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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 410 | Mayo 2016
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Nicaragua

“No hay que adoptar sólo un árbol, hay que adoptar a Nicaragua para salvarla del desastre”

Ruth Selma Herrera, investigadora en temas de agua y saneamiento, entre 2007 y 2010 Presidenta Ejecutiva de ENACAL (Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados), compartió aspectos esenciales sobre la crisis del agua, preocupación nacional en los últimos meses, en una charla con Envío que transcribimos.

Ruth Selma Herrera

Después de dos años de sequía y en este ardiente verano hemos asistido, en todo el país, a las evidencias de una crisis ambiental nunca antes experimentada, que ha dejado a muchas comunidades sin agua, ha secado ríos y pozos, ha reducido el volumen de nuestros dos lagos, deprimido las reservas subterráneas y nos ha mostrado la urgencia de cambiar de rumbo… Quiero creer que también ha abierto una fisura por la que ha crecido la conciencia ambiental.

En Nicaragua reaccionamos sólo cuando estalla la crisis. Tendemos a esperar a que los problemas alcancen los niveles más graves para despertar. Ante una catástrofe nos impactamos y actuamos, pero antes de que suceda no damos importancia a las señales que nos indicaban que eso podía suceder. Retrasamos las decisiones y la acción hasta que tocamos fondo. Seguramente esto tiene que ver con la forma en que hemos sido educados. Pero que también sean así las autoridades y los responsables de instituciones que trabajan con nuestros impuestos y tienen la misión de prevenir, de actuar oportunamente, es más difícil de entender. Que en los ciudadanos haya un rezago en la comprensión de los problemas puede entenderse, pero ¿en las instituciones, que tienen leyes, reglamentos, metas, un marco de principios…? ¡Qué cosa no tenemos en este país! Hasta un plan de desarrollo humano tenemos y un marco jurídico excelente. Pero cuando se desencadenan los desastres que hemos visto durante estos meses pareciera que no existen ni leyes ni reglamentos ni marcos jurídicos ni instituciones…

En Nicaragua tenemos la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, que de cumplirse hubiera evitado lo que ha ocurrido. Veamos un poco cómo nació y qué importancia tiene. Esa ley la hicimos desde la calle en el tiempo en que Arnoldo Alemán y Daniel Ortega se estaban entendiendo. Uno de los artículos de la Constitución que negociaron los dos en aquel pacto fue la reforma del artículo 105, que define las competencias del Estado en los servicios públicos y establece que no se pueden privatizar sin leyes específicas para cada sector. Reformaron el artículo para privatizarlos y durante el gobierno de Alemán se aprobó una ley específica para privatizar la energía y otra para privatizar las telecomunicaciones.

Cuando desde la Red Nacional de Defensa de los Consumidores nos dimos cuenta que el BID estaba financiando la privatización del agua, decidimos frenar eso y elaboramos un anteproyecto de ley del agua, que presentamos a la Asamblea Nacional en octubre de 2003, durante el gobierno de Bolaños, con más de las 5 mil firmas que exige la ley para dar curso a una iniciativa ciudadana. Después, el gobierno hizo una versión de la ley. Hubo circunstancias en aquel momento que favorecieron el debate de esta ley en la Asamblea. La discusión se prolongó varios años y por fin en el segundo semestre de 2006 se aprobaron unos 50 artículos. Finalmente, la ley se terminó de aprobar en 2007, ya en el gobierno de Daniel Ortega.

Aunque la ley tiene carencias, el resultado fue bastante progresista. Hoy, siento que Daniel Ortega tiene la voluntad de que esa ley se olvide. Entre otras cosas por el artículo 97, que afirma que el lago Cocibolca “deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional”, afirmando también que es responsabilidad del Estado, de los gobiernos municipales, del sector privado, de las ONG y de toda la población “proteger y conservar el destino de sus aguas”. Ese mandato legal, naturalmente, le estorba para el proyecto del Canal Interoceánico.

También ordena la ley que todos los actores, institucionales y sociales, protejan y cuiden las cuencas y subcuencas de nuestro sistema hídrico. Según la dirección hacia donde drenen las aguas de lluvia se determinan las cuencas y las subcuencas en un territorio. La cuenca más extensa que tenemos en Nicaragua es la número 21, conocida como cuenca de los lagos. Inicia en la zona de San Rafael del Norte y baja hacia el lago Xolotlán pasando hacia el Cocibolca hasta el río San Juan. Es la fisonomía de los cerros y el relieve del terreno lo que determina hacia dónde drenan las aguas de lluvia. En Nicaragua hay municipios que comparten algunas cuencas o subcuencas. Por ejemplo, La Concha, Ticuantepe, Nindirí, Managua y El Crucero comparten la subcuenca 3, una de las más importantes para Mangua, como ya veremos...

Desde el punto de vista de los recursos hídricos, la organización de nuestro territorio en cuencas y subcuencas permite saber quiénes deben administrar las aguas en cada una de las zonas. El artículo 35 de la Ley de Aguas establece que se crearán Comités para administrar las cuencas, subcuencas y microcuencas y que esos comités deberán estar integrados por las autoridades y por la ciudadanía, que en conjunto fijarán las prioridades del uso que se dé a esas aguas.

