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  Número 411 | Junio 2016
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Nicaragua

“La autonomía municipal no es una concesión, es un derecho que este gobierno ha socavado”

Silvio Prado, Sociólogo, politólogo y municipalista, compartió aspectos de la historia del gobierno local en Nicaragua y reflexiones sobre la falta de autonomía que hoy padecen las alcaldías del país, en una charla con Envío que transcribimos.

Silvio Prado

La autonomía de los gobiernos locales no es una graciosa concesión de los gobiernos centrales. Es un derecho que tienen todos los pueblos, el derecho que tenemos todos los pueblos al autogobierno. La autonomía municipal no es, como algunos piensan hoy en Nicaragua, un invento de cuatro locos que andamos por ahí. La autonomía local tiene mucho pasado.

¿Dónde están las raíces del autogobierno, del gobierno local en Nicaragua, y no sólo en Nicaragua sino en toda Centroamérica, con historias tan parecidas como las que tenemos? Esto inicia en la Colonia española. En el período colonial se desarrollaron muy pronto formas de autogobierno en los espacios de poder territorial que se fueron organizando, los que en el futuro serían los municipios. Lejos de España esos territorios aprendieron a gobernarse a sí mismos. En Nicaragua, el municipio, gobernado por alcaldes mayores, fue autónomo antes de que se crearan los núcleos de población que lo habitarían. En las luchas por la Independencia en Centroamérica, y en toda América Latina, el papel de los municipios fue vital. Ya se habían distanciado mucho de la Corona por presiones de los españoles criollos, y en los comienzos del siglo 19 el vacío de poder que dejó en España la abdicación de los reyes tras la invasión de Napoleón, contribuyó a que quienes gobernaban territorios en las colonias se lanzaran a crear sus propias juntas de gobierno. Esto dio un nuevo impulso al espíritu de autogobierno local que ya existía. Las Juntas Provisionales, órganos de autogobierno de base municipal, prendieron la mecha de donde surgieron los movimientos independentistas en América Latina.

Tuvo tanto arraigo el autogobierno local que una historiadora nicaragüense, Xiomara Avendaño, afirma que el ciudadano de Centroamérica fue antes ciudadano de su municipio que de sus estados y que las élites locales que gobernaban los municipios dieron lugar a los nuevos Estados. Pero como en toda virtud hay pecado, esa virtud que fue el autogobierno local provocó también “ciudades-Estado” que rivalizaron entre sí.

Sucedió en toda Centroamérica. En Nicaragua la rivalidad se dio entre Granada y León, en Costa Rica entre Cartago y San José, en El Salvador entre San Salvador y Santa Ana, en Honduras entre Tegucigalpa y Comayagua, en Guatemala entre Ciudad Guatemala y Quezaltenango. En Nicaragua las rivalidades derivaron en guerras civiles.

Fue en 1835, cuando aún existía la Federación Centroamericana y éramos un solo país, que tuvimos en Centroamérica la primera Ley de Municipios. Desde entonces empezó a hablarse en nuestra región de una ley específica para el gobierno de los municipios. La ley rescataba la autonomía local inspirándose en la Constitución de Cádiz, proclamada en España en 1812, una Constitución que tuvo poca vida, pero que era muy avanzada. Establecía que las autoridades locales serían electas y no nombradas por el rey ni tampoco esos cargos se venderían, porque hubo un tiempo en que los cargos locales se licitaban y se vendían.

Desde aquella primera ley de 1835 hasta hoy la autonomía municipal siempre ha estado atravesada por tres grandes debates y pugnas. Uno, la discusión sobre si las autoridades deben ser electas o nombradas. Otro, las relaciones del gobierno central con el gobierno local: si el local es un gobierno autónomo o si es un administrador del gobierno central. Otro aspecto en discusión ha sido el de las relaciones del gobierno local con la población, en lo que entra en juego el papel del cabildo. El cabildo nos vino también de la Colonia española y nos llegó en dos versiones. Una, el cabildo como cuerpo de los regidores, lo que hoy se llama concejo municipal, expresión de un gobierno colectivo. Y otra, el cabildo abierto, en el que participaba toda la población. Decisiones de mucha importancia, tanto durante la Colonia como después, se tomaron en cabildos abiertos. Managua se separó de Granada en un cabildo abierto celebrado en Managua.

