rendija para hacer cosas. Abstenerse es en la práctica reconocer que no tenemos capacidad de hacer nada. Es cruzarnos de brazos, declararnos incapaces de hacer algo. Pienso que en algunos municipios mayores si hubiese un partido que escogiese un candidato con el que nos identificáramos todos, sería interesante ir a votar, hacer esa lucha… El problema es que exista ese candidato… No veo con claridad el camino…

¿Qué podemos esperar, pues, de los acuerdos entre Daniel Ortega y Luis Almagro? Como ni Almagro es tonto ni Ortega lo es, cada uno tiene sus tácticas y su estrategia. Almagro está totalmente claro de todo lo que pasa en Nicaragua y tuvo que ceder mucho para lograr algo. Y Ortega se compró esos tres años de plazo, que se podrían extender a cinco, para así acabar su período tranquilo y después entregar el mando a alguien de los suyos. Ortega ha firmado acuerdos, pero no quiere cambiar nada. Almagro sabe eso y está consolidando un mecanismo diplomático para cercar a Daniel Ortega y obligarlo a que dé concesiones. ¿Lo logrará…?

Lo que debemos lograr los nicaragüenses es disponernos a transformar nuestro país, a renovar los liderazgos, a salir a las calles para exigir que el sistema electoral cambie, a reclamar que los políticos sean honestos…

Para transformar el sistema electoral que nos han impuesto no necesitamos de la OEA. En Nicaragua hay conocimiento de sobra para revisar y dar respuestas a los catorce puntos que señalan los acuerdos y a muchos más. Lo que pasa es que no hay voluntad de resolverlos ni en el gobierno ni en mucha de nuestra clase política. La transformación que necesitamos requiere de consenso y de patriotismo. Pero no seamos ingenuos pensando que sólo con consenso y patriotismo se transforma el sistema electoral, mucho menos el sistema político. La tarea es de largo aliento. Y debe ser integral, porque la sociedad es un sistema. La transformación debe abarcarlo todo: lo electoral, lo jurídico, lo político, lo económico, lo cultural. También necesitamos una transformación moral. ¿Lo lograremos…?

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