Nicaragua
La imagen a cualquier costo
Nuevos brotes de violencia en el Caribe,
una fuerte sequía en buena parte del país
y la mayor de las incertidumbres
sobre la viabilidad ambiental y financiera del proyecto del Canal,
las quiere “resolver” este mes el gobierno con parches.
En la imagen que de Nicaragua vende,
un país “bendito” y cada vez más atractivo para las inversiones,
no deben aparecer ni el hambre ni la violencia
y tiene que mantenerse el sueño del Canal Interoceánico.
Esa imagen es la que conviene a la cuarta reelección de Ortega.
Equipo Envío
En los primeros días de septiembre volvió a presentarse un brote de violencia en el norte de la Costa Caribe, más concretamente en comunidades indígenas de Waspam, uno de los municipios más empobrecidos del país, con más del 80% de su población sobreviviendo en pobreza extrema.
Motivo: conflictos armados por tierras entre sectores de la población miskitu y sectores de los colonos mestizos que llevan años incursionando, invadiendo, ocupando o comprado tierras indígenas, las que por ley no pueden ser compradas ni vendidas.
Un primer balance de los conflictos ocurridos en septiembre es cinco mikistu y nueve colonos muertos, decenas de heridos de ambos bandos por armas de fuego y machetes, viviendas incendiadas, cosechas abandonadas y centenares de familias huyendo de la zona del conflicto para refugiarse en Bilwi o pasando a Honduras cruzando el río Coco.
Gran conmoción produjo en Waspam el asesinato, el 14 de septiembre, por personas ligadas al partido de gobierno, del fundador de YATAMA y miembro de su directorio, Mario Leman Müller.
Lottie Cunningham, líder del organismo de derechos humanos costeño CEJUDHCAN, ha dicho a sus colegas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que en los últimos tres años han sido asesinados 40 miskitus en hechos vinculados a disputas por tierras.
FALTA EL SANEAMIENTO
Los problemas de la Costa Caribe son extremadamente complejos, vienen siendo arrastrados sin soluciones de fondo durante décadas por los diferentes gobiernos y, si quieren hallarse soluciones en el largo plazo, requieren de miradas más amplias, como sugiere muy atinadamente en las siguientes páginas el investigador del mundo rural René Mendoza.
Los más recientes conflictos se enmarcan en la falta de cumplimiento de la última fase que la Ley 445 establece para que los pueblos originarios de la Costa se conviertan en auténticos dueños de sus territorios ancestrales, ya demarcados y titulados desde hace unos años en cumplimiento de esa misma Ley. Lo que falta ahora es la etapa del saneamiento: los colonos mestizos deben abandonar los territorios indígenas o deben negociar con los indígenas bajo qué condiciones pueden permanecer en ellos.
Esta disposición legal, que parece justa, tropieza con enormes dificultades: los colonos son ya una inmensa mayoría en toda la Costa, las visiones de indígenas y colonos son muy diferentes, la organización comunitaria indígena ha sido muy debilitada y eso dificulta lograr negociaciones que concluyan en soluciones no conflictivas, los intereses externos a ambas poblaciones son poderosos y, a la vez, son muy variadas las distintas apropiaciones legales, ilegales y corruptas que se han hecho de tierras indígenas desde hace años.
VIOLENCIA SEXUAL Y RACISMO
En esta compleja situación, como la ley no se cumple, ni hay señales de que el gobierno tenga voluntad de contribuir a hacerla cumplir -incluso “ha prohibido tácitamente a la cooperación internacional colaborar con los territorios en el saneamiento”, según afirma el ingeniero del pueblo miskitu Juan Carlos Ocampo-, algunos grupos miskitu han decidido desde hace un tiempo realizar operativos armados de autosaneamiento. Los que hicieron en septiembre tuvieron desenlaces muy violentos y encendieron la alerta en todo el país.
El saneamiento, planteado en blanco y negro, menos aún por la vía armada, preocupa a las organizaciones de mujeres costeñas. “Imponerlo está trayendo más violencia hacia las mujeres y aumenta el racismo”, afirma Rose Cunningham, líder miskitu en Wangki Tangni. La violencia, expresada en asesinatos de hombres de ambos bandos, ha incrementado la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, realidad que no se está teniendo en cuenta.
