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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 401 | Agosto 2015
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Nicaragua

“Lo único que cabe aquí es exigir la anulación de la concesión canalera”

Desirée Elizondo, agrónoma con especialidad en suelos y aguas, experta ambiental y protagonista en los albores de la legislación ambiental en Nicaragua, compartió informaciones y reflexiones sobre el torcido camino recorrido hasta ahora por el megaproyecto del Canal Interoceánico en una charla con Envío que transcribimos.

Desirée Elizondo

El 31 de mayo el gerente general en Nicaragua de la empresa china HKND entregó a los miembros de la Comisión Nacional del Canal Interoceánico 14 volúmenes con el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) realizado para ese megaproyecto por la empresa británica ERM (Enviromental Resources Management), contratada para hacer ese estudio por HKND.

Antes que nada, quiero decirles que la disciplina que construye la herramienta de los estudios que son las evaluaciones de impacto ambiental y social de los proyectos está actualmente en crisis de legitimidad en todo el mundo, no sólo en Nicaragua, porque ha faltado capacidad para aprender de la experiencia, ir modificándola y hacerla realmente efectiva. Ya es una industria, un negocio. También quiero anticiparles que ERM no podrá defender ante ningún interlocutor serio el proceso que ha conducido para realizar este estudio, ni nos debemos dejar impresionar por 14 volúmenes de papel entregados a las autoridades del Canal.

Siendo especialista en suelos y aguas, a lo largo de mi vida profesional me ha tocado cumplir varios roles en la construcción de estudios de impacto ambiental. Tuve el privilegio, en los años 90, de liderar todo el proceso normativo de la legislación ambiental de Nicaragua. La primera norma ambiental que se aprobó en nuestro país, en 1994, fue precisamente la normativa de impacto ambiental, el procedimiento sobre cómo hacer estos estudios y cómo aprobarlos. Después vino la Ley de Medio Ambiente y después una serie de normativas para regular los contaminantes y desechos, la minería, la industria láctea, y distintas actividades económicas. Eso configuró el marco normativo de la calidad ambiental en nuestro país. Me tocó estar ahí y me tocó aprobar los primeros estudios de impacto ambiental que se hicieron en Nicaragua, lo que no fue nada fácil porque con el gobierno de doña Violeta se aceleraron las privatizaciones, llegaron al país muchos inversionistas y empezaron las tensiones y los dilemas que siempre contraponen el desarrollo económico por un lado y la protección ambiental por el otro. En el lado de “los buenos” estábamos nosotros, en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), con el doctor Jaime Incer Barquero a la cabeza. Y en el lado de “los malos” estaba el Ministerio de Economía, que empezó a otorgar concesiones para explotación minera y de hidrocarburos, sin siquiera tener conocimiento de dónde quedaban los territorios que se estaban entregando en concesión. La primera concesión que él otorgó fue una gran extensión de territorio que incluía el área de la reserva de Bosawás para explotación de minería. Aún recuerdo que tenían en el despacho un mapa de Nicaragua de escala colegial y el lugar concesionado señalado con un alfiler, pero no sabían nada de esos territorios, de quiénes eran las tierras, qué comunidades vivían allí, cuáles eran territorios indígenas, nada sabían de los ecosistemas que se iban a afectar y de las riquezas naturales que se estaban entregando. Así estuvimos varios años, lidiando con estos dilemas, queriendo construir instrumentos que pudieran mitigar los impactos que nos iba a causar esta fuerza económica que veíamos difícil de detener.

Las evaluaciones de impacto ambiental son eso: herramientas de mitigación. Se hacen para valorar un proyecto, determinar sus consecuencias y proponer formas de cómo hacerlo lo mejor posible para lidiar con los daños que inevitablemente producirá. Un estudio serio tiene que reconocer los daños que se van a causar, y si no se pueden evitar, tiene que proponer, de forma transparente y ética, cómo se van a resarcir, a compensar, a reponer.

Eso es elemental y, por eso, me asombró escuchar al vocero del Canal, el ingeniero Telémaco Talavera, cuando nos dijo que ERM ya había entregado los estudios y que, aunque hacían algunas recomendaciones, afirmaban que el proyecto traería “grandes beneficios ambientales”. Esa declaración es una confirmación de que, si el Canal Interoceánico se llegara a hacer en nuestro país, se haría de la peor forma posible. No ser capaz siquiera de reconocer la realidad y afirmar que un proyecto de semejantes dimensiones nos traerá beneficios ambientales es algo que debe preocuparnos.

