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  Número 400 | Julio 2015
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Nicaragua

¿Qué territorios partirá el Canal y a qué poblaciones desplazará?

En junio, la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local presentó los resultados de un estudio exploratorio, participativo y prospectivo, realizado por un equipo interdisciplinario sobre los efectos socioeconómicos que tendría el Canal Interoceánico y los subproyectos concesionados en la ley canalera, en los municipios que serán afectados por estas megainversiones chinas. Reproducimos algunos de sus datos y reflexiones.

Red por la Democracia y el Desarrollo Local

La ruta del Canal afectará directamente a 10 municipios del país: Bluefields, Nueva Guinea, San Miguelito, San Carlos, Rivas, Tola, El Castillo, Altagracia, San Jorge y San Juan del Sur. Si consideramos los otros subproyectos que se propone hacer la empresa china HKND (dos aeropuertos, dos zonas de libre comercio, cuatro centros turísticos) hay que sumar otros 3 municipios a afectar: Belén, Buenos Aires y Moyogalpa.

EL TERRITORIO AFECTADO
Y LA POBLACIÓN DESPLAZADA


Los 13 municipios afectados tienen una extensión de 12 mil 440 kilómetros cuadrados y representan el 10% del territorio nacional. Destaca la extensión de Bluefields: 4,774 kilómetros cuadrados. El área total ocupada por el Canal y los subpro¬yectos será el 27.5% del territorio de los 13 municipios afectados, en los que viven 373,225 personas, el 6% de la población nicaragüense, según la proyección del Instituto Nicaragüense de Desarrollo.

El Canal interoceánico cortará a Nicaragua en los municipios que atraviesa en dirección este-oeste, dividiéndolos en una zona al sur y otra al norte del Canal. Esa franja de 10.2 kilómetros de ancho (los 230 metros de la zanja más 5 kilómetros como mínimo a cada lado) no podrá ser atravesada por la población local y tampoco se permitirá que naveguen sus embarcaciones por el Canal. Así, sólo quedarían dos puntos de comunicación entre la zona norte y la zona sur: un puente en Rivas y un ferry en San Miguelito. Los municipios de Rivas y Bluefields serán partidos por la mitad. Los subproyectos de HKND ocuparán casi la mitad del territorio del municipio de Tola.

En estos 13 municipios viven 119 mil 298 personas, que serán desplazadas forzadamente. Son unas 24 mil 100 familias que viven en 282 poblados de distinto tamaño y representan el 32% de los habitantes de esos municipios.

SON PRODUCTORES AGROPECUARIOS


Las principales actividades económicas de gran parte de la población en los municipios que serán afectados por el Canal y los subproyectos son la agricultura y la ganadería. Según el tercer Censo Agropecuario Nacional de 2001, trabajaban en ellos 23,847 productores, la mayoría pequeños y medianos. En todos estos municipios se siembra el alimento básico nicaragüense: el gallopinto y la tortilla (maíz, frijoles, arroz) para el consumo de las familias y para el mercado local. En los municipios del departamento de Rivas se cultiva mucho plátano y frutales.

En Nueva Guinea se producen hortalizas, yuca y que¬quis¬que para el mercado nacional y para la exportación. En 22 comunidades de Nueva Guinea la producción agrícola en 2014 representó unos 200 millones de córdobas sólo en maíz, frijol, yuca y quequisque. De sólo tres de los distritos estudiados en Nueva Guinea salen cada semana para el mercado nacional un promedio de 680 reses, 700 cerdos, 15 mil quintales de yuca y quequisque, 160 quintales de queso y 500 quintales de jengibre, además de miles de quintales de maíz y de frijoles en tiempo de cosecha.

La crianza de vacas, caballos, cerdos y gallinas es común en todos los municipios para consumo de las familias y para venta. En las comunidades del municipio de San Miguelito las familias tienen cada una un promedio de 37 vacas, 5 caballos o mulos, 7 cerdos y 29 gallinas.

La expropiación de las fincas ubicadas en la ruta del Canal y en el área de los subproyectos afectará la producción agropecuaria que abastece de alimentos al municipio y al país. Además de los productores también serán afectados transportistas, acopiadores, comerciantes, distribuidores, procesadores y consumidores. Otra actividad económica es la pesca artesanal para consumo local, nacional y exportación, que se verá afectada en los municipios costeros al lago Cocibolca, al Mar Caribe y al Océano Pacifico. También son previsibles afectaciones en el turismo, convertido hoy en una actividad importante en toda esta zona.

