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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 411 | Junio 2016
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Centroamérica

El Estado heterogéneo es lo que quiere destruir Donald Trump

Estados Unidos son muchos estados, muchos condados, muchas ciudades con un variopinto abanico de leyes migratorias. En esa heterogeneidad, que es horizontal, que es vertical y que es de calle, es donde encuentran oportunidades diarias los migrantes indocumentados. Esa variedad es la que hay que defender, Es a esa heterogeneidad a la que apuntan los embates de Trump.

José Luis Rocha

Tremolando la bandera de la xenofobia y azuzando odio contra los inmigrantes latinos, Donald Trump se ha convertido en una máquina de cosechar votos entre los sectores más conservadores del electorado estadounidense. El reality show de este histriónico personaje semeja una reedición del Know-Nothing Party, un partido que a mediados del siglo 19 hizo del rechazo de los inmigrantes su casi exclusiva plataforma programática, subió como la espuma y se desvaneció en un pestañazo. La lucha contra los latinos indocumentados recuerda también aquella otra contra los católicos irlandeses.

LAS PROPUESTAS ANTI-INMIGRANTES
QUE TROMPETEA TRUMP


El nativismo de ayer tenía una gruesa raíz religiosa, el de hoy es secular y se tiñe de un fascismo que apela a los intereses de la clase obrera, que Trump presume deseosa de ingresar al paraíso de los consumidores de clase media, pero imposibilitada de conquistar ese sueño porque la continua afluencia de mano de obra barata indocumentada mantiene sus salarios en el sótano de la escala social.

En su página web Trump suscribe los más acres y mil veces rebatidos prejuicios contra los inmigrantes: que incrementan el crimen, el desempleo y el gasto fiscal. Son los mismos argumentos que encontramos en la página web de los Minute Men, un grupo paramilitar anti-inmigrante en decadencia. Mesándose su vaporoso copete de cuestionada procedencia, Trump trompetea trompizas contra los inmigrantes: un muro fronterizo de costa a costa, aplicación irrestricta de las leyes migratorias, triplicar el número de oficiales de inmigración, verificación electrónica del estatus migratorio de todos los empleados (aplicación nacional del e-verify made in Arizona), deportación obligatoria de todos los extranjeros que cometan delitos, detención de todos los que cruzan la frontera sin autorización, fin de las ciudades santuario mediante la supresión de fondos federales a las ciudades que rehúsen aplicar las políticas migratorias, severos castigos a quienes permanezcan más tiempo del asignado en su visa, redadas policiales contra las maras 13 y 18 que “han aterrorizado el país”, supresión del ius soli (derecho a la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense) para los hijos de indocumentados, y endurecimiento de los requisitos de admisión para los solicitantes de refugio y asilo.

Por muy demenciales que parezcan sus propuestas, sobre todo por el premeditado tono delirante en que han venido siendo proclamadas, es obvio que el nada despreciable volumen de aprobación cosechado indica que encuentran eco, más bien son el eco, de un sector de la opinión pública estadounidense.

Pero el contenido mismo de las propuestas pregona que no reflejan la totalidad de la opinión pública, si estimamos que las divergencias de esa opinión pública han quedado ya plasmadas en la heterogeneidad estatal, en la diversidad de políticas de ese conglomerado de estados, condados, ciudades y entidades estatales que integran los Estados Unidos.

LOS GOLPES QUE SERÍAN MÁS CONTUNDENTES


Entre los trompicones que Trump quiere producir en la migración indocumentada, los más certeros van dirigidos contra la heterogeneidad estatal. Triplicar los agentes de inmigración no va a producir mejores resultados. Su desmesurado aumento en los últimos años ha venido de la mano de un descenso en las detenciones en la frontera. El muro tampoco ha conseguido detener a los migrantes, pero sí los ha forzado a diversificar sus formas de ingreso y a enfrentar más riesgos.

Las propuestas verdaderamente efectivas de Trump son las que dan en la madre a la heterogeneidad estatal. Sería un dardo al centro la aplicación irrestricta de la legislación migratoria que impone el colaboracionismo anti-inmigrante a las policías locales. Lo sería la cobertura nacional del e-verify, que elimina la posibilidad de que ciudades y Estados rehúsen su implementación. Y lo serían también más requisitos para la concesión de asilo y refugio que reducen el margen de discrecionalidad favorable a los aplicantes. También, la supresión de las ciudades santuario, donde los indocumentados han disfrutado casi de los mismos derechos que los ciudadanos.