“DEBEMOS SABER NEGOCIAR”
En ese contexto, hay voces sensatas que apuestan por lograr una cohabitación negociada que sea justa y con beneficios para los indígenas, salida que también es compleja, dados los intereses económicos y políticos contradictorios que atraviesan la Costa, entre los que también deben incluirse los del narcotráfico, muy arraigado y cercano en Honduras y presente desde hace mucho en el Caribe de Nicaragua.
Hace unos años, el agrónomo miskitu Ceferino Wilson reflexionaba así, con cierto resentimiento, pero con sentido común, en las páginas de Envío: “Siempre hemos visto que cuando los no indígenas se asientan en territorios indígenas reciben mucha atención. Y rápido. Hoy se asientan y mañana ya tienen una escuela, pasado mañana una iglesia, al rato un centro de salud. Tienen muy pronto lo que las comunidades indígenas tardan en conseguir o lo consiguen muy difícilmente. Las alcaldías municipales y el Estado los priorizan. Es una colonización al suave. Hoy son un grupito social pequeño y pronto ya son un grupo grande con bases arraigadas en el territorio, lo que dificulta mucho sacarlos o expulsarlos”.
“Cuando las poblaciones no indígenas toman conciencia de lo que significa el saneamiento, es lógico que lo rechacen y que estén pensando en defenderse para que no los saquen de esas tierras. Cualquiera que sepa que lo van a expulsar de donde habita va a reaccionar así. También es lógico que cualquiera que sepa que en su propiedad no puede decidir quién entra o quién se queda va a reaccionar así. Lo que estamos tratando de promover y de afinar son mecanismos de negociación entre indígenas y no indígenas, sabiendo que en algunos lugares vamos a lograr negociar y en otros no”.
“EL FRENTE NO NOS QUIERE”
Es difícil imaginar salidas en blanco y negro para los históricos desafíos de la Costa Caribe. El Frente Sandinista no supo hallarlas en los años 80, cuando quiso imponer a la fuerza su proyecto y su visión de Nicaragua y del desarrollo y provocó una guerra.
“La gente tiene muy vivo el recuerdo de la Navidad Roja y del desplazamiento forzoso de miskitus a Tasba Pri en 1982 -relata Juan Carlos Arce, responsable del CENIDH en Matagalpa y promotor de derechos humanos en Waspam-. Hay miskitus que nos repiten: El Frente no nos quiere porque fuimos los primeros en hacerles la guerra”.
La guerra contrarrevolucionaria inició en la Costa Caribe -entonces la llamábamos Costa Atlántica- y después se extendió a las zonas rurales. Indígenas y campesinos se sintieron excluidos del proyecto revolucionario. El Frente de hoy repite su error de ayer, tropieza en las mismas piedras. Fracasa con los mismos: con los indígenas y con los campesinos.
LA AUTONOMÍA Y LA ALIANZA
El Estatuto de Autonomía (Ley 28) fue aprobado en 1987 por el gobierno revolucionario como una herramienta para poner fin a la guerra. Su aplicación -que la Costa fuera gobernada por su población- ha tenido muchos avances y muchos retrocesos.
Uno de los mayores avances fue la Ley 445, aprobada en 2002 para demarcar y titular los territorios indígenas. Este proceso inició con el gobierno de Enrique Bolaños, pero sólo se agilizó con la alianza que en 2006 Daniel Ortega firmó con Brooklyn Rivera, líder histórico de YATAMA, partido indígena que nació en los años 90 para representar a los miskitus y que con los años fue incorporando a otras etnias costeñas.
La alianza le permitió a Ortega proyectarse como factor de reconciliación en la Costa y a YATAMA le abrió puertas para colocar a profesionales indígenas, también a costeños vinculados al FSLN, en puestos estratégicos de instituciones del gobierno central relacionados con los recursos forestales, pesqueros, agrícolas, para tener diputados en la Asamblea Nacional y funcionarios en la Cancillería y otros ministerios…
En esos nuevos espacios los representantes de los pueblos indígenas consiguieron algunos acuerdos con el gobierno central, aunque también reconocen que no supieron utilizarlos adecuadamente. Por su lado, Ortega supo administrar hábilmente las cuotas de poder que les asignaba y avanzó en la cooptación de muchos de ellos.
ALBA FORESTAL VS. AUTONOMÍA
Cuando aparece Alba Forestal en escena, aparecieron con mayor claridad las contradicciones entre los intereses de unos y de otros.