En 1894 el General José Santos Zelaya, liberal, inspirado en la Ilustración francesa, aprobó una Constitución, “la Libérrima”, muy avanzada para su época. En esa Constitución se reconocía por primera vez en Nicaragua la autonomía municipal. Pero como Zelaya fue un gobernante autoritario y estaba amenazado por revueltas internas, vio en la autonomía un peligro y apenas cinco meses después la desconoció, dejándola en suspenso, junto con la Constitución promulgada, hasta que en 1905 la aniquiló por completo. Los sucesivos gobiernos conservadores que siguieron al de Zelaya reconocieron algo de autonomía a los municipios del país. Digo “algo”, porque la autonomía municipal tiene tres grandes componentes: la autonomía administrativa, la autonomía financiera y la autonomía política. Todos los regímenes políticos que ha habido en Nicaragua desde Zelaya, incluido el de Somoza, el de la Revolución y el actual, han reconocido, de una o de otra forma, unos más y otros menos, la autonomía administrativa y la autonomía financiera. La que han cercenado siempre es la autonomía política.

Después de los gobiernos conservadores, que toleraron algo de autonomía administrativa y de autonomía financiera, cuando el primer Somoza llegó al gobierno en 1937, el 12 de agosto de aquel año canceló las elecciones municipales. Con esa decisión lo que hacía era cancelar la autonomía política de los municipios. Las elecciones municipales crean un vínculo entre la población local y la autoridad local. Cuando son electos, los alcaldes se sienten respaldados por los votos de la población y eso los hace sentirse responsables ante la población. Ésa es la base de la autonomía política. En Nicaragua cuando un régimen autoritario ha querido debilitar la democracia afecta la autonomía política local y lo hace alterando el origen electivo de las autoridades locales. Hago aquí un paréntesis: en el actual régimen autoritario el fraude electoral en las elecciones municipales de 2008 y en las de 2012 utilizó ese mecanismo para debilitar la autonomía política local. ¿Y ahora…? Ahora en 2016 tocaba realizar elecciones municipales, que deben ser cada cuatro años. Y sin embargo, sin mucha explicación, el gobierno las pospuso hasta 2017. Sospechoso, ¿no? Dijeron que era mejor que las municipales no coincidieran con las presidenciales y las parlamentarias para evitar así el “efecto cascada”… Pero, ¿por qué se decidió eso sin debate, por qué no se hizo de otra manera…?

Volvamos a la historia... El 12 de agosto de 1937 la autonomía local recibió del somocismo el segundo gran sablazo. Pasarían cincuenta años hasta que en la Constitución de la Revolución de 1987 se restableciera la autonomía municipal. Después, en 1988 la Revolución aprobó la Ley de Municipios, base de la ley que hoy tenemos. Pero, entre 1979 y 1990, ¿qué hubo de autonomía local? Nada. Hay muchas evidencias de que en los años revolucionarios el municipio no tuvo ninguna autonomía. Es más, y aunque duela decirlo, tuvo exactamente el mismo espacio que tuvo bajo el somocismo, porque la autoridad local estuvo sometida a los funcionarios políticos del gobierno revolucionario. Si bajo el somocismo el municipio estuvo bajo el jefe político que Somoza tenía en cada departamento, en los años revolucionarios el alcalde estuvo bajo los zonales del Frente Sandinista. En 1986, por orden del gobierno revolucionario, se realizó un diagnóstico de la realidad municipal, que reflejó la situación dramática en la que estaban todos los municipios del país, porque el zonal del Frente no sólo mandaba más que el alcalde, sino que al alcalde lo habían convertido en el último escalón de mando, encargado de labores menores de intendencia como la recolección de la basura e incluso de la entrega de los féretros de los muchachos del servicio militar que caían en combate. A raíz de aquel diagnóstico se decidió restablecer el papel de los municipios y de ahí nació la Ley de Municipios de 1988.