Hasta el momento ha existido una incómoda convivencia de estas políticas junto a los operativos anti-inmigrantes de “la migra”. Ese doble baremo ha sido interpretado como un juego ambivalente que beneficia al gran capital porque mantiene a un significativo volumen de los trabajadores en una situación de precaridad que mantiene deprimidos los salarios. Pero el hecho de que exista ese “producto”, no significa que sea el único producto ni que ese sea el origen de la conflictiva convivencia, pues ante todo expresa la diversidad de pareceres y su confrontación en forma de leyes que atacan leyes y de instituciones que descalifican instituciones.

Trump quiere una artificiosa imposición de una política unificada. Busca demoler la mera esencia de la política: la expresión del disenso. De cara a su objetivo, golpea con contundencia. Los daños colaterales a la dinámica política serían profundos, y no digamos los daños directos a los migrantes. No creo que Trump consiga estos dos objetivos: el segundo proclamado, el primero semi-velado. Por eso, no tiene sentido profundizar en la denuncia por vía directa -señalando los males que puede infligir a los migrantes y al sistema político estadounidense-, sino por vía indirecta y positiva: mencionando los efectos benéficos de la heterogenidad estatal. Esos efectos explican por sí mismos por qué esa heterogeneidad se ha convertido en blanco predilecto del ataque de Trump.

EL ESTADO
TAMBIÉN PUEDE SER UN ALIADO DE PESO


Los inmigrantes centroamericanos indocumentados necesitan un terreno fértil que posibilite su inserción cotidiana y su despliegue en formas que conecten con el cambio en las políticas. Ese terreno lo componen los medios de comunicación, las universidades y sus académicos, los artistas y otras figuras de la farándula, las organizaciones y activistas, las iglesias y sus agentes de pastoral, algunos empresarios...

Son apoyos cuya reiteración e impacto, ponderados a través de numerosas entrevistas y de la observación participativa, resultan sustanciales. Pero no son los únicos. Hay un gran ausente: el Estado. La vertiente dominante de la tradición marxista nos habituó a percibir al Estado como un neto instrumento de los dominantes. Pero también puede ser un aliado de peso, incluso cuando no hay condiciones revolucionarias, a condición de que sea heterogéneo.

La heterogeneidad estatal es un factor del que los dominados pueden valerse para alcanzar sus objetivos. Es un rasgo que a veces tiene una presencia notoria y otras se desliza sutilmente o es apenas un trasfondo. El Estado del control y de la vigilancia también es el Estado de las ciudades santuario. La Border Patrol Nation sigue manteniendo elementos de la Immigrant Nation. Si no fuera así, los indocumentados tendrían muy restringidas oportunidades de inser¬tarse en esa sociedad. Una legislación y unos requerimientos burocráticos heterogéneos o aplicados con cierta discrecionalidad en favor de los indocumentados pavimentan la vía hacia las oportunidades de neutralizar las exclusiones. Trump dirige sus saetas contra la fuente de esas oportunidades.

EL ESTADO:
UN TERRENO DE LA LUCHA DE CLASES


Pierre Bourdieu nos previene contra el peligro de no ser más que instrumentos para que el Estado piense sobre sí cuando usamos las categorías construidas por el desempeño de la burocracia.

En otro texto Bourdieu presenta otro planteamiento al citar la tesis del neomarxista Joachim Hirsch, quien “insiste en el hecho de que el Estado es el lugar de la lucha de clases, que el Estado no es simplemente el instrumento de la hegemonía de la clase dominante. En el seno del Estado, hay personas que apoyan el lado liberal o, por el contrario, el lado estatal. Es un gran territorio de enfrentamiento. Si traducimos esto a términos de división política, tendremos a los socialistas de una parte y a los liberales de la otra”.

Ese enfrentamiento existe en el presente, pero también existió en el pasado con un disenso entre actores estatales y también entre éstos y aquellos hacia quienes iban dirigidas las políticas. Y ese enfrentamiento ha dado lugar a usos burocráticos, a fronteras jurisdiccionales, a distribución de poderes y a diversidad de políticas que han visto nacer un Estado variopinto. Por consiguiente, pensar con las categorías del Estado puede ser también pensar desde las luchas que se han librado en ese Estado.

