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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 399 | Junio 2015
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Centroamérica

Vigilancia sólida y líquida en las fronteras (2): Frontera México – Estados Unidos: el imperio de la Border Patrol

Es preferible ser un indocumentado en Washington que un ciudadano en la ciudad fronteriza de Brownsville. Vivir en la frontera Estados Unidos – México puede significar vivir también en la frontera de la ciudadanía, con un ejercicio de los derechos de baja intensidad, deteriorados por el poder arbitrario y prejuiciado de la Border Patrol, equipada con toda suerte de mecanismos de vigilancia “sólida”: murallas, radares, drones… y armada de vigilancia “líquida”: todo tipo de perfiles de “ilegales” elaborados con tecnología informática.

José Luis Rocha

Las más de dos mil millas que dividen México y Estados Unidos son la frontera binacional más extensa y con mayor movimiento del mundo. Su natural barrera de roca y arena y su artificial muro de 687.3 millas refuerzan la separación de dos zonas ya económicamente distanciadas por una de las más gigantescas brechas de ingresos del mundo. En un año esa frontera ve pasar 350 millones de cruces legales y un número desconocido de cruces no autorizados.

UNA VASTA FRONTERA
SUPERVIGILADA Y CAMBIANTE

Para gestionar la vigilancia en ese vasto y diverso territorio, en un intento no del todo fallido por moldear el entorno y los flujos migratorios, la migra estadounidense ha dividido la frontera con México -su frontera suroeste- en nueve sectores y 71 estaciones de la Border Patrol. Del oeste al este: el sector de San Diego (60 millas de frontera terrestre y 114 costeras, 8 estaciones, incluye San Diego, la sexta ciudad más poblada de Estados Unidos), el Centro (70 millas terrestres, 4 estaciones), Yuma (126 millas, 3 estaciones, dunas arenosas y reservas militares), Tucson (260 millas, 8 estaciones, incluye las ciudades de Tucson, Phoenix y Nogales), El Paso (268 millas, incluyendo 88 millas del río Grande, que a partir de ahí es la línea fronteriza, 11 estaciones, unas en New Mexico y otras en Texas), Big Bend (510 millas de frontera terrestre lo convierten en el sector más grande, 10 estaciones), Del Río (210 millas, 9 estaciones, el sector más salpicado de granjas y haciendas), Laredo (171 millas, nueve estaciones, contiene la ciudad de Dallas y numerosos ríos que desembocan en el río Grande) y Río Grande Valley (actualmente el sector más transitado por centroamericanos, 316 millas entre la frontera del río y la costera en el Golfo de México, 9 estaciones, las ciudades de Brownsville, Río Grande City, Corpus Christi y Kingsville).

La línea divisoria, aunque a veces no sea más que una línea en la arena, una hilera de piedras pintadas de blanco calcáreo, un cerco de malla que muestra lo que veda, una sucesión de acerados barrotes o una muralla de concreto, es la médula de la región fronteriza, ese campo de batalla donde los individuos y los agentes gubernamentales ponen a prueba los límites de la autoridad estatal y de la identidad nacional, un sitio donde tomar el pulso a las prioridades del Estado y a la tercia que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos.

Pero esa línea es informada por el cronotopo. Para entender el panóptico (vigilancia control y encierro) y el banóptico (elaboración de perfiles con tecnología informática) que emplea Estados Unidos se precisa visualizar la diversidad de fronteras. La frontera es un hecho social que cambia temporal y espacialmente. La frontera mexicana-estadounidense cambió de manera drástica tras los ataques del 9/11, con la creación del Department of Homeland Security (DHS) el 25 de noviembre de 2002 y el inicio de sus operaciones el 24 de enero de 2003. Según Tony Payán, ninguna otra región de Estados Unidos pagó un precio tan alto como esa frontera binacional, que nada tenía que ver con los atentados, con sus autores intelectuales y sus ejecutores y con los grupos terroristas en general.

Esta frontera ha mostrado cambios señeros en sus dimensiones geográficas, políticas, administrativas, comerciales y culturales. Y esos cambios son perceptibles en las ciudades que la salpican de uno y otro lado. Ciudades que, aunque guillotinadas por un muro, presentan un continuo urbano. Matamoros/Brownsville en Tamaulipas y en Texas, los dos Nogales -el de Sonora y el de Arizona-, Mexicali/Calexico y también Tijuana/San Diego en Baja California y en California, Ciudad Juárez/El Paso en Chihuahua y en Texas, entre otras.

LAS CIUDADES MEXICANAS CRECEN,
LAS DE ESTADOS UNIDOS SE LATINIZAN

Los frontereños del lado estadounidense prefieren habitar en las ciudades. Desde el año 2000 las aglomeraciones urbanas alojaban al 92% de la población fronteriza -en contraste con un 79% de población estadounidense urbana-, la mayoría¬ en el condado de San Diego, que aloja a 2.8 de los 6.3 millones residentes en la frontera. Por eso, todas son ciudades de un crecimiento demográfico acelerado y una latinización progresiva debida en gran medida a la migración.

Las ciudades mexicanas crecen y las estadounidenses se latinizan. En las ciudades, pueblos y asentamientos próximos a la frontera habitan 15 millones de personas. Ciudad Juárez pasó de 425 mil habitantes en 1980 a 1.3 millones en 2000. El Paso, su hermana siamesa del otro lado, creció en migrantes. Sólo en 2013 en el área de El Paso se concedió la residencia permanente a 5,261 migrantes. Hubo también 2,652 nuevos naturalizados, que supusieron un notorio descenso respecto de los 4,436 de 2008. En 2004-2013, el DHS concedió 46,514 nuevas residencias y transmutó a 25,462 residentes en ciudadanos. Son cifras sintomáticas de la transformación étnica y de pigmento que las ciudades fronterizas experimentan. Ya en 1970 la mitad de la población de la ciudad de El Paso era latina, condición harto peyorativa en un territorio donde la narrativa “all poverty is Mexican” está tan arraigada y permea tantas visiones e interpretaciones. Una década después, latina era el 62.5% y había solamente un 33% de población anglosajona. En 1990 los latinos alcanzaron el 69% y en 2000 subieron a 76.6%. El censo de 2010 dio por resultado un 80.7% de latinos.