La Ley 620 asume que los ciudadanos se organizan y participan y que los actores económicos se involucran. Sin embargo, nada de eso se ha cumplido. Ésa es una de las causas del desastre actual: nueve años después de aprobada la Ley 620 no se ha querido cumplir con la organización territorial del agua. En el reglamento de la ley se contempla incluso que cada ciudad y cada comunidad debe saber qué fuente de agua le va a proveer de agua en un horizonte de 25 años. Me pregunto quién en Nicaragua tiene idea de cuál es la fuente de agua que le toca proteger para poder tener agua en los próximos 25 años…

Las fuentes que debemos cuidar son a veces aguas subterráneas, a veces aguas superficiales (ríos, lagunas, manantiales, quebradas, ojos de agua…) y en otros casos son pozos. La zona central de Nicaragua carece de agua subterránea, apenas hay ahí pequeñas reservas o burbujas. En esa zona hay que cuidar con énfasis especial las aguas superficiales, los ríos y manantiales, las quebradas, y para aprovecharlas hay que construir embalses, presas, reservorios…

La tala rasa de pinos en la cordillera Dipilto-Jalapa, ordenada por decreto presidencial en enero de este año, ha sido una enorme irresponsabilidad por la intensidad con que esa zona viene perdiendo bosque en los últimos años. Y sabemos que sin bosques no tendremos agua. La consecuencia ha sido que se han secado ríos y quebradas en toda esa zona, poniendo en riesgo a la fauna local y a la población que allí vive.

Es importante saber de qué fuentes de agua vivimos en cada zona del país para saber cómo gestionarlas. En toda la planicie del Pacífico, desde Rivas hasta Chinandega, dependemos del manto freático, de aguas subterráneas. Esas aguas, que extraemos de pozos, tienen cien, doscientos, hasta trescientos años de permanecer ahí almacenadas. Vienen del agua de las lluvias, que ha ido infiltrándose lentamente en la tierra alimentando el volumen de esas reservas o acuíferos.

No sabemos con precisión qué cantidad de agua tenemos aún en las diversas reservas, pero sí sabemos que las estamos extrayendo cada vez en mayor cantidad por la extensión de los cultivos que emplean riego, por el uso industrial y también por el consumo humano para una población creciente. Es una interrogante cuánta agua subterránea nos queda y cuánto nos va a durar. Eso se convierte en una preocupación mayor ahora que sabemos que las aguas superficiales se nos están agotando, que hay pozos que han reducido sensiblemente sus niveles y que hacen falta obras de recarga -sistemas de terrazas reductoras de velocidad, cercas vivas, zanjas, pozos de infiltración, reservorios, lagunas de retención-, que se construyen y se habilitan precisamente para eso, para retener el agua de lluvia.

La Ley 620 establece el deber de recargar los acuíferos, conservando el bosque y haciendo obras que permitan que las aguas de lluvia continúen infiltrándose y alimentando las aguas subterráneas. Pero no lo hacemos. Lo que hoy tenemos es un país cada vez más deforestado, aun cuando todos sabemos que los árboles son los que más contribuyen a que el agua se infiltre en la tierra favoreciendo que los acuíferos se recarguen.

Los grandes ríos de Nicaragua -que también han ido perdiendo su caudal- drenan hacia el mar Caribe. En esa región los terrenos se saturan rápidamente durante las lluvias, pero no almacenan aguas subterráneas que se puedan usar en la temporada seca y aun cuando se excavan pozos no se obtiene de ellos mucha agua.

Examinemos algo del caso de Managua, donde se concentra la mayor cantidad de población que necesita agua. Aunque existen estudios hidrológicos de mayor antigüedad, con el estudio realizado en 1993 por la agencia de cooperación de Japón, JICA, sobre el acuífero de la capital se determinó que la reserva estratégica de agua para Managua está en la subcuenca 3. Ahí se conserva el mayor volumen de agua y de mejor calidad, con las características físicas y químicas más adecuadas para el consumo humano. También son ésas las aguas menos vulnerables a la intrusión de las aguas del lago Xolotlán, que pudieran contaminarlas. Por tanto, la vocación de esa zona es forestal. Debe ser área de bosque, para que los árboles ayuden a conservar ese cuerpo subterráneo de agua. Estudios complementarios sobre la vulnerabilidad de esas aguas también se hicieron con la participación de la agencia de cooperación sueca, ASDI, y con la Universidad de Estocolmo.

De todos estos estudios surgieron recomendaciones para definir dónde construir los campos de pozos que hoy tenemos para suministrar agua a la capital. La mayor parte de los pozos fueron construidos directamente por la cooperación japonesa, los de Ticuantepe desde 1995 y los de Sabana Grande en 2001. Los más antiguos son los del campo de pozos de Las Mercedes, detrás del aeropuerto, que son de los años 70 y que fueron ampliados en los años 80. Varios de los 60 pozos originales ya han sido cerrados porque los pozos no duran para siempre. Se han construido otros que los reemplazan.

No hemos atendido todo lo que nos recomendaron los japoneses hace más de veinte años para conservar adecuadamente el agua de la subcuenca 3. Justamente a esa zona se fueron a instalar la mayoría de las nuevas urbanizaciones de Managua. Talaron los árboles, pavimentaron grandes extensiones, construyeron miles de casas y en algunos casos hasta desviaron cauces. Muchos de esos proyectos dotaron a esos nuevos repartos de plantas de tratamiento de aguas servidas que no son las más adecuadas por sus características técnicas, por el tipo de suelos de roca fracturada, dado su origen volcánico, generando así riesgos de contaminación para las reservas subterráneas. Por si eso fuera poco, hay plantas de tratamiento que no reciben el mantenimiento que establecen las normas y drenan aguas servidas a calles, cauces y otros espacios públicos.