CUANDO EL ESTADO
ESTÁ COMPROMETIDO Y NECESITADO


Hay dos formas de heterogeneidad (horizontal y vertical) y hay también la burocracia del nivel de la calle, la que entra en contacto directo con las personas, que puede ser considerada como una profundización de la heterogeneidad vertical.

Los casos más frecuentes de la heterogeneidad horizontal pueden ser agrupados en dos tipos: heterogeneidad corporativa y heterogeneidad geográfica.

La heterogeneidad corporativa es la que tiene lugar cuando quienes, siendo perseguidos por el Department of Homeland Security y careciendo de permiso para trabajar porque las autoridades migratorias nunca se lo darían a quienes cruzaron la frontera sin autorización o excedieron el tiempo de estadía que les fue concedido, pueden acudir al Labor Commissioner’s Office, ser contratados por el Estado como babysitters y pagar impuestos. Los quichés de San Antonio Sija recurren al Labor Commissioner’s Office cada vez que sus derechos son atropellados y migrantes centroamericanas contratadas como babysitters por los gobiernos de los distintos estados y condados.

El Labor Commissioner’s Office defiende los derechos de los indocumentados porque está constitutivamente comprometido con los derechos de los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio. En el caso de las babysitters, los gobiernos de los estados y condados no están comprometidos a proporcionarles empleo independientemente de su estatus migratorio. Pero el compromiso estatal -la forma de regulación a la que están ligados- es la provisión de servicios para el cuido de niños. La contratación de indocumentadas es un efecto colateral que no tiene que ver con la actitud del Estado hacia ellas, sino con la imposibilidad de conseguir suficientes niñeras entre estadounidenses y migrantes autorizadas.

El Estado las contrata porque las necesita. Y lo mismo ocurre con los millones de indocumentados que pagan sus impuestos. El brazo financiero y masculino del Estado se comporta con los migrantes como si no estuvieran excluidos porque necesita su dinero. Esto demuestra que en la heterogeneidad puede haber un poco de progresismo corporativo y de un oportunismo administrativo cuya más exquisita formulación es The IRS agrees my taxes are not illegal (El Servicio de Impuestos considera que mis impuestos no son ilegales).

Independientemente de sus raíces estructurales en un progresismo corporativo o en una instrumentalización financiera, esa heterogeneidad posibilita que los indocumentados se inserten y que su desacato –su ingreso y permanencia no autorizados- reciba un espaldarazo legal del Estado.

EL VARIOPINTO ABANICO
DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS


Heterogeneidad geográfica es la que resulta de las diversas relaciones entre las autoridades locales y las autoridades federales, y entre las políticas de unas y otras.

En lo que toca a las políticas migratorias, hay un enorme abanico de tipos de jurisdicciones locales según su grado de colaboración con las políticas federales: jurisdicciones que buscan frenar la migración indocumentada mediante la imposición de sus propias restricciones sobre el acceso de los inmigrantes no autorizados a vivienda, empleo y servicios municipales; jurisdicciones que asisten a las autoridades federales en la aprehensión y detención de indocumentados; jurisdicciones que buscan activamente frenar la presencia de indocumentados en su territorio; estados y ciudades que se comunican con los oficiales de inmigración bajo circunstancias muy especiales; y jurisdicciones que no tienen voluntad de colaborar con el gobierno federal en la implementación de medidas que distingan entre residentes legales e ilegales. Entre estas últimas están las jurisdicciones que han adoptado políticas que formal o informalmente limitan la cooperación con las autoridades federales.

Los fracasos de una reforma migratoria comprehensiva han llevado a una mayor diversidad legislativa y administrativa de las migraciones que profundiza una heterogeneidad in crescendo. Según la investigadoras Susan Martin, de la Universidad de Georgetown, 300 anteproyectos de ley fueron debatidos y 38 leyes aprobadas en 2005, 570 ante-proyectos y 84 leyes en 2006 y 1,562 anteproyectos y 240 leyes en 2007. Los complejos y hermosos murales elaborados por migrantes en San Francisco y otras ciudades son posibles porque la heterogeneidad da lugar a municipalidades que los fomentan, municipalidades que no penalizan, municipalidades que prohíben pero propietarios que fomentan y tienen respaldo legal para permitir los murales en las puertas de sus garajes y en los muros de sus viviendas.