Alba Forestal, una de las empresas del poderoso consorcio del ALBA en Nicaragua, entró en 2008 a la Costa para aprovechar la madera de 1 millón 600 mil hectáreas de bosque que tumbaron los vientos del huracán Félix en el Caribe Norte en septiembre de 2007. Lo hizo irrespetando un programa de manejo forestal que había sido aprobado por el Consejo Regional Autónomo del Caribe Norte. Fue una primera señal de que en la alianza se impondrían los intereses del gobierno central sobre los intereses autónomos costeños.
En mayo de 2012 el agrónomo miskitu Ceferino Wilson, comentando el conflicto que Alba Forestal estaba provocando en territorio mayangna al abrir una carretera de unos 5 kilómetros para extraer madera de la zona núcleo de Bosawás, Reserva de la Biosfera, dijo a Envío: “Todo el mundo en Nicaragua y en la Costa sabe que Alba Forestal está ligada a la familia presidencial, el poder más grande de este país. ¿Qué hacer ante eso? Armando Edwin, autoridad del gobierno territorial Matumbak, de los mayangnas, se presentó ante la Asamblea Nacional con Brooklyn Rivera y ambos hicieron público lo que estaba pasando. Brooklyn dijo que se estaban violentando los derechos de los indígenas. Creo que fue una señal de que algo estaba mal en la alianza con el Frente”.
Después de aquel primer desencuentro público, siguieron otros. Y Alba Forestal continuó explotando madera en la Costa. ¿Nada tiene que ver esta empresa en la deforestación de las 42 mil hectáreas anuales que se pierden en Bosawás, territorio ancestral del pueblo mayangna?
EL PODER EN LA COSTA
En el sugerente texto que publicó en “Confidencial” el catedrático costeño Miguel González, “La Costa del Comandante Campbell”, él señala que “la mayor parte de las decisiones importantes del FSLN relacionadas a la Costa pasan por el escritorio del Comandante Lumberto Campbell”, un combatiente de “la vieja guardia” del FSLN. “Su voz -escribe González- es la que escucha la alta dirigencia del FSLN en las cuestiones relacionadas a la Costa Caribe, en especial el Presidente Ortega y su círculo cercano”.
Esa escucha se basa en la visión “empresarial” que Campbell comparte con Ortega. La visión empresarial del Comandante significa -escribe González- “que el desarrollo solo podrá ocurrir si los agentes económicos privados y el capital nacional y extranjero pueden generar empleo, inversión y crecimiento, y eso se va a materializar a través de proyectos de infraestructura de gran escala (generación de energía, industrias extractivas, expansión agrícola e innovación tecnológica), en donde el Estado será un eficiente facilitador…”
CON VISIÓN EMPRESARIAL
“En la visión del Comandante -dice González- los recursos naturales existen no para ser contemplados, sino para ser explotados y generar riqueza. La propiedad comunal, para el Comandante, no puede oponerse al proyecto del Canal Interoceánico, y por tanto es expro¬piable. El Comandante no cree en comunidades indígenas armónicas e idealizadas, sino en agentes racionales que procuran el mejor de los beneficios en un contexto de creciente competencia. No cree en un Estado espectador, sino en su rol transformador, y esto significa movilizar su capacidad centralizadora, en la que cree firmemente”.
Políticamente -afirma González- Campbell “está convencido que es necesario gobernar con hegemonía, con el FSLN en control de las instituciones autónomas y tolerar una disidencia pequeña y domesticada, a través de alianzas o acuerdos”. Y concluye que “el poder que ha logrado acumular Campbell es de la misma proporción en que se ha reducido el poder de las Regiones Autónomas para tomar decisiones propias”.
TIERRAS Y RECURSOS INDÍGENAS
Desde la visión empresarial que comparten, es fácil descubrir que el proyecto económico y político del gobierno Ortega-Campbell incluye avanzar sobre las tierras indígenas para explotar sus recursos.
En 2010 la Comisión de Población de la Asamblea Nacional elaboró y presentó a la Policía Nacional una investigación muy detallada sobre varios casos de compraventas irregulares de tierras indígenas, en las que estaban implicadas autoridades municipales y policiales. El gobierno no le prestó atención.
En abril de 2012, el diputado Agustín Jarquín -quien fuera aliado del FSLN y fue despojado arbitrariamente en 2014 de su escaño- escribió directamente a Ortega pidiéndole su intervención respecto a las informaciones que contenía esa investigación, promovida por Jarquín y por Brooklyn Rivera. Pero ni Ortega ni ninguna autoridad gubernamental dieron respuesta.
