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  Número 403 | Octubre 2015
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Guatemala

Los muchos preludios de las movilizaciones de 2015

La movilización del 27 de agosto de 2015 exigiendo la renuncia de Pérez Molina fue descrita por algunos como “la mayor marcha de protesta en la historia del país”. En la Plaza Central de la capital se concentraron hasta 120 mil manifestantes. Grandes cifras, grandes frases, que adolecen de memoria, reflexión y contraste histórico. Esta movilización ha tenido muchos preludios. Recordemos…

Sergio Palencia

Dicen que el 27 de agosto de 2015 fue la movilización de masas más amplia de la historia contemporánea de Guatemala y la de mayor consenso. ¿No recordamos la Ciudad insurrecta en las jornadas de marzo y abril de 1962, la enorme huelga de cuadrilleros y rancheros en la Costa Sur en 1980, la marcha de 100 mil personas ingresando a la capital en 1977?

NO ES LA PRIMERA VEZ


No es la primera vez en nuestra historia que, como pueblos, hacemos estallar el tiempo de la normalidad mercantil para sembrar nuevas posibilidades. Hemos luchado, pues. Y a cada una de nuestras rebeliones y sueños soñados colectivamente, los generales, terratenientes, defraudadores y explotadores han respondido con elecciones, golpes de estado, nuevas constituciones… Que lo diga Castillo Armas con 1955, Peralta Azurdia con 1963-1965, Mejía Víctores
con 1983-1985…

Detengámonos un momento, retomemos fuerza y recuerdo. Allí, negándonos a seguir sus ritmos, encontraremos a quienes desde el pasado entienden el mundo que queremos revolucionar, precisamente porque se lanzaron
a cambiarlo en la Guatemala de 1962, en la de 1973, en la de 1977, en la de 1980… Las manifestaciones de 2015 sólo son semilla y prefiguración de camino si heredan pasado.

LA “OPERACIÓN PALILLO”: 1962


La ciudad está paralizada. Los estudiantes han desatado un potente movimiento que exige la renuncia del presidente militar Miguel Ydígoras Fuentes. El jefe de su policía, un hombre de apellido Córdoba, apodado “Huevo Loco”, dispara contra los jóvenes en la 9a calle y 9 avenida de la zona 1.

En la última conferencia previa a su asesinato, en 1979, Guillermo Colom Argueta recordó aquellos días aciagos: “Pasan dos meses sin que el gobierno pueda controlar la rebelión y la Ciudad de Guatemala no es de nadie”. El gobierno, la policía y el ejército pierden el control de ciertas zonas de la ciudad. Por unos días las masas enardecidas declaran la zona 5 como “territorio libre de América”. El comercio se detiene y los trabajadores se niegan a limpiar la basura de las esquinas.

Colom Argueta, alcalde de la capital bajo el gobierno del general Arana Osorio, analizaba la enorme creatividad de la lucha urbana en 1962. Los estudiantes “ponen palillos de dientes a todos los candados de los comercios de la zona 1, y agregado a que los propios comerciantes no quieren abrir, se paraliza el comercio”. Mientras, los trabajadores de la municipalidad “colocan las basuras en ciertos lugares de la ciudad y las queman”. Es un paro irregular, de más de dos meses, donde los institutos se convirtieron en trincheras y en las calles de asfalto se levantaron barricadas.

LA RENUNCIA NO LLEGA,
EL GOLPE MILITAR SÍ


El 8 de marzo de 1962 el gobierno de Ydígoras advierte que utilizará la fuerza pública y armada contra cualquier manifestación. El Ministerio de Gobernación habla a los padres de familia sobre el peligro que para sus hijos representa ir a las manifestaciones. Los escuadrones paralelos al MLN -al que perteneció al actual Presidente Maldonado Aguirre- ponen bombas en colegios, cines y lugares públicos. El fin: paralizar el movimiento con terror.

No obstante, el 15 de marzo de 1962 alrededor de 500 personas asisten al funeral del bachiller Maco Gutiérrez. La ciudad apenas está iniciando su insurrección y en el horizonte se incrementa la actividad de los grupos revolucionarios. Un esfuerzo fue el intento de toma de un cuartel en Concuá. Fracasa. Ydígoras no renuncia.