Son muchos los juarenses que tienen doble nacionalidad, viven en El Paso y sólo viajan a Ciudad Juárez para cobrar las ganancias de sus negocios, con frecuencia sometidos a extorsiones. Incluso un alcalde de Ciudad Juárez, en pleno mandato, residió con su familia en El Paso. Formando una ininterrumpida masa urbana con San Diego, Chula Vista pasó de 23% a 37% de latinos en 1980-1990, llegó al 50% en 2000 y al 58% en 2010. Poblaciones como Calexico, Eagle Pass, Nogales, Brownsville y McAllen, que ahora tienen 97%, 95.5%, 95%, 93% y 85% de latinos han seguido trayectorias similares.

¿Esto significa que los migrantes que cruzan se pueden camuflar mejor? Todo lo contrario. Significa que la población nativa y los residentes autorizados son tratados a menudo como si fueran indocumentados.

“LAS COMUNIDADES ESTÁN ESPANTADAS”

Muchos de los casos que en Brownsville defiende Jaime Díez, abogado migratorio en Jones and Crane Attorneys at Law, son causas de nativos estadounidenses cuyos documentos de identidad han sido cuestionados y requisados por los agentes de la Border Patrol.

“Prácticamente -me cuenta- todo el mundo en la frontera dice lo mismo: esto es un relajo, la migración detiene a todo mundo, incluyendo a gente que nació aquí. Las comunidades están espantadas, las policías locales cada vez abusan más de la gente. La situación se está poniendo cada día más difícil. La Border Patrol está agarrando a la gente que lleva mucho tiempo viviendo aquí, que tienen a su familia aquí y que ya no son de allá. No les sirve ni ser personas casadas con soldados. Antes sólo decías que eras ciudadano americano y te dejaban cruzar la frontera. ¿Qué pasó? Que algunos lo siguieron haciendo en esta época: dijeron ser ciudadanos y no lo eran. Los procesaron, después de muchos años de residir aquí sin problemas. Esa gente nunca va a tener un perdón porque les dicen que cometieron fraude. Y esto es un problema específicamente de la frontera. Esos casos no los tienes en el norte del país. También hay muchos problemas con los ciudadanos que nacieron aquí con parteras. A muchos les niegan el pasaporte. Y los que lo tienen son detenidos en el puente. Cuando presentan documentos, se los regresan. Todos son maltratados al cruzar la frontera. No importa si eres ciudadano o residente. A veces pienso que todo esto ya se le salió de control al gobierno. El DHS hace lo que quiere y no importa quién esté a la cabeza del gobierno”.

“ES INCREÍBLE QUE ESTO PASE AQUÍ”

Continúa el abogado Jaime Díaz: “Tengo mil historias de lo que les ha pasado a ciudadanos: los han metido a cuartos fríos, les han quitado los papeles, los han mandado a México… Los hemos demandado. Les hemos ganado la devolución de los papeles, pero nunca he visto que haya habido un cambio de parte de ellos diciendo ‘¿Cómo es posible que tengamos oficiales que metan trece horas en un cuarto a una señora, diciéndole que no tiene derecho a un abogado hasta que no admita que su hija no nació en Estados Unidos?’ Y una vez que lo ‘admite’ la corren del país y le quitan los papeles a los hijos, y los dejan del otro lado”.

“Es completamente increíble pensar que esto pasa en un país que se supone que tiene reglas. Y si pasara una vez… Pero te puedo decir que tengo 50 casos de pasaportes, de los cuales 10 tuvieron ese tipo de problema. He tenido gente a la que le cancelan el pasaporte sin que se den cuenta. Cuando llegan al puente les dicen que tienen el pasaporte cancelado. Y si esto le pasa a los ciudadanos, ¿qué podemos esperar que les ocurra a los indocumentados o incluso a los residentes legales? Si algún día en Estados Unidos alguien escribe la historia de esta época que estamos viviendo ahorita, se van a dar cuenta de que lo que está pasando es que el gobierno justifica todo con el tema de la seguridad. Y eso a todos les parece muy bien… hasta que tú eres la persona a la que corren del país”.

“El Departamento de Estado no entiende por qué aquí hay tantos mexicanos. No se dan cuenta de que mucha gente no habla inglés porque no ha necesitado hablarlo, como ocurre en Puerto Rico. No entienden por qué hay tantos latinos aquí. Lo que hicieron es que, como ha habido muchos fraudes de pasaportes, se pusieron a revisar todos los pasaportes que emitieron anteriormente y a identificar pasaportes donde hubiera algo cuestionable. ¿Cómo es posible que te puedan cancelar tu ciudadanía sólo porque encontraron un documento, que ni siquiera saben si es tuyo porque puede ser de un homónimo? Hablan de Rusia, de Cuba, de China… No sé cómo serán ahí las cosas, pero, por lo que reportan, parece que aquí las cosas son bastante similares”.

“REVITALIZE NOT MILITARIZE”

Los atropellos que las autoridades migratorias cometen en la frontera han activado el surgimiento de redes y movimientos. Southern Border Communities Coalition, Border Action Network y Río Grande Valley Equal Voice Network son algunas de las más señeras.

Promueven la desmilitarización de la frontera y la supervisión y la rendición de cuentas de la Customs and Border Protection (CBP). La primera incluye 60 organizaciones, entre las que destaca la legendaria American Civil Liberties Union (ACLU) de Texas, New Mexico, Arizona y California. La de California arracima a diez agrupaciones que luchan bajo el lema “Revitalize not militarize border communities” que, estampado como leyenda en afiches y camisetas, acompañan con el dibujo de un casco militar puesto boca arriba, cuarteado por raíces y coronado por una flor: el emblema castrense se metamorfosea en primaveral maceta.

Como portavoz de esa red, Michael Siefert me habla de las impotentes recolectas de firmas contra la instalación de los paredones metálicos que partieron patios, granjas y vidas. Porque no hay un solo muro, sino varios cercos paralelos que hacen de la franja fronteriza un laberíntico cinturón segmentado dos y hasta tres veces para crear reservas territoriales donde nadie más que la Border Patrol tiene permiso para circular: “¿Su costo? Entre tres y cinco millones de dólares la milla lineal. Aquí, en el municipio más pobre de los Estados Unidos”.

COSTOSOS MUROS Y UNA PEOR ECONOMÍA

El cálculo de Siefert es correcto: el Corps of Engineers había hecho un estimado de 1.3 millones de dólares por cada milla lineal, omitiendo costos de adquisición de tierras. Pero como el muro de Brownsville está hecho por triplicado, su costo se eleva. Y se encarece aún más si añadimos costos de mantenimiento: un estudio del Corps of Engineers estimó que mantener el muro en un ciclo de 25 años costará entre 16.4 y 70 millones de dólares la milla. La universidad, ceñida por uno de estos muros, luchó por una versión más amistosa y estética. Y es una suerte que lo consiguiera porque una Alma Mater no debe lucir como Alcatraz. Pero los ciudadanos comunes no pudieron evitar que sus traspatios fueran divididos y que el espacio de jardines y huertos haya sido expropiado y convertido en zona de patrullaje.