VIVEN EN POBREZA


A pesar de ser estos trece municipios ricos en recursos naturales y con gran número de personas en edad productiva, la mayoría vive en situación de pobreza. La falta de empleo es generalizada y empuja a muchos y a muchas a migrar hacia otras zonas de nuestro país o hacia Costa Rica.

Los mayores niveles de pobreza, según el método que mide necesidades básicas (vivienda, agua potable, educación, ingresos familiares) los observamos en San Miguelito, El Castillo, Bluefields, San Carlos y Nueva Guinea. Los menores los encontramos en Rivas, San Jorge y San Juan del Sur. En esos municipios, 7 de cada 10 personas en promedio sobrevive en pobreza básica o en pobreza extrema.

El corte del territorio de esos municipios afectará seriamente la vida social, económica, política y cultural. Se dificultarán las relaciones sociales entre familias, amistades y organizaciones ubicadas en ambas zonas. También se perjudicará el transporte de mercaderías, productos e insumos agropecuarios, el acceso a centros de educación y salud, las líneas de transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones, los servicios municipales y la participación ciudadana en los gobiernos locales.

El territorio que ocuparán el Canal y los subproyectos de HKND quedarán fuera del control de las alcaldías y del gobierno nacional y estarán bajo la dirección de una empresa extranjera, lo que significa renunciar a la soberanía nacional en una extensa zona del país.

ESTÁN VIVIENDO DESDE HACE MESES
EN INCERTIDUMBRE Y ANGUSTIA


Un efecto inmediato que ya siente la población que vive en las zonas donde HKND haría el Canal y los subproyectos es incertidumbre y angustia por falta de información clara y precisa sobre a dónde irán si los expropian.

Esta angustia inició después de que a finales de 2014 un equipo técnico de la empresa china, apoyado por efectivos del Ejército y la Policía llegó a estos territorios para medir y fotografiar sus tierras y sus casas. La ansiedad en la que viven las familias de esa zona ha afectado su salud. Temen el desplazamiento forzado, la perdida de sus viviendas y sus fincas y no logran imaginar su futuro en otro lugar.

La migración forzada de estas poblaciones, unas 120 mil personas, afectará los lazos de parentesco entre miembros de familias que hoy día viven en distintas casas en la misma comunidad o en lugares cercanos. Y cuando la población se disperse yendo a vivir a lugares desconocidos se desarticularán las organizaciones comunitarias que allí existen: iglesias, cooperativas, grupos deportivos y culturales, patronatos escolares, gabinetes de familia, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres...

Al producirse el desalojo esta población migrará a los barrios marginales de varias ciudades del país o a la vecina Costa Rica o invadirá zonas de reserva natural, Indio Maíz o Bosawás, aumentando las tensiones con las comunidades indígenas propietarias de esos territorios. El desplazamiento forzado significará para esas familias un importante deterioro de sus condiciones de vida y un empobrecimiento acelerado cuando hayan gastado el fondo que les den por sus propiedades.

¿HABRÁ EMPLEOS...?


Algunos pobladores tienen expectativas con la creación de los empleos que traerán los proyectos. Sin embargo, las posibilidades reales no serán muchas para esta población, en su mayoría con bajo nivel educativo y sólo con experiencia laboral en tareas agropecuarias. Tal vez algunos encontrarían empleo en tareas manuales que no requieren calificación y con bajos salarios: tareas de limpieza o de deshierba. Y como los centros turísticos que haría HKND gozarán de exoneración de impuestos y tendrán libre importación de equipos, privilegios de los que carecen otras empresas turísticas nacionales, éstas podrían quebrar perdiéndose esas fuentes de empleo.

Durante la construcción del Canal habrá una corriente migratoria de miles de trabajadores hacia esos municipios. La migración de miles de trabajadores que vendrán de otros países aumentara el riesgo de enfermedades desconocidas en el país, frente a las cuales la población nicaragüense no tendrá defensas ni los centros de salud tendrán las medicinas adecuadas. La afluencia de trabajadores varones facilitará la aparición de cantinas y prostíbulos donde circularán alcohol y drogas, lo que significará un aumento de la violencia en comunidades rurales tradicionalmente tranquilas.

