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  Número 410 | Mayo 2016
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Nicaragua

Noticias del mes

Lorena Argueta

FUNCIONARIOS EN PARLAMENTO

En el mes de abril, dos altos funcionarios del gobierno acudieron a la Asamblea Nacional a rendir el informe de su gestión en 2015. El presidente de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro, informó de sanciones por manejo irregular en 17 alcaldías, aunque no dio detalles de los casos ni de los funcionarios implicados. Informó también de 1,500 auditorías en las que la CGR encontró daños al Estado por 124 millones de córdobas (unos $50 millones). Tampoco señaló ni casos ni funcionarios. En su informe al Parlamento, la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, lamentó que la Fiscalía sólo tenga representación en 66 de los 154 municipios del país. A la pregunta sobre los más de 8,300 reos liberados bajo el régimen de convivencia familiar desde 2014 a 2016 dijo que ese beneficio se les concedió a quienes padecían una enfermedad terminal, habían cumplido tres cuartas partes de su condena, no eran reincidentes y el delito por el que fueron condenados eran leves. A la pregunta de un diputado sobre el caso OcupaINSS (junio 2013) -cuando filmaciones señalaron a personas organizadas por la alcaldía de Managua para atacar a los jóvenes que apoyaban la demanda de ancianos que reclamaban pensiones, golpeándoles y robándoles 8 vehículos -Guido dijo que la investigación podría prolongarse tanto como la de los asesinatos de John Kennedy y Olof Palme.

CIDH – AUSENCIA DEL ESTADO

Por primera vez, y en un acto de menosprecio a la institución regional, el gobierno de Nicaragua no envió a ningún representante a la audiencia del 7 de abril en el 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por la sociedad civil nicaragüense acudieron a la audiencia representantes de 13 ONG que presentaron informes sobre los efectos que en los derechos humanos de los nicaragüenses tiene el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, el Ejército y la Policía, la concesión canalera, la violencia sexual y la concentración de medios de comunicación en manos del gobierno. A nombre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez expuso a la Comisión varios casos muy concretos de violación de derechos humanos, entre otros el de un hermano de una joven con la que el Presidente Ortega mantuvo, a partir de 2005 y durante años, una relación de la que nació una niña. La relación inició cuando la joven tenía 15 años. Cuando el hermano de ella le reclamó a Ortega en 2013 fue detenido y condenado a 15 años de cárcel “por violación”. Este hombre, de 43 años -informó Núñez-, permanece incomunicado en una cárcel de máxima seguridad, “sometido a procedimientos disciplinarios excepcionalmente graves que pueden calificarse como tortura”. Su caso es ya conocido por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

MINISTERIO DE LA FAMILIA

Después de que a mediados de marzo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunciara en Estelí el caso de una niña dada en adopción por el Ministerio de la Familia a un matrimonio español contra la voluntad de su madre, comenzaron a llegar al CENIDH otros casos de adopciones ilegales. El tema ocupó durante días titulares en los medios de comunicación que están fuera de la órbita oficial, mientras el gobierno, como es habitual, guardaba silencio. Finalmente, a fines de abril la Presidencia ordenó a personal del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social intervenir el Ministerio para hacer una auditoría, retirando del edificio computadoras, expedientes, archivos y otras posibles pruebas. Sin dar ninguna explicación a la ciudadanía se conoció que fue despedida la directora general de adopciones, una de las dos Viceministras y varios trabajadores. Se rumoró que la Ministra Marcia Ramírez, una de las funcionarias más cercanas a la Primera Dama, habría puesto su renuncia.

NO AL CANAL: 65 MARCHAS

El 22 de abril se celebró en Nueva Guinea (Caribe Sur) la marcha número 65 de las organizadas por los campesinos y campesinas que luchan contra el proyecto del Canal y contra la ley canalera en el Consejo Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía. Fue la cuarta marcha nacional. Participaron unos 20 mil campesinos. Días antes el Consejo presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa ciudadana para derogar la Ley 840 que concesionó el Canal a la empresa china HKND. Según la Constitución, bastan 5 mil firmas para introducir una iniciativa ciudadana. El Consejo la acompañó con 7 mil firmas notariadas y 28 mil firmas más. La Asamblea Nacional se declaró “incompetente” para dar trámite a la iniciativa, aduciendo que ya la Corte Suprema de Justicia había declarado que la Ley 840 no violaba la Constitución. La construcción del Canal pierde credibilidad entre la población porque “no hacen nada” sino informar periódicamente que siguen “haciendo estudios”. Este mes el gobierno chino anunció que promoverá que sus buques mercantes utilicen las aguas del Ártico, en proceso de deshielo por el calentamiento global, para llegar a América. Esta ruta alterna reduce en un 30% el tiempo que tardarían si atravesaran el Canal de Panamá.