En esta región la gente está siendo castigada económicamente por el prurito de la vigilancia. Los prolongados e impredecibles tiempos de espera en las aduanas han lesionado la competitividad de muchas industrias fronterizas y no pocas han optado por nuevos emplazamientos en Asia. Las consecuencias son múltiples. El comercio bilateral, que creció a una tasa de 17% en 1993-2000, lo hizo a sólo 4.5% en 2000-2008. Inserto en una zona deprimida por una tasa de desempleo superior a la media nacional (11.9% versus 9.6% en 2010), el Imperial Valley roza el 30%. También los porcentajes de personas viviendo bajo la línea de pobreza en los estados fronterizos superan la media nacional de 15.3%: New Mexico (20.4%), Texas (17.9%), Arizona (17.4%) y California (15.8%).

ULTRAJES A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Otro foco de malestar es el trato de los patrulleros a las comunidades indígenas, objeto de reiterados ultrajes. Son los más trigueños entre los trigueños, en una región donde lo trigueño no se percibe sólo en el color de piel, sino en el dominio de la lengua, la ropa, la manera de divertirse, los lugares que frecuentan y otros usos y costumbres.

Por habitar una nación que abarca 76 millas de frontera con México (29% del sector migratorio de Tucson), las tierras indígenas han sido identificadas entre las áreas más vulnerables a los ingresos no autorizados hacia suelo estadounidense y marcadas como una total amenaza para la seguridad nacional.

Aterrizando más allá de lo que dicen las políticas oficiales, el periodista Todd Miller encuentra que los miembros del grupo indígena Tohono O’odham son tratados como extranjeros y sus derechos de soberanía sobre el suroeste de Arizona, que ostentan desde tiempos precoloniales, han sido conculcados en nombre de la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilegal de drogas y seres humanos, conceptos enteramente ajenos a su cultura, pero ominosamente encarnados en la presencia de la Border Patrol desde 1993, masificada en 2001. Ellos también han colgado banners con la misma consigna que las otras redes fronterizas: “Stop militarization on indigenous lands now”.

“SER MORENO NO ES SER MALO”

La presión ejercida por los operativos de la Border Patrol en otras regiones de la frontera ha desplazado la migración indocumentada hacia el territorio de las naciones Yaqui y Tohono O’odham. Según Ned Norris, representante de los Tohono O’odham, en 2008 un promedio cercano a 15 mil migrantes no autorizados cruzaron por su territorio cada mes. Norris mencionó esta cifra ante el Congreso de Estados Unidos y sostuvo que el costo anual de prestar servicios de salud e implementar las leyes migratorias ascendía a 35 millones de dólares. Aduciendo que las políticas migratorias son un asunto federal, Norris solicitó un apoyo financiero del Congreso para esa nación indígena, que tiene un 35% de desempleo y un ingreso anual per cápita de 8 mil dólares.

El Department of Homeland Security sostiene que los cárteles de la droga quieren reclutar a los jóvenes indígenas.¬ Sospechosa de trasegar drogas y migrantes, esta “gente del desierto” -significado etimológico de Tohono O’odham-, está obligada a identificarse cada vez que se topa con una patrulla. Algunos de sus miembros ven a la Border Patrol como un ejército de ocupación porque lo perciben como un elemento ajeno cuya presencia ha contribuido a que uno de cada diez habitantes de la tribu guarde prisión, según cálculos de las autoridades de la reserva. Los indígenas son detenidos sin recibir explicación alguna sobre los cargos que se les imputan. Todd Miller observa que “si la Cuarta Enmienda parece débil en otras partes de la frontera, metafóricamente se hace añicos en la reserva”.

En el informe titulado In hostile terrain, Amnistía Internacional reporta que los indígenas son continuamente tomados por migrantes indocumentados, insultados, golpeados, esposados y rociados con spray pimienta, separados de sus hijos, detenidos sin cargos. Incluso, cuando sólo hablan O’odham, obligados a firmar órdenes de deportación en español y despachados a México. Una de las víctimas del exceso de celo de la Border Patrol concluye con un alegato que escarba y expone a la luz pública una de las raíces del problema: “Just because my skin is brown doesn’t make me a bad person”.

EN VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA TRIBAL INDÍGENA

Las tarjetas de identidad tribales emitidas por la autoridad de la nación Tohono O’odham son repetidamente desestimadas por los agentes de la Border Patrol. Actualmente el gobierno federal les quiere imponer tarjetas con microchips para el cruce de la frontera, un requisito para el cual no califican los numerosos miembros de la tribu, que carecen de partidas de nacimiento.

Esta situación, que afecta a las naciones Yaqui y Tohono O’odham (30 mil y 28 mil ciudadanos), es una abierta y diaria violación al artículo 36 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas de 2007, adoptada en la sesión 61 con el voto a favor de 143 países y la oposición de Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que acabaron por ratificarla en segundas nupcias. Dice el texto: “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas actividades con fines espirituales, culturales, políticos, económicos y sociales, con sus propios miembros, así como con otros pueblos a través de las fronteras”.

También es violatoria de disposiciones de la Suprema Corte de Justicia, como la que estableció en 1975, en el caso United States v. Mazurie, que dice “Las tribus indias son comunidades únicas que poseen atributos de soberanía sobre sus miembros y su territorio”.

La consuetudinaria violación de estos instrumentos jurídicos es sintomática de una erosión de la soberanía tribal sobre su territorio, actitud con una larga tradición en las relaciones del Estado y las comunidades indígenas. Un punto culmen de esa conculcación de la soberanía fue la resolución del Congreso en 1830, que consagró como ley lo que Andrew Jackson ya había puesto en práctica. Su fruto más amargo fue el “trail of tears” (el sendero de las lágrimas) de 1840: la mudanza forzosa de más de 70 mil indígenas hacia el oeste del río Mississippi. Muchos murieron hambrientos, enfermos y exhaustos, entre ellos, 4 mil cherokees. Jackson tuvo el cinismo de declarar a los indígenas desplazados: “Decid a los jefes y a los guerreros que soy su amigo, pero deben confiar en mí y marchar de los límites de los estados de Mississippi y Alabama y establecerse en las tierras que les ofrezco allí, más allá de los límites de ningún estado (o sea, fuera de Estados Unidos), en posesión de tierra suya, que poseerán mientras crezca la hierba y corra el agua. Seré su amigo y su padre y les protegeré”.