Además de haber estado del lado gubernamental en los años 90 haciendo estudios de impacto ambiental, también los he hecho como practicante, en trabajo de campo, contratada por desarrolladores de inversiones. Este doble rol me ha permitido verlos desde diferentes ángulos. Y eso me ha dado una visión crítica, también apasionada, sobre estas evaluaciones y sus conclusiones. A partir de esas dos experiencias, espero demostrarles por qué los procedimientos para analizar el impacto ambiental y social de un proyecto tradicional se quedan demasiado cortos en el caso de un megaproyecto como el Canal Interoceánico, que no tiene precedentes y que debe estar sujeto a una institucionalidad que está por desarrollarse. También espero quitarles cualquier expectativa sobre los contenidos del estudio hecho por ERM convocándolos a que nos enfoquemos en lo que ahora cabe, en lo que es urgente: exigir la derogación de la ley canalera, quitarnos el yugo que nos han impuesto a los nicaragüenses, porque de no hacerlo lo llevaremos por cien años.

¿Por qué los estudios de impacto ambiental están en crisis hoy en todo el mundo? La costumbre hoy en día es que son los inversionistas privados los que realizan esos estudios y es el Estado el que los norma. Orbitan en una esfera que se mueve entre lo público y lo privado. Eso significa que siempre hay conflictos de intereses. Los estudios los norma el Estado y debe haber una institución estatal capaz de poner las reglas y de supervisar lo que se hace, pero los proyectos para los que se hacen los estudios suelen ser inversiones privadas y los estudios los paga el sector privado. Nunca resulta claro definir la frontera entre las responsabilidades de ambos lados y eso tiene importantes consecuencias.

En Nicaragua llevamos ya veinte años haciendo estudios de impacto ambiental. En el mundo llevan haciéndolos cuarenta años. La primera herramienta con carácter legal para estudiar la dimensión ambiental nació en Estados Unidos, allá en los años 70. Se hizo para estudiar las políticas públicas. Aquella normativa legal no se hizo para evaluar el impacto de proyectos específicos, sino para insertarse en un proceso de valoración de políticas públicas. Se trataba de diseñar una especie de paraguas que permitiera evaluar lo ambiental en las grandes políticas. Esa normativa legal tuvo mucho impacto y a todas las instituciones federales de Estados Unidos se les requería cumplir con ella. Pero la integralidad con que nació esta herramienta, la amplitud de enfoque que tenía para valorar todas las dimensiones del ambiente -lo social, lo económico, lo ecológico- y su propósito de evaluar cómo una política afecta de manera integral el desarrollo, se fue perdiendo en la medida en que la herramienta se fue adaptando únicamente a lo ecológico. En la práctica, eso fue viciando los estudios de impacto ambiental y social. Hoy se acostumbra reducirlos a lo ecológico y los suelen realizar ecólogos, biólogos y profesionales de las ciencias naturales, abandonando una visión integral y dejando de lado lo económico y lo social: las comunidades, el impacto sobre la gente y sobre el desarrollo local.

Las fuerzas que luchan en la frontera entre lo público y lo privado, que no siempre van juntas y que suelen ser antagónicas, dejaron huella en la legislación ambiental de Nicaragua y de Centroamérica. En aquellos años hicimos nuestra normativa bajo una fuerte presión del sector privado, que nos quería restringir al máximo la aplicación de los instrumentos con carácter obligatorio. Tuvimos que hacer una lista taxativa, una lista de los proyectos que iban a requerir estudios de impacto ambiental, pero tuvimos que dejar fuera un montón de actividades económicas. Quienes estábamos desarrollando la normativa legal ambiental no teníamos ninguna idea de por dónde venían los intereses del sector privado y no sabíamos bien qué proyectos meter o no meter en esa lista y esto no es sólo cosa de escala. Por eso, la legislación inicial quedó bastante limitada, pero al menos existió y frenó las principales concesiones que se estaban dando para explotar recursos naturales. En aquel momento nuestro énfasis fue la defensa de nuestros recursos naturales.

El primer país de Centroamérica que tuvo una legislación ambiental fue Guatemala, en 1986. Y el último que hizo su ley del ambiente fue Panamá. Hay más de diez años de diferencia entre la primera ley y la última, lo que significa bastante. Panamá, el último país en incorporar la legislación ambiental, ha sido también el país más reticente en todos los temas ambientales. A tal punto que durante su gobierno, el ex-Presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) emitió un decreto en el que dio una “tregua” a los estudios de impacto ambiental. Los eliminó para así promover las que llamó inversiones “de interés nacional”. Su interés era abrir la carretera por el Darién para comunicar Panamá con Suramérica, y durante la tregua otorgó también muchas concesiones mineras, y se aprobaron proyectos hidroeléctricos, que provocaron graves conflictos sociales y enfrentamientos con los pueblos indígenas, con muertos y heridos.