Para entender la debilidad municipal en los años de la Revolución hay que tener en cuenta lo que pesó en esos años el factor de la guerra, además de lo que pesó la consolidación del Frente Sandinista por encima del Estado y lo que significó la maduración tardía del pensamiento municipalista al interior del Frente. Durante aquellos años hubo un debate dentro del gobierno revolucionario entre los centralistas, que decían que no había que darle poder a los municipios porque era debilitar la Revolución, y los municipalistas, donde estaban Mónica Baltodano, Manuel Ortega y varios secretarios regionales del Frente, que afirmaban que si hablábamos de “poder popular” había que fortalecer el papel de los municipios. Todo eso explica un poco mejor lo que ocurrió en aquellos años. A partir de 1988 hubo un resurgimiento de los municipios, pero sin tener aún autonomía política. Y no fue hasta 1990, ya terminada la Revolución, cuando se volvieron a celebrar elecciones municipales, aunque aún la población no elegía directamente al alcalde.

En años pasados hice una investigación sobre el desarrollo de la autonomía municipal en el período que va de 1990 a 2012. El trabajo de campo lo hice en tres municipios: Estelí, Juigalpa y Nueva Guinea. Quería comparar el proceso de la autonomía en Estelí, un municipio donde siempre ha gobernado el Frente Sandinista; en Juigalpa, donde han gobernado liberales y sandinistas; y en Nueva Guinea, donde hasta el fraude electoral de 2012 siempre gobernaron los liberales.

Quería estudiar también en qué medida el fortalecimiento o el debilitamiento de la autonomía municipal ha influido en el debilitamiento o en el fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito local. La investigación tuvo también una dimensión nacional e incluyó información sobre la realidad municipal en todo el país.

De manera general, lo que demuestra la investigación es que entre 1990 y 2008 se observa una curva ascendente, tanto en el fortalecimiento de la autonomía municipal como en la participación ciudadana. En cambio, a partir de 2008 la curva de la autonomía y la de la participación ciudadana comienzan a descender año tras año hasta 2012.

Entre 1990 y 1996 se restauró la autonomía, pero parcialmente. Porque la autonomía política todavía estaba condicionada a la elección simultánea del Presidente de la República y se producía el llamado “efecto de cascada”. El elector elegía a concejales de la lista del partido por el que votaba y esos concejales elegían después entre ellos al alcalde. Así que el elector no sabía a quién había votado para alcalde. Y el alcalde no sabía si lo habían elegido por ser él o si por ir en el molote del partido.

En aquellos primeros años 90, los del gobierno de doña Violeta, los alcaldes empleaban el poder político que tenían para enfrentarse al gobierno central. Así surgió tanto el movimiento de alcaldes de Boaco y Chontales que se llamó “Salvemos la Democracia” que se oponían al gobierno de doña Violeta, como los alcaldes del Frente Sandinista, organizados también para oponerse al gobierno de doña Violeta. En esa etapa vimos las primeras experiencias de participación ciudadana local, aún muy primarias, rituales, formales, vinculadas fundamentalmente a la celebración de los cabildos, grandes asambleas en las que no se decidía mucho, condicionadas a encontrar solución a algunas necesidades más que a reclamar derechos ciudadanos.