A partir de los resultados de investigaciones que realizamos desde ENACAL, en 2008 comenzamos a denunciar esa situación pero no se logró detener las malas prácticas de los urbanizadores. Las autoridades, empresarios y otros actores clave de los municipios afectados no se hicieron eco de esta delicada problemática, con excepción del entonces alcalde de Managua, Dionisio Marenco, y los alcaldes de la subcuenca 3, con quienes se suscribió un decreto para regular las construcciones en esta área. Sin embargo, en muy pocos días los urbanizadores y el COSEP presentaron recursos de amparo contra el decreto de veda para proteger los campos de pozos y la zona de recarga del acuífero y los magistrados desestimaron la alerta de riesgos y resolvieron a favor de los denunciados. A ocho años de aquel debate el problema se ha agudizado. Hay actualmente más urbanizadoras instaladas en la subcuenca 3, hay centros comerciales, empresas diversas y más asentamientos. Y continúa el despale y también el riesgo de contaminación por el estado de las plantas de tratamiento, sin que ninguna autoridad, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad del Agua, las Alcaldías, ENACAL e INAA hagan algo…

Para conocer la disponibilidad de agua para consumo humano, se supone que un gobierno responsable debe hacer un balance de los recursos hídricos del país al menos cada cinco años, máxime si se están extrayendo en Managua para suministro a la población casi 113 millones de metros cúbicos al año, cifra que se podría duplicar con la extracción que realizan centenares de pozos privados que no se están midiendo porque no pagan el agua. La paga un reducido número de industrias embotelladoras, aunque lo que pagan es “una limosna” de 0.05 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua. De ese subsuelo de la subcuenca 3 se bombea el agua que abastece al 60% de la población de la capital, que verá seriamente disminuido su abastecimiento si continúa la sobreexplotación de las aguas subterráneas de Managua.

Partiendo de un balance hídrico sólo podríamos extraer del acuífero lo que somos capaces de infiltrarle y quién sabe hoy cuánto le estamos infiltrando… Si a eso le sumamos la severa deforestación, la impermeabilización del suelo por las construcciones, la reducción de las precipitaciones después de tres años de sequía, y si además no hacemos las obras necesarias para realizar una recarga efectiva del acuífero, el futuro no es nada alentador. En esta precaria situación, aun teniendo buenos inviernos con buenas lluvias las escorrentías se irían rápido y no se lograría infiltrar agua. Y seguramente tendríamos serias inundaciones en la subcuenca. Si la subcuenca 3 continúa abandonada, la mayoría de la población capitalina tendrá menos agua, a pesar de que sabemos que de esa agua vivimos, que esa agua nos calma la sed. Pero todos estamos de espaldas a la administración del agua. El estudio del JICA advertía que ya en 2015 Managua debía estar preparando otras fuentes de agua y señalaba al Cocibolca como la fuente primordial. Managua es ejemplo de una ciudad sin planificación urbanística, donde los servicios públicos, energía, vivienda, transporte, recolección de la basura, no responden a los principios de procurar bienestar y seguridad a la población.

Traslademos nuestra reflexión a otros territorios y veremos cómo se está usando y consumiendo el agua disponible en el país. Existe alarma en la población porque en los últimos meses hay evidencias de que el agua se nos está acabando, tal como lo venimos advirtiendo desde hace años. En ese sentido, resulta impactante la gran resistencia del gobierno a reconocer y enfrentar el problema. Me sorprende que este gobierno en particular se muestre tan insensible ante un tema tan vital y que las instituciones competentes asuman una posición indolente frente a lo que está pasando con la crisis del agua y la destrucción de los bosques, protegiendo a sus aliados del sector empresarial y abandonando a la población.

Hay quienes creen que los mayores consumidores de agua somos los ciudadanos, las familias. No es así. Los hogares consumen cerca del 6% del agua que se extrae de los pozos. En el consumo domiciliar el problema mayor es el alto porcentaje de fugas. Más del 50% del agua que se extrae y se mete a la tubería se pierde en el proceso de distribución, a causa de roturas, de redes obsoletas o por la falta de pago de los usuarios. La inversión en mantenimiento también es insuficiente. Esas pérdidas se lograron reducir entre 2007 y 2009, pero ya se incrementaron nuevamente. Y es que se requiere una inversión continúa para resolver estos problemas.

El agua que llega a los usuarios es muy costosa, implica extracción, bombeo con energía y cloración. El servicio domiciliar está actualmente a niveles de sobrevivencia. Para que mejore el gobierno debe convertirlo en una prioridad y tiene que invertir mucho más. No lo hace y hasta ahora los proyectos dependen de aportes de la cooperación internacional y de préstamos bilaterales.

Los mayores volúmenes de agua subterránea que se extraen, al menos el 70%, son utilizados para los productos de agroexportación que emplean riego, que en la mayoría de los casos usan sistemas de riego por gravedad, inundación y aspersión, que son métodos derrochadores de agua. A esta falta de tecnificación para optimizar el uso del agua contribuye el hecho de que no pagan el agua y tampoco invierten en reforestación y obras de infiltración, lo que ejerce una enorme presión sobre las reservas subterráneas y pone en riesgo su disponibilidad.

Cuando se aprobó la Ley de Aguas en 2007, el artículo 14 establecía “el cobro de cánones por el uso y aprovechamiento” del agua “con el fin de dar al usuario y a la sociedad indicaciones claras sobre el valor real del agua”. En un año debía elaborarse una ley de cánones para que cada productor, según las características de su rubro de producción, pagara por el agua que consume. Eso, decía la ley, contribuiría a “la racionalización del uso y reuso del agua” y de esos fondos se obtendrían recursos “para el financiamiento de la planificación hídrica”, para inversiones ambientales, investigaciones y obras sociales con sectores de bajo acceso al agua. Nada de eso se ha hecho...

A la Autoridad Nacional del Agua (ANA), una institución creada para hacer cumplir la Ley 620, le corresponde hacer la ley de cánones y al Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA) hacer otra ley, que regule el manejo de las aguas residuales de la producción, ya que después de usadas no deben mezclarse con las fuentes de agua para el consumo humano porque llevan químicos y sedimentos que las contaminan.