Respecto a las normativas ambientales de los estudios de impacto ambiental y social, en Centroamérica tenemos en un extremo el caso de Panamá y en el otro extremo el de Costa Rica, donde cualquier actividad económica, desde abrir un negocio local, hasta instalar un proyecto minero, requieren de una evaluación ambiental. Sin embargo, a pesar de todos los matices que podemos encontrar en las legislaciones de Centroamérica, existe hoy una corriente que es mundial y que ha empujado a todos y por todos lados a elaborar estudios ambientales. Quien busque en Internet “estudios de impacto ambiental normativa”, le saldrán cientos de manuales. Toda organización ha hecho un manual, todo el mundo sabe cómo son estos procedimientos y en los estudios que se están haciendo todo está ya metodológicamente determinado desde el inicio hasta el final. En Centroamérica, por ejemplo, en los últimos diez años, y según estadísticas recogidas en los ministerios de los países de la región, proponentes privados han abierto 55 mil expedientes solicitando evaluaciones de impacto ambiental. Y como todas las instituciones financieras internacionales requieren un estudio de impacto ambiental para sus proyectos, hay que sumar esas solicitudes internacionales a los 55 mil expedientes nacionales. En un contexto así, lo que esto ha generado es una industria para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Y lo digo con pena, porque yo he tomado parte en esa industria. En la situación actual es imposible hacer bien las cosas. Es frecuente encontrarse los términos de referencia de un proyecto copiados para otro proyecto, sin siquiera cambiarle el nombre del lugar donde se va a desarrollar. En poco tiempo, lo que comenzó como una herramienta para evaluar políticas de grandes proyectos se ha convertido hoy en una maquinaria que funciona a todos los niveles. En cualquier municipio centroamericano hay una normativa propia. El resultado de todo esto es una total falta de capacidad de las instituciones, una gran saturación y una falta de recursos humanos y de recursos financieros para conducir estos estudios de forma seria para que sean efectivos.

De la efectividad de estos estudios no sabemos nada. Con conocimiento de causa de cómo funcionan en Centroamérica puedo afirmar que el sistema está totalmente saturado. Además de que en todos los ministerios, las direcciones de calidad ambiental tienen una tubería llena de solicitudes que no pueden atender, hay también un claro tráfico de influencias alrededor de las evaluaciones de impacto ambiental. Se conoce que en cada país centroamericano estos estudios tienen un precio. Entre la saturación y la falta de ética profesional, hay también falta de participación pública, y no porque no existan procedimientos de consulta. Esto sucede también en Nicaragua. En los últimos veinte años el MARENA viene publicando diariamente en los periódicos convocatorias a consulta pública sobre algún estudio de impacto ambiental en algún municipio sobre algún proyecto… ¿Cuántos las leen? Y si las leen, ¿qué tan efectivo es el documento que se pone a consulta, que no es el mismo que entrega el cliente? ¿Cuánta gente acude? Y si acuden, ¿cómo pueden participar? ¿Qué relevancia tienen estas consultas, cuando a la gente no se le da información para que pueda discernir la magnitud de los impactos que el proyecto en cuestión va a tener en sus vidas y en su comunidad? Todo esto nos muestra que estos procesos están ya tan viciados que son prácticas sin efectividad. Y por eso, carecen de legitimidad.

Si los estudios de impacto ambiental y social tienen como propósito mitigar los impactos de un proyecto, debemos preguntarnos también por el rigor científico en la previsión de esos impactos. ¿Cómo saber si los impactos que se predicen y las medidas de mitigación que se proponen son efectivos cuando no hay ningún seguimiento ni control sobre lo que el estudio advirtió? También con total conocimiento de causa, puedo afirmar que el seguimiento es nulo, que hay cero seguimiento y cero control sobre lo que sucede después de que se hacen los estudios. Una vez que se aprueban, el inversionista asume una serie de compromisos, pero jamás de la vida se ha visto una auditoría independiente que nos permita saber si las medidas de mitigación propuestas han sido efectivas. Un ejemplo emblemático que ilustra esa falta de seguimiento lo encontramos en la minería. No existe, ni en Nicaragua ni en Centroamérica, persona alguna que pueda refutar los graves impactos ambientales y sociales que tiene siempre la actividad minera. Pero, ¿quién está fiscalizando esos impactos? ¿Qué institución del Estado? ¿Qué grado de contaminación está dejando la minería en las aguas, en los suelos? No hay ningún lugar en donde acceder a información y es sólo cuando las personas afectadas están en una crisis de salud, cuando hay una contaminación muy evidente o un grave accidente, que el tema reaparece y volvemos a constatar el grave impacto que causa la minería en la gente, en las comunidades y en el ambiente, provocando, como comprobé recientemente en el Petén, en Guatemala, que también provocan una masiva violación de derechos humanos. En Nicaragua el Centro Humboldt, desde la sociedad civil, ha hecho un esfuerzo muy grande para informar y despertar conciencia, pero no es fácil romper el sigilo por los grandes intereses económicos que están detrás de las corporaciones mineras. Lo que vemos es que el sistema de monitoreo y control ambiental, en la práctica, se ha privatizado. La falta de seguimiento, y lo poco que se sabe sobre la eficacia de las medidas de mitigación que se aprueban con los estudios, no es un problema sólo de nuestra región, es un problema global.