En 1995, antes de terminar el gobierno de doña Violeta, la Asamblea Nacional reformó la Constitución Política y más tarde la Ley de Municipios. Por primera vez en la historia nacional se le reconocía a los municipios autonomía política, autonomía administrativa y autonomía financiera, aunque la financiera quedó algo corta por falta de recursos. Se le dio poder político a los alcaldes y se estableció la separación de las elecciones: las municipales para elegir alcaldes serían cada cuatro años y las presidenciales cada cinco años. Con el reconocimiento de la autonomía, ésta se profundizó con una serie de nuevas leyes y en los años siguientes asistimos a una explosión de procesos de participación ciudadana que elaboraban planes estratégicos de desarrollo municipal. El más famoso de todos, aunque no el único, fue el elaborado entre 1997 y 2000 en el municipio de Estelí con un nivel de participación plural, ejemplar, creativo, que resultó paradigmático y se convirtió en ejemplo para otros municipios del país. En Estelí se arraigaron los Comités de Desarrollo Municipal (CDM), que después se fueron extendiendo a otros municipios. Y en aquellos años surgió como un actor local importante el Movimiento Comunal Nicaragüense. Poco a poco la participación de la población en el gobierno local empezó a hacerse más plural y comenzaron a descender los niveles de polarización que había dejado el conflicto armado de los años 80.

En el año 2000 se celebraron las primeras elecciones municipales separadas de las presidenciales. El gobierno de Enrique Bolaños, que inició en 2001, hay que reconocerlo, nos guste o no, es el que más ha fortalecido la autonomía municipal, no sólo porque reconoció a los actores locales en el diálogo político, sino porque fue el primer Presidente de la República que tuvo la valentía de proponer la ley de transferencias municipales para garantizar autonomía financiera a los municipios, transfiriéndoles un porcentaje del presupuesto nacional, cantidad que en la actualidad ha alcanzado ya el 10% del presupuesto.

Entre 2001 y 2006, durante el gobierno de Bolaños, se aprobaron también leyes para fortalecer la autonomía local: la ley de Transferencias Presupuestarias, la ley de Régimen Presupuestario Municipal, la ley de Participación Ciudadana y la ley de Carrera Administrativa Municipal, entre otras… Esos avances se vieron acompañados por un alto grado de institucionalización de procesos de participación de la ciudadanía. Se fortalecieron los CDM y las Mesas Sectoriales y hasta se empezó a hablar en los municipios del presupuesto participativo.

En esos años la cooperación internacional al desarrollo contribuyó mucho al fortalecimiento de la autonomía local, jugando un papel decisivo en fortalecer las capacidades institucionales de las alcaldías, herramientas clave para el desempeño autónomo de los gobiernos locales. También hizo énfasis en impulsar procesos de participación ciudadana. En cuanto a la autonomía financiera, el primer desembolso de las transferencias se hizo con un apoyo importante de recursos de la cooperación al desarrollo, que también respaldó la autonomía administrativa y desarrolló programas e instrumentos de fortalecimiento institucional y de transparencia, entre ellos el Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal y el Plan de Fortalecimiento Institucional Municipal. La cooperación internacional llegó a certificar alcaldías del país por su capacidad de gestión.

Estaba apenas naciendo todo esto, apenas estaba brotando la autonomía en todas sus esferas, cuando el nuevo gobierno del Frente Sandinista asumió en enero de 2007. Y lo primero que hizo fue llamar a todos los alcaldes que tenía entonces el Frente Sandinista en 106 de las 154 alcaldías del país y “los puso firmes”, los cuadró, acabando con la autonomía política que hasta entonces habían tenido.