Se esfuerza por mostrar virilidad haciendo ejercicios televisados. Su ministro y futuro golpista, Enrique Peralta Azurdia, planea, junto a la oficialidad leal a la Contrarrevolución, el aplastamiento de la rebelión urbana y
posteriormente un golpe de Estado en 1963. De no ser así, el Arevalismo podría retornar y con ello las aspiraciones democráticas.

Fruto del golpe militar: entre 1965 y 1966 nueva Constitución, un nuevo proceso democrático tutelado, primer arrasamiento de aldeas en Zacapa e Izabal, secuestro masivo de dirigentes sociales en 1968. Entre 1961 y 1965
el ala conservadora jesuita funda la Universidad Rafael Landívar. Temen la influencia de una generación jesuita crítica en Guatemala, como más tarde sucedería con la fundación de la UCA de El Salvador. En Guatemala se privatiza la educación como medida de contingencia para separar a la juventud de la revuelta.

MILES EN HUELGA: 1973


El general Arana Osorio está furioso. Hace apenas cuatro años acaba de aplastar la rebelión guerrillero-campesina en Oriente. Ahora, bajo la ciudad “pacificada” se levanta una huelga de carácter nacional: unos 8 mil maestros de educación primaria y secundaria reclaman aumento de sueldo”.

El gobierno dota a las organizaciones finqueras de créditos para el café ante el peligro de la roya, mientras la educación y la salud humanas son dejadas atrás. En los institutos públicos se va formando el Frente Nacional magisterial, que partiendo de la demanda salarial incorpora paulatinamente a pobladores marginales y estudiantes. El general teme un 1962 en medio de su campaña de “pacificación”. La policía reprime las manifestaciones magisteriales.

Muchos estudiantes de la generación de 1962 creen que es necesario impulsar una revolución en Guatemala. Clandestinos, vendiendo artículos de plástico en las mañanas y organizando la lucha en la noche, esos jóvenes veinteañeros se están conociendo con dirigentes magisteriales y pobladores. La rebelión urbana no ha muerto, se mueve.

La huelga triunfa al costo de la persecución de sus líderes. En el campo, a finales de mayo de ese año la policía militar asesina a 17 campesinos xincas en Sansirisay, Jalapa. Involucrado en la operación está el militar Efraín Ríos Montt. El conflicto: tierra en disputa entre comunidades y finqueros. Un año después, en 1974, los grupos de la línea dura militar harían un fraude contra la Democracia Cristiana, instalando en el poder al general Kjell Laugerud. Declaran el estado de sitio en diversos pueblos del país. La democracia bajo estado de sitio: buen resumen del sistema de garantías guatemalteco.

100 MIL MANIFESTANTES: 1977


Desde San Ildefonso Ixtahuacán traen una manta que dice “Marcha Pacífica”. No fue abril 2015 quien inició esto, menos inició por internet. De habla mam, su reivindicación consiste en la demanda del pago de prestaciones ante el cierre de una mina en ese municipio huehueteco.

Los mineros mames inician una larga marcha el 11 de noviembre de 1977. A su lado, asesorándolos legalmente, camina el abogado Mario Mujía Córdoba, quien sería asesinado en 1978 por escuadrones asociados al ejército, que castigan la organización. A medida que van caminando son recibidos por miembros de Comités de Agua, de Vivienda, por cooperativistas y miembros de Acción Católica en el Altiplano indígena. Causan gran revuelo en Sololá y Chimaltenango. El gobierno de Kjell Laugerud se pone nervioso a medida que avanza la marcha. Desde 1976 la organización social se ha incrementado por la crisis causada por el terremoto.

En la ciudad preparan la recepción de los caminantes mames. La experiencia es asombrosa: más de 100 mil personas entran apoyando a las dos decenas de mineros. Se vuelcan estudiantes universitarios, medios, parroquias… El gobierno teme. Un testigo reflexiona sobre la experiencia: “Hemos visto la fuerza del pueblo que cuando se organiza y se mueve es algo que arrastra y hace retroceder a los opresores y represores del pueblo”.

Cuando entran a la ciudad caminan las calzadas de occidente e ingresan a la zona 1. En la Concha Acústica, frente al Parque Central, dan su discurso. En ese mismo lugar, menos de un año después, un joven graduado del Colegio Americano, Oliverio Castañeda, ahora estudiante sancarlista, daría su discurso. Miembros de la Policía, comandada por el coronel Chupina, marcarían en su foto una X. A Castañeda lo asesinarán en los albores del segundo momento de la guerra.