CIUDADES, CONDADOS Y ESTADOS SANTUARIO:
OASIS DE INDOCUMENTADOS


La modalidad de heterogeneidad geográfica más proactiva hacia la causa de los indocumentados es el santuario. Existen ciudades, condados y estados santuario, así llamados porque son jurisdicciones donde las autoridades locales rehúsan colaborar con las políticas federales anti-inmigrantes e incluso conceden una serie de derechos a los indocumentados, que abarcan un amplio espectro: desde el voto hasta becas estatales, licencias de conducir y muchos beneficios sociales.

Estas políticas se aplican después que en 1996 el Congreso estadounidense aprobara la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. El nivel federal no reconoce ni regula las políticas santuario ni las ciudades santuario. Las políticas santuario están a menudo escritas y adoptan la forma de una resolución, ordenanza o acción administrativa, una orden general o especial, o unas políticas departamentales.

Los estados de Maine y Utah aprobaron en 2004 y 2011 directrices que permiten a los indocumentados vivir y trabajar. También hay políticas santuario informales, que no están escritas, pero que están sancionadas por la costumbre: sheriff que no colaboran con el DHS y así lo ordenan a sus subordinados, alcaldes que contratan indocumentados en proyectos públicos, administradores de las ciudades y otros funcionarios que denuncian las redadas del ICE...

Entre las localidades con políticas santuario están Tucson (Arizona), la ciudad de New York, los 64 condados de Colorado, casi 40 ciudades en California y 14 ciudades en Florida. Los indocumentados en Maryland, San Diego y San Francisco se benefician de las políticas santuario formales. Los indocumentados en Los Ángeles se benefician de las políticas santuario informales.

Las ciudades santuario han sido denunciadas en informes del Congreso por limitar los arrestos basados en violaciones a la legislación migratoria, por no compartir información con las autoridades migratorias, por limitar las investigaciones policiales sobre el estatus migratorio, por declinar la colaboración con “la migra” cuando emprende capturas de indocumentados, por escudar a jóvenes indocumentados para que no sean detectados por la migra y por modificar sentencias judiciales para evitarles a los indocumentados la deportación.

LAS RAÍCES DE LAS POLÍTICAS SANTUARIO,
HOY ACOSADAS Y ACUSADAS


Las ciudades santuario se inspiran en el mismo concepto de las iglesias que en los años 80 acogieron en sus templos a los centroamericanos que venían de la guerra en sus países, a quienes el gobierno se negaba a reconocer como refugiados.

En favor de los centroamericanos, las iglesias retomaron una tradición que -según Stephen Nathan Haymes y María Vidal de la Universidad de Loyola de Chicago- en el período anterior a la guerra civil “adoptó la forma de un tren subterráneo que trasladó a los esclavos fugitivos hasta los estados libres del norte y Canadá. Después de la Segunda Guerra Mundial, los defensores de los inmigrantes de inspiración religiosa defendieron la admisión de miles de personas desplazadas de Europa y, a través de asociaciones de voluntarios, ayudaron a reasentar a las personas que huían de países con gobiernos comunistas durante la Guerra Fría. Durante la época de la guerra de Vietnam, el santuario se ofreció en las iglesias estadounidenses a quienes se oponían a aquel conflicto.

Este apoyo, que empezó en las iglesias, se contagió a gobiernos locales. Ordenanzas y directrices declararon espacios públicos como santuarios. Los migrantes irregulares pudieron salir de las catacumbas eclesiales a los espacios abiertos. Berkeley (California), Madison (Wisconsin) y Cambridge (Massachusetts) aprobaron ordenanzas locales declarándose santuario para los refugiados centroamericanos. Esas ordenanzas extendieron enseguida esos beneficios a todos los inmigrantes no autorizados, creando un clima de desafío municipal a las políticas federales. Las ciudades santuario de hoy son una institucionalización de las viejas luchas, claramente vinculadas al apoyo a los refugiados centroamericanos.