Estamos en 2016 y ni la Autoridad del Agua ni el MARENA han hecho esas leyes. No quieren tocarle la bolsa a los grandes productores, que son los grandes consumidores de agua, un agua que les sale gratis. Ésa parece ser otra razón por la que el gobierno quiere ignorar y ocultar la Ley 620, porque esa ley establece que debe cobrarse el agua a los productores. Y también a los industriales, ya que además del agua destinada a la actividad agrícola, el otro gran bloque de usuarios del agua está en la industria que produce agua embotellada, cervezas, jugos, licores, gaseosas, leche… Hay muchas industrias que también usan agua como materia prima o insumo esencial en su proceso productivo. Se estima que del agua que se aprovecha en diferentes actividades un 70% lo usa la agricultura, un 15% la industria, un 9% los servicios y el turismo y sólo el 6% es para consumo humano. Eso ya nos indica dónde está el dinero que hace falta para realizar las obras ambientales necesarias para conservar las fuentes de agua.

Recién llegada a ENACAL quisimos saber cuántos pozos privados había al menos en Managua. Logramos inventariar unos 200. Le planteamos al gobierno y a los dueños la necesidad de instalar medidores para, al menos, saber cuánta agua extraían del subsuelo y así, cuando tuviéramos la ley de cánones, supieran lo que iban a pagar. También queríamos hacer conciencia entre ellos acerca del consumo real y animarles a invertir en tecnología ahorradora de agua, ya que así como hay equipos que ahorran energía eléctrica, los hay que ahorran agua. En aquel tiempo se leyeron algunos medidores esperando que saliera la ley de cánones. Algunas empresas nos lo permitieron y unas pocas hasta aceptaron pagar una tarifa, aunque aún no hubiera la ley. Pero, como era de esperar, la mayoría de las empresas y el COSEP recurrieron de amparo contra el cobro… y nunca se hizo la ley de cánones. Hace unos cuatro años la Corte Suprema de Justicia aprobó por fin que se le cobrara a un grupo muy reducido de embotelladoras eso, una tarifa de 0.05 centavos de dólar por metro cúbico de agua, que es la tercera parte de lo que pagan en los asentamientos por esa unidad de agua. Si, pagan una limosna por el agua, materia prima esencial para sus rentables negocios.

Hoteles y restaurantes grandes tienen sus propios pozos y no pagan el agua que consumen. Otras empresas riegan en Nicaragua amplios campos de golf y tampoco la pagan. Toda esa agua se extrae del subsuelo. De ahí la importancia de hacer y de actualizar el balance hídrico en cada municipio para saber cuánta agua se extrae, cuánta se infiltra y cuánta nos queda. Si no lo hacemos, la estaremos agotando. Eso ya está pasando en Chinandega, León, Rivas, Granada, en algunos sectores de Managua y Estelí, donde los pozos no están dando agua suficiente para abastecer a la población en muchas comunidades. Otras zonas, como Boaco y Camoapa no tienen ni agua superficial ni subterránea y no se sabe qué solución les dará el gobierno. Ni MARENA ni la Autoridad del Agua parecen estar al tanto de esto. Y si lo están monitoreando, ¿por qué no informan lo que van a hacer?

Contradictoriamente, lo que vemos es que en los últimos años han autorizado nuevos pozos privados o revalidado concesiones para pozos. También vemos reclamos. Como el de una comunidad de Diriamba que denunció que el río del que se abastecían “se lo dieron” para su uso a un productor de caña de azúcar y ahora la gente no tiene agua. Vemos también las dramáticas e irritantes imágenes de enormes tuberías de los productores de arroz que succionaron el agua del río Malacatoya, secándolo completamente, con un sistema primitivo de riego que derrocha enormes cantidades de agua, dejando a las comunidades sin agua ni para beber.

Mientras los productores no paguen el agua que usan, mientras no entiendan que tienen que incluir en sus costos una tarifa por los millones de metros cúbicos de agua que gastan, nada podrá cambiar. Sorprenden las expresiones de Michael Healy, presidente de UPANIC (Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua), en declaraciones sobre la producción de los arroceros y el estado del extinto río Malacatoya, cuando afirma que el agua que está en la finca es de ellos y si ellos la pueden bombear de cualquier fuente pueden usarla sin ninguna restricción.

¿Sabrá este señor que el agua es un bien público? ¿Habrá leído la Ley de Aguas, donde se establece que la prioridad debe ser siempre el consumo humano? ¿Cómo es posible que alguien que dirige un gremio piense así? La ley es clara: si alguien tiene concesionada alguna fuente para riego agrícola o para la industria y ahí hay una comunidad que tiene sed, hay que revisar la concesión, y sí no hay más opciones tendrá que suspenderse el riego agrícola y priorizar el consumo humano.

Las dimensiones del agua que se destina a riego en Nicaragua deben ser analizadas con mayor detenimiento, pero veamos algunos datos sobre las empresas que usan riego. A partir del Censo Agropecuario de 2011, último disponible, y cruzando esos datos con algunas cifras de la FAO, sabemos que en el país hay 262,546 empresas agropecuarias de distinto tamaño, desde media manzana hasta las que poseen más de 500. De esas empresas, 12 mil usan riego en unas 142 mil manzanas. Entre esas 12 mil que riegan, hay cerca de 2,300 empresas que concentran las mayores áreas bajo riego. Son las que dominan el riego agrícola en el país. Van de 50 a más de 500 manzanas por empresa o productor.

Las fincas grandes con riego están en Chinandega, León, Matagalpa, Managua, Granada y Rivas. Y los rubros donde más usan riego son arroz, caña de azúcar, maní, ajonjolí, banano y pastos de riego. En Managua hay 14 mil manzanas de cultivos bajo riego. En Chinandega, donde están los grandes cañaverales de los ingenios, hay casi 44 mil manzanas. En Granada son 16,300. En Rivas casi 13 mil manzanas, dedicadas principalmente a arroz y pastizales.

¿Cuánta agua consumen? Una enorme cantidad. Al analizar qué tipo de riego emplean esas 12 mil empresas encontramos que casi 5 mil usan riego por gravedad o por inundación, sistemas derrochadores de agua. Por aspersión, que tampoco es un riego que economice agua, hay 1,800 empresas en ese rango de las más grandes. El riego por goteo, que hace un uso racional del agua, sólo lo emplean 1,500 empresas. Hay 2,700 empresas que usan regaderas o mangueras. Cinco años después de este censo de 2011, y sabiendo cuánto ha crecido el negocio de la caña, del maní, del arroz y el de la ganadería, el consumo de agua debe haberse incrementado sustancialmente.