HUELGA DE LOS DESPOSEÍDOS: 1980


Inicios de 1980: la organización desde abajo es cada vez más fuerte. La represión va en escalada. Ya no sólo es contra líderes de sindicatos, cooperativas y ligas campesinas. Empiezan los secuestros y las masacres masivas. Dos en 1980: la quema de la embajada de España y el secuestro, en dos operativos, de 43 sindicalistas urbanos.

Apenas una semana después de lo de la embajada, en febrero de 1980, un grupo de organizadores campesinos, pertenecientes a grupos católicos en Santa Lucía Cotzumalguapa, ven que es el momento indicado para la gran acción.

En febrero de 1980 se desatará la huelga de la Costa Sur, en la que se calcula que participaron cerca de 80 mil trabajadores, rancheros o cuadrilleros, de Escuintla y Suchitepéquez. Los trabajadores tomaron camiones y fueron a avisar de la huelga a fincas vecinas. Los cuadrilleros ixiles hacían guardia en las bodegas de Pantaléon, controlando el alimento.

La huelga ponía en jaque la producción finquera de ese año. El gobierno de Lucas, con un Ministerio de Gobernación copado por finqueros, estaba indeciso entre la represión y la concesión táctica. Se decidió la concesión, a pesar de la molestia de los finqueros locales. Se aumentó el salario del jornal de 1 a 3.20 quetzales.

A partir de 1980, y especialmente en 1981, los escuadrones de la muerte asolarían al campesinado organizado. No hacían grandes masacres donde se necesitaba sacar la producción. Los campesinos -indígenas o ladinos, rancheros o cuadrilleros- habían descubierto algo: “Si nosotros paramos, se para la riqueza de los finqueros”.

Asesinado Colom Argueta y perseguidos los partidarios de la Democracia Cristiana, el futuro previsible era un nuevo presidente de la línea luquista. No fue así. De nuevo, un golpe militar en marzo de 1982. Ríos Montt vestiría a Cristo de guerrero anticomunista y un joven teniente, Otto Pérez Molina, conocido como “Tito Arias”, dirigiría la segunda fase de la represión contra los pueblos ixiles.

LOS ACONTECIMIENTOS DE 2015


Entre el 25 y el 27 de agosto de 2015 las organizaciones campesinas, indígenas o no, salieron a bloquear más de 40 puntos en distintas carreteras de Guatemala. En la ciudad, grupos estudiantiles, sindicatos críticos y colectivos recién surgidos de las recientes manifestaciones tomaban instituciones públicas, tramos de calzadas y se agrupaban frente a instancias gubernamentales.

En el área rural el comercio hacia México, El Salvador y Honduras estaba siendo detenido. Era un paro in crescendo de la actividad económica hasta que renunciara el Presidente Otto Pérez Molina. Al contrario de lo sucedido en los últimos cinco años, en la ciudad capital había un ambiente de empatía hacia bloqueos, manifestaciones y paros, habitualmente descalificados como contrarios al progreso, al comercio y al empleo.

Pérez Molina no renunciaba, pese a la denuncia de la CICIG, negaba los cargos y amenazaba al empresariado nacional, insinuando que si él era corrupto por recibir, también lo eran quienes pagaban. El general se le había insubordinado al capital. Rumores de un autogolpe rondaban. Un buque de guerra estaba frente a las costas atlánticas de Guatemala. Venía de la base estadounidense de Honduras.

¿Cómo llegamos hasta aquí? Es necesario ver la crisis de este gobierno como pieza de una más profunda crisis regional, desde México hasta el triángulo norte de Centroamérica.

UNA FRONTERA HISTÓRICA


Es más que probable que la crisis del capitalismo mundial en 2008 haya repercutido en empresarios y banqueros de la región centroamericana provocando en ellos miedo e incertidumbre. Además de los conflictos que venían desarrollándose y del temor a una “venezuelización” de Centroamérica -nueva versión de los añejos odios anticomunistas centroamericanos-, el año 2009 marca una frontera histórica.

En 2008 había sido elegido en Guatemala el Presidente Álvaro Colom, de discurso socialdemócrata. Recuerdo a estudiantes de un colegio de élite diciendo que con Colom había “llegado el comunismo”.