DROGASM TERRORISMO Y MIGRACIONES
ATENTAN CONTRA LA SOBERANÍA TERRITORIAL

Alexander Aleinikoff ha señalado que la soberanía de las tribus precede a la de la Constitución y que la legitimidad de ese reclamo no se cimenta en el hecho de que los indígenas fueran los verdaderos nativos americanos, sino en que tenían una soberanía previa. Pero los plenos poderes del Congreso federal han entrado en colisión con las regulaciones y costumbres tribales.

Este choque se expresa en una serie de normativas y veredictos que a veces restringen y a veces expanden las potestades del gobierno indígena. La base para estas fluctuaciones jurídicas es la concepción de la soberanía como un concepto territorial o como un asunto de membresía. Existen fallos judiciales, como el de Montana vs. United States (1981), que establecen que los inherentes poderes soberanos de una tribu india no se extienden a las actividades de no miembros de las tribus. Éste es un asunto muy delicado porque hay ladinos que viven dentro de la reserva y ahí poseen lotes donde producen o prestan servicios que urgen una regulación local.

Tomando nota de estas circunstancias, la Corte estableció dos excepciones que vuelven hacia un concepto territorial de la soberanía: 1) La tribu puede regular los contratos y otros arreglos entre miembros y no miembros de la tribu y 2) La tribu puede regular la conducta de no indios en tierras privadas cuando esa conducta amenaza o tiene un efecto directo sobre la integridad política, la seguridad económica o la salud y el bienestar de la tribu. Esta soberanía territorial ya era una soberanía degradada por el hecho de que no permitía la regulación de todas las actividades, sino sólo las potencial o eficazmente perniciosas. Y también por el hecho de que la mera intromisión de la Corte y el acatamiento de su fallo operan sobre la tácita asunción de que la tribu ejerce poderes delegados, no inherentes. La mejor prueba de ello es la impotencia de la tribu ante las actividades de agentes estatales o federales que abusan de sus miembros con una inmunidad que se ampara en Montana vs. United States.

Esa soberanía territorial es la que mayor erosión ha sufrido con las tres luchas del DHS: drogas, terrorismo y migraciones. Terminó en nula soberanía con la imposición de un régimen de estricta y militarizada vigilancia en la frontera. El DHS tiene poderes plenarios en la frontera y sus agentes no tienen que tomarse la molestia de presentar una acusación o presenciar un delito para requerir documentos y detener.

ES TRIGUEÑO Y NO HABLA INGLÉS: ESO BASTA

Del testimonio de Jaime Díez, otros abogados migratorios y ciudadanos -indígenas, latinos e incluso caucásicos- que viven en la frontera y de las declaraciones de activistas que, como Michael Siefert impulsan una desmilitarización de la frontera, se desprenden varias transformaciones.

En primer lugar, la aplicación del banóptico: trigueño y no angloparlante son los dos rasgos que más alertan a los burócratas de la vigilancia fronteriza. La aplicación del banóptico empieza en los espacios públicos con la burocracia de la calle. En ese terreno de su primigenia aplicación, no requiere de las nuevas tecnologías. El banóptico está en los memes -los replicadores de la conducta humana- de los agentes de la Border Patrol, cuyos prejuicios raciales -a menudo exacerbados porque son miembros y buscan distinguirse/distanciarse de la etnia que fustigan- llevan a cabo el proceso por el que un rasgo se convierte en un estigma. El genotipo de la ciudadanía está relativamente oculto. El agente de la patrulla fronteriza sólo tiene ante sí un fenotipo de trigueño. Sobre la base de esa presencia preverbal formula sus primeras y desfavorables hipótesis. Cuando ante su demanda se le muestra un documento de identidad, debe averiguar si el genotipo “ciudadano” que predica es auténtico.

Su primer indicador es la lengua. Si el portador de un documento de identidad de ciudadano habla un inglés defectuoso, se impone un escrutinio mayor. Si esa pesquisa revela que vino al mundo auxiliado por una partera, y no en un hospital o clínica debidamente acreditados, el sospechoso apenas acaba de pasar el umbral de un dilatado proceso jurídico que puede terminar con su expulsión.

Sólo en un segundo momento el banóptico consiste en una revisión de documentos que pasa por el tamiz de la identificación estadística de ciertas conductas y rasgos como potencialmente criminales: no habla inglés, nacido con partera o en hospitales cuyos registros se perdieron, no puede explicar su situación, sus padres no son nativos, etc. El sistema recibe esta información y, con el automatismo de una máquina expendedora de gaseosas, emite cancelaciones de ciudadanías.

EL “COLORISMO”
ES MÁS RESISTENTE QUE EL RACISMO

La segunda transformación de la frontera es la combinación de la trigueñización con los atentados del 9/11. Ese rasgo que tienen en común todos los poblados fronterizos estadounidenses -el sostenido aumento de la población latina hasta convertirse en el grupo mayoritario- es un proceso de trigueñización de la frontera que ha venido acompañado de un deterioro en el trato para nativos, residentes, turistas e indocumentados.

Algunos estudiosos, como Tony Payán, han concluido que el tema de la seguridad y la concomitante vigilancia han inyectado en el sistema legal migratorio estadounidense más vulnerabilidad y privación de derechos que nunca antes y han dado forma a un generalizado sistema de castas entre varios grupos sociales, donde la blancura y el dinero son factores clave.

Tijuana/San Diego y Ciudad Juárez/El Paso, como lugares de emplazamiento de maquilas y de residencia de sus obreros y cargos administrativos, son y han sido puntos de numerosos y cotidianos cruces fronterizos. Pero esos cruces son acompañados de inspección en la frontera y sus alrededores. Eso significa discriminación diaria y un uso receloso de los espacios urbanos: calles, buses y tiendas son sitios donde siempre se corre el riesgo de ser tomado por un indocumentado. El color -asociado a raza y clase social- tiene mayor peso que la pertenencia étnica. De hecho hay académicos que consideran que las ideas sobre raza, clase, etnia y nacionalismo son categorías fluidas que han cambiado con el tiempo, en tanto la jerarquía de color ha sido pasiva y silenciosamente mantenida desde la colonia: el “colorismo” es más resistente que el racismo.

LOS “MEXICAN BROWN”
SON LOS MÁS SOSPECHOSOS

La prisión del color llega hasta nuestros días. Pero tiene una larga tradición que sólo contribuye a reforzar el estigma. Un piropo común de los visitantes de la frontera hacia sus habitantes era la mención de su blancura.