Si los indocumentados Dreamers de San Francisco que llegaron niños a Estados Unidos y ahora están en la universidad, pueden realizar plantones lo pueden hacer también porque el aparato estatal fue moldeado por las ondas largas de aquellos indocumentados. La generación más reciente cosecha algunos frutos de viejos árboles. De hecho, las conquistas actuales de los Dreamers varían mucho de una localidad a otra. Dependen del material que la historia -encarnado en políticas santuario- ha dejado a su disposición.

Las ciudades santuario han sido acosadas y acusadas. Acusadas de ser caldo de cultivo de la criminalidad. Algunas agencias del nivel federal han puesto precio a la cabeza de los indocumentados y aquellos que los sigan apoyando lo tienen que pagar. Las ciudades santuario lo tendrían que pagar con un menor acceso a fondos federales.

Es la misma historia que con las prisiones del ICE, pero al revés: en lugar de comprar la colaboración de los poblados pobres instalando centros de detención, castigan a las ciudades santuario negándoles recursos. Esto hará de las políticas santuario un reto mayor y cada vez más militante.

¿HASTA DÓNDE LLEGA
EL BRAZO DE LA LEY?


La heterogeneidad vertical es la que se produce entre niveles que se engarzan para la aplicación de las políticas migratorias. El nivel federal tiene la preeminencia, pero sin el apoyo local ninguna política y ningún brazo de la ley es suficientemente largo para tocar el terreno.

Las políticas sólo son efectivas si aterrizan en la vida cotidiana, los barrios, los centros laborales. Sin una burocracia que llegue hasta ahí, las políticas son papel mojado. New Orleans no es una ciudad santuario. Pero en 2010 su departamento policial se negaba a colaborar con el ICE. Salvo si enviaba directamente a los agentes a hacer redadas -cosa que rara vez ocurre y sólo lo hace como escena del teatro del poder-, el ICE no tenía ningún chance de echarle el guante a uno solo de los muchos indocumentados que todos los días buscan trabajo en las esquinas de New Orleans. Lo mismo ocurría en Fairfax County, que no era ni es un condado santuario, pero cuya policía no colabora con el ICE.

La socióloga holandesa Saskia Sassen sostiene que “la combinación particular de poder y legitimidad que llamamos soberanía se está descentralizando, y es en parte redistribuida en otras entidades, especialmente en las organizaciones supranacionales, los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que limitan la autonomía del Estado y en un régimen jurídico privado internacional emergente para las transacciones comerciales. Con todo esto que está ocurriendo, ¿qué base tiene la presunción habitual de que el Estado tiene la competencia exclusiva para el ingreso de no nacionales?” También el poder está descentralizado hacia abajo: hacia entidades territoriales menores, como los estados, condados y ciudades.

La distribución de la soberanía, que limita las posibilidades de excluir y de incluir, no es nueva en Estados Unidos. En 1957 Eisenhower tuvo que enviar al ejército para que escoltara a los primeros nueve estudiantes afroamericanos que quisieron hacer uso del derecho a una escuela secundaria sin segregación que les concedía el fallo de Brown versus Board of Education.

Lo nuevo quizás es la fuerza incluyente de la soberanía local. En Estados Unidos los indocumentados obtienen más derechos por la descentralización hacia abajo (ciudades santuario, heterogeneidad de políticas locales, no colaboración con el ICE) que por la descentralización hacia arriba, como la que se esperaría de instituciones multilaterales como el ACNUR y la OIM.

HAY EN ESTADOS UNIDOS MUCHO TERRENO
PARA LA “INVASIÓN SILENCIOSA” DE MIGRANTES


Son las entidades locales, por omisión o por comisión, las que tienen tolerancia o apoyo activo a los indocu¬mentados.

El sociólogo iraní Asef Bayat sostiene que “estados del Tercer Mundo parecen ser más tolerantes con la invasión silenciosa que los países industrializados como Estados Unidos, donde invasiones similares, aunque de forma muy limitada, también se llevan a cabo. Los estados industriales están, con mucho, mejor equipados con aparatos ideológicos, tecnológicos e institucionales para llevar a cabo la vigilancia de sus poblaciones. Las personas tienen un mayor margen de autonomía en los vulnerables y “flexibles” estados del Sur global que en los países industrializados avanzados”.