A partir de ese momento los alcaldes del Frente ya no tomaron decisiones por sí mismos ni en diálogo con la población, sino que atendieron las “líneas que les bajaba” el gobierno central. Este debilitamiento de la autonomía política se agudizó a partir del año 2008, cuando los gobiernos municipales en manos del Frente Sandinista perdieron toda capacidad de iniciativa, todo lo tenían que consultar con Managua y se vieron sometidos al triple control del secretario político territorial del Frente, del INIFOM (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal) y del FISE (inicialmente Fondo de Inversión Social para Emergencias – Nuevo FISE: rector de agua y saneamiento rural). Resultado: “a tres puyas no hay toro valiente”… Pero, como en aquel primer año de gobierno del Frente Sandinista había todavía 47 alcaldías que no eran del Frente, en esos municipios inició una etapa de convivencia y coexistencia entre los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) recién creados por el gobierno central y los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM). Fue una etapa de pleitos y tensiones, que fueron imponiendo restricciones a los procesos de participación ciudadana que venían desarrollándose.

El fraude gigantesco que el gobierno del Frente organizó en importantes alcaldías del país en las elecciones municipales de 2008 significó el peor terremoto vivido por la autonomía municipal en nuestro país. La autonomía política municipal, que ya había sido socavada en las alcaldías gobernadas por el Frente, donde los alcaldes ya estaban plegados al gobierno central, se extendió a muchos otros municipios. Se dio entonces una ruptura generalizada entre electores y electos que nos hizo retroceder a 1937. A partir de 2008 el alcalde ya no sabe a quién se debe y el elector siente que no ha elegido, sino que la autoridad ha sido nombrada. Volvemos a hablar de alcaldes nombrados no de alcaldes electos. De la coexistencia tensa entre los CPC y los CDM pasamos a una polarización abierta. El gobierno central ordenó borrar todo lo que habían hecho los CDM. Se pasó también a una participación controlada de la población. La controla el partido de gobierno porque retorna al municipio una figura nefasta para la autonomía: el secretario político del Frente Sandinista, no elegido por nadie, pero que está por encima de cualquier autoridad electa. El secretario político es el representante de un partido, que es una institución privada, y ahoga a una autoridad pública. El tiempo de la autonomía había terminado una vez más: las decisiones ya no se tomaron en el concejo municipal sino en Managua, en la secretaría del partido de gobierno.

A partir del fraude del año 2012, aún mayor que el de 2008, alcaldes y alcaldesas -se impuso, entre otras, la ley del 50/50 entre hombres y mujeres- tienen que venir todos los lunes a Managua a reunión con el gobierno central para que les bajen las “orientaciones”. Y después, todos los miércoles deben reportar al gobierno central el avance de las acciones llevadas a cabo bajo esas orientaciones y en el territorio bajo el control del secretario político del Frente. Hoy, como en los años 80, el peso del partido está sobre el Estado y el Estado no tiene mucha relevancia porque no tiene capacidad de hacer nada sin el permiso del partido. En los años 80 yo pertenecí al partido y estábamos en guerra y había más consenso en torno a la defensa de un proyecto de país, pero luego se demostró que eso no funciona, que no se puede gestionar una alcaldía, ni un país, con criterios estrictamente partidistas, porque la alcaldía está para servir a toda la ciudadanía y no sólo a quienes son de “mi partido”.

Hoy, el secretario político municipal es el que manda porque tiene el respaldo del secretario político departamental y el departamental tiene el respaldo de Ortega. El alcalde que le debe su cargo a quienes están arriba entiende pronto que debe obedecer al secretario político, que es quien termina decidiendo y mandando.

¿Qué más sucede a partir del año 2012 para anular la autonomía municipal? Que lo que antes eran los planes estratégicos de desarrollo municipal desaparecen. Esos planes, que pensaban el municipio para un plazo de diez o quince años, se acabaron y fueron sustituidos por el Plan Nacional de Desarrollo Humano, elaborado por el gobierno central, que ordena “bajarlo” al municipio para que el municipio lo adapte. Eso sucede en todo el país, en todas las alcaldías. Los planes estratégicos y los proyectos, algunos de ellos carísimos y casi todos financiados por la cooperación internacional, son desechados y engavetados.