Los libros de historia destacan que, no sólo del lado gringo, sino también en Sonora había mujeres con fama de ser las más altas, blancas y hermosas de todo México. Visitantes del siglo 19, como Marie Robinson Wright, contribuyeron a esa imagen al escribir que las mujeres sonorenses tenían “cabello claro, predominan los ojos azules y hay muchas hermosas cabezas cubiertas con cabellos castaño como el de Cleopatra”.

La historiadora Kelly Lytle Hernández acuñó la expresión Mexican Brown como una herramienta retórica y conceptual para subrayar que “independientemente del estatus migratorio o ciudadano, son los mexicanos trigueños, más que los mexicanos abstractos, quienes han vivido en la esfera de sospechas de la Border Patrol”. Según Hernández, todos los documentos relacionados con la Border Patrol, desde la correspondencia y los archivos oficiales hasta los artefactos culturales -viñetas humorísticas, chistes y autobiografías- reflejan las tácitas distinciones de género, clase y tez que constituían el blanco del patrullaje de la Border Patrol.

En palabras socarronas de uno de sus agentes: el objetivo primario de la Border Patrol es “un mexicano varón, de entre 5,5 y 5,8 pies, pelo café oscuro, ojos cafés, tez oscura, usando huaraches… etcétera”. En versión del migra-corrido que contrasta el trato de la migra con –el illegal alien- Supermán y con los mojados: “…aquél es güero, ojos azules, bien formado/y yo prietito, gordinflón y muy chaparro”.

El obvio predominio de la piel trigueña y el fenotipo del Mexican Brown entre los habitantes de la frontera han devenido en la base para un trato discriminatorio. Pero ese tratamiento sólo cobró visos epidémicos tras el 9/11. Solamente la combinación de ambos factores explica la proliferación de maltratos, cateos y redadas.

La dicotomía blanco/negro moldeó la distinción sesgada entre legales e ilegales. El prurito de la vigilancia se unió al colorismo para producir ciudadanías degradadas que preparan el terreno para la negación total de derechos a los indocumentados.

EL DRAMÁTICO CASO DE MARK LYTTLE

Otra transformación de la frontera: Los poderes plenarios concedidos al DHS han significado una degradación de la soberanía de los poderes locales y étnicos cuyo efecto más dramático es la expulsión de los propios ciudadanos.

El hecho de que los documentos locales valgan poco o nada ante los filtros estadísticos de la vigilancia fronteriza significa que no sólo las autoridades estatales emisoras de esos documentos pasan a segundo plano como gobernantes efectivos y garantes de la identidad oficial de sus ciudadanos, sino la anulación de la potestad, credibilidad, acciones y palabras de otras burocracias: policías que optaron por no colaborar con el ICE, iglesias que testimonian la membresía de sus feligreses y que tienen albergues para los sin techo, independientemente de su estatus migratorio, y bufetes de abogados que respaldan las demandas de sus clientes, entre otras.

La sumatoria de la aplicación del banóptico, una frontera trigueña en la era post-9/11 y la anulación de las burocracias locales es la expulsión de lo propio porque no ha sido enteramente apropiado. Payán sostiene, basándose en sus interesantes estudios de caso, que la ciudadanía convierte a sus poseedores en inmunes a la deportación: incluso si conducen drogados o trafican armas, “jamás serán sujetos de deportación”.

Podemos constatar lo contrario: que los ciudadanos -si tienen el fenotipo de Mexican Brown- están lejos de ser inmunes en una región sometida a una profilaxis racial. Por eso tenemos muchos casos de ciudadanos que lo son sólo de nombre, como Mark Lyttle, nacido en Rowan County (North Carolina), enfermo mental, descendiente de portorriqueños, apresado en la frontera como presunto mexicano indocumentado, rebautizado por el ICE como “Jose Thomas”, detenido en Corrections Corporation of America y deportado a Reynosa en 2008. No reconociéndolo como natural de México, las autoridades mexicanas lo deportaron a Honduras, donde fue arrestado y sometido a los abusos que son proverbial modus operandi de la Dirección General de Migración y Extranjería y luego expulsado a Nicaragua.

EL DRAMA DE VIVIR EN LA FRONTERA

El caso de Lyttle es menos inusitado de lo que parece: en 2010 la investigadora Jacqueline Stevens, de Northwestern University descubrió que entre los 400 mil detenidos por el ICE como extranjeros indocumentados había 4 mil ciudadanos estadounidenses.

Los poderes locales no pudieron hacer nada para sustentar su ciudadanía y fueron sometidos a la “la imprevisibilidad absolutamente penetrante” que Hannah Arendt encuentra en la violencia, pero que también está presente en el banóptico: no importa cómo te identifiques, la combinación electrónica de tus datos tiene la última palabra. Si tienes las proporciones de un mexicano, serás mexicano. Si no calzas como tal, serás un centroamericano. Una vez que el modelo banóptico te subsume en una categoría, serás sometido al tratamiento asignado a la misma con todas sus consecuencias. Te lo mereces.

Así tiene lugar una paradoja del sistema jurídico estadounidense: crecen los derechos de los inmigrantes y descienden los de los ciudadanos y no ciudadanos. Cuando Michael Siefert me pidió que le adelantara una conclusión de mi visita a la frontera, le dije: Es preferible ser un indocumentado en Maryland que un ciudadano en Brownsville. Vivir en la frontera territorial puede significar vivir también en la frontera de la ciudadanía, con un ejercicio de los derechos de baja intensidad y deteriorado.

UNA FRONTERA MILITARIZADA
DE LA QUE NO SE HABLA

La cuarta transformación de la frontera es la militarización. Podría haber banóptico, lucha contra el crimen y persecución de los indocumentados sin la militarización, que es patente en el creciente uso de drones y otras tecnologías militares. Clausewitz señaló: “El combate determina todo cuanto se refiere a las armas y los equipos, y éstos a su vez modifican la esencia del combate. En consecuencia, existe una relación recíproca entre unos y otros”.

En el terreno castrense los medios moldean el fin y el carácter que tienen las acciones. Más que una declaración oficial, son los implementos militares y el número de efectivos y su conducta los que nos avisan de la guerra y la militarización. Por eso la percepción del pueblo Tohono O’odham de que la Border Patrol es un “ejército de ocupación” encuentra base empírica en sus implementos, sus prerrogativas y su voluntad de subordinar a los poderes locales.