Es significativo el número de empresas más grandes que riegan por gravedad. Son 1,059. Y uno pensaría que, siendo las de mayor extensión, tendrán más ganancias y, por tanto, mayores recursos para invertir en tecnologías más racionales. Pero no es así, ahí predomina el riego por gravedad. Sólo 275 de esas 2,300 empresas usan riego por goteo, 610 por aspersión y 276 emplean riego manual.

Cuando vemos los datos por distribución geográfica aparece en primer lugar Matagalpa, donde 2,010 empresas usan riego, lo que nos indica que están consumiendo aceleradamente el agua del Valle de Sébaco, que tampoco está muy poblado de árboles y donde casi no se han hecho obras para recargar ese manto acuífero. A Matagalpa le sigue Estelí, con unas 1,700 empresas de riego, lo que explicaría la falta de agua que están sufriendo sus pobladores, posiblemente por el cultivo intensivo de tabaco. A Estelí le sigue Jinotega, donde se producen muchas hortalizas. Después Rivas, Nueva Segovia y León. El departamento con menos empresas que usan riego es Chontales.

Ya no podemos continuar con este derroche de agua sin hacer lo que corresponde para recuperar las aguas subterráneas de Nicaragua. Es inadmisible que no tengamos regulación para el uso de las aguas nacionales y menos aún que sigamos sin aprobar la Ley de Cánones para que todos los productores paguen el agua y la usen responsablemente.

En este proceso de investigar sobre el uso de las aguas encontré el apoyo del ingeniero Arcadio Choza, un gran especialista en nuestros recursos hídricos, un hombre lleno de sabiduría, que en medio de su quebrantada salud sacó energías para explicarme muchos temas relevantes. Él me facilitó un estudio que se realizó hace poco más de diez años para fundamentar la formulación de una ley de cánones. Lo elaboró el ingeniero Raúl López y es una propuesta para el cálculo de cánones en el aprovechamiento de los recursos hídricos. Ese documento, concluido en 2005, lo posee desde entonces MARENA, que al igual que la Autoridad del Agua, deberían utilizarlo para hacer las tareas urgentes que tienen aún pendientes.

El estudio hace cálculos sobre la cantidad de agua que se usa para producir caña de azúcar, arroz y otros rubros agrícolas. Muestra información sobre las áreas destinadas al arroz de riego en Nicaragua, los rendimientos por manzana, la cantidad de agua usada, y compara, por ejemplo, la producción de arroz de riego con la de arroz de secano, mostrando el gasto de agua en el de riego y el ahorro de agua en el de secano. No se trata de que la gente deje de comer arroz, como ripostó Michael Healy frente a la pregunta de un periodista sobre el derroche de agua de los arroceros. Se trata de que el país adopte políticas que nos ayuden a producir con los métodos más racionales y efectivos en el uso del agua.

En este estudio se muestran datos interesantes sobre la obtención de mayores rendimientos en el cultivo del arroz de riego en Costa Rica. Nicaragua tiene una productividad 40% menor que nuestros vecinos. Habrá que conocer las cifras actuales y ver qué tenemos que corregir como productores para que el país no siga derrochando su agua. El arroz es uno de los cultivos que consume más agua. Se calcula que para producir una libra de arroz en Nicaragua se usan 3 mil litros de agua. Es importante saber cuál es esa relación en otros cultivos.

Todos los nicaragüenses debemos saber que el agua tiene su economía. Debe planificarse, administrarse, regularse, utilizarse, priorizarse aquí o allá, para esto o para aquello… Si hay países que producen arroz con más eficiencia que nosotros, ¿convendría o no, por la economía del agua, importar el arroz en vez de producirlo localmente con tanto derroche de agua? Hacer esas consideraciones es necesario y es urgente. ¿Debemos los nicaragüenses seguir pagando el azúcar por encima de lo que se paga el quintal en los mercados internacionales, cargando con un oneroso subsidio de décadas que han impuesto todos los gobiernos para favorecer al sector azucarero, un sector que ni siquiera paga el agua que usa en sus plantaciones? En muchas zonas del Pacifico estos productores tienen pozos que ya compiten con las aguas subterráneas de los pozos que se destinan al consumo humano. Hacer estas reflexiones significa promover un debate que concluya en políticas productivas coordinadas con políticas de los recursos hídricos.

Volvamos al estudio del ingeniero Raúl López… Contiene valoraciones muy específicas sobre los niveles de eficiencia que muestran los diversos métodos de riego. El estudio nos demuestra la necesidad de usar información científica y la importancia de las series estadísticas en los resultados productivos de cada cultivo. Lo que sucede es que muchos de nuestros productores parecen todavía aferrados a seguir en las cavernas. Tenemos muchos productores inundando sus cultivos con aguas de ríos o subterráneas, productores que se declaran en la modernidad… ¡por sólo hacer nivelación en sus terrenos!

Y mientras nosotros, con una economía basada en el agro, tenemos un consumo tan alto de agua en la agricultura, en Estados Unidos el agua que se usa para la agricultura anda por el 49% y en Europa por el 38%. Sí, sabemos que en el reparto del mundo a nuestros países nos han dado el rol de proveedores de materias primas, pero a ese “destino” nosotros sumamos la ineficiencia con la que producimos.

La crisis ambiental de este año debe llevarnos a revisar nuestro modelo de producción y desarrollo, un patrón que destruye el bosque para destinarlo a pastos para la ganadería. Debemos de abandonar la ganadería extensiva que ha ido extendiendo la frontera agrícola. Debemos revisar los cultivos de exportación que emplean los métodos extensivos y no los intensivos. Debemos detener la agricultura que está colonizando tierras que tienen vocación forestal, tierras que únicamente deben ser destinadas a bosques. Y debemos convertir los bosques en factores de sostenibilidad y estabilidad ambiental.