Contra la afirmación de Bayat, la heterogeneidad estatal en Estados Unidos ofrece mucho terreno para que la invasión silenciosa de los indocumentados centroamericanos -y los de otras nacionalidades de origen- prospere e incluso se fortalezca. En Estados Unidos los indocumentados no sólo logran evadir los controles en las áreas donde escenifican su desobediencia civil. Y no sólo por efecto de la tolerancia.

También cuentan con la complicidad de actores estatales. Esa complicidad adquiere un carácter más activo, aunque menos institucional, cuando los migrantes tratan directamente con los burócratas, un caso especial de la heterogeneidad vertical.

CUANDO LOS BURÓCRATAS DESOBEDECEN


Si el nivel federal tiene una limitada capacidad de implementación de las leyes cuando carece del polo a tierra que son las instituciones locales, sus efectos pueden ser aún más limitados -también muy variados- cuando descendemos a los burócratas que están en contacto directo con la población.

Maestros, trabajadores sociales, trabajadores de la salud, defensores de oficio, superintendentes, oficiales de policía, jueces, carceleros y otros empleados públicos que proporcionan los servicios gubernamentales, al aplicar las leyes y distribuir los beneficios públicos directamente entre los ciudadanos, son los diseñadores de políticas de facto debido a sus decisiones discrecionales.

Como quienes forman parte del “universo burocrático” no son un actor homogéneo, la aplicación de las políticas tiene un margen de variación de uno a otro burócrata. Ni siquiera su formación y entrenamiento logra una completa uniformidad. La sustitución de su lenguaje idiosincrásico por el estandarizado de las fórmulas hechas y la repetición de procedimientos que discurren por los mismos carriles y rehúyen las novedades y anfractuosidades de la vida cotidiana, no logran eliminar la persona, su trayectoria, su ideología, sus juicios y su disenso.

La burocracia nunca es plenamente el gobierno de nadie, y esto lo sabía Hannah Arendt por propia experiencia, pues había sido liberada por un agente de la Gestapo que simpatizó con ella, aunque no llegara ella a teorizar sobre ese episodio, quizás por considerarlo una excepción a la norma.

Los burócratas también pueden usar su poder discrecional con fines altruistas o con el propósito de contravenir la letra de la ley para que prevalezca su espíritu. Gisel Morazán -hondureña que trabaja como niñera- recibe apoyo de la trabajadora social que la visita, una asistencia que va más allá de las funciones que le han sido encomendadas.

El salvadoreño Chepe Melgar se benefició de la discrecionalidad de burócratas cercanos: “Yo estaba recién llegado cuando mi hija enfermó. La tuvieron que operar. Fue una operación complicada en el cerebro. Y yo sin papeles ni trabajo. Sin seguro social. La operación costaba muchos miles de dólares. Decenas de miles. Me dijeron que fuera donde la trabajadora social. Fui y me hizo muchas preguntas. Se compadeció de mí. Al final sólo tuve que pagar como mil dólares en abonos y cuando fuera pudiendo”. Lito Melgar se salvó de multas y de ser entregado al ICE gracias a policías que no colaboraron. En una ocasión se salvó de la multa porque el muchacho que iba de copiloto hablaba inglés: el dominio del inglés es una herramienta esencial para tratar mejor con los policías y otros burócratas.

“ME HICE LA LOCA
Y ÉL SE HIZO DE LA VISTA GORDA”


En mi travesía por el desierto, en un bus que iba de Nogales a Tucson, una muchacha guatemalteca indocumentada y sus dos hijos se dirigían a San Bernardino, California. Habían sido detenidos por el ICE y estaban esperando que la corte migratoria los citara para valorar sus peticiones de asilo. No debían desplazarse. Cuando llegamos a un retén de la Border Patrol, subieron dos agentes para revisar los documentos. Pude escuchar que la agente le decía amablemente a la muchacha que no debería viajar, mientras le guiñaba el ojo y le devolvía el papel que el ICE le había emitido.

Algo semejante experimentó la salvadoreña María García: “El agente que me dijo que yo no era de México estaba serio, pero con media sonrisa. Y yo así también, con media sonrisa, que lo había engañado y que no lo había engañado, porque él me agarró aparte de todos los emigrantes que llevaban en un camión con jaulas para deportarlos. Me agarró así atrás y me dijo: “Quiero que sepas que no me has engañado”. Y yo me quedé… como que no le entendía, me hice la loca. Y él se hizo de la vista gorda”.