En Honduras, desde 2006 había asumido la Presidencia Manuel Zelaya. Poco a poco, acercándose a la política comercial-petrolera de Chávez, fue entrando a un conflicto con la oligarquía local. Esto fue incomodando al establishment económico, basado en el narcotráfico, el extractivismo minero y las remesas de los migrantes. En El Salvador, el FMLN conseguía en 2009, con Mauricio Funes, la Presidencia de la República.

En términos de acumulación de conflictos hay en Guatemala en los últimos años por lo menos dos eventos que marcan el período previo a Pérez Molina. Primer evento: la imposición armada del complejo minero-industrial de una nueva cementera en el municipio kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, cercano a la capital. El 19 y 20 de septiembre de 2008 se declaró estado de sitio en el municipio. Previamente, hubo escuadrones de seguridad privada de la empresa y movilización de la Policía en la zona. Segundo evento: desalojos violentos en el valle del Polochic, para arrebatar tierras para el cultivo de la palma africana.

2009: REACCIÓN CONSERVADORA


En una visión revisitada de los miedos atávicos a Fidel Castro y a la revolución cubana, la piel de la oligarquía regional estaba sensible a cualquier fantasma de Hugo Chávez. Los proyectos nacionalistas de América del Sur preocupaban a una élite regional que, hacía poco más de una década, acababa de salir de una guerra total a los proyectos nacionalistas y revolucionarios de las guerrillas de 1960-1980.

A mediados de mayo de 2009, en Guatemala, un abogado de banqueros y grandes empresarios, Rodrigo Rosenberg, filma un video donde culpa al presidente Álvaro Colom y a parte importante de su gabinete de su futuro asesinato. El 10 de mayo muere Rosenberg. Su muerte unifica el descontento de las clases propietarias que en las tímidas políticas sociales de Colom veían la construcción de “una nueva Venezuela”. Los medios llamaron a manifestarse contra Colom. En las manifestaciones se visten de blanco, emulando las movilizaciones antichavistas de 2001-2002.

Asustado, Colom convoca a contramanifestaciones y moviliza a gente de escasos recursos. La gente vestida de blanco, acompañada de guardaespaldas, enseñan billetes de 50 quetzales a los movilizados por Colom. Les gritan que son acarreados… Uno de quienes con más firmeza exige la renuncia de Colom es el general Otto Pérez Molina. Había perdido recientemente las elecciones compitiendo con él. Colom sortea la crisis, entre otros con el apoyo del Ejército, al que se gana con un jugoso aumento de su presupuesto anual.

En Honduras, la élite está desesperada con la convocatoria que ha hecho Manuel Zelaya a un plebiscito donde se consultará sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente. La fecha de la consulta es el 28 de junio de 2009. Pero ese día, en vez de plebiscito, el Ejército dará un golpe de Estado contra Zelaya. Lo secuestra y lo saca del país. En el hemisferio, la condena es unánime. Centroamérica regresa al militarismo, de espaldas a los procedimientos democráticos.

En El Salvador, el partido de extrema derecha, ARENA, sigue viendo con malos ojos la llegada al gobierno del FMLN. En Nicaragua, uno de los líderes de la revolución sandinista, Daniel Ortega, se integra a la expansión capitalista en el país y desarrolla políticas de asociación comercial, energética y de control social con capitales venezolanos, chinos y rusos. Su discurso antiimperialista, desprovisto del contenido revolucionario de los años 80, es pieza de su estrategia por conservar a toda costa el poder, incluidos los fraudes electorales.

Mientras todo esto ocurre, Centroamérica sigue expulsando a su población como migrantes hacia el Norte y se convierte en lugar de paso para el narcotráfico. El impulso capitalista, el “legal” o el “lavado”, se invierte ahora en minería, energía eléctrica y agroindustria.

EL REGRESO DEL MILITARISMO


En Honduras, Juan Orlando Hernández es un Presidente hijo del golpismo. Tanto el Congreso como el Ejército hondureños dirigieron la campaña de desestabilización de Zelaya. El líder del Congreso, Roberto Micheletti, asumió la Presidencia de la República pese a la negativa de muchos países latinoamericanos de legitimar su cargo. De ahí su insistencia en llamar a elecciones en enero de 2010. Dos personajes críticos de Zelaya asumieron el poder: Porfirio Lobo, contrincante con Zelaya en 2005, quien no había aceptado su derrota en las urnas; y Juan Orlando Hernández, elegido en enero de 2010 como presidente del Congreso.