LOS TRES ARGUMENTOS OFICIALES


Manuel Ortega ha señalado tres argumentos reiterados en el discurso oficial como justificación del Canal interoceánico y de las expropiaciones necesarias para implementarlo: La primera argumentación es que aún hay territorios con “tierras estatales” o “tierras baldías” o “tierras sin dueño”, que deben utilizarse por quienes las hagan producir, desconociendo la propiedad comunal indígena y su concepción sobre la tierra. La segunda es la vieja argumentación de que los indígenas y campesinos son un estorbo para el progreso, lo que hace aflorar un etnocentrismo racista que se suele solapar. El tercer argumento es el “interés nacional”, que es superior al interés de los “particulares” -los que van a ser expropiados-, aunque ese interés nacional no logre demostrarse y deba por tanto aceptarse como un acto de fe.

UN MODELO EXTRACTIVISTA Y CONTAMINANTE


El análisis del proyecto canalero lleva necesariamente al debate sobre el modelo de desarrollo más adecuado para Nicaragua. Sin duda, el Canal se inscribe dentro de un enfoque tradicional del desarrollo, centrado en el crecimiento económico a partir de inversiones extranjeras en sectores del país donde existen ventajas comparativas que responden a las demandas del comercio internacional. Son supuestos cuestionados a raíz de múltiples experiencias y superados teóricamente por los enfoques de un desarrollo humano cen¬trado en la calidad de vida de las personas y en la soste¬ni¬bilidad ambiental, social, cultural y económica.

Los aumentos del PIB observados en América Latina en la última década han beneficiado marginalmente a las clases pobres y América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta. Además, el indicador PIB no refleja los costos ambientales ni los aportes de las mujeres en la economía del cuidado. Tampoco tiene en cuenta la situación de salud, educación, seguridad, equidad y derechos humanos de la población.

El estudio realizado por el Centro Humboldt en 2014 devela cuál es el modelo de desarrollo que subyace en los proyectos de HKND, contradictorio con los principios de un verdadero desarrollo humano y sostenible: La concesión canalera fortalece una visión de desarrollo extractivista y contaminante, cimentada en la lógica de concentración de la riqueza mediante el acaparamiento y privatización de los bienes comunes, y la mercantilización de la naturaleza, creando enclaves para beneficio de intereses extranjeros y debilitando las posibilidades de impulsar formas de desarrollo sostenibles y alternativas a la dinámica de deterioro irreversible del entorno natural.

“TUMORES” DE UN PODER ANTIDEMOCRÁTICO


El proyecto del Canal por Nicaragua se inscribe dentro de un ciclo de expansión del capitalismo global después de la crisis de 2008-2009, expresado en América Latina en megaproyectos de inversión promovidos por compañías transnacionales en busca de materias primas y combustibles para las potencias hegemónicas. También se trata de aprovechar la mano de obra barata de la región en un contexto de desregulación laboral y exoneraciones fiscales, en función de maximizar ganancias.

Así lo explica el periodista Mario Osava al analizar la coyuntura latinoamericana actual: Una oleada de grandes proyectos de energía, minería y transporte agita la región. Grandes centrales hidroeléctricas, extracción minera o petrolera, puertos cada día mayores, refinerías, ferrocarriles y carreteras amenazan tierras indígenas en muchos países, expulsan pueblos tradicionales, inundan o eliminan bosques y alteran ríos y litorales. Todo se justifica como una exigencia del desarrollo.

Además de sus efectos adversos al medioambiente y a las condiciones de vida de las poblaciones locales, esos grandes proyectos afectan también el sistema político, como señala el filósofo australiano John Kean, director del Instituto por la Democracia y los Derechos Humanos: Los mega¬pro¬yectos se parecen a tumores de poder arbitrario que están dentro del cuerpo político de la democracia. Desafían el ritmo de las elecciones. Los detalles de diseño, financiación y construcción se deciden desde arriba. Si no son objeto de un es¬tricto e independiente monitoreo público los megaproyectos acaban con los procesos democráticos.

