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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 405 | Diciembre 2015
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Nicaragua

“El lavado de dinero es un enorme desafío para nuestras instituciones”

Alejandro Aguilar, jurista experto en prevención del lavado de dinero, compartió reflexiones sobre el desafío que representa para Nicaragua y para la región esta realidad tan presente, tan compleja y tan riesgosa, en una charla con Envío que transcribimos.

Alejandro Aguilar

La inclusión, por una medida administrativa del gobierno de Estados Unidos, de los dueños del Grupo Continental de Honduras en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) como lavadores de dinero de grupos del narcotráfico a través del Banco Continental, encendió, y debe encender, una alarma en toda la región centroamericana.

La familia Rosenthal, con 80 años de tradición en Honduras, fue involucrada con un poderoso cártel de narcotraficantes, con el que desarrollaron lazos muy estrechos. Al parecer estos narcos no sólo depositaban todo su dinero en el Banco Continental, sino que recibían dinero del banco para realizar nuevos negocios. Era un ir y venir de dinero. El proceso de sanción de este ilícito debió haber sido adoptado por las autoridades hondureñas, que sabían seguramente lo que estaba pasando, pero se hicieron de la vista gorda por tratarse de un grupo económico poderoso y con importante presencia e influencia política. Sabemos que la impunidad es moneda de cambio en nuestros países y que la gente muy poderosa suele quedar impune. De manera que Honduras no hizo nada y fue Estados Unidos quien actuó. La consecuencia inmediata de incluir el nombre de Jaime Rosenthal, de su hijo Yani y de su sobrino Yankel Rosenthal en la lista de la OFAC es que las entidades financieras de todo el mundo bloquean al banco y a las empresas de ese grupo económico, porque tener vínculos con quien se encuentra en esa lista significa tener problemas con el gobierno de Estados Unidos. Después de la medida que tomó Estados Unidos vimos a las autoridades hondureñas reaccionar de forma precipitada y atropellada, como si no supieran qué hacer. En mi opinión, reaccionaron así porque se vieron sorprendidas y se dieron cuenta de lo que venía o pocos días antes u horas antes o hasta lo supieron por los medios de comunicación.

Aunque el Banco Continental era un banco corporativo, concentrado fundamentalmente en financiar empresas, y aunque tenía sólo unos 500 millones de dólares de activos, tenía unos 200 mil clientes y mucha presencia en empresas hondureñas. Ahora habrá un proceso judicial que va a tardar un tiempo y los señalados tendrán que demostrar su inocencia.

El problema inmediato es para todo el país. El problema es cómo hace un país con instituciones tan débiles, como las nuestras en Nicaragua, para encarar un problema tan complejo como éste y reaccionar de forma correcta. El gobierno de Honduras intervino una gran cantidad de empresas de los Rosenthal sin saber qué hacer con ellas y miles de personas quedaron sin trabajo, porque la respuesta fue desordenada, atropellada. Y hay que tener en cuenta que el hecho de que una empresa pertenezca a narcotraficantes no es razón suficiente para cerrarla si se dedica a una actividad legal.

Pensemos, por ejemplo, en una finca de café o de ganado que los narcotraficantes utilizan para mover el dinero que obtienen de la droga y después introducir el dinero que obtienen por la venta del café o del ganado en el circuito financiero. Los trabajadores de esas fincas viven de eso y no tienen responsabilidad en los negocios ilícitos de los dueños de la finca, porque la responsabilidad penal siempre es personal, individual, nunca es colectiva. En un caso así, lo que tiene que hacer el Estado es intervenir esa empresa, liquidarla, ponerla en subasta, venderla a otro empresario que la haga producir y la mantenga en el circuito lícito de la economía. Todo Estado tiene que desarrollar los mecanismos adecuados para poder responder a una crisis como la que se presentó en Honduras.