TANQUES DE GUERRA RUSOS

El 24 de abril el Ejército de Nicaragua confirmó la noticia aparecida días antes en el medio “Sputnik”, que informaba que Nicaragua ha adquirido de Rusia 50 tanques del modelo T-72B1con un costo de $80 millones. El Ejército justificó la compra en “la renovación de equipos que han dado su vida útil”. En Nicaragua los tanques de guerra sólo se han usado en los desfiles militares y en 1989 para rodear la embajada de Estados Unidos en Managua cuando se producía la invasión estadounidense a Panamá. El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, expresó “tristeza” ante la noticia de la compra de tanques: “Porque son pueblos que todavía necesitan mucho en temas de desarrollo humano y somos los países vecinos los que al final de cuentas recibimos las migraciones que resultan de estos procesos incompletos de desarrollo”. El jefe de la bancada de diputados del partido de gobierno Edwin Castro defendió la adquisición de los tanques desde una visión “integral” del desarrollo del país para combatir el narcotráfico. Al día siguiente de estas declaraciones, el 30 de abril, la Presidencia emitió un comunicado aclarando que “sólo el Presidente de la República y el Ejército de Nicaragua están facultados para abordar temas de Seguridad Nacional” y “descalifica a quienes abordan o comentan asuntos que no son de su competencia, haciendo el juego a agendas mediáticas interesadas”.

ASESINATO DE ANDRÉS CERRATO

En la madrugada del 18 de abril el campesino Andrés Cerrato, fue sacado de su casa en la comunidad de San Martín de Daca (Ayapal, San José de Bocay, Jinotega), por hombres no identificados, y después de ser torturado cruelmente, fue asesinado. Un mes antes, Cerrato había caminado ocho horas para dar declaraciones a “La Prensa” denunciando que el 5 de marzo había sido intimidado por efectivos del Ejército que querían de él información sobre un rearmado que actúa en la zona. “Si miramos que salís, te matamos”, le dijeron en esa ocasión a Cerrato los militares. Cerrato fue combatiente de la Resistencia y actualmente era militante del PLI, formaba parte de las comisiones de paz de la zona y era también “alcaldito” de su pequeña comunidad. Los diputados del PLI Luis Callejas y Eliseo Núñez Morales visitaron días después a la comunidad y a su familia para conocer más de cerca los hechos. El crimen -dijo Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH- es “un mensaje para aterrorizar y tiene características de una acción de contrainteligencia”.

CRISIS - DEFOREST.ACIÓN

Viéndose presionado durante semanas por denuncias de pobladores y por crecientes evidencias en los medios no oficiales, por la tala rasa de pinos llevada a cabo en la cordillera Dipilto-Jalapa, en el Norte del país, autorizada por un decreto presidencial de enero de 2016, la Presidencia reaccionó hasta mediados de abril. Formó una Comisión Nacional, presidida por el Procurador de la República e integradapor la Ministra y el Viceministro del Ambiente y los Recursos Naturales, por el director del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y por delegados del Ejército, la Policía y otros funcionarios. Jaime Incer Barquero, asesor presidencial para asuntos ambientales, a quien la Presidencia no escucha, criticó la falta de científicos y de personas independientes en la comisión y cuestionó que la integraran quienes han tenido responsabilidad en la deforestación del país: “Ahora los zorros harán el inventario de las gallinas”, dijo. Además de esta Comisión, la Presidencia dio una orden no escrita estableciendo una veda en todo el país prohibiendo el corte, aprovechamiento y comercialización de toda la madera, confundiendo a los depredadores del bosque natural con los empresarios dedicados al negocio de las plantaciones forestales. Quince días después de la veda, y atendiendo reclamos de los empresarios, la Presidencia levantó la veda para ellos.

CRISIS-DEFORESTACIÓN

A finales de abril, el director ejecutivo del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), William Schwartz, fue “cancelado” del cargo por órdenes de la Presidencia en vísperas del Congreso Forestal Nacional que debió haberse realizado en Managua el 28 y 29 de abril y que también fue cancelado en el último momento. Como es ya habitual, el gobierno no brindó información alguna sobre el despido de Schwartz. Ni el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) ni el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) han brindado nunca información sobre la explotación de los bosques naturales que desarrolla desde hace años ALBA Forestal, señalada de ser un factor de peso en la acelerada deforestación que afecta al país. Según un estudio reciente, Nicaragua ocupa el sexto país en el mundo por el nivel de deforestación que ha experimentado en los últimos cinco años. La preceden, en este orden, Malasia, Paraguay, Indonesia, Guatemala y Camboya.

AGUA POTABLE PARA BILWI

Con fondos de la Unión Europea, de la Cooperación Española, del BCIE, del BID y del Banco Europeo de Inversiones, y por un monto total de $343 millones avanza el proyecto de agua potable para Bilwi, cabecera del Caribe Norte de Nicaragua. En los días finales de abril desembarcaron en los muelles de Bilwi las últimas tuberías que pronto llevarán agua potable a unos 160 mil habitantes de Bilwi y de las comunidades mískitas del Llano Norte.

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