Si los estudios de impacto ambiental y social para diversos proyectos están hoy en la crisis que he tratado de describir, ¿qué pensar del estudio que requeriría un megaproyecto como el Canal Interoceánico, anunciado por Wang Jing, al frente de la empresa china HKND como “la obra más grande de la historia de la Humanidad”?

Hablemos de los megaproyectos. La Universidad de Cambridge ha publicado un libro que recomiendo para entender de qué se trata en estos enormes proyectos de infraestructura. Los autores del libro son Bent Flyvbjerg, danés; Nils Bruzelius, sueco; y Werner Rothengatter, alemán. El título es “Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition” (Megaproyectos y riesgo: una anatomía de la ambición). Los autores han estudiado unos cincuenta megaproyectos desarrollados en el mundo en los últimos treinta años, enfocándose principalmente en los realizados en los últimos diez años. Y demuestran que todos, absolutamente todos, tienen un pobrísimo desempeño y que ninguno ha conseguido los beneficios que anunciaron tendrían. Hablan muy elocuentemente. Dicen, por ejemplo: “La escala económica, el alcance físico-espacial de los megaproyectos de esta época es tal que toda una nación, o grupo de naciones, se ven afectadas, tanto en el mediano como en el largo plazo, sólo por el éxito o sólo por el fracaso de uno de ellos”. También alertan: “Estamos ante un nuevo animal político y físico”. Así llaman a esas infraestructuras multimillonarias desarrolladas en los últimos años en Europa, Asia y África, que conocemos como megaproyectos.

Quiero resumir algunas de las conclusiones de este estudio porque no existe ninguna razón para pensar que en Nicaragua las cosas vayan a ser diferentes. Los autores demuestran que todos los megaproyectos estudiados se han promovido y aprobado con engaño. Se preguntan si se habría aprobado uno sólo de estos proyectos si los datos reales se hubieran hecho públicos desde el inicio. Y concluyen que, de hecho, son una estafa pública: los Estados han tenido que salir al rescate con recursos públicos, en todos los casos los costos reales han sido muchísimo más altos que los anticipados y los réditos económicos anunciados han sido muchísimo más bajos, poniendo en riesgo la viabilidad del megaproyecto en cuestión, y en muchos casos han presionado al Estado para rescatarlos de la quiebra. Algo así como lo que sucedió con la burbuja financiera durante la crisis inmobiliaria en Estados Unidos: viene el colapso, el dinero tiene que salir de algún lado, los inversionistas no se hacen cargo, se hace cargo el Estado y quien paga al final es la población. También demuestran los autores que en los megaproyectos existe siempre un patrón: nunca se hace lo que se anuncia que se va a hacer, siempre el megaproyecto sufre grandes o parciales modificaciones sobre lo que originalmente se anunció. Así que si en Nicaragua se habla de construir un Canal Interoceánico, tal vez Wang Jing termine como propietario de una gran minería, de hoteles turísticos o se convierta en un gran ganadero… Los autores afirman que las grandes masas de dinero que implican los megaproyectos pueden poner en riesgo las finanzas de un Estado durante años. Y prueban que los problemas sociales y ambientales que provocan son “sistemáticamente tan mal calculados y minimizados al inicio, que estos problemas, que no se pueden ocultar y van a florecer en algún momento, han terminado representando costos de al menos un 5-10% del costo del megaproyecto”.

Dicen también los autores de este libro que para conseguir la aceptación política todos los megaproyectos se anuncian con efectos regionales positivos, pero esos efectos terminan siendo siempre imposibles de medir o son insignificantes o incluso son negativos. Prueban que los estudios que se hacen para estos megaproyectos, sean financieros, de costo-beneficio o para evaluar el impacto ambiental y social, son rutinarios y altamente cuestionados y descalificados por la comunidad científica. Incluso, han terminado en denuncias legales contra profesionales que han mentido para sacarlos adelante y han sido llevados a los tribunales. Con todo esto, el mundo de los megaproyectos multimillonarios ha creado ya una disciplina, que se llama “la de los números deshonestos”. En los países nórdicos, de los que en Nicaragua tenemos tan buena imagen, como sociedades de patrones democráticos y de transparencia, se ha realizado un buen número de megaproyectos de transporte en los últimos diez años. Pero con unos estudios tan mal hechos que las sociedades nórdicas ya están hablando de un déficit democrático en el proceso de toma de decisiones. El campo de los megaproyectos es el único ámbito donde no funcionan los mismos mecanismos democráticos a los que está acostumbrada la sociedad de estos países. Los autores demuestran que, aún en países con tal altos estándares de democracia, no hay democracia si se trata megaproyectos. Todo esto hay que tenerlo claro para entender a qué clase de “animal” nos estamos enfrentando en Nicaragua con el proyecto del Canal Interoceánico.