Aunque es posible que la crisis del Grupo Continental en Honduras tenga efectos en toda la región centroamericana, hasta ahora todo nos indica que han sido mínimos. También hay que decir que estas cosas se mueven muy sigilosamente. En Nicaragua sólo tenemos un banco de capital hondureño y parece que no se verá afectado. Sí sabemos que lo ocurrido en Honduras causó mucha preocupación en la región. Toda la banca centroamericana llamó inmediatamente a todos sus ejecutivos de primer nivel y a todas las unidades de prevención del lavado de dinero para revisar si los bancos tenían algún tipo de relación con el Banco Continental, con los Rosenthal o con cualquiera de las empresas de ese grupo económico para tratar de mitigar los riesgos a los que cada banco se enfrentaba. Es muy probable que haya algunas sanciones y de algunas no nos enteraremos porque se mantendrán dentro de un cierto sigilo, con el propósito de no crear pánico en la opinión pública. Hasta ahora la situación parece controlada.

Centroamérica en términos económicos es pequeña. Para tener una referencia: el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México es parecido al presupuesto de Nicaragua. Nuestras economías son pequeñas. Los grupos económicos más grandes de Centroamérica son grupos que concentran un importante poder económico y están condenados a encontrarse. No tienen espacio para desarrollarse dentro de sus países. La posibilidad de co-inversiones entre los grupos económicos centroamericanos, buscando ampliar su presencia más allá de las fronteras nacionales está a la orden del día.

Que en Centroamérica pueda haber situaciones como las que vimos en Honduras con los Rosenthal no me extrañaría. Porque el narcotráfico está muy presente en Centroamérica y porque el lavado de dinero es una realidad presente en todo el mundo y en todas las economías.

¿Qué es lavar dinero? El lavado de dinero, también llamado lavado de activos o legitimación de capitales o de activos, es toda operación económica a través de la cual alguien que ha obtenido un dinero o unos activos de forma ilícita, o por la comisión de actos ilícitos, logra introducirlos en los circuitos legales de una economía, especialmente en sus circuitos bancarios o financieros. Se llama “lavar” porque el término procede de las lavanderías de Al Capone en Chicago. Se supone que ese dinero ilícito no puede ser justificado como ganado limpiamente por la persona que lo posee. El propósito de una operación de lavado es aparentar que hubo legalidad al obtenerlo. Se trata de una operación que requiere creatividad e inteligencia para diseñar mecanismos con los que justificar ante autoridades tributarias, bancarias y financieras cómo se adquirió esa cantidad de dinero o de bienes. Quien haya logrado engañar todos esos sistemas, quien haya introducido dinero desde la economía subterránea y sucia en los circuitos de la economía legal, de la economía lícita, de la economía regularizada, ha lavado dinero, ha lavado activos.

En la operación de lavar dinero participan distintas personas con distintos roles y responsabilidades. En el proceso hay siempre colaboradores que facilitan la legalización del dinero, y existen distintos tipos de compromisos, hasta llegar al propietario del dinero, al que cometió el delito principal. Ése, y todos sus colaboradores, son responsables de la operación de lavado de dinero. Es muy fácil entrar en una operación de éstas y decir después “yo no sabía, yo no me lo imaginaba, yo no tengo ninguna responsabilidad, a mí me parecía que era lícito…” Para evitar que quienes colaboran, de una o de otra manera, puedan excusarse, en todo el mundo los tipos penales sancionan no sólo al que lava el dinero, no sólo a quienes conocían el origen ilícito del dinero, sino también a quienes deberían haberlo conocido. De no ser así, sería muy fácil excusarse de responsabilidad. Si fuese tan fácil como decir “yo no sabía”, todo el mundo se podría excluir, con excepción del dueño del dinero. Y como la única forma de poder asegurar que la gente tenga una conducta diligente para evitar y perseguir el lavado de dinero, la legislación bancaria se ha endurecido extendiendo las responsabilidades a quienes deberían haber conocido el origen ilícito del dinero.