APARECE EL CHIVO EXPIATORIO
El 9 de septiembre, cuando ya había estallado la reciente violencia en Waspam y el resto de Nicaragua volvía su mirada hacia la Costa, el Presidente Daniel Ortega se refirió en un extenso discurso a estos hechos, queriendo fijar una y otra vez la idea de que el gobierno que preside no tiene que ver en este asunto y que los únicos responsables de la compraventa de tierras indígenas son “comunitarios a los que les entró el veneno de la especulación”, “dirigentes comunitarios estafadores”, “comunitarios sinvergüenzas”…
Días después Ortega puso un parche al conflicto: el 21 de septiembre, en una operación política enmascarada de legalidad y de lucha contra la corrupción, Brooklyn Rivera, diputado y líder histórico del partido indígena YATAMA, fue despojado en la Asamblea Nacional de su escaño y de su inmunidad parlamentaria mediante un procedimiento tan expedito como ilegal.
El diputado del FSLN Edwin Castro presentó a la Asamblea un mamotreto en el que estaría el resultado de una investigación, desconocida hasta entonces y que nunca le mostraron a Rivera, por la que acusan al líder de YATAMA de haber vendido 1,556 kilómetros cuadrados (155,629 hectáreas) de tierras en los territorios de los pueblos miskitu y mayangna. Acto seguido, 62 diputados del FSLN, sin ningún debate, votaron para que fuera desaforado. Apareció así el chivo expiatorio con el que tapar a un rebaño mucho más numeroso y cercano al poder presidencial.
“ES UNA PASADA DE CUENTAS”
El 30 de septiembre la Procuraduría General de la República acusó formalmente a Rivera y a un grupo de otros dirigentes de YATAMA a abogados y a notarios, muchos de ellos costeños, de estelionato, usurpación de dominio público o comunal, coacción y desplazamiento, crimen organizado y delitos conexos.
Brooklyn Rivera calificó como “show político” y “pasada de cuentas” lo que sus aliados hicieron con él. Lo achacó a que YATAMA ha insistido siempre en que el gobierno respalde el proceso de saneamiento. También, a la ruptura de la alianza que mantenía con el FSLN.
Fue en marzo de 2014, ocho años después de firmada aquella alianza, que Rivera y Elizabeth Enríquez, los dos diputados de YATAMA en la Asamblea, se declararon “independientes” del FSLN. Siguieron en sus escaños y en la concreta, a lo largo de ese año y de 2015, nunca votaron en contra de ninguna de las leyes que Ortega envió a la Asamblea.
La gota que parece haber derramado el vaso de esa alianza fueron las denuncias que hizo Rivera después de las elecciones autonómicas del 2 de marzo de ese año. Acusó al FSLN de haber organizado un “fraude técnico” y de “trabajar para aniquilar, aplastar y destruir a YATAMA”. De hecho, fue en esos comicios que el FSLN consiguió por primera vez mayoría de concejales en los gobiernos autónomos del Caribe Norte y del Caribe Sur, otra vuelta de tuerca en el control orte¬guis¬ta de toda la institucionalidad del Estado.
Ya en 2013, al firmarse la ley canalera, Rivera había comenzado a expresarse por diversos medios contra el megaproyecto, por su potencial destrucción ambiental, porque irrespeta el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas firmado por Nicaragua y porque no se estaba consultando a las poblaciones que serían afectadas.
Después de ser acusado, Rivera señaló a los colonos como “punta de lanza” de las autoridades, de ganaderos, empresas mineras y terratenientes. Mencionó también la responsabilidad de Alba Forestal en el saqueo de madera de los bosques costeños.
¿VÍCTIMA O CÓMPLICE?
Según Juan Carlos Arce, “la gente en Was¬pam habla de más de 30 empresas madereras, que cuentan todas con respaldo del gobierno central. Allí, la gente señala al Frente Sandinista como responsable del saqueo de la Costa, no a Brooklyn, aunque algunos lo consideran cómplice y han perdido confianza en YATAMA”.
La realidad es que la alianza de YATAMA y el FSLN nunca contó con la simpatía de la base social de YATAMA por una arraigada desconfianza histórica del pueblo miskitu hacia el Frente Sandinista.