Para comenzar por hacer un cambio de actitud y tomar decisiones adecuadas quisiera ver al Ejército de Nicaragua haciendo las obras que se requieren para recargar los acuíferos de todo el país. Quisiéramos tener la buena noticia de que el gremio de empresarios de CADUR (Cámara Nicaragüense de Urbanizadores) y otros están plantando y cuidando árboles en la subcuenca 3 que desforestaron para hacer sus negocios con residenciales. Quisiéramos saber que rectifican los fallos en las plantas de tratamiento. Y también quisiéramos saber que muchas familias siembran árboles en los patios de sus casas y se animan a hacer pequeñas obras para infiltrar agua de lluvia al subsuelo. En Nicaragua tenemos “agua” hasta en el nombre de nuestro país, pero si queremos salvar el agua que aún tenemos y conservar ese nombre, debemos despertar y empezar a actuar con celeridad.

Las autoridades municipales también deben actuar. Veamos toda la zona de Masaya y lo que conocemos como la Meseta de los Pueblos. Ahí no hay agua superficial, sólo unas poquitas quebradas y ciertos ríos que sólo llevan agua en los meses de invierno. Ahí las aguas subterráneas están a más de 1,200 pies de profundidad y es muy costoso extraer el agua de pozos tan profundos. Hay que educar a la población para que entienda el problema y se tomen decisiones que eviten llegar a situaciones absurdas. Ahí en Catarina y otros municipios cercanos, mucha gente vive de vender plantas ornamentales y otras plantas que cultivan en sus viveros familiares. Esas plantas son regadas con agua potable y todo el ganado que se cría en esa zona bebe agua potable, un agua carísima por su extracción y tratamiento. Eso es irracional, es absurdo.

Las alcaldías de esos municipios deberían construir reservorios de agua de lluvia que se llenen en el invierno y construir una tubería paralela a la del agua potable que llegue hasta las comunidades que viven de vender plantas. No se trata de desaparecer los viveros, sino de hacer realidad métodos de aprovechamiento del agua de lluvia. Para eso hemos impulsado algunas iniciativas, pero hoy, con este gobierno, las alcaldías están paralizadas por las “orientaciones” que les llegan desde el nivel central y han perdido totalmente su autonomía.

Me preocupa que haya muchas personas que piensen que si este año llueve bien, ya se acabó el problema. No se acabó. Entre que llueve y el agua llega a la fuente de un pozo pueden pasar uno, dos, tres, años, según el nivel de profundidad que tengan las aguas subterráneas. Para que se recuperen las aguas del subsuelo pueden pasar diez, quince, veinte años. Hoy estamos consumiendo aguas que se almacenaron hace cien, doscientos o trescientos años. Además, cuando se extrae mucha agua de una fuente surge otro problema: la calidad del agua empieza a variar. A mayor profundidad los suelos tienen otras características, los minerales pueden tener otras concentraciones, la calidad del agua cambia y puede causar daños a la salud.

En el contexto de debate sobre esta crisis ambiental han surgido iniciativas de muchos jóvenes entusiastas que quieren “hacer algo”. Preocupa que haya gente que quiera modular esos movimientos espontáneos para que sus propuestas sean cada vez más afines a las del gobierno, para irlas acercando a campañas oficiales como la de “adopta un árbol por amor a Nicaragua”, con la que el gobierno pretende responder a una crisis que es estructural y que debe ser motivo de serias rectificaciones en la gestión pública.

No basta con sembrar un árbol. Los esfuerzos de reforestación deben tener objetivos muy precisos, deben planificarse y contar con los recursos y con la atención adecuada. No es igual reforestar en el ámbito urbano que en el rural, los árboles deben seleccionarse respetando ciertos criterios, no se puede reforestar con cualquier planta, de cualquier manera y en cualquier momento. En nuestro país hay que detener la siembra especies, como el nim y el eucalipto, que extraen mucha agua del suelo o reducen las especies nativas. Las plantas que sembremos requieren planes de atención sostenida para asegurar su crecimiento. Ciertamente, entre más movimientos ambientales surjan es mejor porque serán más plurales, pero no hay que ser ingenuos y dejar de considerar que existen intereses en modular la crítica y regularla.

Una de las primeras acciones para conservar el agua que aún nos queda es detener la deforestación. A pesar de la orden verbal que dio el Presidente para detener la tala en la cordillera Dipilto-Jalapa, siguieron saliendo camiones con madera de las reservas de Bosawas y de Indio Maíz. Hasta que no tengamos plena conciencia del riesgo de vivir en un país que acaba con sus bosques y con sus aguas no tendremos respuestas eficientes.

Además, somos una sociedad que no ha sido educada para conservar los recursos naturales. Aprovechando los tiempos de sequía hay gente sacando arena y piedra bolón de los lechos secos de los ríos para ir a venderla y eso causa graves daños al lecho del río. Es un ejemplo de lo autodestructivos que a veces somos. Tenemos una sociedad inconsciente, que tira la basura en cualquier lado y que sigue usando leña para cocinar...

La leña es un factor importante de destrucción del bosque y además, acaba con los pulmones de las mujeres, que son las que cocinan. La leña es un combustible caro para la economía familiar urbana y también para el país, pero todos los días vemos entrar carretas cargadas de leña para vender en las ciudades. En vez de “sembrar” decenas de árboles de lata, tan costosos, este gobierno debería vender a la gente una cocina de gas a un precio económico y rebajar el precio del gas licuado hasta que se elimine el cocinado con leña.