Si usted llega a la casa de alguien que le quiere hablar de un negocio y saca de su closet varios maletines con medio millón de dólares lo menos que se puede esperar es que usted se sorprenda y sospeche que algo raro pasa, porque nadie tiene guardados 500 mil dólares en el closet de su casa. Es importante estar alerta a ese tipo de operaciones. Un sistema de alerta nos enseña que no sólo es responsable el que sabe, sino el que debería saber, el que debería sospechar. Si se trata de una persona modesta y la cantidad es pequeña quizá no habría responsabilidad, pero en el caso de quienes se dedican a gestionar dinero -los bancos, las compañías financieras, las compañías de seguros, las cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, etcétera, toda la gente que se mueve en el mercado financiero- para ellos se endurecen las responsabilidades porque se trata de los profesionales de la actividad financiera y por eso tienen que ser capaces de detectar operaciones extrañas, inusuales, que no se correspondan con el giro ordinario de los negocios de una persona.

Los lavadores de dinero se mueven por el mundo intentando ganar voluntades a través de una gran cantidad de anzuelos. Visitan a la gente con la propuesta de un negocio o de una venta y hay mucha gente enganchada con supuestos grandes inversionistas que no saben ni quiénes son ni de dónde vienen ni de dónde tienen el dinero ni qué van a hacer con ese negocio… Nadie en una organización civil debe aceptar dinero de ningún donante que no conozca suficientemente bien y sin estar seguro de que el dinero proviene de una fuente lícita. Hay que tener en cuenta que no se puede lavar dinero sin crear empresas legales. Para lavar dinero hay que crear empresas. Y para crear empresas hay que vender ideas.

Conozco, por ejemplo, a una empresa que exporta diariamente un producto agrícola delicado en pequeñas cantidades a ocho capitales de Europa. Como el producto es sensible, hay que someterlo a un proceso de enfriamiento, comercializarlo refrigerado y exportarlo por avión porque se arruina en semana y media. En un viaje de 15 horas el producto debe estar en París o en Londres. Pues bien, de un país de la región centroamericana están saliendo barcos con contenedores que dicen exportar ese mismo producto y un barco necesita 40 días para llegar a esos destinos. ¿Qué llevarán esos contenedores…? Ese producto llegará dañado a su destino. Pero alguien está pagando en Europa por ese negocio y alguien está dispuesto a perder dinero por ese negocio y no le importa, porque el que lava dinero gana perdiendo. Al ganar perdiendo está lavando el dinero y eso le resulta ganancia. Que el producto agrícola se dañe, le da igual. Su objetivo es limpiar dinero obtenido suciamente. En estas circunstancias, ninguna empresa puede competir con los negocios de los lavadores de dinero dispuestos a ganar perdiendo.

Para detectar el lavado de dinero las entidades financieras tienen hoy una serie de obligaciones que no aplican a la gente común. Yo pudiera vender mi casa a un narcotraficante sin darme cuenta de que lo es y el narco podría incluso entregarme el pago en efectivo y yo no sería tachado de responsable. Quien sí es responsable es su banco. Aunque hay una escala en las responsabilidades y los ciudadanos de la calle somos quienes estamos en el escalón más bajo, tenemos la responsabilidad de cerciorarnos de con quién hacemos negocios y del origen del dinero de esos negocios.

En realidad, no hay ningún banco que pueda decir que no ha recibido dinero del narcotráfico. Los mecanismos de prevención no son suficientes para que un dinero de procedencia ilícita ingrese en un banco. Todos los bancos están expuestos y lo importante es que los Estados tengan sistemas adecuados para poder prevenir y sancionar el lavado de dinero.

El concepto del lavado de dinero se ha venido construyendo y tiene ya un perfil penal internacional. En su origen el concepto está relacionado con el tráfico de drogas. La guerra institucional contra las drogas -no vamos a discutir aquí su éxito o su fracaso ni cómo podría abordarse mejor- inició a comienzos del siglo 20. En 1912 se estableció, por primera vez, una convención internacional para luchar contra el opio, siguió la marihuana y en los años 60 se extendió a otras drogas. En los años 60 la preocupación surgió en Estados Unidos cuando las autoridades empiezan a observar y a considerar inadmisible que el producto de la venta de droga en las calles pueda ser fácilmente depositado en una cuenta bancaria sin que los bancos hagan absolutamente nada por evitar que ese dinero ingrese en sus arcas, como si ese dinero se hubiera ganado lícitamente. Se propone entonces crear en los bancos de Estados Unidos mecanismos que les obliguen a tener una conducta diligente con sus clientes. Esto significa que el banco no debe aceptar dinero cuando sospecha que procede de una fuente ilícita. Y significa que debe conocer bien a sus clientes. Para eso hay medidas que se conocen como de diligencia debida sobre clientes.