El pragmatismo calculador que hubo de parte y parte en la alianza erosionó el liderazgo de Rivera. Sin embargo, a pesar de todos sus errores, Brooklyn conserva aún el peso que le da su historia de lucha, ese halo difícil de disolver que en Nicaragua corona la testa de los caudillos, algo similar a lo que en el Frente Sandinista sucede con Daniel Ortega…
“ESTO LE PUEDE
COSTAR CARO A ORTEGA”
Después de hacer un balance crítico del desempeño de Rivera, en mayo de 2014, el sociólogo Salvador García Babini reflexionaba así en las páginas de Envío: “YATAMA aún conserva fuerza social suficiente para desestabilizar la región, sobre todo en el norte. YATAMA no sólo se adjudica la representación de los indígenas en la Costa Caribe -sobre todo de los mískitos-, también mantiene el monopolio ideológico para activar el dispositivo de la violencia entre cientos de hombres que combatieron en la década de los 80 y que mantienen una lealtad histórica con Rivera. Es con esa herencia que YATAMA negocia como garante de la estabilidad social”.
La inestabilidad y la violencia en el Caribe empañan la imagen de Nicaragua, “el país más seguro de Centro¬américa” y, por eso, enturbian el proyecto de permanencia en el poder de Daniel Ortega. El parche “jurídico y legal” que le ha puesto a la conflictiva situación en la Costa humillando a Rivera, ¿resuelve el conflicto? ¿O podría atizarlo? En la Costa se escucha ya el rumor: “Esto le puede costar caro a Ortega”.
UNA SITUACIÓN DRAMÁTICA
Sin saber aún cuánto costará o no esto a Ortega, a su proyecto y a la imagen de Nicaragua, lo cierto es que indígenas y campesinos están siendo excluidos, al igual que lo fueron en los años 80. Y hoy en el Norte grupos campesinos que se integraron a la Contra en la guerra de aquellos años se han rearmado para combatir a este gobierno, y en la Costa antiguos combatientes indígenas de esa guerra están armados contra colonos que consideran son respaldados por este gobierno.
Hoy, la situación de buena parte de la población rural que vivió aquella guerra es dramática.
En el invierno de 2015 las lluvias han sido más escasas que lo escasas que ya lo fueron en 2014, no sólo en el corredor seco, también en otras zonas del país. Aunque se repitió la tragedia del año pasado, resulta cruel emplear la consabida expresión de que “llovió sobre mojado”, cuando lo que pasó es que se secó sobre lo secado…
A mitad de septiembre, la FAO publicó un extenso informe en el que afirma que en Nicaragua la cosecha de granos básicos en el ciclo de primera (mayo-julio) se redujo a la mitad o se perdió totalmente, previendo que está en grave riesgo la cosecha de postrera (agosto-octubre) por condiciones que la FAO califica ya de “excepcionalmente secas”.
Junto a Cáritas de Nicaragua, los obispos de Matagalpa y Jinotega, Rolando Álvarez y Carlos Herrera, que ejercen su ministerio en amplias zonas secas del país, zonas en donde viven y trabajan mayorías de población rural, zonas que fueron de guerra, han pedido que se declare urgentemente una emergencia.
Monseñor Herrera ha pedido también a los alcaldes de la zona seca de su diócesis que informen verazmente al gobierno central de los desastres causados por la sequía.
Ante esta innegable realidad, el argumento del gobierno es que, habiendo en Nicaragua tres zonas climáticas y en todo el país tres ciclos de cosecha, habrá suficiente producción de alimentos y las pérdidas en la zona seca se compensarán con las cosechas de las zonas donde ha llovido, un aspecto que no incluye la FAO en su informe.
AYUDA CON SESGO PARTIDARIO
Con el argumento de las tres zonas y los tres ciclos, el gobierno ha sido persistente en negarse a declarar estado de alerta, estado de emergencia, incluso estado de calamidad, como han hecho los países vecinos y no ha solicitado al PMA ningún apoyo.
Funcionarios del gobierno y algunos dirigentes de la gran empresa privada han declarado que la sequía es “manejable”. Otros, como Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agrícolas y Ganaderos (UPA-NIC), han sido más realistas. Healy ha expresado varias veces en los medios su preocupación por los efectos devas¬tadores que está teniendo la falta de lluvias este año.