Los ejemplos son múltiples y cotidianos. No son una novedad. Con su estilo irreverente y provocador, el abogado y escritor chicano Oscar “Zeta” Acosta dejó constancia de su discrecionalidad en los años 70, cuando era un abogado público en Los Ángeles y ayudaba a madres solteras que no podían obtener ayuda del Estado: “Una vez que la mentira es presentada ante el tribunal, se le concede el divorcio. Así nomás. He ganado cada uno de los casos. Y ahora la pobre anciana con el bastón puede solicitar la asistencia pública para sus hijos, que es al fin y al cabo lo que quería. Ella no había visto a su anciano marido en cinco años, pero la trabajadora social le dijo que ella no podía aplicar a los fondos públicos a menos que ella solicitara el divorcio. Ya no discuto esta lógica de la trabajadora social. Cuando obtuve mi título, traté de obedecer la ley. Pero eso fue hace doce meses. Ahora simplemente hago unas preguntas y mi secretaria hace el resto”.

ARBITRARIEDAD O DISENSO
EN EL DÍA A DÍA DE LOS BURÓCRATAS


Así como esta burocracia puede beneficiar, también perjudica a los migrantes, como ocurre cuando los Border Patrol disparan a los migrantes o violan a las migrantes. No son casos de desacato o de aplicación discrecional de la ley. Son burócratas que aplican una penalización extrajudicial o que delinquen abusando de la posición de poder que les confiere su cargo. Los casos más extendidos de auténtica discrecionalidad perjudicial hacia los inmigrantes son los fallos de los jueces. Kanstroom afirma que más del 30% de casi 600 mil casos enviados a los jueces de inmigración en 2003-2004 entrañaron alguna forma de discrecionalidad. Muchos jueces tienden a ser generosos para asegurarse de que no están cometiendo un error. Pero el sistema ejerce presión y mira con suspicacia la generosidad judicial. Por eso no pueden ir demasiado lejos en los beneficios que su discrecionalidad les permite conceder. De 36 mil casos de asilo presentados a las cortes de inmigración en 2004, 74% fueron rechazados. Sólo el 3% de las aplicaciones a la Convención contra la Tortura -cuya deliberación implica un alto grado de discrecionalidad- fueron exitosos, y las cifras varían de manera alarmante de un juez a otro y de una región a otra.

Es la burocracia y no el Legislativo quien define la severidad -y la arbitrariedad- con que se aplica la legislación migratoria. La ley obtiene una parte de su legitimidad o le es negada según sea aplicada con mayor o menor celo. Los burócratas votan diariamente por la ley o contra la ley, o en favor de variantes de la ley. Su implementación de las leyes es el penúltimo eslabón de la validación social. El último es el público en general. Las decisiones cotidianas de los burocrátas son las enmiendas que la ley recibe sobre la marcha. Quizás porque, como escribió Howard Zinn, “no puedes ser neutral en un tren en marcha”.

Los desacatos de los burócratas son el disenso en el día a día, ejercido por los funcionarios estatales que Kant quería obedientes, pero que aprovechan el margen que les da la ley para aplicarla según su interpretación. En ese nivel de la calle los burócratas toman la palabra y definen si el migrante es un total extraño, es un ilegal a capturar y penalizar o es un cuasi-ciudadano, cuya ciudadanía tiene derechos y cuya desobediencia civil alcanzó su objetivo.

LO QUE DONALD TRUMP
QUIERE ELIMINAR


Los indocumentados consiguen insertarse y obtienen un apoyo a su desacato cuando se apoyan en instancias estatales geográficas o corporativas que hacen caso omiso del estatus legal o conceden los mismos derechos a indocumentados, residentes y ciudadanos. La existencia de esta posibilidad pone automáticamente en cuestión la ley.

Las leyes pueden ser cuestionadas no por referencia a un hipotético cambio en el futuro, sino por el cambio que ya ocurrió en otros estados o en la ciudad de al lado. Cuando un estado rechaza a los migrantes y otros no lo hacen, el principio en que se basa el rechazo queda en cuestión, deviene dudoso. Si una ley es dudosa, señaló el filósofo del derecho Ronald Dworkin, la persona que no la acata porque se atiene a su propio juicio no comete un acto injusto y el gobierno tiene el deber de protegerlo, aunque no de garantizarle inmunidad.