Los bancos están obligados a conocer de manera detallada las operaciones económicas de sus clientes y la actividad económica a la que se dedican, de manera que puedan saber si esos 100 mil dólares que un cliente deposita todas las semanas responden a una operación normal de su negocio, y si esos 500 mil dólares anuales lo son o no. Y como hay gente que puede recibir una herencia o vender una propiedad valiosa y hacer un depósito grande, una operación inusual, pero no ilegal, puede el banco llamar a la persona que hizo ese depósito para que justifique su origen. Lo que está haciendo el banco es teniendo una conducta diligente, está cumpliendo obligaciones de diligencia debida, que están vinculadas al secreto bancario. Mientras más información tiene un banco de cada persona, más deber tiene de proteger y cuidar esa información.

En 1970 aparece en Estados Unidos la primera regulación para la prevención del lavado de dinero, llamada Ley sobre Sigilo Bancario. Pero, en la medida que avanzaba el tiempo esa realidad se iba complejizando, porque ya se veía que la guerra total contra las drogas planteada por el Presidente Kennedy estaba siendo un fracaso y no detenía el tráfico, sino que lo expandía y lo incrementaba y lo que eran pequeños grupos de traficantes que iban y venían se iban convirtiendo en grandes cárteles. Hacia 1988 se establece una nueva regulación internacional, la Convención de Viena para la Lucha contra las Drogas, que profundiza la lucha contra el tráfico internacional de drogas. Así, la iniciativa surgida en Estados Unidos se comienza a internacionalizar y llega a todo el sistema bancario mundial, hasta que a finales de los años 80 y principios de los 90 se crea una estructura internacional para la prevención del lavado de dinero.

En el debate de aquellos años se cae en la cuenta que no basta trabajar sólo en la sanción del lavado de dinero y que lo que hay que hacer es ir atrás en la cadena: preocuparse por la detección, y para detectar hay que mejorar los mecanismos de investigación, y para mejorarlos hay que mejorar los mecanismos de prevención, y para eso es necesario capacitar al sistema financiero mundial, a los bancos, comprometiendo a todos en la lucha contra el lavado de dinero. Lo que se intenta es ir poniendo barreras cada vez más atrás en la cadena que propicia el lavado de dinero.

¿Estos esfuerzos han detenido el lavado de dinero? Honestamente, hay que decir que no lo han detenido. Pero sí le han hecho más difícil la tarea a los lavadores. Prácticamente, hoy todos los delitos graves que dañan tanto la convivencia humana -el tráfico de drogas, de armas, de seres humanos, de órganos, el crimen organizado… también la corrupción y no sólo la corrupción pública, también la corrupción privada- son tratados como asociados al lavado de dinero, son vistos y tratados desde la óptica del lavado de dinero.

Nicaragua empezó a trabajar en la prevención del lavado de dinero de manera muy tímida sólo hasta mediados de los años 90. Después del atentado contra las Torres Gemelas en 2001, un momento de inflexión, cuando todo se hizo más riguroso a nivel internacional, el tema se vuelve de mayor preocupación para las grandes naciones. La internacionalización de la prevención nace entonces de la mano de los países del G7, que agrupó en años pasados a las siete más grandes economías del mundo: Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón. Existen ya convenios internacionales, que Nicaragua ha ratificado para regular el lavado de dinero. Básicamente, la Convención contra las Drogas de 1988, la Convención de Palermo contra la Criminalidad Organizada, la Convención de Mérida contra la Corrupción y una convención adicional de Lucha contra el Terrorismo. Esas convenciones están todas suscritas y ratificadas por Nicaragua y por todos los países de Centroamérica, que se han comprometido a luchar contra el lavado de dinero, un compromiso que suponemos ha sido asumido por Nicaragua.