Si autores que nos merecen respeto nos demuestran que ningún megaproyecto ha sido predecible en su desarrollo, que las cosas no salen según los planes, que el proceso de construcción ha enfrentado altísimos riesgos, que las cosas ocurren con bajísimas probabilidades y casi nunca de acuerdo a los escenarios y a los planes, y que no generan los beneficios que se dicen, ¿ante qué estamos hoy en Nicaragua? Si nos demuestran que ningún megaproyecto, por muy inversión privada que sea, es un proyecto privado y son los Estados los que terminan pagando el desastre financiero, además del costo que paga el ambiente, la sociedad, la gente, ¿ante qué estamos hoy enfrentados en Nicaragua? El megaproyecto del Canal Interoceánico nos pone ante una realidad totalmente nueva. No existen precedentes para una obra de esta magnitud y es ridículo que ERM hable de estudios realizados por especialistas “con diez años de experiencia en la materia”, cuando ni siquiera han tenido en sus manos los estudios de prefactiblidad del Canal.

Teniendo claro el contexto, ¿qué podemos y debemos decir del estudio de impacto ambiental y social hecho por ERM para la empresa china HKND? En mi opinión personal, a HKND le salió el tiro por la culata porque creo que con ese estudio no van a ninguna parte. Creo que los de HKND pensaron que si ERM, una empresa de prestigio y de renombre, hacía “un estudio de EIAS” podrían ir a las organizaciones financieras internacionales bien respaldados. Pero el fiasco ha sido tan grande y el proceso tan mediocre, que si realmente quieren conseguir financiamiento internacional para su proyecto tendrán que comenzar de cero nuevamente.

Aunque no he leído el contenido de esos 14 volúmenes, que se mantienen en secreto, puedo adelantar con total convicción que el estudio conducido por ERM no debería ser aprobado por las autoridades ambientales, si de verdad éstas estuvieran velando por el interés nacional.

ERM no va a poder defender ante nadie ese estudio. En el proceso conducido se han violado los procedimientos y las normas más elementales sobre los principios de participación y de mejores prácticas para conducir estudios de impacto ambiental y social.

Puedo afirmar esto basándome en tres declaraciones públicas que dieron ellos mismos. Dijeron que la falta de un estudio detallado de factibilidad obstaculizó el análisis que desarrollaron. Y en un comunicado que hicieron público recomiendan que se hagan varios estudios adicionales para confirmar los criterios esenciales del diseño, estudios que deben ser completados antes de la decisión final que tome el gobierno de Nicaragua. ¿Cómo pueden argumentar que no hicieron estudios hidrológicos ni hidráulicos, cuando estamos hablando de un megaproyecto hidraúlico, que en su esencia compromete el recurso más vital y mas estratégico que tenemos que es el agua, y que pondrá una demanda de varios millones de metros cúbicos de agua diarios para poder mover los barcos afectando el sistema hidrológico más importante del país?

En sí, obviar esto es ya una razón para volver a iniciar de cero. Porque el punto de partida de un proyecto como éste son los modelos y escenarios de la disponibilidad y el uso y demanda futura de agua, como mínimo en cien años, considerando todos los usos del agua, en primera instancia la demanda de la población, y las demandas para la agricultura, la generación de energía y para poder garantizar todo el balance hídrico. Ése debió ser el punto de partida para luego continuar las modelaciones de otras afectaciones e integrar los efectos de forma holística. Uno de los grandes retos de un proyecto como es el del Canal es que no puede estudiarse de forma compartimentada. Los efectos y sus impactos están todos interrelacionados y además son acumulativos. Lo económico, lo legal
e institucional, lo social y lo ambiental son partes esenciales de un estudio de impacto ambiental y social. Dijeron, pues, que hicieron el estudio sin tener estudios suficientes y que deben hacerse más estudios… Pero, ¿cómo dicen eso, cuando ellos sabían exactamente qué estudios había o no había en Nicaragua, qué documentación les estaba o estaría entregando HKND y en qué país se estaban metiendo? ¿Son tan inexpertos?