La heterogeneidad estatal emite señales inequívocas que siembran la incertidumbre: las leyes que penalizan a los no autorizados son leyes dudosas. Si en Maryland el Estado emite licencias de conducir para los indocumentados y en Arizona se imponen jugosas multas a quienes llevan indocumentados en sus vehículos, es obvio que ambos estados rigen su trato hacia los indocumentados por principios divergentes. La heterogeneidad siembra la duda que justifica el desacato. ¿Cuál es el principio correcto? Las personas deben remitirse a su propio juicio. Y eso es lo que hacen en la vida diaria los burócratas, los estadounidenses en general y los indocumentados.

Y eso es lo que Trump quiere eliminar al colocar un rechazo monolítico y opresivo como sustituto de una conflictiva pero dinámica heterogeneidad: busca acabar con la duda y el disenso. Si en South Carolina se proponen leyes que nieguen el refugio a quienes el gobierno federal ya reconoció como tales y en California se tiende a expandir los derechos de los indocumentados hacia un horizonte que los iguala a los derechos de los ciudadanos, el debate está abierto.

¿Qué estado se orienta por los principios que más representan los intereses de su comunidad y del conjunto de estados? ¿Qué estado es más coherente con su cuerpo legal? La heterogeneidad abre estas y muchas otras preguntas. Sobre todo, abre la posibilidad de que los indocumentados sean incluidos en grados e instancias diversos. La heterogeneidad estatal abre las puertas para que los indocumentados puedan recurrir a la ley.

LOS ESPACIOS EN QUE SE MUEVEN


Para hacernos cargo de la peculiar relación que los migrantes indocumentados sostienen con el aparato estatal estadounidense debemos tener presente que los indocumentados pagan impuestos.

En Maryland pueden votar en las elecciones locales y son contabilizados en el censo que sirve de base para la asignación de subsidios, impuestos y el número de representantes en la Cámara. Los excluidos e ilegalizados están parcialmente incluidos y en una legalidad liminal. A juicio de Habermas, la desobediencia civil debe moverse en ese umbral incierto entre la legalidad y la legitimidad.

Ese umbral describe adecuadamente la situación de liminalidad de los indocumentados. Durante el boicot a los buses en el Montgomery County cuando se libraba la lucha por los derechos civiles, los conductores de los car pools -transporte alternativo para mantener el boicot- eran llevados a juicio. Todos fueron absueltos. Los afroamericanos pudieron aprovechar que la privación de derechos no era total. En los márgenes de ese uso parcial de los derechos y las instituciones públicas es mucho lo que se juega. Ése es el terreno en el que se mueven los indocumentados. Ésos son los espacios disponibles para mejorar sus oportunidades de vida, que aprovechan con coraje y creatividad para afirmar su voluntad colectiva contra todo pronóstico y para eludir las restricciones.

LO QUE HAY QUE DEFENDER


En Estados Unidos los indocumentados emplean la heterogeneidad estatal para ejercer derechos y hacer que su presencia continua sea una ciudadanía en construcción. Esa heterogeneidad expresa corrientes adversas a los indocumentados, pero también es la institucionalización de conflictos previos entre el ingreso no autorizado y las políticas migratorias estadounidenses.

Los indocumentados están cosechando las cristalizaciones de luchas pasadas, muchas de ellas libradas en los años 80 con el trabajo de las iglesias, el acumulado de las organizaciones y la institucionalización de sus logros en la estructura estatal. Las acciones actuales de los indocumentados y sus posibilidades de éxito tienen como condición de posibilidad y eficacia este sedimento histórico.

Las políticas adversas no son la única herencia que la historia ha legado a los indocumentados. Hay también un enorme acervo de actores pro-migrantes, de cultura política, de elaboración ideológica, de normas informales y formales, de líderes, de experiencia e instrumentos de lucha pacífica constructiva y confrontativa. Eso es lo que hay que defender, porque ahí están las oportunidades que en la vida cotidiana encuentran los migrantes.

Los asesores de Trump hicieron un diagnóstico certero. No podemos echarlo en saco roto. Y hay que defender la heterogeneidad contra los embates de Trump.

MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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