El sector bancario nicaragüense empezó a trabajar ante la realidad del lavado de dinero con cierta fortaleza no hace mucho, apenas en 2002. Ese año apareció la primera norma que obliga a los bancos a tener una debida diligencia con sus clientes y a tener prácticas y políticas de prevención del lavado de dinero dentro de los circuitos de su actividad económica. Y aunque el año anterior, 2001, había marcado un punto de inflexión que comenzó a profundizar en todo el mundo la lucha contra el lavado de dinero, en Nicaragua no se presentó en el Parlamento una iniciativa de ley sobre este tema hasta el año 2004. La iniciativa no se discutió ni se aprobó.

La clase política nicaragüense o no entendía el problema o no decidió regular nada y en junio de 2011 una plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizada en México colocó a Nicaragua, que como todos los países ya estaba siendo auditada, en la “lista gris”, lista de países que tienen deficiencias en la prevención del lavado de dinero y no están haciendo adecuadamente la tarea de prevenirlo. Estar en esa lista no significa que en ese país se lave o no se lave dinero. Significa que el país no está yendo por el camino correcto en la prevención del lavado de dinero. Puede ser que un país que no esté en la lista gris lave tanto o más dinero que el país que sí está en la lista gris, lo que sucede es que, aunque lave dinero, está haciendo lo correcto en materia de prevención.

Después de que nos incluyeran en la lista gris, presentamos inmediatamente un informe a la sociedad y finalmente los diputados decidieron retomar la iniciativa de ley que había sido bloqueada en 2004. Se creó entonces la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para coordinar todo lo relacionado con el lavado de dinero. El gobierno tomó una decisión criticable al poner al frente de esa institución a ex-militares y ex-policías. Recomendamos que no se hiciera así, sugerimos que la institución fuera enteramente civil y dirigida por expertos en operaciones financieras. Porque la prevención del lavado de dinero no es un asunto militar ni policial, es un asunto financiero y son expertos en operaciones financieras quienes pueden prevenir las operaciones de lavado de dinero. No hicieron caso a la recomendación y la UAF empezó a trabajar. Afortunadamente, aunque teníamos muchas reservas, parece que las autoridades van por buen camino porque han logrado que Nicaragua saliera de la lista gris. En marzo de 2015, la última plenaria del GAFI, sacó a nuestro país de esa lista, lo que indica que hemos mejorado los mecanismos de prevención del lavado de dinero y también los mecanismos para prevenir el financiamiento del terrorismo.

En esta temática del lavado de dinero, tan vinculado al crimen organizado, hay cosas que no están funcionando bien en Nicaragua. Para luchar contra el crimen organizado, tenemos la Ley 735, en vigencia desde 2010, que entre otras cosas establece que el dinero y los bienes de los ilícitos cometidos por la criminalidad organizada deben pasar a manos del Estado para que el Estado los emplee en beneficio de la sociedad. La ley manda que todos los recursos capturados al crimen organizado deben pasar inmediatamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y establece en su artículo 43 que en el Ministerio debe crearse la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados Provenientes de Actividades Ilícitas. Esa unidad, administradora de bienes que fueron de origen ilícito y comienzan a ser bienes públicos, debe garantizar el uso transparente de esos bienes y rendir cuenta de lo que hace con ellos, priorizando las necesidades del Estado y de la ciudadanía y evitando que se malversen. Porque sería muy grave que se practique corrupción con el dinero y los bienes obtenidos de delincuentes. Sería delincuentes robando a delincuentes. La obligación del Estado es garantizar la administración adecuada, pertinente y transparente de todo lo que se le captura a la criminalidad organizada.

Pues bien, aunque ya han pasado casi seis años de vigencia de la Ley, y aunque el Presidente de la República firmó la ley y la publicó, la Unidad administradora de esos bienes no se ha creado. De manera que hoy, todo lo que se le captura a la criminalidad organizada en Nicaragua se administra de forma discrecional. Y eso es inadmisible, inaceptable, es moralmente insostenible, éticamente indefendible. Y además, es ilegal.