Otra cosa que dijo ERM fue que habían entregado el estudio a su cliente y que era responsabilidad de su cliente decidir cómo lo distribuía y lo presentaba. ¿No sabe perfectamente ERM que en su código de ética corporativa se establece que, una vez que asume la empresa el compromiso de hacer un estudio de impacto ambiental y social, en un proceso que debe ser abierto y participativo, tienen la obligación de devolver toda la información que recogieron? Por más que el gobierno se lo impida, no pueden justificar el haber entrado a las comunidades a sacar información y decir después que no devolverán esa información y no la someterán a debate.

Y la otra cosa que dijeron los de ERM, que es lo más grave, es que las medidas de mitigación de los impactos ambientales y sociales, que hay que hacer y sus costos los trasladan al gobierno. Eso significa que remediarlos no sería ya una responsabilidad de HKND ni de los inversores, sino que sería responsabilidad del gobierno de Nicaragua. Literalmente, así lo dijeron: “Muchas de las medidas de mitigación identificadas en este estudio están fuera de la responsabilidad de HKND para su implementación (plan de gestión de cuencas, tratamiento de residuales, aplicación de regulaciones en áreas protegidas), lo que requiere el involucramiento del gobierno de Nicaragua”. ¿Cómo pueden argumentar que un megaproyecto, con un inversionista que está dispuesto a invertir 50 mil millones de dólares, no va a poder hacer un plan de gestión de cuencas, si eso lo hacemos hasta para el proyecto más pequeño? Esas tres declaraciones de ERM nos indican que estamos ante una farsa de una gigantesca proporción.

Los voceros de HKND y de ERM han afirmado reiteradamente que ellos están cumpliendo con lo que les pide el gobierno y con las mejores salvaguardas internacionales. Sin embargo, ERM ha estado tan necesitada de legitimación que en marzo de este año organizaron una conferencia de expertos en Florida con académicos internacionales -no participó ningún miembro de nuestra Academia de Ciencias-, que no debieron haber aceptado ir a esa emboscada, porque los pusieron a discutir algunos aspectos biológicos o de ecosistemas, obviando cualquier referencia a lo social, a lo institucional y a lo ambiental. No se mencionó allí el gran impacto que este megaproyecto tendrá en las comunidades y en todo el país, no se habló de los desalojos, la violencia, la toma de tierras, la violación a los derechos de los pueblos indígenas, la violación al derecho a la seguridad alimentaria y tantos otros elementos sociales fundamentales que están implicados en un proyecto de esta envergadura. No es ético hablar de la biodiversidad o de cómo se va a reforestar sin ver las consecuencias de un megaproyecto como éste de forma integral, considerando esencialmente a los seres humanos.

Pongamos también en el escenario a algunos actores internacionales. Ningún megaproyecto, mucho menos en Nicaragua y mucho menos un megaproyecto como un canal interoceánico, se puede desarrollar sin actores globales que actuarán para bien o para mal. La institucionalidad global, la que está más allá de nuestras fronteras, las instituciones financieras internacionales, tantas organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación internacionales… todos tienen algo que decir aquí para bien o para mal y esos actores globales pueden darle legitimidad a este proyecto o se la pueden quitar. En ese sentido, es importante saber que en el campo de la normativa ambiental global, lo que legitima actualmente los procesos de evaluación de impacto ambiental y social se conoce como el conjunto de salvaguardas ambientales y sociales del grupo del Banco Mundial.

El Banco Mundial está compuesto por cuatro instituciones, dos de ellas muy importantes, la que trabaja con las instituciones y con políticas públicas -el Banco Mundial que conocemos- y la que trabaja con el sector privado, la Corporación Financiera Internacional. En 2010 el Banco Mundial hizo una evaluación realmente independiente y a fondo del impacto de veinte años de sus políticas ambientales. Sus conclusiones coinciden con nuestras preocupaciones. Concluyeron que se necesita mayor integración entre lo ambiental, lo institucional y lo social por ser aspectos que no se pueden separar. Y por eso han dado importancia a variables como el impacto en las comunidades, los sistemas de rendición de cuentas, el resarcimiento de los daños…

Ha surgido así una nueva normativa que deja bien claros algunos principios y que establece una jerarquía respecto a la mitigación de los daños: primero se tiene que anticipar, después se tiene que evitar, después se tiene que minimizar y por último se tiene que compensar. También establece una jerarquía en cuanto a las obligaciones y a los límites. Los desarrolladores de un proyecto tienen ahora mayores obligaciones y no pueden recurrir a justificaciones que les quiten responsabilidad sobre los daños. Tienen la obligación de reponer y de resarcir los daños. Si, por ejemplo, deforestan 400 manzanas, tienen la obligación de restaurar un bosque de esa misma extensión y con todas sus funciones ecosistémicas, porque no es sólo cosa de sembrar árboles…