Estamos llegando tarde a buscar soluciones y tenemos poco tiempo, especialmente por toda la capa forestal que hemos perdido, por todos los árboles que se siguen cortando y los bosques que seguimos destruyendo. Cinco años más con este intenso ritmo de deforestación y sin recargar las reservas subterráneas de agua nos acercan a un escenario dramático.

Veamos ahora de quién depende la gobernanza del agua, cuáles son las instituciones con la mayor responsabilidad de actuar. Está INAA (Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados), un ente rector que la gente confunde con ENACAL. Hace años, cuando en Nicaragua hubo una revolución, INAA concentraba todas las tareas: regulaba, fijaba las tarifas y administraba los sistemas de agua. Después, cuando vino la ola privatizadora de 1997, se fueron decantando las funciones y crearon ENACAL para que administrara los sistemas de agua urbanos y rurales. A INAA le asignaron formular las políticas y aprobar las tarifas. Lo que sucede es que la institución con más presencia en lo cotidiano es ENACAL porque presta el servicio.

INAA a veces es como si no existiera, es pasiva frente a los reclamos de los usuarios y es muy tolerante con las urbanizadoras que construyen o administran sistemas de agua potable y de tratamiento de aguas servidas que operan sin apego a las normas. El INAA prorroga cada año los permisos y las urbanizadoras siguen manejando los sistemas de agua, lo que constituye una forma de privatizar el agua. Hoy existen unas 30 urbanizadoras que manejan sistemas de agua y saneamiento, fijan tarifas altas y cobran el agua. Usualmente, no atienden las críticas y reclamos que les hacen los usuarios, incluso sobre la calidad del agua que les venden, ignorando la ley que regula los servicios de agua potable y saneamiento.

La otra institución es ENACAL, que administra unos 126 sistemas de agua en los 154 municipios del país operando cerca de 900 pozos y unas 15 fuentes superficiales de agua. Por la deforestación y sequía, la mayor crisis en las fuentes superficiales la viven en Boaco, Camoapa, Ocotal y Puerto Cabezas. También hay 27 municipios que administran su agua con más limitaciones aún que las que tiene que enfrentar ENACAL. Son, entre otros, Matiguás, Río Blanco, La Dalia, Rancho Grande, Santa María, Teotecacinte, San Nicolás, La Sabana, Pantasma, Siuna, Bonanza, Rosita…

Además hay en todo el país unos 5,800 CAPS (Comités de Agua Potable y Saneamiento), con comunidades que administran directamente el agua. Una minoría hace una gestión democrática. La mayoría mantiene formas centralistas y trabaja con grandes carencias. Usan distintos tipos de fuentes de agua, principalmente las superficiales (quebradas, ríos, manantiales) y también emplean unos cuantos pozos perforados. La deforestación ha ido secando rápidamente sus fuentes, como reconoció en este abril Arístides Álvarez, tesorero de la Red de CAPS a nivel nacional, que afirmó que el 90% de las fuentes estaban secas o casi secas. Hay comunidades donde los CAPS suministraban agua todos los días y ahora la están dando sólo una o dos veces por semana. La pérdida de fuentes de agua en el campo va a intensificar la migración de las zonas rurales hacia las ciudades, agudizando la problemática del agua en la ciudad.

INAA tiene la tarea de acompañar el funcionamiento de los CAPS, pero no les está dando asistencia técnica. Más bien los presiona para que cumplan con los requisitos legales necesarios para que tengan y mantengan su personería jurídica. Los CAPS son regulados por una ley especial, La Ley 720, aprobada en 2010, bajo la “tutela” de INAA. Pero la mayoría de los CAPS están huérfanos, esperando que una ONG les vuelva a financiar el sistema de agua o les ayude a mejorar el que ya tienen. El gobierno ha dejado abandonadas a las comunidades rurales en una responsabilidad que es también estatal.

Con la Ley 720 se crearon en los municipios las Unidades de Agua y Saneamiento. Funcionan en teoría, porque las alcaldías alegan carecer de fondos para tener personal y recursos para atender los requerimientos de las comunidades. Ni siquiera se monitorea si los CAPS cloran el agua.

Más del 70% de los CAPS proveen agua sin clorar, presumiblemente con coliformes fecales. Menos esfuerzo se hace aún para conocer si tienen otro tipo de contaminantes en el agua. En esta situación, los CAPS hacen lo que pueden. Un porcentaje reducido, que ha tenido acompañamiento continuo y recursos de ONG, tiene mejores resultados, pero son una minoría.

Hay otras instituciones vinculadas al agua con tareas más macro. Está el MARENA (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales), que tiene la responsabilidad de conservar los recursos naturales del país: el agua, los bosques, los suelos, la fauna, la flora, y regular su uso. Con respecto al agua no está haciendo absolutamente nada. También está la Autoridad Nacional del Agua, que comparte algunas facultades con el MARENA y que tampoco está haciendo mucho. La Autoridad, creada por la Ley 620, debe realizar un registro nacional de las fuentes de agua del país: ríos, quebradas, lagos, manantiales, pozos… Tiene que trabajar para asegurar la protección de los recursos hídricos. Pero aún no ha realizado siquiera el inventario de esos recursos, menos aún ha identificado las fuentes que se están agotando o están en riesgo de desaparecer.

En medio de la actual crisis ambiental el titular de la Autoridad del Agua brindó declaraciones que evidencian un escaso conocimiento de la Ley de Aguas y admitió que aún no ha tenido tiempo para hacer el inventario de los recursos hídricos y el plan para su gestión, a pesar de que lleva siete años en el cargo… ese inventario y el plan de gestión de los recursos hídricos… ¿Tendrá idea este hombre del tamaño de la responsabilidad que tiene en sus manos?