Esta militarización de la frontera, como si se tratara de una zona de guerra -con una suspensión de facto de las garantías civiles-, amerita un gran escrutinio. Y mientras CNN y otras grandes cadenas televisivas vuelcan sus cámaras y micrófonos hacia los abusos cometidos en la Rusia de Putin, la Cuba de Castro y la Venezuela de Maduro, la crítica situación de las personas que pueblan la frontera suroccidental de los Estados Unidos cae fuera de sus agendas noticiosas y termina siendo tan ajena al estadounidense promedio como el ugarítico bíblico. La guerra que tiene lugar en la frontera apenas capta sus reflectores, pese a que -o quizás porque- compromete la democracia real e involucra intereses financieros que apuestan a prolongarla.

1924: NACE LA BORDER PATROL

En 2014 la Border Patrol cumplió 90 años. Con una dotación de 1 millón de dólares, el 28 de mayo de 1924 el Congreso de Estados Unidos la creó, según documenta la historiadora Kelly Lytle Hernández.

Los esfuerzos anti-inmigrantes habían dado pasos en esa dirección con la prohibición del comercio de “coolies” en 1862, al ingreso de prostitutas y criminales en 1875, con la ley de 1882 que cerraba las puertas a lunáticos, idiotas, convictos y todos los susceptibles de convertirse en una carga pública o afectados por enfermedades contagiosas. La ley de 1903 añadió a los epilépticos, anarquistas y mendigos a la larga lista de proscritos. Y la de 1907 agregó a los imbéciles, bobos, a las personas con defectos físicos y mentales -como Mark Lyttle- que pudieran afectar su capacidad de ganarse la vida, a los tuberculosos, los niños no acompañados por sus padres, las personas que admitieron la comisión de un crimen que implicara infamia moral y las mujeres con propósitos inmorales. Diez años después la lista excluyó a todos los asiáticos, analfabetos, prostitutas, criminales, contratistas, niños no acompañados, idiotas, epilépticos, locos, indigentes, enfermos y defectuosos, alcohólicos, mendigos, polígamos y anarquistas, entre muchos otros.

Los mismos migrantes pagaron por las estructuras encargadas de colarlos abonando un impuesto por cabeza de 50 centavos de dólar en 1882 y de 4 dólares a partir de 1907. En 1903 el Congreso reubicó la oficina de inmigración bajo el paraguas del Department of Commerce and Labor. Una década más tarde la colocaría en el recién creado e independiente Department of Labor.

LA MIGRACIÓN FUE PRIMERO
UN ASUNTO LABORAL

Esta ubicación predicaba el talante y tratamiento del tema migratorio: era un asunto laboral, una catalogación bastante razonable, habida cuenta de la dependencia que la agroindustria estadounidense había desarrollado respecto de la mano de obra mexicana cuando la arremetida modernizadora del Porfiriato extendió las vías férreas hasta El Paso en 1884.

El boom de la agroindustria quedó ligado al nuevo corredor migratorio que proveyó trabajadores callados, diligentes y dóciles -según los complacidos patrones-, y permitió prescindir gradualmente de los más revoltosos asiáticos, cuyo ingreso fue bloqueado por sucesivas oleadas de legislación anti-inmigrante: la Chinese Exclusion Act de 1882, el Gentleman’s Agreement de 1907 -un tratado internacional que comprometió al gobierno japonés a restringir significativamente la migración japonesa a Estados Unidos- y la Tydings-McDuffie Act, que en 1934 cortó de tajo la migración de filipinos iniciada tras la guerra estadounidense-española en 1898 y que disparó la población filipina en California de apenas 5 personas en 1900 a 30 mil en 1930.

A mediados de los años 20, los mexicanos eran el 80% y el 95% de la mano de obra de la agricultura en los más productivos valles fronterizos. La ventaja comparativa de los mexicanos no se debía solamente a su -real o supuesta- docilidad, sino a su carácter temporal. Una ojeada a los cultivos de la época -melones, algodón, guisantes, alfalfa, espárragos y cítricos- revela que se trata de cultivos con alto consumo de mano de obra estacional en los períodos de cosecha y un mínimo para la siembra, aporque, raleo, control de plagas, riego y demás labores.

MEXICANOS:
MIGRANTES IDEALES DURANTE AÑOS

Los mexicanos fueron durante mucho tiempo ese migrante ideal que ahora se aplaude en foros de Naciones Unidas llamándole “migrante circular”. Eran el migrante modosito y bien portado que llega solo, labora y se va por donde vino antes de los tres días que la sabiduría popular concede como plazo para que emane el hedor del muerto y el arrimado.

Su demanda creció durante la Segunda Guerra Mundial y su flujo fue facilitado por la firma de un acuerdo entre los gobiernos mexicano y estadounidense: “Migración Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos hacia Estados Unidos”. El Programa Bracero echó a andar y trajo alrededor de 4 millones y medio de trabajadores mexicanos entre 1942 y 1964. Urgía obtener mano de obra para reemplazar las plazas vacantes de los obreros y campesinos reclutados por el ejército.

Pero entonces muchos empezaron a quedarse y al terminar la guerra se convirtieron en fuente de inquietud y competencia con los soldados que volvían del frente. En los primeros años de la posguerra, los trabajadores que entraban sin la debida documentación eran capturados por las patrullas fronterizas y entregados a la Comisión de Empleo de Texas, que se encargaba de fumigarlos, certificarlos legalmente y enviarlos a las plantaciones tejanas, un proceso que a veces era denominado “secando espaldas mojadas”.

MEXICANOS: ARQUETIPO DEL EXTRANJERO ILEGAL

La comisión de marras secó 142 mil espaldas entre 1947 y 1949. Posteriormente, esas espaldas mojadas crecieron en número. En 1949 la mayoría de las espaldas mojadas no eran bienvenidas ni secadas. Una comisión presidencial dio la alarma al anunciar ese año que al menos 400 mil miembros de la fuerza migratoria laboral -compuesta por 1 millón de inmigrantes- eran espaldas mojadas. Las deportaciones pasaron de 29 mil en 1944 a 565 mil en 1950. En 1954 las aprehensiones de indocumentados sobrepasaron el millón: un promedio de más de 3 mil al día. El mexicano quedó entonces más instituido que nunca como arquetipo del extranjero ilegal.

Los centroamericanos fueron embutidos a la fuerza en ese arquetipo y “asimilados” como hijos de Moctezuma, una clasificación de la que sólo muy recientemente se han librado, con la creación de la categoría OTM: Other than Mexicans, que tanto puede incluir a los oriundos del istmo como a cubanos y etíopes que penetran a Estados Unidos por la frontera suroeste.