Hoy, los proyectos financiados por el Banco Mundial y las agencias internacionales tienen que tener en cuenta el consenso que existe en temas como los desalojos de comunidades y la forma en que se provocan desplazamientos humanos. Y el consenso es que se tienen que evitar al máximo los desplazamientos involuntarios y los desalojos forzados por la ley. No es válido que un Estado declare algo de utilidad pública y saque de ahí a la gente. El Banco exige -no sé con cuánta auditoría, pero por lo menos está escrito- que el último recurso, el último de todos, sea el desplazamiento físico de una comunidad o de las personas. No basta que le digan a nuestros campesinos: te compro tu tierra y te vas de aquí… Las normativas exigen que a las familias desplazadas a nuevos asentamientos, se les proporcionen sus medios de vida, sus tejidos sociales, y por supuesto, se desarrollen comunidades y viviendas donde vivan igual o mejor que antes, siendo lo esencial asegurarles sus medios de vida para la agricultura, la pesca, la cosecha de madera... Las nuevas normativas del Banco Mundial incluyen diez temas transversales que deben estar presentes en cualquier proyecto: la participación de los actores, el género, la vulnerabilidad y el riesgo, los pueblos indígenas, los ecosistemas como sustento de la comunidades, el agua, la biodiversidad, el cambio climático, la energía y los derechos humanos. ¿De cuántos de estos temas hemos oído hablar a los voceros del Canal Interoceánico?

¿Qué tan vinculado se pueden sentir el gobierno y HKND ante las normativas del Banco Mundial? Desde hace muchos años, antes y ahora, siempre el Banco Mundial y las agencias de Naciones Unidas han acompañado al Estado de Nicaragua brindándole cooperación técnica en la preparación de políticas y proyectos de importancia. ¿Cómo entró Nicaragua a este megaproyecto sin solicitar ninguna cooperación técnica de nadie? Porque no ha habido una sola solicitud de cooperación técnica para que Nicaragua se prepare a un megaproyecto de este tamaño. Es sorprendente ver la total ausencia del Banco Mundial y de las agencias de Naciones Unidas, que siempre han estado acompañando las principales estrategias y las grandes inversiones del Estado de Nicaragua.

Tampoco el gobierno ha anunciado aún la participación de algún actor internacional. Han dicho que tienen ya inversionistas de todo el mundo, pero no dan los nombres. Es necesario saber quiénes financiarían este megaproyecto porque eso es lo principal para saber qué tipo de fiscalización tendría. Aquí funciona el dicho de que “quien pone la plata, platica”. Si para este megaproyecto Nicaragua va a recurrir a la banca internacional, donde se incluye la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, si va a recurrir a los firmantes de los Principios de Ecuador, que ya son decenas de instituciones financieras, eso tiene un protocolo, tiene relatores, oficinas, funcionarios que velarían para que se sigan todos los procedimientos y se cumplan con las nuevas salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial. Si viniera desde ahí algún financiamiento esas estructuras realizarían auditoría para garantizar que se están cumpliendo. Hay también una batería de ONG en Washington que durante años se han dedicado a fiscalizar los proyectos del Banco Mundial y que han realizado críticas a proyectos que se consideraron emblemáticos. Ahora, como estamos en la década de los megaproyectos multimillonarios y no hay precedentes, este nuevo “animal” que acecha al mundo requiere de una fiscalización a nivel global y estoy segura que si este megaproyecto se llegara a realizar, muchos actores internacionales lo tendrían en la mira.

¿Qué hay detrás de todo esto? Los autores del libro que les recomendé se hacen una pregunta al concluir: ¿Se pudieran haber aprobado y desarrollado cualquiera de esos megaproyectos sin un alto grado de engaño? Si se hubieran dicho claramente sus consecuencias, ¿se hubieran aprobado? El engaño es necesario para llevar adelante los megaproyectos. Se tiene que crear una ilusión, se tiene que crear el sueño de que el país necesita la carretera más grande del mundo, que necesita un proyecto muy grande para sentir que hay mucho progreso… En el caso del Canal por Nicaragua lo que ha sucedido es que el grado de cinismo y de ridiculez con que se ha manejado el engaño supera todo lo imaginable.