Como se ha hecho habitualmente, la sequía está siendo “manejada” por el gobierno entregando paquetes de comida a las familias del corredor seco. La Primera Dama informó que se enviarían mensualmente 40 mil paquetes con alimentos básicos: frijol, aceite, maíz, arroz y sal. Los primeros comenzaron a repartirse hasta septiembre.
En 2014, Monseñor Herrera y su clero presentaron al gobierno un plan de emergencia para paliar las necesidades de miles de familias afectadas por la sequía y la hambruna, solicitando que si se enviaban alimentos a las comunidades se entregaran sin distinciones partidarias. Su llamado no tuvo eco entonces y es eso lo que repite de nuevo este año, cuando Herrera ha denunciado que la ayuda, no sólo es insuficiente, sino que se entrega selecti¬vamente, con sesgos partidarios.
¿Por qué tanta resistencia a acudir a la cooperación internacional? ¿Porque eso afectaría la imagen que se vende de un país “bendito” y extremadamente atractivo para la inversión extranjera? ¿Porque, al igual que la violencia no le conviene a la imagen de Nicaragua y al proyecto reelec¬cionista de Ortega, hay que evitar también la imagen de un país con hambre?
EL RETO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Ante la sequía, como ante otros problemas sociales la estrategia del gobierno ha sido, una vez y otra vez, priorizar la dádiva que reclama agradecimiento e induce a la sumisión. Pone parches.
La sequía de este año, la de años anteriores y la previsible en los próximos años requiere de reflexión, de consenso entre todos los actores de la sociedad y de soluciones de fondo, que superen las respuestas paliativas.
La agudización de la sequía y su recurrencia son problemas que tienen que ver con el cambio climático, una realidad mundial que llegó ya a Nicaragua para quedarse. Sólo puede mitigarse y sólo podemos adaptarnos. Nunca el clima del planeta, tampoco el nuestro, volverá a ser el de hace décadas, antes que saturáramos la atmósfera con gases contaminantes.
Ya sabemos que Centroamérica, y Nicaragua en la región, es una de las zonas del planeta más vulnerables a los efectos del cambio climático, cuyos efectos más frecuentes son, y seguirán siendo, lluvias torrenciales que provocan inundaciones y deslaves y sequías extremas que provocan pérdida de cosechas y hambrunas.
LA HAMBRUNA
Y LA SED
La adaptación al cambio climático tiene mucho que ver con un plan de racionalidad en el uso del agua de la que el país dispone. En las zonas más secas y en las no tan secas, en el Centro y en Occidente, se están secando los pozos, el agua subterránea aparece cada vez a mayor profundidad, o no aparece ya, y son muchos los ríos con aguas reducidas o contaminadas.
Según un diagnóstico de la red de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), el 70% de los 112 pozos que administran los Comités en Chinan¬de¬ga se están secando.
La investigadora en temas de agua, Ruth Selma Herrera dio a Envío estos datos: desde Rivas hasta Chinandega, y en parte del Centro Norte de Nicaragua, dada la escasez de ríos -de bajo caudal y casi secos en tiempo de verano-, el 90% del agua que usamos la sacamos del subsuelo.
Pero el 70% de esa agua la emplean los grandes productores para regar enormes extensiones de caña de azúcar, maní y arroz, productos de exportación que enriquecen sólo a unos pocos. Un 15% del agua sub-terránea la usan las industrias, entre ellas las embotelladoras de agua, cerveza, licor, leche y refrescos, también en manos de grandes productores. Y apenas el 6% del agua que se extrae del subsuelo se destina al consumo humano.
Visitación Sevilla, ingeniero del Instituto Nitlapan de la UCA, insiste en que en tiempos de sequía el consumo humano de agua debe priorizarse sobre el riego de esas extensas plantaciones. Esa prioridad no se está teniendo en cuenta.
Sevilla explica que en un día de riego una manzana de plátano consume 45 mil litros de agua, el equivalente del agua que necesitan ese mismo día 2,250 familias campesinas, más de 100 mil personas. Debe hacerse, dice el experto, un cronograma de las actividades de riego y deben usarse sistemas de riego por goteo, más eficientes.
ESCUCHAR LA VOZ
DE LOS CIENTÍFICOS
El experto en recursos hídricos Salvador Montenegro insiste en que una solución de fondo estaría en aplicar la Ley General de Aguas, que propone un plan hídrico nacional, que nunca ha existido. Tampoco se han elaborado los planes para administrar las 21 cuencas hídricas con las que cuenta Nicaragua. “La Ley tiene siete años de haber sido aprobada y hasta ahora seguimos sin cumplir el objetivo que buscábamos con ella”, se lamenta.