Como es usual en muchos países latinoamericanos, el Congreso se convierte en el eje de la transa mercantil y de la defensa de los privilegios para beneficiar empresas (telefónicas, mineras, energéticas), aprobar tratados de libre comercio o simplemente, gozar de inmunidad. En 2014 Juan Orlando Hernández fue elegido Presidente de Honduras. El golpismo mantenía su continuidad…

Al otro lado de la frontera, en Guatemala, muchos de los grandes capitales movilizados en las insinuaciones golpistas de 2009 contra Colom se lanzan a apoyar la candidatura de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti. Entre ellos, el grupo Multiinversiones y prominentes miembros del CACIF, queriendo mantener la relación histórica entre el capital “guatemalteco” y el estamento militar. Muchos votos para Pérez Molina vendrían de las áreas urbanas, atizadas por el discurso de la mano dura contra la delincuencia común y, paradójicamente, contra la corrupción.

PÉREZ MOLINA ARMA EL PP


El general Pérez Molina había desempeñado planes de contrainsurgencia contra las aldeas insurrectas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el área indígena Ixil, en 1982. Después desempeñó cargos de Inteligencia en el Estado Mayor del Ejército, supervisando grupos rebeldes urbanos y rurales. En 1996, al término del conflicto armado, junto al Presidente criollo-empresarial Álvaro Arzú, firmó los Acuerdos de Paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Desde inicios de la década de 2000, Pérez Molina empezó a organizar el Partido Patriota (PP), con militares de su promoción y empresarios conservadores. Su fórmula fue Roxana Baldetti, una comunicadora que había crecido en la escuela de Mario David García, civil golpista en 1988, quien participó en la filmación del polémico video de Rosenberg. Iba a ser candidato en 2015 del Partido Patriota.

Principales socios del PP fueron militares directamente relacionados con las campañas contrainsurgentes sobre el terreno. Entre ellos, el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y el Presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ambos acusados de corrupción.

2012-2015: SECUELAS DE LA GUERRA


Después de que el capital agroindustrial ordenara a la Policía desalojar las fértiles tierras de Polochic, Alta Verapaz, distintas organizaciones campesinas decidieron realizar una marcha de más de 200 kilómetros hasta la capital. Apenas dos meses y medio después de la investidura presidencial de Pérez Molina, el 27 de marzo de 2012 llegaron 15 mil personas a la capital en una Marcha Indígena y Campesina, como le llamaron sus organizadores.

Reclamaban detener los desalojos, conseguir tierra y financiamiento para las comunidades desplazadas e impulsar la Ley de Desarrollo Rural, nunca aprobada por la oposición de la Cámara del Agro.

Pérez Molina permitió la marcha e incluso la recibió. Poco después, el 1 de mayo de 2012 pobladores de Barillas, en el norteño departamento de Huehuetenango, se levantaron contra el asesinato de dos líderes sociales a manos de la seguridad privada de la empresa y tomaron el destacamento militar. Pérez Molina declaró estado de sitio en la región. Lo tuvo que suspender por la presión de la población y la de la comunidad internacional. Volvían a reaparecer las secuelas de la guerra…

LOS PASOS DE PÉREZ MOLINA


Entre mayo y agosto 2012 el gobierno de Pérez Molina intentó reformar la Constitución. Las reformas fueron rechazadas por varias organizaciones empresariales, entre ellas el CACIF. En la educación y la energía eléctrica el gobierno mantuvo una abierta componenda con el empresariado organizado. En julio de 2012 se eliminó la carrera de Magisterio en las Escuelas Normales, sustituyéndola por un Bachillerato en educación. La excusa fue la mala calidad que tenía la carrera. Esto canceló la opción de miles de jóvenes estudiantes de las áreas urbanas marginales y del área rural, que apostaban por el Magisterio para profesionalizarse. Varios institutos fueron tomados por los normalistas y bloquearon carreteras en la ciudad y en el campo. Fueron desalojados con violencia por antimotines.

Pérez Molina movía a su gente a puestos clave en el Seguro Social (IGSS), en la recaudación de impuestos en la Superintendencia Tributaria (SAT), en las aduanas y hasta en puertos como el de entrada desde el Pacífico. Concedió el Puerto Quetzal a una empresa española, a pesar de la negativa de un sector del empresariado, de las denuncias del sindicato portuario y de varios periódicos. La meta, ahora lo vemos, era apropiarse de los canales del comercio y de esos recursos que son los impuestos.