¿Qué más sucede a partir de 2012? Que los presupuestos municipales se debilitan. El gobierno central impone a los gobiernos locales destinar obligatoriamente un porcentaje de sus presupuestos a financiar programas nacionales de salud, educación, medioambiente y agua potable, lo que significa que el gobierno central usa a los municipios como “caja chica”, destinando transferencias municipales para ajustar los presupuestos nacionales de esos cuatro rubros. Además, el gobierno central ha reformado la ley de Régimen Presupuestario Municipal y la de Transferencias Presupuestarias dando un paso atrás a lo que se había avanzado desde 2001. En consecuencia, a partir de 2012 el gobierno central hizo desaparecer la comisión multipartita que asignaba las transferencias a las municipalidades y esa tarea quedó en manos de una comisión en la que no participan los alcaldes no sandinistas y que transfiere los recursos a las alcaldías manipulando los criterios de ponderación desde un enfoque estrictamente político.

La ley establece que las transferencias las asigne el gobierno central a los municipios en base a cuatro criterios: el de equidad fiscal: a más pobreza más recursos; el de eficiencia en la recaudación: a más recaudación más recursos; el de cantidad de población; y el de eficiencia en el uso de las transferencias.

Tomemos como ejemplo de la manipulación política que se hace actualmente con las transferencias el caso de la alcaldía de Pantasma, gobernada por los liberales, que estuvo a punto de que el Frente se la robara en 2012. Y por eso la castigan con las transferencias. Vecina de Pantasma está el municipio de La Concordia, con menos población y menor nivel de pobreza, pero gobernada por el Frente. Pantasma recibe las mismas transferencias que otros municipios menos pobres del departamento de Jinotega. Por recaudaciones, a Pantasma por cada córdoba recaudado sólo se le transfieren 2 córdobas con 62 centavos, pero para La Concordia quedó establecido que por cada córdoba recaudado se le transfieren 10 córdobas con 62 centavos. Por el criterio de población, a Pantasma, con más de 52 mil habitantes se le asignan 621 córdobas con 67 centavos mensuales, mientras que un municipio menos poblado como es La Concordia recibe 3 mil 277 córdobas con 33 centavos. En cuanto a la ejecución de las transferencias, Pantasma, a pesar de estar entre los municipios con mejor ejecución en la zona norte de Nicaragua, se le ha mantenido invariable el monto de 30 millones de córdobas en los últimos tres años.

Vemos claramente en este caso una manipulación política usada por el gobierno central como castigo contra quienes no son de su partido. El objetivo es debilitar la autoridad del alcalde con el fin electoral de que Pantasma “se ponga la camiseta” del Frente viendo qué bien le va al municipio vecino, La Concordia, que ya la tiene puesta… Un chantaje puro y duro.

En los recursos está una de las claves para hacer realidad la autonomía política. Hoy el gobierno central emplea la tradicional táctica de la zanahoria y el garrote: si te portás bien te doy zanahoria y si te portás mal te garroteo, te quito los recursos. Y no sólo sucede esto con las transferencias, como vimos en el caso de Pantasma. Pasa también con los proyectos. En Pantasma me contaban que los proyectos del gobierno central no pasan ya a través de la alcaldía sino que el gobierno central ha montado una “alcaldía paralela” a donde llegan los proyectos de educación, de salud y de infraestructura y se deciden ahí y no en el concejo municipal.

Hay que decir que el control del gobierno central sobre los recursos locales es una tendencia que se está viendo en América Latina. Hace unos meses se publicó un texto del académico argentino Daniel Cravacuore, que demuestra que en todo el continente se está produciendo un proceso de re-centralización municipal especialmente por la vía financiera: la sustitución de las transferencias obligatorias de recursos por transferencias condicionadas y la concentración en los gobiernos centrales de las regalías por la explotación de los recursos naturales. Esta tendencia se observa en gobiernos de cualquier signo ideológico. Sucede esto porque se ha puesto de moda afirmar, sin sustento en una evaluación seria, que los gobiernos locales gestionan mal los recursos, que son malos administradores, que son corruptos y que por eso recursos y regalías debe gestionarlos el gobierno central. Pero, ¿son menos corruptos los gobiernos centrales que los gobiernos locales? ¿Quién controla mejor a un gobierno, la población local que está cerca de su gobierno o la población nacional, alejada del gobierno central?