En el ámbito técnico ambiental, que es la discusión que más hemos escuchado, el Canal toca precisamente mis dos especialidades: suelos y agua, los recursos hídricos y los suelos. El vocero del Canal, Telémaco Talavera es también un colega porque ambos somos edafólogos. Pues bien, con respeto puedo decirle que no es aceptable profesionalmente que diga que las miles de toneladas de sedimentos que se sacarán de la zanja de al menos 30 metros de profundidad y 278 kilómetros de largo que partiría el país -zanja que tendrá que ser perforada con maquinaria de la usada en la minería de cielo abierto y en la que tendrá que emplearse dinamita-, servirán para hacer más productivos y fértiles los suelos de Nicaragua. ¿Cómo puede decir eso? Lo que va a salir de esa zanja será roca pura y dura. También ha dicho más: ha declarado que con ese material rocoso se construiría una isla. En una revista extranjera hicieron el cálculo de la cantidad de sedimentos y rocas y publicaron que esa “isla” tendría el tamaño de Manhattan… Este nivel de engaño no tiene precedentes, esto rebasa los límites. Esta farsa trasciende el nivel de engaño permitido en cualquier proyecto. El engaño al que nos han llevado es de tal magnitud que nadie puede tomarlo en serio.

Es tarea de la Comisión del Canal rescatar cierta legitimidad de este estudio en los extensos términos de referencia con los que se hizo el contrato. Tendrán que aceptar que no se han cumplido. Y ojalá puedan reorganizar con legitimidad todo el proceso desde el principio. Eso significaría rescatar la institucionalidad que se perdió, incorporar a los técnicos del gobierno, conformar una comisión de fiscalización del Estado, solicitar el acompañamiento de instituciones especializadas y de especialistas nacionales e internacionales. Significaría convocar a expertos nicaragüenses, académicos, profesionales cualificados, representantes de la sociedad, para que participen de forma permanente acompañando un proceso que va a requerir de una retroalimentación permanente y que no es para cinco meses ni para ocho meses ni para un año. De ser cierto que un megaproyecto así va a hacerse realidad, el proceso previo debe ser de varios años y la mitad del Estado debería estar participando en él, conformando un equipo multidisciplinario de expertos que tiene que juntar sus mejores talentos para poder conducir de verdad un estudio serio y trabajar de forma permanente, con un modelo de gestión adaptativa, un modelo que se diseña y se mejora sobre la práctica, se analiza, se aprende, se cambia, se mejora, se cambia, hasta que reiterando adaptaciones lleguemos a la mejor forma de estudiar los riesgos ambientales y sociales y a predecir los impactos con la mayor certidumbre y precisión, promoviendo una integración institucional que trasciende el ambientalismo. Porque un megaproyecto así no es tema únicamente de ambientalistas.

Un proceso así alimentaría adecuadamente el proceso de toma de decisiones. Y el resultado final sería un estudio no sólo enfocado en aspectos puntuales, sino en los efectos sistémicos. Porque este proyecto, si llegara a realizarse, va a afectar el país entero, la economía, la agricultura, el agua, hasta la forma en la que nos hemos entendido. Todo. Y por tanto, tiene que hacerse con un enfoque nacional, intrarregional y con modelos de escenarios de crecimiento y de cambio. Hay que predecir muchos cambios, hay que modelarlos, se necesita mucha econometría, mucha ciencia predictiva para ver escenarios de mediano y largo plazo. Pues bien, todo lo que se necesita es todo lo contrario de lo que se ha estado haciendo en Nicaragua. Lo peor de práctica actual en los estudios de impacto ambiental y social, que ignoran lo acumulativo, las interrelaciones y las sinergias, es lo que hemos visto aquí.

Los funcionarios públicos que están llevando este proceso tienen la obligación de reconocer los riesgos de forma explícita. No pueden decir: Este proyecto es una maravilla y todos vamos a salir felices… Tienen la obligación de trabajar con los peores escenarios porque tienen que velar por la seguridad del país y de la gente y tienen que hacerlo con transparencia. Y esto sólo lo pueden hacer en un proceso totalmente abierto a la ciudadanía y a la prensa, involucrando a todos los actores, a todos los profesionales, a las instituciones académicas y a la ciudadanía, promoviendo un proceso que produzca conocimiento y que implique esfuerzos, lo que va más allá de las instituciones del Estado.

Pero, como sabemos que nada de esto que debería hacerse se hará, ¿qué me queda como ciudadana, qué nos queda hacer a los ciudadanos y a los profesionales? Es mi opinión que no debemos prestarnos al juego de discutir pedazos de estudios, o aceptar entrar en un proceso viciado y sin legitimidad. Estamos hablando de algo muy grave. Y como profesional, y por conciencia, afirmo que ningún estudio de impacto ambiental será suficiente para ser el instrumento de discusión con la sociedad nicaragüense que requiere este megaproyecto.

Ya muchos colegas han abordado con mucha profundidad lo inconstitucional de la concesión canalera. La alerta ya está dada y es de tal magnitud que lo único que nos queda es sumarnos a la protesta ciudadana que ya iniciaron los campesinos y los comunitarios y exigir la anulación total de la concesión canalera.

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