A la Autoridad del Agua le corresponde regular qué agua debe usarse para la producción y cuál para el consumo humano y para otros usos. Debe establecer prioridades y reorganizar los sistemas de agua del país. Pero es una institución que casi no funciona. Ahora, el gobierno tiene entre manos una reforma a la Ley de ENACAL, para darle algunas de las competencias que tenía la Autoridad del Agua, como la de autorizar los pozos que se construyan en el país y la de normar cómo hacerlos y cómo se van a utilizar… Es una tarea muy relevante, porque los pozos públicos y privados son el 90% de las fuentes de agua con que se abastece el país, sea para consumo humano como para riego. ¿Significará la reforma que se seguirán extrayendo aguas subterráneas sin ocuparse de la urgente recarga de acuíferos que necesita el subsuelo?

Me preocupa que esa reforma sea la antesala de la privatización del agua, ya que si ENACAL no está recibiendo ni los recursos ni los subsidios que define la ley de agua potable de 1998, si es una institución que no logra dar mantenimiento a los sistemas que administra, si las pérdidas por fuga de esos sistemas siguen elevándose, estimo hasta en un 58%, ¿cómo y para qué le va a entregar el gobierno a ENACAL la competencia sobre todos los pozos del país? ¿Qué quiere el gobierno con esa reforma? ¿Centralizar las decisiones de dónde abrir o cerrar pozos? ¿Quieren privatizarlos todos? Porque con esa reforma puede alguien venir y decir: Ciudad Sandino no tiene agua, dénme la concesión para construir los pozos y después déjenme vender el agua…

Ése es el panorama, ésas son las instituciones que hay. No se coordinan, tienen prohibido pensar y tienen temor de decidir, incluso en lo que son sus competencias. Ante todo esto uno se pregunta dónde está la gobernanza del agua. Y pareciera que no existe, que no tenemos gobierno. ¿Quiénes están planificando este país? ¿Quiénes están velando porque no estemos enfrentados cada año a un nuevo desastre? Me da terror pensar que casi nadie lo está haciendo. ¿Qué tanto comprende la clase política y el sector empresarial el tema del agua con una visión integral?

Sentimos una ausencia de gobierno, un gobierno concentrado en sus propios negocios. Sin olvidar la crueldad de la dictadura somocista, los crímenes, la represión y la persecución política, había en aquellos años gente en el gabinete que al parecer tenía más visión. No es casual que en aquellos años se construyeran las dos hidroeléctricas grandes que hoy tenemos, Santa Bárbara y Santa María de Pantasma, que le siguen salvando la cara a la matriz energética con los casi 100 megavatios que producen. Nicaragua ha tenido muchos especialistas en agua. Fuimos una potencia en ingenieros hidrológicos. Ahora, desafortunadamente, ya nos quedan muy pocos porque la mayoría ha fallecido, otros están muy mayores y falta saber cuántos profesionales se están formando en esta especialidad.

No habrá gobernanza del agua sin la participación de todos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es defender el lago Cocibolca. Y defenderlo no sólo del Canal, sino de la contaminación que le están provocando los agricultores con los pesticidas, de las tomas con drenaje que hacen algunos arroceros y ganaderos, de todos los sedimentos y aguas servidas que le caen de las ciudades vecinas…

En el estudio de 1993 que hicieron los japoneses está escrito de manera clarísima: en Managua dependemos de la subcuenca 3 y después quedará el Cocibolca para dar de beber a Managua y también a Rivas, a Masaya, a Granada, a Carazo… También dependerá de las aguas del Gran Lago la seguridad alimentaria de nuestro país. Si no se atiende la emergencia ambiental en la que estamos también podríamos perder el Cocibolca.

A finales de 2015, por efectos de la deforestación, desapareció en Bolivia el lago Poopó, de más de 2 mil kilómetros cuadrados de superficie, el más grande después del Titicaca, que también está hoy en peligro. Recordemos cómo se redujo hasta casi desaparecer el mar de Aral, uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, con una superficie de 68 mil kilómetros cuadrados.

Esos desastres se vieron venir, pudieron preverse. Ya hay experiencias en la historia reciente que nos dicen todo lo que no debemos hacer. Tenemos que defender al Cocibolca, Y para hacerlo hay que alzar la bandera de la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, un texto revolucionario, una bandera que cualquier comunidad puede levantar para exigirle a las autoridades que cumplan su tarea.

Aun con estos tres años seguidos de sequía, si no tuviésemos tan deforestado el país ni tan sobreexplotadas las fuentes de agua, no hubiéramos tocado el fondo que hemos tocado este año. Sí, la situación es de emergencia. Es necesario actualizar el balance hídrico, al menos en los lugares en donde hay más crisis. Ojalá que todos le exigiéramos al gobierno hacer ese balance. Ojalá se lo exigiera la cooperación, que le sigue entregando al gobierno recursos para invertir en agua.

En algunos lugares la situación es especialmente crítica. En Boaco pasaron 70 años esperando que se les hiciera el sistema de agua potable. Era una demanda histórica que nadie había podido resolver. Les hicimos el sistema y ahora se les secó el río Fonseca… y los terrenos de Boaco están deforestados. La población de Camoapa depende de una pequeña laguna que se llama Rocas Morenas, que ya se está secando y también tienen allí los terrenos deforestados…

¿Alguien dará cuenta de cuánta gente empezará a morir de sed en Nicaragua? Las muertes por hambre y sed de decenas de monos congos en la zona de Rivas son apenas un campanazo de alerta, son preludio de los seres humanos que morirán por falta de agua o por tomar agua contaminada porque no tienen otra…

Estamos en una emergencia de grandes dimensiones que no se va a resolver ni con un buen invierno este año ni con la campañita de “adoptar un árbol”. Tenemos que exigirles a las autoridades seriedad para que respondan a esta emergencia. Es nuestro derecho. Y es el deber de las autoridades.No hay que adoptar sólo un árbol, hay que adoptar este país para salvarlo del desastre. Tenemos que adoptar sus ríos, sus quebradas, sus lagos, sus bosques, el agua de su subsuelo… Tenemos que adoptarnos a nosotros mismos asumiendo el compromiso de adoptar a Nicaragua.

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