Otra reforma que hizo el gobierno del Frente para debilitar la autonomía municipal, diciendo que era para fortalecerla, fue aumentar, sin ningún criterio lógico y de manera antojadiza, el número de concejales. Después de tres años de que se ordenó y se puso en vigencia esa medida comprobamos lo que temíamos, que eso no ha representado ningún avance para la representatividad de los concejos municipales.

¿Qué sentido tienen, por ejemplo, 80 concejales en Managua, si esa asamblea es totalmente inmanejable y además carísima? La legitimidad de una asamblea no se la da el número de gentes que están ahí sino la calidad del debate que se organiza. Lo que legitima es que se discutan distintos proyectos, que se argumenten y que se opte por el que tiene más ventajas o menos desventajas. Pero cuando no existe deliberación ni discusión entre distintas alternativas de nada sirve que se masifique el concejo municipal. Además, ¿por qué si el gobierno dice apostar por una democracia directa masifica los concejos municipales, que son expresión de la democracia representativa? Creo que el gobierno tomó esta decisión más para dar apariencia de más democracia que para que hubiera mayor participación. Después de tres años el aumento de concejales no ha tenido ningún impacto y la población del municipio no está ahora ni más ni mejor representada. Porque lo que faltaban no era más concejales sino autonomía.

Otra prueba palpable de que ya no existe autonomía política en los municipios es la destitución continua de alcaldes electos, que se ha disparado desde 2008, año del primer fraude municipal. De 2013 a mayo de 2015 han dejado su cargo 20 alcaldes y alcaldesas, sin contar vicealcaldes y concejales que también lo han dejado. Para destituir a un alcalde hay procedimientos y normas. Pero las causales que se han hecho públicas en algunas destituciones nos llevan a concluir o que los alcaldes nicaragüenses son los más enfermos del mundo, porque todos se van por “problemas de salud”, o que son los más disciplinados del mundo y se someten sin chistar a las órdenes de su partido. La actual alcaldesa de Managua, Daisy Torres, dijo al asumir su cargo en 2013 que ella era “un soldado del Frente Sandinista”. ¿Cómo es posible que alguien que dice haber sido elegida por la población, que recibe su salario de nuestros impuestos, diga algo así? Además de los fraudes municipales, la población está viendo que al alcalde que tal vez eligió lo destituyen sin seguir ninguna norma, arbitrariamente. Eso influye en el ánimo de la gente. Creo que los fraudes, además de perseguir capturar el poder de las alcaldías, persiguen desanimar a la gente, desestimular la actitud cívica, crear una abstención cada vez mayor. Y esa abstención es lo que más conviene a los partidos con mayor fidelidad política, lo que les permite ganar siempre.

También el gobierno del Frente ha anulado la autonomía apartando a la cooperación al desarrollo de los municipios. A partir de 2008 la cooperación al desarrollo destinada a proyectos de gobernabilidad, derechos humanos, participación ciudadana y derechos políticos en general, ha ido desapareciendo. La vigorosa cooperación que en los primeros años del siglo 21 se comprometió con el desarrollo municipal se ha ido del país… o “la han ido” por presiones. Otra cooperación se ha refugiado en temas más neutros, como niñez, salud materna, medioambiente... Algunas alcaldías que no son del Frente Sandinista tienen todavía apoyo de alguna cooperación, pero están bajo amenaza. Y alguna cooperación se ha sometido al gobierno para evitar conflictos y por evitarlos, aceptan todo lo que les imponen. A Nicaragua han llegado cooperantes y diplomáticos a quienes el gobierno les ha impuesto la agenda de lo que van a hacer y de a quiénes van a ver, prohibiéndoles que se vean con determinados grupos. ¿Cómo pueden aceptar estas exigencias funcionarios internacionales que vienen de países comprometidos con el respeto de los derechos humanos?