El Estado no puede disponer de bienes capturados a la criminalidad organizada como si fueran bienes personales de algún funcionario estatal. Y hoy esos bienes se están entregando discrecionalmente a cualquier persona. Eso no puede seguir ocurriendo y superarlo es un gran desafío para nuestro país porque debilita al Estado en una lucha tan legítima como la que debe realizar contra la criminalidad organizada. Se conoce que se han entregado bienes decomisados, casas, lanchas, camiones, automóviles, dinero, como si fueran bienes personales, con el beneplácito de las autoridades. Sencillamente inaceptable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Permitiendo y facilitando la corrupción con bienes decomisados al crimen organizado? ¿Enfrentando el crimen con otro crimen?

Vemos que hasta ahora se han concentrado las imputaciones del delito de lavado de dinero sobre todo en gente que pertenece al narcotráfico o está relacionada con el narcotráfico. Yo espero que en los próximos años haya también imputaciones derivadas del lavado de dinero relacionado con la corrupción, tanto la pública como la privada, un delito que se ha venido profundizando en América Latina.

La corrupción es un problema muy grave, pero desgraciadamente no todas las sociedades ni todas las comunidades ni todas las personas nos damos cuenta de su gravedad. Mucha gente es tolerante con la corrupción y esa tolerancia no sólo existe en Nicaragua o en América Latina, también en Europa y en Estados Unidos hay tolerancia a la corrupción. ¿No ha sido corrupción haber falsificado durante casi 15 años los mecanismos de emisión de gases de los vehículos de la Volkswagen que se comercializaron en todo el mundo? Eso es corrupción y ha ocurrido en las más altas esferas empresariales del mundo, entre empresarios que están llamados a dar el ejemplo y a ser líderes éticos. Hubo corrupción en ENRON. Fue corrupción lo que sucedió en 2009 con la crisis inmobiliaria provocada por la cantidad de inventos de carácter financiero que crearon los bancos de inversión. La corrupción que tenemos en Nicaragua es más descarada, más descarnada: es el funcionario que agarra el dinero público y se lo mete a su bolsillo tranquilamente. En la medida en que las sociedades van siendo más sensibles y rechazan más la corrupción, la corrupción no desaparece, se va modificando, adaptándose, tomando formas más sutiles.

Aunque el problema de la corrupción es mundial, a nosotros nos afecta más gravemente. Y pienso que esa gravedad se tendrá en cuenta cada vez más, poniéndola a la par de la del lavado de dinero, no sólo porque también hay compromisos internacionales contra la corrupción, sino porque en este momento hay en América Latina algunas fortunas provenientes de la corrupción que son tanto o más grandes que las fortunas que tienen algunos narcotraficantes o miembros de otras ramas del crimen organizado.

Uno de los grandes desafíos de nuestras sociedades es erradicar la tolerancia social a la corrupción. La gente, los pueblos, somos responsables aceptando funcionarios corruptos. Esa idea tan arraigada en la población de “no importa que robe porque está haciendo algo” nos convierte en corresponsables de la corrupción de funcionarios corruptos a los que toleramos sin mayor reflexión. Me pregunto si llegaremos a un “basta” por los escándalos que se están produciendo y algunas entidades empresariales y financieras que se han prestado para lavar el dinero proveniente de la corrupción comenzarán a enfrentar problemas. Y es enorme el desafío que tienen los Estados y las sociedades centroamericanas para detener el lavado de dinero proveniente de la corrupción.

Es cierto que ha habido mucha doble moral sobre la prevención del lavado de dinero y la corrupción pública y privada, pero esto ha venido cambiando porque en el mundo todo está cambiando, y está creciendo la preocupación por los avances del terrorismo. Y ya es bien conocido que actualmente los mismos circuitos de los paraísos fiscales que usa la criminalidad organizada los usa también el terrorismo. Es una misma vía con dos carriles, por una va el dinero del crimen organizado y por el otro el del terrorismo. Y todo lo que el crimen organizado descubra para defraudar lo utilizará también el terrorismo. Se montan muy fácilmente el uno sobre el otro. Después de lo ocurrido en París, en Mali, en el Líbano, en Turquía, la tendencia mundial es a re-discutir todo lo relacionado con estos circuitos donde se lava el dinero. Y si hasta hace poco el dilema era perseguir o no a los que estaban evadiendo impuestos, ahora lo que se está considerando es que sobre los mecanismos que se utilizaban para evadirlos se ha montado el crimen organizado y se monta ahora también el terrorismo. El mismo diseño que hace la empresa evasora lo utilizan el crimen organizado y el terrorismo. Ya no podemos aceptar ingenuamente que los mecanismos para no pagar impuestos que ofrecen los paraísos fiscales o los mecanismos de sigilo y máximo secreto bancarios puedan ser admisibles. Ya no pueden ser aceptados como mecanismos ingenuos.