Esta desidia, cortoplacismo, ineficiencia o “yoquepierdismo” no puede achacarse solamente a este gobierno. Lo que sí se le puede atribuir es la exclusión calculada y permanente de voces plurales a las que escuchar y con las que contar para buscar soluciones.
Montenegro, por ejemplo, es un científico que hace unos meses fue víctima de una maniobra del partido de gobierno para apartarlo de la dirección del CIRA (Centro para la Investigación de Recursos Acuáticos), fundado por él. Y fue apartado por alertar con insistencia sobre la tragedia ambiental que representaría la construcción del Canal Interoceánico para la mayor reserva de agua que tenemos, el lago Cocibolca.
Víctor Campos nos dice: “No existe en Nicaragua un plan nacional de adaptación al cambio climático. Hace años hubo una estrategia regional de cambio climático. Y digo “hubo” porque ya nadie se acuerda de ella. Hubo también hace tres o cuatro años una estrategia nacional de ambiente y cambio climático, en la que se sumaron los planes operativos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y de otras instituciones, pero eso no pasó del papel. Nunca fue una guía para la gestión pública ni en las municipalidades ni en los departamentos y muy poca gente la conoce”.
En julio, y ante la gravedad del panorama previsto, el gobierno dio por fin un paso positivo al solicitar al gobierno de Taiwán apoyo para instalar un sistema de riego en la zona seca del país. En agosto llegaron a Nicaragua especialistas taiwaneses para estudiar cómo sería el sistema.
Un proyecto así, empleando las aguas del lago Cocibolca, ha sido presentado desde hace años por científicos nicaragüenses, y ha sido defendido como alternativa mucho más rentable y barata que el megaproyecto del Canal Interoceánico, que dedicaría las aguas de la mayor reserva de agua dulce de Nicaragua y de Centroamérica al paso de buques comerciales.
EL MEGAPROYECTO
DE UN EMPRESARIO EN QUIEBRA
A pesar de todo, el gobierno mantiene la prioridad del Canal. Y si cuida la imagen a cualquier costo, también defiende el Canal a cualquier costo.
Tras once meses de la “inauguración” de las obras del Canal Interoceánico, sin que ocurriera nada más que el ensanchamiento de ocho kilómetros de un camino de tierra en la zona costera de Brito -lugar por donde el Canal saldría al Pacífico-, y seguramente sabedor ya el gobierno de la debacle financiera del empresario Wang Jing en la bolsa de valores de China -perdió el 84% del valor de sus acciones-, el gobierno recurrió a un parche que le permita mantener vivo el sueño del Canal, al menos hasta las próximas elecciones presidenciales.
El parche fue una “consulta pública” realizada el 24 de septiembre, en la que la empresa HKND, y no el Ministerio del Ambiente, comunicaron a un público seleccionado estrictamente por el gobierno, aspectos del estudio de impacto ambiental y social elaborado por la empresa británica ERM, que permanecía en secreto desde hacía meses. Al día siguiente, HKND colocó en Internet, en su página (hknd-group.com) un extenso resumen ejecutivo del estudio.
NO PUEDE OCULTARSE
EL DAÑO AMBIENTAL
El resumen ejecutivo es revelador. Merece ser leído cuidadosamente para captar las debilidades del proyecto.
Ya desde el comienzo, ERM reconoce que “HKND no ha proporcionado un estudio de mercado que describa el “argumento comercial” del proyecto”, uno de los vacíos que más constantemente se le han señalado a HKND: no haber demostrado la viabilidad comercial del proyecto, su plan de negocios, un estudio financiero que justifique la construcción de esta megaobra.
ERM ratifica sería “la operación de ingeniería civil más grande de la historia, y requeriría la excavación de aproximadamente 5,000 millones de metros cúbicos de material”, considerando también que los juegos de esclusas para un canal como el diseñado por la empresa china serían también “las más grandes jamás construidas”.
Después de dar abundantes detalles del diseño que ha hecho la empresa china, ERM ubica las 10 preocupaciones que presenta el proyecto. En primer lugar aparecen las afectaciones que experimentará el lago Cocibolca. ERM señala prácticamente todas las que los científicos nicaragüenses ya habían advertido.
Entre otras, dicen: “La disponibilidad de agua es una preocupación crítica para el proyecto, en particular con las incertidumbres asociadas al cambio climático”.