RESISTENCIAS EN TODO EL PAÍS


Entretanto, las luchas se incrementaban en todo el país. En Totonicapán, uno de los gobiernos indígenas mejor organizados del país, 48 cantones decidieron manifestarse en octubre de 2012. Exigían bajar las tarifas de la energía eléctrica a DEOCSA, empresa de capital español privatizada durante el gobierno de Arzú a final de los años 90.

Después de haber reunido a más de 15 mil personas en ocho bloqueos de su territorio k’iche’, el Ejército intentó desalojarlas, primero con bombas lacrimógenas, después con balas de Galil, los mismos fusiles que se emplearon durante la guerra. Murieron 6 k’iche’s y más de 34 quedaron heridos. Para algunos, ésta fue la primera masacre gubernamental después de los Acuerdos de Paz de 1996.

En mayo de 2013 indígenas xincas del departamento de Jalapa y Santa Rosa opusieron resistencia a la construcción de una de las minas de plata más grandes de América Latina. De nuevo, el gobierno decretó estado de sitio e ingresaron al territorio fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército.

El 23 de mayo de 2014 un enorme contingente de policías antimotines logró por fin desalojar la resistencia comunitaria en el municipio de San José del Golfo, a la entrada de la capital. El carácter de esta resistencia -pacífica, comunal, rotativa y con un papel protagónico de las mujeres, en un área étnicamente mestiza-, fue todo un símbolo. Finalmente, la mina a la que se oponían empezó a operar en La Puya. Y la resistencia se reorganizó.

El 15 de agosto de 2014 se desarrolló un operativo conjunto de la Policía, con resguardo militar, en una zona rica en recursos hídricos del departamento de Alta Verapaz. El operativo, comandado por el Ministro López Bonilla, enfrentó a la comunidad q’eqchi’ de Monte Olivo y Semococh, opuestos a la construcción de una hidroeléctrica. Mataron a 3 campesinos q’eqchies.

También a Santa Eulalia y a San Mateo Ixtatán, en el norte de Huehuetenango, se enviaron convoys policiales para imponer la construcción de hidroeléctricas en las tierras bajas que tienen su salida hacia Chiapas. Comunitarios q’anjobales y chujes se organizaron territorialmente para impedir la entrada masiva de fuerzas estatales… No han cesado estos enfrentamientos puntuales, dentro de una estrategia de continua persecución y encarcelamiento
de líderes indígenas.

UN PLAN DEL CAPITAL REGIONAL


Todo esto ha tenido y tiene que ver con un plan del capital regional para imponer nuevas formas de apropiación territorial. Está en disputa el control del caudal de los ríos, la producción de la energía eléctrica, la distribución y la inversión de capital constante en torres de transmisión eléctrica. El Estado hace concesiones a la empresa colombiana TRECSA, pero en distintos territorios le impiden el paso. El negocio de la palma africana y del azúcar en Petén, Alta Verapaz, Izabal y Escuintla, se mantiene con una constante vigilancia armada de los territorios en los que se desarrolla, territorios que son también rutas del narcotráfico. El gobierno de Pérez Molina tenía planeada también la construcción de un Corredor Interoceánico Seco, con una carretera atravesando el país, y la creación de una zona franca en donde los salarios estarían por debajo del mínimo legal, aunque no logró los consensos necesarios.

Los capitales financieros, industriales, comerciales y terratenientes -siguiendo la famosa fórmula trinitaria de Marx- buscan imponer militarmente la apropiación regional de plusvalía. No obstante, la múltiple y persistente resistencia en distintos lugares impidió a “Tito Arias”, el mismo militar de la contrainsurgencia de 1982, completar sus planes por completo.

2015: EL FINAL DE “TITO ARIAS”


Por fin, en 2015 se abrió una ventana institucional al descontento social. El 16 de abril de 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) convocó una rueda de prensa en la que denunció a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti de dirigir una estructura de defraudación aduanera llamada “La Línea”, organizada por militares cercanos al gabinete de Pérez Molina.

Desde ese momento varias cosas se movieron en Guatemala. La indignación de la población fue aumentando poco a poco en la hasta entonces indiferente capital del país. Fue en esos días que un grupo de jóvenes convocó en facebook a una manifestación pacífica en la Plaza Central. Sin saberlo, el Partido Patriota había llegado a un punto de no retorno.

SOCIÓLOGO.

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