AL SERVICIO DEL CAPITALISMO CHINO


En este nuevo ciclo de expansión capitalista juega un rol fundamental China, la nueva potencia económica mundial. Entre 2005 y 2011 las empresas chinas invirtieron 378,500 millones de dólares en todo el mundo, un 70% en países de Asia, África y América Latina. Los bancos de desarrollo chinos (Exim Bank y China Development Bank) han superado al Banco Mundial en préstamos internacionales. En la última década empresas chinas han ejecutado grandes proyectos -carreteras, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas, estadios de futbol, hospitales y viviendas- en decenas de países del mundo.

En el estudio realizado por Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo, titulado “La silenciosa conquista china” se demuestra que en la gran mayoría de las inversiones chinas en países del Tercer Mundo se observa una falta de sensibilidad medioambiental, unas condiciones laborales deplorables y una mínima transferencia tecnológica al país receptor.

Su contribución en impuestos es reducida por la complicidad de los grupos de poder que se benefician personalmente con esas inversiones y les conceden amplias exoneraciones: Esas élites ven sus negocios con el coloso asiático como una transacción a corto plazo, prácticamente como una tajada. Es con esos regímenes que no prestan la más mínima atención a los estándares sociales, medioambientales y laborales, que sí son de obligada observancia en otros países, que Pekín consigue más rápido sus objetivos. Ambos ganan, China y las élites, al tiempo que la opacidad imperante permite guardar los tejemanejes bajo siete llaves.

HABLAMOS CON LA GENTE: TRES POSICIONES


En el estudio que realizamos hicimos entrevistas y grupos focales con 367 habitantes de cuatro de los municipios afectados, seleccionados por su relevancia demográfica y económica: Bluefields, Nueva Guinea, San Miguelito y Tola.

El territorio de esos cuatro municipios representa el 72% del territorio de los municipios que serán afectados y en ellos vive el 53.15% de la población que será desplazada. También realizamos un sondeo a 487 personas que asistieron a seis foros informativos sobre el proyecto del Canal en Juigalpa, Nueva Guinea, Bluefields, Rivas, San Miguelito y Managua. En el sondeo se les plantearon diez preguntas cerradas. El cuestionario fue aplicado de forma individual, escrita y confidencial.

En este proceso de entrevistas, grupos y foros surgieron diversas propuestas y consideraciones de interés sobre la implementación del proyecto del canal interoceánico. Dentro de la heterogeneidad de propuestas, y corriendo el riesgo de simplificar su riqueza, distinguimos tres posiciones distintas.

LOS QUE RECHAZAN EL CANAL Y LA LEY


Un sector significativo de la población expresó un rechazo rotundo al proyecto proponiendo la derogación de la ley 840. Son las familias en riesgo de ser expropiadas y también otras, que perciben que el proyecto beneficiará a la empresa china, al comercio internacional y a una élite política, pero no a la población local.

Además de sentirse agraviados por una decisión inconsulta sobre sus propiedades, este sector, básicamente campesino, aspira a un modelo de desarrollo que potencie sus capacidades de producción agropecuaria facilitando crédito, asistencia técnica y mercados justos y que brinde oportunidades de educación, salud, comunicación, transporte y recreación para sus familias, respetando sus valores y tradiciones culturales.
Dentro de esta propuesta de cancelación del proyecto del Canal y de la ley canalera se ubican quienes consideran que el país requiere de un modelo de desarrollo sostenible que proteja el medioambiente y los recursos naturales. Respaldan esta posición muchas personas sensibles históricamente ante cualquier intervención extranjera que amenace la autodeterminación nacional y persiga lucrarse con los recursos del país.

LOS QUE PROPONEN REFORMULAR EL PROYECTO
Y LOS QUE LO APLAUDEN


Otra posición es la que critica el proyecto y la concesión legal, pero no descarta el proyecto, sino que hace propuestas para reformularlo. Unos plantean realizar una consulta previa, libre e informada con la población directamente afectada. Otros, un plebiscito nacional como hizo Panamá para la ampliación de su Canal. Hablan de un diálogo incluyente para elaborar una propuesta consensuada. Algunos sugieren incluirlos como socios del proyecto con el aporte de sus tierras.