Por ejemplo, en Panamá ya desde hace un par de años todas las acciones al portador de las compañías -y se habían emitido millones de acciones- deben ser inmovilizadas y es prohibida ya la emisión de nuevas acciones al portador. Y, aunque todavía sigue siendo muy laxa la regulación, todas las compañías que se fundan en Panamá tienen que tener nombre y apellido. Y todos los bancos están obligados a preguntar de quién es la compañía que se funda.

Hasta ahora en algunos países se fundaba una compañía y el banco sólo miraba si la compañía se dedicaba a algo legal. Y cuando preguntaba de quién era, resultaba habitual responder: “De otras dos compañías”. ¿Y de quién son esas otras dos? De dos compañías más… Ok, ¿y de quién son esas dos…? De dos más… Ahora no, ahora el banco tiene que llegar hasta una persona física para saber de quién es la compañía. Antes bastaba con presentar la compañía y decir que los accionistas eran dos compañías más. Hoy el banco exige una certificación de los socios de todas las compañías que aparezcan como dueñas, hasta llegar exactamente a la persona que está detrás de todo el entramado. El banco no lo hace para denunciar a nadie, y a lo mejor seguirán sin pagar impuestos en sus países, pero por lo menos ya hay unos mecanismos para desentrañar quién está detrás de la compañía. Las cosas vienen cambiando en el mundo, aunque no tan rápido, y espero que, al menos en Occidente y por la preocupación que genera el terrorismo, veremos cambiar más cosas.

La criminalidad organizada busca permanentemente reclutar a la mayor cantidad de funcionarios posibles de un Estado, ése es su trabajo. Necesita complicidad de las autoridades para poder gestionar su negocio. Los negocios de la criminalidad organizada sólo son posibles si reclutan a funcionarios de las instituciones estatales de aduanas y de ingresos, a policías, jueces y fiscales. Trabajan todo el tiempo reclutando y usan mecanismos de reclutamiento diversos: venderles un auto que vale 100 mil dólares en 5 mil, hacerles obsequios, pagarles fiestas… Todo lo que ya hemos visto en los casos más sonados. Permanentemente buscarán cómo llegar a las más altas autoridades del Estado porque obtener la mayor influencia posible, poniendo diputados y hasta poniendo Presidentes, es la meta. De eso se trata: de crear un narco estado o un Estado corrupto, porque la relación entre crimen organizado y corrupción es lógica. Los miembros del crimen organizado y los funcionarios corruptos están destinados a encontrarse. Uno encuentra lo que el otro anda buscando y viceversa. Sólo los presentan y se pondrán de acuerdo inmediatamente.

En este sentido, el hecho de que las más altas autoridades del Estado nicaragüense se hayan involucrado en negocios de la magnitud de los que se han involucrado, es para mí un motivo de preocupación. No es admisible. Supone una gran debilidad para las instituciones públicas y para los desafíos que nuestro país tiene delante. Preferiría ver funcionarios públicos dedicados a la función pública y no verlos enredados en negocios, procedan de Venezuela o de donde procedan. El servicio público es sagrado. Y el que se dedica al servicio público debe dedicarse sólo al servicio público. Y el que se dedica a los negocios debe dedicarse a los negocios y no estar viendo cómo recluta a los servidores públicos. Esa fórmula de “en la mañana empresario y en la tarde funcionario público” es una segura fuente de corrupción.