De esta época data la institucionalización de la sospecha sobre la autenticidad de las ciudadanías de la frontera. Como parte de la Operation Wetback, la Border Patrol se dedicó desde 1954 a rastrear intensamente las “ciudadanías fraudulentas”. En 1957 apenas identificó a 181 personas con falsos documentos de ciudadanía, 181 agujas en el pajar de ciudades llenas de mexicano-estadounidenses que no eran distinguibles a simple vista de los mexicanos-no-estadounidenses. Esa búsqueda quedó burocratizada con la creación del Fraudulent Document Center en Yuma. En 2014 cada día fueron identificados 76 documentos fraudulentos.

A juzgar por el número de aprehensiones, esos operativos debieron surtir efecto o las condiciones de expulsión/atrac¬ción cambiaron. En 1960 la Border Patrol apenas registró 21,022 capturas en la frontera sur. Su trabajo alcanzó de nuevo un volumen significativo con las 201,780 detenciones de 1970, punto en que inician un vertiginoso ascenso que pasa por 512,264 en 1975 y 690,554 en 1980 hasta coronar un pico de 1 millón 615,844 en 1986, cima debida a los migrantes centroamericanos de los años 80 que huían de la guerra y que hasta la fecha sólo ha sido superada por el 1 millón 643,679 aprehensiones del año 2000. Curiosamente, ese logro lo obtuvo un grupo de apenas 8,580 agentes, menos de la mitad de la tropa actualmente acantonada en la frontera sur.

EL CASO DEL INSPECTOR CLIFFORD ALAN PERKINS

Los orígenes de la Border Patrol fueron más bien modestos y ese talante mantuvo durante la mayor parte del siglo 20. En sus inicios nutrió sus filas de jóvenes con nula preparación profesional a la caza de altos salarios: Clifford Alan Perkins llegó a El Paso en 1908 en busca de trabajo. Tenía 19 años y cero experiencia laboral. Obtuvo un monótono y mal pagado trabajo en la oficina de correos, que pronto cambió por un puesto más emocionante en el Immigration Service. Duplicó su salario como inspector de la guardia montada a cargo de la aprehensión de chinos. Recorría los pueblos fronterizos de Nogales a Brownsville. En 1920 fue nombrado responsable de la Chinese Division.

Con la creación de la Border Patrol en 1924 Perkins quedó a cargo de más de dos mil millas que atraviesan cinco zonas ecológicas, cuatro estados y 28 condados en Estados Unidos. Los nueve sectores de la frontera tienen su precedente fundacional en los tres distritos en que Perkins dividió sus dominios: el distrito Los Angeles, que iba desde el Océano Pacífico hasta alrededor de 50 millas al este de Yuma, y al norte hasta San Luis Obispo; el distrito de El Paso se extendía al este del distrito Los Angeles hasta Devils River en Texas; y el distrito San Antonio desde Devils River hasta el Golfo de México en Brownsville. Pero, a pesar de que entre 1952-1954 se decía en los círculos de poder de Washington que la inmigración ilegal procedente de México había alcanzado un punto crítico, la patrulla fronteriza sólo podía contratar a 200 efectivos.

EL IMPARABLE PRESUPUESTO
DE LA BORDER PATROL

En 1980 la Border Patrol tenía un presupuesto de unos 78 millones de dólares, menor que el presupuesto de la policía de Baltimore y mucho menor de la mitad del presupuesto de la policía de Filadelfia. Pero los siguientes doce años no pasaron en vano.

En 1992 el presupuesto ya era de 326 millones y en la siguiente década fue subiendo a un promedio de 109 mil dólares por año hasta alcanzar 1 mil 400 millones en 2002. El siguiente salto sustancial lo dio en un solo año fiscal (de 2005 a 2006), al pasar de 1,500 millones a 2,100 millones. La crisis financiera no fue óbice para que en 2008-2009 ascendiera de 2,200 millones a 2,650 millones, y luego a 2,950 en 2010 y a 3,550 en 2011. En 2014 llegó a un pico que sus modestos comienzos hacían impredecible para el más ducho analista armado de bola de cristal: 3,635 millones de dólares. Un lujo que un país de más de 300 millones de habitantes puede permitirse: son casi 12 dólares por cabeza. El presupuesto del Immigration and Customs Enforcement en 2008 era de 5 mil millones de dólares, un rápido avance en apenas cinco años sobre el presupuesto de 3 mil 200 millones que su predecesor, -el Immigration and Naturalization Service, tuvo en su último año de vida.

El aliciente de esos saltos presupuestarios fueron los distintos operativos que el Congreso encomendó a la Border Patrol. Primero vino la Operation Blockade (después rebautizada “Hold-the-Line”) aplicada desde 1993 en El Paso. Seguida en 1994 por la Operation Gatekeeper en San Diego, no tardó en ser mimetizada en 1995 por la Operation Safeguard en Arizona y la Operation Rio Grande en Brownsville.

En 2001 la Patriot Act ordenó triplicar el personal de la Border Patrol. La ley de 2004 Intelligence Reform and Terrorism Prevention autorizó la contratación de 2 mil nuevos agentes cada año por los siguientes cinco años fiscales. En 2005 la Real ID Act autorizó al Secretario del DHS para proponer las leyes necesarias para la construcción expedita de las barreras fronterizas y la infraestructura pertinente. Todos fueron pasos concebidos para retomar las riendas de la soberanía nacional extremando los controles fronterizos que ejercen la autoridad territorial.

¿CUÁNDO NACE
LA “BORDER PATROL NATION”?

En su imprescindible libro The militarization of the US-Mexico border 1978-1992, Timoty J. Dunn da cuenta de la creciente inversión del gobierno federal estadounidense en el control fronterizo durante la década de los años 80 para frenar la migración de centroamericanos.

En 1978-1992 el equipo de la patrulla fronteriza pasó de 2,580 a 4,948, mientras sus fondos pasaron de 78 a 326 millones de dólares. Los incrementos rondaron el 92% (efectivos de la patrulla fronteriza), 317% (fondos de la patrulla fronteriza) y 355% (fondos para deportaciones). Estas operaciones y leyes produjeron mayor crecimiento. Entre 1992 y 2005 el número de agentes de la Border Patrol se duplicó, llegando a redondear cerca de 11 mil con 9,633 en la frontera sur y apenas 1,031 en la frontera norte.