Es reiterada la opinión de que se realicen estudios científicos previos. Y suponiendo la inevitabilidad del proyecto tal cual está, plantean que se informe de manera clara y completa sobre las expropiaciones y sobre el traslado de la población, que se pague un valor justo por las propiedades afectadas, que se facilite el traslado de la población a nuevos asentamientos con viviendas dignas, tierras de cultivo, oportunidades de empleo, educación y salud.

Una tercera posición es la de quienes consideran que el Canal promoverá el desarrollo del país, ayudará a combatir la pobreza y brindará empleos a mucha gente dinamizando la economía y permitiendo el regreso de familiares que emigraron por falta de trabajo en Nicaragua. Esta posición la expresan los funcionarios públicos, personas afines al partido de gobierno y pobladores persuadidos por la propaganda oficial sobre las bondades del proyecto a través de los medios masivos del gobierno.

¿HABRÁ RESPUESTAS A ESTOS INTERROGANTES?


Indagando sobre los efectos socioeconómicos que tendría la construcción del Canal y los subproyectos de HKND en los municipios afectados han surgido interrogantes que ameritan respuestas. Éstas son algunas:
– ¿Se ha realizado una valoración comparativa de costos y beneficios entre el proyecto del Canal y otras iniciativas para el aprovechamiento del lago Cocibolca (riego, pesca, turismo, agua potable)?

- ¿Se realizará un diálogo y un acuerdo mutuamente satisfactorio entre los propietarios y la empresa HKND antes de proceder con la expropiación?
– ¿Apoyará el gobierno la expropiación forzada de campesinos y comunidades indígenas que consiguieron sus tierras tras luchas históricas y que tienen un profundo significado en su identidad cultural?
– ¿Está el gobierno consciente del riesgo de reeditar situaciones de violencia en territorios cuya población sufrió la guerra en los años 80 y mantiene heridas abiertas?
– ¿Están dispuestas las fuerzas armadas a desalojar por la fuerza a los campesinos y pobladores que no quieren vender ni salir de sus propiedades para entregárselas a una empresa extranjera?
– ¿Estarían dispuestas las personas que viven en la zona del Canal a vender su tierra si les ofrecen el precio de mercado más alto pagándoles en dólares y en efectivo?
– ¿Se ha elaborado un plan de reasentamiento de la población desplazada y de restitución de sus condiciones de vida según las normas internacionales sobre buenas prácticas de inversión?
– ¿Se han previsto medidas para enfrentar los efectos que acarreará el desarraigo de sus comunidades en la salud física y psicológica de la población desplazada?
– ¿Se han considerado los riesgos que acarreará el Canal para la seguridad nacional derivados del accionar del crimen organizado internacional?
– ¿Existe alguna estrategia para suplir la producción agropecuaria de las zonas que ocupará el Canal a fin de evitar el hambre y el desabastecimiento del mercado local y nacional?
– ¿De dónde obtendrá el gobierno los recursos necesarios para reponer todas las inversiones en infraestructuras que se perderán en la ruta del Canal (energía, comunicaciones, agua, salud, educación, cementerios, recreación, iglesias, templos)?
– ¿Quiénes estarán de acuerdo en trabajar en la construcción del Canal con las condiciones ya anunciadas por la empresa HKND: jornadas de doce horas diarias durante dos semanas seguidas y viviendo en campamentos cerrados?
– ¿Están las Alcaldías preparadas para asumir el costo en la recaudación que significará la pérdida de fincas e ingresos a los productores?
– ¿Han pensado las alcaldías cómo podrán continuar prestando servicios a la población que quede dividida por el Canal y como podrán los ciudadanos participar en los cabildos municipales?
– ¿Están las alcaldías preparadas para asumir el movimiento migratorio hacia las cabeceras que seguramente se dará con las poblaciones desplazadas?
Esperamos que se planteen otros interrogantes a partir de la lectura de nuestro estudio. Y esperamos que surjan respuestas satisfactorias de parte de las autoridades de gobierno y de la empresa HKND.

ESPACIO DE CONCERTACIÓN QUE FORTALECE
A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
PARA EL DESARROLLO LOCAL
INCLUSIVO Y EQUITATIVO,
LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS,
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y LA PROMOCIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA.

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