Hace unos meses se anunció la posibilidad de que en Nicaragua se estableciera una zona libre financiera, aunque no se dieron muchos detalles. Solamente hay una razón por la que alguien puede tener interés en abrir un centro financiero y es que en ese entorno haya condiciones favorables, por tratarse de una zona de desarrollo industrial o porque existe allí un tratamiento distinto y preferencial para el pago de impuestos. Pero, ¿qué ventaja puede tener un banco internacional serio para venir a poner una sucursal en una zona libre en Nicaragua? ¿Cuál sería la razón? Después de darle vueltas a esta idea, al revés y al derecho, no veo ninguna razón. La única posibilidad es para captar recursos que no sería posible trasladar fácilmente hasta su territorio. Un caso a tener en cuenta en este sentido es el del banco HSBC que compró en 2002 un banco mexicano, el Banco Bital, y lo dejó funcionar con los mismos estándares de prevención que tenía antes de ser de HSBC. Pero el banco comprado era como una lavandería de dinero, y siguió haciendo lo que hacía antes: lavando dinero. Sólo que ahora lo lavaban con la marca HSBC. Eso le costó a HSBC un proceso prolongado, una multa enorme y un desprestigio tremendo.

Es un riesgo que ése pudiera ser el interés de un banco internacional en una zona libre financiera en Nicaragua. ¿Qué motivos poderosos tendría un banco internacional para abrir una sucursal en nuestro país? Sigo sin encontrar alguna razón que no implique riesgos de lavado de dinero. Es la única explicación posible. Porque con los siete bancos que tenemos en el país parece que nuestra economía resuelve sus necesidades actuales.

Hay algunas pistas para detectar lavadores de dinero y miembros del crimen organizado. En todo lo que signifique estatus social es donde vamos a encontrarlos. Una empresa que venda vehículos de lujo debe tener por seguro que entre su clientela estará un selecto grupo de familias vinculadas al crimen organizado o a la corrupción. Porque nadie llega a tener tanto dinero para no disfrutarlo.

El primer sector en donde se siente que se está lavando dinero en un país es en el sector de la construcción. Porque lo primero que hace un miembro del crimen organizado o un funcionario corrupto es cambiarse de casa. Es una tendencia casi automática. Si vivía en una casa de 10 mil dólares, se pasa a una de 50 mil, y cuando en unos meses se aburra de esa casa, se pasará a una de 150 mil y después a una de 500 mil y a una de un millón y después comprará tres casas y después un apartamento en la playa… El auge de la construcción es uno de los primeros síntomas de que en la economía circula un dinero que no está siendo generado por la economía real, sino por el lavado, que provoca una especie de vorágine para comprar bienes inmuebles porque eso justifica y facilita grandes inversiones. Comprando bienes inmuebles se infiltran los canales de la bancarización del dinero y además se consigue un activo que en unos años elevará su precio. Los bienes raíces van ganando plusvalía por el solo hecho de poseerlos. Otras inversiones las hacen los lavadores de dinero en automóviles de lujo, en yates y aviones, en joyas, en obras de arte y antigüedades. Joyeros y vendedores de arte están expuestos a muchos riesgos de ser atraídos por los lavadores de dinero. Y los desarrolladores de proyectos urbanísticos de lujo son proveedores tradicionales de la criminalidad organizada.

La situación es bien delicada y la posibilidad de que un grupo económico centroamericano se vea involucrado con el crimen organizado que lava dinero está latente. Y si ocurriera mañana en Centroamérica algo parecido con algún grupo económico y financiero que estuviera más regionalizado de lo que lo estaba el Grupo Continental de los Rosenthal en Honduras puedo asegurar que los efectos serían catastróficos para la región. Porque la región centroamericana es muy pequeña y los bancos concentran mucha actividad económica y tienen mucho poder económico y la caída de un banco puede generar muchos daños.

Por el contexto internacional y por el contexto regional, los grandes grupos empresariales de la región tienen que tener ahora más cuidado que nunca. Porque si a ellos se les provoca un daño como consecuencia de una conducta imprudente al permitir que sus negocios sean contaminados por el lavado de dinero, el daño que esa imprudencia causaría a nuestras sociedades sería devastador.

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