En la década de 1995-2005 se registró un aumento del 125% en los miembros de la patrulla fronteriza. En la década de 2005-2014 el aumento fue del 83.5% sólo en la frontera sur, donde la legión fronteriza pasó de 9,891 a los 18,156 agentes que actualmente tiene. Desde la Operation Blockade hasta 2014 -en 21 años- el número de efectivos de la Border Patrol en esa frontera aumentó 427%, casi cuatro veces el 111% de incremento que tuvo en los 44 que van de 1941 a 1985.

La militarización de la frontera realmente no es un asunto nuevo. Pero fue muy gradual la mayor parte del siglo 20 y sólo dio un salto sustancial a inicios de los años 90, precisamente después de la caída del bloque soviético que marca el fin de la era de los extremos, el corto siglo 20, de acuerdo a la denominación que Eric Hobsbawm estableció.

En términos cuantitativos, el 9/11 y las medidas que siguieron fueron acontecimientos que hicieron más visible y acusada una tendencia previa a expandir el panóptico y el banóptico, una tendencia que empieza en el siglo 21 según Hobsbawm: 1992. Pero no hay duda de que el 9/11 fue un punto de inflexión cualitativo que hace de “Border Patrol Nation” algo más que un atrayente apelativo periodístico.

“Border Patrol Nation” puede ser un concepto que indique una transformación que va más allá del reforzamiento de los guardianes de la frontera y del incremento de su presupuesto: cuando la institución responsable de los asuntos de inmigración -que había empezado cobijada por el Department of Labor- pasó a ser un componente medular del Department of Homeland Security y cuando la inmigración dejó de ser un problema laboral para convertirse en un asunto de seguridad nacional, Estados Unidos quedó convertido en una Border Patrol Nation.

TODA MIGRACIÓN:
ES VISTA COMO UNA AMENAZA

La clasificación de la migración como un asunto de seguridad nacional supuso que se consideraría como una amenaza no sólo a los que conspiraron en el ataque, sino a la migración en general. El nivel federal asumió entonces poderes plenarios -es decir, meta-constitucionales- para los asuntos migratorios, lo cual en términos jurídicos se tradujo en que el Estado ya no concedería a los no nacionales los derechos constitucionales reservados a los nacionales ni se vería constreñido por los principios de las normativas internacionales.

A lo largo de la historia de Estados Unidos, esta concesión ha tenido numerosos atropellos y exclusiones. Pero sólo ahora la voluntad de excluir recibió un reforzamiento burocrático sustancial -y no sólo coyuntural- con la reubicación de los asuntos migratorios en el DHS y con una prescripción judicial.

El espaldarazo judicial vino con la regulación del Fiscal General, que permite la deportación de los extranjeros que piden ser admitidos a Estados Unidos -y sólo excluye a los que ya han sido admitidos- aunque no haya un convenio de repatriación con el país de origen.

Esta interpretación del fiscal cambió la aplicación universal del fallo Zadvydas vs. Davis, que prohibía, sin excepción, la deportación de personas con cuyas naciones de origen no existiera un acuerdo bilateral de repatriación.

Con esta normativa fiscal, los no admitidos pueden ser y están siendo repatriados, en ausencia de acuerdos de repatriación o mediante convenios gestionados ad hoc por gobiernos complacientes con las políticas migratorias estadounidenses aunque lesionen los intereses de sus migrantes, pero diligentes en gestionar acuerdos comerciales para las élites agroexportadoras. Desde esa posición jurídica fue posible llevar la exclusión incluso más allá: “repatriar” a los no repatriables, remover hacia México a ciudadanos estadounidenses, algunos indígenas y otros no, pero todos con rasgos de Mexican Brown.

¡CÓMO! ¿ES ESTO LA GLOBALIZACIÓN?

Esta preeminencia de la vigilancia sobre los derechos de ciudadanos y no ciudadanos convierte en acto la verbalización del pánico burgués que con intención irónica formuló el historiador Jules Michelet: “‘¡Cómo! ¿Es esto el pueblo?’, exclamó la voz de la especie tímida de los burgueses. ‘¡Rápido! ¡Aumentemos el número de policías, armémonos, cerremos las puertas y corramos el pestillo!’”

Parodiando la acalorada exclamación burguesa: “¡Cómo! ¿Es esto la globalización? ¿Esta mano de obra sin fronteras? Ilegalicémosla, opongámosle una inmensa barrera custodiada por radares, patrullas y drones”.

La frontera es una región hobbesiana en escala nacional porque los operativos que el DHS emprende allí confirman la defensa que Hobbes hizo de su teoría señalando el comportamiento humano que le daba evidencia empírica y que, según podemos constatar, el aparato estatal de Estados Unidos reproduce en la frontera: “…que el escéptico respecto de su teoría se considere a sí mismo; cuando emprende una jornada, se procura armas y trata de ir bien acompañado; cuando va a dormir cierra las puertas; cuando se halla en su propia casa, echa la llave a sus arcas; y todo esto aun sabiendo que existen leyes y funcionarios públicos armados para vengar todos los daños que le hagan. ¿Qué opinión tiene, así, de sus conciudadanos, cuando cabalga armado; de sus vecinos, cuando cierra sus puertas; de sus hijos y sirvientes, cuando cierra sus arcas? ¿No significa esto acusar a la humanidad con sus actos, como yo lo hago con mis palabras?”

ESTADOS UNIDOS: OVEJAS ATERRADAS
CON UN GOBIERNO DE LOBOS


No hay duda de la acusación que Estados Unidos ha lanzado contra naciones enteras para emprender sus “guerras virtuosas”. Obedece a una estrategia de trabajosa construcción intelectual y destrucción física del enemigo, donde medios de comunicación, académicos y think tanks juegan un rol tan crucial como el Congreso, los generales y los tanques de guerra, que mostraron sobrada eficacia durante la Guerra Fría.

Pero en el caso de la Border Patrol Nation, a diferencia del homo homini lupus hobbesiano, la sospecha sobre otras naciones y la estigmatización de sus habitantes se revierte sobre los propios ciudadanos. De ahí que incluso John W. Whitehead, un analista que milita en el conservadurismo, en su libro A Government of Wolves: The Emerging American Policy State lance la alarma sobre una nación que describe como un país de ovejas aterradas que engendró un gobierno de lobos, un Estado policíaco que opera por encima de la ley, mientras la ley se transforma en nada más que otra herramienta de sometimiento y control.

En la tercera parte de estas reflexiones veremos el porqué de ese Estado policíaco y su obsesiva vigilancia y sentaremos en el banquillo de los acusados a la gerencia de la Border Patrol señalándola por unos pobres resultados que no guardan relación con sus desmesuradas pretensiones de sometimiento y control.

MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA – UNIVERSIDAD PHILIPPS DE MARBURG.

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