¿Cómo han afectado la participación ciudadana todos estos esfuerzos por socavar y anular la autonomía municipal? Aunque no está tan claro el vínculo, la relación, sí está muy claro que uno de los efectos del fraude en las elecciones municipales de 2008 fue generar entre la gente desesperanza, desafección hacia la democracia. Hasta esa fecha la población nicaragüense tenía confianza en la democracia electoral, en el poder del voto, de su voto. Una persona en Juigalpa me decía: “En 2008 sentimos que se nos rompió algo por dentro”. Como si perdieran el norte, como si quedaran sin rumbo. En 1990 esa misma población había experimentado que su voto tuvo fuerza, que cambió las cosas. La población se convenció de que con sus votos podía cambiar. Pero cuando en el año 2008 el Poder Electoral demostró que no era una institución independiente y autónoma que garantizaba el respeto de la voluntad popular y en los años siguientes, cuando repitió los fraudes, la gente fue perdiendo la esperanza.

Yo no me atrevería a decir que la población nicaragüense está hoy desmovilizada. Hay alguna apatía, pero lo que más hay es temor. He regresado después de tres años a Nicaragua y lo que he encontrado es mucho temor. Hemos vuelto a hablar bajito cuando hablamos de política… Quiere decir que ya hemos incorporado el temor a la represión, y no a que la policía nos eche presos, pero sí a que nos corran del trabajo, a que nos quiten la beca, a que nos inventen cualquier clavo y que no haya nadie que nos defienda… Hay temor también porque la Policía ya no es independiente y ya no investiga ni sanciona nada de lo que el gobierno no quiere que se investigue o se sancione. La gente incorpora todo eso y dice “yo no voy a arriesgar el pellejo”. Lo que persigue este gobierno es convencernos de que el mejor ciudadano es el que no se mete en nada, el que deja que sean otros los que hagan…

Si hubiera desmovilización no habría casos como el movimiento campesino contra el Canal en varios municipios del país o el movimiento de la población del municipio de Rancho Grande contra la minería. La población de Rancho Grande desafió al gobierno central, al gobierno local y a una empresa transnacional. Yo he puesto ese ejemplo en todas partes. Nos debería elevar la moral la lucha de Rancho Grande, que nos demostró que sí se puede. Como ellos, hay gente que está haciendo cosas que aún están poco articuladas. En Nueva Guinea, germen de las movilizaciones contra el Canal, hubo en el año 2012 un fraude pavoroso. La gente protestó contra el fraude y fueron reprimidas. Y hoy vemos que ahí, en Nueva Guinea, surgió el movimiento contra el Canal. El descontento siempre sale por algún lado.

Yo termino mi tesis y termino esta charla afirmando que la autonomía ha sido negada muchas veces, pero siempre ha regresado. Siempre vuelve. Y vuelve porque no es una concesión de los gobiernos centrales. Es un derecho de los pueblos, es el derecho que tienen los de Diriomo a ser gobernados como diriomeños, los de Juigalpa como juigalpinos, los de Matagalpa como matagalpinos…Es el derecho que tenemos al autogobierno. Hay casi 18 mil municipios en América Latina y en todos ellos hay actualmente luchas por autogobernarse, por ser autónomos, por tomar sus propias decisiones. En Nicaragua tenemos todavía mucha memoria reciente. Y aunque llevamos ya diez años de gobierno central que ha socavado la autonomía y que intenta anularla, creo que no lo ha logrado todavía porque la autonomía, como la cigarra, aunque años bajo la tierra, sigue cantando y cantando. Sí, la autonomía regresará cuando recobremos la democracia.



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