Se refieren también a la salinización de las aguas del Cocibolca por la entrada de agua del mar con el paso de los buques y advierten: “No hay medidas de control para la salinidad en las esclusas… HKND pretende proporcionarlas, aunque aún no ha seleccionado una medida específica”.
Afirman: “El proyecto tiene el potencial de afectar la calidad del agua en el Lago de Nicaragua de diversas maneras”, y citan las maneras que científicos nicaragüenses ya habían señalado en foros y escritos.
Al referirse a los problemas relativos a la biodiversidad afirma ERM que el Canal “podría tener efectos adversos significativos sobre la biodiversidad, algunos de los cuales pueden no ser directamente mitigables”, refiriéndose, entre otros, al daño en el río Punta Gorda y a la barrera que partiría a lo largo el Corredor Biológico Mesoamericano.
Sobre la afectación al pueblo indígena rama-kriol, cuyo territorio atravesaría de lleno el Canal, dice ERM: “El gobierno propone arrendar las tierras que requiere el Canal en lugar de comprarlas; por lo tanto, técnicamente no habría pérdida de tierras indígenas, aunque los pueblos indígenas tendrían prohibido el acceso a gran parte de estas tierras por motivos operativos y de seguridad”.
VERDADES
CONTRA RETÓRICA
ERM reconoce todos los problemas ambientales, sociales y culturales que han sido planteados por la Academia de Ciencias de Nicaragua y las organizaciones ambientalistas desde 2013, problemas que la propaganda oficial nunca ha querido reconocer y que ha contradicho con una retórica que descalifica las críticas y sólo pinta bondades y beneficios. A pesar de las limitaciones del estudio, lo que publica ERM deja en ridículo a los entusiastas voceros del Canal.
La conclusión de ERM es también reveladora: afirma que se necesitan “estudios adicionales” y señalan una larga lista de “brechas de información” que deben llenar esos estudios: hay incertidumbre sobre la topografía, falta un estudio sísmico de campo, faltan datos de batimetría del lago, no hay muestras suficientes sobre los sedimentos del lago…
“Es imposible -dice ERM- construir un proyecto de esta magnitud, especialmente en un área con la sensibilidad ambiental, social y cultural del sur de Nicaragua, sin tener impactos adversos e inevitables”. Finalmente, ERM se lava las manos: “ni recomienda ni se opone” al proyecto y afirma que la decisión es “política” y la tiene el gobierno.
Y afirma algo que hemos escuchado muchas veces en boca de las voces más sensatas del país: “El proyecto tendría como resultado impactos sociales y ambientales significativos, pero también tiene el potencial de tener efectos positivos si se implementa de forma adecuada”.
Sin decirlo, ERM demuestra que la forma improvisada y precipitada implementada hasta ahora es totalmente inadecuada. Daniel Ortega entregó una concesión que compromete por más de un siglo la soberanía de Nicaragua y lo hizo a ciegas. Voceros del gobierno empezaron a proclamar las ventajas del proyecto sin tener prácticamente ningún estudio. Y la lista de estudios, vacíos y recomendaciones que plantea ERM es tan extensa que resulta sensato desconfiar de que haya tiempo, voluntad, capacidad y decisión de cumplirlas.
EL PARCHE
MÁS FANTÁSTICO
Tan sólo unos días antes de que se hiciera público el resumen del estudio de ERM, Paul Oquist, el vocero más persistente del Canal, asesor de Ortega para políticas públicas, llegaba a Washington a justificar la viabilidad del proyecto, afirmando que hay “por ahí cantidad de desinformación” que él se encarga de compensar. El informe de ERM no lo ayuda.
Unos días después de que ERM publicara el resumen ejecutivo, la agencia de noticias económicas Bloom-berg daba a conocer que el multimillonario con peor desempeño en el año 2015 y el más afectado por la crisis en la bolsa de valores de China es nada menos que Wang Jing. De un capital de 10 mil 200 millones de dólares que poseía le quedaron solamente 1 mil 100 millones por la pérdida de acciones de su empresa de telecomunicaciones XinWei.
Su crisis financiera personal entorpecerá, sin duda, su capacidad de lograr inversores para un megaproyecto, que pudiera ser el “parche” más fantástico de todos los imaginados para garantizarle a Daniel Ortega su reelección en noviembre de 2016.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica